POLÍTICA PENITENCIARIA EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE Investigacion

POLÍTICA PENITENCIARIA EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Actualmente en el ámbito del Derecho Procesal Penal, en la fase de ejecución penal se evidencia una fina correspondencia de aplicación por parte del Estado Venezolano de política criminal contravencionales desde el punto de vista sancionatorio. Se trata de un modelo político criminal que pretende ser democrático y respetuosa de los derechos y garantías del hombre, presentando una clara contradicción entre el nivel teórico y lo que en realidad se lleva a la praxis, motivando a la construcción de un modelo de política propia de un Estado Terapéutico y no de un Estado de Derecho.

Partiendo de los acontecimientos vividos en Venezuela desde 1.999 hasta la actualidad, se percibe que se ha generando una fractura al sistema político imperante y a las instituciones jurídicos, repercutiendo en el acatamiento y progresividad que demanda el precepto constitucional en el artículo 272.

De allí la necesidad de evaluar como ha sido la aplicación que ha tenido el articulo 272 Ejusdem, el papel del Estado en cuanto administración de justicia frente a la realidad carcelaria, en especial la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social, dándole respuesta a la dignidad humana, en general y en particular a las víctimas de los delitos y también a los autores de estos.

El Estado Venezolano debe contar con un personal calificado encargado de la administración y vigilancia tanto como externa de los centros de rehabilitación.

Tradicionalmente, la administración del sistema penitenciario venezolano ha sido competencia del Ministerio de Justicia. En el año 1999, se fusiono dicho ministerio, dando lugar al nuevo Ministerio Interior de Justicia con el propósito de someter a la política interior y las actividades de seguridad y orden publico a una sola coordinación. . La reorganización de las competencias de ambos ministerios dio lugar a la creación de la Dirección...

Dos secuestros en prisiones de Venezuela en poco más de dos semanas han dejado al descubierto la situación de vulnerabilidad del sistema penitenciario y, según organizaciones que trabajan con población reclusa, demuestran el Gobierno ha perdido el control de las cárceles.

Huelgas de hambre, auto-mutilaciones, reyertas, homicidios, y secuestros de funcionarios han puesto últimamente a las prisiones en el primer plano de la actualidad en Venezuela, un país que habituado desde hace años a escuchar sólo malas noticias de cuanto ocurre en sus penitenciarías.

Este fin de semana reclusos de la cárcel de La Planta, un penal caraqueño con capacidad para 450 personas, pero poblado por 2.700 reos, retuvieron durante casi 24 horas a 15 funcionarios del penal, incluido el director, en protesta por el supuesto maltrato policial recibido por algunos presos en su desplazamiento a los juzgados.

Este incidente ocurre dieciséis días después de que 22 funcionarios, entre ellos también el director, fueran secuestrados durante una semana por presos de la cárcel de El Rodeo II, a unos 40 kilómetros de la capital, que protestaban por un supuesto brote de tuberculosis.

"Estos hechos evidencian la falta de control por parte del Gobierno en las cárceles", indicó a Efe el director de la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.

Con siete advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno para que resuelva el problema en las cárceles, Prado considera que el Estado ha demostrado que es "ineficaz" para brindar los servicios mínimos en los centros de reclusión e incluso garantizar la vida en ellos.

Prado recordó que en 2010 murieron 476 reos y 958 resultaron heridos en las cárceles de Venezuela, que tienen una población reclusa oficial de 44.520 presos (46.888 según el OVP) y una capacidad para poco más de 14.500 en sus 34 centros de reclusión.

La cifra contrasta con los 36 muertos de Brasil, país que tiene 486.000 reos; los 37 de México, con 250.000 presos, y los 16 de Colombia con 80.000.

Además, según datos del OVP, sólo el 28 por ciento de los presos cumplen condena firme.

El Gobierno venezolano lanzó en 2006 un plan dotado con mil millones de dólares para "humanizar" las cárceles del país y transformar el sistema penitenciario y varias iniciativas como las de orquestas en las prisiones, además de impulsar un nuevo código penitenciario en la Asamblea Nacional.

"Es un problema de estructura que toca también la parte legislativa, una de serie aspectos que (...) vamos encarando con toda la preocupación que existe en los poderes del Estado", dijo hoy en rueda de prensa la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales.

La magistrada destacó que se trata de una atolladero de "vieja data" y que la solución "no es solamente la creación de más cárceles" porque aunque la insuficiencia de cárceles se refleja en "el hacinamiento", ese "no es ese el problema fundamental".

"Tiene diversas aristas que tiene que ser observadas y resueltas", señaló, y afirmó que, aunque el problema es de "estructura", se han tomado iniciativas como los jueces itinerantes para acelerar las causas de los reclusos.

El coordinador de la organización Una Ventana a la Libertad, Carlos Alberto Nieto Palma, resume los problemas de las cárceles en retraso procesal, ocio, personal penitenciario incapaz, violencia, y el hecho de que las prisiones se hayan convertido en "un gran negocio".

"Si el Estado se decide a controlar quiénes meten armas y drogas en las cárceles ahí podremos empezar por algo", señaló a Efe, al asegurar que hoy los presos no tienen armas artesanales sino granadas, fusiles FAL y pistolas de 9 milímetros.

Otro problema importante es el de la falta de capacitación de los funcionarios, algo paradójico dado que Venezuela cuenta con un Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios desde 1992, pionero en la región.

Sólo 23 de los 962 graduados de ese centro en estos años trabajan en las cárceles.

El experto considera que la "transformación carcelaria" se dará en cuanto "el Estado cumpla la Constitución y empiece a descentralizar las cárceles".

Con esa opinión coincide Prado, quien asegura que la entrega de la gestión de las cárceles a las gobernaciones de los estados venezolanos no admite más demoras: "Esto ya explotó; si no, vea lo que está pasando", dijo.

Ley de Régimen Penitenciario garantiza

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