Presuncion De Inocencia

Antecedentes:

La presunción de inocencia es un problema que se tiene desde tiempo atrás puesto que el juzgador no aplica tal principio. Como lo vemos en el caso práctico se violenta el principio de presunción de inocencia puesto que al rendir declaración por parte de la presunta víctima no se obtiene cargos en su contra se debe hacer valer el principio de inocencia más sin en cambio en la sentencia dictada por el juez en 2006 no se hace valer tal principio al dictar sentencia condenatoria de 35 años en contra de pedro. No obstante que en 2006 se encontraba contemplado el principio de presunción de inocencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 Y 16. A raíz de que tal principio es un derecho humano inherente de cada persona es que al reformar el código penal en 2008 se contempla la presunción de inocencia que se contrapone a la nueva figura denominada arraigo domiciliario contemplada en el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial y Oral de 2008.Desde dicha reforma se encuentran contraposiciones en lo concerniente al arraigo y a la presunción de inocencia ambas vigentes hasta la actualidad a lo largo de estos años se ha tratado de entender ambas figuras como son el arraigo domiciliario y la prisión preventiva en contra de la presunción de inocencia. En base a lo investigado uno se puede dar cuenta como las normas jurídicas van cambiando en torno a la realidad social de los individuos y que estas en ocasiones no se apegan satisfactoriamente a las necesidades de los mismos. Tal es el caso proyecto el cual está vigente hasta la actualidad es decir, hasta nuestro código penal y de procedimientos penales de 2013.

¿Cómo contribuir para aplicar de manera técnica la presunción de inocencia en contraposición con el arraigo domiciliario y la prisión preventiva?

Justificación

En el marco de la teoría del estado de derecho nos habla sobre el ordenamiento jurídico el cual sirve de base o sustento para poder regir un gobierno, En lo concerniente a la presunción de inocencia es un derecho humano del ciudadano a su presunción de inocencia el cual tiene como objetivo primordial evitar la privación de la libertad el cual se encuentra regulado en base a diversos ordenamientos jurídicos en el que cabe destacar como primordial y más importante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 16 que son de donde se obtiene la base para tener mayor claridad del principio de presunción de inocencia el cual es de suma importancia al momento de enfrentar un procedimiento judicial para dar argumentos lógicos al juzgador y poder aportar pruebas fuera de la prisión preventiva. Lo cual da una mayor ventaja tanto al juzgador para valorar ambas pruebas como evitar que el sujeto purgue condena que no debe. En base a lo antes mencionado podemos evitar la injusticia que muchas veces se vive día a día en los procedimientos judiciales además de que este principio o derecho humano es una norma que emana de la constitución y tener su fundamento legal en tal no se puede contradecir.

Objetivo General: Analizar la presunción de inocencia como un derecho humano del hombre para su correcta aplicación.

Objetivo Específico: Probar que la presunción de inocencia no se aplica de manera correcta en el Estado de México.

Objetivo Específico: Identificar las razones por las cuales las autoridades del Estado de México contradicen la presunción de inocencia.

Metodología:

Estado de derecho: Esta teoría nos habla de que todo estado debe estar apegado a la constitución y este a su vez debe ser regido por normas jurídicas las cuales no deben contradecirse por lo cual se encuadra a el fundamento jurídico de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del cual emana la presunción de inocencia.

En el caso práctico encontramos: El punto de opinión de una maestra en derecho penal la cual fungió como técnico jurídico dentro del reclusorio molino de flores del municipio de Texcoco, exponiendo un caso en particular “De Violación”

Lo cual a su vez nos genera un problema: de contradicción a la presunción de inocencia ante el arraigo y prisión preventiva.

Marco teórico

I-Presunción de inocencia:

La presunción de inocencia es un principio de carácter procesal que se refiere al derecho que tiene toda persona a ser tratada y considerada como no responsable o cómplice de uno o más hechos calificados como delitos.

• Elementos de definición: La raíz etimológica de la acepción presunción proviene del latín praesumptio-ónis, que quiere decir: idea anterior a toda experiencia. Del mismo modo, inocencia, del latín innocens-entis, indica la calidad del alma de quien no ha cometido pecado.

Asimismo, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, “inocente” es aquél que no daña; el que no es nocivo. “Inocente” es definido como el estado del alma limpia de culpa; excepción de culpa en un delito o en una mala acción.

• Alcance:

La condición de inocente en el sujeto repercute directamente en diversos ámbitos de su vida, ya que es un presupuesto condicional para que el disfrute de los demás derechos que le asiste la Constitución. Igualmente, el estado jurídico de inocencia de la persona constituye uno de los elementos fundamentales de la garantía procesal contemporánea ya que junto con otros principios, la presunción de inocencia se traduce en una garantía de todo ciudadano a un debido proceso.

Desde luego, como lo menciona en su trabajo el chileno Juan Colombo Campbell

“todo hecho punible genera, como su natural efecto, una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del inculpado y, en último término, de la sociedad toda, consecuencia que el legislador debe tener especialmente en cuenta al consagrar en una ley de procedimiento sus principios informadores, y los jueces al aplicarlos en los casos concretos sometidos a su imperio [de aquí que] el debido y justo proceso se muestra en toda su intensidad como la única vía lógica para resolver los conflictos penales”.

El debido proceso se refiere a aquél medio a través del cual se dirime un conflicto de intereses ante un órgano jurisdiccional que respeta plenamente los derechos fundamentales de los diversos actores del proceso penal, ciñéndose de manera estricta

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