Desarrollo Agricola En La Nueva Republica Bolivariana De Venezuela

DESARROLLO AGRICOLA EN LA ACTUALIDAD 1.999-2013

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al tratar sobre el sistema socioeconómico de la nación, hace énfasis en la agricultura como base estratégica de un desarrollo rural sustentable. El valor del ámbito agrario no se limita a los efectos económicos beneficiosos sobre la producción nacional, sino que trasciende dicha esfera y se ubica dentro de la idea mucho más integral del desarrollo humano y social de la población. Dentro de esta línea, la constitución dispone que el estado deba desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria, por medio del desarrollo rural, elevación de la calidad de vida de la población campesina.

Las directrices constitucionales no hacen sino manifestar la decisión fundamental hecha por el soberano, de constituirse en un estado democrático y social de derecho y de justicia, en el cual, a diferencia de los estados liberales, la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de la solidaridad e igualdad de oportunidades. Así, re4gimenes contrarios a la solidaridad social, tales como el latifundio, son expresamente condenados por la norma fundamental. Igualmente, se prevé que el estado deberá tomar las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra etc., necesarias para asegurar el desarrollo del sector agrario.

Dentro del marco constitucional anterior, está la preocupación del constituyente por desarrollar un sector agrario sólido. Es así, que en 1960, se dicta la hasta ahora vigente, LEY DE REFORMA AGRARIA. En aquel momento, el modo normal de tenencia de la gran mayoría de las tierras cultivables era mediante el latifundio, lo cual resultaba contraproducente con el estímulo del sector agrario que se pretendía. Es así que la reforma agraria, con mayor o menor éxito, inició un proceso de erradicación del latifundio y de estímulo al sector agrario, procurando que fuesen los propios campesinos quienes tuviesen la tenencia de las tierras que cultivaban.

Más de cuatro décadas después, es patente la necesidad de un nuevo marco legal, moderno y adaptado a las nuevas realidades del país y que esté en verdadera consonancia con los valores constitucionales antes mencionados, por cuanto la ley de reforma agraria, promulgada en una época muy distinta a la actual, resulta inadecuada como base jurídica del desarrollo agrario.

El decreto de la ley de tierras y desarrollo agrario, viene a prestar ese nuevo marco legal, en el cual se busca profundizar y dar operatividad concreta a los valores constitucionales del desarrollo social través del sector agrario. Para ello se procura una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica,

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