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Democracia Y Autoritarismo

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Categoría: Acontecimientos Sociales

Enviado por: Ensa05 11 mayo 2011

Palabras: 12219 | Páginas: 49

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cápita y un excelente estándar de vida.

A pesar de esta realidad evidente, la cuestión de fondo que aún permanece en etapa de discusión es, qué ha sucedido, qué está sucediendo y qué sucederá con naciones menos desarrolladas, como las de América Latina, que a lo largo de su historia han vivido distintas etapas de instabilidad tanto económica como democrática, oscilando en torno a lapsos de gobiernos más o menos autoritarios pero que, en definitiva, no han tenido un impacto positivo en lo social y económico tomando en cuenta estándares internacionales.

Por otra parte también es verdad que varias de las naciones consideradas hoy ricas en algún momento tuvieron graves problemas, no sólo en lo económico, sino en su evolución democrática. Sobre esto, basta nada más con revisar las dificultades del mundo en general, tras la crisis de 1929, así como de España, Alemania, Italia y Japón, antes, durante la guerra y después del gran conflicto mundial ocurrido entre los años 1939-1945, en pleno siglo XX.

Con todo, no es posible descartar del todo y reconocer los avances observados en épocas de autoritarismo, como en particular durante el período de Augusto Pinochet y la Junta Militar en Chile, en el que al margen de graves asuntos relacionados con diversas formas de trasgresión a los derechos humanos que se cometieron -reconocidos mundialmente-, Larraín y Vergara señalan que se alcanzaron importantes transformaciones relacionadas con materias de tipo económico-social y que han continuado perfeccionando los gobiernos democráticos.

Este reconocimiento ha sido incluso aceptado más recientemente por los destacados historiadores Jorge Hidalgo, Sergio Villalobos, Gonzalo Vial y Cristián Gazmuri, que dieron su opinión al respecto con motivo de una entrevista realizada por el diario El Mercurio de Santiago, cuando se les pidió su opinión sobre los nuevos textos escolares de Ciencias Sociales. Gazmuri, por ejemplo, señaló: “creo que debería reconocerse el éxito del modelo económico de la dictadura, pero con matices: tuvo un costo social elevado; y aunque ha mejorado el crecimiento económico, no ha ocurrido lo mismo con la repartición de la riqueza”.

Pero por mucho que se hubiera logrado en aquel período autoritario, sin entrar a discutir en cuanto más o cuanto menos pudo hacerse, es indudable que no es ideal ni quizás coherente el progreso de una nación o de un grupo de países, como puede ser el caso latinoamericano, en medio de las turbulencias políticas y falta de libertades que implica cualquier tipo de dictadura. La correcta participación democrática es también parte del concepto de desarrollo, es una manera civilizada por la que los individuos –que naturalmente tienen múltiples y lógicas diferencias en la comprensión de la realidad que los rodea- pueden avanzar en pos de acuerdos que permitan resolver las dificultades existentes y proponer las reformas necesarias para lograrlo.

En la nueva época de la globalización, sin embargo, la tendencia que determina y marcará la relación entre estos y otros países será, se espera, de una cada vez más estrecha colaboración en amplios temas del desarrollo. En esto, es de reconocer el esfuerzo de las naciones europeas por constituir una Unión Económica, con un Banco Central común que define su política monetaria continental y las crecientes instancias de integración física que incluyen una mayor movilidad de personas entre países.

El fundamento anterior es que me lleva a proponer la noción de procesos constructivos y procesos destructivos, como una manera de identificar fases en la historia económica y social de América Latina, que incluyan determinados conjuntos de características propias de etapas de avance económico y consolidación en lo democrático, versus etapas de retroceso en el progreso social e involución hacia el autoritarismo u otras formas de gobierno no democrático.

Por otra parte, al margen de los conflictos de carácter internacional, que indudablemente han marcado etapas importantes respecto a sus consecuencias en el bienestar social de millones de individuos, han estado los conflictos, o por el contrario acuerdos, internos a cada país. Esto parece especialmente válido para América Latina, en que la realidad observada hoy está fuertemente arraigada en un pasado que habría evolucionado desde formas muy precarias de estabilidad democrática, con fuertes connotaciones de autoritarismo y falta de participación, populismos y hasta revoluciones armadas, que de algún modo ha influido desde el pasado y siguen influyendo sobre el desenvolvimiento social y económico del presente.

El camino hacia la modernidad política en América Latina: democracia versus autoritarismo

Nuestra América morena comenzó su camino en la Historia a partir de un proceso de revoluciones libertarias. El profesor Juan Carlos Gómez ha hecho notar que, previo al movimiento de las juntas independentistas latinoamericanas, no se encuentran antecedentes que permitan apuntar la necesidad de conformar la noción de Estado y qué tipo de soberanía se requería en América Latina. Sin embargo, la modernización se instaló en el continente de algún modo y en cierto instante, emergiendo de paso el concepto de ciudadanía y a la aparición de diversos actores sociales pertenecientes a distintas clases sociales.

De esta misma realidad social primigenia en América Latina surgió además la idea de espacio público moderno y, poco a poco, se establecieron las bases que constituirían la democracia liberal representativa y nuevas formas de participación popular. En la fase decimonónica, las formas de modernidad se fueron dando en contextos más o menos capitalistas o socialistas, con distintas graduaciones según el país o la época, pero que en ambos casos llevan a reflexiones aún vigentes cómo: ¿Qué es la democracia? y ¿Qué es el autoritarismo?.

La discusión en torno a las preguntas anteriores obliga a contextualizar los conceptos por separado. La palabra democracia nos remite al menos a tres aspectos básicos que es necesario puntualizar: (i) es un concepto polisemo, es decir, de múltiples significados; (ii) nos remite a una complejidad institucional, con una arquitectura de normas y procedimientos de apoyo e (iii) es una forma de vida que presenta conflictividad, como ideal político. Pero además la democracia plantea o reclama la necesidad de igualdad política y social, estableciendo premisas como: “el gobierno es de todos”, que en sentido estricto nos lleva a replantearnos: ¿Qué significa que el gobierno sea de todos?. Un régimen verdaderamente democrático suele presentar, además, otras características como la de dinamismo y capacidad de generar conflictos que deben resolver quienes detentan el poder.

La democratización de distintas sociedades en el mundo ha sido una realidad que se habría incrementado a partir de la década del año 1990. Entre 1989 y mediados de 1993, por ejemplo, sólo en África más de veinte países tuvieron como meta establecer regímenes constitucionales e instituciones parlamentarias democráticas. La pregunta lógica aquí parece ser ¿Qué ha impulsado esta mayor necesidad de democracia?. Una posible respuesta se debe al denominado enfoque ortodoxo, destacado por Francis Fukuyama, que resalta las virtudes de la democratización ante la desaparición de las alternativas históricas de la misma. Para el mismo autor, el autoritarismo, tanto de derechas como de izquierdas, ha fracasado, pues no pudo legitimar de manera satisfactoria su propio poder. Anthony Giddens, por otra parte, tiene una interpretación diferente respecto a la inquietud planteada: los procesos sociales actuales de democratización deben interpretarse considerando los cambios sociales vividos en tiempos más recientes. La influencia de la comunicación electrónica, la instantaneidad proporcionada por la radio y la televisión, la expansión de la capacidad social de reflexión y la destradicionalización (sic) también han sido factores determinantes en los procesos democratizadores.

El concepto de autoritarismo, por otra parte, incorpora la idea de una concentración de poder en un bloque dominante que lo ejerce con total y completa discrecionalidad o sin ningún tipo de límites en esa forma de acción. En este caso y con relación al tema que nos preocupa, el autoritarismo controla fundamentalmente la actividad política, a partir de la cual entrega sus preferencias al grupo o sector social que le apoya y reconoce su autoridad. Cabe aclarar que el concepto de autoritarismo, e incluso dictadura, es diferente del de totalitarismo. Este último es el caso más extremo de dominación de un grupo social respecto de otro, como fueron los regímenes Nazi en Alemania, fascista en Italia y comunista en Rusia. El totalitarismo es de naturaleza holística, lo abarca todo, no existen elementos controladores o reguladores externos independientes de su accionar. De allí que cabe calificar sólo como autoritarismo, por ejemplo, el régimen militar chileno o el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, pues dieron algunos espacios mínimos de expresar desacuerdos (la Vicaría, prensa, revistas opositoras y otras manifestaciones de disenso).

El devenir histórico latinoamericano ha presentado diversas épocas dominadas por un autoritarismo de tipo más bien tradicional, que predominó en la región de Centroamérica hasta la gran crisis de 1930. En la década de los años 70 surgió, según Norbert Lechner, un nuevo autoritarismo, caracterizado por intervenciones militares en países con un alto nivel de desarrollo económico en la región, como Argentina, Brasil y Chile. En estos casos los militares tomaron el poder desde una perspectiva más bien institucional, sin el liderazgo de un caudillo tradicional y sin el apoyo de los partidos políticos:

“Tras esta primera discriminación, puede intentarse una interpretación más estructural. El nuevo autoritarismo surge como reacción a dos momentos: internamente, la agudización de la lucha de clases, que desestabiliza la estructura de dominación, sin poder crear un nuevo orden. Externamente, la internacionalización del capital, que transforma el proceso de acumulación e impulsa un reordenamiento de las economías locales. En consecuencia, el nuevo Estado Autoritario se rige por dos concepciones complementarias. Por un lado, la doctrina de Seguridad Nacional en cuanto a programa de pacificación social, que restablece un orden jerárquico de la sociedad en función de un bienestar económico estratificado. Por el otro, un enfoque tecnocrático del proceso económico, que busca estabilizar la vigencia del capitalismo basándose en la dinámica del capital extranjero y garantizando la participación subordinada del capital nacional”.

La concepción autoritaria descrita por Lechner nos plantea la posibilidad de un Estado destructivo en aspectos fundamentales relacionados con derechos básicos de la población en la evolución posterior a procesos sociales álgidos en que las luchas por el poder han rebasado a la democracia misma. Es indudable que la aplicación de doctrinas de Seguridad Nacional que restringen las libertades de reunión, desplazamiento e información, por muy justificadas que estén y debido a grandes crisis, produce una involución o retroceso respecto de los niveles de bienestar social a que aspiran los ciudadanos de cualquier nación.

Evolución de la democracia y del autoritarismo en América Latina

Los vaivenes de los procesos políticos parecen constituir la normalidad en América Latina toda, examinada en una visión de largo plazo. La gran crisis económica mundial de los años 1929-1932 parece constituir, vista desde el presente, un verdadero motor impulsor de la frecuente volatilidad política y económica ocurrida durante todo el siglo XX, situación que fue agravada por las tragedias derivadas de la 2ª Guerra Mundial y el inicio de la llamada “Guerra Fría”. Es así como en el estudio de los períodos democráticos y autoritarios es de esperar una matriz combinada de lapsos disímiles, superpuestos, independientes, en fin, con todos los tipos posibles de combinaciones que puedan ser establecidos desde categorías más democráticas a más autoritarias. En lo que sigue se intenta una mirada sintética de la esta cuestión básica que nos preocupa, intentando obtener algunos lineamientos básicos sobre los factores que han determinado el grado democrático en diversos países latinoamericanos.

Los períodos democráticos

El estudio de las épocas democráticas para cada período y cada país de América Latina es una labor extremadamente ardua y compleja. En esta parte de este ensayo sólo se pretende efectuar una revisión sistemática de lo acontecido en materia de la evolución democrática –o por el contrario autoritaria- que ha presentado nuestro continente a lo largo del siglo XX.

La pregunta que parece oportuna en esta parte del estudio es ¿Cuáles han sido las épocas de mayor participación democrática en América Latina y qué explicación o grupo de explicaciones permite comprenderlas?. Como expresé en algún párrafo atrás, y coincidiendo con el profesor Peter Smith del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, la democracia ha enfrentado tiempos turbulentos en América Latina. Esta región ha sido considerada por generaciones como un territorio propio de tiranos militares, con una democracia débil, pasajera y con un respaldo superficial.

Aunque la tendencia anterior ha sido una característica, parece haber cambiado en los últimos 25 años. Sin embargo, el peso de arrastre de la historia obliga a una reflexión más profunda y de largo plazo respecto a las interrogantes antes planteadas. Para poder identificar los cambios políticos a través de los años y respecto a un grupo tan amplio de países, Peter Smith estableció cuatro categorías de análisis:

(i) Cambio político Democrático, en que los líderes asumieron o mantuvieron el poder como resultado de elecciones libres y justas, con competencia abierta y apoyo relevante de al población adulta.

(ii) Cambio político Semidemocrático, cuando los líderes obtiene el poder mediante elecciones que fueron libres, pero no justas, debido a que un solo candidato tenía posibilidades reales de vencer. En esta categoría también caben aquellos líderes electos pero que fueron obligados a compartir el poder con grupos no electos, como terratenientes o militares, o a cederles el poder.

(iii) Cambio Político Oligárquico, en caso de que la competencia electoral fue libre y/o justa, pero limitada a las elites dominantes y el sufragio estaba limitado a una parte muy pequeña de la población adulta.

(iv) Cambio Político No Democrático o Autocrático, que corresponde a cualquier otro caso o durante los años de un golpe militar.

Al observar la categorización anterior, se aprecian algunas dificultades que obligan a reconocer que se trata de una clasificación relativa, no absoluta. Por ejemplo Chile ha sido considerado como una “oligarquía competitiva” desde 1891 a 1923, bajo la República Parlamentaria. Pero luego se ha clasificado como “no democrático” entre 1924 y 1932 debido a una serie de golpes de Estado a intervalos que ocurrieron en dicho lapso, una “democracia electoral” entre 1933 y 1972, y “no democrático” bajo el gobierno del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1988. Por último, desde 1989 en adelante, Chile nuevamente retomó su categoría “democrático” al entrar en una senda de recuperación de sus tradiciones cívicas.

La categoría “semidemocrática” también presenta algunas dificultades de interpretación. Por ejemplo, en el caso argentino durante el siglo XX. Este país había mostrado un sólido sistema de competencia oligárquica hasta el año 1915, año en que se inició una reforma que condujo a elecciones libres y justas en 1916, en las que ganó el partido opositor (Partido Radical), a lo que siguió un régimen democrático que terminó siendo derrocado en 1930 por un golpe militar. Después de un lapso corto de carácter dictatorial, Argentina vivió una etapa de “fraude patriótico”, expresión que señala el hecho de que las elecciones fueron aceptadas como libres, pero no justas pues el candidato o representante oficial estaba predestinado a obtener el triunfo. Por esta razón e que la fase 1932-1942 puede ser clasificada como “semidemocrática”. A partir del golpe militar en 1943, tras otro intervalo dictatorial, Juan domingo Perón venció en las elecciones de 1946, pero la elección para su segundo período de gobierno, que correspondía al lapso 1951-1956, estuvo celosamente controlada. Nuevamente estamos aquí en presencia de una etapa “semidemocrática”, que incluso debió finalizar antes, en 1954. En el año 1955 se produjo otra intervención militar, que en lo político reestableció las elecciones desde 1958 a 1965, pero en la que a los peronistas se les impidió participar o se les negó la posibilidad de triunfo, lo que apunta a clasificar esta etapa como “semidemocrática”. En los años que siguieron, Argentina debió soportar dictaduras militares “no democráticas“ desde 1966 hasta 1972, luego un breve período “democrático” entre 1973-1975, un régimen militar “no democrático” extremo desde 1976 a 1982 y, después de 1983, un largo período “democrático”.

En el caso de México se aprecia una situación que combina lapsos fundamentalmente dictatoriales “no democráticos” con etapas “semidemocráticas”. A principios del siglo XX gobernaba un dictador de fama por su dureza como fue Porfirio Díaz, pero que fue derrocado en 1911. En aquel año se celebraron elecciones relativamente libres que permitieron el ascenso al poder de Francisco Madero (recordado como el apóstol de la democracia mexicana), pero que a su vez no sólo fue derrocado sino también asesinado un par de años después, en 1913. Los años que siguieron fueron de incesantes luchas revolucionarias con alternancias en los regímenes militares y bajo un sistema que puede ser calificado como “semidemocrático”, con interrupciones en 1920 y en 1929 en que hubo asesinatos. En plena crisis mundial las elites mexicanas lograron conformar un sistema de partido único que, a partir de ese momento, determinaron elecciones regulares que no fueron libres ni justas, pues estaba establecido que el candidato oficial ganaría. Esta realidad cambió después de 1980 cuando un sector de izquierda se separó del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominante. A fines de la década de 1980 este sector desarrolló una fuerte campaña de oposición al PRI, con motivo de la elección oficial de 1988, con un resultado incierto (tal vez ganó) pero se le negó el reconocimiento. Solamente en el año 2000 México tuvo una elección presidencial verdaderamente libre y justa, en la que un candidato de la oposición podía –y lo logró- obtener la victoria.

El estudio de todos los casos correspondientes a los países que conforman América Latina no es posible detallarlo aquí. Sin embargo, el análisis en conjunto efectuado por el profesor Peter Smith de la Universidad de California permite acceder a una visión general en tres etapas bien definidas y de acuerdo a las categorías que se han hincado con anterioridad. En el Cuadro Nº 1 se resumen los resultados de su investigación.

Las cifras antes expuestas nos dicen que en América Latina han existido fuerzas que buscan la democracia persistentemente, incluso con éxitos transitorios. Este tipo de evidencia sugiere que la idea de que la cultura latinoamericana es inherentemente no democrática no es válida, ni que los elementos no democráticos no pueden prosperar en el trópico, ni que las pasiones de los temperamentos latinos, incluidas las supersticiones, constituyen un obstáculo infranqueable para la estabilidad democrática.

La terminología que ha ocupado la ciencia política, en particular por Samuel P. Huntingon su creador, para describir estos patrones democráticos-autoritarios ha sido la de “primera ola” extensa (1828-1926) con una “contraola” (1922-1942), una segunda “breve ola” (1943-1962) con su propia “contraola” (1958-1975) y una “tercera ola” (1974 a 1990). La pregunta es si esta categorización se adecua al caso latinoamericano, lo que deberá responderse que sí pero con grandes reservas, pues por ejemplo en la “primera ola” democrática de comienzos del siglo XX sólo se dio en tres países. Un ejercicio alternativo y para el análisis de los patrones regionales de América Latina ha sido la puesta a prueba del efecto “dominó”, entendido como la influencia efectiva que un proceso democratizador de un país en particular ejerció en sus países limítrofes. Para comprobar esta idea, el profesor Peter Smith ha estimado un modelo de regresión de la siguiente forma implícita:

Número de Democracias Esperadas = a + b1t + b2t2 + b3t3+ b4t4.

Este modelo explicativo correlaciona la incidencia observada de la variable “Democracias Electorales” –utilizando datos del pasado histórico- con la variable “t”, en que el año 1900 se ha codificado como cero (0) y el 2000 como cien (100). La estimación de la regresión –que tampoco anotó de forma explícita- entregó un valor de correlación múltiple R2 de 0,878 y R2 ajustada de 0,873, determinando de paso un conjunto de valores porcentuales de cambio democrático esperado en constante alza, de acuerdo al ajuste de la curva y la predicción efectuada como se aprecia en la Figura Nº 1.

La curva de la Figura Nº 1 nos muestra que los esfuerzos de democratización primarios establecidos a comienzos de siglo fueron, en promedio, más bien modestos. En una segunda etapa se observa un incremento de mayor significación aunque en una tendencia alcista medianamente aceptable, incluso con un crecimiento a tasas decrecientes después de la inflexión de a mediados del siglo XX. Por último, en el último cuarto del siglo, se estimó un buen repunte cerca del final, después del punto de inflexión de los 80 y que determina un crecimiento a tasas crecientes. Es aquí donde el efecto “dominó” podría explicar este comportamiento promedio de la democratización latinoamericana., bajo el argumento de que el alza (o caída) de la democracia en un país fomentó resultados similares en países contiguos. Lo anterior, en un contexto de grupos de apoyo de oposición de un país A con respecto a un país B o en que el dictador de un país C comprendía que no resultaba posible el reinicio del comunismo, el populismo, el caos económico o la destrucción del ejército después de lo ocurrido a otro país D. A pesar de que esta argumentación pueda tener cierta lógica y coherencia, las explicaciones más probables de la evolución democrática latinoamericana se encontrarían al interior del proceso de cada país: fuerzas intelectuales o ideológicas, caída o reinterpretaciones de la teoría marxista, creciente convicción y confianza en una democracia electoral más moderna, todo ello combinado con elementos de carácter económico y político que ocurrían en el momento.

El análisis de otro conjunto de datos que determina el grado de democratización de América Latina confirma en gran medida la tendencia señalada por el comportamiento de los datos de la ecuación de regresión anterior del profesor Peter Smith. En un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se han construido una serie de tablas de datos que permiten evaluar el desenvolvimiento de diversos aspectos que definen el acontecer democrático, además de un indicador denominado Índice de Democracia Electoral (IDE).

Las mediciones efectuadas para construir este último se determinan a partir de la tabulación de las respuestas de encuestas aplicadas a una muestra de individuos, ante preguntas como: (a) ¿Se reconoce el derecho a voto?; (b) ¿Son limpias las elecciones?; (c) ¿Son libres las elecciones?; (d) ¿Son las elecciones el medio de acceso a cargos públicos?. La conclusión más relevante que ha podido ser determinada por los analistas del PNUD derivada del IDE es que América Latina ha progresado notablemente en lo referente a democratización del régimen de acceso al gobierno. Antes del inicio de la llamada ola de transiciones, en la década de los 70, la mayoría de los países de la región tenían regímenes autoritarios. Pero a partir de 1977, en que el IDE alcanzó un valor igual 0,28, el indicador comenzó a subir rápidamente: 0,69 en el año 1985; 0,86 en el año 1990 y 0,93 en el año 2002.

Una manera alternativa de confirma esta tendencia es examinar las estadísticas por separado del nivel democrático alcanzado bajo los conceptos de elecciones libre, elecciones como medio de acceso a cargos públicos y de participación electoral. Para los años 1990-2002, el PNUD ha reunido la información que incorporo en los Cuadros Nº 2, Nº 3 y Nº 4.

La evidencia empírica disponible en estos cuadros muestra claramente que, al interior de os componentes del IDE, la situación ha mejorado notoriamente en la última parte del siglo XX. El primer componente relacionado con el desarrollo de elecciones limpias (Cuadro Nº 2), establece que de las setenta elecciones nacionales entre 1990-2002, en 13 de ellas hubo problemas significativos. A pesar de esto, la tendencia es positiva, pues entre 1990-1996 y para un total de 35 elecciones hubo 10 casos de elecciones con limitaciones importantes, cifra que bajó a sólo 2 sobre el mismo total en el lapso 1997-2000.

El segundo componente es sobre elecciones libres, que permitan al votante elegir entre alternativas y sin restricciones importantes. De un total de 70 elecciones nacionales efectuadas entre 1990-2002, hubo 10 casos en que la libertad de elección fue limitada. A pesar de ello la tendencia promedio es positiva, pues de 8 casos con problemas entre 1990-1996 se pasó a sólo 2 par aun mismo total de 35 elecciones en el lapso 1997-2002. Por último, el tercer componente de elecciones como medio de acceso a cargos públicos, refleja un gran progreso en América Latina y en el que, curiosamente, Chile califica con puntuación 3 al contar con Senadores “designados”, lo que limita ciertamente la voluntad popular, si bien el argumento de contar con la experiencia de ex Presidentes de la República es atendible. Con todo, el cambio de mando de la presidencia se ha transformado en una práctica normal, situación muy distinta a la del período 1950-1980, constituyendo este aspecto una de las señales más significativas del avance democrático de la región.

El autoritarismo militar y los dictadores tradicionales 1930-1970

La historia de América Latina contiene innumerables episodios de intervencionismo militar de carácter autoritario, entre las décadas de los años 30 y 80 del siglo pasado. Es tal la diversidad de situaciones y su carácter heterogéneo que no es posible intentar efectuar generalizaciones respecto a algún tipo de característica en común, si bien el trasfondo de caso todas ellas han sido las persistentes crisis políticas, económicas y sociales que no pudieron ser contenidas por los gobiernos civiles que precedieron dichas intervenciones:

“En los países suramericanos y en ciertos estados centroamericanos (al menos en Guatemala y El Salvador), se distinguen tres etapas principales en la evolución del estamento militar y su papel en la política. Sin embargo, dentro de cada una de estas etapas aparecen fluctuaciones que corren a parejas con las vicisitudes de la diplomacia continental e importantes disparidades cuyas raíces están en las particularidades irreductibles de la historia de cada nación. El primer período que va aproximadamente de 1860 al decenio de 1920, fue el de la creación de los ejércitos modernos. En el segundo período, que empieza alrededor de los años veinte o treinta, entramos en la era militar, en la cual las fuerza armadas profesionales comenzaron a desempeñar un papel en la vida política. Durante el tercer período, que empezó en el decenio de 1960, el papel de los militares adquirió un tono internacional, en el marco de la hegemonía de los Estados Unidos y bajo el efecto de la guerra fría. Esta última etapa puede a su vez dividirse en secuencias breves y contrastadas cuyos factores determinantes eran la situación mundial y la política de Washington”.

La realidad anterior obliga, ciertamente, a efectuar referencias individuales de casos de dictaduras o gobiernos autoritarios por épocas y países.

En los años previos a la gran crisis de 1929, las inquietudes políticas de los militares se vieron reflejadas en intervenciones como la de militares chilenos del año 1924, en que un grupo de oficiales obligó al Congreso a promulgar un conjunto de leyes de avanzada que venían postergándose por años. Esta asonada fue seguida poco después por la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo entre 1927-1931, a la que siguió una fugaz república socialista en 1932 establecida por el coronel Marmaduque Grove.

En Brasil, hacia julio de 1922, un grupo de jóvenes oficiales brasileños llamados tenentes, participaron en una serie de rebeliones aisladas y de escasa coordinación, que tuvieron su origen en el descontento de la clase militar por la corrupción y restricciones existentes durante la época de la Primera República. Algunos año después, en 1930, un determinado grupo de jóvenes tenentes apoyaron a Getulio Vargas en el movimiento de 1930 que terminó con la república oligárquica. Con el paso de los años, varios de ellos participarían a favor del golpe de Estado de aquel año y que lograría establecer un régimen militar en Brasil entre los años 1964-1985.

La crisis de los años 30 llevó a que, desde 1931, se vería una confrontación constante entre los tenientes, el Partido Democrático y el Gobierno federal, con un desenlace trágico en 1932. En este último año se vivió una guerra civil con al menos cuatro meses de enfrentamientos y que terminaría con la derrota de la posición constitucionalista. Pese a ello, se inició una etapa en que se buscó la estabilidad constitucional y política, con Getulio Vargas impulsando un proceso de lograra una nueva Constitución para el país. Esto se logró con la participación de una Asamblea Constituyente, que establecía un carácter federativo a Brasil. Fue así como entre 1934-1937 se fundaron unos 200 partidos estaduales, pero el 10 de noviembre de 1937 un nuevo golpe incorporó una nueva carta constitucional, definiendo el papel del Estado, suprimiendo los partidos políticos y centralizando las decisiones económicas en la máxima autoridad de la nación: se trataba de una carta fundamental de carácter fascista, en un Estado Nuevo que garantizaba el poder de decisión a un gobierno centralizado y autoritario.

En Ecuador, por otra parte, los militares también se mostraron activos y con intenciones de reformas en la década de los años 20 del siglo pasado. En julio de 1925 derrocaron a un presidente liberal muy ligado a la burguesía comercial exportadora y financiera de Guayaquil. Este movimiento, que se conoció como revolución juliana, tuvo como meta “la igualdad para todos y la protección del proletariado”, lo que indicaba que se trataba de intenciones que iban más allá de una simple pugna entre clases dirigentes provenientes de las elites. Esta rebelión estuvo liderada por Luis Napoleón Dilon, quien junto a un gobierno formado por una Junta Suprema, adelantó reformas modernas para la época en temas referentes a lo financiero, laboral, de Estado y educacional.

En plena crisis mundial se produjeron combates con caracteres de guerra civil en el año 1932, por una sublevación de la Guarnición de Quito, que terminó con la destitución del entonces Presidente de la República Juan de Dios Meza, en el año 1933. Al cabo de tres años, un nuevo motín de un regimiento en Quito provocó la muerte de varios oficiales por motivos más bien de carácter laboral, pues se había ordenado licenciar a parte de las tropas. En 1937 asumió como dictador el general Alberto Enríquez Gallo, mientras que en 1938 el Presidente Aurelio Mosquera Narváez decretó la disolución de la Asamblea Constituyente. En el año 1944 se produjo otra insurrección de carácter popular, conocida como La Gloriosa, que fue dirigida por un conjunto de partidos opositores agrupados bajo la denominación de Alianza Democrática Ecuatoriana, designando a José María Velasco Ibarra como Presidente de la nación.

En Bolivia, la inestabilidad de los años que siguieron a la crisis de 1929 dio lugar a que un grupo de oficiales también jóvenes, como en el caso de los tenentes de Brasil, conquistara el poder y tras la derrota boliviana sufrida durante la guerra del Chaco entre 1932-1935. Fue así como desde 1936 a 1939 los coroneles David Toro y Germán Busch encabezaron un régimen autoritario de carácter progresista y contrario a la oligarquía, que incluyó ciertos rasgos de xenofobia. En el año 1943 las intervenciones militares continuaron cuando el coronel Gualberto Villarroel, respaldado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), tomó el control del gobierno. Aún cuando Villarroel actuó de manera autoritaria, con la intención de conducir a las personas de estratos más bajos a beneficios determinados por reformas de carácter social, sus ideales se vieron truncados debido a un levantamiento popular en la Paz, en el que perdió la vida. Este alzamiento se produjo por la molestia de sectores empresariales mineros y agrícolas, que vieron afectados sus intereses a raíz de las reformas sociales impulsadas por el entonces Presidente Villarroel..

En Argentina, en tanto, un golpe militar ejecutado en septiembre de 1930 por el general José Uriburu y cadetes del Colegio Militar, que contó con el respaldo de la oligarquía. En aquella oportunidad fue derribado un gobierno democráticamente constituido en Buenos Aires, que era presidido por Hipólito Irigoyen, un Presidente radical que representaba a las clases baja y media. Cabe señalar que, junto con él, estuvieron una serie de capitanes de tendencia fascista que reaparecerían años después, ya con el grado de coronel o teniente-coronel, que participaron en el golpe de 1943 del cual surgiría Juan Domingo Perón. Este último se ganaría las simpatías de las clases populares debido a que, desde su puesto de subsecretario del Trabajo y Previsión Social, otorgó toda clase de beneficios a los obreros y empleados. Esta acción le valió el respaldo popular después de una serie de pugnas con sus camaradas de armas, que se opusieron a sus aspiraciones autocráticas, consiguiendo finalmente obtener el poder a través de elecciones democráticas en 1946.

Cabe señalar aquí que Perón actuó de manera autoritaria y totalizadora, pues no sólo obligó a tratar como materia obligatoria en las universidades a una seudo ideología que impulsaba y conocida como justicialismo, sino que terminó transformando al Estado en un instrumento del partido laborista que los representaba. De allí los individuos debieron supeditar sus aspiraciones a la disciplina de este partido y la Confederación de Trabajadores quedó en manos de integrantes del movimiento peronista. A ello se agregó el hecho de que los periódicos de la época fueron adquiridos por personas o instituciones afines al régimen de Juan D. Perón. Lo que permitió que estos atropellos a las libertades se concretaran fue, ciertamente, la compensación que Perón hábilmente estructuró con aumentos de salarios, derecho a voto femenino, ley de pensión de vejez, así como construcción de ciudades de obreros y empleados.

El autoritarismo populista de Perón continuó después de cambiar las disposiciones constitucionales para poder ser reelecto por un período de seis años, lo que consiguió en el año 1952. Sin embargo, tras un conflicto con la Iglesia Católica en 1954, se produjo una seria rebelión el 16 de junio de 1955, siendo depuesto finalmente el 20 de septiembre de este último año. Le sucedió una Junta de Gobierno presidida por el general Pedro Aramburu, que debió enfrentar y reprimir fuertemente una grave insurrección peronista en el año 1956.

En Venezuela, Juan Vicente Gómez encabezó una larga dictadura que lo mantuvo en el poder más de un cuarto de siglo. El profesor Germán Carrera cita a Pablo Emilio Fernández, quien ha señalado que durante los veintisiete años que gobernó Vicente Gómez a los venezolanos, envió a prisión a unas 38.000 personas, en condiciones infrahumanas. Fernández anota que muchos de los encarcelados portaban grillos de hasta 20 Kg., quedando lisiados de por vida, mientras que numerosos individuos murieron por castigos, miseria, hambre y hasta simple asesinato. En un estudio sobre los rasgos de la personalidad de este temido dictador sudamericano, se establece que la mayor parte de la información proviene de anécdotas recogidas sobre él, pero de las cuales fue posible inferir las siguientes características: rusticidad; malicia; cazurrería; ignorancia; crueldad impía; sentido filosófico popular y astucia. Otras referencias de carácter oficial buscaban contrarrestar la imagen negativa que los exiliados políticos de su época expresaban de él, así como algunas escasas anécdotas que lo favorecen por su sentido práctico, moral paternalista, generosidad, valor personal y su capacidad militar.

Autoritarismo militar y nuevas dictaduras en la década de 1970

En la década de 1970 irrumpieron una serie de dictaduras militares en América Latina, esta vez dejando una secuela de víctimas humanas producto de la aplicación de políticas de orden en extremo represivas, con actos de brutalidad inadmisibles que incluso sobrepasaron gravemente los propios reglamentos internos de las instituciones involucradas. Una cuestión que debe ser destacada aquí es la caracterización de los nuevos dictadores, en contraste a los de épocas de primera mitad del siglo XX. Aún cuando resulta tentador escudriñar explicaciones históricas a través de la formación, ideas y personalidad de los dictadores que encabezaron las diferentes tomas de poder en Latinoamérica y en tiempos más recientes, no es posible dejar de lado los antecedentes de fondo que llevaron a implantar Estados autoritarios.

Una de las explicaciones más atendibles, en este sentido, la aporta Guillermo O´Donell, quien ha señalado que las Fuerza Armadas de Brasil en 1964, de Argentina en 1966, de Uruguay en 1972-1974, de Chile en 1973 y otra vez de Argentina en 1976, pusieron todo su aparato institucional en pro de interrumpir diversos procesos sociales que determinados sectores ciudadanos vieron como un profundo caos. En la práctica ocurrió que las crisis de la década de los años setenta fueron percibidas como muchos más graves que la de los sesenta, en que amenazas como la del comunismo se sintieron más próximas, todo en medio de un desorden político demagógico que parecía el caldo de cultivo perfecto para acciones subversivas revolucionarias. A ello se sumaban otros sucesos objetivos como las dificultades que vivían las economías de esos países, como el 500% de inflación anual aproximada en Chile y Argentina (1973 y 1976 respectivamente), la inminente cesación internacional de pagos , la drástica caída de la inversión extranjera. En Uruguay, además, los propios militares fueron uno de los blancos preferentes de los ataques guerrilleros, generando un brutal contrapunto de violencia cuyas secuelas durarían muchos años. De este modo, el argumento finaliza expresando que en los alzamientos militares de la década de los setenta las Fuerzas Armadas habrían intervenido principalmente con intenciones de carácter preventivas y restauradoras, buscando detener un proceso que, a ojos de los oficiales, terminaría como el colapso total de la sociedad, del Estado y de la economía. Todo ello obligó, entonces, una intervención firme, decidida y violenta, como ocurrió.

En Perú, hacia el año 1968, se produjo un golpe de Estado configurado por una Junta Militar que derrocó al Presidente Belaúnde Terry y que centraría su accionar en dos frentes: por un lado buscando la modernización del Perú, sociedad que mantenía un atraso generalizado y, por otro, reducir la dependencia del país desde el exterior a vista de las consideraciones geopolíticas. En los hechos, se trató de una “revolución militar”, que incluyó en sus objetivos una reforma agraria en respuesta al descontento rural existente y con la esperanza de revertir los entonces malos resultados en materia productiva agrícola. Los militares implementaron otras medidas fundamentadas en el intervensionismo estatal, nacionalizando el comercio de exportación de ciertos productos como minerales y harina de pescado, reformando la banca para impedir la participación del capital extranjero, además de otras iniciativas sobre la industria y las inversiones que impidiesen la huida de capitales y la “desnacionalización” de la actividad económica. Esta experiencia terminó en1975 cuando fue depuesto el general Velasco Alvarado, a fines del año 1975.

La explicación al caso de autoritarismo antes descrito no parece fácil. Los oficiales detrás del movimiento revolucionario eran de clases más bien medias o populares, algunos de sus líderes tenían buenas relaciones con los dirigentes políticos del partido populista Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) –que luego sería de tendencia socialdemócrata- y su participación en el Centro para Altos Estudios Militares (CAEM), con profesores progresistas, básicamente intelectuales de izquierda, parece indicar que en aquellos años los militares peruano realmente buscaban una manera alternativa y efectiva para conseguir metas sociales en plazos prudentes. El grueso de las Fuerzas Armadas peruanas en general en esos años mantenían un perfil conservador, por lo que probablemente aceptaron este experimento de naturaleza izquierdista dictatorial –y esto último es una interpretación personal- con la esperanza de que la situación de atraso existente se revirtiera y se alcanzar el progreso.

En otros países de América Latina, el emerger de las dictaduras dejó una secuela de crímenes y muerte como pocas veces se había visto –si es que hay alguna comparable- en el pasado. El continente debió soportar un proceso destructivo en términos de calidad de vida. El académico mexicano Carlos Figueroa sintetiza el devenir de las dictaduras que comenzaron en la década de los sesenta y que se prolongaron hasta más allá de los años 80:

“Como es sabido, desde los años sesenta una moderna dictadura emergió en Brasil y allí se quedaría hasta mediados de los años ochenta. La “Revolución Argentina”, iniciada en 1966 -así llamaron los militares argentinos a la instauración de su dictadura-, buscó frenar el auge popular y la crisis política que se desencadenó después del derrocamiento de Perón en 1955. El retorno de éste no sería sino un breve interregno que llegó a su fin cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón en 1976, y llevaron a niveles nunca antes vistos, el terror como gestión estatal. La fiesta popular del campeonato mundial de 1978, no fue sino el festejo estruendoso que acallaba los alaridos que provocaba la tortura en la Escuela mecánica de la Armada, en la Perla, en el Campo de Mayo, en El Atlético, en la Mansión Seré y en aproximadamente otros 340 campos de concentración y exterminio que se construyeron en todo el país. El informe Sábato nos habla de 8.960 casos documentados de desaparición forzada entre 1976 y 1982, aún cuando otras estimaciones elevan la cifra de víctimas a unas 15-20 mil personas. En los años setenta, dos sociedades con una arraigada cultura democrática, Chile y Uruguay, vivieron una situación que antaño era inconcebible: las Fuerzas Armadas se convirtieron en eje sustancial del poder político, los sectores civiles más derechistas se unieron a la paranoia anticomunista , el terror se convirtió en la mediación esencial entre el Estado y la sociedad. Diversas informaciones periodísticas (difundidas con motivo de la detención en Londres del general Augusto Pinochet), nos indican una cifra que oscila entre dos mil y tres mil desaparecidos en el período más cruento de la dictadura pinochetista. Un mes después del derrocamiento de Salvador Allende, las fuerzas represivas organizaron la llamada “Caravana de la Muerte”, una horrorosa gira por todo el país que sirvió para ejecutar a aproximadamente 73 partidarios del gobierno depuesto. Y las dictaduras del cono sur se confabularon para realizar la famosa “Operación Cóndor”, tenebrosa conjura que articuló los esfuerzos represivos de las mismas y que tuvo entre sus dividendos la desaparición de 141 uruguayos, 98 de los cuales fueron apresados y desaparecidos en Argentina, 35 en Uruguay, seis en Chile y dos en Paraguay. En el Perú, la guerra contrainsurgente, desencadenada para desarticular a Sendero Luminoso, dejó un saldo aproximado de ocho mil desaparecidos, la mayor parte de los cuales son debidos a los gobiernos d Alberto Fujimori”.

El resumen anterior citado es suficientemente aclarador, en cuanto relaciona determinados procesos destructivos, ocurridos en América Latina bajo dictaduras reconocidas, con hechos que determinaron directamente un bienestar social negativo. En esencia refleja el drama de aquellos que fueron afectados directa e indirectamente por la violencia de un Estado no constituido legítimamente, en un acontecer atentatorio contra los derechos básicos del hombre y contra los propósitos del propio Estado que, por mandato, debe accionar su poder en la búsqueda del bienestar y la calidad de vida de la gente común.

La magnitud de las represiones ocurridas en América Latina no siempre estuvo correlacionada directamente con el tamaño territorial de los países afectados. Aún cuando en un país grande como Argentina la cifra de personas desaparecidas en esos años alcanzó entre 15 y 20 mil, o que en un país pequeño como Honduras la cifra fue de 179 personas desaparecidas entre 1980-1993, las dictaduras militares de un país pequeño como Guatemala, a lo largo de 36 años de conflicto, produjeron cifras estimadas que van desde los 40 mil a 45 mil desaparecidos. En contraparte de este último caso, en el país más grande de Sudamérica -Brasil- desaparecieron 136 personas entre los años 1970.1975 y en México, un país como vimos con un régimen semidemocrático pero estable, una guerra sucia interna aportó cifras que van desde los 500 a 1000 desaparecidos.

Las nuevas democracias en transición y los esfuerzos de consenso

El fin de los autoritarismos latinoamericanos parece coincidir con el agotamiento de la pugna Este-Oeste entre los dos grandes bloques ideológicos que enfrentaron peligrosamente al Mundo y encabezados por la ex Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. El peligro comunista ya había pasado, los avances en la comprensión del funcionamiento de las economías por especialistas de Oriente y Occidente, sumado todo ello a los avances tecnológicos en las comunicaciones e intercambio de ideas en el nuevo proceso que se iniciaba, la globalización, hicieron prácticamente inevitable el advenimiento de una nueva época en que las democracias y los consensos políticos, en torno a ella, posibilitaran nuevas vías de entendimiento más civilizadas y en que los rezagos de autoritarismo no tenían sentido ni cabida en el nuevo contexto sociopolítico de América Latina.

Una manera alternativa de examinar la evolución de esta nueva realidad histórica, que en la categorización aquí establecida he denominado procesos constructivos, es admitir que debido a fracasos en lo económico observados en las fases autoritarias de las décadas de los setenta y ochenta -calificada como la “década perdida de América Latina” por algunos autores- se promovieron fuerzas de disenso que promovieron movilizaciones democratizadoras que, a su vez, tuvieron un sustento moral muy fuerte en asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos a causa de los sucesos que hemos descrito en párrafos anteriores:

“Las crisis de los autoritarismos en América Latina no sólo afectará a los recientemente instaurados, más conocidos en la expresión de O’Donell, como Estados Burocráticos Autoritarios, sino que también a los autoritarismo tradicionales en la región. Tal crisis encuentra condiciones de desarrollo en el impulso dado a la tendencia a la democratización a través del creciente proceso de globalización, pero su manifestación en Latinoamérica se precipitará ante el fracaso económico de los regímenes autoritarios. Este fracaso económico provocará disensiones y descontento entre los económicamente dominantes, mientras la legitimidad alcanza un muy bajo nivel ante la crítica nacional e internacional a la situación de los derechos humanos. Aunque las situaciones por países suelen ser diversas en sus especificidades y temporalidades, el proceso es más o menos uniforme. En casi todas partes la crisis del autoritarismo expresa tanto una ruptura de la situación de intereses de los sectores dirigentes de la economía como la fuerza de movilizaciones democratizadoras que tienen su justificación moral en la defensa de los derechos humanos”.

En el caso argentino, después del colapso de la Guerra de las Malvinas y del régimen militar en 1983, se produjo un cambio político de relevancia. La figura central de ese cambio fue Raúl Alfonsín, quien condujo la iniciativa política frente al gobierno militar y consiguió derrotar en las elecciones celebradas en octubre de aquel año, al candidato peronista Italo Luder. Este proceso constructivo argentino reorganizó los partidos después de siete años de proscripción, centrando sus esfuerzos en concretar la aspiración de una democracia constitucional con instituciones estables. En esto tuvieron más éxito los radicales, encabezados por Alfonsín, pudiendo de paso ampliar su base de apoyo.

En Bolivia, un caso complejo, la transición a fines de la década de los setenta se constituyó en un proceso difícil, entre otras factores por la existencia de facciones militares y económicas comprometidas con el narcotráfico. La elección presidencial del 9 de julio de 1978 en que triunfó el general Pereda Asbún, quien había sido ministro del Interior durante la dictadura de Hugo Banzer, obtuvo un sospechoso 50% de los votos alcanzado bajo fraude generalizado. Por esta razón debió tomar el poder bajo el compromiso de efectuar nuevas elecciones en un plazo no superior a los seis meses. Sin embargo, en los hechos se produjo un interregno de dos años en el cual sectores civiles rivales buscaron afanosamente apoyo militar y en que sucesivos generales intentaron mantener las riendas del poder en medio de nuevas y sucesivas propuestas de elecciones. Los civiles y militares fueron incapaces de encontrar una salida que pudiese satisfacer las demandas sociales relativas a cuestiones económicas, libertades, crímenes y abusos pasados. Aún así, en julio de 1979 se efectuaron elecciones no manejadas, pero sus resultados no fueron concluyentes, pues Siles aventajó oficialmente a Paz, pero apenas por 1500 votos, con Banzer ocupando un tercer lugar. El Congreso determinó que, en estas condiciones, no era factible la elección de ni uno ni de otro. Para empeorar las cosas, el ejército tomó el poder dos meses después, de manera rápida y sangrienta, clausurando el Congreso. Sin embargo, debido a la presión popular, la institución castrense permitió que el proceso democratizador continuara, pero en medio de persistente inestabilidad hasta 1980, año en que ganó Siles Suazo y que asumió sólo dos años después. Su gobierno, empero, no consiguió consolidar la transición esperada, debiendo adelantar las elecciones en 1985, un año antes del término de su mandato, que correspondía a 1986.

Un último caso de transición que puede ser referido es el de Uruguay, que parece asemejarse al caso chileno por la evolución de los acontecimientos sociopolíticos previos al golpe de Estado. Charles Gillespie ha sostenido que el crecimiento del terrorismo, las huelgas, la inflación, el extremismo ideológico y, en último término, la reacción autoritaria militar a todo esto, son fenómenos que se pueden atender de mejor manera como síntomas de la crisis de la democracia uruguaya entre 1968 y 1973. El entonces Presidente constitucional Juan María Bordaberry recurrió entonces a una alianza con los militares, participando en un golpe de Estado en 1973 en que disolvió el Parlamento . En 1974 un documento presentado por las Fuerzas Armadas abolió el voto doble simultáneo y estableció que, en adelante, cada partido sólo podía presentar un candidato presidencial, con el objeto de “fortificar, moralizar, homogeneizar y democratizar efectivamente a los partidos políticos futuros”.

El gobierno de Bordaberry estuvo respaldado por oficiales militares que ocuparon diversos cargos en el aparato de gobierno. En sus primeros años se produjeron varias crisis en torno a desacuerdos de cómo plantear la política económica, que alcanzó su máxima expresión en 1976. Fue entonces cuando Bordaberry hizo circular un memorando en que propuso la abolición permanente de los partidos políticos y la prolongación a su cargo, lo que no agradó a las Fuerzas Armadas, siendo depuesto en 1976. La transición uruguaya fue gradual y relativamente compleja, pues el mismo día que asumió Aparicio Méndez, el nuevo Presidente, firmó la Cuarta Acta Institucional que prohibía realizar cualquier actividad política, por quince años, a quince mil ex políticos. Las limitaciones democráticas abarcaron a representantes de izquierda, de los partidos colorado y Blanco y las funciones legislativas se transfirieron al denominado Consejo de la Nación, que incluía como representantes a 21 generales de nivel superior. Todo este panorama político creó confusión tanto de la izquierda como de los partidos tradicionales, que non podían operar redes de clientelismo pues tenían denegado el acceso a recursos estatales.

La verdadera transición uruguaya sólo apareció en el horizonte temporal después que fracasó el intento antes descrito de reinstitucionalización controlada, bajo una propuesta que se conoció como el “Cronograma”. Fue así como la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), anunció que las elecciones se efectuarían con seguridad en 1981, previa reforma de la Constitución sometida a referéndum en1980. Sorprendentemente, la derrota del “Cronograma” por un 57,2% contra un 42,8%, con una concurrencia de votantes de un 87%, dejó estupefactos tanto a militares como a la oposición. La historia en búsqueda de un consenso definitivo se prolongaría hasta mediados de los años 80. En realidad, más que una transición, en el caso de Uruguay se trataría de una redemocratización –o sea, el retorno a la democracia- con el sorprendente rasgo de que los términos bajo los cuales pudieron concordar los militares, los colorados y el Frente Amplio, eran muy similares con relación a la estructura global existente a comienzos de todo este proceso.

A mediados de la década de los año 90 las transiciones en América Latina en general estaban aún en una etapa de consolidación. El profesor M. A. Garretón ha hecho ver que el término de los regímenes autoritarios dio inicio a procesos de transición hacia democracias políticas aún incompletas, que aún debían superar herencias institucionales del autoritarismo, asegurar el control civil de los militares, resolver la cuestión de los derechos humanos y constituir regímenes efectivamente participativos, en particular que atendieran asuntos tradicionalmente postergados como los que habían afectado a grupos marginales, étnicos, mujeres y jóvenes. Pero ya estábamos en una nueva época. La idea de democracias incompletas se afianzaba entonces por la falta de modernidad en varios países, no sólo por la presencia simultánea de problemas de explotación y desigualdad aún vigentes, sino por la ausencia de programas o políticas efectivas que entregaran una adecuada satisfacción a nuevas necesidades de la población, más sofisticadas, como poder superar la soledad, derrotar el aburrimiento y desarrollar la creatividad.

Democracia y calidad de vida en América Latina

En esta última parte de este trabajo cabe intentar una reflexión sobre los avances y retrocesos que, bajo el concepto de calidad de vida, pueden ser observados desde la perspectiva histórico-económica y puestos en la escena contemporánea de los últimos decenios. La cuestión que surge es en qué medida el pasado histórico latinoamericano condicionó los actuales niveles de vida y bienestar observados en los países de la región. Es necesario, al intentar responder a esta interrogante, comprender por un lado qué dificultades evidentes o casi evidentes aún persisten desde el punto de vista de los sujetos, de las personas que día a día deben sobrellevar sus afanes y necesidades. Por otro, qué beneficios o eventuales éxitos han alcanzados estas nuevas democracias caracterizadas por políticas de tendencia neoliberales, en medio de gobiernos de derechas e izquierdas que han intentado conducir de un modo u otro los destinos de cada nación de acuerdo a sus propios ideales y principios.

La búsqueda afanosa de la implementación de las democracias puede resultar, en cierto sentido, un tanto decepcionante. La razón de ello se encuentra al confrontar los resultados obtenidos en las distintas realidades sociales y económicas de las naciones latinoamericanas con los reconocidos avances de carácter democrático en las últimas dos décadas. Es tentador, bajo esta perspectiva, argumentar que las condiciones de desarrollo democrático en sociedades de connotación capitalista y en un contexto neoliberal no han satisfecho las aspiraciones de amplios sectores ciudadanos y, de paso, de los analistas críticos que observan esto procesos con miradas exigentes.

Entre los críticos que ha planteado sus dudas respecto a esta disyuntiva se encuentra Atilio Borón, quien niega la celebración de algunos ideólogos que han aplaudido “el fin de la Historia” por el advenimiento casi generalizado del capitalismo en el mundo y la victoria segura de la democracia. Para Borón, simplemente, las grandes empresas que perviven en este nuevo escenario global (que denomina los “nuevos leviatanes”) son causantes de un ominoso desequilibrio antidemocrático institucional interno a cada país:

“En las postrimerías del siglo XX puede construirse un argumento que revierta radicalmente los términos del planteamiento hobbesiano. ¿En qué sentido?. En el sentido de que ahora los leviatanes son privados: son las grandes empresas que en las últimas décadas han afianzado su predominio en los mercados mundiales hasta límites inimaginables hace apenas unas pocas décadas atrás. Como sabemos, el poderío que hoy caracteriza a los megaconglomerados de la economía mundial -gigantescas burocracias privadas que no rinden cuenta ante nadie ni ante nada- no tiene precedentes en la historia. De allí que sea posible interpretar el impresionante retroceso social experimentado por las sociedades capitalistas contemporáneas -mayor polarización social, pobreza extrema, marginación, desempleo de masas, etc.- como resultado de dos órdenes de factores. Por una parte, la formidable ofensiva lanzada por los sectores más recalcitrantes de la burguesía una vez agotado el ciclo expansivo y reformista de la segunda posguerra, avance que, ciertamente, fue posible ante la derrota experimentada por la izquierda y el movimiento obrero en los más variados frentes de combate. En segundo lugar, porque esta regresión sin precedentes podría haber sido al menos atenuada si es que las instituciones y prácticas de la democracia representativa hubieran sido más consistentes y eficaces”.

Al leer y releer lo párrafos anteriores escritos por Atilio Borón surgen algunas dudas e interrogantes que conviene comentar antes de proseguir. En primer lugar, la cruda realidad que describe la atribuye en gran medida al mundo privado de las grandes empresas que supuestamente, manejan la economía. No queda claro porqué las empresas medianas y pequeñas no son culpables también de la debacle que se configuró a fines del siglo pasado, en términos de desempleo y pobreza extrema. Tampoco queda clara la responsabilidad de los verdaderos leviatanes, los Estados, pues es bien sabido que el manejo de las políticas monetarias y fiscales, que determinan el crecimiento, la inversión, el comportamiento del comercio exterior y el empleo macroeconómico, son de su incumbencia exclusiva.

En otras palabras y apuntando al cuestionamiento de fondo, no resultan suficientes las explicaciones a un estado de cosas insatisfactorio en términos de calidad de vida. Se puede concordar con Borón en que las democracias latinoamericanas de años recientes mantienen vivos una serie de problemas de carácter social y que no son refutables. Tal vez sea posible incluso construir una larga lista de temas o materias que, confrontadas con las de otros investigadores, sea altamente coincidente en el diagnóstico que se hace respecto a las cuestiones no resueltas en América Latina: educación, salud, pobreza, violencia intrafamiliar, delincuencia, stress laboral, poco acceso al mundo deportivo y cultural, etc.

El planteamiento de Borón es atractivo, sin lugar a dudas, pero demasiado general en alguna cuestiones que son de naturaleza específica y que obligan a ser más prudente en la tradicional “búsqueda de culpables” de los males de la humanidad. La realidad latinoamericana, enfrentados los temas de autoritarismo y democracia, como la hemos enfocado aquí, incorpora cuestiones más profundas y que para su debido análisis deben separarse o tratarse en función de otros métodos, que incluyan una especificación temporal y espacial de las sociedades involucradas en el proceso. Del mismo modo, alerto al lector que las reflexiones que el suscrito pueda establecer aquí, deberán ser tomadas en cuenta en su justa dimensión, con el cuidado que merecen aseveraciones de carácter general respecto grupos de países o de América Latina como un todo, pues la suma de particularidades propias de cada sociedad tiende a impedir la elaboración de juicios taxativos.

Los intentos de análisis, por otra parte y para complicar las cosas, chocan con una situación de hecho que es innegable: las democracias capitalistas aquí examinadas han sido gobernadas por distintos grupos de poder e influencia, de izquierdas y derechas, con diferentes maneras de entender y propo