ORDEN PÚBLICO Y CONTROL CONSTITUCIONAL

ORDEN PÚBLICO Y CONTROL CONSTITUCIONAL

APLICACIÓN DE LAS INTITUCIONES PARA COMBATIR LA ANARQUIA Y LA ARBITRARIEDAD

Diversas circunstancias en el contexto mundial han intentado resolver el tema de la supremacía constitucional y el respeto continuo por sus preceptos aun en tiempos de guerra y rebelión. El manejo del poder y la limitación del ejecutivo han sido situaciones de frecuente discusión en debates acalorados de discordia jurídica, pero más que todo y casi siempre, de un corte político subrepticio.

La paradoja que se presenta al poner en una balanza el control estatal con los problemas de orden público y el respeto por las garantías de los asociados, debe ser solucionada mediante una aplicación adecuada de los principios de razonabilidad y racionabilidad, ampliamente desarrollados por las fuentes de la jurisprudencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo que resulta claro para quien escribe este ensayo es que ningún extremo por necesario que parezca es bueno, cuando se tiene de por medio el respeto por la dignidad del hombre y su altísima exaltación dentro de un marco de legalidad y de poder constitucional.

Precisamente en torno al tema de la limitación de poder y la manera como deben ser aplicados los principios constitucionales en tiempos de guerra se han generado diversos debates que señalan al contenido de la carta política de 1991 como imaginario y abstracto, por su escasa cercanía con la realidad y la dificultad que se presenta en estados de excepción cuando el orden público es de difícil manejo y las c

Las clases políticas militantes someten a la población civil al sistema de pesos y contrapesos injustos, evadiendo el respeto por sus libertades y garantías inherentes a su condición.

Es precisamente en este momento cuando la Corte Constitucional, institución incorporada en la constitución de 1991 para ser veedora y garante de sus preceptos, aparece para servir de instrumento mediador entre las estrategias del mantenimiento del orden público y la aplicación de las normas constitucionales en estadios de conmoción interior.

Si bien la Constitución está creada para épocas de normalidad jurídico-política, existen parámetros reunidos en ella mediante los cuales, el respeto por la norma superior se flexibiliza y da paso al realce del poder gubernamental, encargado de mantener el orden público y garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos bajo ideas de igualdad, justicia y equidad social.

Sabia fue la decisión del Constituyente del 91 al incluir en la separación de poderes una obligatoria armonía en el uso de las herramientas jurídicas y coercitivas que se tienen pues solo de esta manera se logra mantener un orden publico justo sin caer en los límites de la anarquía y la arbitrariedad.

El uso de la fuerza, bajo una concepción moderada es necesaria, porque los sujetos de control o asociados, requieren de medidas sancionatorias adecuadas, y de un apropiado temor reverencial por las normas y el Estado que los cobija. Todo lo anterior, sin cruzar los márgenes de la ilegalidad y del abuso de poder por parte de las autoridades y los entes que administran el territorio colombiano.

La democracia en este sentido se convierte en la principal fuente de justicia social porque el pueblo siendo soberano, y haciendo uso de los mecanismos de participación tiene en sus manos una fuente invaluable de poder que siendo bien manejado se convierte en el principal medio de control político y jurídico en el Estado. Sin embargo, y tras conocer el contexto que envuelve la realidad colombiana, esta afirmación deja mucho que pensar y desear porque se sigue siendo objeto de abusos y manejo

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