Legitimacion De Capitales Ensayos gratis y Trabajos

Tema 3 Y 4 Legitimación De Capitales

TEMA 3: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. ¿Qué es la legitimación de Capitales? Es un proceso de ocultamiento del dinero o bienes de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulación en relación a su origen para hacerlos aparentar como legí ...

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LA CONFIGURACION INTERNACIONAL DEL NEOLIBERALISMO, IMPOSICION DE UN ORDEN CRIMINAL LEGALIZADO Y LEGITIMACION DE CAPITALES

INTRODUCCION En los actuales momentos la llamada Globalización trae consigo el llamado neoliberalismo que no es otra cosa que un neologismo que hace referencia a una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende re ...

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Legitimacion De Capitales

La Legitimación de Capitales Es el proceso mediante el cual se invierte o transforma en otros bienes, las ganancias ilícitas de las drogas, ocultando o disfrazando su origen, mediante conversión en dinero lícito, dándole un aparente origen legitimo ...

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LEGITIMACIÓN DE CAPITALES

DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES. DEFINICION Se entiende por Legitimación de capitales, "blanqueo" o "lavado" de dinero al conjunto de actividades u operaciones bancarias, comerciales, de inversión o de otra índole -aparentemente líc ...

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Legitimacion De Capitales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González ESTUDIOS JURÍDICOS SECCION I Cabimas, marzo 2012 ESQUEMA Introducción - Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional - Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada - La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano - El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada - Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada  La Legitimación de Capitales - Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales Conclusiones INTRODUCCIÓN La delincuencia organizada es un tema relevante dentro de los retos y problemas jurídicos actuales que enfrenta la justicia penal. Ciertamente los Estados se enfrentan a la globalización de las relaciones internacionales, circunstancia que incrementa progresivamente las actividades delictivas desplegadas por grupos organizados que se dirigen a obtener dos objetivos fundamentales: dinero y poder. La preocupación de la comunidad internacional respecto a la lucha contra la delincuencia organizada ha sido considerada como un tema primordial para la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las Instituciones. Abordar el tema de la delincuencia organizada implica necesariamente desarrollar aspectos fundamentales vinculados a la naturaleza esencialmente internacional del tema que dio origen a las legislaciones internas de cada Estado. El contenido del presente informe se dirige principalmente al análisis sobre disposiciones contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada, entre las cuales se destaca: entre los delitos previstos en dicha ley, la Legitimación de Capitales previsto y sancionado en su artículo 4, entre otros aspectos relevantes de interés procesal y sustantivo. Así mismo, tales aspectos contienen diversos aportes que pretenden esclarecer muchas confusiones en cuanto al alcance del tema de la delincuencia organizada y su aplicación procesal en nuestro país. Por otra parte, del análisis del delito de Legitimación de Capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada contiene referencias y concordancias con otras leves sustantivas penales del Ordenamiento Jurídico Venezolano, así como referencias a Tratados, Declaraciones o Convenios, con otras naciones dirigidos a combatir los problemas derivados de dicha actividad delictiva desplegada por grupos de delincuencia organizada. Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional La delincuencia organizada representa en la actualidad un tema de relevante interés y estudio para la Doctrina Penal Internacional. Abordar el desarrollo del tema sobre la delincuencia organizada implica asumir como idea fundamental, que el proceso de globalización ha modificado profundamente el significado de las fronteras entre los Estados. Así, la delincuencia organizada no escapa al fenómeno de la globalización, siendo el caso que en los últimos diez años se ha multiplicado la cantidad de grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad jurídica de los Estados y, por ende, de los ciudadanos. Lo característico y novedoso de las últimas décadas ha sido el proceso de acelerada transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada, como fenómeno de creciente preocupación para la comunidad internacional. El incremento de las actividades delictivas desplegadas por grupos de delincuencia organizada constituye una seria amenaza progresiva contra la estabilidad de las sociedades, circunstancia que ha sido fundamental para promover la cooperación entre los Estados. Es por ello que los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada deben ser estudiados en primer orden desde la perspectiva del marco legal internacional, toda vez que ésta es la que da origen a los lineamientos jurídicos que posteriormente han sido desarrollados por los Estados. Respecto al marco legal internacional sobre la delincuencia organizada, es importante referir que actualmente existe una diversidad de instrumentos internacionales dirigidos a combatir los problemas derivados de las actividades delictivas desplegadas por los grupos de delincuencia organizada, principalmente en la Unión Europea y Latinoamérica. Se abordará el contenido fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, debido a la importancia e impacto que generó el referido instrumento internacional por su carácter primigenio y multilateral en materia de delincuencia organizada, marcando la pauta en muchas definiciones respecto al tema. Una de las características más relevantes que se atribuye a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, o también llamada Convención de Palermo, es que por primera vez un instrumento de naturaleza penal internacional lograba integrar a una gran diversidad de Estados de todo el mundo, con diferentes culturas de toda especie, bajo un objetivo común: la lucha contra la delincuencia organizada. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional se abrió a firma en Palermo, Italia, el 12 de diciembre de 2000; cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 93 ratificaciones, entre ellas Venezuela, que la ratificó el 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial 37.357. La Convención de Palermo, consta de 41 artículos y forma parte del Derecho Penal Internacional; su importancia se debe fundamentalmente a que, por primera vez, un instrumento penal internacional lograba unificar definiciones y tipos penales comunes para todos los Estados Partes. El aspecto más resaltante que se atribuye a la Convención de Palermo, es haber logrado una definición sobre del delincuencia organizada que es común para todos los Estados Partes. En este sentido, es necesario hacer referencia al artículo 2 de la Convención en referencia, en el cual se define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO a “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. Así mismo, el artículo in comento, define el DELITO GRAVE como “la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. Por otra parte, define como GRUPO ESTRUCTURADO a “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.” El objetivo fundamental del presente instrumento internacional penal, queda establecido en tres actividades fundamentales, que son las de prevenir, investigar y juzgar los delitos vinculados a la delincuencia organizada. Cabe destacar que la Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos adicionales, a saber: 1. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 2. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente niños. 3. Protocolo contra el tráfico y producción ilícita de armas de fuego, sus componentes y municiones. En Venezuela se ha suscrito los tres Protocolos de la Convención de Palermo, el tercero de ellos aún no se encuentra ratificado; En consecuencia, no surte efectos contra terceros Estados y sólo es aplicable dentro del Estado venezolano hasta tanto sea ratificado. Otro de los aspectos fundamentales sobre delincuencia organizada, es que actualmente se encuentra en fase negociación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el “Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, que tiene por finalidad coadyuvar a los Estados del Hemisferio en la coordinación e implementación de las principales obligaciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Las ideas expuestas evidencian que ciertamente los instrumentos internacionales en materia de delincuencia organizada están orientados a unificar, fortalecer y facilitar los mecanismos de cooperación entre los Estados. Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada Una vez delimitados los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada internacional y su respectivo marco legal, es importante hacer referencia a otros aspectos interesantes vinculados al estudio sobre los grupos delictivos organizados. Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la aplicación de las normas en materia de delincuencia organizada ha sido la confusión para determinar las características que diferencian a tales grupos de las pandillas y de los grupos de delincuencia común. El perfil criminológico en cuanto a la estructura de los grupos de delincuencia organizada, a través de elementos muy concretos marcan la diferencia con otras formas de actividades delictivas de naturaleza también grupal. La delincuencia organizada se caracteriza por diversos aspectos fundamentales, entre los cuales es menester destacar los que se exponen a continuación: La Transnacionalización de las actividades; A diferencia de la delincuencia común y de las pandillas, los grupos delictivos organizados despliegan sus acciones en más de un Estado, o bien cuentan con la colaboración de personas que se encuentran ubicadas en diversos Estados. El elemento transnacional es fundamental en las características de los grupos organizados, ya que la naturaleza de sus actividades requiere la mayor amplitud posible que permita confundir la ubicación exacta de los miembros del grupo. El elemento de la transnacionalización es uno de los factores que más afecta la seguridad de los Estados frente al fenómeno de la delincuencia organizada. El incremento de la transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada en las últimas décadas se encuentra asociado principalmente al proceso de globalización, debido al empleo de mayores herramientas tecnológicas en las operaciones financieras y en las relaciones internacionales en general. La estructura de los grupos; Durante décadas, los grupos de delincuencia organizada conformaban una estructura vertical o jerarquizada, organizada bajo una división de tareas estricta. Sin embargo, luego de la decadencia de los principales grupos mafiosos en la década de los setenta, diversos estudios han demostrado que actualmente la estructura vertical es la menos empleada por los grupos de delincuencia organizada. Tal circunstancia se debe a que la decadencia de los años setenta demostró que la gran debilidad de los grupos organizados en aquel momento fue la aprehensión a los directores, cabecillas, o miembros relevantes de los grupos, con lo cual las organizaciones cayeron por completo. Por tal motivo, en la actualidad, las organizaciones criminales tienden a estructurarse bajo una forma horizontal, en la que distintos subgrupos de pequeño tamaño, especializados en tareas complementarias, conforman al gran grupo organizado, trabajando en forma de red y bajo la dirección de un grupo de jefes que también trabaja en red; En consecuencia, estamos ante una infinidad de eslabones relativamente autónomos que ejecutan acciones planificadas de conformidad con los pactos o negocios de los jefes, circunstancia que procura dificultar el proceso de erradicación definitiva de los grupos de delincuencia organizada. Código de Honor: Los grupos de delincuencia organizada se caracterizan con un alto grado de cohesión interna, que por lo general está garantizado por un código de honor o bajo normas de comportamiento que obliga a guardar silencio respecto a la identidad de los miembros y a las actividades criminales ejecutadas por el grupo. La variabilidad de las formas delictivas ejecutadas; Otra característica fundamental asociada a la delincuencia organizada es que los actos criminales varían de acuerdo con los intereses de cada grupo. Las especialidades delictivas son variables conforme a los objetivos del grupo, e inclusive atienden a las habilidades o destrezas de sus miembros. Los grupos de delincuencia organizada, cualquiera que sea su especialidad, tienen como propósito fundamental lograr beneficios económicos de alto impacto y bajo operaciones bien planificadas que aseguren la mayor vigencia posible del grupo. Plataforma económica, tecnológica y operacional; La delincuencia organizada cuenta con una amplia plataforma económica, tecnológica y operacional para sus fines y, por tal motivo, estas organizaciones criminales pueden llegar a ser una empresa suficientemente poderosa que, en muchas ocasiones, rebasa la capacidad de reacción de los Estados. Tal poder no sólo es útil para lograr sus fines, sino además para procurarse la impunidad de sus acciones. Es importante destacar que los grupos de delincuencia organizada procuran reclutar personas especializadas en las materias de conveniencia para las actividades delictivas del grupo, por ende, suelen ofrecer grandes ganancias a cambio de información o por la participación de personas cuya colaboración resulta fundamental para lograr determinados objetivos. Los aspectos fundamentales expuestos anteriormente, determinan características de los grupos de delincuencia organizada, cuyos propósitos se dirigen principalmente a obtener la mayor cuota de control y poder conforme a la especialidad de sus actividades. Tales circunstancias diferencian a los grupos organizados, en líneas generales, de los grupos de delincuencia común y de las pandillas, en los aspectos siguientes: Por un lado, los grupos de delincuencia común no se preocupan por la planificación extrema de sus actividades con las previsiones a corto, mediano y largo plazo, ni tienen interés en reclutar y adiestrar a los mejores miembros para la ejecución más perfectible de sus actividades criminales, que son características fundamentales de los grupos de delincuencia organizada; por el contrario, los grupos de delincuencia común efectúan actividades conforme a “oportunidades” eventuales en las cuales pretenden obtener una ganancia económica inmediata, sin importarles la vigencia o no del grupo. En cuanto a las pandillas, su naturaleza criminológica es diferente, toda vez que a pesar de actuar en grupo, las actividades que despliegan implican un estado constante de “rebeldía” contra el sistema y, por ello, sus actividades delictivas abarcan acciones de toda naturaleza que procuran llamar la atención dentro de un entorno social determinado, a diferencia de los grupos de delincuencia organizada que procuran actuar bajo perfil para asegurar la mayor vigencia del grupo. Las características expuestas no sólo determinan aspectos fundamentales que permiten esclarecer las diversas confusiones en cuanto a la naturaleza de los grupos de delincuencia organizada, sino además constituyen a su vez los factores de preocupación más importantes de la comunidad internacional ante la naturaleza especialísima que caracteriza a los grupos de delincuencia organizada. Tales factores establecen el nivel real de “peligrosidad” que genera el incremento de la delincuencia organizada transnacional, que radica fundamentalmente en diversos aspectos: - la habilidad para el reclutamiento de individuos eficientes. - la capacidad para proporcionar un entrenamiento especializado. - la disposición de tecnología avanzada. - el acceso a información privilegiada. - la progresividad de sus operaciones. - la mayor perfectibilidad de sus acciones que supera en muchas ocasiones la posibilidad de reacción de los Estados. Diversos estudios sobre los grupos de delincuencia organizada coinciden, en líneas generales, que su propósito no es competir contra el Poder del Estado sino colocarlo a su disposición para alcanzar sus objetivos Es por ello que la comunidad internacional ha considerado la necesidad de emplear mecanismos efectivos y eficaces para la prevención y control de la delincuencia organizada en todos sus niveles y desde una óptica transnacional, asumiendo este asunto como una política de seguridad pública fundamental de los Estados que involucra la participación de todas las Instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidad en la materia. Las sociedades criminales cuentan con la habilidad de miembros que les permiten infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas, adquiriendo en muchas ocasiones cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura de los Estados. La complejidad del tema implica abordar un problema que se ha transformado en una preocupación de ámbito mundial, por su capacidad para poner en peligro la seguridad jurídica de los ciudadanos, la integridad de las instituciones públicas y privadas, y las relaciones internacionales. Finalmente, es importante dejar claro que la compleja estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este fenómeno ha presentado en las últimas décadas, partiendo de la base que la seguridad jurídica de los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados. La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano El ordenamiento jurídico venezolano cuenta con la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada, publicada en Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005, debido a reimpresión del texto publicado originalmente en fecha 27 de septiembre de 2005, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.281. El texto legal en referencia contempla toda la normativa relativa a los delitos, procedimientos, jurisdicción, técnicas de investigación, cooperación internacional, entre otros aspectos vinculados al tema de la delincuencia organizada en Venezuela. La referida ley intentó inspirarse en los postulados que fueron establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, instrumento ampliamente referido en el Capítulo primero de la publicación. Muchas normas no contribuyen a la idónea interpretación del tema de la delincuencia organizada, toda vez que su articulado adolece de confusiones graves en diversos términos jurídicos, excesiva amplitud en los delitos calificados como delincuencia organizada y la innecesaria complejidad en los asuntos relativos a la cooperación y asistencia internacional, aunado a los cuestionamientos constitucionales que pueden recaer en cuanto a las operaciones encubiertas. Tales errores, más allá de cualquier aspecto de técnica legislativa, realmente evidencian la ausencia de personas conocedoras del tema sobre delincuencia organizada en la participación de la redacción de la Ley, circunstancia que tan sólo redunda en perjuicio de la sana administración de justicia. Estos factores, conducen a la necesidad de realizar una interpretación del texto de la Ley Orgánica cuyo contenido resulta oscuro en muchos aspectos, tomando en cuenta que es un tema de relevante interés actual para todos los Estados en general. El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada Objeto de la Ley: Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar, los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados válidamente por la República. El primer artículo de la ley establece cuál es el objeto de la norma prevista en su texto, el cual se encuentra definido por las siguientes finalidades: prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por Venezuela en la materia. Atendiendo a este último particular, es menester hacer concordancia con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece la jerarquía y preeminencia de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico interno. Trasladando este mandato constitucional a la materia sobre delincuencia organizada, nos conduce necesariamente a verificar cuáles tratados internacionales suscritor por Venezuela y vinculados específicamente con la especialidad de la materia, deberán ser considerados adicionalmente para la aplicación e interpretación de las normas previstas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. A tal efecto, es fundamental hacer referencia a los instrumentos internacionales que, por excelencia, constituyen la base para el estudio sobre el marco jurídico internacional en materia de delincuencia organizada, siendo a saber la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus respectivos Protocolos complementarios, cuyos datos se indican a continuación: La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; ratificada por Venezuela, en fecha 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.357 del 4 de enero de 2002. - Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.754 — 3 de enero de 2005. - Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente niños; publicado en la Gaceta Oficial Nro. 37.353—27 de diciembre de 2001. - Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones; publicado en la Gaceta Oficial Nro. 38.183 — 10 de mayo de 2005 Definiciones Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por: 1. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando. como órgano de una persona jurídica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico, cibernético, electrónico, digital, informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley. 2. Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. 3. Entrega vigilada o controlada: Técnica que consis1te en permitir que re” ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países, lo atraviesen o; entren en él con el conocimiento y bajo la sfpçrvisión de sus autoridades competentes con elfin de investigar los delitos Je,lincuencia organizada, a las personas involucradas en la comisión de éstos y las realizadas internamente en el país. 4. Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 5. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito. 6. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley. Queda entendido que estas operaciones son de carácter excepcional y se efectuarán bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público competente previa autorización del juez de control, siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar. 7. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión. 8. Interpuesta persona: Quien, sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada, sea propietario, poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley. Este establece las definiciones de los términos que son empleados en diversos artículos de la Ley. En cuanto a la definición sobre delincuencia organizada, es menester dividir tal definición en dos partes, toda vez que según el texto de la norma in comento es posible desprender dos formas de delincuencia organizada, a saber: aquella efectuada por un grupo y aquella efectuada por una persona que actúa como órgano de una persona jurídica o asociativa. Respecto a la forma de delincuencia organizada efectuada por un grupo, la norma en su definición establece que se trata de la “acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros.” En primer lugar es importante acotar que el texto citado, guarda cierta similitud con la definición que se encuentra prevista el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la delincuencia Organizada. La definición prevista en la Convención de las Naciones Unidas fue redactada en términos muy amplios tomando en cuenta el carácter internacional y multilateral de la referida Convención, lo cual dificultaba la posibilidad de efectuar definiciones muy detalladas y concretas en virtud de que en materia internacional los Estados son cuidadosos en la redacción de las normas debido a las diversas acepciones que su interpretación puede generar. Tal circunstancia, sin embargo, no impide en modo alguno que los Estados suscritos a la Convención pudieran incorporar otros elementos descriptivos en la definición sobre delincuencia organizada en sus respectivas legislaciones internas, siempre que tales elementos se encontrasen en concordancia con el contenido, objeto y finalidad de la Convención. Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada Dentro de los delitos previstos en la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada, se encuentra los siguientes: - Tráfico Ilícito de Metales, Piedras Preciosas o Materiales Estratégicos. - Legitimación de Capitales - Legitimación de Capitales por Negligencia, Imprudencia, Impericia o Inobservacia - Asociación - Terrorismo - Tráfico de Armas - Manipulación Genética Ilícita - Tráfico Ilegal de Órganos - Sicariato - Obstrucción a la Administración de Justicia - Pornografía - Entre muchos otros delitos previstos en el artículo 16 de la presente ley. En este caso estudiaremos el delito de Legitimación de Capitales, previsto en el Artículo 4 de la precitada ley, el cual reza: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1. La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. 2. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad u otro derecho de bienes. 3. La adquisición, posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley. 4. El resguardo, inversión, transformación, custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. Los capitales, bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos.” Uno de los tipos penales más relevantes para analizar es el delito de Legitimación de Capitales, tanto doloso como culposo. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales dolosa, es decir, aquella que ha sido consumada con la intención de desplegar la conducta punible prevista en el tipo penal. Este artículo tiene diversos detalles interesantes que acotar debido a que el contenido de este tipo penal resulta, por un lado, un cambio de paradigma interesante en cuanto al delito de legitimación de capitales en Venezuela pero paradójicamente, por otra parte, la redacción de la norma adolece de serios errores de técnica legislativa que inciden en el fondo del asunto. El delito de legitimación de capitales se encontraba previsto anteriormente en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, motivo por el cual necesariamente su punibilidad debía encontrarse conectada con la comisión de delitos vinculados al tráfico de drogas; Una vez que el legislador en el año 2005 extrae el delito de legitimación de capitales de la Ley que regula la materia de tráfico ilícito de drogas, y lo incorpora a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, rompe con el paradigma que establecía la obligatoriedad de conexión con actividades ilícitas vinculadas necesariamente a drogas. Por ende, la innovación de este tipo penal está en que abrió por completo el margen de punibilidad para la aplicación del delito de legitimación de capitales, trasladando ahora su sanción a cualquier actividad ilícita, siempre que se encuadre dentro de aquellas que la ley ha previsto como propias de la delincuencia organizada. En tal sentido, una vez la entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada, cualquier actividad que pretendiera dar apariencia de legalidad a los bienes, haberes o beneficios obtenidos de actividades ilícitas consideradas como derivadas de delitos vinculados a la delincuencia organizada, constituye la comisión del delito de legitimación de capitales; Así, por ejemplo, la pretendida obtención de dinero, bienes o haberes provenientes del pago de un secuestro, o provenientes de la financiación al terrorismo, o provenientes del tráfico de armas, o en fin, de cualquiera de los delitos previstos en la Ley in comento, conduce como consecuencia a la comisión del delito de legitimación de capitales. Tal circunstancia tiene una base fundamental lógica, y es que el delito de legitimación de capitales pretende sancionar la actividad mediante la cual se pretende dar apariencia de legalidad al dinero, bienes o haberes que provienen de actividades ilícitas, por ende, no necesariamente debe estar vinculado a actividades el narcotráfico sino a todas aquellas que impliquen el despliegue de actividades ilícitas. Ahora bien, el gran problema que produce este cambio de paradigma es que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada pretendió, abarcar un exagerado marco de punibilidad incurriendo en graves errores en cuanto a la tipificación de los delitos, quizás ello se debe en cierto modo a la ausencia de participación activa de personas idóneas en el manejo de la materia sobre delincuencia organizada. Así, uno de los grandes problemas que presentaría la aplicación del amplio paradigma que abrió la legitimación de capitales dolosa prevista en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se encuentra en que entonces todos los bienes, haberes o dinero obtenido de cualquiera de los delitos previstos en la ley conduciría a la legitimación de capitales, y a tal efecto es menester apuntar que el artículo 16 establece que también serán considerados delitos contra la delincuencia organizada, por ejemplo: la estafa y otros fraudes, el robo, el hurto, la corrupción, los delitos bancarios, entre otros. En tal sentido, uno de los graves errores del legislador en la redacción de la presente Ley ha sido abarcar un catálogo de delitos que también son ejecutados por grupos de delincuencia común y, con ello pretender trasladarlos a la esfera especialísima de la delincuencia organizada, etiquetándolos a priori como delitos de delincuencia organizada; de tal manera que ahora todo pareciera ser delincuencia organizada y, por ende los bienes, haberes o dinero obtenido de las actividades delictivas previstas como delitos de delincuencia organizada pudiera ser susceptible de caer en el marco de la punibilidad de la legitimación de capitales, motivo por el cual el cambio de paradigma resulta paradójicamente una innovación interesante pero, a su vez, un arma de doble filo que podría conducir a graves arbitrariedades en su aplicación. Por otra parte, la redacción del artículo merece un análisis que resulta interesante. La norma sanciona como legitimación de capitales dolosa a “quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas (…) La redacción de los tipos penales atiende a sancionar acciones o conductas que son consideradas lesivas para los bienes jurídicos protegidos por el Estado; en consecuencia, el núcleo de todo tipo penal debe estar conformado por un verbo rector que determina cuál es el hecho punible. Ahora bien, al analizar detenidamente el tipo penal de la legitimación de capitales dolosa, se observa curiosamente que la redacción empleada establece que la sanción está dirigida a la posesión o propiedad de bienes, capitales, haberes o beneficios que deriven directa o indirectamente de actividades ilícitas. Tal circunstancia, sin duda alguna, quebranta el principio fundamental que exige un verbo rector como núcleo de todo tipo penal, pues de lo contrario la norma no está dirigida a sancionar ninguna acción o conducta. De tal manera que, por un lado, el delito de legitimación de capitales dolosa tal y como está redactado en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada pretende sancionar la posesión o propiedad cuyo origen deriva de actividades ilícitas, cuando la Doctrina penal en general es concordante en afirmar que el delito de legitimación de capitales tiene por finalidad sancionar aquella conducta mediante la cual el legitimador pretende incorporar en actividades legales aquellos bienes, haberes, capitales o beneficios obtenidos ilícitamente y con ello pretender dar apariencia de legalidad a su origen; tal conducta puede estar constituida por diversas actividades tales como ventas, compras, hipotecas, seguros, inversiones de cualquier clase y demás actividades que por lo general implican la mezcla y confusión de los bienes ilícitos dentro de un patrimonio lícito. Así, la mera posesión o propiedad no constituye la comisión del delito de legitimación de capitales, pues legitimar implica desplegar conductas dirigidas a ocultar el origen ilícito de los bienes, capitales, haberes o beneficios, tal y como en otros Estados se le denomina blanqueo de capitales lavado de dinero u otros términos que implican el despliegue de actividades que pretenden dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes de actividades ilícitas. Tal y como ha sido ampliamente descrito, la técnica empleada en la redacción del delito de legitimación de capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se aparta de la esencia fundamental que caracteriza la finalidad de este tipo penal. El contenido del artículo, establece cuatro supuestos en los cuales también se sanciona como legitimación de capitales las actividades que ahí se indican, a lo cual debe acotarse que el gran detalle es que cada supuesto presenta diversas alternativas, por tal motivo el fiscal del Ministerio Público deberá individualizar las diversas conductas o alternativas que estén presentes en cada caso, sin que la mera enunciación pudiera bastar para acreditar la presunta comisión de los hechos, y entiéndase que tales observaciones atienden a razones de seguridad jurídica. En concordancia con los postulados constitucionales establecidos en la garantía al debido proceso. El Artículo 5, encuadra el delito de Legitimación de Capitales por Negligencia, Imprudencia, Impericia o Inobservancia. “Cuando el delito previsto en el artículo 4 de esta Ley se corneta por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artículo 43 de esta Ley, la pena será de uno a tres años de prisión”. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales culposa, la cual consiste en la comisión del delito previsto en el artículo anterior pero consumado debido a negligencia, imprudencia impericia o inobservancia de la ley. A diferencia de la legitimación de capitales dolosa, en el presente caso el sujeto activo es calificado, tal y como se desprende de la norma cuando establece que es aquel cometido por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados que se encuentran previstos en el artículo 43 de la presente Ley, motivo por el cual se sugiere complementar con la lectura b del referido artículo. El Artículo 43, señala cuales son los sujetos obligados, del cual hace referencia el artículo 5, estableciendo que se consideran sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Operativo Anual dictado por el órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada, los siguientes: 1. Los bancos, empresas, personas naturales e instituciones financieras, reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Público del Estado venezolano. 2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, productores de seguros, sociedades de corretaje de reaseguros y demás personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. 3. Las sociedades anónimas de capital autorizado, los fondos mutuales de inversión, sociedades administradoras, corredores públicos de títulos valores, intermediarios, bolsa de valores, agentes de traspasos y demás personas naturales y jurídicas que intervengan en la oferta pública, regida por la Ley de Mercado de Capitales 4. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como: a) Las casas de juegos, salas de bingo y casinos legalmente establecidos. b) Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. c) Las empresas dedicadas a la construcción. d) Las joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. f) Las empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestres. g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. h) Los anticuarios, vendedores de objetos de arte o arqueología. i) Las empresas de Marina Mercante. j) Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. El órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada podrá extender mediante Reglamento la categoría de sujeto obligado a otros actores cuando lo estime conveniente y les establecerá las obligaciones, cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica sujetos a las sanciones administrativas y penales previstas en esta Ley, y establecerá el organismo de control, supervisión, fiscalización y vigilancia respectivo. Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales Dinero en circulación: también conocido como efectivo, es el medio común de intercambio en la transacción criminal original; Este tipo de negocios generan billetes de baja denominación. Este es el mecanismo básico que el legitimador de capitales procesa para su cliente. Cheques de Gerencia: es un cheque que el banco libra contra sí mismo. Muchos legitimadores de capitales los adquieren con productos ilegales en efectivo, como uno de los primeros pasos de un esquema de legitimación de capitales. Cheques Personales: son aquellos librados contra una cuenta individual o de una entidad de comercio. La organización del legitimador de capitales controla las chequeras y envía cheques endosados y completos como medio de transferir dinero. A menudo los cheques muestran sólo un nombre y ninguna otra identificación personal. Giros: es otro instrumento de cambio emitido por bancos, o por operadores de compañías que emiten giros. Era como una herramienta útil para legitimar capitales en atención a que anteriormente no se solicitaba a los compradores que se identificaran, no obstante hoy en día esta prácticamente superado tomando en cuenta la gran importancia que la mayoría de las legislaciones ha puesto en la identificación del origen y destino tanto de los fondos como del destinatario o beneficiario final de éstos. Giros Bancarios: es un cheque librado por un banco contra sus propios fondos, los cuales están depositados en otro banco con el cual mantiene relación de corresponsalía. Estos permiten a un comerciante legítimo (o a un legitimador de capitales) mover fondos de un país a otro, tan rápidamente como se mueve el dinero en efectivo, (aunque más lentamente que a través de transferencias electrónicas). El giro por sí mismo representa el dinero del banco depositado en una cuenta de un banco nacional pero pagadero al comprador u a otra persona designada por el comprador. CONCLUSIONES El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en sesión ordinaria del 31 de enero de 2012. En el presente caso, el pasado 2 de febrero la Sala Constitucional recibió un oficio suscrito por el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente dela AN, anexo al cual remitió un ejemplar de la mencionada Ley Orgánica, con el objeto de obtener el pronunciamiento de la Sala del Máximo Juzgado del país acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se desprendede la sentencia de la Sala del TSJ, entre otros aspectos, que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece disposiciones que organizan y fijan el régimen competencial de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, lo cual incide en la estructura orgánica de un Poder Público, cuales el Poder Ejecutivo. Visto desde esta perspectiva, indica la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de su vicepresidente, magistrado Francisco Carrasquero López, el referido texto legislativo es susceptible de ser catalogado, sin lugar a dudas, como una ley orgánica en los términos descritos en el artículo 203 de la Carta Magna al tratarse de una ley dictada para organizar los poderes públicos. También indica el Alto Tribunal que la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece en su Título III un catálogo de tipos penales, a los cuales asigna penas privativas de libertad, circunstancia que, en criterio de la Sala Constitucional, constituye un segundo motivo para reconocerle su carácter orgánico, por tratarse de una ley dictada para desarrollar derechos constitucionales. Concluyó la Sala del Máximo Juzgado venezolano que “conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala Constitucional declara la constitucionalidad del carácter orgánico conferido a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido material de dicho texto normativo.” La referida ley, consta de 89 artículos, busca “prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar” los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas, como lo indica su artículo 1, y de esta manera reforzar la política de seguridad del Estado venezolano. Esta ley ya existía, lo que se está es incorporando 25 artículos nuevos y reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada”, dijo en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el diputado socialista, Andrés Eloy Méndez. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN) la noche de aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, “Se declara sancionado”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre el proyecto de ley, el cual consta de 89 artículos. El proyecto contempla una sanción severa a quien financia el narcotráfico, quien trafica y usa a Venezuela como área de tránsito para cometer este delito. Durante la discusión del artículo 5, el parlamentario Eduardo Gómez Sigala señaló que el órgano rector de los procesos penales es la Fiscalía General de la República, pero con esta ley se quiere crear la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Criticó que este organismo asuma una facultad que le corresponde a la Fiscalía y pase a depender del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ). Acotó que en el artículo 58 de la ley vigente se establecía que el Ministerio Público creará una Dirección General contra la Delincuencia, pero esto fue eliminado. En resumen, el delito de Legitimación de Capitales, representa un tipo penal que atenta contra el orden socio económico, ya que vulnera u ocasiona distorsiones al sistema económico de un país, da lugar a las siguientes consecuencias: • Aumentan las actividades criminales en los diferentes sectores de una Nación. • Provee nuevos recursos a las actividades delictivas. • Distorsiona los mercados financieros. • Pérdida del control de las políticas económicas de cada nación. • Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como internacional. • Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario. Por último es importante recordar que en Venezuela se reportan operaciones ilícitas de esta índole por un monto anual entre cuatro y ocho mil millones de dólares. ...

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