Machu Picchu Y Su Contemplación Como Constituyente De Nuestra Identidad Nacional

El turismo es como el fuego: puede hacer hervir su olla o bien incendiar su casa. La inserción del turismo como promotor esencial del crecimiento económico en el Perú, ha significado el establecimiento de preceptos, cada vez mayores, en cuanto a la propagación de la demanda turística con el fin de dispersar los beneficios obtenidos por el turismo. Es por ello, que los centros turísticos de constante demanda de visitas han constituido patrimonio cultural esencial de nuestra Nación; resaltando entre ellos el legado más importante de nuestro imperio incaico: Machu Picchu. Así pues, esta ciudadela ha representado un símbolo de identidad nacional, debido a su trascendental aportación en la construcción de esta. Sin embargo, esa contribución constructiva en nuestra identidad cultural no ha sido abarcable para todos los sectores de la Nación, pues la distribución de los beneficios de su turismo no es equitativa ni efectiva y más bien favorece solo a determinados sectores sociales e incluso a sectores sociales foráneos, por lo que Machu Picchu no puede ser considerado un símbolo de identidad nacional.

El presente ensayo consta de dos ítems centrales: Uno de ellos argumenta que la deficiente gestión de los ingresos económicos, que constituyen recursos esenciales para el desarrollo económico del país, ocasiona que exista un desbalance en la distribución de beneficios que derivan del turismo en Machu Picchu, a la vez que se produce una restricción de dividendos hacia un sector poblacional –la población cusqueña–. El otro ítem argumenta que las promociones de oportunidades turísticas son insuficientes y están marcadas por sesgos notoriamente discriminatorios y de exclusión; asimismo, alega que los abruptos caminos y los escasos accesos viales restringen la llegada a la ciudadela de Machu Picchu.

En primer lugar, considero que la mala gestión administrativa de Machu Picchu genera inequidad en la distribución de recursos obtenidos por su turismo, por lo que se restringe el reparto de beneficios hacia determinados sectores del país. Es así que, por un lado, si bien Machu Picchu ha incrementado el interés turístico hacia el Cusco –el 70% y el 75% de los turistas que llegan al Perú visitan la ciudad del Cusco y el SHM (Monitor Company, citado por Regalado y Arias 2006: 64) –, no se posee un eficiente control en la administración de ganancias obtenidas en dicho sector turístico. Asimismo, este aumento de la demanda turística en Cusco (cabe recalcar dicho crecimiento se debe principalmente al turismo en Machu Picchu) ha significado el requerimiento de una administración minuciosa y fidedigna de los recursos económicos obtenidos, sin embargo, esta administración ha sido ineficiente: “Un origen general de la problemática actual es la debilidad y compleja distribución de roles en la gestión turística; hecho que ha impedido planificar y dirigir adecuadamente el desarrollo turístico en la región” (TURyDES 2012).

Es pertinente señalar que es el Estado quien interviene directamente en la asignación de recursos, sin embargo su administración no es eficiente. La limitación de la valorización en la competitividad frente a la capacidad de oportunidades y/o beneficios, que se pueden brindar por medio de una adecuada administración de recursos, ha derivado en la inequidad entre beneficios y beneficiarios. Esta ineficiencia parte esencialmente del Estado, pues los atributos de una nación que fomenta las ventajas competitivas en determinados sectores (Porter, citado por Concha 2007:10) no han abarcado en el interés por la prosperidad económica de la población regional cusqueña. Según Lovón Zavala, la economía del departamento tiene una estructura de base primaria, desarticulada, observa escasos niveles de desarrollo de las fuerzas productivas y tiene muy poca capacidad de acumulación (1982: 23), es por ello este desperfecto en la competitividad administrativa se ve reflejada en los índices de pobreza: “El 73% de la población se encuentra en situación de pobreza” (ENAHO, citado por Concha 2007:73).

Así también, cabe señalar en cuanto a la distribución de dividendos obtenidos por el turismo, es que no existe una descentralización competente de la gestión del mismo:

[…] El que haya existido y exista este patrón discriminatorio de manejo de la inversión, además de una desmedida centralización del proceso de toma de decisiones, resalta la importancia que tiene el arrancar los mayores niveles de descentralización de la inversión y la administración pública. Esto es además, de particular importancia para el caso del Cusco, donde en parte de la inversión regional está en manos de las oficinas locales de los ministerios centrales, y solo un 12,7% es manejado por la CORDE (Monge 1998:106).

Efectivamente, es necesaria una razonable distribución de los ingresos económicos obtenidos por el turismo, pues no solo haría eficiente el manejo de los recursos, sino también se generarían mayores oportunidades en cuanto a la descentralización de la gestión turística, así esta no recaería solo en centros administrativos centrales, y por ende significaría una idónea administración del sector turístico.

Por otro lado, otro problema sustancial es que existe un desbalance en la distribución de beneficios obtenidos por el turismo en Machu Picchu. Así, el enfoque gestor de las medidas políticas tomadas por el gobierno central se basa en la centralización de recursos económicos obtenidos en pro a ampliar y acrecentar el turismo en Cusco, dejando de lado otros sectores que ayuden a la economía de la población cusqueña; por ello, no se podría considerar íntegro el reparto subvenciones al desarrollo pleno y competente de las políticas administrativas en la región. Siguiendo esta perspectiva, si la región cusqueña es geográficamente propicia para la agricultura (por la cual se solventan muchos pobladores cusqueños que se desempeñan como campesinos), es necesario considerar el sector agrícola –que se ha intensificado con el tiempo– parte esencial que contribuye a la economía cusqueña y no solo poner énfasis en el sector turístico. Esto se plasma de forma central en el planteamiento de Lovón Zavala: “[…] si la región cuenta ya con un importante crecimiento agrícola, el turismo podría ocasionar distorsiones en la utilización de recursos (tierra, mano de obra). Alternativamente, si la región enfrenta limitaciones estructurales […], esta actividad podría ocasionar la profundización de las desigualdades regionales” (1982: 17).

Es por ello que, las medidas políticas tomadas por los gobiernos centrales –conjuntamente con el Estado– se han inclinado hacia el sector turístico; esto se ve reflejado en el Plan COPESCO que tiene como objetivo central extender el turismo, priorizando

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