Leer Ensayo Completo Analisis De La Ley Del Abogado (Art 1 Al 31)

Analisis De La Ley Del Abogado (Art 1 Al 31)

Imprimir Documento!
Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 1.869.000+ documentos

Categoría: Temas Variados

Enviado por: Sandra75 17 junio 2011

Palabras: 6903 | Páginas: 28

...

|13 |

| Artículos 25, 26, 27…………………………………………………………… |14 |

| Artículos 28, 29………………………………………………………………. |15 |

|Título IV. Del Ejercicio Ilegal de la Profesión (Artículos 30 al 31)……………… |16 |

| Artículo 30……………………………………………………………………… |16 |

| Artículo 31……………………………………………………………………… |18 |

|CONCLUSIÓN…………………………………………………………………… |19 |

|REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA………………………………………………. |20 |

|ANEXOS…………………………………………………………………………. |21 |

INTRODUCCIÓN

La profesión del Abogado nos remite al ejercicio del Derecho, entendido como la recta ordenación de las relaciones sociales, mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos por la realidad histórica. Por lo tanto, mediante el ejercicio de la profesión, el abogado además de desempeñarse de manera óptima como asesor jurídico o abogado litigante en todos los procesos que requieran su intervención, debe generar cambios en el ámbito del derecho que respondan a un ejercicio profesional sustentable en el respeto a la persona, el bien común y la justicia así como aplicar un método analítico y valorativo en el estudio de los acontecimientos de interés jurídico y sus posibles soluciones.

El abogado en la sociedad tiene como función básica el aplicar en sus diferentes campos de trabajo, los criterios que surjan de la interpretación de las normas jurídicas. Analiza y asesora en forma verbal y escrita problemas civiles, mercantiles, penales, administrativos y laborales, redacta diferentes tipos de documentos tales como cartas de créditos, compra y venta de bienes muebles o inmuebles y contratos de trabajo, de obras, de arrendamiento o de cualquier otro tipo, preparan libelos de demandas y los introduce al tribunal respectivo.

Ahora bien, lo expuesto anteriormente además de otros aspectos referidos al ejercicio de la profesión del abogado está regulado en la Ley de Abogados y su Reglamento.

Respecto a la Ley de Abogados vigente, tenemos que fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.081 Extraordinario de fecha 23 de Enero de 1967. Está estructurada en VII Capítulos contentivos III Secciones y 93 artículos.

El objetivo de la presente investigación, es realizar un análisis de la Ley de Abogados, específicamente, desde el artículo 1 hasta el artículo 31, ambos inclusive.

ANÁLISIS DE LA LEY DE ABOGADOS

(Artículos 1 al 31)

Título I

Disposiciones Generales (Artículos 1 al 6)

Artículo 1

Al leer el artículo 1 de la Ley, podemos inferir que su objeto es regular la profesión de Abogado y su ejercicio; en concordancia con el Reglamento, los Reglamentos Internos y el Código de Ética Profesional correspondientes.

Artículo 2

El abogado en la sociedad tiene como función básica el aplicar en sus diferentes campos de trabajo, los criterios que surjan de la interpretación de las normas jurídicas; no con una misión de lucro, sino que, mediante el ejercicio de la profesión, además de desempeñarse de manera óptima como asesor jurídico o abogado litigante en todos los procesos que requieran su intervención, debe generar cambios en el ámbito del derecho que respondan a un ejercicio profesional sustentable en el respeto a la persona, el bien común y la justicia, así como aplicar un método analítico y valorativo en el estudio de los acontecimientos de interés jurídicos y sus posibles soluciones. Por tanto, se dispone en este artículo que las actividades del abogado, no serán gravadas con los impuestos que se aplican a las empresas y ejercicio de profesiones cuyo único fin es el lucro personal.

Por otra parte, el artículo 2 también permite pensar en el reconocimiento de la existencia de asociaciones de abogados o bufetes, este aunque es un tema no desarrollado, es reconocido por la normativa legal especial; en tal sentido el mismo Artículo 2 establece:

“Los despachos de abogados no podrán usar denominaciones comerciales, y sólo se distinguirán mediante el uso del nombre propio del abogado o de los abogados que ejercieren en él, de sus causantes, o de los que habiendo fallecido hubiesen ejercido en el mismo, previo consentimiento de sus herederos, y la calificación de bufete, escritorio o despacho de abogados.

También se permitirá una denominación impersonal cónsona con la dignidad de la profesión.”

Artículo 3

Se instaura mediante este artículo, como requisito indispensable ser abogado, para “comparecer por otro en juicio y evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar gestiones inherentes a la abogacía.” Se requiere además, que los representantes legales, no abogados, para comparecer en juicio a nombre de su(s) representado(s) deberán ser asistidos por un profesional del derecho. (Véase análisis al Artículo 6).

Artículo 4

Contempla este artículo el mandato de que en juicio, toda persona debe ser representada por un abogado en ejercicio. En caso contrario, el Juez hará la designación correspondiente; a los fines de garantizar un efectivo cumplimiento del debido proceso, a que tienen todos los ciudadanos.

Artículo 5

En protección de la profesión de abogado, defensa del efectivo funcionamiento del sistema judicial y garantizar el debido proceso al ciudadano común, por imperio de esta Ley, sólo abogados en ejercicio podrán actuar como representantes o asistentes de terceros. Esta es una disposición que deben hacer cumplir los Jueces, Registradores, Notarios y demás autoridades civiles políticas y administrativas; en cualquier ámbito: penal, civil, administrativo, laboral, etc. (Véase análisis al Artículo 6).

Artículo 6

Por mandato de la Ley de Abogados, se debe exigir la intervención de los abogados en toda materia de naturaleza jurídica; en tal sentido, tenemos que evidentemente de acuerdo con dicha Ley, es obligatorio que todo documento sometido a registro se encuentre redactado por abogado, sin que se admitan las excepciones de la Ley de Registro Público. Lo que se pretende con esta disposición, es que el ejercicio de la abogacía, no esté en manos inexpertas de quienes no tienen la preparación para desempeñarse en el área jurídica.

El equivalente al artículo bajo análisis en este aparte, es del siguiente tenor en el Artículo 3, de la Constitución de 1999; “Todo documento que se presente ante los registros y notarías, deberá ser redactado y tener el visto bueno de abogado debidamente colegiado y autorizado para el libre ejercicio profesional”.

Título II

Del Ejercicio de la Profesión de Abogado (Artículos 7 al 14)

Artículo 7

Desde el aspecto gremial la Constitución de 1999 señala en el artículo 105 que la Ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación.

Esta cita es importante porque desmiente aquello que no hay obligatoriedad de colegiación para los abogados; la Ley de Abogados, pese a ser anterior a la Constitución, no la contraría, por lo que está en plena vigencia y validez, ya que tiene su basamento en la Disposición Derogatoria Única.

En concordancia con el artículo 105 de la Constitución, la Ley, contempla en su artículo 7: “Quien haya obtenido el título de Abogado de la República… deberá inscribirse en un Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional”.

En resumen, se establece como requisito sine qua non, la obligación de inscribir el título en el Colegio de Abogados.

Artículo 8

Según este artículo, la solicitud de inscripción del título se formulará por escrito ante el Colegio respectivo, se acompañará de los recaudos señalados en el presente artículo y en el lapso indicado.

El contenido de los artículos 7 y 8, permiten determinar que para ejercer el Derecho, no basta con obtener el título de Abogado, sino que establece la obligatoriedad de inscribirse en el Colegio de Abogados respectivo y en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPRE).

Artículo 9

Respecto a la inscripción referida en el Artículo anterior, en caso de ser negada la solicitud o no se decidiere, el abogado podrá apelar por ante la Instancia competente, entiéndase Directorio de la Federación de Colegios de Abogados y si estos no deciden entonces recurrirá por ante la Corte Suprema de Justicia, ahora, Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 10

Las inscripciones preenunciadas, habilitan para el ejercicio y la actividad profesional en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículos 11 y 12

Estos artículos, definen el ámbito de aplicación de la Ley en estudio, ya que, el abogado, cualquiera sea el ámbito o función que desempeñe, está sometido a su cumplimiento. Es decir, la conducta regulada por la Ley comprende todo el desempeño profesional de un abogado, independientemente que ejerza como litigante, asesor, docente, funcionario público, juez, fiscal, árbitro, diputado, gerente legal, periodista, etcétera.

Por su parte, el artículo 12 determina quienes no pueden ejercer como abogados. Entre ellos se menciona: los ministros de culto, los militares en servicio activo, abogados diputados incorporados a la Cámara; entre otros. Definiéndose al mismo tiempo por qué no pueden ejercer libremente la profesión.

Artículo 13

Se deduce del artículo 13, la exigencia de un sentido de reciprocidad respecto al ejercicio de la profesión de abogados extranjeros en nuestro país; dicho artículo establece que “no se permitirá el ejercicio de la profesión a los abogados extranjeros, originarios de países en los cuales no se permita el ejercicio de dicha profesión u otra equivalente a los venezolanos”.

Artículo 14

El Ministerio de Justicia, ahora Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia, publicará el día 1º de Enero, un listado en la gaceta oficial, de los abogados que hayan registrado su título durante el año anterior.

Ahora bien, si un abogado no figura en el referido listado, y ha cumplido con todos los requisitos de Ley, puede ejercer sin problema alguno.

Título III

De los Deberes y Derechos de los Abogados (Artículos 15 al 29)

Artículo 15

Este artículo prescribe deberes de conducta al abogado; en tal sentido, determina, que: “El abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de la cultura y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción, y proceder con lealtad…”

Artículo 16

Este artículo ordena la obligatoriedad que tiene el abogado de aceptar las defensas de oficio; que la defensa sea de oficio no le impide exigir el pago de honorarios.

Artículo 17

Este artículo impone al abogado aceptar las defensas gratuitas cuando la persona es declarada pobre por los Tribunales.

Artículo 18

Literalmente establece: “Los abogados están obligados a cumplir los reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás decisiones de la Federación de Colegios de Abogados, de los Colegios en cuya jurisdicción ejerzan su profesión y del Instituto de Previsión Social del Abogado.”

Sobre este particular, debemos entender que la colegiación funge como un mecanismo regulatorio orientado a minimizar el riesgo inherente a la contratación de la actividad profesional del abogado; esto obedece a la necesidad de defensa del buen hacer profesional, para velar por el positivo de los abogados, corregir disciplinariamente sus faltas, y abusos que se cometan en ejercicio de la profesión; así como resolver conflictos que se susciten entre sí, asegura la independencia y las prerrogativas de la profesión y el lícito ejercicio de la misma.

Artículo 19

Se dispone que entre las funciones del abogado está la de presentar informes y conclusiones (por escrito) en cualquier causa. Realizar esta (s) diligencia (s) no requiere un poder especial; ni generará el cobro de honorarios, a menos que previamente haya sido acordado.

Artículo 20

Este artículo prevé el derecho que tiene el abobado de “publicitarse” como especialista en alguna(s) rama(s) del derecho (derecho internacional, derecho constitucional, etc.); siempre y cuando tenga la aprobación del Colegio de Abogados. (Véase análisis del artículo 18).

Artículo 21

Se considera, que con la finalidad de coadyuvar con el autofinanciamiento del Colegio de Abogados y del INPRE; contempla en este artículo el deber que tienen los abogados de cancelar oportunamente sus obligaciones para con el Colegio y el INPRE; de tal manera que constituye un requisito sine qua non estar solventes con estas organizaciones a la hora de presentar en la taquilla del Colegio un documento para el correspondiente visado, sin el cual no podrá ser tramitado.

Artículo 22

Con respecto a los honorarios profesionales, este artículo, señala que el abogado tiene derecho a percibir unos honorarios en el ejercicio de esta profesión.

Establece al mismo tiempo que, cuando exista inconformidad entre abogados y clientes en cuanto al monto de los honorarios, la controversia se resolverá por la vía de juicio breve y ante el Tribunal Civil competente. Es importante agregar, que la parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de contestación de la demanda (Artículos 881 al 894 del Código del Procedimiento Civil).

El artículo 22 dispone literalmente lo siguiente: “La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del Abogado será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el articulo 386 del Código de Procedimiento Civil...”

Se observa en el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales dos etapas: 1- La fase declarativa donde se dictamina la procedencia o no del derecho a cobrar honorarios y 2.- La fase ejecutiva que comienza con la sentencia definitiva firme que declara procedente el derecho a cobrar honorarios. En esta fase tiene lugar el trámite del derecho de retasa que consagra el artículo 25 de la Ley de Abogados.

Artículos 23 al 29

Se considera oportuno antes de continuar con el análisis de los Artículos indicados, definir qué son costas y comentar brevemente su naturaleza jurídica; a los fines de facilitar su explicación.

En el derecho venezolano, como en el resto de los otros países, no existe una definición de costas, en vez de enunciarlo, lo que suele hacerse es dotarlo de un contenido específico en cada época y cada ordenamiento jurídico.

Concepto jurisprudencial. Ante la ausencia de norma expresa en la legislación venezolana que defina las costas, el Tribunal Supremo de Justicia y los diversos Tribunales de Instancias han formulado un concepto de costas en sus sentencias, apuntando así algunas líneas definidoras, aunque no siempre en una sola dirección, o en un solo sentido. Los Tribunales Patrios han delineado el concepto de costas, en atención a las conclusiones que se derivan de sus fallos;

Las sentencias que asimilan las costas a los gastos pura y simplemente, según las cuales:

a) Las costas comprenden todos los gastos efectuados en las diferentes etapas del proceso civil. (Sentencia N° 466 de la Sala De Casación Civil de la extinta Corte Suprema De Justicia de fecha 25 de octubre de 1995, en el caso J.E Estrada Mirabal vs Trefilca, C.A)

b) Las costas consisten en todos aquellos gastos ocasionados por la actividad directa de las partes dentro del proceso, ya sean hechos por ellas mismas o por intermedio de otra persona a nombre de estas, y la cual es el titulo constitutivo para exigir el pago de las costas (Sentencia N° 236 de la Sala De Casación Civil de la extinta Corte Suprema De Justicia de fecha 21 de junio de 1995, en el caso N. León Pérez y otros vs. Tomas Graells).

c) Las costas son todos los gastos hechos por las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales, bien sean los señalados en la ley, así como todos los demás gastos diversos hechos en el proceso y con ocasión de él, desde que se inicia hasta su completo termino siempre que consten en el expediente respectivo (Sentencia del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 1 de junio de 1995, Expediente N° 3018, en el caso de Banco Latino, C.A y Otros)

Las sentencias que consideran las costas como indemnización o reparación de gastos, según las cuales;

a) Se entiende por costas la indemnización debida al vencedor en el proceso, por los gastos que le ha ocasionado el vencido al obligarlo a litigar (Sentencia de la sala de casación civil de la extinta corte suprema de justicia de fecha 18 de mayo de 1992, en el caso C. Laner del Monte vs. Banco provincial S.A.I.C.A).

b) Las costas están constituidas por aquella indemnización que el vencido debe satisfacer al vencedor, por todos los gastos hechos en la litis y no los gatos extraños o superfluos (Sentencia de la sala de casación civil de la extinta corte suprema de justicia de fecha 21 de junio de 1989, en el caso Inversiones Hami, C.A vs. Inversiones Vivaldi, C.A).

Naturaleza jurídica. Se han situado las costas procesales en la parte relativa al estudio de las partes, o, tras analizar el desarrollo del proceso hasta su culminación, junto al beneficio de la justicia gratuita y en la parte pertinente a la sentencia, con la distinción entre sus efectos jurídicos (cosa juzgada) y económico (costas).

El estudio de las costas se enfoca en la condena, mientras la necesidad de asumir su pago durante el desarrollo del proceso recibe una mínima atención, la importancia otorgada al pago y al reembolso de las costas se observa también en el código de procedimiento civil, el cual no existe un precepto que de forma expresa obligue a las partes al pago de dichas costas, solo de manera excepcional, en determinados supuestos, el Código Procesal Civil dispone que un determinado tramite se llevara a cabo "a costa del interesado", señalando por tanto a quien corresponde el pago durante la tramitación, como en los artículos 592, 629 y 902 ejusdem

En primer lugar, desde el inicio del proceso y durante su tramitación cada una de las partes asume las costas derivadas de los distintos actos procesales en que esta interesada. Con posterioridad, como principio general, la parte totalmente vencida debe restituir al litigante contrario las costas del proceso habido entre ambos.

Considerando lo antes planteado, procederemos con el estudio de los Artículos subsiguientes de la Ley de Abogados.

Artículo 23.

Este artículo dispone: "Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta ley”.

Entendemos por la Intimación, entonces, la solicitud mediante la cual el abogado requiere el pago de sus honorarios de acuerdo la estimación que haya hecho.

Este texto jurídico no tiene otro objeto que no sea el de que, por su efecto, el abogado esté dotado de una acción personal y directa contra el condenado en costas para hacer efectivo el derecho a ser retribuido por la prestación de sus servicios.

En esta forma, aunque desde un punto de vista formal, las costas pertenecen a la parte, el verdadero y legítimo titular, desde un punto de vista sustancial del derecho a cobrar honorarios, es el abogado que los ha devengado a medida que han ido realizando los correspondientes trabajos judiciales.

Se puede agregar, que lo que se trata es de impedir que el litigante vencedor perciba directamente lo debido por costas y que en rigor pertenece a los profesionales.

Artículo 24.

Para comprender el alcance de este artículo, conviene indicar, que hay dos formas de hacer la tasación de las costas (exceptuando los honorarios): una, por medio de la Secretaría del tribunal, de acuerdo con el Artículo 31 de la Ley de Arancel Judicial; y otra, por la propia parte, que en su escrito o solicitud de intimación pormenoriza las diferentes partidas de costas y sus montos.

Pero, en todo caso, esa tasación no es definitiva ni vinculante para la deudora, quien tiene el derecho de objetarla por cualquiera de los motivos que indica el Artículo 32 de la Ley de Arancel Judicial, esto es, por errores materiales, por haber sido liquidadas en desacuerdo con el arancel, por la improcedencia de ciertas partidas, o por cualquier otra causa conducente.

En cambio, la tasación de los honorarios de abogado la hace el mismo profesional. La Ley de Abogados permite, de acuerdo con el artículo en comento, que a los efectos de la condenatoria en costas, los abogados puedan anotar al margen de todo escrito o diligencia, pormenorizadamente, el valor en que estimen la actuación profesional y, en su defecto, lo harán en escrito dirigido al tribunal para ser anexado al expediente respectivo. En todo caso, la parte condenada en costas podrá pedir re tasa de la cantidad que estime o haya cobrado el abogado de la parte contraria.

Artículos 25, 26 y 27

Para el análisis expedito de estos artículos, se considera procedente determinar, qué entendemos por retasa.

La retasa es la impugnación de la estimación de honorarios que hace la parte condenada en costas por considerarlos exagerados. De acuerdo con el Artículo 25 de la Ley de Abogados: “Es un derecho de la parte condenada en costas que debe ser ejercido dentro de los diez días hábiles siguientes a su intimación”.

La retasa es obligatoria, conforme al Artículo 26 de la Ley de Abogados, para quienes representen en juicio a personas morales de carácter público, derechos o intereses de menores, entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes. En estos casos a falta de la solicitud, el tribunal debe acordarla de oficio.

Cabe destacar, que si el Artículo 286 del Código Procesal Civil, la exime a la parte condenada de pagar por honorarios de los abogados de la contraria, lo que exceda del 30% del valor de lo litigado; el Artículo 27 de la Ley de Abogados, le concede al Abogado, el derecho de retasa para hacer fijar por el tribunal repasador el monto justo de dichos honorarios.

Se trata, pues; de la fijación del quantum, pero no de la decisión acerca de si existe o no el derecho de cobrar los honorarios, porque ésta es cuestión que corresponde decidir al tribunal que conoció de la causa en primera instancia.

El tribunal retasador se integra con el juez de la causa, asociado con dos abogados que las partes designan en la oportunidad que para tal efecto se fije conforme al mismo Artículo 27 de la Ley de Abogados.

Artículos 28 y 29

El contenido de estos artículos, está referido al nombramiento de los retasadores por las partes o por el Juez, y la prestación de juramento; así como la forma en que serán designados los retasadores en caso de que alguno(so) no compareciése(n) oportunamente. Hay que destacar el hecho de que la Ley de Abogados, es clara en este artículo al ordenar establecer, que “Los honorarios de los retasadores los pagará la parte interesada cuyo monto determinará el Tribunal prudencialmente, fijando fecha para su consignación”.

También se indica en este artículo que si la retasa no se produce oportunamente, se “se entenderá renunciado el derecho de retasa, salvo lo dispuesto en el artículo 26”. ¿Que dispone el artículo 26?, pues que la retasa es de carácter obligatorio, y si esta no se produce, entonces el Tribunal puede proceder a acordarla de oficio.

En línea con esto último y, por mandato del artículo 29 de la Ley de Abogados, el Tribunal retasador se puede constituir en el mismo acto de la consignación de los emolumentos. Habrça que esperar 8 días hábiles a partir de dicha constitución del Tribunal para que como un Tribunal Colegiado dicte la decisión.

Título IV

Del Ejercicio Ilegal de la Profesión (Artículos 30 al 31)

Artículo 30

Este artículo contempla cuáles son las situaciones que se consideran como ejercicio ilegal de la profesión de abogado.

El aparte 1 establece que:

Quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogados, se atribuyan ese carácter, ostenten placas, insignias, emblemas o membretes de tal, o quienes realicen los actos o gestiones reservados a los abogados en los artículos 8° y 6° de esta Ley, salvo las excepciones legales.

Como ejemplo, se transcribe a continuación, parte del pronunciamiento de un Tribunal. Se trata de una Acción intentada por ante el Juzgado Primero de los Municipios Maturín, Aguasay, Santa Bárbara y Ezequiel Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Motivo: Resolución de Contrato de Arrendamiento.

De la revisión pormenorizada de las actuaciones concernientes en cuanto la Falta de Cualidad del ciudadano …para otorgar el poder a nombre de sus representadas ciudadanas …por el ejercicio ilegal de la profesión de abogados este Tribunal considera menester pronunciarse al respecto: La materia de la cualidad de las partes reviste un carácter de eminente orden público, lo que hace indispensable su revisión por parte del Juez que conoce de la Causa, en aras de garantizar una sana y correcta administración de justicia, de las probanzas aportadas por el aquí demandado, ciudadano …en relación a la falta de cualidad por parte del ciudadano …para otorgarle poder a la abogado ….para intentar la presente demanda, siendo así y entendido que el mencionado ciudadano no tenia la cualidad que se atribuye, es decir, la representación de apoderado de las ciudadanas ...por cuanto se evidencia del poder que corre inserto a los autos, que el mencionado ciudadano se anuncia y se identifica como abogado, no siéndolo, demostración ésta que consta de la constancia emanada del Instituto de Previsión del Abogado…donde claramente especifica que el Inpreabogado, con que se identifica el ciudadano …estar inscrito, no le pertenece ni ese ni otro número de Inpreabogado pues éste no aparece colegiado en dicha Institución, y por considerar este Tribunal que el órgano que expide dicha constancia es el facultado para hacerlo por ser una Institución Pública, tiene como cierto la constancia en referencia, y demostrada como ha sido la falta de cualidad o legitimación ad causam, así como la idoneidad de la persona del ciudadano …para actuar en juicio, como titular de la acción, en aspecto activo pasivo, lo que es suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito acerca del asunto controvertido, resultaría forzoso declarar que el ciudadano… tiene cualidad para otorgar poder a nombre de las ciudadanas … pues quedo ampliamente suficiente que éste ha ejercicio ilegalmente la profesión de abogado, tal y como lo establece el articulo 30 0rdinal 1° de la Ley de Abogados…

Resumiendo, el ejercicio ilegal de la profesión de abogado por parte de un ciudadano, trajo como consecuencia que no prosperara la acción. El Tribunal consideró innecesario analizar todas las pruebas promovidas y evacuadas, en virtud de ello, con apego al ordenamiento jurídico vigente, se declaró sin lugar la acción.

Este ejemplo de ejercicio ilegal de la profesión puede leerse completo en el Anexo Nº 2 de el presente trabajo.

Cabe destacar, que no solo incurren en ejercicio ilegal de la profesión de abogado, “quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogado…”; también cometen dicho ilícito, aquellos que siendo abogados no han cumplido con el trámite correspondiente para ejercer la profesión.

En este orden de ideas, es clara la Ley cuando prescribe que ejercen ilegalmente la profesión de abogados, de acuerdo con el aparte 2 de este artículo: “Quienes habiendo obtenido el Título de Abogado de la República, realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión o se encuentren impedidos de ejercerla conforme al artículo 12”

También se considera ejercicio ilegal de la profesión de abogado las actuaciones de:

3. Quienes habiendo sido sancionados con la suspensión del ejercicio profesional ejerzan durante el tiempo de la suspensión.

4. Los abogados que presten su concurso profesional, encubran o amparen a personas naturales o jurídicas u oficinas que realicen actos de ejercicio ilegal de la profesión.

5. Quienes establezcan, representen o regenten oficinas, firmas o sociedades destinadas a cobro, ya directamente o haciéndose habitualmente cesionarios, endosatarios, acreedores o tenedores de la deuda, cualquiera que ella fuere.

6. Los que ejerzan su profesión contrariando lo dispuesto en esta Ley y en general la normativa legal que regula el ejercicio profesional del abogado.

7. Quienes ejerzan un cargo público para el cual se requiera el título de abogado y no estén inscritos en un Colegio de Abogados, o incorporados al del lugar, según el caso, o cuando no cumplan las obligaciones que les Impone esta Ley.

Artículo 31

En este artículo se establece lo que deberá hacer el Tribunal Disciplinario cuando se incurre en ejercicio ilegal de la profesión de abogado.

CONCLUSIÓN

El Abogado se puede definir como un profesional servidor del Derecho y colaborador de la justicia, que tiene por misión fundamental ser consejero, defensor y representante de las personas que le confían sus asuntos de índole jurídica.

La abogacía tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y la consolidación del Estado Constitucional de Derecho y la justicia. La probidad e integridad de la conducta del abogado, cualquiera fuere el ámbito en el que se desempeñe, es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y la vida en sociedad.

El abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país. Por ello, debe respetar la función de la autoridad y ejercer el Derecho, cualquiera fuere el ámbito en que se desempeñe, con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. El análisis crítico de las decisiones de la autoridad es un medio válido para defender los intereses del cliente y el Estado Constitucional de Derecho.

Así mismo, debe obedecer la ley, y no inducir a otros a que la infrinjan, ni aconsejar actos ilegales. Debe promover la confianza del público en que la justicia puede alcanzarse con el cumplimiento de las reglas del Estado Constitucional de Derecho.

Por último, Podemos interpretar, en función del análisis realizado a la Ley en estudio, que a los Colegios de Abogados y sus respectivos órganos les ha sido otorgada la misión de representar la profesión, de organizarla y de asegurar su disciplina. En este sentido, los mismos desarrollan una serie de actividades que se traducen en general, en Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Ley de Abogados. Publicado en la Gaceta Oficial N° 1.081 del 23 de enero de 1967

http://www.monografias.com/trabajos58/costas/costas2.shtml