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Articulo 15 Constitucional

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Categoría: Acontecimientos Sociales

Enviado por: monto2435 21 junio 2011

Palabras: 5316 | Páginas: 22

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que a ella se encuentren sometidos, ya sea por el requerimiento de un Estado extranjero o bien, por el ofrecimiento del Estado en donde se halla al infractor

ANALISIS

ARTICULO 15 CONSTITUCIONAL

ANTECEDENTES:

Dentro de los antecedentes que se localizan en el articulo 15 de la Constitución vigente, están los siguientes: articulo 11 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 16 de junio de 1856; articulo 15 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857; mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechados en la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre del 1916.

La trascripción de los textos mencionados en el párrafo anterior, son los siguientes:

“Articulo 11 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 16 de 1856: Nunca se celebrara tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes de orden común que hayan tenido en el país, donde cometieron el delito, la condición de esclavos.

“Articulo 15 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857: Nunca se celebraran tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país en donde cometieron el delito la condición de esclavos; ni convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos que esta Constitución otorga el hombre y al ciudadano.

“Mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechados en la ciudad de Querétaro el 1º de diciembre de 1916: Articulo 15 del proyecto. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el Ciudadano”

2. TEXTO VIGENTE.

ARTICULO 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecido por esta Constitución para el hombre y ciudadano.

3. ANALISIS

TRATADOS INTERNACIONALES

Hoy en día, las normas de importancia obligatoria para los habitantes de la República no solo son las que rigen en el territorio nacional, sino que se han agregado las internacionales, ya que a través de tratados y de convenios internacionales adoptados por nuestro país se integra el sistema jurídico mexicano.

El artículo 15 de la Constitución vigente, prohíbe decisivamente la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos. También prohíbe la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por la propia Constitución para el hombre y el ciudadano.

En virtud de lo anterior el articulo 15 constitucional se refiere a los tratados internacionales que guarda una relación estrecha con el 133 que estipula que la “Ley Suprema de toda la Unión” se compone con la misma –que el texto superior, prevaleciente- , la leyes del Congreso de la Unión – esto es, ordenamientos federales- que emanen de ella “y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con la aprobación del senado”

De esto se concluye que es la Cámara de Senadores y no el Congreso federal la que tiene la facultad de analizar la política exterior y “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República” (articulo 76, fracción I, constitucional).

El mandato del artículo 15 se dirigirá a los órganos estatales encargados de celebrar tratados internacionales; estos mismos en México son firmados por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Senadores. Una vez firmados y ratificados, y siempre que se hayan publicado en el Diario Oficial de la Federación, forman parte de la “ley suprema de toda la Unión”.

Esta libertad del Presidente de la República para concertar toda clase de tratados internacionales esta restringida por el art. 15 constitucional, ya que no se autoriza la celebración cuando se persiga cualquier objetivo que implícitamente este prohibido por la Constitución, pues traería aparejada la nulidad absoluta del convenio.

La prohibición para los órganos señalados es especifica en la primera parte del articulo 15 (se refiere en concreto a la extradición de reos políticos y a la de delincuentes del orden común que hayan tenido la calidad de esclavos en el país que reclama su entrega) y general en la segunda parte del mismo precepto (cuando se hace referencia a los tratados y convenios que alteren los derechos establecidos en la Constitución).

Los convenios y tratados internacionales son acuerdos de voluntad entre países, que se establecen derechos y obligaciones recíprocos entre quienes lo suscriben, aprueban e incorporan a su propio sistema jurídico. Otra especie de instrumentos internacionales es la constituida por las “declaraciones”, como las relativas a los derechos humanos, que contiene valores éticos y políticos, pero que no establece obligaciones y facultades en sentido estricto. Es extraordinariamente amplio, cada vez mas, el acervo de materias sujetas a tratados internacionales. Lo esta, desde luego, la propia comunidad jurídica internacional. Mediante este género de instrumentos se crearon los órganos de dicha comunidad, a los que nuestro país se ha integrado: así, entre otros, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, señala en el artículo 2 que “se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional ya conste en un instrumento único o en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

El tratado adquiere un rango de capital importancia porque viene a formar parte integrante de lo que el artículo 133 Constitucional denomina “ley Suprema de toda la Unión”. Aunque para ello deben estar de acuerdo con la propia Constitución, como lo dispone este mismo numeral de la Carta Magna, celebrados por el Presidente de la Republica, con la aprobación del Senado.

TRATADOS DE EXTRADICION:

Los tratados en materia de extradición, nos enseña el maestro Guillermo Colín Sánchez, “son siempre de carácter bilateral, independientemente de los multilaterales, en los que, no son dos Estados los que lo celebran, sino tres, cuatro o mas signantes; tal y como ocurrió en la Séptima Conferencia Internacional Americana sobre extradición, celebrada en Montevideo, en 1933, y en la que los pactantes, a través de sus representantes fueron: Estados Unidos Mexicanos, República Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Nicaragua, panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.”

Aunque tradicionalmente no han sido numerosos los pronunciamientos jurisprudenciales que hayan precisado el alcance del articulo 15 constitucional, lo cierto es que hay varios mas o menos recientes que son de gran interés. En uno de ellos la Suprema Corte define que se debe entender por “extradición” para efectos del articulo 15, y señala la extradición es un acto que supone una excepción al ejercicio de la soberanía del Estado, por lo cual debe verificarse que en todo proceso de extradición se cumpla los requisitos constitucionales, legales y convencionales previstos en las normas correspondientes. Para la Corte, el cumplimiento de esos requisitos es esencial, y en consecuencia no basta que un Estado con el que México haya suscrito un tratado de extradición solicite la entrega de una persona para que sea automáticamente entregada al Estado requirente. El criterio en cuestión se encuentra en la siguiente tesis:

EXTRADICION. CONSISTE EN LA ENTREGA DE UNA PERSONA QUE EL ESTADO REQUERIDO HACE AL ESTADO REQUIRENTE, PERO CONSTITUYENDO UN ACTO ESEPCIONAL EN RELACION CON SU SOBERANIA, LA SOLICITUD PUEDE VALIDAMENTE SER NEGADA SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS. La extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona que se halla en su territorio, a otro estado que la reclama por tener ahí el carácter de inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta. Por tanto, la extradición constituye un caso excepcional respecto de la soberanía del Estado requerido, por lo que el tramite correspondiente esta sujeto a requisitos constitucionales, legales o convenidos que deben ser cumplidos; por tanto el solo hecho de que un Estado (requirente) haga la solicitud requerida a otro Estado (requerido) no es suficiente para que la persona sea entregada, pues dicha solicitud puede ser satisfecha o no por el Estado requerido, en razón del cumplimiento de las normas constitucionales o legales, así como atendiendo a las obligaciones pactadas en los tratados y convenios internacionales en la materia. Lo anterior es así porque la extradición es un acto de soberanía fundado en el principio de reciprocidad, conforme al cual, en ambos países la conducta desplegada debe estar considerada como delito no estar prescrita y tener una penalidad no violatoria de garantías individuales, y de no satisfacerse tales requisitos, la solicitud puede ser rechazada por el Estado requerido.

La extradición se configura como una institución para el ejercicio del ius punuendi de los Estados en la que, sumados sus esfuerzos, se comprometen solidaria y recíprocamente a devolverse a sus delincuentes a fin de someterlos a juicio y aplicarle sen su caso, las sanciones y/o medidas de seguridad impuestas.

Ahora bien, por razones humanitarias y jurídicas se suele desechar la extradición de ciertas categorías de reos. En primer término, se rehúsa la extradición de los delincuentes políticos: el Estado requerido no tiene por que convertirse en coadyuvante o agente del Estado requirente en la solución de sus problemas políticos domestico. En estos casos cabe presumir, además, que el reclamado pudiera sucumbir bajo la acción de una justicia parcial, dispuesta a cobras las cuentas de la confrontación política. En consecuencia se niega la extradición y hasta se llega a una solución absolutamente opuesta: el otorgamiento de asilo al perseguido político. Aquellos delitos de carácter político según el artículo 144 del Código Penal de la Federación y el Distrito Federal estipula que tienen carácter político los delitos de rebelión, sedición, motín y conspiración para cometerlos, que se hallan previstos entre los tipos contra la seguridad de la nación. No tiene ese carácter, en cambio, otros delitos del mismo grupo, como el terrorismo y el sabotaje.

No puede aceptarse ningún tratado si el delito por el que se pretende extraditar al autor es de carácter político. Por delito político se entiende el que tiene como finalidad sustituir mediante hechos crueles o suaves a las instituciones gubernativas o al sistema de gobierno de un país por otro régimen, o derrocar a las personas que la ejercen.

Han sido varios los tratados de extradición que ha suscrito México con otros Estados después de promulgada la vigente Carta Magna, y entre los estudiados con lo que establece el articulo 15 constitucional, en cuanto a la prohibición de extradición por delitos políticos.

Actualmente, la interdependencia de países hace mas fácil la comunicación entre personas, el intercambio de mercancías, etc., así como el comportamiento delictuoso que se ejerce desde otro territorio, a propósito de delitos internacionales de carácter tradicional, como la piratería, la trata de personas, el trafico de estupefacientes, etcétera.

Al respecto, los gobiernos desempeñan un papel muy importante en la cooperación internacional que intenta resolver estos problemas a través del auxilio de actuaciones judiciales, la extradición, los pactos de asilo (territorial o diplomático), a fin de solucionar la actuación punitiva de un Estado en las fronteras de otro. Por ello a cobrado auge en los últimos años el Derecho Penal Internacional.

La Suprema Corte también ha precisado que si un reo para quien un Estado extranjero solicita la extradición puede ser sometido a una de las penas prohibidas por la Constitución en el articulo 22 constitucional, la extradición debe ser negada, a menos que el Estado que pide la extradición otorgue las garantías suficientes para considerar que esa pena no será aplicada, en consecuencia, no se podrá ordenar la extradición de un reo que pueda ser sometido a prisión perpetua a ese tipo de pena viola el articulo 22 constitucional. Así se desprende de la siguiente tesis:

EXTRADICION. LA PENA DE PRISION VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUELLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACION. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, si el delito por el cual se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o por alguna de las prohibidas por el articulo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, acorde con la leyes de la parte requirente, la extradición podrá ser rehusada, a menos de que esta parte de las seguridades suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o bien, de que si es impuesta, no será ejecutada. En estas condiciones al ser la pena de prisión vitalicia una pena inusitada prohibida por el citado articulo 22, en tanto que se aparta de la finalidad esencial de la pena, consiste en la readaptación del delincuente a la sociedad, resulta incuestionable que el Estado solicitante debe comprometerse a no imponer la pena de prisión perpetua, sino otra de menor gravedad.

Lamentablemente, el criterio sostenido por la Corte en la ultima de las tesis citadas sufrió una profunda modificación en septiembre de 2005, cuando el Pleno de la Suprema Corte en la Sentencia de la acción de inconstitucionalidad 20/ 2003 decidió convalidad una reforma al Código Penal de Chihuahua, que permite imponer sanciones privativas de la libertad superiores a los ciencia años. La mayoría de los ministros sostuvieron indebidamente en la sentencia de la prisión vitalicia no esta prohibida por ele texto constitucional, al contrario de lo que señala la tesis transcrita. Por tanto, a partir de ese criterio se podrán extradita apersonas que puedan ser objeto de prisión vitalicia en el país requirente. La nueva tesis es la siguiente:

EXTRADICION. LA PRISION VITALICIA NO CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR ÑP QIE CIAMDP AQIEÑÑA SE SPÑOCOTA ES OINNECESARIO QUE EL ESTADO REQUIRENTE SE COMPROMETA A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACION. De conformidad con el articulo 10, fracción V, de la Ley de Extradición internacional, si el delito por el que se solicita la extradición es punible con la pena de muerte o alguna de las prohibidas por el articulo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con las leyes d la parte requirente, la extradición no podrá concederse, a menos de que esta parte otorgue las seguridades suficientes de que aquellas no se aplicaran, o que se impondrán las de menor gravedad que fije su legislación. En estas condiciones, si la pena de prisión vitalicia no es de las prohibidas por el referido precepto constitucional, es evidente que en los casos en que se solicite la extradición y el delito que se impute al reclamado sea punible en la legislación del Estado solicitante hasta con pena de prisión vitalicia, es innecesario exigirle que se comprometa a no imponerla o a aplicar una menor.

FORMAS DE EXTRADICION

La doctrina distingue varias clases de extradición:

 ACTIVA: Es la petición formal que el Estado requirente dirige al pais requerido, solicitándole la entrega de un delincuente refugiado en el territorio de este, con el objeto de someterlo a juicio o bien aplicarle las sanciones penales o medidas de seguridad correspondientes por la colisión de un delito cometido en el territorio de la nación requirente.

 PASIVA: Se hace consistir en la entrega de un delincuente que efectúa un Estado (requerido), en cuyo territorio el mismo se ha refugiado, a otro país que conforme a derecho le reclama. La decisión de la nación requerida la país requirente al delincuente por este reclamado, constituye la esencia jurídico- penal de la extradición.

 VOLUNTARIA: Es aquella en la que el delincuente, de motu proprio, se pone a disposición del gobierno del país donde cometió el delito.

 DE TRANSITO: Sucede cuando los sujetos cuya extradición ha sido concedida por el Estado requerido al país demandante, son conducidos en detención por el territorio de un tercer país o son llevados en buques o aeronaves bajo pabellón de esta nación.

 REEXTRADICION: Puede llegar a suceder que el individuo cuya extradición se obtiene del Estado en donde se encontraba refugiado, sea a la vez reclamado por un tercer país que le persigue judicialmente, por virtud de un delito anterior a aquel por le que ha sido entregado.

 INTERNA: Es aquella que se da en el interior de un determinado país, conforme a su propia legislación, en la que autoridades jurisdiccionales o administrativas de una entidad federativa solicitan a otra del mismo país, la entrega de un acusado y/o sentenciado para someterlo a juicio y pueda cumplir con las sanciones impuestas.

 EXTERNA: Aquella que se da a nivel internacional, esto es, cuando un Estado reclama a otro, por virtud de un convenio y o tratado, la entrega de una persona que a cometido algún delito fuera del Estado requerido para juzgarlo y/o aplicarle las penas o medidas de seguridad correspondientes.

 DEFINITIVA: Tiene ese carácter cuando no existe impedimento legal alguno que la limite o condiciones

 TEMPORAL: Tiene ese carácter cuando existe por parte del Estado requerido algún obstáculo o impedimento legal que la limita o condiciona, tal y como quedo precisado con los supuestos señalados en la extradición definitiva

TRATADOS DE EXTRADICCION QUE NO PUEDEN CELEBRARSE

El origen de estos tratados se remontan al Congreso Constituyente de 1856-1857 ante la redacción de lo que seria el art. 15 constitucional, pues el texto que prohibía la extradición de esclavos motivo las intervenciones de Luís Guzmán.

Este artículo condicionaba la extradición del sujeto siempre que el Estado requirente se comprometiera a otorgarle su libertad, lo cual fue objetado por Luís Guzmán, quien estimo que “no se lograría mas que una verdadera burla, pues tal condición nunca se cumpliría.” No obstante, esta parte fue aprobada por unanimidad de 83 diputados.

Zarco a su vez, presento un proyecto para le párrafo final, que trascendía en el texto definitivo; en el se prohibía la celebración de tratados si contravenían los derechos que otorgaba la Constitución, lo que fue aprobado por unanimidad de los 80 diputados presentes.

Posteriormente, en 1916 Carranza tomo casi literalmente estos preceptos en el art. 15 de la Constitución de 1857. Por tanto, se desautoriza la celebración de convenios o tratados que alteren las garantías y derechos establecidos por nuestra Constitución para el hombre y el ciudadano y la proscripción en cuanto a tratados para la extradición de reos políticos, así como de aquellos delincuentes que hubieran tenido en el país donde se cometió el delito la condición de esclavos.

Así quedo plasmada en el art. 15 la prohibición de celebrar tratados o convenios sen esas condiciones. Se decreto para las autoridades del Estado que constitucionalmente deben intervenir en la celebración de tratados o convenios internaciones y se les impusieron obligaciones negativas o de no hacer.

La libertad del Presidente de la Republica para concertar toda clase de tratados internacionales esta restringida por el art. 15 constitucional, ya que no se autoriza su celebración cuando se persiga cualquier objetivo que implícitamente este prohibido por la Constitución, pues traeria aparejada la nulidad absoluta del convenio.

En consecuencia, las prohibiciones del art. 15 constitucional son las siguientes:

 No puede acordarse ningún convenio internacional si el delito por el que se pretende extraditar al autor es de carácter político

 Se prohíben los tratados de extradición del delincuente del orden común que haya tenido la condición de esclavo en el país donde se hubiere cometido el delito.

 Ningún tratado se podrá celebrar si mediante el se alteran los derechos del gobernado.

Tampoco autoriza el artículo 15 constitucional la entrega de delincuentes, por vía de extradición, cuando hubiesen tenido la condición de esclavos en el país que reclama. La ley habla de delincuentes de orden común. La constitución solo quiere ampliar su protección humanitaria: se prohíbe la extradición de estos sujetos aunque no se les acuse de delitos políticos, sino de infracciones comunes, justamente para evitar que, con motivo del procesamiento o de la ejecución de la pena vuelva a la calidad de esclavos universalmente reprobada.

La condición de esclavitud prácticamente equipara al ser humano con un animal o un objeto inanimado, esto significa que el esclavo carece de capacidad jurídica para resolver sobre la conducta de su vida; no tiene bienes propios que pueda manejar libremente; esta excluido del estatuto de ciudadano y así sucesivamente. En cambio, se halla sujeto a la potestad de otro hombre a quien pertenece.

TRATADOS QUE NO PUEDEN CELEBRARSE

El artículo que se presenta aborda dos extremos en materia de convenios internacionales. En ambos casos se trata de acuerdos prohibidos en función de los valores, las convicciones y las consecuentes políticas que acoge o adopta el Estado mexicano. Por una parte se desautoriza la celebración de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y de hechos establecidos por esta Constitución para el hombre y ciudadano. Por la otra, se dispone idéntico exilio en cuanto a “tratados para la extradición de reos políticos y para la de aquellos delincuentes que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavo”

La prohibición que abarca, cualquier tratado o convenio internacional, se asocia con el artículo 1º de la Constitución. El primer precepto de nuestra carta magna, que por eso mismo encabeza la declaración mexicana de los derechos del hombre, manifiesta que en los Estados Unidos Mexicanos todos gozaran de las garantías otorgadas por esa carta, “las cuales no podrán restringirse ni suspenderse , sino los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

Por otro lado, obsérvese que el artículo 1º consagra un régimen especial para la restricción y la suspensión de garantías, esto es, para la afectación negativa de los derechos que la Constitución reconoce a los habitantes de la República. No ocurre lo mismo si se trata de mejorar la situación jurídica de los gobernados, ampliando, extendiendo o incrementando los derechos que estos poseen merced a la Constitución.

Cuando la parte final del artículo 15 habla de convenios y tratados que alteren las garantías y derechos constitucionales del hombre y del ciudadano, se entiende que semejante alteración corresponde a las restricciones suspensiones que proscribe o condiciona el articulo 1º. No es razonable pensar ni se ha entendido así que impida la ampliación y mejoramiento de tales derechos.

“Se sabe que por razones de soberanía un estado solo puede extender directamente su autoridad sobre su propio territorio. Eventualmente podría actuar en ámbitos geográficos no reservados a la soberanía de otro Estado: por ejemplo, el mar libre. Pero en ningún caso puede cumplir actos persecutorios penales –así, los de captura, enjuiciamiento y ejecución- en el ámbito territorial sujeto a la jurisdicción de otro Estado. Cualquier violación de este principio- que en 1992 pretendió ampararse en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, mundialmente impugnada –no pasa de ser un acto de fuerza, indigno del derecho de gentes”.

Queda a las disposiciones en materia de extradición resolver el procedimiento aplicable a este asunto, y añadir categorías de sujeto que no son susceptibles de extradición, en forma absoluta o condicionada, en función del delito que se les imputa. Esto sucede en los tratados bilaterales que, en buen numero, ha suscrito México. Suelen estar excluidos de extradición, los acusados por delitos migratorios. Por lo que toca a extradición condicionada, también es costumbre que el país requirente se obligue a imponer al acusado la pena de muerte, sino la inmediata inferior en gravedad. Además, si surgen otros motivos de procesamiento, diferentes del considerado en el acto que concede la extradición, es preciso solicitar nuevamente esta por el delito o los delitos que aparezcan, diversos del señalado en el pedimento original.

Sobre este tema, el ex subprocurador General de la República y ex senador Eduardo Andrade Sánchez, expreso que esa decisión viola la Constitución, ya que primero se requería que el Congreso la aprobara y después hicieran lo propio las legislaturas locales, pues de lo contrario se infringe el art. 22 constitucional qe contiene la prohibición de aplicar “penas inusitadas”.

Asimismo, Juventino Castro y Castro, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera también que existe una clara violación al articulo 22 constitucional, pues afirma que no hay que olvidar que en marzo de 1986 nuestro país suscribió un convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes, que textualmente en su articulo 16, inciso I, dispone:

Todo estado parte se comprometerá a prohibieren cualquier territorio bajo su dirección otros actos que constituyan tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y que lleguen a ser tortura.

De acuerdo con este convenio, nuestro país confirmo el criterio sobre la prohibición de penas inusitadas, con lo que manifestó que la cadena perpetua es, sin lugar a duda, una pena inhumana.

Además el 4 de mayo de 1978 se firmo el tratado de extradición con la Unión Americana aun vigente, cuyo art. 8º expresa:

Cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea punible con la pena de muerte conforme a las leyes de la parte requirente y las leyes de la parte requerida no permitirán tal pena para ese delito, la extradición será rehusada, a menos que la parte requirente de las seguridades que la parte requirente de las seguridades que la parte requerida estime suficiente, de que no impondrá pena de muerte o de que si es impuesta no será ejecutada.

Lo anterior, menciona el distinguido ex ministro, nos permite ver la preocupación que nuestro país había mostrado sobre este tema.

Existe también la Ley de Extradición Internacional, publicada en diciembre de 1975, en cuyo articulo 10º., fracción V se establece:

El Estado Mexicano exigirá para el tramite de una petición de obtener la entrega de una persona asilada en nuestro país que el Estado solicitante se comprometa a que si el delito que se impugne al reclamante es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o algunas de las señaladas en el articulo 22 constitucional, solo se impondrá la prisión de cualquier otra gravedad que esa legislación fije para el caso a sea directamente o por sustitución o conmutación.

Como puede observarse, la preocupación mencionada va en el sentido de que nuestro trato con Estados Unidos de América había prescrito con mucha claridad la facultad de negar las extradiciones a menos que ese país garantizara que en donde si se aplica la pena de muerte se comprometiera a no aplicarla.

Por ello, y en vista de que el tratado de los países solamente prohibía otorgar la extradición tratándose de delitos que pudieran merecer la pena de muerte, se presento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia ya citada, donde se afirma que también habría de perseguirse el mismo procedimiento en lo que toca a la cadena perpetua que también admite la legislación estadounidense.

No obstante lo anterior, como se ha comentado, la Suprema Corte abandono el criterio del 2001 que consideraba la cadena perpetua como pena inusitada y determino, por el contrario, que no esta prohibida por el articulo 22 constitucional.

Con este nuevo criterio y juicio de nuevos juristas y analista, lo que la Suprema Corte pretende realmente es facilitar las extradiciones que de manera constante solicita la Unión Americana, con el engañoso argumento de que con ello la justicia mexicana obtendrá un gran beneficio, en especial en los asuntos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, ya que supuestamente los delincuentes temen a la justicia estadounidense y no a la mexicana, y que con este nuevo criterio ya no habrá pretextos para no entregar a extraditados refugiados en nuestro país.

CONCLUSIONES

Algunas conclusiones derivadas del presente trabajo son las siguientes:

1. El presente articulo es un precepto prohibitivo, puesto que en su redacción y alcance encontramos que los encargados de celebrar tratados internaciones que son tanto el poder ejecutivo como el senado de la República, deben abstenerse de celebrar los tratados internacionales que tengan que ver con esclavos o con países en cuya legislación se considere que con diversos actos no se violen las garantías individuales que en México si se considere.

2. Otra conclusión es la que hace referencia a los pedidos de extradición que quedan expresamente prohibidos por la Constitución mexicana, según los casos que enumera: presos políticos, esclavos y casos de violación a los Derechos Humanos.

3. Como punto relevante se plantea sacar de raíz aquellas autoridades que violen estas garantías otorgándoles a ellos penas severas que les den una lección y para la próxima vez alguien piense un poco más antes de no respetar algún derecho.

4. Por eso considero que las garantías individuales son esenciales para existir como una sociedad civilizada, por que al no respetarse, estaríamos volviendo a la barbarie en una civilización de puras injusticias que atienden contra el ser humano.

5. Por ultimo me parece importante resaltar que el artículo 15 constitucional, defiende su soberanía como país, ya que el hecho de que otro Estado extranjero pida la extradición de una persona para la aplicación de una sanción según sus leyes, el Estado mexicano siempre va a evaluar el caso.

BIBLIOGRAFIA

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