PRESUNCIÓN DE INOCENSIA

INTRODUCCIÓN

El estado jurídico de inocencia, conocido por todos como "presunción de inocencia", es uno de los elementos esenciales que integran al garantís procesal.

Esta condición de derecho de la persona frente al ius puniendi del Estado ha sido tratada por los autores en el estudio del principio de inocencia y de sus repercusiones en los diversos ámbitos de la justicia penal, principio que es fundamento inmediato de otros y que junto con él conforman una de las principales directrices de un moderno modelo de enjuiciamiento criminal, cual es, la garantía del proceso justo.

Diversos son los textos que lo consagran, tanto en el ámbito internacional como en los ordenamientos nacionales, siendo todas las fórmulas utilizadas similares, siguiendo muy de cerca a la versión original del principio contenida en el art. 9° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Nuestra Constitución Política de la República no se contempla la fórmula tradicional del principio y es sólo en el Código de Procedimiento Penal en donde existe una expresión similar a la original.

Con todo, aunque nuestro ordenamiento constitucional no consagre en forma incontestable el estado jurídico de inocencia del individuo en el proceso penal, ello no constituye un obstáculo para afirmar que el legislador debe observarlo como norma suprema, dado que por el inc. 2° del art. 5° de nuestra Constitución Política deben entenderse incorporados a esta todos los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes, convenciones que contemplan de manera clara dicha calidad. Curiosamente, en nuestra Constitución Política de la República no se contempla la fórmula tradicional del principio y es sólo en el Código de Procedimiento Penal en donde existe una expresión similar a la original

Con todo, aunque nuestro ordenamiento constitucional no consagre en forma incontestable el estado jurídico de inocencia del individuo en el proceso penal, ello no constituye un obstáculo para afirmar que el legislador debe observarlo como norma suprema, dado que por el inc. 2° del art. 5° de nuestra Constitución Política deben entenderse incorporados a esta todos los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes, convenciones que contemplan de manera clara dicha calidad

ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundara en los principios generales del derecho.

ORIGEN HISTÓRICO DEL PRINCIPIO

Si bien podemos encontrar antecedentes del principio de inocencia en el derecho romano especialmente influido por el Cristianismo, este se vio invertido por las prácticas inquisitivas de la baja Edad Media. Así, es solo en la Edad Moderna que autores como Hobbes, Montesquieu y Beccaria, por nombrar algunos, reafirman este principio. En el siglo XVIII se transforma en uno de los postulados fundamentales que presidieron la reforma liberal ante el sistema represivo que imperaba en la época y es precisamente en 1789 que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo sanciona en forma explícita

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano constituye un hito dentro del movimiento iluminista que reaccionó a toda una organización político-social totalitaria, que tenía como uno de sus principales instrumentos un modelo de justicia penal represivo, fundado en las pruebas legales y en un uso indiscriminado de la tortura como un medio válido para obtener la confesión

ANTECEDENTES DE PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INOCENCIA

1. La Constitución de Apatzingán para la libertad de la América Mexicana (1814) “Art. 30: Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declare culpable”.

2. Las constituciones de 1857 y 1917, hoy vigentes, reconocen a priori el principio de la presunción de inocencia al disponer que al Ministerio Público le incumbe probar los elementos constitutivos del delito y la imputabilidad del inculpado.

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo como lo define Madrid Malo: “Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos condiciones y exigencias necesarios para garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido, porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene su propia subjetividad jurídica

El debido proceso como principio universal supone el libre acceso al tribunal, la posibilidad plena de audiencia, la determinación previa del lugar del juicio, el derecho del acusado de expresarse en su propia lengua, un juicio público, eficaz, sin dilaciones y adecuado a la naturaleza del caso justiciable;

En otras palabras “el debido proceso es el que se ciñe a los principios que van insitos en el sistema establecido en el artículo 14 de la Constitución como Ley Suprema, bajo el rubro de “formalidades esenciales del procedimiento”.

LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y EL DEBIDO PROCESO

Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, y a ser tratada como inocente, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley en un juicio que cumpla por lo menos los requisitos mínimos que prescribe el principio de justicia procesal. Lo anterior hace referencia no sólo al trato que debe recibir en los tribunales y a la evaluación de las pruebas, sino también al trato que recibe antes del juicio. El derecho a la presunción de inocencia exige que los jueces y jurados se abstengan de prejuzgar el asunto, y se aplica igualmente a todos los demás funcionarios públicos.

La presunción de inocencia no se considera violada, sin embargo, cuando las autoridades informan al público sobre la realización de investigaciones criminales y al hacerlo nombran al sospechoso o cuando comunican la detención o la confesión de un sospechoso con tal de que no declaren que la persona es culpable. Este principio forma parte del pensamiento liberal

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