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Actividad Administrativa

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Ledesma 04 mayo 2011

Palabras: 4387 | Páginas: 18

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la Administración Pública, así como la supresión de los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente. Este principio tiene el objeto de racionalizar los tramites que realizan los particulares ante la Administración Pública, mejorar la eficiencia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos.

– Principio de información general (Internet): A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en la LOAP, ésta dispone (art. 12) que los órganos y entes de la Administración Pública deberá utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas. Para ello cada órgano y ente de la Administración Pública debe establecer y mantener una página en la Internet, con toda la información que se considere relevante (misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta).

– Principio de publicidad de los actos generales: Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter general dictados por la Administración Pública deberán ser publicados, sin excepción, en la Gaceta Oficial de la República, según el caso, en el medio de publicación oficial del Estado, Distrito Metropolitano o Municipio correspondiente (art. 13). La norma recoge el principio general del comienzo de la eficacia de los actos administrativos de efectos generales (normativos) o de carácter general (destinados a varios sujetos de derecho), sujetándolo a la publicación en la Gaceta Oficial.

– Principio de la sujeción a los planes, metas y objetos: Los órganos y entes de la Administración Pública, en su funcionamiento, deben sujetarse a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. Igualmente se deben ceñir a la actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se debe adaptar a la de aquellas (art. 19).

– Principio de la eficacia: Los entes de la Administración Pública debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión; (art. 19); así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados (art. 189.

– Principio de la adecuación de los medios financieros a los fines: La asignación de recursos a los órganos y entes de la Administración Pública se debe ajustar estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. En todo caso, el funcionamiento de la Administración Pública debe propender a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios. (art. 20). Por otra parte el artículo 21 de la LOAP establece el tamaño y la estructura organizativa de los órganos y entes de la Administración Pública deben ser proporcionales y consistentes con los fines y propósitos que les han sido asignados, así como proponer a la utilización racional de los recursos del Estado.

– El principio de privatización: En los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Administración Pública, en ejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo permitan, fueren más económicas y eficientes mediante la gestión del sector privado o de las comunidades, dichas actividades deber ser transferidas a éstos, de conformidad con la ley, reservándose la Administración Pública la supervisión, evaluación y control el desempeño y de los resultados de la gestión transferida (art. 20).

– Principio de coordinación: Conforme al artículo de la LOAP, las actividades que desarrollen los órganos y entes de la Administración Pública deben estar orientadas al logro de los fines y objetivos del Estado, para lo cual deben coordinar su actuación bajo el principio de unidad orgánica.

– Principio de cooperación: Conforme al principio del artículo 136 de la Constitución, Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de los Distritos Metropolitanos y la de los Municipios deben colaborar entre sí y con las otras ramas de los Poderes Públicos en la realización de los fines del Estado (art. 24).

Modalidades de la Actividad Administrativa: Organizativa, Planificación, Fomento, Potestad Reglamentaria, Policía y Servicio Público:

a) Organizativa: La Administración Pública se organiza de acuerdo a un conjunto de consideraciones que permitan hacer eficiente su labor. La administración pública se compone de organismos y órganos, que se diferencian en cuanto a su autonomía, a lo cual debe agregarse los sistemas administrativos. La organización, como actividad administrativa, consiste en disponer las partes de un todo para la obtención de los resultados más adecuados. Determinar la forma en que se distribuyen las actividades a realizar. Al organizar se obtiene la organización que es el medio para coordinar los recursos y las acciones de una entidad determinada. Una entidad administrativa requiere entonces un diseño organizacional determinado, que es el proceso de seleccionar una estructura organizacional apropiada para aquella, en el contexto de una estrategia y ambientes dados. El diseño organizacional resulta entonces fundamental para toda organización y en especial para la Administración Pública.

b) Planificación: Cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades de la organización, la dirección y el control. Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco fundamental de un árbol imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el control. Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas. La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es una estrategia para la organización.

c) Fomento: Es la acción desarrollada por la Administración, encaminada a estimular, ayudar y proteger las empresas cuyas tareas sean favorables al interés general. Como las empresas beneficiarias del estímulo gubernamental pueden moverse, entre otros, en el campo de la economía, de la cultura, de la educación o de la asistencia social. La actividad administrativa de fomento tiende, por lo tanto, a satisfacer indirectamente necesidades de carácter colectivo.

Clasificación de los Medios de Fomento: Desde el punto de vista de las ventajas que contienen en: honoríficos, económicos y jurídicos.

– Medios de Fomento Honoríficos: son las distinciones y recompensas que el Estado confiere a personas físicas o jurídicas en razón de méritos especiales, tales como: las condecoraciones, trofeos y diplomas conferidos por el Estado.

– Medios de Fomento Económico: son los que se traducen en una ventaja pecuniaria para la empresa beneficiaria, tales como: las subvenciones, créditos, primas e incentivos fiscales.

– Medios de Fomento Jurídico: son aquellos que consisten en el otorgamiento de privilegios de modo que la empresa beneficiaria adquiere poderes jurídicos excepcionales.

– Medios de Fomento Técnicos: consisten en la asistencia técnica prestada por el Estado a empresas de interés general.

d) Potestad Reglamentaria: Las potestades públicas administrativas están constituidas por aquellas facultades o aptitudes para obrar; exorbitantes, con fuerza ordenadora y coactiva; atribuidas constitucional y legalmente a la Administración Pública, capaces de moldear el mundo jurídico de los administrados, a los fines superiores del Estado. Es decir a través del otorgamiento de dichas potestades la Administración Pública asume una posición de supremacía o imperium, pudiendo dirigir la voluntad de los administrados e invadir sus esferas privadas, teniendo siempre como norte el desarrollo y el bienestar de la comunidad. En tal virtud puede crear entes u órganos (universidades, servicios autónomos); recaudar tributos; aplicar sanciones; dictar normas (reglamentos, decretos, instructivos); adquirir bienes particulares en forma coactiva a través de la institución de la expropiación, etc.

e) Policía: Se entiende por policía administrativa la actividad del Estado mediante la cual, con el objeto de asegurar el mantenimiento del orden público, se imponen las restricciones necesarias a la liberad personal y a la propiedad de los administrados. Según Jean Rivero (1971), expositor francés, señala que la ley fija los límites necesarios para la actividad de los particulares, mediante la definición de las garantías fundamentales acordadas a los ciudadanos para el ejercicio de sus libertades; pero que, corresponden al Poder Ejecutivo precisar y completar estas prescripciones esenciales, asegurar la aplicación concreta de las mismas y prevenir los desórdenes de toda naturaleza. En este sentido, el referido autor define a la Policía Administrativa como “el conjunto de las intervenciones de la Administración que tienden a imponer a la libre acción de los particulares, la disciplina exigida por la vida en sociedad”. En consecuencia, se puede definir como una actividad del Estado, encaminada al mantenimiento del orden público. La policía Administrativa se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el título relativo a los deberes, derechos y garantías, junto con la proclamación de los deberes y de los derechos individuales, sociales, económicos y políticos, los cuales son la base para la organización del poder de la policía. En otro orden de ideas, existen las limitaciones que tienen los poderes de la administración en el ejercicio de sus funciones policiales, entre las cuales podemos anotar:

– La misión de la policía: consiste en hacer cumplir el deber de los particulares, de no causar perturbaciones al orden público. Ahora bien, el ejercicio del poder de la policía está basado en las normas contenidas en la Constitución y en las leyes, y por lo tanto, limitado por esos mismos preceptos. Las restricciones y las limitaciones a la libertad y a la propiedad deben estar fundadas en una disposición legal.

– Por otra parte, las medidas de la policía deben tener por objeto: el mantenimiento del orden público, de donde se desprende que el poder de policía encuentra su limitación allí donde comienza las relaciones estrictamente privadas.

– Cuando se trate de proteger los interesados particulares, los interesados deben acudir, no a la policía, sino a los tribunales de justicia. Por eso, la policía no puede tener trato en la intimidad del hogar, salvo el caso de que los hechos que ahí ocurran o puedan ocurrir trasciendan a la comunidad; tal sería el caso, que la policía tenga conocimiento que va a perpetrarse un delito de acción pública.

– La policía debe adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público. Las medidas restrictivas de la libertad personal o de la propiedad de los individuos, no deben de exceder de las que sean completamente necesarias. Se aplica en este caso, la regla de la proporcionalidad de la medida en atención de las circunstancias. Los medios coactivos empleados, deben ser siempre adecuados a la gravedad de la infracción.

Autoridades de la Policía: El poder de la policía es ejercido por aquellas autoridades competentes para adoptar decisiones generales o individuales encaminadas al mantenimiento del orden público, aún cuando esos funcionarios no ejerzan el comando de los cuerpos policiales. Tal es el caso de los miembros de los Consejos Municipales, los cuales son autoridades de policía, por cuanto los Consejos Municipales son los órganos competentes para decidir las ordenanzas municipales pero no ejercen el comando del Cuerpo de Policía. La autoridad de policía por excelencia en el orden nacional, es el Presidente de la República. Ejerce las funciones de la policía de seguridad por órgano del Ministro de Relaciones Interiores, y de los Gobernadores de los Estados, el Distrito Federal y los territorios federales quienes son, en sus respectivas circunscripciones subagentes inmediatos en todo lo concerniente al mantenimiento del orden público. Asimismo, el Presidente de la República es en el orden nacional la primera autoridad en cuanto se refiere a las policías especiales. Estas funciones las ejerce por medio de los Ministros respectivos, así: la Policía Sanitaria, por órganos del Ministerio de Sanidad; la Forestal y de Aguas, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables; la Minera, por medio del Ministro de Energía y Minas; la del Transporte, a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

f) Servicio Público: Según el profesor Georges Vedel (1980), el servicio público consiste en la actividad realizada por el Estado o por un concesionario del mismo, mediante el cual se da satisfacción a una necesidad colectiva; es decir el procedimiento normal del servicio público es la “prestación”. Para algunos expositores franceses el funcionamiento de los servicios públicos constituye la actividad total del Estado. Así, el gran maestro Roger Bonnard, Decano que fue de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burdeos, expone: “Los servicios públicos son las organizaciones que forman la estructura misma del Estado…”; en este sentido el Estado se presenta como constituido por el conjunto de los servicios públicos…” En fin, el servicio público es toda la actividad que en virtud del ordenamiento jurídico deba ser asumida o asegurada por una persona pública territorial con la finalidad de dar satisfacción a una necesidad de interés general.

Clasificación de los Servicios Públicos: Los servicios públicos pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista, a saber:

– Con relación a las entidades administrativas de las cuales dependen. En Nacionales, Estadales, Municipales y Mixtos. Los servicios públicos nacionales son aquellos atribuidos a la competencia del poder nacional, tales como la acuñación de la moneda, el control de las actividades bancarias, la inspección y la vigilancia de las empresas de seguros, el registro de la propiedad entre otros. Los servicios municipales son aquellos que dependen de las autoridades municipales, tales como el urbanismo, el transporte colectivo urbano, alumbrado, acueducto, mercados, aseos urbanos y lo demás que guarden relación con la vida local. Los servicios públicos mixtos o concurrentes son los que a un tiempo pueden ser atendidos por las autoridades nacionales, de los estados y municipales, como los de sanidad, educación y asistencia social.

– Desde el punto de vista de la naturaleza de los servicios: servicios públicos administrativos y servicios públicos industriales o comerciales. Servicios públicos administrativos: son aquellos extraños a la actividad comercial, tales como la sanidad y asistencia social, educación protección y defensa del ambiente, registro público, defensa de los Parques Nacionales, conservación del patrimonio histórico y cultural de la Nación. Los Servicios públicos industriales o comerciales: distinguiéndose cuando la actividad asumida por el Estado o sometida a su control tiene por objeto dar satisfacción a una necesidad de interés general, como los ferrocarriles, la radiodifusión, la televisión y venta de electricidad y gas; y las actividades industriales dirigidas a producir ganancias, y no a satisfacer necesidades públicas, y que no constituyen verdaderos servicios públicos.

– Según la organización y el funcionamiento de los servicios públicos, los cuales fueren inherentes a la existencia misma del Estado o dependientes del arbitrio del legislador, se distinguen los servicios públicos esenciales de los servicios públicos facultativos. Los servicios públicos esenciales: comprenden la policía, entendida en un sentido amplio, como el conjunto de servicios organizados en vista de asegurar el mantenimiento del orden y de la tranquilidad y de tomar las medidas necesarias para la preservación de la salubridad pública. Los servicios públicos facultativos: el régimen de los transportes, las minas y los bosques, el fomento de la agricultura, la industria y el comercio.

– Desde el punto de vista de la posibilidad de apreciar el beneficio recibido por los individuos, como resultado del funcionamiento de los servicios públicos, éstos se han clasificado en servicios mensurables e inconmensurables. Los primeros: son los que comprenden prestaciones directa e inmediatamente suministradas a los individuos, que pueden medir. Los segundos: la acción administrativa es ejercida de forma indivisible sobre la comunidad como los servicios de defensa, de protección de ambiente y de las condiciones de salubridad, y conservación del patrimonio histórico y cultural de la nación.

Función de la Actividad Administrativa como medio fin último del Estado:

La función de la Actividad Administrativa es determinar el fin o cometido que persigue el Estado Venezolano a través de la Administración Pública, es decir, su determinación se puede visualizar específicamente en los artículos 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los cuales establecen:

– Artículo 141: La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas…”

– Artículo 5: La Administración Pública está al servicio de los particulares y en su actuación dará preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades…”

En este sentido, se infiere que la finalidad o cometido de la Administración Pública y por ende de la Actividad Administrativa, es servir a la comunidad, satisfacerles sus necesidades y atender los requerimientos que en la dinámica de la vida se producen en el mundo fáctico. De modo que, la función de la Actividad Administrativa como fin último del Estado es: “satisfacer las necesidades y perseguir el progreso y el bienestar común”.

Ahora bien, esta satisfacción de necesidades y la búsqueda de progreso y bienestar común, se lleva a cabo por la Actividad Administrativa a través de las tres grandes actividades a que hace referencia el catedrático Garrido Falla (1992) la actividad de prestación, la actividad de coacción y la actividad de fomento definidas de la siguiente manera:

a) Actividad de Prestación: a través de esta función administrativa, la Administración Pública presta servicios públicos satisfaciendo aquellas necesidades que individualmente el hombre no puede cumplir, como por ejemplo: los servicios de agua potable, electricidad, correo, entre otros. Así como aquellos que por índole de su naturaleza no pueden ser ejercidos individualmente, como por ejemplo: la seguridad, la defensa nacional, entre otros.

b) Actividad de Coacción: A través de la función administrativa de coacción se establecen limitaciones a los derechos de los particulares a fin de asegurar el orden público o lograr la redistribución de las riquezas, como por ejemplo: el pago de los tributos, la obligación de inscribirse en registros, autorizaciones para el establecimiento de industrias que generen ruidos o sustancias tóxicas, entre otros.

c) Actividad de Fomento: a través de esta función administrativa se fomentan, promueven e incentivan las actividades de los particulares, bien otorgándoles ciertos beneficios, como por ejemplo: la exención de pago de impuestos a determinados rubros del comercio y la industria; préstamos a bajo interés para la agricultura y la cría; la subvenciones, entre otros; o bien, prestándole apoyo en la organización y asistencia técnica para la creación de industrias, comercios, cooperativas y otras formas de autogestión, como por ejemplo: el apoyo organizacional y técnico que se le ofrece a las cooperativas para el establecimiento de alimentos de primera necesidad de sus asociados.

El segundo aspecto a considerar para determinar la Función de la Actividad Administrativa como fin último del Estado, es que: “a través de ella se ejecuta la ley”.

En este sentido, el autor Laband en Sayagués Laso (1986), afirma que la función de la Actividad Administrativa es sinónima de hacer, de traducir hechos o actos los mandatos contenidos en las normas, en cuanto necesitan ejecución material. En consecuencia todos los actos o hechos que realicen los órganos y entes de la Administración Pública en ejercicio de la función de la actividad administrativa, tiene carácter Sub-legal.

El catedrático Alessi (1970,7), señala que la función de la Actividad Administrativa es complementaria o auxiliar de la función legislativa la cual se denomina por los legisladores venezolanos como la función primaria, por ser la emanación directa e inmediata del poder soberano del Estado, por cuanto a través de la función de la actividad administrativa se ejecuta la ley.

Del mismo modo señala el referido autor, que no basta con que las leyes se dicten, ya que es necesario que se cumplan o ejecuten, lo cual se produce a través de la función administrativa. La función jurisdiccional en cambio, es subsidiaria de la función legislativa, por cuanto la función jurisdiccional “garantiza el cumplimiento de las normas, de un lado, mediante la adaptación de las mismas al caso concreto, y de otro, mediante su aplicación coactiva en caso de que falle su cumplimiento espontáneo”.

Asimismo, el profesor Lares Martínez (2002), sostiene que la función de la Actividad Administrativa como fin último del Estado, es la ejecución de la ley; señalando que si bien través de la función administrativa o ejecutiva se aplican las leyes, también a través de ella, se precisa su alcance por medio de reglamentos.

Para ello existe al Actividad Normativa, mediante la cual la Administración Pública dicta normas con el fin de complementar las leyes o dilucidar aquellos aspectos o dudas que la aplicación de las leyes haya generado, o bien dicta reglamentos para regular su organización y funcionamiento en tanto y en cuanto tenga relación con los particulares, en materia de su competencia.

La Actividad Normativa (reglamentos, decretos, instrucciones, entre otros), de la administración pública, constituye la ejecución de la ley, pues la atribución que tiene la Administración para dictarlos, está contemplada en los siguientes artículos de las siguientes leyes: Artículos 43, 46 y 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 7 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el artículo 33 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Por último, es menester mencionar, que las atribuciones de carácter normativo del Presidente de la República, referidas a decretar los estados de excepción y los decretos con fuerza de ley, escapan del ámbito de la función administrativa, ya que ambas atribuciones constituyen funciones de gobierno.

BIBLIOGRAFÍA

Alessi, Renato (1970). Instituciones de Derecho Administrativo. Tercera Edición, Tomo I. Traducido por Buenaventura Pellisé. Barcelona, España. Casa Editorial Bosch.

Garrido Falla, F (1992). Tratado de Derecho Administrativo. Undécima Edición, Volumen I. Madrid, España. Editorial Tecnos S.A.

Lares Martínez, E. (2002). Manual de Derecho Administrativo. Décima Segunda Edición Caracas, Venezuela. Universidad Central de Venezuela.

Sayagués Laso, E (1986). Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Montevideo, Uruguay. Editorial Martín Bianchi Altuna.

Rivero Jean, (1971). Derecho Administrativo. Quinta Edición. París

Vedel Georges, (1980). Derecho Administrativo. Quinta Edición. París

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad

http://blog.pucp.edu.pe/item/17497

http://www.monografias.com/trabajos35/administracion-publica-venezuela/administracion-publica-venezuela.shtml

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