Participaciòn Comunitaria En La Politica Pùblica De Comunicaciòn E Informaciòn En Venezuela

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN VENEZUELA (1958-1998)

Portillo Urdaneta Romy Alcira

La Política de Comunicación en Venezuela, hasta 1998, era un área de problematización funcional de la sociedad, ya que se encontraba articulada a través de la relación opresor-oprimido, que se da en las relaciones sociales capitalistas, donde hay “grupos” que permiten hablar y otros que se obligan a hablar de lo permitido. Este derecho fue conculcado por los gobiernos. La Política Pública en esta “Democracia Representativa”, correspondía a dos estructuras: Al Poder Político y al Poder económico. Ambos poderes estaban representados por la burguesía, quienes eran los dueños de los medios. La capacidad emisora estaba subordinada a las posibilidades de poseer medios de producción de mensajes, estableciéndose la relación de poder entre las clases. De esta manera, se garantizaba la reproducción del Sistema explotador. El objetivo de esta investigación fue caracterizar el contexto histórico, económico, político en el cual surge la política pública de comunicación en Venezuela, en el período 1958-1998. La Metodología utilizada fue la documental, a través de revisión de fuentes primarias y secundarias. Los resultados concluyen que desde 1958 al 88, con el modelo de desarrollo rentista, la participación comunitaria no existía, dado los rasgos autocráticos del Estado, mediatizadas por una cúpula del Poder Ejecutivo, quienes debían dar respuesta a los “compromisos con los dueños de los medios.” A partir de 1989, la problemática se agudiza bajo el modelo Neoliberal, ya que se evidencia la apertura a empresas trasnacionales de comunicación y de investigación motivacional, para legitimar aún más, el modelo descalificador de los sectores mediáticos.

Palabras claves: Participación Comunitaria, Política Pública de Comunicación e Información

Introducción

En los últimos catorce años en Venezuela, han sucedido una serie de acontecimientos y transformaciones coyunturales, institucionales y estructurales que se iniciaron formalmente a partir de 1999 con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este hecho trascendental, marcó un hito en la historia contemporánea, ya que convirtió al país, en el epicentro de una Revolución democrática. A partir de ese momento, nuestra nación, empezó a dejar a un lado, el dominio de las cúpulas de los partidos políticos tradicionales que controlaban los diferentes poderes del Estado.

Como parte de ese proceso de transformación, se define un Estado democrático, social de derecho y de justicia, una democracia participativa y protagónica en todos los aspectos de la vida del venezolano con la necesidad de socializar e implementar políticas comunicacionales más allá de los medios de difusión masivos convencionales.

Hasta 1998, la política pública de comunicación e información tenía el modelo único de hegemonía ideológica, absolutista, autoritaria, plasmada en la difusión de mensajes reproductores del sistema capitalista opresor, a través de los medios de comunicación controlados directamente por la clase dominante, dueña de los medios, al servicio de sus intereses egoístas particulares. Esta hegemonía ideológica, ratifica las relaciones sociales de dominación, con una supuesta “neutralidad” de los mensajes masivos. “Dentro del sistema capitalista, la capacidad emisora está subordinada a las posibilidades de poseer medios de producción y circulación de mensajes; no basta con querer expresarse, sino se dispone de los recursos materiales y canales que permiten poner esa expresión en circulación”. (Villasmil, 1980a:18)

La participación comunitaria en la gestión comunicacional, en las sociedades capitalistas, sólo se da a nivel del consumo de los mensajes fragmentados y manipulados que se envían a través de los medios masivos, sin que haya posibilidad de otro tipo de participación. La relación que se establece entre los elementos que forman parte del modelo es vertical de quienes están en los lugares dominantes hacia quienes están bajo su dominio (relación opresor/oprimido). Este tipo de relación asimétrica niega, bajo cualquier perspectiva, la condición de comunicación, pues al no existir la reciprocidad en los roles, lo que se establece es una alienación del polo receptor por parte del emisor, invisibilizando a los miembros de las comunidades, quienes, obviamente, no poseen medios de comunicación masivos. Por otro lado, el establecimiento de políticas comunicacionales en los gobiernos venezolanos hasta 1998, se limitó a marcos regulatorios para el sector mediático, generación de emisoras estatales y censura en los medios, sin ninguna posibilidad de participación de la sociedad.

Para profundizar en las políticas públicas de participación comunitaria en la comunicación e información del Estado Venezolano, en esta investigación asumiremos a la noción de participación comunitaria como un elemento asentado en el principio de la soberanía popular que cristaliza el involucramiento consciente y voluntario de los actores en los problemas que los afectan en cualquier área de la vida en comunidad (Aguilar, 2005, El Troudi, Harnecker y Bonilla-Molin, 2005). Visto así, es claramente observable que para participar tiene que haber una interacción entre los miembros de la comunidad, de manera que el interés individual se convierte en un interés de la colectividad por las implicaciones que éste tiene en los otros que conforman la comunidad. (De Pablos y Sánchez, 2002:415).

La Comunicación será manejada como la relación bilateral en la que los roles de transmisor y receptor son intercambiables. No se trata de un simple análisis semántico, sino que el término comunicación entraña dialogo o intercambio entre los dos elementos participantes del proceso comunicacional, es decir, entre quien emite el mensaje y quien lo recibe, concebido como un derecho humano irrenunciable y valor público básico de sana convivencia. En lo que se refiere a la Información, se entenderá, en su definición más sencilla, como dar a conocer hechos de importancia e interés público (Villasmil, 1980b:20). La información se tomará como un bien social, un instrumento de concienciación de las comunidades, como un elemento de conocimiento y comprensión de los procesos sociales, y como un estímulo para la acción, constituyendo un derecho inalienable de los venezolanos para participar en el proceso de superación cultural.

Por otro lado, en la revisión de investigaciones sobre el objeto

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