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Conflictos De Competencia Judicial

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Rimma 30 abril 2011

Palabras: 10544 | Páginas: 43

...

i es actuar jurídicamente e impartir justicia en cada caso concreto.

Con base en los planteamientos anteriores, puede resumirse en los puntos siguientes:

Determinación de las normas competencias del juez nacional

Determinación de la competencia internacional de ese mismo juez

Determinación de las reglas conforme a las cuales el juez nacional puede reconocer los efectos de una sentencia pronunciada por un juez distinto, normalmente extranjero.[1]

CONCEPTO DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL

Normalmente es a los jueces a los que compete la aplicación del Derecho Internacional Privado. Por regla general es a los juzgadores a los que se les asigna la solución de los conflictos de leyes en el espacio a nivel internacional. Por tanto, es indispensable abordar los temas de competencia judicial, y en particular de las sentencia extranjeras. Al lado de los conflictos de leyes existen conflictos de competencia judicial.

Toda norma jurídica puede ser contemplada estáticamente o puede ser analizada en movimiento, ósea en su aspecto dinámico. Todas las ramas del Derecho tienen un aspecto sustantivo y un aspecto adjetivo o procesal.

Afirma Mariano Aguilar Navarro: “la actuación del juez tiene caracteres específicos en el Derecho Internacional Privado. De ahí la enorme importancia que tiene los conflictos de jurisdicción, la determinación del tribunal competente”.

Dice el propio Orué que por competencia se entiende: “la aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado”. A su vez estos autores definen la competencia judicial como “la medida del poder o facultad otorgado a un órgano jurisdiccional para entender de un determinado asunto”. Eduardo Pallares, define la competencia judicial como la porción de jurisdicción que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios.

La competencia es siempre una aptitud derivada de la ley para ejercitar derecho y cumplir obligaciones. La competencia es un atributo de un órgano del Estado. Desde el punto de vista formal, ósea atendiendo al órgano del cual emanan los actos del poder público, será competencia judicial la aptitud legal para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que posee el Poder Judicial. [2]

Desde el punto de vista material la competencia judicial es la aptitud legal para ejercitar derechos y cumplir obligaciones en relación con la actividad estatal que consiste en adecuar situaciones generales a casos concretos controvertidos. La competencia es la medida de la jurisdicción. José Castillo Larrañaga y Rafael de Pina definen la jurisdicción como “la actividad del Estado encaminada a la actuación del Derecho objetivo mediante la aplicación de la norma general al caso concreto.[3]

La competencia judicial puede ser directa o indirecta. Es directa cuando el juzgador de un Estado determinado resuelve la controversia que le es sometida. Es indirecta cuando el juzgador de un Estado auxilia al juzgador de Estado diverso en la realización de actos relacionados con un proceso sometido al primero. En este último caso la competencia del juzgador del Estado que conoce de la controversia es directa y la competencia del juzgador que lo auxilia es indirecta.

Para Gutteridge la competencia puede ser general o especial. La General indica que los tribunales de un país determinado son competentes para juzgar un proceso; la especial, determina la de los tribunales locales de un país que deberá ser encargado de este proceso.

Los conflictos internacionales de competencia judicial consisten en determinar que órgano jurisdiccional, entre dos o más órganos jurisdiccionales de estados diversos, tiene aptitud normativa para conocer de un conflicto de leyes internacional que se ha suscitado. Cuando se asevera que los conflictos pueden surgir acera de la competencia legislativa o de la competencia judicial, que el problema de competencia legislativa se plantea cuando es preciso determinar la ley aplicable al derecho en sí, en tanto que el problema de competencia judicial consiste en determinar la autoridad competente para conocer de los litigios que surjan en ocasión de los conflictos de leyes.

En los conflictos de competencia legislativa el órgano jurisdiccional ha de determinar entre dos o más normas jurídicas procedentes de Estados diversos, la cual es aplicable al caso concreto. A su vez, en los conflictos de competencia judicial, deberá determinarse que órgano jurisdiccional, entre dos o más órganos jurisdiccionales de Estados diversos es el que ha de conocer de un conflicto de leyes para resolverlo.

Recalca Niboyet que la competencia judicial de un Tribunal y la competencia legislativa, son en principio independientes entre sí.[4]

DIVERSAS CLASES DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL

Los conflictos de competencia judicial a nivel internacional pueden ser positivos o negativos. Nos dice Orué y Arregui que son positivos “cuando puede celebrarse a favor de varios jueces, siendo los mas frecuentes”. Y negativos “cuando no es competente juez alguno”.

En conflictos de competencia judicial internacional negativos, las normas jurídicas de estados diversos en las que se indica la competencia de sus órganos jurisdiccionales, le niegan competencia a sus propios órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, de acuerdo con la ley mexicana para demandar a un deudor el pago de un titulo de crédito librado en México para ser pagado en Nueva York, pero la norma neoyorquina establece que para conocer de ese litigio tiene competencia el juez donde se expidió el titulo de crédito. Este es un típico caso de conflicto de competencias jurisdiccionales negativo.

En los conflictos internacionales de competencia judicial positivo, dos o mas órganos jurisdiccionales de Estado diversos tienen asignadas facultades para conocer de una sola situación concreta. Por ejemplo, de acuerdo con la ley mexicana para conocer de divorcios en los que se hace valer la causa de abandono de hogar, es competente el del domicilio del cónyuge abandonada, y este se encuentra en México, mientras que otro país podría establecer la regla general de que es juez competente el del domicilio del demandado y el demandado se encuentra radicado en ese otro país.

Estos conflictos negativos y positivos de competencia judicial pueden presentarse a nivel internacional, entre dos o más órganos jurisdiccionales de Estados diversos, entonces tendrán el típico carácter de internacionales pero, si se plantea entre órganos jurisdiccionales de diversas entidades de un solo Estado, tendrán el carácter de interprovinciales. En los países organizados políticamente con federaciones, se plantean estos conflictos interprovinciales.[5]

SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL

Acerca de las normas jurídicas aplicables para resolver los problemas de competencia judicial se ha insistido por la doctrina en la vigencia de la “lex fori”.

La competencia judicial de los jueces es un tema procesal y las formas procesales se rigen por la ley del tribunal. Por tanto, se ha defendido, prima facie, que la ley del tribunal es la aplicable para resolver los conflictos de competencia judicial. Sobre este particular, afirma Michele Vocino:6 “Si bien la relación jurídica controvertida debe ser regulada por normas procedentes, de un ordenamiento extranjero, sin embargo, el proceso no puede dejar de ser regulado exclusivamente por la ley del tribunal, tratándose como se trata de normas de derecho público; en otros términos, la relación procesal se forma, se desarrolla, concluye y produce sus efectos siguiendo la ley procesal del Estado al cual pertenece el juez”.

“Por ley procesal debe entenderse la que se refiere a la ordinatorium litis, es decir, al propio y verdadero procedimiento, y no al decisorium litis, es decir, al fondo de la causa, si bien cabe que surjan dudas, principalmente en cuestión de pruebas, sobre si la materia en litigio sea decisorium o de ordinatorium litis.”

En el mismo sentido, indica Niboyet que: “Las formas procesales se refieren al procedimiento civil y a las ejecuciones, siendo necesariamente, de la competencia exclusiva de la lex fori. Establecen, en efecto, el procedimiento que permite acudir a los Tribunales y la tramitación de los litigios. Por la finalidad que persiguen, es preciso que sean generales en cada país, es decir, objetivas. La justicia no podría funcionar en un lugar determinado si las reglas de procedimiento variasen con los litigantes. Dichas reglas no han sido establecidas en interés particular, sino en interés colectivo, y la colectividad resultaría perjudicada si la lex fori se aplicase.

“En consecuencia, las leyes de cada país referentes al procedimiento civil y a las ejecuciones, rigen todos los trámites procesales que tengan lugar en el mismo. Aunque no exista texto legal acerca de este punto, el acuerdo es unánime en cuestión

y nadie la discute. Y en la práctica se advierte, incluso, una tendencia a aumentar-excesivamente a veces- el radio de la lex fori.”

En cuanto a la distinción entre las formas ordenatorias y las formas decisorias, nos dice Niboyet: 7

“Hasta nosotros ha llegado una acertada distinción del Derecho antiguo que merece ser siempre respetada; la distinción entre las formas decisorias y las formas ordenatorias (decisoria et ordinatoria litis). Sólo estas últimas caen bajo el imperio de la lex fori.”

Según Martín Wolff: 8 “Para afirmar derechos por vía judicial, rige el derecho del lugar en que se tramita el proceso, o sea la lex fori. Un juez sólo debe tener en cuenta las normas procesales de su demarcación jurisdiccional.”

La competencia es la aptitud legal de un órgano jurisdiccional para ejercitar derechos y cumplir obligaciones adecuando la situación general a casos concretos controvertidos. La norma jurídica aplicable para determinar la competencia de un tribunal es la propia ley de este tribunal, la lex fori. Un tribunal no puede conocer de un litigio cuando su propia ley, no le da competencia para avocarse al desempeño de la función jurisdiccional. La lex fori es la determinante de la competencia de un tribunal, de un juzgador. Derecho procesal y la competencia de los tribunales se rige por las leyes nacionales, lex fori, es una manera enteramente normal.

En el caso de un conflicto positivo de competencia judicial, la lex fori de un Estado le da competencia a sus tribunales y la lex fori de otro Estado le da competencia a sus propios jueces.

Estamos ante un conflicto de una lex fori frente a otra lex fori. Al respecto, consideramos que, si surge un conflicto entre dos leges fori, la competencia debe decidirse a favor del Estado que esté en condiciones de someter a su poder de coacción directo a personas o cosas.

Oruè nos da la clásica división de la competencia en “rationae materiae” atendiendo al objeto de la acción y “rationae personae” según la nacionalidad de las partes.

Establece que la norma jurídica adecuada para fijar la competencia por “razón de la materia” es la “lex fori”, que obliga a nacionales y extranjeros; por tratarse de una cuestión de Derecho interno.

Para determinar la competencia por razón de las personas, dice Oruè que se atiende a la nacionalidad de las partes que intervienen en la controversia y, distingue: 1º Nacional que demanda a un extranjero; 2º Extranjero que demanda a un nacional; 3º Extranjero que demanda a otro extranjero.

Respecto al nacional que demanda a extranjero, si se trata de acciones personales, o acciones sobre bienes muebles, se considera que el juez competente debe ser el juez del demandado extranjero. Se justifica esta regla pues otra manera quedaría el extranjero en estado de indefensión por hallarse ausente. Pero, supongamos que se trate de un extranjero radicado en el país por muchos años y que se ha desvinculado de su país de origen. En esta hipótesis es injusto que se le demande ante el juez extranjero. Por eso consideramos que es mejor determinar que es juez competente el que tenga el poder de coacción sobre personas o cosas.

NORMAS INTERNAS E INTERNACIONALES

Es recomendable que los tratados internacionales, como normas internacionales del Derecho Internacional Privado, establezcan criterios de solución a conflictos negativos y positivos de competencia jurisdiccional a nivel internacional. De la misma manera, los tratados internacionales deben de regular detalladamente la cooperación internacional para la realización de actos procesales en el extranjero.

Sobre este particular sostiene Wolff: “el reconocimiento y la ejecución de sentencia extranjera se han facilitado por medio de los tratados internacionales.”

Oruè cita como convenciones reguladores de la competencia judicial la de la Haya de 1875, de Zurich de 1877 y la Haya de 1905.

Es recomendable que la legislación interna de cada Estado prevenga reglas de solución a los conflictos negativos y positivos de competencia judicial a nivel internacional y que también regule la cooperación en esta materia.

CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL Y EJECUCION DE SENTENCIAS EXTRANJERAS EN MEXICO

La característica sobresaliente en los conflictos internos es que existe una norma superaos con facultades para resolver esos conflictos.

En mexica, en su constitución, se previene la norma jurídica aplicable y el órgano jurisdiccional superiores para la solución de los conflictos de competencia judicial entre los tribunales de las entidades federativas y los tribunales de la federación.

El segundo problema por resolver cual es la norma jurídica que la serviría a la suprema corte de justicia de la nación para resolver a favor de uno u otro órgano jurisdiccional estatal o local, del conflicto.

Como la ley expendida por el congreso de la unión, que podemos calificar como reglamentarias de las bases del artículo 121 de la constitución política tenemos el código federal de procedimientos civiles, ordenamientos que establecen reglas PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS de competencia judicial que se susciten entre las entidades federativas.

También el código federal de procedimientos civiles establece reglas para resolver las controversias competenciales que se planeen entre tribunales federales y entre los tribunales federales y los de los estados.

Los artículos 18 y 22 del código federal de procedimientos civiles regulan la competencia por metería.

Los artículos 23 a 27 regulan la competencia territorial.

El artículo 23 establece la prórroga de la competencia territorial por consentimientos expreso o tácito de las partes.

Los demás artículos del 24 al 27 fijan reglas de competencia, muy importantes puesto que, son la base para resolver los conflictos de competencia judicial entre los tribunales federales, e entre los tribunales de dos o más estados.

CONFLICTOS INTERNACIONALES

En lo internacional no existe u tribunal superior a leso estados, sujetos de la comunidad internacional, con facultades para dirimir las controversias competenciales judiciales negativas o positivas que pueden presentarse. Por tanto, son los propios órganos judiciales de cada estado los que tiene que resolver los conflictos competenciales presentados.

Tampoco existe un legislador internacional que en, en forma unilateral e imperativa establezca las reglas de solución como sucede respecto aros conflictos interprovicionales.

El tratado, en nuestro concepto, más significativo en cuanto a que fija regla de competencia sobre sucesiones es el tratado de amistad, comercio y navegación celebrado entre nuestro país y republica dominicana, el día 29 de marzo de 1890, y cuyo artículo 6º establece, la sucesión respecto de bines inmuebles se regiré por ellas leyes del pis en donde estos se hallen situados, y el conocimiento de toda demanda o diputa sobre país.

En el código civil de procedimientos civiles es establecen las reglas fijas la competencia a favor de los órganos jurisdiccionales de estas entidades federativas. En el código civil de procedimientos civiles para el distrito federal se rajen reglas de competencia para los órganos jurisdiccionales de estas entidades federativas y en los códigos de procedimientos civiles de los estado federativos de la republica mexicana se señalan las reglas para dejar establecidas la competencia de sus respectivas órganos jurisdiccionales.

Ninguno de los ordenamientos procesales citados, al fijar las reglas competenciales para resolver los conflictos sobre diversas materias, tiene la pretensión de aplicación extraterritorial internacional. Por ello debemos entender que si se dice que es juez competente el del domicilio del demandado y el domicilio del demandado esta ene l extranjero, no es la ley mexicana ala que la competencia el juez extranjero, salvo que el juez extranjeros una regla diferente a la “lux foro” para regir la competencia.

EJECUCION DE SENTENCIAS EXTRANJERAS EN MEXICO

En materia de auxilio judicial que nuestro país pueda solicitar, o bien, proporcionar, respecto de la realización de actos procesales y para la ejecución de sentencias, tenemos disposiciones legales tanto en el código de procedimientos civiles para el distrito federal, y en algunos códigos de procedimientos civiles de los estados de la republica.

En una primera corriente se invoca el artículo 73 fracción XVI de la constitución que faculta al congreso de la unión para legislar sobre nacionalidad y sobre condición jurídica de los extranjeros.

En resumen deberíamos precisar con toda nitidez nuestra legislación la competencia federal para regular la ejecución de sentencias extranjeras en mexica, para terminar de esta manera, con la múltiple regulación federal y local de esta materia.

Ya mencionamos que el artículo 108 del código de procedimientos civiles para el distrito federal remite el código federal de procedimientos civiles en lo que añade a las formalidades que deben reunir los exhortos que se remitan al extranjero, o se reciban de él.

COMPETENCIA DIRECTA

Todo Estado está interesado en que sus normas se apliquen correctamente, con ese fin se ha creado un sistema de aplicación del derecho, sistema que puede ser de naturaleza administrativa (autoridades administrativas, materialmente jurisdiccionales), judicial o privada (el arbitraje).

Las normas operativas de todo sistema judicial son principalmente las relativas a la competencia y al procedimiento, y por su función estas normas son de aplicación local.

Se trata de la actividad del Estado encaminada a la actuación del derecho mediante la aplicación de la norma general al caso concreto y que se conoce como la jurisdicción; a su vez, la competencia es la medida de esa jurisdicción, es decir, la facultad del juez para ejercer la jurisdicción que le corresponda en un caso concreto.

La competencia directa es entonces, el ejercicio de la jurisdicción por el juez en el momento de aplicar la norma general en un caso concreto.

a) COMPETENCIA DIRECTA NACIONAL

En algunos sistemas jurídicos, la decisión acerca de la competencia por parte de los tribunales o de jueces queda a criterio de cualquiera de ellos; por ejemplo, en los sistemas jurídicos anglosajones, salvo ciertos criterios generalmente admitidos o criterios jurisprudenciales obligatorios, tribunales y jueces gozan de amplia discrecionalidad para determinar su competencia.

En los sistemas jurídicos codificados, por lo regular se establecen ciertas reglas generales y con frecuencia se definen los criterios más numerosos y específicos.

El Derecho Positivo Mexicano brinda un considerable catalogo de principios generales que ayudan a plantear y resolver este tipo de problemas.

Tal es el caso de los artículos 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 156 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Será juez competente:

ARTICULO 24 CFPC

I.- El del lugar que el demandado haya señalado para ser requerido judicialmente sobre el cumplimiento de su obligación;

II.- El del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación;

ARTICULO 156 CPCDF

I.- El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago;

II.- El del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no solo para la ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad;

En estos preceptos se recoge el principio derivado del fórum lex rei sitae. Se trata de un principio de orden estrictamente territorial, el juez del lugar de ubicación del inmueble podrá llevar a cabo de manera directa las acciones referentes a aqueo o igualmente, podrá intervenir en forma directa para cuestiones relativas al registro de los bienes que se encuentren dentro de su jurisdicción.

ARTICULO 24 CFPC

IV.- El del domicilio del demandado, tratándose de acciones reales sobre muebles o de acciones personales o del estado civil;

ARTICULO 156 CPCDF

IV.- El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, o de acciones personales o del estado civil.

Cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será competente el juez que se encuentre en turno del domicilio que escoja el actor.

Se establece el principio derivado de mobilia sequntur personam (los bienes muebles siguen a las personas), conforme a la cual se considera que el bien se encuentra en el lugar del domicilio del propietario. Dada la movilidad de este tipo de bienes, su ubicación exacta se dificultaría y, por tanto, deben vincularse con un contacto estable en el domicilio.

Se relacionan las acciones personales o del estado civil al domicilio de la persona, en este caso al demandado, con lo que hay coherencia con el principio del domicilio, en el CCF se establece que todas las cuestiones relacionadas con la capacidad y el estado civil de las personas serán regidas por la ley del lugar de su domicilio.

Esta regla de competencia, que se define por el domicilio del demandado en acciones personales, abre una posibilidad para la víctima en México de productos fabricados en el extranjero. Asi debido a que el sistema de responsabilidad objetiva en México es demasiado general y difícil de probar en la práctica, y sobre todo por los montos de indemnización previstos por nuestros códigos civiles, que son sumamente limitados, si una víctima en México quisiera entablar una acción por responsabilidad directa en

Estado Unidos podría tener una base importante para su argumentación ante el juez estadounidense al mostrarle que la regla competencial de su ley mexicana apunta hacia el domicilio del demandado.

ARTICULO 24 CFPC

V.- El del lugar del domicilio del deudor, en caso de concurso.

ARTICULO 156 CPCDF

VII.- En los concursos de acreedores, el juez del domicilio del deudor;

Nuevamente se reproduce aquí la idea del fórum loci executionis que concuerda en este caso con otro punto de contacto, el domicilio. Se trata de una cuestión de economía procesal y de protección al deudor al centralizar todas las acciones, pero también significa protección de los acreedores ya que tendrán la oportunidad de conocer la existencia de otros acreedores, la naturaleza de las reclamaciones y la procedencia de estas.

El código señala:

ARTICULO 24 CFPC

VI.- El del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio, será competente el de la ubicación de los bienes raíces sucesorios, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. A falta de domicilio y bienes raíces, es competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia.

ARTICULO 156 CPCDF

V.- En los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción haya tenido su ultimo domicilio el autor de la herencia; a falta de este domicilio, lo será el de la ubicación de bienes raíces que forman la herencia; y a falta de domicilio y bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observara en casos de ausencia;

En los preceptos anteriores existen varios aspectos que recen considerarse. Desde el punto de vista formal, aparece claramente una jerarquización de puntos de conexión; domicilio del difunto, lugar de la ubicación de los bienes raíces y lugar de fallecimiento del autor de la herencia, en orden de importancia.

En relación con el ultimo domicilio del difunto, se trata de un punto de conexión antiguo, basta recordar el discurso de Isocrates en la Grecia clásica, en el cual señalaba la posibilidad de hacer regir la sucesión de una persona fallecida mediante este punto de contacto; además se trata de un concepto ampliamente difundido que atiende, en la terminología de Savigny, al centro de gravedad de las relaciones jurídicas del individuo.

En el caso del precepto citado este punto de conexión se plantea como el contacto principal al que debe atender el juez, subsumiendo incluso otro punto de contacto fuerte, como es el caso de la ubicación de los bienes raíces o bienes inmuebles, esto quiere decir que dentro del país, el ultimo domicilio del difunto en el Distrito Federal podría ser una regla de competencia de tal magnitud que atraería, a la sucesión, incluso bienes inmuebles ubicados en otros estados de la Republica.

Es conveniente señalar que en la práctica judicial suele rechazarse el punto de conexión del último domicilio del difunto, en tanto principio de competencia, sobre todo cuando se encuentra ubicado en un país y los bienes raíces en otro.

Como punto de contacto subsidiario se establece el lugar del fallecimiento de la persona cuando sucede de manera imprevista o sin haber llegado a adquirir su domicilio.

A fin de proteger la masa hereditaria se establece la competencia del mismo juez que conoce del juicio sucesorio, pero esto tiene un límite: hasta el momento de la partición y adjudicación de los bienes; después vuelven a aplicarse los normas generales respecto de dichos bienes: lex rei sitae o mobilia sequntur personam.

Esta es una panorámica general de los casos en los cuales puede existir competencia de parte de algún juez. Si con base en una vinculación objetiva el juez declara competente, existe una amplia posibilidad de que su sentencia sea reconocida fuera de su ámbito jurisdiccional.

b) COMPETENCIA DIRECTA INTERNACIONAL

El reconocimiento de la competencia directa internacional para fines de eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras ha constituido una cuestión de gran importancia en el DIP, que se puede plantear en los términos siguientes: la competencia directa de jueces y tribunales es objeto de regulación interna. Cabe recordar que la competencia es la medida de la jurisdicción y esta a su vez, la actividad estatal encaminada a la actuación del derecho mediante la aplicación de la norma general al caso concreto. De ahí, que las normas procesales sean de carácter estrictamente nacional y por lo común, no se tengan en consideración por jueces extranjeros.

Lo anterior implica que si el juez decide que el juez extranjero que dictó la sentencia no tiene competencia o que la sumió indebidamente, no reconocerá esa sentencia. En tal sentido, las consecuencias son graves, porque después de haberse ventilado un juicio en el ámbito nacional como los gastos correspondientes de tiempo y dinero, la sentencia queda prácticamente sin efecto. Asi, se trata de un problema que atenta contra la justicia y la seguridad jurídica. Por ello, los Estados tratan de llegar a acuerdos internacionales en los que se precisen los criterios básicos de competencia directa en el ámbito internacional.

La Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencia Extranjeras establece criterios básicos que forma parte del derecho positivo mexicano por ser México Estado parte de la Convención se menciona lo siguiente:

1. En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial deben satisfacerse algunos de los supuestos siguientes:

a) En el caso de personas físicas, que el demandado, en el momento de entablarse la demanda, haya tenido su domicilio o residencia habitual en territorio del país donde se pronunció la sentencia, lo cual no implica que entre el momento en el que entablo la demanda y se dictó sentencia haya cambiado su domicilio. Se trata aquí de preservar un punto de contacto entre el domicilio del demandado y la jurisdicción competente, siempre que se le haya citado para comparecer a juicio y en este haya podido hacer valer sus derechos y defensas.

b) En el caso de personas jurídicas, sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que hayan tenido su establecimiento principal en el territorio del país donde se pronuncia la sentencia: lo mismo que en el caso anterior, pero aquí el punto de contacto es el establecimiento principal de la persona moral, lo que puede no ser justo para el actor.

c) Respecto de sucursales, agencias, filiales de sociedades civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades que originaron las respectivas demandas se hayan realizado en el territorio del país donde se pronunció la sentencia. Debido a que el concepto genérico de actividades no es preciso, quedará a juicio del juez que declare la competencia determinar cuándo existieron dichas actividades.

2. En materia de foros renunciables existen dos criterios:

a) Que el demandado haya aceptado por escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia y

b) Que aun cuando el demandado haya comparecido en el juicio, no haya cuestionado oportunamente la competencia de dicho órgano.

3. Respecto de bienes o acciones reales sobre bienes inmuebles, que estos se hubieran encontrado situados en el territorio del país en el momento de entablarse la demanda.

4. En el caso de acciones derivadas de contratos mercantiles internacionales, si las partes hubieran acordado por escrito someterse a la jurisdicción del país que pronunció la sentencia, existen dos limitaciones: que dicha competencia no haya sido establecida en forma abusiva y que exista una conexión razonable con el objeto de la controversia, es decir, con ello se evita que una o ambas partes en el contrato se beneficien con la designación de una jurisdicción que en nada se vincula con su relación jurídica.

5. Cuando a criterio del órgano jurisdiccional del país donde deba surtir efectos la sentencia, el órgano que la dictó asuma competencia para evitar la degeneración de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente.

6. En el caso de una sentencia pronunciada para decidir una contrademanda, existen dos criterios:

a) Si se considera la contrademanda como una acción independiente, cuando se hubiera cumplido los criterios aplicables mencionados, y

b) Si la demanda principal cumplido con los criterios citados y la contrademanda se fundamento en el acto o hecho en que se basó la demanda principal.

7. Puede negarse la eficacia de la sentencia al dictarse esta se invade la competencia exclusiva del Estado ante la cual se invoca. Se trata de un concepto totalmente excepcional y debidamente probado a fin de que se alegue competencia exclusiva como medio para no reconocer competencia de tribunales o jueces extranjeros. En México, este sería el caso de la competencia exclusiva que tienen los tribunales mexicanos para conocer de bienes inmuebles ubicados en nuestro país.

8. El reconocimiento y la ejecución de sentencias no sitúa, en el segundo de los momentos que al principio de este capítulo se habían planteado; la competencia indirecta.

COMPETENCIA INDIRECTA

Se ha visto que la competencia directa es el ejercicio de la jurisdicción, por el juez, en el momento de aplicar la norma general al caso concreto. Ahora bien, por competencia indirecta se entiende el ejercicio de la jurisdicción por el juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de la validez jurídica y, en su caso, dictar el auto de ejecución a una sentencia emitida por un juez diferente. Este reconocimiento se presenta en dos niveles: nacional e internacional.

a) COMPETENCIA INDIRECTA NACIONAL

En el ámbito nacional existen reglas generales y específicas, las cuales regulan los problemas que suele presentar este tipo de reconocimiento. Constitucionalmente hay normas que determinan los principios generales a que las legislaciones estatales deben atenerse y, en el caso de dichas legislaciones, cada una de ellas establece las regulaciones específicas para llevar a cabo ese reconocimiento.

El art. 121, fracc. III constitucional establece:

Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado, sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste cuando así lo dispongan sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o por razón del domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir a juicio.

El tercer párrafo del art. 121 circunscribe al estatuto personal y establece requisitos (que hubiere sometimiento expreso o por razón del domicilio) que resultan reiterativos, pues, como afirma José Luis Siqueiros, “no se hace sino repetir una garantía individual ya otorgada en el capítulo I de la Constitución Política y adaptada con la mala técnica a la parte correspondiente del art. 121”.

En lo referente a las reglas específicas para el reconocimiento y la ejecución de sentencias que norman el procedimiento, las procedentes de entidades federativas o del extranjero, se estudiarán las relativas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF), que es el sistema adoptado por casi todos los códigos de procedimientos civiles de la República. Básicamente, se trata de analizar el capítulo V, secc. Cuarta, del Título. Séptimo del CPCDF, en donde se dice:

Art. 599. El juez ejecutor que recibe exhorto con las inserciones necesarias conforme a derecho para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial, cumplirá con lo que disponga el juez requirente, siempre que lo haga de ejecutarse no fuere contrario a las leyes del Distrito Federal.

Se trata de una disposición mediante la cual se señala de manera general el principio de que la petición del juez requirente por medio de un exhorto debe ir acompañada de la sentencia y de acuerdo con las formalidades establecidas por la ley. El cumplimiento de la petición se condiciona a que no sea contraria a las disposiciones de orden público, como lo indica el artículo siguiente:

Art. 600. Los jueces ejecutores no podrán oír ni conocer las excepciones cuando fueron opuestas por alguna de las partes que litigan ante el juez requirente salvo, el caso de competencia legalmente interpuesta por alguno de los interesados.

Esta disposición revela la independencia de la acción del reconocimiento, y de la ejecución, respecto del proceso que dio como resultado la sentencia. Este aspecto es muy importante porque el contenido de la sentencia, el fondo de la misma debe permanecer y el juez, ha de limitarse a constatar que el juez exhortante asumió efectivamente competencia, que el exhorto junto con la sentencia que le envía cumplen con los requisitos de forma previstos por la ley mexicana y que en la sentencia no se viola ninguna disposición de orden público como podrían ser, entre otras, las siguientes: que se haya respetado el derecho de audiencia del demandado, que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada la sentencia.

El concepto de violación al derecho de audiencia. Puede tratarse de que la persona no haya sido citada a comparecer a juicio, en cuyo caso habrá una violación flagrante a su derecho de audiencia. Sin embargo, tal violación no siempre es tan evidente. Veamos algunos ejemplos: una persona en México es emplazada por un tribunal extranjero por medio de correo, práctica común en varios tribunales estadounidenses. Una notificación de esta naturaleza no es aceptable en México, ya que el emplazamiento a juicio debe cumplir con determinadas formalidades. La persona es emplazada a través de un corredor o notario público que dé fe de ese hecho.

También puede suceder que el demandado comparezca ante el juez extranjero y no impugne la competencia del juez. En este caso dicha competencia habrá sido admitida por el demandado y, por tanto, la sentencia del juez extranjero será válida en México, al menos por lo que a este aspecto se refiere. Pero si el demandado impugnó la competencia del juez extranjero y éste no admitió la impugnación, ya no será un problema de violación al derecho de audiencia, pero de cualquier forma el juez mexicano tendrá que analizar dicha impugnación y pronunciarse al respecto. Si éste considera que la impugnación fue válida y no reconocida por el juez extranjero, podría no reconocer la sentencia extranjera por incompetencia del juez extranjero.

Art. 602. Los jueces requeridos no ejecutarán las sentencias más que cuando reunieren las siguientes condiciones:

I. Que versen sobre cantidad líquida o cosa determinada individualmente; y

II. Que si trataren de derechos reales, sobre inmuebles o de bienes inmuebles ubicados en el Distrito Federal, fueren conforme a las leyes del lugar.

La fracc. I no ofrece en principio ningún problema; sin embargo, en la práctica la liquidación del monto de la sentencia puede presentar algunas dificultades.

Por su parte la fracc. II provoca, entre otras, dos posibles interpretaciones: en una interpretación restringida podría decirse que el aspecto formal de la sentencia deberá estar conforme a las leyes del lugar, es decir, si los bienes inmuebles se encuentran en el Distrito Federal, deberá cumplir con las formalidades establecidas por las leyes de ese lugar. En una interpretación más amplia, el legislador dejó implícito que la aplicación del derecho conforme al cual se sentenció haya sido el derecho sustantivo del lugar de ubicación de los bienes inmuebles, según el principio lex rei sitae, es decir, si se trata de un bien inmueble ubicado en el Distrito Federal, que las leyes de ese lugar hayan sido las aplicables tanto a la forma como en el fondo y que el juez requirente conforme a ellas haya dictado su sentencia.

b) COMPETENCIA INDIRECTA INTERNACIONAL

Analizaremos el reconocimiento y la validez de las sentencias extranjeras; para ese efecto es conveniente enfocar el análisis de la sentencia en tres apartados:

a) Carácter probatorio;

b) Ser considerada cosa juzgada, y

c) En cuanto a sus efectos ejecutorios.

De acuerdo con Becerra Bautista, la sentencia es la resolución jurisdiccional que dirime, con fuerza vinculatoria, una controversia entre las partes, y establece una serie de hechos en los que se funda la parte resolutiva. De esta manera, resulta conveniente saber si esos hechos pueden tenerse, de algún modo, como prueba, es decir, determinar su valor probatorio.

Conforme al derecho positivo mexicano, se consideran documentos públicos y, por tanto, con carácter probatorio, las actuaciones judiciales de toda especie, así como los documentos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones (arts. 237, fracc. VIII, CPCDF, y 127, CFPC). Por cuanto a los documentos públicos extranjeros, requieren legalizarse ante las autoridades diplomáticas o consulares correspondientes (art. 131, CFPC). De este modo, las sentencias extranjeras pueden considerarse documentos públicos y, al ser legalizados, tener fuerza probatoria (Ovalle). El derecho positivo mexicano no es expreso en el tratamiento de sentencias extranjeras para considerarlas cosa juzgada.

Ahora bien, en el caso de la sentencia extranjera, la legislación mexicana guarda silencio. Sin embargo, una serie de decisiones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal han establecido la tesis que, para operar la cosa juzgada respecto de sentencias extranjeras, éstas deben ser reconocidas por los tribunales mexicanos.

En cuanto al reconocimiento y ejecución de la sentencia, de acuerdo con Jame Guasp:

El reconocimiento de una sentencia extranjera tiene por finalidad primordial permitir que actúe, como título de ejecución, en un proceso de esta clase (proceso de ejecución). Pero este significado principal no es, en modo alguno, el único; una sentencia extranjera puede perseguir finalidades distintas de las puramente ejecutivas, por ejemplo, las de fuerzas de cosa juzgada material que impida la apertura de un nuevo proceso sobre la misma materia en el país donde se recibe la sentencia. El proceso especial va dirigido siempre a reconocer la decisión extranjera, pero no a ejecutarla, pues la ejecución de la sentencia reconocida se encuentra en el mismo caso de la sentencia nacional. La especialidad del ente procesal, llamado ejecución de sentencias extranjeras, está, por tanto, realmente calificado por la finalidad del reconocimiento, sean cuales sean los efectos ulteriores que con ese reconocimiento se produzcan (citado por Becerra Hernández).

De lo anterior puede deducirse que el análisis se centra en el reconocimiento de la sentencia y, posteriormente, en el de su ejecución. Al examen del juez del foro sobre la sentencia extranjera se le denomina proceso del exequátur. Los requisitos que cada legislación establece para poder reconocer y, en su caso, otorgar efectos ejecutorios a una sentencia extranjera son distintos. En México, cada entidad federativa ha establecido sus propias reglas en sus correspondientes códigos de procedimientos civiles. El juez requerido tiene poderes limitados para reconocer una sentencia extranjera.

En primer lugar debe determinar si el juez que dictó la sentencia tenía competencia. El reconocimiento y la ejecución de sentencias, los jueces del foro tienen otro tipo de contactos con jueces extranjeros o, en el caso de una república federal como México, con jueces de otras entidades federativas, para resolver o ayudar a resolver sus actividades judiciales. Toda esta actividad interjudicial en el ámbito estatal o internacional se denomina cooperación judicial.

COOPERACIÓN JUDICIAL

Debido al límite jurisdiccional de orden territorial que tiene los jueces y tribunales, además del reconocimiento de sus sentencias fuera de su ámbito de competencia, existe la ayuda judicial, que se centra principalmente en las notificaciones y emplazamientos y recepción de pruebas en el extranjero.

Notificación es un acto procesal mediante el cual “se hace saber una resolución judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado”. A su vez, emplazamiento es el “acto procesal destinado a hacer saber al demandado la existencia de la demanda y la posibilidad que tiene de contestarla” (De Pina).

Los arts. 309 del CFPC y 114 del CPCDF establecen los casos en que es necesaria la notificación personal y cuándo ésta debe hacerse fuera del ámbito jurisdiccional del juez de la causa; a su vez, los arts. 327, segundo párrafo del CFPC y 134 del CPCDF disponen una fórmula flexible que permite al juez ampliar los términos correspondientes según la lejanía y las facilidades con que se cuente. A este pedimento, efectuado generalmente por medio de un exhorto, se conoce también como carta rogatoria, la cual se encuentra regulada por el art. 302 del CFPC. De acuerdo con esta disposición, se establecen vías diferentes:

• Convencional, cuando es tratado o convención internacional;

• Diplomática o consular, cuando se canaliza mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y

• Vía judicial directa, cuando así se establece tanto en el derecho mexicano como en el extranjero.

México es parte de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias firmada en Panamá el 30 de enero de 1975. Dicha Convención, que se circunscribe a materia civil y comercial (art. 2), se refiere tanto a las notificaciones y emplazamientos como a la recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero, establece mecanismos simplificados de transmisión.

a) COOPERACIÓN JUDICIAL NACIONAL

En el Título Séptimo, Capítulo V, sección IV del CPCDF se establecen los principios conforme a los cuales el juez del Distrito Federal debe proceder frente a alguna requisitoria que le envíe un juez exhortante, la cual, en todo caso, no debe ser una requisitoria contraria al orden público del sistema jurídico del Distrito Federal (art. 599).

Cabe hacer notar que en esta disposición el texto señala de forma genérica: “El juez ejecutor que reciba un exhorto…cumplirá con lo que disponga el juez requirente, siempre que lo que haya de ejecutarse no fuere contrario a las leyes del Distrito Federal”.

Se trata no de una contrariedad genérica respecto a todas las leyes indiscriminadamente, sino de todas aquellas que por sus características representan los valores e instituciones o una política legislativa determinada en los que se basa la legislación del Distrito Federal. Considérese el ejemplo siguiente: un juez del estado de Puebla pide a uno del Distrito Federal que el tutor entregue simultáneamente los bienes del incapacitado y la rendición de cuentas correspondientes, basado en el Art. 767 del Código Civil de aquella entidad, el cual obliga al tutor a hacerlo a los 30 días de haber concluido la tutela. Sin embargo, la disposición análoga del Código Civil para el Distrito Federal (art. 608) establece que la rendición de cuentas, por estar pendiente, no suspende la entrega de los bienes.

El tutor contesta que puede entregar los bienes pero no las cuentas y, en consecuencia, alega que la ley poblana es contraria a la del Distrito Federal, por lo que la requisitoria del juez exhortante deber ser destinada.

Efectivamente, hay una contrariedad, pero es menor y no por ella el juez del Distrito Federal podrá desatender la petición del juez poblano, pues rompería con la necesaria continuidad de la vida jurídica y no atendería a la justicia y seguridad jurídica.

Otros principios en que se debe basar el juez del Distrito Federal para obsequiar la petición del juez exhortante son los siguientes (arts. 601, 602, 605, 606 y 607):

a) Que las personas afectadas hayan sido llamadas a comparecer personalmente a juicio y se haya respetado el derecho de audiencia.

b) Que la sentencia verse sobre cantidad líquida o cosa determinada individualmente.

c) Que la requisitoria debe constar en un documento auténtico.

d) Que si se tratare de bienes inmuebles ubicados en el Distrito Federal se hubiera juzgado conforme a las leyes de este lugar, es decir, que no necesariamente hayan juzgado jueces del Distrito Federal sino que el juez exhortante haya aplicado leyes del Distrito Federal.

e) Que si se tratare de derechos personales o del estado civil, la persona condenada se sometió expresamente a por razón de su domicilio al juez requirente.

b) COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

Las reglas establecidas en el CPCDF referentes a cooperación procesal internacional son producto de la reforma legislativa de 1988.

En el caso de ese ordenamiento, las reglas se circunscriben fundamentalmente al reconocimiento y la ejecución de sentencias, laudos y otras resoluciones extranjeras.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL (CPCDF)

El juez tiene las reglas de competencia interna conforme a las cuales se declarará competente o no para conocer de determinado asunto.

Art. 40. No procede la excepción de conexidad:

II. Cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios pertenezcan a tribunales de alzada diferentes; y

III. Cuando se trate de un proceso que se ventile en el extranjero.

En la fracc. III del art. 40 antes citado se trata que la excepción de conexidad sea interpuesta para que, con base en un juicio iniciado previamente en el extranjero, el juez mexicano tuviese que declinar su competencia. En la fracc. II del mismo artículo puesto que, como afirma Ovalle Fabela: “Es evidente que cuando un proceso se ventila en el extranjero, el juzgado que está conociendo del mismo necesariamente pertenece a un diverso tribunal de apelación”.

Art. 108. Las diligencias judiciales que deban practicarse en el extranjero, se cursarán en la forma que establezca el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados y convenios internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte.

Si el demandado fuera extranjero, las copias de la demanda y de los documentos irán redactadas en español, con su respectiva traducción a la lengua del país extranjero, a costa del interesado, quien deberá presentarla en el término que fije el tribunal, y de no hacerlo, dejará de emitirse el exhorto, en perjuicio del solicitante.

Art. 193. El juicio podrá prepararse:

IX. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieren en un proceso extranjero.

Esto quiere decir que, si bien con anterioridad era posible llevar a cabo este tipo de audiencias, ahora l facultad es expresa y, lo que es más importante, se define la posibilidad de presentar un expediente que sea resultado de un proceso en el extranjero, ya que esas actuaciones podrán tener validez en México.

En ningún caso podrá un tribunal nacional ordenar ni llevar a cabo la inspección de archivos que no sean el acceso público, salvo los casos permitidos por las leyes nacionales.

Como se advierte, se trata de una disposición que tiende a facilitar, de manera precisa, la exhibición de información solicitada del extranjero, lo que significa un límite al proceso estadounidense que se conoce como el discovery, que consiste en que las partes pueden tener acceso a los archivos de sus contarios sin precisar los documentos que se busquen.

Nuevamente en el segundo párrafo se insiste en la prohibición de acceso a archivos que no sean de acceso público por que la orden, en todo caso, debe referirse a tal o cual documento y no permitir un acceso a todos los archivos.

Arts. 362 bis. Cuando se solicitare el desahogo de prueba testimonial o de declaración de parte para surtir efectos de un proceso extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directamente en los términos del art. 360 de este código. Para ello, será necesario que se acredite ente el tribunal del desahogo de los hechos materia del interrogatorio están relacionados con el proceso pendiente y que media solicitud de parte o de autoridad exhortante.

De acuerdo con la reforma, el juez del distrito federal solo estará condicionado cuando deba dar fuerza ejecutoria a sentencias laudos y resoluciones dictados en el extranjero, sin embargo hay otros autos que también requieren el proceso de exequátur correspondiente, para lo cual el juez deberá tener en cuenta las condiciones siguientes:

a) Que se hagan satisfecho las formalidades precisas en el CFPC en materia de los exhortos provenientes del extranjero.

b) Que no hayan sido dictadas a consecuencia de una acción real. Lo anterior implica que la jurisdicción en la metería solo puede ser de jueces mexicanos respecto de bienes ubicados en el distrito federal. Anteriormente se menciono que cualquier juez de la republica mexicana puede decidir sobre acciones reales de bienes ubicados en el distrito federal, siempre que aplique las leyes del CCDF, pero no en el casa de jueces extranjeros, y también se menciona que el reconocimiento de la sentencia de un juez del interior de la republica sobre los bienes inmuebles del distrito federal queda al libre albedrio del juez del distrito federal, aceptada o no.

c) Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar de los asuntos de a cuadro con las reglas conocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las adoptadas por este código o en el CFPC. O sea, el juez del distrito federal deberá decidir acerca de la competencia del juez extranjero conforma dos criterios complementarios:

• El de las reglas de competencia reconocidas internacionalmente,

• Con la limitación de que sean compatibles con las reglas correspondientes del CPCDF o del CFPC.

Estos dos ordenamientos contienen reglas básicas modernas y aceptadas internacionalmente, por lo que la referencia del juez a ellas será suficiente. En resumen, se trata de evitar que el juez extranjero asuma una competencia abusiva o exorbitante.

d) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas. La insistencia en que se emplace en forma personal tiene el propósito de descartar otra forma de emplazamiento que ya mencionamos en otros sistemas jurídicos, por ejemplo, anglosajón permite el emplazamiento por correo o por notificación por otros medios que no conllevan fe pública y, por tanto, no constituyen notificaciones fehacientes para el derecho mexicano.

e) Que tengan el carácter de cosa juzgada en el pis que fueren dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra.

f) Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano, o cuando menos que en el exhorto o carta rogatoria pre emplazar hubiere sido trasmitido s y entregados a las secretarias de relaciones exteriores o a las autoridades del estado donde debe practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicara cuando se hubiera dictado sentencia definitiva.

g) Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya precedido no sea contraria el orden público en México.

h) Que lleven los requisitos para ser considerados como auténticos. Este requisito difiere del citado en el inciso a)conforme este se refiere a formalidades establecidas en los CPCDF y CFPC, y ser considerados auténticos tiene relación con las certificaciones que tanto las autoridades del estado del juez exhortante como las mexicanas estimen que deben cumplirse.

i) Finalmente, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias, resoluciones jurisdiccionales o laudos extranjeros en caso análogos.

Se trata de un principio de reciprocidad, un principio de excepción, pues salvo caso excepcionales las sentencias de un país se aceptan den los demás.

CÓDIGO DE PRODEDIMIENTOS CIVILES

Disposiciones generales: en el art. 554 se establece el principio según el cual en materia de litigio internacional, las dependencias de la federación y entidades federativas quedan sujetas a las reglas del CFPC. La razón es que dichas dependencias conforma hacia el exterior al gobierno mexicano, por tanto, se busca una uniformidad en las actividades y respuestas que puedan dar en estas materias. Sin embargo, subsisten las disposiciones de leyes estatales en la materia como aplicables en lo no previsto por el CFPC.

Es obvio reiterar, pero no deja de ser importante, que las personas o entidades distintas de las dependencias mencionadas podrán regirse, en litigios internacionales, de acuerdo con la reglas de procedimiento de los tribunales competentes en cada caso.

Exhortos o cartas rogatorias. El sentido de los arts. 549 o 553 es facilitar al máximo la tramitación de los exhortos o cartas rogatorias. Como se observa en dichos preceptos, se ofrecen varias opciones que el interesado puede escoger en función de la mayor o menor facilidad, tiempo y costo. La única restricción existente ella trasmisión de las cartas rogatorias o de los exhortos es que su contenido deberá estar traducido en español. Con ello se propicia que la tramitación de esta tipo de instrumentos resulte más fácil y, sobre todo, lo más adecuada a las posibilidades de las partes adecuadas a las posibilidades de la parte adecuada que lleve a cabo el trámite.

Competencia en materia de actos procesales: el art. 559 establece una prohibición general para todas las dependencias de la federación y de los estados, así como a los servidores públicos, de exhibir documentos o copias de documentos existentes en los archivos oficiales bajo su control.

Se exceptúan los documentos de orden privado que permitan la ley, pero siempre a petición del tribunal mexicano exhortado. Dada la flexibilidad contenida en la reforma, se debe delimitar este tipo de asuntos, pues en este caso será una decisión de tipo político más que jurídico, exhibir o no cierto documento oficial.

Competencia en materia de ejecución de sentencias. En todos los ordenamientos procesales del país se prevé la regulación de la competencia directa; en cambio, en materia de ejecución de sentencia se regula la competencia indirecta y la competencia internacional. Se trata de principios generales que servirán de guía al juez mexicano para saber cuando un juez extranjero no tiene competencia para pronunciarse sobre cierto caso o simplemente para evitar que ese juez extranjero ejerza competencia indebida o exorbitante. Por otro lado, esos principios generales servirán de guía al juez extranjero para saber si la asunción de su competencia llevara, a final del proceso, a la ejecución de la competencia en materia de ejecución de sentencias en mexica. Evidentemente, se trata también de una información muy importante para las partes en litigio.

Ejecución de sentencias. Los principios generales establecidos en este capítulo son los siguientes:

1. El reconocimiento y la eficacidad las resoluciones jurisdiccionales extranjeras y de los laudos arbitrales privados tendrán como limite la no contrariedad con el orden público mexicano.

2. Se establece de manera expresa la posibilidad de reconocer y ejecutar sentencias arbitrales privadas, aunque dicha posibilidad ya existía en el derecho mexicano desde 1971, al ratificarse la convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencia arbitrales extranjeras de naciones unidas.

3. Respecto de resoluciones jurisdiccionales y laudos arbitrales que se pretendan utilizar como prueba ante tribunales mexicanos, solo se necesitan que cubran los requisitos para considerarse auténticos. En nuestra opinión todo lo relativo al reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos arbitrales extranjeros de carácter comercial internacional o nacional debe regulare por lo previsto en el libro quinto del código de comercio, específicamente el titulo cuarto.

4. Los efectos en territorio nacional de las sentencias o resoluciones jurisdiccionales serán regidos por lo dispuesto del CC, en el CFPC y en las demás leyes aplicables. Esta disposición, que a primera vista parece exorbitante pues invade la competencia legislativa estatal, pretende establece criterios generales que tengan en cuenta los jueces de toda la republica, sin descartar la aplicación de las leyes locales.

5. Cuando las resoluciones jurisdiccionales o los laudos traigan aparejada ejecución coactiva, requerirán homologación o exequátur. El juez competente será el del domicilio del ejecutado.

6. Se aplican los principios en cuanto al incidente homologación, que no entra al fondo en materia de embargo, secuestro y distribución de fondos resultantes de remate.

7. Es importante el principio según el cual el juez mexicano queda facultado para ejecutar parcialmente la sentencia o el laudo cuando no se pudiere ejecutar en su totalidad. Esta disposición prevé una disposición que se presenta en la práctica, de modo que ante la imposibilidad de una ejecución completa, dichas resoluciones se devuelven al juez o arbitro que las pronuncio, con el consiguiente perjuicio para la parte interesada.

Arbitraje comercial

Para concluir este capítulo diremos unas palabras sobre unas palabras sobre el arbitraje comercial internacional, ya que se trata de un procedimiento para la solución de conflictos que hoy en dos tiene un interés y utilidad crecientes en el plano nacional y en el internacional y que, por tanto, el estudiante de derecho debe de su existencia.

El 22 de julio de 1993, se publicaron las nuevas reformas el titulo cuarto del código de comercio para incluir las disposiciones serán aplicables arbitraje nacional como al internacional, cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo establecido en los tratados o convenciones internacionales en los que México sea parte y salvo también, lo dispuesto en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje.

Además del reconocimiento de esta amplia liberalidad en si importante en la medida que pone en igualdad de condiciones a quienes en México se dedican al comercio internacional respecto de otros operadores internacionales del comercio, se establece que las reglas del capítulo cuarto del código de comercio también serán aplicables para el arbitraje comercial nacional, lo que abre una nueva avenida para la solución de controversias comerciales de manera eficaz y rápida, dados los problemas por los que atraviesa el sistema judicial en México, principalmente el de su lentitud en la decisión de casos a consecuencias de la saturación y a los pocos recursos de que disponen para hacer frente de un número cada vez mayor de demandas.

Cabe apuntar que dentro de las reglas establecidas por el titulo cuarto que se comenta tanto para el arbitraje nacional como pata el internacional, se incorpora uno de los principios fundamentales del arbitraje, que es no formalismo y en el caso especifico de las notificaciones, estas pueden llevarse a cabo mediante carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega si personalmente no se logro hacer esta, siempre y que así lo hayan acordado las partes.

Cabe apuntar que dentro de las reglas establecidas por el titulo cuarto que se co9menta, tanto para el arbitraje nacional como para e internacional, se incorpora uno de los principios fundamentales del arbi9traje, que es el no formalismo y en el caso especifico de las notificaciones, estas pueden llevarse a cabo mediante “carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del intento de entrega” si personalmente no se logro hacer esta, siempre y que así lo hayan acordado las partes.

El tribunal tiene amplias facultades en la conducción del procedimiento. A este respeto, el código de comercio establece que el tribunal puede “dirigir el arbitraje del modo que se considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, pertinencia y balos de las pruebas”. En la práctica, esa facultad otorga una amplia capacidad de actuación al árbitro o al tribunal arbitral para resolver controversia no previstas en las reglas.

En el art. 1462 del código de comercio se refiere a los principios establecidos e