Tribunal Fiscal Administrativo De Costa Rica

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO DE COSTA RICA

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO.

Ajustándonos a lo enseñado por autorizada doctrina, hemos de emplear el concepto de proceso en su acepción de conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí, conforme a reglas preestablecidas, que tienen por fin decidir una controversia entre partes (litigio), por una autoridad imparcial e independiente (juez) y con fuerza legal.

De igual manera vamos a utilizar el término procedimiento para referirnos al conjunto de actos realizados ante la autoridad administrativa, por parte del administrado, tendente a obtener el dictado de un acto administrativo.

De las definiciones anteriores, se desprende que la principal diferencia entre los conceptos de proceso y procedimiento radica en que el primero reviste un auténtico carácter jurisdiccional, por ser realizado ante una autoridad imparcial e independiente, cuyas decisiones, además, tienen fuerza de verdad real. En cambio, cuando hacemos referencia a la noción de procedimiento nos ubicamos en la órbita administrativa, razón por la cual no existe una autoridad decisoria imparcial e independiente, sino que la propia administración -por la circunstancia de revestir el carácter de parte en la contienda- es a la vez quien, con criterio discrecional, dicta la resolución. Este segundo instituto, por tanto, carece de fuerza de verdad legal y, por consiguiente, puede ser impugnado ante la autoridad judicial.

La diferencia entre los conceptos de proceso y procedimiento fue desarrollada en el ámbito de estudio del derecho administrativo. Por supuesto, en el presente análisis se hará extensiva al derecho tributario, con las particularidades muy propias específicas y técnicas de esta disciplina; en consecuencia habremos de distinguir entre proceso

Lo recién expuesto explica por qué habremos de referirnos al proceso judicial tributario -es decir, ante el Poder Judicial- y al proceso jurisdiccional tributario -esto es, ante el Poder Ejecutivo-, y, en este último caso, básicamente para detallar el proceso ante el Tribunal Fiscal Administrativo de Costa Rica.

Conforme a lo dicho, y siguiendo las enseñanzas de la doctrina entendemos que el proceso tributario puede desarrollarse ante un órgano jurisdiccional, independiente de la autoridad de fiscalización y recaudación, la cual asume en esta instancia la calidad de parte en la relación tributaria. Y esto acontece si el referido órgano jurisdiccional está funcionalmente ubicado dentro de la Administración Pública -como sucede, en nuestro país, con el Tribunal Fiscal-, el que se ubica como un órgano de desconcentración máxima del Poder Ejecutivo, del cual es independiente en su organización, funcionamiento y competencia. No obstante lo anterior, presupuestariamente se encuentra adscrito a una partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda.-

Su grado de independencia es tal que inclusive, de acuerdo con el artículo 164 del Código Tributario, este órgano tiene prohibición expresa para: “Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos u otras disposiciones que sean contrarias a la Ley”. Como característica especial debemos señalar que sus fallos son ejecutivos y ejecutorios para la administración activa y para el contribuyente, de manera tal que, aquélla puede de inmediato ejecutar el acto administrativo mediante las acciones cobratorias correspondientes, en el entendido de que aun cuando se impugne en la vía jurisdiccional lo resuelto por este órgano administrativo, dicha acción no suspende la ejecutoriedad del acto administrativo.

Propiamente con respecto al procedimiento tributario, la Administración Tributaria reviste la característica de ser parte en la contienda, por tener un interés personal y directo en el resultado de la misma y a la vez con un criterio jurisdiccional tributario, la resuelve. En nuestro sistema tributario costarricense, el artículo 3 del Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria dispone que la Administración Tributaria aplicará las leyes orientadas por un espíritu de justicia, y bajo el principio de imparcialidad administrativa, de modo que no puede exigírsele al contribuyente más de aquello con lo que la propia ley ha querido que coadyuve al sostenimiento de las cargas públicas.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, se procederá a hacer un análisis del procedimiento, facultades y trámites ejercidos por la Administración Tributaria, en su función de administración activa (parte) y como contralor de la función jurisdiccional (juez).-

En el sistema tributario costarricense, el procedimiento seguido por la Administración Tributaria en el ejercicio de su jurisdicción y competencia, se encuentra regulado fundamentalmente en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 del 29 de abril de 1971 y sus reformas y en el Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, decreto No. 29264-H del 24 de enero del 2001.- Supletoriamente deberá aplicar de acuerdo con el artículo 155 del Código Tributario, la Ley General de la Administración Pública No. 6227 de 2 de mayo de 1978, el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, en lo que fueren aplicables a falta de aplicación expresa en aquellos ordenamientos jurídicos. El citado procedimiento, fundamentalmente comprende los siguientes procedimientos:

1. Procedimiento para la resolución de peticiones

2. Procedimiento para la evacuación de consultas

3. Procedimiento determinativo

4. Procedimiento sancionador

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE PETICIONES

El procedimiento, en este caso se inicia por una gestión formulada por el contribuyente a la Administración Tributaria, sobre un caso real fundado en razones de legalidad. La Administración se encuentra obligada a resolver la petición dentro del plazo de dos meses después de formulada. Normalmente se trata de situaciones en donde el interesado, requiere un pronunciamiento expedito sobre su situación tributaria con el objeto de que se satisfaga intereses de carácter pecuniario, caso típico es el de la repetición de pago de impuestos por sumas de dinero canceladas indebidamente al Fisco, ya sea por una actuación suya como podría

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