Leer Ensayo Completo Aplicacion Del D.U 037-94. Analisis Desde La Optica Del Sector Salud

Aplicacion Del D.U 037-94. Analisis Desde La Optica Del Sector Salud

Imprimir Documento!
Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 1.870.000+ documentos

Categoría: Temas Variados

Enviado por: Rebecca 19 mayo 2011

Palabras: 5753 | Páginas: 24

...

su intención el compensar factores externos distintos a su cargo, como por ejemplo, su antigüedad, el costo de vida, etc. Ambos criterios son manejables.

En el Perú, este tipo de remuneraciones complementarias, anexas al sueldo o remuneración se han otorgado y se otorgan tanto en la actividad laboral privada como en la pública. En la actividad laboral privada por ejemplo, y esto lo conocen los trabajadores obreros y empleados sujetos al régimen de la actividad privada, fue muy conocida la Bonificación por Tiempo de Servicios regulada por el Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, que se abonaba a los trabajadores obreros o empleados, hombres y mujeres, con una sobretasa del 30% y 25% sobre su remuneración mensual cuando cumplían 30 años de servicios en el caso del hombre y 25 años de servicios en el caso de la mujer, siempre que los servicios se hubiesen prestado al mismo empleador. Resulta conveniente señalar que aún cuando en la actualidad este beneficio ya no existe pues fue derogado por la Ley Nº 26513, continúan asimilando su disfrute quienes al 28 de julio de 1995 hubiesen alcanzado el derecho a ella.

En lo que respecta al sector laboral público, pese a que al amparo del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de la Carrera Administrativa y de otras normas administrativas, se han hecho entregas de bonificaciones diversas, entre ellas la Bonificación Personal, la Bonificación Familiar y la Bonificación Diferencial, ésta última no aplicable a funcionarios, sin embargo han sido dos las que, en cierto modo, se hicieron “famosas” pero también “incómodas” por su repercusión en el conglomerado de los servidores públicos no sólo activos sino cesantes, dada la connotación que alcanzaron. Ellas son : La Bonificación Especial otorgada mediante el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM y la Bonificación Especial otorgada por el Decreto de Urgencia Nº 037-94, ambas bonificaciones, de carácter permanente, es decir, susceptibles de merecer trato remunerativo; pero que se convirtieron en normas un tanto incómodas en la medida que, a su vigencia, entraron en aparente contradicción una con la otra, conflicto que solo después de algunos años en los que ambas fueron sometidas a cuestionamientos que culminaron con el análisis interpretativo judicial que fue materia de la SENTENCIA recaída en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, fruto a su vez del sinnúmero de demandas judiciales que se interpusieron, acabaron en consenso para bien del general los trabajadores con derecho a ellas.

La Bonificación Especial dada mediante el Decreto supremo Nº 019-94-PCM, se otorgó a partir del 1º de Abril de 1994, mientras que la BONIFICACION ESPECIAL expeditada por el Decreto de Urgencia Nº 037-94, se otorgó a partir del 1º de Julio del mismo año, es decir, a tres meses de expedida la primera. Ambas bonificaciones si bien estuvieron dirigidas a la administración pública, tuvieron ámbitos de comprensión distintos una de otra, asimilando a un determinado segmento de trabajadores y excluyendo a otros y viceversa, y se distinguieron fundamentalmente por que una otorgaba mejores ventajas económicas que la otra. En este orden de ideas, la primera advertencia que se tuvo al momento de entra en vigencia la segunda de ellas, es que el trabajador beneficiado con el otorgamiento de la Bonificación Especial prevista en el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, ya no tenía acceso a gozar a su vez de la Bonificación Especial consignada en el Decreto de Urgencia Nº 037-94; ese fue el criterio inicial del legislador.

Así, la Primera Bonificación Especial, reitero, que se otorgó mediante el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM a partir del 1º de abril de 1994, fue dirigido con especial énfasis a los sectores de SALUD y EDUCACION, de modo tal que comprendió en sus alcances a los profesionales de la salud, docentes de la carrera del magisterio nacional, trabajadores asistenciales y administrativos de los Ministerios de Salud y Educación y sus instituciones Públicas Descentralizadas y además a personal de Sociedades de Beneficencia Pública, Unión de Obras de Asistencia Social y de los Programas de Salud y Educación de los Gobiernos Regionales; habiéndose asignado para el caso del Personal administrativo y asistencial una bonificación de Noventa y 00/100 Nuevos Soles (S/. 90.00) que, como es obvio, debió verse reflejado en las correspondientes boletas de pago de los servidores afectos a partir de 1ª de abril de 1994. Por su parte, el ámbito de comprensión de la segunda Bonificación Especial, reitero, dada tres meses después, mediante el Decreto de Urgencia Nº 037-94, y otorgada a partir del 1º de Julio de 1994, se circunscribió a los servidores activos y jubilados de todo el ámbito de la administración pública ubicados en los niveles F-2, F-1, Profesionales, Técnicos, Auxiliares y personal comprendido en la Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, norma anterior con que se habían reglamentado los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el Marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Unico de Remuneraciones y Bonificaciones, de acuerdo a un cuadro anexo.

Al respecto, la primera apreciación general que pudo advertirse es que, estando dirigido el Decreto Supremo Nº 037-94, a los servidores de la administración pública, se estima también que en cierta manera debería posibilitar la inclusión de los servidores pertenecientes a los sectores de salud y educación dentro de sus alcances, empero, no obstante su campo de comprensión, si algo quedó claro en el dispositivo legal es su regla especial, constituida por el INCISO “C” del ARTICULO 7ª, a través de la cual se dispuso la EXCLUSION de los servidores públicos activos y cesantes que hubieran recibido aumentos con la Bonificación Especial señalada por el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, dentro de los que se encontraban, reitero, incluidos los servidores públicos administrativos, activos y cesante de los sectores de Salud y Educación, como en efecto había sucedido. Este fue el quid del problema.

Esta situación de aparente incoherencia de incluir por un lado y excluir por otro lado, a un determinado segmento de trabajadores no obstante estar dirigido el beneficio de la bonificación especial al grueso de servidores de la administración pública y pese a que todos los potenciales beneficiarios provenían también de la administración pública, lo que en la práctica suponía una suerte de discriminación pues permitía que unos trabajadores tuviesen más beneficios económicos que otros, originó como era de suponer una serie de reclamaciones promovidas fundamentalmente por los trabajadores de los sectores de salud y educación, quienes al fin y al cabo eran los directamente perjudicados con la exclusión al derecho de percibir la bonificación especial prevista por el D. Nº 037-94. Consecuencia de ello, los servidores, mayoritariamente de estos dos grandes sectores, interpusieron diversas acciones constitucionales con la finalidad de que se les otorgasen las bonificaciones especiales establecidas mediante el Decreto de Urgencia Nº 037-94, dando lugar a que el Tribunal Constitucional inicialmente se pronunciara teniendo en cuenta diversos criterios, fallando en función de cada caso concreto, empero creando confusión y dando lugar a fallos contradictorios. En este orden de ideas, si algo caracterizó a este período inicial en el que se plantearon las primeras reclamaciones judiciales, es que la constante estuvo dada por los fallos contradictorios del órgano jurisdiccional, y esa fue al parecer, la razón del porqué algunas demandas fueron declaradas infundadas o improcedentes no obstante tener derecho el demandante y, contrariamente otras se vieron favorecidas indebidamente. Pese a ello, algunas acciones de cumplimiento promovidas por cesantes y pensionistas en forma individual obtuvieron resultados favorables.

Pues bien, ante el caos que se originaba por las sentencias contradictorias que, en ciertos casos amparaban o denegaban las pretensiones individuales de cesantes y pensionistas de los sectores de salud y educación, se expidieron resoluciones ordenando la sustitución del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM por el Decreto de Urgencia Nº 037-94, así como el reconocimiento del pago de devengados; sin embargo es recién a partir de la emisión de dos SENTENCIAS expedidas por el Tribunal Constitucional en el año 2005, que el oscuro y sombrío panorama para los trabajadores reclamantes del gran sector público pareció esclarecerse, empero con notoria desventaja para el grueso del sector de trabajadores reclamantes del sector salud a quienes se les denominó ESCALAFONADOS, cliché que bastaría para en adelante regular su exclusión como beneficiarios, tan igual que sucedería luego con los trabajadores asistenciales y administrativos del mismo sector, también excluidos, como veremos más adelante.

En efecto a partir de la emisión de las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes N° 3542-2004-AA/TC y N° 2616-2004- AC/TC-AMAZONAS, entre otras, el Pleno del Tribunal Constitucional no hizo sino trazar una reseña sobre los criterios que fueron manejándose en torno al pago de la Bonificación Especial que otorga el Decreto de Urgencia N° 037-94; al final de cuentas esta reseña se convirtió en regla general para efectos de determinación de la correspondencia o no del beneficio de la Bonificación Especial a partir de la fecha de expedición de dicha sentencia hacia adelante. Así por ejemplo y dejando a salvo nuestra opinión muy particular que con la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional en la aludida sentencia, se perjudicó el derecho de un determinado sector de trabajadores (en exclusivo, el del Sector Salud), para dicho órgano jurisdiccional sin embargo, este beneficio ha venido generando una evolución en su interpretación, cada vez más favorable al trabajador, para la percepción del beneficio, siendo verificable la secuencia por tres etapas de interpretación sobre los beneficiarios :

• En un primer momento se consideró que el Decreto de Urgencia N° 037-94 no podía ser aplicado a ningún servidor administrativo, ACTIVO O CESANTE, que ya percibía el aumento señalado en el Decreto Supremo N° 019-94-PCM, conforme lo señala el propio Decreto de Urgencia en su Artículo Nº 7. Este primer criterio fue fijado en el Expediente N° 3654-2004-AA/TC.

• En un segundo momento el Tribunal Constitucional estimó que la Bonificación Especial prevista por el Decreto de Urgencia N° 037-94, sólo era aplicable para aquellos servidores que hubieran alcanzado el nivel directivo o jefatural de la Escala N° 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, puesto que era la propia condición de la norma para no colisionar con la bonificación dispuesta por el Decreto Supremo N° 019-94-PCM. Este segundo criterio fue fijado en el Expediente N° 3149-2003-AA/TC.

• El último momento responde a una interpretación más favorable al trabajador, pues se estima que debido a que los montos de la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94 son superiores y mayores a los fijados por el Decreto Supremo N° 019-94-PCM, correspondía que sea la bonificación mayor y más beneficiosa la que se otorgue a todos los servidores públicos, incluyéndose a aquéllos que venían percibiendo la bonificación del Decreto Supremo N° 019-94-PCM, disponiéndose al efecto que se proceda a descontar el monto otorgado por la aplicación de la norma mencionada. Este tercer y actual criterio fue fijado en los Expedientes N° 3542-2004-AA/TC y 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS.

ANALISIS DE LA SENTENCIA RECAIDA EN EL

EXPEDIENTE Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS

Como se ha referido, mediante la sentencia del tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, el Tribunal Constitucional no sólo unificó los distintos criterios en materia de regulación de percepción de la Bonificación Especial dispuesta por el Decreto de Urgencia Nº 037- 94, optando a su vez, por la interpretación más favorable al trabajador, sino lo más importante, dispuso que los fundamentos de esta sentencia, la misma sentencia constituya precedente vinculante y de observancia obligatoria, conforme a lo dispuesto en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional para la delimitación de derechos derivados del Decreto de Urgencia Nº 037. En consecuencia, a partir de esa sentencia y dado su carácter de PRECEDENTE VINCULANTE, en teoría se eliminaron del ordenamiento jurídico normas contrarias y por tanto criterios que limitaban el acceso de de los trabajadores con derecho a percibir la bonificación especial en tanto cumplan con los requisitos de ley.

Pues bien, convertida la sentencia en precedente vinculante, ¿En que debería favorecer tal declaración a los trabajadores del sector salud con expectativas de ser reconocidos como potenciales acreedores de la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94? Previamente, conviene saber que la connotación que alcanza un precedente constitucional es que se convierte en la regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general, deviniendo en parámetro normativo con efecto “erga omnes”, tal y como lo ha hecho en el caso de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS. Se estima en este contexto que todos los demás casos de pretensiones exactamente similares formuladas por los trabajadores con derecho no sólo sean amparadas sino que lo sean sin demora, sin dilación alguna, porque ya no hay nada que analizar, caso en el cual funcionaría su calidad de observancia obligatoria. Empero, tal observancia obligatoria para los demandantes del sector salud resultó más que fatal pues, estatuida la sentencia del tribunal Constitucional en fuente de derecho y vinculante a todos los poderes del Estado, las pretensiones de los trabajadores asistenciales y administrativos del sector salud resultaron intrascendentes.

Acorde a lo expuesto, si la SENTENCIA recaída en el EXPEDIENTE Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, es la que ha definido las reglas de juego respecto de determinar o no la percepción de la Bonificación Especial prevista por el Decreto de Urgencia Nº 037-94, ¿Cuál es el ámbito de comprensión del Decreto de Urgencia Nº 037-94 a partir de la expedición de dicha sentencia? ¿A que trabajadores cesantes o activos corresponde la percepción de la Bonificación Especial a partir de esa sentencia? En principio, hay que señalar que la aludida sentencia se sustenta en dos fundamentos para definir la percepción o no del derecho : Los FUNDAMENTOS Nº 10 y Nº 11, que en específico refieren a qué trabajadores, activos o cesantes, comprende y a que trabajadores, activos o cesantes, excluye.

Respecto a que servidores, activos o cesantes, incluye en los beneficios, la respuesta nos la da el FUNDAMENTO Nº 10 de la referida sentencia del Tribunal Constitucional. Precisa por tanto que les corresponde el otorgamiento de la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, a los trabajadores :

- Que se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2, es decir los comprendidos en la ESCALA Nº 1.

- Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los profesionales, es decir los comprendidos en la ESCALA Nº 7.

- Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los técnicos, es decir los comprendidos en la ESCALA Nº 8.

- Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los Auxiliares, es decir los comprendidos en la ESCALA Nº 9.

- Que ocupen el nivel remunerativo en la Escala Nº 11, siempre que desempeñen cargos directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según Decreto de Urgencia Nº 037-94.

Si bien la delimitación de quienes aparecen como servidores beneficiarios de la Bonificación Especial a partir de la sentencia que constituye el marco legal de referencia, aparece viable para el general de servidores de la administración pública, no lo es sin embargo para un sector específico de ellos, particularmente, los trabajadores, activos y cesantes, del sector Salud que, contrariamente a ser favorecidos, en cierto modo han visto tergiversada y cuestionada su situación legal como producto de las conclusiones que se han dado en la propia sentencia. ¿Cómo así..? En efecto, aún cuando la situación es en cierto modo permisible para los servidores del sector salud agrupados sobretodo en los cargos Jefaturales F-1 y F-2, del Nivel I, la dificultad se presenta al momento de regular el estatus tanto de los servidores administrativos que, conforme a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional, se encuentran ESCALAFONADOS y que por tal motivo pertenecen a una escala distinta, como es la ESCALA 10, como a los técnicos y auxiliares, es decir, personal asistencial, que también ha sido excluido del ámbito de comprensión de la Bonificación Especial como veremos más adelante.

En este contexto, es factible indicar que si bien el Tribunal Constitucional corrigió con acierto la exclusión discriminatoria que impedía percibir la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, a quienes anteladamente ya percibían la Bonificación Especial del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, sin embargo somos de la opinión que se equivocó al sancionar, primero, en su FUNDAMENTO Nº 11, la exclusión de los servidores administrativos del sector salud de percibir la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, por encontrarse escalafonados y pertenecer a una escala distinta como es la Escala Nº 10 y se equivocó también en su FUNDAMENTO Nº 9, que también funciona como fundamento de exclusión, al excluir a los técnicos y asistenciales del mismo sector, por la misma razón de estar escalafonados. Por cierto, a tenor de lo dispuesto en dicho Fundamento, NO se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-94, los TECNICOS y AUXILIARES del Sector Salud, que en todo caso si resultan comprendidos en la percepción de la bonificación especial dispuesta por el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM. El error, criticable a todas luces, parece venir del hecho que a los servidores del sector salud, desde el inicio del proceso de aplicación del Sistema Unico de remuneraciones, Bonificaciones y Pensiones de Servidores del Estado, se les estableció una Escala diferenciada, que a la fecha ha sido superada pues, en la práctica, los trabajadores de este Sector no se encuentran escalafonados.

Respecto de quienes NO están comprendidos, la exclusión de trabajadores está dada por el FUNDAMENTO Nº 11 de la misma sentencia, a mérito del cual no se consideran a los servidores públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, como son :

- La ESCALA Nº 2, de los Magistrados del Poder Judicial.

- La ESCALA Nº 3, de los Diplomáticos

- La ESCALA Nº 4, de los Docentes Universitarios

- La ESCALA Nº 5, del Profesorado.

- La ESCALA Nº 6, de los Profesionales de la Salud.

- La ESCALA Nº 10, de los Escalafonados del Sector Salud.

Como es de verse, la exclusión que conlleva este FUNDAMENTO Nº 10 no admite duda respecto al tratamiento que reciben los servidores regulados por sus respectivas leyes de carrera, sin embargo también es factible poder adicionar otras exclusiones de trabajadores como hemos manifestados líneas arriba, dadas al amparo del FUNDAMENTO Nº 9 por el cual se encuentran comprendidos en los alcances del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, entre otros, los trabajadores asistenciales y administrativos ubicados en las Escalas Remunerativas Nº 8 y Nº 9, es decir, los técnicos y auxiliares del Ministerio de Salud que de este modo ya no pueden tener acceso al Decreto de Urgencia Nº 037-94, no así, los técnicos y auxiliares de otros sectores como el de educación, sociedades de beneficencia entre otros, que también estaban cubiertos por esta limitación de estar inmersos en la Escalas Nº 8 y 9ª del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, pese a esta exclusión posteriormente constituyeron la excepción a la regla por “ no estar escalafonados”. La aplicación por tanto de estos dos fundamentos (Nº 10 y Nº 9) de la SENTENCIA del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, ha constituido el derrotero que han seguidos las sentencias expedidas en última instancia por las Salas De Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema al resolver los Recursos de Casación formulados por un sinnúmero de servidores activos y cesantes. En este mismo sentido además y recogiendo el carácter vinculante de la referida SENTENCIA, se han pronunciado y continúan pronunciándose las autoridades administrativas de distinto nivel del Sector Salud, que en agotamiento de la vía administrativa, expiden resoluciones declarando INFUNDADOS o IMPROCEDENTES los recursos de apelación que se planteen al respecto.

Pero, analicemos porque se consolida la exclusión casi exclusiva de un gran flujo de servidores administrativos del sector salud con más detalle. Teniendo en cuenta lo expuesto como fundamento en los fallos jurisprudenciales que han dictado tanto el Tribunal Constitucional como la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema resolviendo procesos de CUMPLIMIENTO o CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, según sea el caso, el común denominador es que el sustento se centra única y exclusivamente en el CONSIDERANDO Nº 11 de la SENTENCIA del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, lo que sugiere revisar a su vez, que es lo que sirvió de sustento técnico y legal a esta sentencia. Y ahí encontramos que, el criterio al que arribó el Pleno del Tribunal Constitucional que expidió la SENTENCIA 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, fue consecuencia de la CONCORDANCIA que se hizo de la interpretación tanto de la aplicación del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, del Decreto de Urgencia Nº 037-94, como del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, dispositivo al que éste último se remitía. Esta concordancia que podemos entender como la técnica jurídica utilizada para aclarar o completar el sentido de una norma principal con el cruce, comparación y análisis de otra normas, conllevó a un análisis producto del cual el Pleno del Tribunal Constitucional llegó a establecer que si bien la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, estaba dirigida a los servidores de la administración pública ubicados en los niveles F-2, F-1, profesionales, administrativos, técnicos y auxiliares, lo era única y exclusivamente para aquellos F-2, F-1, técnicos y auxiliares cuyos niveles remunerativos estaban regulados por el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM que, conforme el criterio del Pleno del Tribunal Constitución, no regula a los trabajadores del sector salud.

Visto así lo zanjado por el Pleno, la Bonificación Especial prevista por el Decreto de Urgencia Nº 037-94, no debería corresponder a este segmento de trabajadores que en todo caso percibirían gozando de la Bonificación Especial conferida por el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, por el hecho de pertenecer a las Escalas Nº 8, Nº 9 y Nº 10, previstas en dicho dispositivo.

Distinta suerte corrieron los servidores ajenos al Sector Salud, tales como el Sector Educación y otras instituciones como Sociedades de Beneficencia Pública, etc., que no obstante encontrarse en los grupos ocupacionales de técnicos y auxiliares de la Escala Nº 8 y Nº 9 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, escalas exactamente iguales a las poseídas por los servidores técnicos y auxiliares del Sector Salud, por NO pertenecer a una escala diferenciada como si lo tiene el sector Salud según el entender del Tribunal Constitucional, se les otorgó el acceso a la Bonificación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, en este caso por ser económicamente más beneficiosa que la prevista por la bonificación especial prevista por el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM; esto es, aplicando en toda su extensión la interpretación más favorable al trabajador por el cual se les dio acceso a los montos de la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94, dado que son superiores y mayores a los fijados por el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM.

Acorde a este marco de apreciación, la cuestión previa que podemos esgrimir es que, pese a que en términos generales, la SENTENCIA del Tribunal Constitucional expedida en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, significó un avance al disipar dudas respecto de su aplicación en el ámbito global, general de la administración pública, sectorialmente sin embargo, sembró incertidumbre al dar un tratamiento desigual a los servidores del Sector Salud, discriminados sobre la base de un ESCALAFON o escala diferenciada que en la práctica no existe, tal y conforme se acredita de las certificaciones y constancias que distintas direcciones regionales de salud han expedido en ese sentido. No obstante, es factible concluir en los siguientes extremos :

1. Si el servidor ACTIVO o CESANTE no se encuentra considerado en alguno de los supuestos previstos en el FUNDAMENTO Nº 10, de la SENTENCIA recaída en el EXPEDIENTE Nº 2616-2004-ACT/TC-AMAZONAS, NO tendrá derecho a la Bonificación Especia otorgada por el Decreto de Urgencia nº 037-94. En el caso específico del sector Salud, no tendrán derecho a percibir la bonificación especial por no estar comprendidos en el Decreto de Urgencia Nº 037-94, los trabajadores asistenciales y administrativos ubicados en las escalas remunerativas Nº 8 y Nº 9 del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM; vale decir, los técnicos y auxiliares, como tampoco lo tendrán los profesionales de la salud, también conformante del sector.

2. Si el servidor, ACTIVO o CESANTE, se encuentra considerado en alguno de los supuestos señalados en el Fundamento Nº 10 de dicha sentencia, tendrá derecho a la Bonificación Especial otorgada por el Decreto de Urgencia Nº 037-94, y en este caso nos encontraremos ante dos supuestos adicionales :

2.1. Si el servidor activo o cesante ha venido percibiendo la bonificación del Decreto Supremo N° 019-94-PCM, le corresponderá recibir la Bonificación Especial y será, en ejecución de sentencia, que se proceda al cálculo de : 1) El descuento respectivo, 2) Los devengados y 3) Los intereses legales que correspondan, en la medida que hayan sido materia del petitorio de demanda.

2.2. Si el servidor o cesante no ha recibido la Bonificación Especial del Decreto Supremo N° 019-94-PCM, le corresponderá recibir la Bonificación Especial y será, en ejecución de sentencia, que se proceda al cálculo de : 1) Los devengados y 2) Los intereses legales que correspondan, en la medida que hayan sido materia del petitorio de demanda.

Como reflexión final en este extremo, nos llama la atención la situación legal en que han quedado los PROFESIONALES, distintos a los profesionales de la salud, que laboran en el Sector Salud por una sencilla razón : Dicho segmento de servidores, a diferencia de los administrativos y asistenciales (técnicos y auxiliares); que sí fueron nombrados con nombre propio para ser excluidos del beneficio de la Bonificación Especial de Decreto de Urgencia Nº 037-94, ni siquiera han sido observados en ninguno de los fundamentos de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, circunstancia que nos haría suponer que, por el contrario, SI resultarían incluidos en la ESCALA Nº 7 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, situación que en cierto modo legitimaría la pretensión de esta clase de servidores de, eventualmente, solicitar su inclusión como beneficiarios de la ley. En efecto, dado que la sentencia aludida no ha hecho distingos en este particular grupo de servidores como si lo ha hecho en los casos antes mencionados, existiría la posibilidad de que los servidores PROFESIONALES del Sector Salud puedan estar inmersos en el ámbito de comprensión del Decreto de Urgencia Nº 037-94.

VIAS PROCEDIMENTALES DE RECLAMO JUDICIAL

Restringidos de plano a tener que acatar el FUNDAMENTO Nº 10 de la SENTENCIA recaída en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC –AMAZONAS para intentar acceder a ser beneficiario del Decreto de Urgencia Nº 037-94, la vía procedimental de la que podamos hacer uso para hacer valer el derecho, nos ofrece dos opciones : La primera que nos posibilita el Código Procesal Constitucional, regulada por la Ley 28237, a través del Proceso de Cumplimiento y una segunda, cautelada por la Ley Nº 27584, ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.

1- El PROCESO DE CUMPLIMIENTO, ¿En que casos funciona? : Como bien sabemos, el objeto del proceso de cumplimiento es ordenar que el funcionario o autoridad publica renuente, o dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme o, se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o un reglamento. Siendo así, haremos uso de este proceso solamente en los casos en que nos encontremos frente a un mandato que cuente con las características que exige la ley, esto es, que no solo sea vigente, sino cierto y claro, es decir que debe inferirse indubitablemente de la norma legal; que además no esté sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares y asimismo sea de ineludible y obligatorio cumplimiento. Por tanto, el Proceso de cumplimiento será el pertinente en la medida que exista una resolución administrativa que establezca la procedencia del pago. En este caso, será aplicable como precedente la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2616-2004-AC/TC-AMAZONAS, donde se había establecido la validez de las resoluciones de la Dirección Regional Sectorial N° 0646 y 0835-2001-CTAR-AMAZONAS/ED, por las cuales se otorgó al recurrente la Bonificación Especial prevista en el Decreto de Urgencia N° 037-94, con deducción del Decreto Supremo N° 019-94-PCM .

2- EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO : El término CONTENCIOSO proviene de contienda, pleito o conflicto, de modo que en términos comunes, hace suponer que al hablar de un proceso contencioso administrativo estaremos refiriéndonos a un juicio entablado contra el Estado a quien le estamos impugnando o reclamando por una determinada actuación de la administración pública que afecta nuestro derecho y en esto precisamente consistirá este proceso. En consecuencia, el proceso contencioso administrativo será el pertinente, EN LA VÍA ESPECIAL, en los casos que exista controversia sobre el derecho del servidor o cesante de percibir la bonificación especial, es decir, en los casos que la Administración Pública considere que no corresponde la percepción de la Bonificación Especial.

En ambos casos de opción procesal es de vital importancia el proceso que se elija , “bajo apercibimiento” si cabe el mal uso de esta terminología, que todo el trabajo técnico legal que se realice a partir de la reclamación administrativa, el planteamiento de demanda, los fallos previos y la espera de la resolución en última instancia, esto es, la pretensión en si, sea declarada IMPROCEDENTE precisamente por mal uso de esta vía, conforme es el común denominador de multiplicidad de sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional pronunciándose respecto de Procesos de Cumplimiento mal planteados.

Finalmente, es susceptible que adherida al reconocimiento del pago de la Bonificación Especial prevista por el Decreto de Urgencia Nº1 037-94, en los casos que así lo ameriten, también se tenga que solicitar el pago de las bonificaciones devengadas, así como sus respectivos intereses que se generaron a lo largo del incumplimiento del pago. En el primer caso, la pretensión tiene que ser solicitada en la demanda, corriéndose el riesgo en caso de inobservancia de no poder ser acogida en la sentencia por el juez y, en el segundo caso, también ser solicitados en la demanda, empero deberán ser liquidados en ejecución de sentencia con base en el numeral 41.2 del artículo 41 de la Ley Nº 27584, ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo.