Matriz De Política Pública

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Superintendencia

Contraloría Qué le espera a la reforma a la salud.

Que santos intervenga en crisis de la salud': junta médica nacional

Hay congruencia entre proyectos de salud': Alejandro Gaviria

Lo bueno, regular y malo de la reforma de la salud

Gobierno y médicos acuerdan proyecto de reforma de la salud

Esto dice la letra menuda del proyecto de reforma de la salud

Para empezar por el principio, no deberíamos hablar del proyecto del Gobierno sino de los proyectos del Gobierno del presidente Santos, que radicó simultáneamente en el Senado dos propuestas distintas: una de ley estatutaria y otra ordinaria. La primera, que fue concebida por lo que se conoce como “la comunidad científica”, pretende definir el ámbito del derecho a la salud. La segunda, que sería una ley corriente, fue iniciativa del propio Gobierno, a través del ministro de Salud, Alejandro Gaviria En cobertura, el principal objetivo aparente de la Ley, los cálculos más bondadosos estiman que un 47% de

la población permanece sin ningún tipo de aseguramiento. Cerca de veinte millones de compatriotas, sin

trabajo ni ingresos, precisamente los más pobres de la nación, permanecen en el modelo de la Ley 100 sin

protección en salud bajo el paradójico eufemismo de “población vinculada”. Ellos son los usuarios naturales

de la Red Pública Hospitalaria (RPH), cuya cuenta paga (o más bien no paga) el gobierno a través de sus

transferencias y aportes. Para su atención, los “vinculados” dependen exclusivamente de los hospitales

públicos, el más importante argumento a favor de una RPH colombiana fortalecida en lo financiero,

científico y administrativo. Sin embargo, y como muestra de la debacle en que se sume la nación, la actual

crisis hospitalaria no conoce antecedentes y con cada cierre de un hospital se amenaza la salud y se condena

a un sinnúmero de compatriotas.

“Carnetización” no equivale a “cobertura”; estar “sisbenizado” solo da el derecho a engrosar una larga fila

de espera regulada por intereses ajenos al bien común. En estos términos, únicamente se garantiza el ingreso

de una proporción de la población al Régimen Subsidiado

La propuesta del Gobierno Nacional de cara a la reforma al sistema de salud da cuenta de una nueva entidad, ’Mi-Salud’, la cual es de naturaleza especial del nivel descentralizado.

Esta será la encargada de administrar los recursos destinados al sector, pagando de forma directa a los hospitales y clínicas con lo cual se elimina la intermediación financiera de las EPS. También, administrará las afiliaciones de los regímenes subsidiado y contributivo.

Lo anterior supone que en adelante dejarán de funcionar las Empresas Promotoras de Salud, EPS, como venían haciéndolo, y se convertirán en entidades administradoras, pero sin injerencia alguna en el manejo de dineros.

1. Un pagador y afiliador único Salud Mía. 2. Un listado con los servicios, procedimientos y medicamentos a los cuales NO tienen derecho los colombianos. 3. Unos gestores o intermediadores entre los ciudadanos y los hospitales prestadores de los servicios, vía las Empresas Prestadoras de Servicios –EPS- y las autoridades municipales y departamentales. 4. Por medio de los buenos servicios, disuadir la “tutelomanía” aceptada por jueces incompetentes en medicina. 5. El Estado reasume la vigilancia, el control y la regulación del sistema por medio de la Superintendencia de Salud y del Invima, drogas. 6. Se crea un fondo de garantías para salvar las entidades quebradas

Así, mientras en unas

predomina el interés del lucro, en las otras hay abandono estatal. En el panorama colombiano de atención de

salud contemporáneo y bajo el imperio de la Ley 100 no hay universalidad, ni predomina la oportunidad,

mientras la calidad riñe con la ganancia de los intermediarios.

Regresión de la Salud Pública Nacional

Aunque en los años 1990 no estábamos bien, hoy los principales indicadores nacion Miremos ahora en qué consiste analizar una política pública. Cuando uno quiere analizar

una política pública debe tener en cuenta que estas se expresan por lo menos en cuatro

dimensiones: a) en la normatividad jurídica (Constitución, leyes, decretos, ordenanzas y

acuerdos); b) en los planes, programas y proyectos; c) en los contratos establecidos por el

Estado para enfrentar problemas públicos y d) en los cambios de comportamiento que se

incorporan

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