Proceso De Evolucion Geohistorica Local Comunal Regional Nacional En El Contexto Actual

4. De la Democracia Puntofijista al régimen Chavista

Entre el lapso 1958-1961 –cuando se data el comienzo de la democracia representativa– el sistema político venezolano fue acentuando sus rasgos corporativos que implicaban el apoderamiento del aparato de Estado por el partido político gobernante lo cual impedía el despegue de un modelo de desarrollo integral impulsado desde la sociedad civil hacia los niveles centrales del poder nacional-, excluyentes de la sociedad civil de la toma de decisiones. Esta situación propulsó la propuesta de una serie de reformas que relegitimaran el sistema político, el cual había entrado en crisis debido fundamentalmente al monopolio representacional ejercido por los partidos políticos (AD y COPEI).

Una vez iniciado el cambio del régimen puntofijista al régimen chavista y a pesar de los lineamientos normativos trazados en el Plan de Chávez 2001-2007, es posible intentar una respuesta a la interrogante siguiente: ¿se ha cambiado la relación Estado-desarrollo en Venezuela?

Se puede afirmar que en lo que se refiere a “democracia social” se ha elaborado una normativa y su reglamentación de la cual se puede inferir la profundización de la democracia en el marco de los “Lineamientos Sociales” del Plan chavista. En cuanto a la democracia participativa, si bien es cierto que su reglamentación constitucional es profusa, subsisten grandes imprecisiones que pueden dificultar su viabilidad (Parker).

Quienes han tildado de neoliberal a la política de la administración Chávez han hecho hincapié en su supuesta preferencia hacia el capital extranjero a expensas del empresariado local. No cabe la menor duda de que el gobierno ha estado enfrascado en un combate contra los sectores más conspicuos del empresariado nacional, sobretodo contra su organización cupular, Fedecàmaras. Además, los inversionistas extranjeros saben que en caso de cualquier conflicto sobre el incumplimiento de contratos pueden contar con el respaldo de la respectiva representación diplomática, mientras que el empresariado local podría recurrir solamente a Fedecàmaras que se encontraba en conflicto con el gobierno (Parker).

El gobierno sigue insistiendo en que la alternativa que busca consolidar contempla una política deliberada de fomento de la actividad empresarial local, sobretodo de la pequeña y mediana industria. Al respecto en documento del Ministerio de Producción y Comercio (2003), se plantea que “la dinámica del capitalismo actual conduce a la escasa generación de empleo, por lo cual se justificaría la adopción de políticas industriales orientadas a la sustitución de importaciones, en sectores intensivos en mano de obra y orientados a cubrir la demanda de la población de bajos ingresos (Parker, 103). Cómo puede inferirse el “nuevo modelo” busca revitalizar la política industrialista que, propuesta desde 1958, nunca ha conseguido dinamizar la totalidad de la sociedad nacional.

Tal como señalamos más arriba, con el “nuevo modelo” de sociedad se diseña el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período comprendido entre 2001-2007. En el mencionado plan se trazan tres objetivos estratégicos: 1. garantizar el disfrute de los derechos sociales de manera universal y equitativa; 2. Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza y 3. Fortalecer la participación social y ampliar el poder ciudadano en los espacios públicos de decisión (Vilas, 2003: 39).

Sobre estos objetivos macros, desde 1999, y especialmente desde el 2003, el gobierno decreta un conjunto de programas sociales diseñados bajo una concepción participativa que intentan dar respuestas efectivas a necesidades prioritarias de educación, salud, alimentación, vivienda y empleo. Estos programas sociales conocidos como “Misiones” son el punto de partida para la conformación de una nueva generación de políticas sociales que se ha denominado como la Nueva Institucionalidad. Que persiguen la atención masiva y acelerada de la deuda social acumulada sustentada sobre criterios de universalidad d derechos, igualdad de oportunidades, promoción de la calidad de la vida y promoción de la ciudadanía (MPD, 2005).

El origen de los nuevos programas sociales se ubica en tres factores. En primer lugar el cambio en la concepción de las políticas sociales en Venezuela, que está sustentado sobre la necesidad, por parte del Gobierno Nacional, de un conjunto de respuestas efectivas en el marco de una coyuntura de confrontación política. Desde 1999 inicio de la actual administración y sobre todo entre el año 2002 y 2003, el país sufre una oleada de manifestaciones, huelgas, paros, que golpearon fuertemente la vida económica y política del país. En este contexto de conflicto -no siempre pacifico - en contrapartida los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo aumentan como resultado del incremento del precio internacional. Estos ingresos extraordinarios permiten al Gobierno adelantar una serie de programas en el corto plazo, que a la vez se conforman en una respuesta estratégica para impulsar un modelo de desarrollo que se define como endógeno basado en

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