Etica Y Administración Pública

La administración pública mueve masas, controla fronteras, divide intereses, previene errores aunque también los repite. Es la administración más criticada, a la que muy poco en materia intelectual se dedican a enriquecerse quienes participan de ella.

La Administración y los poderes públicos son el instrumento de coordinación y control de la actividad social en aras de la obtención de un bien colectivo. Para ello, la propia sociedad se dota de un conjunto de instituciones y organizaciones. El correcto funcionamiento y sostenibilidad de una Administración democrática al servicio de los ciudadanos exige la independencia y profesionalización de ésta. La diferenciación entre política y administración y sus ámbitos de actuación implica la existencia de dos tipos de agentes y, por tanto dos tipos de liderazgo: los políticos y los profesionales de la Administración.

Lo anterior ya lo sabemos bien, sin embargo, en este ensayo pretendo comprobar que la ética pública incluye principios general y universales sobre la moralidad de los actos humanos realizados por el funcionario público o del gestor público, para muchos raíz de nuestros problemas sociales personas con poca ética fungiendo como administradores públicos.

La Administración pública presta servicio a la sociedad y es ésta su verdadera razón de ser, es decir atender los intereses y derechos de los ciudadanos y los diferentes grupos que la componen, buscando asimismo el equilibrio de todos ellos, compatible con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. Como consecuencia, la organización debe orientar sus procesos a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos (tanto las presentes como las futuras).

El ciudadano, en el marco de un interés colectivo, es el principio y el fin de toda la actividad Administrativa y, por ello, debe ser considerado cliente (en su doble vertiente: como demandante o potencial destinatario o receptor de dichos servicios y como contribuyente a la financiación de los servicios públicos) y, como tal, repleto de derechos individuales, compatibles con los colectivos y generales de toda la sociedad.

De esta forma, la gestión pública debe orientarse a ofrecer un servicio de calidad al ciudadano, a cumplir sus necesidades y expectativas presentes y prever las potenciales o latentes que pudieran surgir en el futuro. Dicha orientación debe buscar el equilibrio de intereses de todos los grupos que integran la sociedad, buscando la optimización de su función de servicio público y diseñando sus procesos con tal objetivo.

Al mismo tiempo, la gestión de la Administración debe responsabilizarse en la inversión de los fondos públicos, conjugando eficacia y eficiencia con los principios de legalidad, empleando instrumentos adecuados para la gestión, tanto de su capital humano (implicándoles en la mejora continua y preocupándose por sus personas, que constituyen el activo más importante de la organización), como de los diversos recursos, incluyendo la gestión del conocimiento.

La Administración y los poderes públicos son el instrumento de coordinación y control de la actividad social en aras de la obtención de un bien colectivo (Baena, 1988). Para ello, la propia sociedad se dota de un conjunto de instituciones y organizaciones. Asimismo, en la consecución de dichos objetivos sociales, la sociedad otorga a la Administración pública la potestad de ejercer un poder coercitivo sobre sus miembros, que supone las siguientes implicaciones.

La profesionalización de la Administración y de los servidores públicos, conlleva la instauración legal de una burocracia con suficientes garantías de independencia de juicio y de acción al servicio de la defensa de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Entre dichas garantías resulta fundamental la permanencia en el empleo y el acceso basado en la selección en función de los méritos y capacidades.

Sin embargo Es tal el nivel de degradación que parece que la cuestión se centra en la corrupción, cuando ésta constituye tan sólo uno, aunque sea el más grave de los atentados a la Ética en que puede incurrir un servidor público.

La circunstancia en cuanto a que no se han estudiado si los organismos que tienen a cargo el control estatal de la corrupción se encuentran organizados y constituidos para cumplir con su función de una manera tal que permita alcanzar estándares elevados de transparencia, nos pone frente a una situación problemática, pues la carencia de investigaciones sobre una temática de suma trascendencia pública ha provocado –y continúa haciéndolo- que los organismos referidos sigan funcionando de la misma manera a pesar de la deficiencias apuntadas,

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