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Accion De Tutela Y Derecho De Peticion

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Categoría: Acontecimientos Sociales

Enviado por: Stella 04 abril 2011

Palabras: 2849 | Páginas: 12

...

xxxxxxxxxxxxxxx, Marzo 05 de 2010

Señor

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL

E. S. D.

REF: Acción de Tutela

Dte: DENIS JUDITH

DENIS JUDITH, mayor de edad, identificada con C.C. No xxxxxxxxxxxxxxx, acudo ante usted con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA contra los propietarios y administradores de los establecimientos EL POTRILLO de propiedad del señor _ de propiedad del señor JOSE RODRIGUEZ, con el objeto de que se protejan mis derechos constitucionales amenazados o vulnerados que más adelante indicaré. El fundamento de mis pretensiones radica en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: Desde hace más (1) año, vienen funcionando en el barrio el progreso

de este Municipio los establecimientos el POTRILLO, en la calle 10 Sur No. 10-03 y EL CLUB VALLENADO, en la carrera 9 No. 9 A – 31, donde funcionan Billares y un bar nocturno, en donde se vende, expenden bebidas y licores hasta altas horas de la noche, colocando música a alto volumen hasta horas de la madrugada, perturbando el sosiego y la tranquilidad de los vecinos del sector, alterando la convivencia de las familias que residimos cerca a estos lugares

SEGUNDO: Corno vecinos del sector y afectados con esta situación, decidirnos hablar con los propietarios de dichos establecimientos, para lograr que se disminuyera el ruido que venía produciendo el estallido de las mechas de tejo, y el volumen de los equipos de sonido, a lo que nos contestaron, que nos tapáramos los oídos si no queríamos escuchar el ruido, o que si no nos sentíamos tranquilos que nos fuéramos a vivir a otro sector.

TERCERO: También hemos acudido ante la Estación de Policía mediante llamadas telefónicas, quienes han desplazado patrulla al lugar para verificar el ruido, observándose que cuando esta se acercan al lugar le bajan el sonido a la música, y una vez la patrulla se va le vuelven a subir.

CUARTO: Ante estas conductas y escenas indecorosas presentadas en estos establecimientos, corno comunidad afectada nos dirigirnos ante el Inspector Urbano de Policía, con el fin de que se tomaran las medidas necesarias, para evitar que se continuara vulnerando nuestros derechos fundamentales, pese a la queja, las molestias continúan sin que la autoridad competente haya intervenido efectivamente para resolver el problema, más si se tiene en cuenta que estas acciones son nocivas para la salud y perturban la convivencia de la comunidad.

QUINTO: Además del ruido que produce el alto sonido de la música, en ocasiones y sobretodo los fines de semana las personas frecuentan estos sitios, después de ingerir cantidades de trago terminan borrachos, protagonizando riñas, peleas y escándalos públicos, sobre todo en horas de la madrugada, una vez los propietarios cierran las puertas de estos establecimientos, interrumpiendo nuestro descanso y tranquilidad.

SEXTO: Como agravante de las conductas antes mencionadas, estas personas convierten los frentes de nuestra viviendas en orinales, que generan olores nauseabundos y desaseo que atenta contra la salud de niños y adultos que habitamos este sector.

SÉPTIMO: Los establecimientos anunciados anteriormente no poseen las instalaciones adecuadas para llevar a cabo estas actividades de diversión, pues son sitios destapados y al aire libre, que causan molestias a los vecinos.

DERECHO CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA

Con los hechos aquí narrados, se nos están vulnerando nuestros derechos fundamentales a la Paz (Art. 22 CN), a la Intimidad personal y familiar (art. 15 CN), y un ambiente sano (art. 79 CN “ Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”).

La Honorable Corte Constitucional respecto a la vulneración de los derechos invocados se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, y es así, como en alguna de sus apartes de sus sentencias ha expuesto: El Art. 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y familiar, en el que tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Ellos justifican la interpretación sistemática del derecho fundamental a la intimidad en concordancia con las garantías contenidas en el Art. 28 de la Carta; esto es el derecho a no ser molestado en la persona o familia y a impedir el registro domiciliario sin orden judicial.

Frente a las actuación administrativa en lo pertinente a la dilación justificada de las quejas ha dicho, lo que si adquiere un específico contenido constitucional es que las quejas elevadas a la autoridad administrativa de policía deben ser resueltas prontamente, como corresponde a una debida actuación administrativa sin dilaciones injustificadas. No otra interpretación del derecho a una pronta resolución en materia de acceso a la Tutela Administrativa, es compatible con el debido proceso y el principio de efectividad de los derechos fundamentales.

El derecho a la Tutela Administrativa de los derechos fundamentales no sólo tiene fundamento en el Art. 23 de la Carta Política, sino en el propio Art. 2 de la Constitución que consagra el deber de las autoridades de “proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares”. La inacción o la intervención deficiente de la autoridad en el cumplimiento de sus funciones que tiene por objeto garantizar el goce de los derechos y libertades acrecienta muchas veces el poder social de ciertos particulares en perjuicio de otros.

En Tutela 357 de 1995 expone: la situación de indefensión es una circunstancia empírica, no normativa, que coloca a la persona en la imposibilidad real de ejercer sus derechos fundamentales por motivos ajenos a su voluntad. Pese a que, in abstracto el ordenamiento jurídico dispone de medios de defensa judicial para la protección de los derechos e intereses en la práctica diversos factores de hecho, entre ellos la inacción de las autoridades públicas, pueden dar lugar a la desprotección y consecuente indefensión de una persona frente al poder o a la supremacía de otro particular. En estos casos al Juez de Tutela corresponde verificar si efectivamente se configura una situación o relación de indefensión en la que está en juego algún derecho fundamental que deba ser tutelado. Se presentan situaciones en que los denominados “derechos colectivos”, como la paz, la salubridad pública, la moral administrativa y el medio ambiente entre otros, únicamente afectan a una o varias personas identificadas o identificables, y uno a un número de personas indeterminadas. Lo anterior puede darse por ejemplo cuando el ruido o disturbios frecuentes en un lugar de diversión tales como tabernas, bares, balnearios, etc., molestan únicamente a los vecinos del lugar. En estos eventos proceden los mecanismos de protección jurídica individuales, como es el caso de la Acción de Tutela.

Ahora bien, surge una pregunta ¿el ejercicio abusivo de la producción de ruido podría llegar a vulnerar o amenazar un derecho fundamental? La respuesta es afirmativa. Como primera medida el ruido es reconocido como agente contaminante del medio ambiente tanto por la legislación nacional (Decreto No. 2811 de 1974), como por la jurisprudencia de esta Corporación.

Otra vía por la cual la contaminación auditiva puede violar un derecho fundamental es la injerencia arbitraria en la intimidad de una persona. En relación con lo anterior la corte expresa que: el derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea.

La declaración de derechos humanos (1948), establece: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias y ataques”, la amplitud del concepto de “injerencias” contenido en el derecho a no ser molestado que a su vez hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables, ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática.

En conclusión el ruido excesivo también puede vulnerar un derecho fundamental, la intimidad personal y familiar (Art. 15 de la Constitución Política), cuando se presenta una injerencia arbitraria, o sea a niveles de ruido que no se tiene la carga de soportar en ese reducto exclusivo y propio de la persona.

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos arriba relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar a la parte accionada, a favor mío lo siguiente: “Tutelar los derechos fundamentales a la Paz, Intimidad personal y familiar, y a un ambiente sano, y en consecuencia ordenar que en un término no mayor de 48 horas se restablezca los derechos vulnerados.

PRUEBAS

Con el fin de restablecer la vulneración de los derechos invocados, solicito se sirva practicar las siguientes pruebas:

TESTIMONIALES: Se señale fecha y hora para recibir en declaración a las personas que más adelante relaciono, quienes son afectadas por los mismos hechos, y les consta todo cuanto aquí denuncio.

MARIA DOLORES PEREZ, identificada con la C.C. No 23.809.425

DOCUMENTALES: para los fines pertinentes anexo: Copia de la queja presentada ante la Inspección de Policía urbana del municipio de Paz de Ariporo (Casanare).

INSPECCION JUDICIAL: Se ordene por parte del Despacho Inspección Judicial al lugar de los hechos, con el fin de verificar y constatar las condiciones en las cuales se encuentran funcionando los establecimientos denunciados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta acción en el art. 86 de la Constitución Nacional, y sus Decretos

reglamentarios 2551 de 1.991 y 306 de 1.992; igualmente en el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 39 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convección Americana de Derechos Humanos.

COMPETENCIA

Es Usted señor Juez competente para conocer del asunto, por la naturaleza de éste y por tener jurisdicción en el domicilio de los establecimientos accionados.

JURAMENTO

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he instaurado otra acción de tutela con fundamentos en los mismos hechos y derechos, y contra la misma autoridad judicial a que se contrae la presente.

ANEXOS

Los documentos que se relacionan como prueba.

Copia de la demanda para el traslado.

NOTIFICACIONES

Las personales: calle 4 No. 1-08, barrio Centauros, municipio de Paz de

Ariporo

Los Accionados: Gonzalo Porras: carrera 4 No. 9 A-31, barrio Panorama, Paz

de Ariporo

José Rodríguez: calle 15 No. 3-32, barrio El Palmar, municipio

de Paz de Ariporo.

Los Testigos: pueden ser citados por mi intermedio.

Del señor Juez,

Atentamente.

DENIS JUDITH C.C. No