MECANISMOS DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS
Enviado por aura_suarez • 10 de Septiembre de 2013 • 560 Palabras (3 Páginas) • 493 Visitas
1. DERECHO DE PETICION
Es un derecho fundamental que tienen las personas para hacer peticiones respetuosas, de interés general y particular, ante las autoridades públicas o ante los particulares que cumplan funciones públicas, con el fin de que sean resueltas pronto y de manera efectiva.
Su base jurídica está consagrada en los artículos 20, 23, 73, 74 de la Constitución Política, además, de los artículos 5, 33 y 75 del C.C.A.
La autoridad pública tiene 10 o 15 días hábiles según sea el caso para responder la petición, caso contrario se verá envuelto en causal de mala conducta, con repercusiones disciplinarias.
2. ACCION DE TUTELA
Es un mecanismo que cualquier persona puede usar para solicitarle a un juez la protección rápida y efectiva de sus derechos fundamentales, cuando estos son amenazados o violados por una autoridad pública o por particulares.
Esta consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional y está reglamentada por los Decreto 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 y 404 de 2002.
Una vez presentada la solicitud el juez de conocimiento tiene 10 días hábiles para pronunciarse sobre esta petición.
3. ACCIONES POPULARES
Es un mecanismo para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos que afectan el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la moral administrativa, la libre competencia económica, el ambiente y la salud pública. Sirven para evitar el daño, de tener el peligro, la amenaza o agravio sobre los derechos e intereses colectivos. La Acción Popular puedes ser preventiva, restitutiva e indemnizatoria.
Esta acción está consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y está desarrollada por la Ley 472 de 1998.
4. ACCION DE GRUPO
La acción de grupo o de clase, es la garantía constitucional de carácter judicial que permite a una pluralidad de personas, constituidas como grupo, acudir ante la justicia para reclamar la reparación del daño ocasionada a un derecho fundamental, a un derecho o interés colectivo, o a un derecho de carácter patrimonial de cada uno de los miembros de ese conjunto de personas, cuando el daño sea producido para todos por una misma causa.
Esta acción busca básicamente la indemnización de los perjuicios generados a un grupo de personas por la acción u omisión de servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas.
Esta consagrada en el artículo 88 de la Constitución Nacional y reglamentada
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