Origen Y Evolución De Las Políticas públicas De Seguridad Ciudadana En Venezuela

Origen y Evolución de las políticas públicas de seguridad ciudadana en Venezuela

Con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) se introduce en el ordenamiento legal el concepto de seguridad ciudadana y se le atribuye a los órganos de seguridad la responsabilidad de asegurar la protección estatal a todas las personas dentro del territorio nacional. De este modo, se reconoce la protección del Estado “frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes” (art. 55).

Más adelante, en el artículo constitucional citado, se establece la obligación de respeto frente a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas por parte de los cuerpos de seguridad en general y del funcionariado policial en específico. Asimismo, se reconoce la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias.

Tras la revisión de la Constitución de 1961 (C.1961), carta magna que definió la organización del Estado venezolano y los derechos y libertades de sus ciudadanos y ciudadanas hasta 1999, se puede desprender que la seguridad de la sociedad estaba regida por la noción de orden público y social, como elemento indispensable para garantizar la paz. Aunque el mantenimiento del orden público estaba condicionado a la garantía de los derechos constitucionalmente establecidos y la C.1961 señalaba la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios y funcionarias en la vulneración de los derechos (art. 46), la defensa del orden público inclusive mantuvo legalmente instrumentos violatorios de derechos humanos pre-constitucionales como la Ley sobre Vagos y Maleantes que no fue derogada sino hasta el año 19975

Esta concepción de la función policial frente a la seguridad, en el contexto de una sociedad surcada por enormes desigualdades de clase, definió el sentido de la policía como cuerpo de seguridad del Estado y su relación con la población. Dando origen, junto con otros factores que se mencionarán a continuación, a una situación de deterioro y pérdida de legitimidad progresiva de los cuerpos policiales.

Formalmente, la C.1961 preveía la conformación de cuerpos policiales en distintos niveles del poder público; la policía nacional bajo la responsabilidad del Poder Nacional (art. 136.5), la organización de la policía urbana y rural responsabilidad de los estados (art. 17.5), la policía municipal competencia de los municipios (art. 30), la organización de un servicio de policía bajo la jurisdicción del Poder Legislativo Nacional (art. 158.3) y cuerpos de policía auxiliares de la Administración de Justicia (disposiciones transitorias de la Constitución, sexta).

La creación de policías a distintos niveles territoriales de gobierno comenzó a hacerse efectiva entre finales de los 80 y principios de los 90, en respuesta a los esfuerzos de una mayor descentralización; sin embargo, en la práctica resultó en una multiplicidad de cuerpos policiales con distintas competencias no siempre debidamente normadas. Antillano refiere, con relación a la pluralidad de cuerpos policiales, un sobredimensionamiento de la fuerza policial superando incluso los estándares internacionales. La distribución de la tasa de agentes policiales se ha presentado de manera desigual en todo el territorio nacional sin atender a la densidad poblacional o a los índices delictivos en la zona.6

Este aumento de los cuerpos policiales respondió más a las posibilidades de demostración de poder que da el uso potencial de la violencia legítima, y a las posibilidades económicas de los municipios para formar y sostener un cuerpo policial, que a una política de seguridad estructurada e integral con principal atención en las demandas de la población. La tenencia de cuerpos policiales daría una apariencia de autonomía frente al Ejecutivo Nacional.

Para 2007 en Venezuela operaban 123 policías; 24 cuerpos policiales de cada estado del país y 99 cuerpos de policía municipal, asimismo, funcionan en el país 5 cuerpos de seguridad que realizan funciones preventivas, de investigación o contingencia a nivel nacional: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo militar que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que cumple fundamentalmente funciones de investigación penal, depende administrativamente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (Mpprij) y funcionalmente del Ministerio Público (MP); el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre (Cvttt) adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Comunicaciones; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), adscrito al Mpprij, que cumple funciones de inteligencia y seguridad de Estado; y la Policía Marítima, encargada de la vigilancia en espacios acuáticos, adscrita al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). La multiplicidad de cuerpos policiales implicó la existencia de normativas, criterios y procedimientos dispares y heterogéneos, por lo cual se evidenció una pronunciada falta de uniformidad en las características y estándares de actuación entre los distintos cuerpos, así como también, grandes variaciones en la estructura y jerarquía, diversos criterios y procedimientos para ingreso, ascenso y retiros; disparidad en el tipo de armas que se utilizan, en los mecanismos y procedimientos disciplinarios, en los indicadores de desempeño, o en la duración, características y contenidos de la formación y adiestramiento de los agentes.

Sumado a esto, históricamente la actuación de la policía en el país ha sido uno de los soportes fundamentales del ejercicio autoritario del poder estatal, desvirtuándose así su carácter de servicio público, universal e imparcial cuya principal función debería ser la de garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas.

Los conflictos entre el Estado y distintos grupos sociales desplazados, así como las ideologías autoritarias y antipopulares de las élites dominantes de las décadas pasadas, dieron lugar a una policía fuertemente militarizada, concebida como fuerza bélica dirigida a controlar, contener y neutralizar al enemigo. Esta tendencia a la militarización de los cuerpos policiales es además evidenciable en la creación de la Guardia Nacional como policía militar y en la frecuencia de oficiales activos o retirados de las fuerzas armadas en los niveles de comando. Lo anterior, es sumamente importante al pensar en la relación de las policías con los ciudadanos y ciudadanas, si atendemos al

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