Unidad 5. Política Comunicacional Del Estado Y La Construcción Del Estado Democrático Y Social De Derecho Y De Justicia

La libertad de comunicar, derecho que tanto reclaman para sí los dueños de los medios de comunicación, le había sido arrebatado al ciudadano por un régimen centralizado y exclusivo de la operatividad del uso del espectro radioeléctrico, otorgándole este privilegio al sector más poderoso en términos económicos y financieros, que controla la propiedad de empresas en ramas diversas de la economía nacional. Los medios han sido y siguen siendo los voceros principales de estos sectores, con la excusa de defender la libertad de expresión. En realidad lo que han hecho con eficiencia es defender la libertad de empresa de esos grupos económicos y el discurso dela dirigencia política que apoya esos mismos intereses.

Esa vocería se amparaba en una vetusta reglamentación que databa del año 1941, cuando todavía no se había creado la televisión en Venezuela. Esa reglamentación se violaba descaradamente frente a un Estado cómplice y a una desguarnecida y desprevenida ciudadanía.

Este es el marco en cual se producen los primeros debates en el año 2001 para impulsar una ley que, a todas luces, era necesaria y cuya creación había sido frenada durante muchos años. Un antecedente serio por diseñar una nueva política de radio difusión del Estado venezolano fue el proyecto RATELVE presentado por la Comisión Preparatoria del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) en el año 1974.Esta comisión logró un diálogo entre expertos de las cuatro instituciones del Estado con injerencia en la Radiodifusión: Oficina Central de Información, Ministerio de Comunicaciones, CANTV y CORDIPLAN. En este proyecto no sólo se reglamentaba el contenido programático de los medios sino que se presentaban propuestas alternativas al régimen de propiedad como es de suponer, este proyecto fue objeto de una virulenta campaña de desprestigio y oposición no sólo por parte de los empresarios de los medios de comunicación, sino de los sectores políticos que aliados a los intereses económicos torpedearon su discusión en el Congreso Nacional de la época y virtualmente se perdió una significativa propuesta de legislación comunicacional en Venezuela.

Hoy esta situación está cambiando favorablemente porque el Estado, utilizando la nueva ley como instrumento, está impulsando la creación de emisoras comunitarias que democraticen el acceso de los ciudadanos al uso del espectro radioeléctrico. Esta es una oportunidad inédita para que las universidades, centros de formación y organizaciones nogubernamentales promuevan la pluralidad, la libertad de expresión de todos los sectores del derecho a la información para la ciudadanía, que son ejes fundamentales en la definición de un régimen democrático. El nuevo orden comunicacional que surgirá en Venezuela con la puesta en práctica de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión depende fundamentalmente, de la democratización de los medios, lo cual significa a grandes rasgos, la presencia predominante de producciones audiovisuales realizadas en el país, la creación de medios alternativos y la verdadera participación de los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de expresión. Es a los televidentes y radioescuchas, ciudadanos y ciudadanas, a quienes en definitiva les corresponde ejercer el derecho a la participación y la contraloría social. En la conferencia dictada en el "III Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana" (2005), en la cual se analizo

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