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Deberes Del Funcionario Publico

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Jerry 22 junio 2011

Palabras: 5604 | Páginas: 23

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o técnico, profesional y moral, para incorporar nuevos conocimientos, corregir y mejorar su desempeño.

9. Informar a sus superiores cualquier iniciativa que se considere necesaria para conservar el patrimonio nacional, y el mejoramiento de los servicios que trate favorablemente las actividades a cargo del ente u órgano. Al funcionario público se le establece como deber participar a su superior sobre aquellas sugerencias, que puedan significar mejoras en los servicios que presta la administración pública.

10. Los funcionarios públicos no deben involucrarse en los asuntos cuya competencia este relacionada en los casos en que su cónyuge o concubina tuviera interés en algún asunto o cuando hubieran intervenido como peritos o testigos en el expediente de alguna resolución o en el caso en que existiera amistad o enemistad entre el funcionario y el interesado, de modo que pudiera prejuzgar la resolución del asunto.

11. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los reglamentos, los instructivos y las órdenes que deban ejecutar.

Según la Ley del Estatuto de la Función Publica Los derechos de los funcionarios públicos están contemplados en los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 de la presente ley.

❖ DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículos 22:

El funcionario público tiene derecho a ser informado por su superior inmediato acerca de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le corresponden al incorporarse al cargo.

Articulo 23:

El funcionario público tiene derecho a ser remunerado de acuerdo al cargo que desempeñe de conformidad a lo establecido en esta ley y su reglamento.

Articulo 24:

Tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales de quince días hábiles a partir del primer quinquenio de servicios. De 18 al segundo quinquenio servicios y de 21 días durante el tercer quinquenio y de 25 días a partir del decimo sexto, con una bonificación de 40 días de salarios.

Es decir, en los primeros cinco años de servicio, el funcionario público disfrutará de 15 días de vacaciones, luego del sexto (6) año y hasta el decimo (10) disfrutará de 18 días, del decimo primero (11) y hasta el decimo quinto (15) año de servicio serán de 21 días y de 25 días a partir del decimo sexto (16) año de servicio en adelante, con una bonificación de 40 días de salario.

Articulo 25:

El funcionario público tiene derecho a disfrutar por cada año de servicio de una bonificación de fin de año correspondiente a 90 días de salario.

Articulo 26:

Los funcionarios que presten servicios en la administración pública tienen derecho a los permisos y licencias que se establece en los reglamentos de esta ley, los cuales pueden ser con remuneración o no remunerado y de carácter obligatorio o potestativo.

Los permisos y licencias serán otorgados en los casos que el funcionario público este realizando estudios, por enfermedad, cuando fallezca algún familiar o por medio del acuerdo de una contratación colectiva, entre otras.

Articulo 27:

Los funcionarios públicos Nacionales, Estadales y Municipales tienen derecho a su protección integral a través del sistema de Seguridad Social bajo las condiciones que establezca la ley y los reglamentos que rigen el sistema de seguridad social. De tal manera que garantice el derecho de los funcionarios a la seguridad social, mediante la protección de las contingencias amparadas por los sistemas prestacionales de salud, previsión social y vivienda y hábitat consagrados en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Articulo 28:

Los funcionarios públicos tienen derecho a los mismos beneficios que establece la Constitución Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y su reglamento en lo que respecta a la prestación de antigüedad y las condiciones para percibirlos, donde contempla en su articulo 108 que después del tercer día ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes. Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses el patrono pagará dos (2) días de salario adicionales, por cada año, acumulativo hasta llegar a treinta (30) días de salario.

Articulo 29:

Los funcionarios públicos en estado de gravidez gozarán de la protección integral de la maternidad de acuerdo a lo contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y su reglamento. Por lo tanto no puede ser desmejorada de las condiciones de trabajo por este motivo, y estará exenta de realizar tareas que por requerir esfuerzos físicos puedan causar el aborto o daños al feto.

❖ DERECHOS EXCLUSIVOS DE LOS FUNCIONAROS PÚBLICOS

De acuerdo a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública en los artículos 30, 31 y 32.

Articulo 30:

Los funcionarios públicos que ocupen cargos de carrera tienen derecho a la estabilidad en el desempeño de sus funciones en el cargo, y por lo tanto solo pueden ser retirados del servicio por las causas que se encuentren en esta ley.

“Según el artículo 86 serán causales de destitución: Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en el transcurso de tres meses, el incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo, la desobediencia a las órdenes de su supervisor inmediato, la arbitrariedad en el uso de la autoridad que cause perjuicios a los subordinados o al perjuicio, solicitar o recibir dinero u otro beneficio valiéndose de su condición de funcionario publico entre otras”.

Articulo 31:

Los funcionarios públicos de carrera tienen derecho a ser ascendidos según las disposiciones previstas en esta ley y su reglamento.

Por medio del ascenso el funcionario escala posiciones, avanza en la escala jerárquica, hace carrera, se pasa de un grado inferior a otro superior. El ascenso es irreversible, logrado no puede descenderse.

Articulo 32:

Los funcionarios públicos de carrera que ocupen cargos de carrera tiene derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacifica de los conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y su reglamento siempre que sea relacionado a la índole de los servicios que prestan en la administración pública.

❖ PROHIBICIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Entre las prohibiciones que la Ley del Estatuto de la Función Pública menciona en su artículo 34 están las siguientes:

1. Los funcionarios públicos no podrán realizar contratos por si o en representación de otro, puesto que estos no deben autorizar las contrataciones donde se beneficien así mismo, ya sea con los diferentes estados y municipios o con personas de derecho público o privado.

2. No esta permitido por la Ley que los funcionarios públicos realicen propagandas políticas o utilicen algún tipo de distintivo que lo avale como miembro de un partido político, ya que éste debe tener una conducta imparcial dentro de sus funciones públicas.

3. Participar directa o indirectamente en los trámites o gestiones que efectúen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que quieran realizar contratos con la República, los Estados, Municipios o que pertenezcan al Derecho Público o Derecho Privado.

4. Los funcionarios no pueden aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que sea previamente autorizado por la Asamblea Nacional.

❖ LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN LA LEY ORGANICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (LOPA).

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), persigue lograr un adecuado equilibrio entre las potestades de la administración, los intereses de los funcionarios públicos y los derechos e intereses de los particulares.

Con respecto a ello, Brewer C., Allan en una investigación precisa y detallada menciona los siguientes deberes:

✓ DEBER DE ACTUAR FORMALMENTE

La administración y los funcionarios tienen el deber de ajustarse a los procedimientos que exige la ley, es decir que deben cumplir con los trámites, requisitos y formalidades, necesarias para la validez y eficacia de los actos administrativos.

Este deber se regula en varias normas de la ley. Por ejemplo el artículo 12 exige que los actos discrecionales deban cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia de los actos. Por su parte el articulo 100 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sanciona cualquier desviación, distorsión omisión, retardo o incumplimiento de los procedimientos; asimismo las sanciones serán con una multa entre el cinco por ciento y el cincuenta por ciento de su remuneración total correspondiente al mes en que se cometió la falta y según su gravedad

✓ DEBER DE INFORMAR

Para la administración y los funcionarios es un deber primordial informar de los actos administrativos, el cual se manifiesta en las diferentes etapas del procedimiento.

• Información General

El artículo 33 impone a las entidades públicas sometidas a la ley, la obligación de preparar y publicar en la Gaceta Oficial, reglamentos e instrucciones sobre estructuras, funciones, reglamento, competencia y jerarquía de los diversos órganos públicos; asimismo se informará a éste por los medios adecuados, igualmente informara a los interesados sobre los métodos y procedimientos en uso en a tramitación o consideración de su caso.

• Información a los Interesados

Este deber de informar existe ante todo, en el momento mismo en el cual se entrega una solicitud o petición a la administración en efecto el artículo 45 de la Ley, establece que los funcionarios que reciban la solicitud deben advertir a los interesados sobre las omisiones e irregularidades que observen, por tal motivo la administración debe publicar e informar a los interesados sobre los métodos, procedimiento, requisitos y formularios, de manera que el particular sepa de antemano que es lo que debe cumplir como obligación frente a la administración en materia de presentación de documentos.

Pero el deber de informar que tienen los funcionarios en el procedimiento, respecto a los particulares, para advertirle de las faltas y omisiones no se agota en la recepción de documentos sino que también continúa al iniciar el procedimiento. En consecuencia el artículo 5 de la Ley contempla que las peticiones que no requieran sustanciación, es decir de la tramitación de juicio, tendrán 20 días hábiles para la toma de la decisión respectiva.

✓ DEBER DE TRAMITAR

Dentro de los Procedimientos Administrativos existen una serie de deberes de tramitación que resulta competencia de los funcionarios públicos emplearlos, entre ellos están:

• Deber General

La Ley consagra en su articulo 3, el deber general de tramitar los procedimiento, que corresponda a los funcionarios y demás personas que presten servicios en la administración, si el funcionario no cumple con su deber de tramitar, el particular puede reclamar ante el superior jerárquico, denunciando al funcionario por el retardo, omisión o el incumplimiento de cualquier procedimiento o distorsión, este reclamo debe hacerse de forma escrita y razonada y será resuelto dentro de (15) días hábiles. La reclamación no acarreara paralización del procedimiento, ni obstaculizara la posibilidad de que sean resueltas las fallas u omisiones.

• Recepción de Documentos

Dentro del deber de tramitación que tienen los funcionarios están todas las normas relativas a la recepción de documentos.

La administración en los procedimientos que se inicien a instancia de parte y en general, cuando tenga que recibir documentos esta obligado en primer lugar a dar recibo del documento, dejar constancia de la recepción del documento, mediante el sello de la copia de la solicitud dependiendo de cada organismo, el articulo 46 exige que se de constancia escrita como recibo de todo documento presentado y sus anexos.

• Deber de Impulsar

El articulo 53 de la ley señala que la administración esta obligada a cumplir todas las actuaciones para el mejor conocimiento de los actos, siendo responsabilidad de los funcionarios respectivos impulsar el procedimiento en absolutamente en todos los trámites. Por lo tanto, en el procedimiento, la administración no solo esta sujeta al impulso del interesado, sino que esta obligada a realizar todas las actuaciones procesales necesarias.

• Deber de Evacuar informes

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos menciona en su artículo 54 que la autoridad administrativa a quien corresponda debe solicitar de todos los organismos o autoridades los documentos, informes o antecedentes que estime conveniente para la resolución del asunto, es decir, la administración debe adquirir los documentos e informes necesarios para tomar una decisión precisa y no solo atenerse a lo que solicite el interesado. Cuando el la solicitud provenga del interesado, éste deberá indicar la oficina donde se tramitó la documentación.

• Deber de Promover Pruebas

Los funcionarios encargados de impulsar el procedimiento tienen también el deber promover las pruebas necesarias para el mejor conocimiento de los hechos, esto representa una obligación para el conocimiento claro de la verdad de los hechos.

✓ DEBER DE DECIDIR EN LAPSOS DETERMINADOS

La administración y sus funcionarios tienen el deber de decidir los asuntos en los lapsos establecidos y expresados en la ley, ya que la obligación de tramitar es a los efectos de tomar una decisión, Asimismo la ley prescribe cual es la oportunidad de adoptar esa decisión de acuerdo al principio constitucional. Por tanto todos los particulares tienen derecho de dirigir peticiones a las autoridades en las materias de su competencia y a obtener oportuna respuesta, con lo cual, indirectamente el derecho de petición impone la obligación de dar respuestas de decidir y de tomar las decisiones correspondientes.

El artículo 5 establece que las peticiones o solicitudes emitidas por los particulares a los órganos de la administración pública que no requieran de sustanciación procedimental, es decir tramitaciones a fines de juicio, deberán ser resuelto en un lapso de veinte (20) hábiles siguientes a la presentación de la petición, sin embargo, cuando se trata de procedimientos que si requieren sustanciación, debe adoptarse luego de la tramitación un lapso de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, en cuyo caso dejara constancia en el expediente, se otorgará una prorroga de dos (2) meses, con lo cual se establece un máximo de plazo que no podrá excederse.

✓ DEBER DE EJECUCION FORMAL

Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica, la administración no podrá ejecutar arbitrariamente sus actos administrativos, sino que debe realizar una ejecución formal, donde el procedimiento no se salga de los parámetros establecidos por la Ley.

✓ DEBER DE MOTIVAR

Es deber de la administración y de los funcionarios motivar los actos administrativos, el cual forma parte de la consagración general del artículo 9 de la Ley que exige que los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados excepto los de simple tramite o salvo disposición expresa en la Ley, y en dicha motivación debe hacerse referencia a los hechos y fundamentos legales del acto.

La Ley prescribe una obligación general de motivar todo acto administrativo definitivo de efectos particulares, Conforme a esto el artículo 18, ordinal 5º, manifiesta que el acto de motivación debe consistir en una expresión precisa de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamentos legales del acto

✓ DEBER DE IMPARCIALIDAD

El deber de actuar con imparcialidad según el artículo 36 se refiere al hecho de que los funcionarios están en la obligación de no involucrarse en los asuntos en los cuales puedan tener interés personal como relaciones familiares, relaciones de amistad o enemistad entre el funcionario y el interesado.

❖ LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Sin duda, una de las partes medulares de la ley está formada por los derechos de los administradores en relación. Ya que hemos dicho que esta ley es una muestra de ese equilibrio que siempre busca el derecho administrativo, entre poderes de la administración y derechos de los particulares. No siempre ha habido un balance en la historia del derecho administrativo entre esas dos posiciones o situaciones jurídicas.

Antes de esta ley, la situación en Venezuela era desequilibrada muchos derechos, poderes y prerrogativas de la administración y muy pocos derechos de los particulares frente al estado. Por lo cual muchas veces eran aplastados por éste, encontrándose desasistidos e indefensos. Por eso la ley tiene una gran importancia en el sentido de otorgar derechos a los particulares, pero su regulación sin duda, posiblemente haya creado otro desbalance al hacer el sistema se incline hacia una mayor consagración de derechos a favor de los particulares.

• El Derecho de Petición y a la Respuesta

La ley Orgánica recoge el mismo derecho a petición en su artículo 2º pero lo regula como un derecho de los interesados, es decir aquellos que puedan alegar una lesión a sus intereses personales, legítimos y directos a sus derechos subjetivos.

Por tanto el derecho a obtener respectiva respuesta derivado del derecho de petición, la ley lo concreta, y estima que esa oportunidad es de veinte días, seis meses o treinta días, según que se trate respectivamente de un procedimiento que no requiere sustanciación que si lo requiere o que sea de carácter sumario.

• El Derecho a la Igualdad

El principio de la imparcialidad está consagrado en el artículo 30 de La Ley Orgánica como un principio del procedimiento administrativo, y además, como un derecho del particular a que la administración no se paralice en la resolución de los asuntos, por ninguna de las partes esto trae consecuencias: la administración debe respetar el orden de los asuntos, conforme a su presentación, de acuerdo al artículo 34 de la Ley; y si el funcionario se encuentra en alguna situación que pueda comprometer su imparcialidad, debe inhibirse de acuerdo al articulo 36 de la Ley, para asegurar la igualdad y la imparcialidad del procedimiento.

• El Derecho a la Estabilidad de las Decisiones

El derecho a la estabilidad o a la seguridad jurídica que tiene los particulares en relación a los actos administrativos. La administración no puede estar variando sus actos a cada rato porque lesionaría la seguridad jurídica ya que el interesado no sabría a que atenerse frente a la administración. Por tanto, la actuación de la administración tiene que asegurar condiciones mínimas de estabilidad y permanencia de su actuación.

En todo caso, la administración aun cuando tome decisiones en base a un criterio, podría cambiarlo, pues no se tarta de inmovilizar la actuación administrativa. Sin embargo, de acuerdo al artículo 11 de La Ley Orgánica, y si bien la administración puede modificar los criterios que tiene para decidir y puede adoptar nuevas interpretaciones.

• El Derecho a la Información

En este derecho a la información los particulares tienen derecho a tener una información general sobre las estructuras, funciones, comunicaciones y jerarquías De las dependencias administrativas, conforme se prevé en el artículo 33 de la ley Orgánica, así regula un derecho general a ser informado, sobre cómo funciona la administración y cuales son los procedimientos y trámites que hay que cumplir en los diversos casos, lo que implica, asimismo, derechos a que se indiquen los formularios y requisitos que hay que llenar en cada caso. Pero además de este derecho general también hay un derecho particular a ser informado en los casos en que pueda haber alguna falla en la tramitación que inicia el particular.

• El Derecho a la Racionalidad Administrativa

El derecho a que la administración siga las formulas racionales, lo cual se deriva del principio de la racionalidad, establece indirectamente el articulo 30 de La Ley Orgánica. Por tanto, el derecho a la racionalidad implica la administración debe actuar de acuerdo a una serie de formas prescritas, que sean inteligibles por todos los particulares. Por ello el artículo 32 de La Ley Orgánica, exige a la administración el se deba racionalizar sus sistemas y métodos de trabajo, adoptando las medidas y procedimientos mas idóneos.

Debe señalarse además, que la ley Orgánica establece el procedimiento para el caso de que el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo alegando la prescripción: en estos casos, conforme al articulo 71 de La Ley Orgánica, la autoridad administrativa a la que corresponda el conocimiento del asunto procederá, en el término de treinta días hábiles a verificar el tiempo transcurrido y las interrupciones o suspensiones habidas, si fuese el caso y a decidir lo pertinente.

✓ DERECHOS EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO

El derecho en relación al procedimiento administrativo concreto, consagrados por primera vez en el derecho positivo.

• El Derecho a la Defensa

Este derecho al defensa tiene una consagración múltiple en la ley Orgánica, la cual en diversas normas, precisa su sentido y manifestaciones. Se regulan así, los siguientes derechos conexos:

✓ El derecho a ser oído

✓ El derecho a hacerse parte

✓ Derecho a ser notificado

✓ El derecho a tener acceso al expediente el derecho a presentar pruebas

✓ El derecho a ser informado de los recursos.

• El Derecho a la Celeridad

En varias normas de La Ley se consagra lo que podríamos denominar el derecho a la celeridad en el procedimiento, el cual también va afectar la actuación tradicional de la administración donde el tiempo no cuenta ni tiene valor. Para un funcionario decirle a un particular que regrese dentro de una semana o 15 días, es lo mismo, y normalmente pasan meses y no resuelven el asunto con celeridad. Sin embargo, este desprecio del tiempo ahora tendrá que cambiar al preverse en la Ley este derecho a la celeridad. A los efectos de que los procedimientos e resuelvan rápidamente. El artículo 30 de La Ley Orgánica prescribe que la actividad administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad las autoridades superiores de cada organismo deberán velar por el cumplimiento de estos preceptos.

Derechos conexos:

✓ El derecho al cumplimiento de plazos.

✓ El derecho a la actuación administrativa de oficio.

✓ El derecho a la no suspensión del procedimiento.

• El Derecho al Respecto del Orden de las Tramitaciones

En el despacho de los asuntos, dice el artículo 34, se respetará rigurosamente el orden que fueron presentados; orden q debe contar del recibo y de los datos de registro que regula el artículo 44 de La Ley Orgánica.

• El Derecho de Queja

El derecho de los interesados que establece el artículo 3, de quejarse ante el superior jerárquico inmediato reclamando las actuaciones del funcionario responsable del asunto. Este reclamo podrá interponerse en forma escrita y será resuelto de 15 días siguientes, si el superior jerárquico encuentra fundado el reclamo impondrá la sanción prevista en el articulo 100 el funcionario o empleado público responsable de incumplimiento de cualquier disposición será sancionado con multa entre el cinco por ciento y el cincuenta por ciento de su remuneración total correspondiente al mes en que cometió la infracción, según la gravedad de la falta.

• El Derecho a Desistir del Procedimiento

Es el derecho del particular a desistir del procedimiento, cuando éste se haya iniciado a instancia de parte. Se entiende terminado el procedimiento, dice el artículo 63 de la Ley Orgánica, por el desistimiento del interesado de su solicitud, petición o instancia, por lo que se trata de un derecho que solo puede hacerse valer en los procedimientos a instancia del interesado.

La Ley establece que este desistimiento debe hacerse por escrito, y en relación al mismo, corresponde al funcionario que conozca del asunto, formalizar el desistimiento por auto escrito y ordenar el archivo del expediente.

✓ DERECHOS EN RELACION A LOS ACTOS ADMINITRATIVOS

Además de esos derechos de los administrados frente a la administración y al procedimiento, también puede ubicarse un tercer grupo de derechos de los particulares, en relación a aquellas manifestaciones de voluntad expresa de la administración pública para producir efectos jurídicos (artículo 7).

• El Derecho al Formalismo

En primer lugar, puede decirse que hay un derecho al formalismo La Ley Orgánica en efecto, es un texto que se regula el procedimiento, establecimiento trámites, lapsos y requisitos y administración está obligada a cumplir esas formalidades necesarias para la validez y eficacia de sus actos. Este derecho al formalismo, se deduce, ante todo, del artículo 1º de la Ley, que establece como obligación de la administración, ajustar su acción a las prescripciones.

• El Derecho a la Motivación

El derecho a la motivación, es decir, el derecho a que la administración al decidir, lo haga indicando obligatoria y necesariamente al particular, formalmente, los motivos que tuvo para adoptar la decisión. La motivación como señalamos anteriormente, se consagra en el artículo 9 de La Ley, con carácter general particular, debe ser motivado, siendo la única excepción, si se trata de actos de simples trámites o de aquellos actos respecto de los cuales una Ley expresa exonere de la obligación de motivarlo.

• El Derecho a la Notificación

Este derecho existe respecto de los actos de efectos particulares, es decir que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos de estos particulares, la notificación conforme al artículo 75 de la Le Orgánica y debe hacerse a domicilio o residencia del interesado o del apoderado. En general puede decirse que La Ley exige notificación personal, que debe recibirse con constancia de recibo en el domicilio del interesado, por lo tanto no son validas, conforme a La Ley, las notificaciones realizadas por correo donde no hay constancia de recibos.

• El Derecho a la Suspensión de Efectos

Este derecho lo consagra la ley en forma novedosa en materia de ejecución de los actos administrativos, de que se pueda pedir la suspensión de los efectos del acto administrativo el artículo 87 de La Ley Orgánica establece como principio que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución de los actos impugnados. Sin embargo, por primera vez, también en el derecho positivo, se regula la posibilidad de que el interesado pueda solicitar a la administración, intentando un recurso administrativo, que suspenda los efectos del acto, es decir, suspenda su ejecución, Mientras el recurso administrativo se decide.

• El derecho a la ejecución formal de los actos administrativos

Anteriormente no existía establecida esta obligación de la administración de ejecutar de manera formal los actos, pues no había el derecho del particular a que hubiese actos administrativos previos a los actos materiales de ejecución. No era infrecuente, que la administración ejecutara actos materiales sin haber dictado previamente decisiones formales, creando una situación de hecho que se tratara de regularizar con una decisión adoptada con posteridad a la ejecución material.

Por otra parte, con este articulo 78 de La Ley Orgánica, se establece indirectamente, para la teoría de los actos administrativos, la distinción entre actos materiales y actos administrativos; en cuanto a que el acto administrativo es una manifestación de voluntad que produce un efecto o jurídico y el acto material, es una actuación que no persigue la producción de efectos jurídicos.

❖ LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES

✓ El Deber de Informar

Es la obligación que tiene de informarle sobre los asuntos que estén en curso en un procedimiento, tal como lo establece el artículo 28 de La Ley Orgánica. Esta norma puede decirse que es incompleta, pues no se prevé de sanción alguna para el incumplimiento de este deber.

✓ El Deber de Comparecer

El artículo 29 de La Ley Orgánica también lo regula expresamente: los particulares o administrados dice, están obligados a comparecer a las oficinas publicas cuando sean requeridos, para la tramitación de los asuntos en los cuales aquellos tengan interés.

✓ El Deber de Acatar los Actos

Los particulares también tienen como obligación el cumplir los lapsos fijados en La Ley, lo cual esta previsto en el artículo 41 al prescribir que los términos y plazos establecidos, obligan por igual y sin necesidad de apremio tanto autoridades y funcionarios, como a los particulares interesados en los mismos por tanto los particulares están obligados al igual que los funcionarios, a respetar y cumplir los lapsos y plazos establecidos en la Ley Orgánica.

✓ El Deber de Ejecutar los Actos Administrativos

Es el deber u obligación que tiene de ejecutar los actos dictados por la administración. Este deber implica que, dictado un acto, el particular interesado destinatario del acto esta obligado a cumplirlo y a ejecutarlo. Si se trata de actos de ejecución personal, debe ejecutarlo personalmente, es decir, cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado se resistiere a cumplirlos, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía y, en el caso de que persista en el cumplimiento, será sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que ya se le hubiere aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la administración, para que cumpla lo ordenado. Cada multa podrá tener un monto de hasta diez mil bolívares (Bs. 10.000,00), salvo que otra Ley establezca una mayor, caso en el cual se aplicará artículo 80 de la Ley Orgánica.