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Algunas Consideraciones Sobre La Interpretacion Juridica

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Ensa05 12 junio 2011

Palabras: 8585 | Páginas: 35

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e de “mediador” que comunica a los demás (generalmente en lenguaje común) el significado que se atribuye a ciertas cosas, signos o acontecimientos. Esto es, El interprete pone en conocimiento de los demás (aunque no necesariamente) el sentido que ( según el o de acuerdo con cierto método) corresponde a determinados objetos.

A.1).- Concepto.-

El fin genérico de la norma es regular la vida social; fin que se consigue aplicándola. Pero para aplicarla hace falta conocer su sentido; lo que se consigue mediante la interpretación.

La interpretación es la investigación del sentido de la norma a través de los datos y signos mediante los que ésta se manifiesta

B).- La interpretación Jurídica

Conforme lo establece Luis Recasens Siches el estudio de la interpretación de las normas jurídicas (…) es un tema esencial lo mismo en la teoría que en la práctica del Derecho. Sin interpretación, no hay posibilidad de que exista algún orden jurídico. (…) por que sin interpretación (…)no hay posibilidad alguna ni de observancia ni de (su) funcionamiento(…). No puede existir ningún orden jurídico sin función interpretativa, porque las normas están destinadas a ser cumplidas y, en su caso, aplicadas. Ahora bien, las normas generales – Constitución, Leyes. Reglamentos – hablan del único modo que pueden hablar: En términos relativamente generales y abstractos. En cambio, la vida humana las realidades sociales en las cuales se debe cumplir y, en su caso, aplicar las leyes, son siempre particulares y concretas. Por consiguiente, para cumplir o aplicar una ley o un reglamento es ineludiblemente necesario convertir la regla general en una norma individualizada, transformar los términos abstractos en preceptos concretos. Y estos es precisamente lo que se llama interpretación.”.

Por otro lado señala en la obra mencionada: “(…) Las normas jurídicas son actos de voluntad, y son instrumentos creados para la acción, es decir: Utensilios para producir en la vida social, de una determinada sociedad en una cierta situación, unos especiales efectos, a saber: Los efectos que el Legislador considera que son los más justos en la medida de lo posible(…)”.

Es necesario que tengamos en cuenta que las normas jurídicas son generados dentro de un contexto social determinado o determinable, con la finalidad de poder producir en ella ciertos resultados esperados por el legislador; así por ejemplo podemos señalar, que al surgimiento de por ejemplo las bandas organizadas de delincuentes organizados para cometer delitos de secuestro y otros, el legislador dentro de dicho contexto legisló para sancionar con penas severas dicha conducta, buscando con ello poder tener como resultado su disminución de dicho delito.

Por otro lado debemos tener presente que el orden jurídico positivo, no solo consta de normas generales ( Constitución, leyes, reglamentos), sino que también existen normas particulares (contratos, estatutos sociales, etc) y de normas individualizadas (sentencias judiciales y resoluciones administrativas); de allí se concluye, que la existencia de las únicas normas jurídicas perfectas, son las sentencias y resoluciones, por ser las únicas que pueden ser impuestas en forma inexorable, al ser individualizables; de allí que las leyes son siempre una obra inconclusa.

Otro aspecto a resaltar es la función del Juez la cual siempre debe de ser creadora en múltiples dimensiones por ser este “… una pieza esencial e indescartable del orden jurídico positivo, por cuanto este no solo consta de leyes sino también de la función jurisdiccional. El juez si bien es cierto debe obediencia a las leyes, pero las leyes no pueden operar por si solas, sino únicamente a través de la interpretación que se las dé. Y, como se verá, el Juez debe interpretar las leyes siempre en un sentido de justicia, es decir razonablemente” .

Visto desde otra perspectiva, podemos afirmar que según la concepción práctica del derecho, en cambio, la interpretación jurídica es la búsqueda de la norma adecuada tanto al caso como al ordenamiento. En esta definición se pone de relieve el carácter “bipolar” de la interpretación y se indica su vocación para conjugar ambas vertientes hasta hacerlas coincidir en un resultado satisfactorio para ambas. El Interprete no esta al servicio exclusivo ni de una ni de otra, sino en todo caso, de las dos a la vez, manifestando así una cierta autonomía frente a cada una de ellas que deriva del vínculo que lo hace depender de la otra. .

Por último en concordancia a lo señalado por Recasens Siches, podemos afirmar (…) que la única proposición valida que puede emitirse sobre la interpretación es la que el Juez en todo caso debe de interpretar la ley precisamente del modo que lleve a la conclusión mas justa para resolver el problema que tenga planteado ante su jurisdicción.

2.- EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACIÓN COMO ASUNTO LINGÜISTICO

2.1.- Naturaleza Lingüística del derecho

La naturaleza ligüística del derecho no ha estado ausente de críticas. Se ha dicho, por ejemplo, que el empleo del sentido común de las palabras ordinarias del lenguaje, introduce un conjunto de problemas de interpretación para los técnicos legales. Problemas referidos a categorías como la vaguedad y la ambigüedad. Dichos problemas de interpretación podrían resolverse, sostienen algunas corrientes teóricas, a partir de una técnica legislativa que emplee un lenguaje legal igualmente técnico, un lenguaje inventado por los abogados para los diversos integrantes de la profesión jurídica, un lenguaje, en fin, que sea suficientemente disciplinar.

No obstante, en el plano de la doctrina jurídica se ha intentado nuevamente construir un “lenguaje para especialistas”. Dicho lenguaje académico tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de mejor comprensión e interpretación de normas legales, en contextos nacionales donde vienen siendo aplicadas por jueces nacionales. En el esfuerzo de los dogmáticos por aclarar los contenidos normativos, y mejor orientar la actividad aplicativa de los intérpretes, el lenguaje legal construye conceptos, realiza descripciones, distingos, matices, en una palabra, analiza los contenidos legales y los “etiqueta”. Dicha labor de “etiquetado” conlleva la enorme ventaja de economizar los análisis jurídicos (una expresión legal resume muchas palabras) .

En el plano de la aplicación del derecho, los jueces se encuentran a mitad de camino entre el empleo de un lenguaje técnico y un lenguaje ordinario. El problema se ubica en la tensión existente entre la obligación constitucional de fundamentar jurídicamente la decisión judicial, la misma que suele pasar por distinciones conceptuales cuyos principales argumento han sido dispensados por los doctrinarios y, de otro lado, enfrentar la necesidad experimentada por los justiciables sobre el destino final de la decisión y las razones que la apoyen. Y el problema puede plantearse, entonces, como no de tipo comunicativo, en el que el emisor no tienen la misma fidelidad para transmitir eficientemente su mensaje a los receptores, pues éstos son diferentes y tienen niveles de competencia lingüística también diferentes.

Como podemos apreciar, la relación existente entre las diversas fuentes del derecho y su naturaleza propiamente lingüística ya nos plantea serios problemas sobre la comprensión de las normas legales positivas y su posterior comunicación entre los operadores del sistema jurídico. Lo que no debemos perder de vista es el basamento lingüístico que hayamos en la labor jurídico interpretativa.

2.2.- Problemas de ambigüedad y vaguedad

La naturaleza esencialmente lingüística del derecho provoca, en consecuencia, que se encuentre “contaminado” de algunas de las características de la relación planteada entre la expresión y la significación. El lenguaje, como el derecho, es un sistema de signos, que es como denominan los lingüistas a las palabras, se integran de dos elementos consustanciales: significante y significado, o, lo que es sinónimo, expresión y contenido.

Cuando un hablante desea comunicar un mensaje, los contenidos mentales en los que piensa los organizan al interior de un determinado idioma, escoge las palabras adecuadas, y luego “expresa” el mensaje. El hablante a “codificado” el mensaje, pues a la línea de contenido mental ha sumado la línea de expresión lingüística. El receptor “deshará” el proceso, pues a la expresión que escuche atribuirá un contenido determinado. Si lo logra hacer con éxito, esto es, si la línea de contenido coincide lo suficiente con la del emisor, habrá entendido el mensaje.

La vaguedad en el lenguaje ha sido ampliamente estudiada por teóricos tan importantes como Hart. El autor señala que muchos textos jurídicos tienen una “textura abierta” que permite al intérprete una amplia flexibilidad para incluir o no dentro de determinadas expresiones lingüísticas contenidos de diverso alcance. Propone como ejemplo la interpretación de una prohibición que reza “prohibido el ingreso de vehículos en este parque”, cuando en la loza central del mismo está colocado un enorme tanque de guerra que participó en la batalla que da su nombre al parque.

Podríamos preguntarnos si el tanque de guerra se encuentra incurso o no en la prohibición. Inmediatamente podríamos pensar en la función del tanque allí, la que es simbólica o rememorativa, mas no vehicular. Sin embargo, nos asaltarían dudas respecto al ingreso de patinetas, bicicletas de paseo, de carrera o motocicletas de bajo o alto cilindraje. Ante cada duda, recurriremos a un criterio extra-normativo, que no está anunciado en el texto de la prohibición, que nos permitirá juzgar la calidad del vehículo. Un criterio puede ser clasificar los vehículos de acuerdo a sí tiene o no motor, para prohibir los segundos. Otro será la seguridad y la comodidad de los paseantes en el parque, lo que incluirá en la prohibición a aquellos vehículos que desarrollen un límite de velocidad determinado. Otro criterio podría sugerir que no es posible distinguir donde la ley no lo hace, y en consecuencia todo vehículo, por insignificante que sea, está incurso en la prohibición.

Sucede que nuestro problema interpretativo esta vinculado al alcance semántico de la expresión “vehículo”. Esta es vaga, pues posee un “centro o corazón significativo” en el que todos estaremos de acuerdo, y una zona que Hart denomina de “penumbra, en la cual nuestro acuerdo se irá debilitando progresivamente, hasta llegar al disenso total, Por ejemplo, nadie dudará que los camiones, vehículos de transporte público y automóviles están incursos en la prohibición (forman parte del corazón semántico) pero ¿las bicicletas, skate boards y patinetas lo están realmente? (penumbra significativa).

El derecho está lleno de expresiones abiertas como la comentada, se denominan “estándares jurídicos” o “conceptos jurídicamente indeterminados”, forman parte de la más común técnica legislativa, que responde a las características intrínsecas de una actividad reguladora general y abstracta. Dichos conceptos son “cerrados” por los interpretes más legitimados por el ordenamiento legal, los jueces, a través de interpretaciones bien argumentadas, en el contexto de un trabajo dogmático y jurisprudencial que se va acentuando en la tradición y el razonamiento de las Cortes.

Por otro lado tenemos las expresiones ambiguas o polisémicas, en la medida que le pueden corresponder diferentes significaciones, sentidos o conceptos. La ambigüedad se distingue de la vaguedad porque ésta última no ofrece significados definidos, su indefinición debe ser resuelta por el intérprete a partir de enunciados estipulativos, dicho en otras palabras, a través de definiciones distintas pero bien precisas; ante tal situación el intérprete escoge la acepción o concepto que considera más adecuado.

Sea como fuere, si el intérprete se enfrentara frecuentemente a la naturaleza esencialmente abierta del lenguaje legal, con sus correspondientes problemas de ambigüedad y vaguedad, el operador deberá premunirse de una sólida cultura jurídica, un buen conocimiento no sólo de la normatividad positiva, sino también del arsenal argumentativo propuesto por la doctrina y la jurisprudencia, con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para navegar con éxito en el inmenso mar de la significación jurídica, consolidando con buenas razones, con suficiente respaldo institucional, las opciones interpretativas elegidas.

2.3.- Descubrimiento o construcción de significados

Las teorías clásicas de la interpretación en el contexto de la lingüística y la crítica literaria han insistido suficientemente en un antiguo punto controversial: la interpretación se hace a partir del autor o del texto? Buscaremos la intención del autor o la que podemos extraer del propio texto independizado del influjo de su autor?

Tradicionalmente se consideraba que la interpretación correcta era aquella que mejor daba cuenta de la intención del autor, razón por la cual se buscaba la dimensión semántica auténtica del autor en otras obras publicadas, en su experiencia de vida, en sus creencias políticas o religiosas, en las influencias de su infancia y adolescencia, entre otras. Sin embargo, más contemporáneamente se considera que el propio texto adquiere independencia de su autor, y debe ser interpretado a partir de las claves propuestas o explicitadas en su propia textualidad. Y pues él o ella atribuyen o coadyuvan a la atribución del significado del texto. En la primera posición teórica el lector “descubre” la intención del autor, mientras que en la segunda coadyuva a su “construcción”

¿No suena esta tensión parecida a la que se produce entre la corriente del método histórico y la del método de la ratio legis en la teoría jurídica?. Sin duda podemos afirmar que el debate general sobre la intención del autor o del texto se traslada al ámbito jurídico con igual pasión y fuerza. ¿Qué debe hacer el intérprete, sólo descubrir la intención del legislador histórico o aportar en la construcción de la intención de la norma jurídica en su contextualidad sistemática regulada en el ordenamiento jurídico vigente?

En el ámbito institucional judicial también se expresa esta dimensión. Un sector de la judicatura, aún mayoritario, abraza un modelo de interpretación normativa más cercana al “juez boa de la ley” que agota su trabajo en el hallazgo de la intención histórica del legislador. Otro sector levanta el modelo del “juez legal y racional” que constituye creativamente la interpretación a partir de la textualidad de la norma, pero en comparación sistemática con el resto del ordenamiento, y proponiendo la toma de decisiones jurídicas que sean legales y constitucionales, pero al mismo tiempo razonables y aceptables socialmente.

El debate sigue abierto, y supone, en mucho la adopción de posiciones personales e institucionales que escapan a la mera reflexión intelectual, comprometiendo la voluntad de los operadores.

3. EL PROBLEMA DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA

3.1 ¿Cuándo es necesario interpretar?

Los autores están de acuerdo que la interpretación es una atribución de significado al texto de una norma, asignación de línea de contenido a línea de expresión, como dirían los lingüistas.

Sin embargo, están en discusión el carácter problemático de la interpretación: 1)¿Siempre se interpreta un texto cuando se le atribuye un significado especifico? 2) ¿o es que sólo se interpreta ante un caso dudoso?

Para resolver las cuestiones planteadas, es necesario hacer una definición sobre el alcance de la expresión “interpretar”. Para los que respondan afirmativamente la primera cuestión, interpretar es atribuir significado, es lo mismo que comprender un texto. Para los que se adhieran a la segunda posición, interpretar implica siempre un carácter problemático, una duda no resuelta, que exista la posibilidad de escoger entre varios significados razonablemente sustentables.

En nuestra perspectiva, la interpretación es un esfuerzo sistemático, metódico y racional por comprender el mejor sentido de una norma determinada a la luz de los valores, principios y reglas del ordenamiento legal en su conjunto. Sin embargo, debemos admitir que, si a un texto corresponde un significado pacífico, no discutido al interior de la comunidad jurídica, la actividad cesará ante la claridad evidente del texto. Los romanos acuñaron dos expresiones para este principio “interpretatio cesat in clris” e “in claris non fit interpretatio”

Esta regla nos introduce en otra discusión, ahora en relación al carácter metódico del llamado “método literal”. Para los que sostienen que interpretar es siempre comprender un significado, el método literal es el primero que debe aplicarse, y su ayuda es fundamental para llegar a la deseada claridad lingüística del texto. Sin embargo, para quienes consideran que interpretar implica resolver la duda razonable del intérprete, dicho método no es más que el natural proceso de decodificación lingüística aludido en el acápite anterior. Problema de perspectiva, sin duda que exige una toma de posición respecto a la naturaleza de todo acto de interpretación.

Sea como fuere, lo que parece claro es que la actividad metódico-interpretativa más rica y estimulante, es aquélla que se presenta no ante casos claros o fáciles, sino ante los llamados “casos difíciles”, en los cuales las líneas interpretativas de la comunidad jurídica no están de acuerdo, y ante las cuales es mayor la necesidad de argumentar a favor de una u otra posición.

Si aceptamos que la interpretación trasciende la mera comprensión literal de un texto, entonces podremos vislumbrar situaciones en las cuáles es mayor la necesario aplicar un esfuerzo metódico y sistemático por “hallar”, o en su defecto “construir” un mejor sentido de la textualidad normativa que tengamos entre manos:

a. Por generalidad y abstracción del lenguaje legal, que debe ser especificada por el juez ante cada caso concreto.

b. Por la textura abierta o la indeterminación conceptual de los llamados “estándares jurídicos” los mismos que requieren ser determinados a partir de criterios desarrollados por los jueces.

c. Por la incoherencia entre textos normativos, cuando se presentan las llamadas “antinomias jurídicas”, las mismas que producen dudas en el intérprete respecto a qué norma aplicar.

d. Por errores en la técnica legislativa, cuando un legislador elegante que no desea repetir expresiones ya utilizadas en el texto, recurre constantemente a sinónimos que generan dudas de comprensión en el intérprete, o expresiones polisémicas que tienen más de un significado.

3.2 Modelos teóricos respecto a la interpretación

Conocidos algunos de los supuestos para realizar el trabajo interpretativo, es necesario plantearse la interrogante respecto a la validez de la aplicación de diversos métodos de interpretación para dilucidar el sentido de una norma. Algunos autores han planteado que tal diversidad metódica es aceptable, incluso deseable, para enriquecer la labor del intérprete. Sin embargo, es posible que aplicando diversos métodos, arribemos a diferentes conclusiones respecto al sentido de la norma.

El inciso 6 del artículo 333 del Código Civil vigente establece entre las causales de separación de cuerpos “la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común”. Sin duda “conducta deshonrosa” es una expresión indeterminada o vaga, cuyo sentido debe ser determinado por el juez del caso concreto, al mismo tiempo que la “vida común insoportable” es otro estándar jurídico, al que las partes apelarán como causal de divorcio, pero que dependerá de la particular apreciación, costumbres y estilo de vida de las partes litigantes. Ello es cierto aunque la norma estipulada en el artículo 337 del Código Civil establezca que la causal de injuria grave deberá ser apreciada judicialmente considerando la educación y costumbres de las partes litigantes (recordemos que la mención a las causales de sevicia y vida deshonrosa fue derogada por sentencia del Tribunal Constitucional).

La conducta deshonrosa se opone, como resulta evidente a la conducta con honra, con honor ¿Qué es conducirse honorablemente para una persona casada? Respetar los deberes de fidelidad, asistencia, y proyectar un honor interno y externo relacionado con la buena reputación como marido y mujer al interior de la relación conyugal. Ser un buen marido, y en consecuencia, proyectar esa imagen, puede tener que ver con:

a) la intención legislativa de mantener relaciones de mutuo respeto en la vida conyugal,

b) o con el respeto a los deberes de la sociedad conyugal,

c) o con una finalidad social vinculada a la protección de los derechos fundamentales dentro de la convivencia social, en la cual la familia se reconoce como cédula básica.

Si interpretamos el argumento a) estaríamos utilizando el método histórico de interpretación jurídica; si usáramos el b) estaríamos frente a la aplicación del método sistemático, pero si utilizamos el c) podríamos estar aplicando el método teleológico que persigue descubrir el fin de la norma. Sea como fuere, hasta ahora los tres tipos de argumentos pueden ser perfectamente compatibles con una determinada definición de “vida honrosa”. Sin embargo, ante un caso concreto, podríamos plantearnos la duda de sí una modelo pasarela, casada con un marido celoso, debería conducirse socialmente de tal o cual manera, llevar tales vestidos, ser o no efusiva en el trato con amigos, salir constantemente a reuniones sociales de noche, entre otras cosas. Podríamos intentar justificar un “patrón de conducta” sugerido o deseado por el legislador histórico, eventualmente opuesto a la interpretación sistemática de esta causal de divorcio. Y aquí el problema interpretativo se agrava, pues en principio, no contamos en nuestro ordenamiento con unas “reglas de conflicto” que nos permitan jerarquizar los métodos de interpretación.

La utilización de los métodos depende, en buena cuenta, del modo de interpretación que el operador elija consciente o inconscientemente. Este modelo ha sido creado a partir de la enseñanza teórica recibida por el operador, además de los esfuerzos que ha recibido durante su vida profesional práctica. Podríamos hablar, incluso, de modelos fuertemente institucionalizados, como las formas correctas de hacer interpretación legal.

La teoría general ha trabajado dos grandes modelos interpretativos, uno llamado subjetivo y el otro objetivo. El modelo subjetivo intenta descubrir la voluntad del legislador histórico. Los afanes investigativos del intérprete culminan, entonces, cuando se produce dicho hallazgo. Tal propuesta tiene mucho que ver con la idea del juez como “boca de ley”, pues él o ella carecen de facultades interpretativas, y se rinden ante la magnanimidad de la voluntad del legislador. Como es obvio, si reconocemos este modelo como el válido, usualmente preferiremos el uso del método histórico.

El modelo objetivo, en cambio, se preocupa por la búsqueda de la intención de la norma, considerada al interior del ordenamiento jurídico. Se dice que este esfuerzo es objetivo en la medida que ya no recae en la subjetividad del legislador sino en la objetividad que ofrece el texto normativo. Si escogemos este modelo, el método de la ratio legis y el sistemático por comparación o ubicación de normas serán privilegiados. Al mismo tiempo, el rol del operador se torna más activo, en la medida que aporta en el proceso de construcción del sentido de la norma, en su esfuerzo por encontrarle límites objetivos.

Aplicando estos dos modelos puede llegarse a dos interpretaciones distintas y contradictorias por lo que algunos autores como Ronald Dworkin han asumido en responder afirmativamente tal interrogante, para lo cual han asumido un conjunto de presupuestos en la figura del juez, como que; gozará de plena información, no fuera capaz de equivocarse, conociera completamente el derecho vigente, entre otros. No obstante, es menester reconocer que tales presupuestos son ideales, y que en el mundo cotidiano todos los jueces son limitados y falibles, además de estar instalados en una subjetividad (la propia de su personalidad) sencillamente ineludible. ¿Significa ello que estamos en manos de la subjetividad, y por tanto de arbitrariedad judicial, es eminentemente institucional y , desde este punto de vista, sí puede ser sostenida como “la correcta”?.

3.3 Métodos clásicos de interpretación jurídica

La tradición jurídica de Occidente ha desarrollado, desde sus inicios, un conjunto de métodos para interpretar la ley ante la duda por el significado correcto de las expresiones normativas. El primero en aparecer fue el método literal, según el cual las normas deben ser interpretadas según su propia textualidad. Ya hemos discutido la naturaleza metódica de esta herramienta de comprensión del Derecho, sobre la cual no hay acuerdo en señalarla como un método propiamente dicho, pues es parte del proceso de decodificación lingüística.

Otro método muy socorrido en la interpretación legal es el apelar a la intención o voluntad del legislador. Ello parece natural en los albores del nacimiento del Derecho, lo cual se vio reforzado después de la Revolución Francesa, momento en el cual la legitimidad para la dación de las leyes recaía fundamentalmente en el Poder Legislativo, mientras que al Poder Judicial correspondía solamente su aplicación. En este contexto, la búsqueda de la intención legislativa constituyó el principal argumento para interpretar las leyes emanadas del Parlamento.

Sin embargo los estudiosos del Código Civil francés, pronto cayeron cuenta que tal intención legislativa, en ocasiones, era difícilmente rastreable e identificable. Por lo tanto, apelaron a la búsqueda del sentido de las normas ubicándolas en sus contextos normativos o comparándolas con otras que se refiriesen a las mismas categorías o conceptos legales. Así la Escuela de la Exégesis inventó el método sistemático por comparación o ubicación de las normas.

Las corrientes llamadas “antiformalistas” del estudio del Derecho y la jurisprudencia, que nacieron tanto en los Estados Unidos de América como en Europa Continental desde la década del 30 en este siglo, reclamaron que la interpretación de la ley no debía hacerse lejana a los intereses y circunstancia sociales del momento en que la norma pretendía ser aplicada. Inclusive, llegó a sostenerse que el Derecho es, ante todo, una herramienta de “Ingeniería Social” y que debía velarse por el cumplimiento de sus objetivos o finalidades sociales. Así el Derecho fue percibido no sólo como un elemento cristalizador y conservador de las relaciones sociales y económicas, sino más bien, como un elemento que podría aportar al movimiento y al cambio social.

Estas consideraciones dieron nacimiento a dos métodos de interpretación legal; el sociológico, que contemporiza el texto de la ley con las circunstancias sociales de su aplicación en contextos socioeconómicos bien definidos; y el Teleológico, que se preocupa por establecer la relación eficiente entre el fin de la norma y ella misma como un medio para alcanzarlo.

Contemporáneamente, muchos métodos de estudio del Derecho se han desarrollado, sobre todo desde una perspectiva interdisciplinaria. Por ejemplo, en los últimos 30 años se ha desarrollado el análisis económico del Derecho, que pretende preguntarse por al eficiencia económica de las instituciones legales en un contexto de libre mercado. La Psicología jurídica ha dado luces sobre las motivaciones íntimas de los legisladores al momento de aprobar una ley la sociología del Derecho nos ha ilustrado respecto a los intereses sociales en pugna que logran ser hegemónicos en determinados momentos que coinciden con la aprobación de las normas legislativas, la antropología legal nos ha explicado la relación entre valores y prácticas culturales con una particular forma de entender le Derecho en comunidades distintas a las occidentales.

Como vemos, muchas perspectivas arrojan datos y conocimientos valiosos para mejor comprender tanto la producción como la aplicación del derecho. Sin embargo, no debemos confundir el poder explicativo de las teorías sobre el Derecho (sean económicas, sociológicas, antropológicas o de otra índole), con los métodos de interpretación que son auténticas herramientas de la práctica legal para aplicar el Derecho desde una perspectiva siempre normativa, prescriptiva, mas no descriptiva o explicativa, como es el caso de los análisis teóricos recién referidos.

3.4 . Interpretación y argumentación jurídica

Cuando realizamos la interpretación de un texto normativo, sea cual fuere el resultado al que lleguemos, no sólo basta satisfacer nuestra curiosidad de intérpretes y “decidir” por eso escoger uno y otro sentido que ofrece el texto de la norma, sino que es de vital importancia para el sistema jurídico y las garantías del debido proceso legal que tal escogencia sea suficientemente sustentada. Ese es el contenido del deber que tiene todo magistrado de motivar sus resoluciones en todas las instancias. Y la suficiente motivación tiene que ver con la correcta argumentación que hagamos de tal decisión, presentando todas las razones legales, los argumentos y los fundamentos de por qué consideramos que nuestra elección interpretativa es la mejor, y por qué razones las otras opciones no son válidas en nuestro ordenamiento jurídico.

3.5.- TEORIAS SOBRE LA INTERPRETACION

1 Teoría de la Interpretación Literal.- A tenor de ella, el sentido de la ley es el que se deduzca rigurosamente de su letra.

2 Teoría de la Voluntad del legislador.- (Voluntas legislatoris, mens legislatoris), según la que debe buscarse en la ley el espíritu que en ella quiso encerrar quine la dictó.

3 Teoria de la voluntad de la Ley.- Que entiende que una vez la Ley existe, se independiza de su autor , y su sentido es el que en si objetivamente encierra (mens legis, voluntas legis), debiendo prevalecer, aunque se demostrase que discrepa del que se le quiso atribuir.

4 Teoría de los intereses en juego.- (jurisprudencia de intereses), para la que el interprete debe investigar los intereses (económicos, sociales, morales, religiosos, etc) en lucha y decidirse por la interpretación que – habida cuenta de la valoración de esos intereses que hizo el legislador – proteja a aquel al que se dio preferencia.

5 Teoría del derecho Libre.- Que – en la parte que se pueda entender que afecta a la interpretación , y no ya a la creación del Derecho por el Juez - defiende en dejar a este en libertad en la busqueda y fijación del sentido de la norma, en vez de someterlo a investigar lo que el legislador quiso, o a la realización, sobre el propio texto de la Ley, de deducciones lógicas para averiguar lo que ésta significa en sí. o sea una especie de libre examen, aplicado no a la Biblia, sino a la ley.

4. PRINCIPIOS Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO, A PROPÓSITO DE LOS ÓRDENES CONSTITUCIONAL Y CIVIL

4.1.- Ambito constitucional

La Constitución Política de 1993 trae un conjunto de posiciones relativas a la supremacía en la aplicación de las leyes, su aplicación en el tiempo y algunas pautas sobre conflictos normativos y de interpretación general.

Para empezar consagra el principio de supremacía constitucional, a través del cuál el juez debe preferir las disposiciones constitucionales a las legales, en caso de conflicto entre ellas (138).

Esto a base de la jerarquía normativa reconocida por la propia Carta Política, según la cual la Constitución está por encima de las leyes y éstas por encima de los decretos y resoluciones (51, además de los remedios constitucionales establecidos en el artículo 200).

La Carta Magna reconoce en el Congreso a la entidad encargada de dar las leyes e interpretarlas (102-1). Aunque no reconoce la misma facultad interpretativa en el Poder Judicial, al establecer que los jueces administran justicia sujetos a la Constitución y la Ley, y al mencionar en el texto constitucional casos de duda sobre le sentido de las normas, defectos o vacíos de las mismas, podemos entender cierta atribución implícita en el sentido que, aplicando el derecho positivo el judicial puede hallarse frente a problemas de interpretación o integración normativas, que deber resolver inexorablemente.

Para ello, la Constitución reconoce como principio que, al no poder dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley, los jueces deben aplicar los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario (139-8).

4.2 Ámbito civil

El Código Civil de 1984 reproduce algunas de las normas vigentes en la constitución de 1993. Por ejemplo, la referida a la aplicación temporal de la ley a las consecuencias de la relaciones y situaciones jurídicas existentes (III disposición preliminar). Al mismo tiempo regula los casos de laguna jurídica, en los cuales los jueces deben aplicar principios generales del Derecho, en especial los del Derecho peruano (VIII). Algunos autores se han preguntado por dichos principios, pues los generales han sido acuñados por la tradición jurídica occidental, sin reconocer aportes de la dogmática o jurisprudencia peruanas al respecto.

Asimismo, el título preliminar regula una aplicación restringida de la analogía, al establecer que no puede emplearse en aquellas normas que establecen excepciones o restringen derechos (IV)

Una norma adicional sobre aplicación judicial de la ley viene estipulada en el artículo VII, según el cual los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Ello en atención al carácter experto del desempeño profesional judicial, y a su sujeción a la Constitución u las leyes.

El Código Civil trae algunas regulaciones específicas en materia interpretación jurídica. Por ejemplo, en el ámbito del acto jurídico, éste debe ser interpretado de acuerdo a lo expresado en él y según el principio de la buena fe (168). Esta regla es consistente con la estipulada para los contratos (1362) los mismos que deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

El artículo 169 sugiere una interpretación sistemática de las cláusulas del acto jurídico, mientras que el 170 plantea que las expresiones con sentido dudoso deben entender en el más adecuado a la naturaleza del acto.

Igual estrategia sistemática plantea el artículo 2055, al disponer que las regulaciones del derecho extranjero se interpreten de acuerdo al sistema al que pertenezcan.

En materia de derecho de servidumbre, el artículo 1043, del Código Civil establece que la duda sobre la existencia de una servidumbre, se interpreta en el sentido menos gravoso para el sirviente.

En materia de cláusulas generales de contratación, las redactadas por una de las partes se interpretan, en caso de duda, a favor de la otra (1401).

Como podemos apreciar, sin existir demasiadas referencias explícitas en la interpretación, el ordenamiento jurídico civil peruano prioriza los principios de buena fe, común intención de las partes, e interpretación sistemática de las cláusulas convenidas en el acto jurídico de que se trate.

5. LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA

5.1 Textualidad de la norma

Uno de los límites más claramente establecidos para la interpretación normativa es el propio texto a ser interpretado. Los límites están fijados por las posibilidades significativas de cada expresión y lo que resulte de la “fusión” de ellas de acuerdo a las relaciones sintácticas que establezcan.

Ello nos recuerda el texto de la primera modalidad del tipo penal prevaricato regulado por nuestro ordenamiento penal, según una interpretación a contrario de dicho texto, el juez no puede dictar resolución que vaya en contra al sentido “expreso y claro de la ley”. El texto es el límite más reconocible de la interpretación. Sin embargo, si el operador muestra cómo el texto admite varias interpretaciones, perderá su condición de “claridad”, momento por demás oportuno para iniciar el trabajo interpretativo propiamente metódico.

Algunos intérpretes preferirán basar sus interpretaciones sólo en las referencias textuales encontradas en la redacción de las normas, orientados por un modelo interpretativo objetivo. Otros, en cambio, intentarán rastrear la intención del legislador, la que no se encuentre en el texto sino en los trabajos preparatorios de la versión final de la norma. Sea como fuere, parece inevitable no dejar de considerar el texto, y no traicionarlo con interpretaciones antojadizas, volátiles o dislocas.

5.2 Contextualidad de la norma

Es necesario no perder de vista el contexto normativo. Si afirmamos que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas, entonces es menester fijar nuestras interpretaciones consistentemente, de tal forma que se mantengan firmes cada vez que nos refiramos a un concepto legal o una expresión jurídicamente indeterminada, sea cual fuere la posición en que la norma haya sido legislada ( título, capítulo o subcapítulo cualquiera) aunque esto valga sólo en los linderos de una determinada área del Derecho, pues en otros dominios los principios de la interpretación pueden cambiar.

5.3 Decisiones absurdas y aberrantes

En ocasiones, algunos jueces se han amparado en el rigor de la deducción lógica para afirmar que la decisión tomada por ellos estaba compelida por la norma jurídica aplicable, que no “había otra salida legal”, aunque la misma sea aberrante o afecta valores preeminentes del ordenamiento constitucional y legal.

Sin duda, una justificación de este tipo es falaz, pues si bien la lógica deductiva impone reglas ineludibles para el correcto razonar, de la lógica no depende cómo se hayan escogido las premisas del razonamiento, ni se pronuncia por su corrección material. Es directa responsabilidad del operador controlar la verdad jurídica de las premisas de las cuales derive su conclusión. En consecuencia, si la decisión resulta absurda, es menester replantear la formulación de las premisas.

El sentido de lo absurdo es el mejor indicador de un razonamiento descaminado que requiere correcciones urgentes.

5.4 Directivas explícitas de interpretación

Otro límite a tener en cuenta es el sector en el que nos movamos al momento de hacer una interpretación. Cada área del Derecho, sea constitucional, civil, penal u otra, tienen principios y directivas de interpretación definidos positivamente en el ordenamiento. Por ello, no es admisible que el intérprete razone sin considerar tales principios o directivas.

5.5 La cultura jurídica del intérprete

Un límite adicional, que introduce una dimensión subjetiva en el trabajo interpretativo, es la cultura del operador. Por cultura debe entenderse al conjunto de valores, creencias, costumbres y prácticas del operador, además de su nivel de educación formal y su grado de información sobre el Derecho y las demás disciplinas del conocimiento humano.

Esto supone que un intérprete altamente informado y experimentado verá los problemas de interpretación con bastante más amplitud que un novato en la materia. Inclusive, algunos de los problemas de interpretación más debatido en la jurisprudencia o la dogmática pueden relacionarse no a la capacidad intelectual de los intérpretes, sino a sus particulares visiones de la vida (valoraciones, idiosincrasia), lo que introduce algún nivel de subjetividad en el razonamiento de los operadores legales.

Sin embargo, sin negar tal subjetividad, no debemos caer en un subjetivismo que relativice toda interpretación jurídica. La objetividad del Derecho se basa en sus normas positivamente promulgadas, las mismas que se presumen constitucionales, razonables y aceptables socialmente. Si en vía interpretativa los operadores no se ponen de acuerdo, serán las autoridades más preeminentes en la materia, las integrantes del sistema judicial nacional (Incluyendo al Tribunal Constitucional y otras que resultan siendo máxima instancia por principio de competencia asignado en la Constitución), las encargadas de definir la mejor interpretación institucionalmente válida, asumida como correcta por las demás instancias.

Ello supone una fuerte conciencia de las limitaciones y debilidades del interprete, quien no es omnipotente no infalible, sino que advertido de la escasez de sus fuerzas, tomará toda la diligencia para no cometer errores, intentar poner a buen recaudo su subjetividad y, en último caso, someterla a la posibilidad de un acuerdo ínter subjetivo que, a fin de cuentas, sea un nuevo patrón de objetividad humana.

6.- LA INTERPETACION LITERAL O DECLARATIVA.

Según el punto de vista habitual, la interpretación literal o declarativa es aquella que no atribuye a las disposiciones normativas, nada más que su “propio” significado. Pero este punto de vista no puede ser aceptado, ya que se funda en la idea ingenua y falaz de que las palabras están dotadas, precisamente, de un significado “propio”, intrínseco, independiente de los usos.

A grandes rasgos, por interpretación literal o declarativa puede entenderse aquella interpretación que atribuye a una disposición su significado “literal”, es decir, el más inmediato – el significado prima facie, como suele decirse – que es sugerido por el uso común de las palabras y de las conexiones sintácticas.

El significado literal, en efecto, es una variable dependiente de la competencia lingüística y de la intuición lingüística de cada uno. Como tal es ampliamente subjetivo.

Calificando una interpretación como “literal”, se subraya que esa interpretación se adhiere al significado precisamente literal de la disposición interpretada.

7.- LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN EL PERÚ: SU IMPACTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. LUIS PÁSARA.

Luis Pásara realiza un estudio crítico y minucioso sobre la realidad de los estudios de derecho en el Perú y sus deficiencias, enfatizando en la manera como esto impacta en los operadores del derecho, sean jueces o abogados. Esta investigación fue realizada a 31 facultades de derecho de universidades públicas y privadas de todo el Perú, y considero que permite comprender una de las causas de la interpretación literal que suelen aplicar los jueces.

Ahora bien, sobre los principales problemas de la enseñanza del derecho, el autor parte de constatar que está muy extendida entre docentes y alumnos la concepción del derecho como si fuera sólo un conjunto de normas escritas, y por lo tanto, su estudio se centra en dedicarse al comentario de las normas y su aplicación directa. A esta visión limitada del derecho se relacionan otros problemas en la enseñanza del derecho, que son las siguientes:

1. No se pone atención en el uso de criterios interpretativos.- Al enseñarse el derecho como si fuera el texto de la ley, se cierra la posibilidad de elegir entre diversas clases de interpretación. En algunos casos, la explicación del texto legal se acompaña de comentarios de doctrina que sustentan la norma pero que no busca estimular su análisis.

2. No se usa la jurisprudencia en clase para analizar con espíritu crítico la interpretación que el juzgador hace de las normas jurídicas, y apreciar otras alternativas de solución ante un problema planteado.

3. Falta una visión sistémica del derecho.- No se vinculan las materias enseñadas con cursos afines, lo que impide que ante un problema determinado no se le pueda dar un análisis integral que conjugue diferentes especialidades: civil, penal, laboral, etc.

4. No se enseña la argumentación jurídica.- Se prioriza una formación teórico que no enseña a reflexionar al alumno. La práctica de la argumentación permitiría formar en el estudiante un mejor razonamiento para analizar y sustentar diversos tipos de interpretación de una norma jurídica.

5. La enseñanza del derecho se desconecta de la realidad.- El resultado es que se interpreta la norma jurídica sin vincularla a los hechos a los que ella se refiere, y que es lo que va a enfrentar el estudiante cuando acabe su carrera.

6. Las evaluaciones privilegian el memorismo y la interpretación literal.- Este elemento es importante pues aunque el docente incentive el análisis en sus clases, suele ocurrir que en los exámenes se privilegie el conocimiento literal de una norma jurídica antes que su interpretación. Esta situación fomenta que los alumnos se preparen a los exámenes de acuerdo a este criterio de interpretación literal, y luego lo apliquen en el ejercicio profesional.

7. Actitud negligente del docente.- Muchos docentes saben que podrían ofrecer una enseñanza que incluya una visión más amplia del derecho, pero ello exige una mayor dedicación en preparar las clases o aplicar un método de enseñanza dinámicos y participativos.

Existen otros problemas que pueden ser considerados secundarios en relación a la enseñanza del derecho y el fomento de la interpretación literal, son los siguientes:

1. Deficiente implementación de Bibliotecas.- En el estudio de Luis Pásara sólo dos facultades de derecho privada y una pública en Lima poseían bibliotecas bien provistas de libros y otros materiales.

2. Deficiencias del estudiante antes de ingresar a la universidad.- Una dificultad apreciada por muchos docentes es que los estudiantes que ingresan a la universidad no tienen hábito de lectura, y que es un problema que viene de la formación escolar.

3. Falta control de la administración sobre el nivel de enseñanza de los docentes.- Son pocas las facultades de derecho donde la misma institución mantiene un control sobre la calidad de enseñanza que transmiten los docentes o que incentive la aplicación de determinadas metodologías que favorezcan el aprendizaje de los alumnos.

8.- EJEMPLOS DONDE LA INTERPRETACION LITERAL HA CONDUCIDO A SOLUCIONES INJUSTAS.

1 Caso: “ Una Asociación de Vivienda “X”, compra un terreno en la quebrada del Cementerio de Chaclacayo en los años 70; basado en las delimitaciones de sus áreas de terreno, inician el proceso de lotización, asignándoles a cada uno de sus asociados un lote de terreno. Se debe precisar que siendo los más antiguos en la zona, sobre la base de su ubicación a sus alrededores se constituyeron otras asociaciones de vivienda, generando una delimitación tácita de sus territorios.

Al iniciar los trámites de habilitación urbana, y poder lograr la independización de los lotes de terreno para el otorgamiento de los títulos individuales de propiedad, requerían tener saneado su terreno, para poder implementar los servicios básicos de Agua y Desagüe como de electrificación.

Al efectuar el levantamiento catastral (plano perimétrico y de ubicación), se constata la existencia del un área mayor a la que consta en su título de propiedad y en su partida registral (variación que se da en sus linderos).

Sobre la base de dicha realidad se efectúa la consulta legal, y se orienta la solución por un proceso de delimitación y rectificación de áreas linderos y medidas perimétricas. Durante el proceso, no hay oposición de los colindantes, se realiza una inspección judicial y un informe pericial, el cual corrobora la existencia de variación de las áreas linderos y medidas perimétricas.

Debe precisarse que según lo estipulado por el ordenamiento procesal civil, señala:

Art. 504 .-

3. El propietario o poseedor para que se rectifiquen el área o los linderos, o para que se limiten éstos mediante deslinde.

Artículo 505.- Requisitos especiales.-

Además de lo dispuesto en los Artículos 424 y 425, la demanda debe cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

1. Se indicará en todo caso: el tiempo de la posesión del demandante y la de sus causantes; la fecha y forma de adquisición; la persona que, de ser el caso, tenga inscritos derechos sobre el bien; y, cuando corresponda, los nombres y lugar de notificación de los propietarios u ocupantes de los bienes colindantes.

2. Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso de inmueble se acompañarán: planos de ubicación y perimétricos, así como descripción de las edificaciones existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado y debidamente visados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien; y, cuando sea el caso, certificación municipal o administrativa sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien.

El Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien.

3. Tratándose de bienes inscribibles en un registro público o privado, se acompañará, además, copia literal de los asientos respectivos de los últimos diez años, si se trata de inmuebles urbanos, o de cinco años si se trata de inmuebles rústicos o bienes muebles, o certificación que acredite que los bienes no se encuentran inscritos.

4. Se ofrecerá necesariamente como prueba la declaración testimonial de no menos de tres ni más de seis personas, mayores de veinticinco años, sin perjuicio de los demás medios probatorios que se estime pertinentes.

5. Tratándose de deslinde se ofrecerá como prueba, además, la inspección judicial del predio.

Al emitir sentencia el Juez Civil del Cono Este, declara infundada la demanda, basado en “… no se advierte la existencia de errores o discrepancias entre las medidas perimétricas y el área a que se refiere el título inscrito, error en el título mismo, o que fluya un nuevo título otorgado por las partes contratantes, que modifique el área originalmente transferida; y por el contrario la incoada invoca como fundamento de su derecho, la constante posesión ejercida en el área sub-litis, por lo que la pretensión incoada no resulta amparable, en este proceso, por no ser la vida idónea para que pueda hacer valer el derecho real invocado; por lo que la incoada debe ser desestimada. (….) sobre el particular existe reiterada y uniforme jurisprudencia casatoria, como la que se glosa a continuación: “ las sentencias de mérito han establecido que existe un exceso de terreno a favor del accionante, que no es de su propiedad, por lo que la acción procedente no es la rectificación de área, sino la de prescripción adquisitiva”.

La sentencia, se convierte en injusta, pues al no haberse declarado fundado la demanda de rectificación y delimitación de áreas linderos y medidas perimétricas, la Asociación se ha visto perjudicada en el proceso de habilitación urbana, lo cual conlleva a la no instalación de los servicios de energía eléctrica, y obras de agua y desagüe para su colectivo social.

2.- SEGUNDO CASO

Una Asociación, convoca a un proceso eleccionario, en el cual concurren un total de 167 en la cual se obtiene como resultado de la votación el siguiente resultado:

Listas:

Nº 01

Nº 02

Votos a favor obtenidos lista 1 : 67 (sesenta y siete) votos

Votos a favor obtenidos lista 2 : 68 (sesenta y ocho) votos

Votos en Blanco : 01 votos

Votos Nulos : 01 votos

Votos Viciados : 00 votos

Total de votos emitidos : 137 votos

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS : 137 Votos

Ingresado el título para su inscripción Registral el Registrador procede a formular una TACHA SUSTANTIVA del título basado en lo siguiente:

“ Se advierte que el numero de votos emitidos a favor de la lista ganadora en la asamblea general, es inferior al quórum de adopción de acuerdos, exigido por el artículo 87 del C.C., por lo que este acuerdo resulta inválido, no pudiendo ser confirmado (art. 219 y art. 220 del CC), en consecuencia, no resulta procedente la inscripción del consejo directivo solicitado. Res. Del T.R. Nº 276-2001-ORLC/TR del 27.06.2001: “… el primer y segundo párrafo del art. 87 del Código Civil son imperativos, en el sentido que recogen quórum y mayorías mínimos para la instalación de la asamblea y la adopción de acuerdos..”

En este caso el Registrador establece una interpretación literal de la norma, pues al establecer que para la validez de los acuerdos de una asamblea se requiere el voto del 50% más uno de los asistentes, al adecuar en su calificación la naturaleza jurídica de un proceso eleccionario al de una asamblea general.

Al respecto existe jurisprudencia registral que establece que “ Cuando se trata de la elección de órganos de la Asociación no podrá exigirse que cada uno de los candidatos o listas que se presente obtenga más de la mitad de los votos de los concurrentes, debiendo entenderse que se ha obtenido la mayoría requerida cuando más de la mitad de los concurrentes vota a favor de la elección del órgano, sumándose a dicho efecto los votos que obtenga cada uno de los candidatos o listas que se presenten.” Res. Nº 291-2001-ORLC/TR-L del 02/07/01.

BILBIOGRAFIA

1. Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Gredos, Madrid, pag. 338

2. Luis Recasens Siches “Tratado General de Filosofía del derecho” Editorial Parrúa S.A. México. 1983, Pags. 627-665

3. Zagrebelsky, Gustavo. “ El Derecho Dúctil”, Ed. Trotta, Madrid, Pag. 133

4. Ricardo Guastini, Estudios de Teoría y Metateoría del Derecho, Edt. Gedisa pg. 212-235.

5. Mario Alzamora Valdez, Introducción a la ciencia del derecho. Edit.EDDILI, décima edición.

6. Julio César Cueto Rúa, Una Visión Realista del Derecho, Los Jueces y Abogados, Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires.

7. Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del derecho, 2da edición Edit. Astrea, Buenos Aires, 1993

8. Manuel Albaladejo, Derecho Civil I ; Introducción y parte general, Décimo Cuarta Edición, Edit. Jasé María Bosch Editor S.A.; Barcelona, 1,996.

9. Lic. Aida Aracelli Patiño Alvarez, Interpretación Judicial .- Antecedentes.