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Derecho Procesal De Trabajo Colombia

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Mikki 17 junio 2011

Palabras: 56624 | Páginas: 227

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ipios que inspiran esta materia, no son distintos de los principios del Derecho Procesal Civil y de las demás ramas del derecho procesal, que la autonomía que se le atribuye, es más bien académica y que, sencillamente, es una rama del derecho procesal como cualquier otra.

El tratadista GREGORIO HERNÁNDEZ CAMARGO afirma que el derecho procesal del trabajo es autónomo y que negarlo sería como negar el derecho sustantivo y otras ramas que, en disciplinas jurídicas sustantivas, han adquirido su propia autonomía. Señala que el derecho procesal del trabajo, así como el sustantivo del trabajo, el comercial, el de familia, etc. tuvieron su origen en las leyes de carácter civil, pero no por ello puede negarse su autonomía.

Agrega que en Colombia es indiscutible la autonomía del Derecho Procesal Laboral y llega a esa conclusión después de analizar el decreto 2158 de 1948 (Código Procesal del Trabajo), que fue expedido cuando se cuestionaba el Código Judicial (ley 105 de 1931), en el cual se institucionalizaron formas y principios laborales propios, únicos, ajenos al Código Judicial, como por ejemplo, la libre apreciación de las pruebas, por oposición al sistema de la tarifa legal, la petición de pruebas en la demanda y en la contestación, la titulación del articulado, la gratuidad, la oralidad, entre otros, los cuales se fueron introduciendo, posteriormente en las legislaciones procesales de las otras ramas, pero instituciones como la facultad para proferir fallos ultra y extra petita, la tiene, en forma exclusiva, la legislación procesal del trabajo.

EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN COLOMBIA

ANTECEDENTES

LEY 57 DE 1915

Regula accidentes de trabajo asumidos por el empleador, cuyo procedimiento es competencia de los jueces civiles municipales a través de un procedimiento ordinario sin importar la cuantía.

LEY 105 DE 1931

Conocida como el antiguo Código Judicial, principal antecedente del código de procedimiento civil, que regulaba todos los procedimientos, no solo el labora.

LEY 10 DE 1934

Creó el PRIMER ESTATUTO PARA TRABAJADORES PARTICULARES, le da competencia a los jueces civiles municipales para que resuelvan conflictos entre patronos y trabajadores a través de un proceso verbal.

LEY 45 DE 1939

Las controversias en lo relativo a jornada laboral, pensiones de jubilación, descanso dominical obligatorio y accidentes de trabajo, se siguen resolviendo por lo dispuesto en la ley 105 de 1931, excepto los conflictos colectivos de trabajo.

ACTO LEGISLATIVO No. 1 DE 1940

Dispuso la creación de una jurisdicción laboral especial, organizada en entes encargados de administrar justicia en materia laboral, disposiciones que solo vinieron a hacerse efectivas a partir de la ratificación del acto legislativo No. 1 de 1945.

DECRETO 2350 DE 1944

Expedido por el Presidente de la República, mediante facultades extraordinarias concedidas durante un estado de sitio. Estableció la estructura orgánica de la jurisdicción especial del trabajo que se ejercería en forma permanente, conformada por los Tribunales Municipales del Trabajo, encargados de conocer los procesos laborales en primera instancia, Seccionales del Trabajo, constituidos como los superiores de los municipales, encargados de los procesos laborales en segunda instancia y de algunos asuntos en única instancia y el Tribunal Supremo del Trabajo, como órgano de casación.

Esta jurisdicción tenía una conformación tripartita, es decir que cada tribunal estaba conformado por un magistrado de la clase trabajadora, uno de los empleadores y uno del estado, todos los magistrados del Tribunal Supremo debían ser abogados, así como los representantes del Estado en los municipales y seccionales.

Los procesos que, para ese momento, eran de conocimiento de los jueces civiles, pasaron a ser de conocimiento de estos nuevos organismos especializados.

Además, el decreto 2350 de 1944, estableció los principios del derecho procesal laboral que aún están vigentes en el actual procedimiento que son: oralidad, gratuidad, conciliación, publicidad, inmediación, apreciación en conciencia de la prueba, entre otros.

LEY 6ª DE 1945

Acogió como legislación permanente el decreto 2350 de 1944 y reorganizó los organismos especializados los cuales pasaron a ser Juzgados del Trabajo, como falladores de única y primera instancia, Tribunales Seccionales del Trabajo, a quienes se les atribuyó la función exclusiva de ser jueces de segunda instancia y Corte Suprema del Trabajo, como tribunal de casación.

Dispuso que los jueces fueran nombrados por los Tribunales Seccionales, los magistrados de los Tribunales Seccionales por los de la Corte Suprema del Trabajo y los magistrados de la Corte, designados por la Cámara de Representantes, con representación tripartita. Exigió, además, que los jueces y magistrados fueran abogados titulados y, en lo posible, versados en derecho del trabajo.

Asimismo, estableció unas directrices que el gobierno debía respetar para expedir el estatuto del trabajo las cuales eran:

1. Las actuaciones que se adelantaran ante la jurisdicción ordinaria laboral debían estar amparadas bajo el principio de gratuidad y oralidad.

2. Libre apreciación de la prueba.

3. El juez debe intentar la conciliación.

4. Principio de Inmediación.

No obstante, el gobierno aún no había expedido un código especializado en materia procesal laboral por lo que esta misma ley le otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para que lo haga.

LEY 75 DE 1945

Tratadistas prestigiosos como Adán Arriaga Andrade y Juan Francisco Mejía, presentan al Congreso un proyecto de Código Procesal del Trabajo técnico e inspirado en la doctrina y la filosofía social de la época, el Congreso lo rechaza y, en subsidio, dicta la ley 75 de 1945 que ordena continuar con el trámite previsto en la ley 105 de 1931, mientras se expide un Código Procesal Laboral.

DECRETO 969 DE 1945

Con facultades que le confiere la ley 75, el ejecutivo expide el decreto 969 de 1945, creando un verdadero código de procedimiento laboral, pero fue suspendido por el Consejo de Estado por considerar que el ejecutivo se había extralimitado en el ejercicio de sus facultades reglamentarias, es decir que nuevamente se volvía a la ley 105 de 1931.

CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En el año de 1948 el gobierno nacional dictó el DECRETO LEGISLATIVO 2158 del 24 de junio de 1948, mediante facultades extraordinarias concedidas en virtud del estado de sitio originado por “El Bogotazo”, a fin de imponer el estatuto procesal del trabajo, que es el que actualmente nos rige con varias reformas.

El decreto legislativo fue convertido en legislación permanente mediante la LEY 90 DE 1948, convirtiéndose en el CÓDIGO PROCESAL que viene rigiendo desde el 8 de julio de 1948, consta de 156 artículos, 18 capítulos, constituidos por una parte general que se refiere a la jurisdicción, competencia, intervención del ministerio público, conciliación, reglas sobre la demanda y la contestación, la representación judicial, los incidentes, la audiencia, los recursos y el estatuto probatorio y una parte especial que desarrolla los procesos ordinarios y los especiales ante la jurisdicción ordinaria laboral.

El texto original del CÓDIGO PROCESAL ha recibido reformas sustanciales, entre otras:

✓ DECRETO 2663 Y 374 DE 1950

Reformaron la competencia de los jueces en lo relativo a la calificación de la huelga, es decir, si es o no ilegal, actual competencia del Ministerio de Protección Social y trabajo de menores de edad con permiso de sus padres o representantes legales; e hicieron reformas al proceso de fuero sindical.

✓ DECRETO 1762 DE 1958

Suprime el Tribunal Supremo del Trabajo por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

✓ DECRETO LEGISLATIVO No. 1 de 1957

Suprime los Tribunales del Trabajo por las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

✓ DECRETO 204 DE 1957

Precisa el conocimiento de la jurisdicción laboral respecto del proceso de fuero sindical.

✓ DECRETO EXTRAORDINARIO 528 DE 1964

Define la competencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y señala las causales de casación en materia laboral.

✓ LEY 2ª DE 1984

Impone la obligación de sustentar el recurso de apelación en materia civil, penal y laboral, ante el juez que profirió la decisión correspondiente, antes del vencimiento del término para interponerlo, de lo contrario se declara desierto.

Esta obligación fue abolida en materia civil con el decreto 2282 de 1989 que reformó el CPC, pero en materia laboral está vigente.

✓ DECRETO 719 de 1989

Modifica la cuantía para recurrir en casación laboral.

✓ LEY 50 DE 1990

Es una ley que reformó el Código Sustantivo del Trabajo, pero en materia de procedimiento laboral, creó un procedimiento sumario relacionado con la disolución y liquidación de organizaciones sindicales y la cancelación del registro sindical.

✓ LEY 23 DE 1991

Profiere normas relacionadas con la descongestión de despachos judiciales y la conciliación obligatoria en materia administrativa.

✓ LEY 270 DE 1996

Ley estatutaria de la administración de justicia. Acabó con un problema frecuente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto la Sala Laboral estaba constituida por dos secciones, cada una con 3 magistrados que generalmente tenían opiniones encontradas, por lo que era necesario convocar la Sala Plena que terminaba empatada. Con la ley 270, solo funciona una Sala Laboral conformada por 7 magistrados.

✓ LEY 362 DE 1967

Modificó el artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral, determinando la competencia de la jurisdicción laboral.

✓ LEY 712 DE 2001

Le dio el nombre de CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL e hizo sustanciales reformas al procedimiento laboral.

✓ LEY 1010 DE 2006

Acoso laboral.

✓ LEY 1149 DE 2007

Propone la efectividad de la oralidad en el derecho procesal laboral.

✓ LEY 1210 DE 2008

Ley de huelga.

PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO

CONSTITUCIONALES

1. Exclusividad y obligatoriedad de la administración de justicia

Se desprende de los artículos 2º, 3º, 23, 116 y 228 de la Constitución Política. La administración de justicia es un servicio que con exclusividad y objetividad lo debe prestar el estado a través de la rama jurisdiccional o de los llamados “equivalentes jurisdiccionales”, como los conciliadores y árbitros (artículo 116 de la C.P.), de común y frecuente aplicación en el derecho del trabajo.

2. Libre acceso a la administración de justicia

Se encuentra expresamente consagrado en el artículo 229 de la C.P. y adquiere vida jurídica cuando las personas hacen uso del derecho de acción. Al respecto el artículo 2º de la ley 270 de 1996, que desarrolla el 229 de la C.P., dispone que: “El estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública”.

3. El debido proceso

Es llamado también principio de reserva o legalidad, constitucionalmente se encuentra establecido en los artículos 29 y 116 pero también es referido en el artículo 113 y 231 en la medida en que las normas hacen relación al juez competente para el conocimiento de un caso en particular, competencia que se desplegará bajo los mecanismos y procedimientos previamente establecidos, evita que con posterioridad a la ocurrencia de los hechos a juzgar, se creen las reglas para determinar el funcionario competente para ejercer esa función y el procedimiento a seguir en su cumplimiento.

No consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, el ajuste de las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y la plena observancia de las formas propias de cada proceso.

4. Prevalencia constitucional

Se encuentra consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política y se sintetiza en que la Constitución es norma de normas, por lo que en los casos de controversia entre los preceptos de aquella y los de una ley, siempre prevalecerán las disposiciones constitucionales.

5. Derecho de Defensa

También llamado principio de contradicción y su consagración constitucional se encuentra dispuesta en el artículo 29 de la C.P. que integrada con los artículos 2º, 3º, 13, 23 y 228, permite su extensión a los procesos laborales, civiles, contenciosos administrativos, etc.

Hace referencia a que toda persona contra la que se ha iniciado una actuación procesal, debe ser escuchada en garantía de su derecho fundamental a la defensa. Procesalmente este principio tiene desarrollo cuando las partes pueden aportar pruebas, controvertirlas, impugnar decisiones judiciales, entre otros, también significa la disciplina de los medios de comunicación entre el juez y los justiciables (notificaciones), con el objeto de tener la certidumbre de que los actos procesales llegan efectivamente a conocimiento del destinatario.

6. Independencia del Juez

Según el artículo 228 de la C.P., las decisiones de los jueces son independientes y, según el artículo 113, los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Igualmente la ley 270 de 1996 en su artículo 5º dispone que la rama judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia. Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.

Se predica la autonomía del juez no solo respecto de los demás órganos del estado, sino también de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que pueda tener interés directo en los resultados de la actuación judicial.

7. Prevalencia del derecho sustancial

Tiene sustento constitucional en el artículo 228 de la C.P., el cual señala que prevalecerá el derecho sustancial sobre las formalidades. Este principio busca que el amparo otorgado por el estado a sus asociados sea efectivo sin que ello presuponga el acogimiento obligatorio de las pretensiones que eleven cuando éstas resulten legal y probatoriamente infundadas.

8. Cosa juzgada

Tienen fundamento constitucional en los artículos 243, 291 y en el preámbulo de la constitución. En el artículo 243 se establece que los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Por otro lado en el artículo 291, se consagra el principio “non bis in ídem” (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho) y la obligación del juez de resolver en sentencia definitiva el conflicto. Finalmente en el preámbulo por cuanto “mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo si el marzo jurídico que se disponga fundamenta el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre”.

9. La no reformatio in pejus

Se encuentra establecido en el artículo 31 de la Constitución al indicar que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, la vigencia del presente principio no le impide al juez ad quem el ejercicio oficioso de poderes destinados a controlar la formalidad del proceso, así al juez no le está vedado, no obstante la apelación de una única parte, revisar lo relacionado con los presupuestos procesales y materiales para la sentencia de mérito y, por consiguiente, dictar la sentencia que una tal deficiencia imponga, aunque ella signifique, una adversidad para el apelante.

10. La favorabilidad

Se encuentra consagrado constitucionalmente en el artículo 53 y en materia del derecho del trabajo es un principio que tiene aplicación pero en el derecho sustancial. Existen las siguientes clases de favorabilidad:

✓ Favorabilidad Normativa: permite que cuando dos normas de naturaleza laboral regulen un mismo tema de manera diferente, el operador jurídico tiene la obligación legal de acoger la que más le favorezca al trabajador debiéndose aplicar de manera integral en virtud del principio de la inescindibilidad o conglobamiento.

✓ Favorabilidad interpretativa: impone al juez acoger el criterio que más favorezca al trabajador cuando una norma de derecho laboral admita dos o más interpretaciones razonables, en otras palabras, no es facultativo del juez acoger la interpretación normativa que más le convenza, pues así no la comparta, su obligación constitucional es aplicar la que esté acorde con los intereses del trabajador.

✓ Favorabilidad Probatoria: no tiene consagración constitucional ni legal para el derecho laboral, pues el trabajador está obligado por el principio procesal de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 del CPC.

¿QUÉ OBJETIVOS TUVO LA COMISIÓN REDACTORA DE LA LEY 712 DE 2001?

1. La simplificación de trámites y la celeridad procesal.

2. La modernización y actualización de las instituciones procesales laborales.

3. La precisión de competencias.

4. La protección ética al patrimonio público.

La Comisión Redactora de la ley 712 de 2001 orientó su actividad de acuerdo a los siguientes principios:

1. Respeto a la protección especial al trabajador.

2. Prevalencia del derecho sustancial.

3. Debido Proceso.

4. Seguridad jurídica.

LEGALES

Tienen fundamento legal y se constituyen en el mecanismo idóneo para desarrollar y concretar los fundamentos constitucionales del derecho procesal. Los principios jurídicos son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de una determinada comunidad, ideas que no son otra cosa que valores ético jurídicos evidentes en una comunidad y en un momento histórico determinado, así, una legislación es armónica en la medida en que no contradiga sus principios o, más exactamente en cuento los realice, por eso se considera que la reforma al CPT preservó y amplió esos valores.

1. Principio de Igualdad Procesal de las Partes

Se entendía que en vigencia de la ley 105 de 1931, ésta debía aplicarse en su tenor literal, así tanto demandante como demandado eran iguales frente al proceso, el principio de igualdad procesal se trata en el hecho que no0 pueden existir actuaciones procesales privilegiadas y que, dentro de ellas, las partes deben gozar de iguales derechos, oportunidades y garantías que el juez como director del mismo tiene que hacer efectivas.

Sin embargo, la parte fuerte, es decir quien más tenía dinero, tenía mejores opciones dentro del proceso (la parte débil que es el trabajador siempre debía acomodarse a lo que le ofrecía el empleador).

Por eso, tanto el código sustantivo del trabajo como el procesal, son protectores del trabajador y este principio, por ende, no podía aplicarse al tenor literal, pues la parte débil no tenía suficiente capacidad para expresar sus efectos, por ejemplo, pagar peritajes, inspecciones, etc., así que lo que había que buscar era proteger al trabajador, por ejemplo, como la facultad de actuar en procesos de única instancia sin representación judicial, la facultad del juez de decretar pruebas de oficio, la celeridad, la inmediación y otros actos tendientes a completar las deficiencias y falta de pericia o cuidado de quienes representan al trabajador.

Teniendo en cuenta el alcance que la ley 712 de 2001 le dio a este principio, éste se refleja en:

➢ Competencia por razón de la cuantía, teniendo en cuenta que se quitó la competencia para conocer asuntos laborales a los jueces civiles municipales cuando la cuantía no superaba 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

➢ Se eliminó la posibilidad de proponer excepciones previas y solicitar pruebas en la primera audiencia de trámite, sin tener que contestar la demanda, igualando así a demandante y demandado en oportunidades.

➢ Las excepciones deben fundamentarse, nivelando al demandado con el demandante, quien siempre ha tenido que sustentar sus pretensiones.

➢ Presunción de autenticidad de los documentos, originales o reproducciones simples, emanados de las partes: En este aspecto existía un trato discriminatorio, pues a pesar que la Ley 446 de 1998 le dio eficacia a los documentos emanados de las partes (no de terceros), en desarrollo parcial del principio de la buena fe se eliminó la presentación personal o autenticación cuando se trataba de documento privado. Sin embargo, cuando la entidad pública allega un documento emanado de su contraparte (persona de derecho privado) se presumía la autenticidad, pero cuando el particular presentada el documento emanado de su contraparte (persona de derecho público) no se presumía esa autenticidad, teniendo que acreditarla. Así el parágrafo del artículo 54 del CPTYSS suprime la expresión “privado” referida a documentos, dando así igual trato en materia de eficacia probatoria a la prueba documental emanada de las partes.

➢ Prescripción de las Acciones de Fuero Sindical: Se iguala el término de prescripción en todas las modalidades de fuero sindical a dos meses.

2. Facultad Inquisitiva del Juez

Según el artículo 54 del CPT y SS, además de las pruebas pedidas por las partes, el juez puede decretar otras de oficio, a costa de cada una de las partes o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, sin perder de vista que, según el artículo 177 del CPC, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, norma procesal que se aplica tanto al empleador como al trabajador, quiere ello decir, que, aunque en el derecho sustantivo operan principios como el de la primacía de la realidad, protección de los derechos del trabajador, etc., si el trabajador pretende una sentencia acorde a sus pretensiones, debe allegar al proceso los medios de convicción de que los hechos que estructuran la norma jurídica que contiene el derecho reclamado, tuvieron real ocurrencia, pues, de lo contrario, la decisión judicial será desfavorable. Dicha prueba debe ser plena ya que se amerita falta de convicción, esa duda no se resolverá a favor del trabajador, sino del demandado, pues, en materia probatoria, no tiene aplicación la favorabilidad.

La Sala Laboral de la CSJ, en sentencia del 29 de enero de 1979 expresó: “…Pero las facultades y deberes que tienen los funcionarios de las instancias en materia de práctica de pruebas no llegan ni pueden llegar en ningún caso a desplazar la iniciativa de los litigantes ni a remplazar las tareas procesales que a cada uno de ellos les incumbe. Al demandante, demostrar los hechos fundamentales de su acción. Al demandado, acreditar aquellos en que base su defensa.

El desinterés o la incuria de cualquiera de las partes en aducir sus pruebas no pueden razonablemente ser suplidos por el juez con el pretexto de inquirir la verdad sobre las materias controvertidas, porque la actuación de éste debe ser imparcial en todo tiempo, y sus poderes oficiosos se limitan a esclarecer puntos oscuros o de duda que se presenten en el juicio. Debe pues aclarar lo que parece verdadero en principio y no investigar la fuente misma de la verdad, como si se tratase de asunto criminal”.

La ley 712 de 2001 le da poder real al juez para dirigir el proceso con el fin de hacer efectiva la lealtad procesal, la buena fe, la igualdad real de las partes, la economía y la celeridad procesal, principio que se reflejó en los siguientes aspectos:

❖ Nuevos poderes del juez frente a la contestación de la demanda: se tendrá probado el hecho o hechos de la demanda, cuando no se responda adecuadamente y constituirá un indicio grave en contra del demandado por la no contestación.

❖ Nuevos poderes del juez en la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio: se fortalece el poder del juez al obligarlo a proponer fórmulas de arreglo en la audiencia de conciliación, además debe adoptar las medidas de saneamiento del proceso para evitar nulidades y sentencias inhibitorias, y de fijación del litigio declarando probados hechos en que las partes estén de acuerdo, desechando pruebas que versen sobre esos hechos y excluyendo pretensiones y excepciones derivadas de la conciliación parcial.

❖ Aclaración del poder del juez en la práctica de la inspección judicial: En caso de renuencia de las partes a la práctica de la inspección, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra partes se proponía demostrar en los casos en que sea admisible la prueba de confesión.

3. Principio del Impulso Oficioso del Proceso

Hace referencia al impulso oficioso que el juez tiene dentro del proceso y, por ende, en él recae la facultad de decretar pruebas de oficio, para buscar la verdad real y la prevalencia del derecho sustantivo, sin que esta facultad sirva para suplir la negligencia de una de las partes. Si bien es cierto que el juez laboral no tiene el poder de iniciar el proceso, también lo es que sí puede encargarse del impulso del proceso, no solo con el decreto oficioso de pruebas sino también en la aplicación de fenómenos como la contumacia que permite al juez continuar con el trámite del proceso, aún sin la presencia de las partes, con consecuencias nefastas para cada una de ellas:

Artículo 30 del CPT y SS, modificado por el 17 de la ley 712 de 2001: Cuando notificada personalmente la demanda al demandado o a su representante, no fuere contestada o ninguno de estos compareciere a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin necesidad de nueva citación.

Si el demandante o su representante no concurrieren a las audiencias, sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin su asistencia.

Si no compareciere ninguna de las partes se seguirá la actuación sin asistencia de ellas. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77.

Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia y el juez estimare justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar día y hora para la celebración de audiencia de trámite”.

Precisamente por la facultad inquisitiva del juez, es que en materia laboral no se acepta la PERENCIÓN que en materia civil, antes de la reforma de la ley 794 de 2003, era una forma de terminación anormal del proceso por haber permanecido 6 meses o más el proceso en secretaría, sin que el demandante hubiera promovido actuación alguna y que traía consigo la imposibilidad de que el demandante pueda iniciarlo de nuevo, pues en el juez recae la obligación de adelantar y practicar los diferentes actos y etapas que conforman el proceso, así las partes desplieguen una conducta inactiva o rebelde. El juez laboral no depende de la iniciativa de las partes para cumplir el deber de adelantar el proceso. Sin embargo, la ley 712 en su artículo 17 trajo una figura similar a la perención pero únicamente aplicable a las demandas o a las demandas de reconvención (no a procesos), cuyo auto admisorio no hubiere podido notificarse al demandado dentro de los 6 meses siguientes a su admisión, caso en el cual se debe ordenar el archivo de las diligencias o el adelantamiento del trámite de la demanda principal únicamente.

4. Libre apreciación de la prueba

Según el artículo 61 del CPT y SS, “El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo cuando la ley exija determinada solemnidad ad susbstanciam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento…”.

Este principio también tiene desarrollo en el ordenamiento procesal civil en su artículo 187 y 177. En el primero al precisar que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

En la segunda disposición se habla expresamente de la carga de la prueba entendida como la obligación de las partes de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así a las partes les corresponde demostrar todos aquellos hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el derecho que ellas persiguen, si la parte que tiene la carga de la prueba se desinteresa de ella, su conducta se traducirá en una decisión adversa.

El sistema de libre apreciación de las pruebas tiende a dar libertad al juez para que elabore su convicción en el análisis de los elementos probatorios, sin trabas para impartir verdadera justicia. Conforme a este sistema, los órganos jurisdiccionales no están sujetos a reglas que les indiquen el valor asignado a cada medio de prueba, sino que, por el contrario, gozan de un amplio y libre criterio para formar en su conciencia la realidad de los hechos discutidos.

5. Principio de la Gratuidad

Tiene sustento legal en el artículo 39 del CPL y SS, el cual dispone que “la actuación en los juicios del trabajo se adelantará en papel común, no dará lugar a impuesto de timbre nacional ni a derechos de secretaría, y los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales”.

Igualmente la ley 270 de 1996 dispuso que “la administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costas judiciales”.

Así mismo la Corte Constitucional en sentencia T – 522 de 1994 indicó que la gratuidad es la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio (principio de igualdad de las partes en el proceso) frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación.

Sin embargo, la gratuidad no opera de manera absoluta sino relativa, pues no exonera a las partes de la obligación de cubrir determinados gastos como lo son: los necesarios para el desplazamiento de los funcionarios que deban realizar notificaciones, los honorarios de los auxiliares de la justicia, los gastos necesarios para el registro de embargos en las oficinas competentes, y en general, todo gasto que propiamente no se encuentre comprendido dentro de las actuaciones que señala el artículo 39.

6. Principio de la Oralidad

En Colombia, no se aplican exclusivamente el sistema oral o el escrito, a pesar de que el artículo 42 del CPL y SS, reformado por el 21 de la ley 712 de 2001, disponga que “las actuaciones judiciales en las instancias se efectuarán oralmente en audiencia pública so pena de nulidad”, pues la misma norma establece excepciones expresas como los autos de sustanciación, los interlocutorios no susceptibles de apelación, los que se dicten antes de la conciliación y después de las sentencias de primera y segunda instancia, los autos que resuelven los recursos de reposición, los que decreten pruebas en segunda instancia y las demás actuaciones que expresamente señale la ley como la demanda y la contestación, la interposición de recursos fuera de audiencia, etc., actuaciones que se ejecutarán por escrito.

Dada la necesidad de que quede constancia escrita de todas las actuaciones que se realicen en curso del proceso laboral, si bien es cierto que, casi en su totalidad, se adelanta en audiencia pública, se reduce a que de toda la actuación quede constancia escrita, es decir que implica que, al igual que ocurre en los demás procedimientos, del proceso por audiencias también se construye un expediente o conjunto de documentos como soporte histórico, con el fin de que la palabra permanezca en el futuro.

La ley 712 de 2001, limitó la oralidad a lo necesario, dando el siguiente enfoque:

❖ En el proceso ordinario de única instancia, se consagra la plena oralidad, conservándose inclusive la posibilidad de la demanda oral prevista en el artículo 70 del CPT y SS.

❖ En el proceso ordinario de primera instancia y en el de fuero sindical, la regla es la oralidad, la excepción el procedimiento escrito.

❖ En la segunda instancia de los procesos ordinarios la regla es el procedimiento escrito eliminándose la audiencia de trámite que allí se surtía y la excepción es la oralidad en la práctica de pruebas cuando estas procedan.

❖ En el proceso ejecutivo la regla es el procedimiento escrito y la excepción la oralidad en la práctica de pruebas y en la decisión de excepciones.

❖ Consagró como excepciones al principio de la oralidad las siguientes (artículo 42 del CPT y SS):

• Toda actuación del juez y de las partes, antes de la audiencia de conciliación, incluidas la reforma de la demanda, su contestación, la proposición de excepciones.

• Toda actuación después de la sentencia.

• Los autos de sustanciación, los interlocutorios no susceptibles de apelación, y los que resuelven el recurso de reposición.

• Los autos que decreten pruebas en segunda instancia.

7. Principio de la Publicidad

Está ligado al principio de oralidad, de hecho, el artículo 42 del CPL y SS hace referencia a los dos principios. En el derecho colombiano la publicidad tiene rango de garantía constitucional (artículo 29) y consiste en el derecho subjetivo de enterarse de las actuaciones de los sujetos procesales y no solamente de quienes en ellas intervienen sino de cualquier persona, tenga o no interés procesal.

Las audiencias no son secretas sino públicas, no obstante, el artículo 43 del CPT y SS señala como excepción al principio de la publicidad, la facultad del juez para ordenar que la audiencia se lleve en privado, por razones de orden público o de buenas costumbres.

8. Principio de la Inmediación

Artículo 52 del CPT y SS, modificado por el 23 de la ley 712 de 2001: “Presencia del juez en la práctica de las pruebas. El juez practicará personalmente todas las pruebas. Cuando le fuere imposible hacerlo por razón del lugar, comisionará a otro juez para que las practique”.

Un juicio o valoración acertada de la prueba, solo se logra en la medida en que el juez haya participado directamente en su práctica, pues ese es el medio idóneo y único en que logra entrar en contacto con las personas, ya sean partes o terceros, con los lugares, documentos y, en fin, con cualquier objeto procesalmente pertinente.

El principio de inmediación es una verdadera obligación del juez, que le da la oportunidad de observar las reacciones físicas, el comportamiento, la seguridad, etc. de las personas, factores indicativos de la verdad o la mentira con que se expresan.

9. Principio de Buena Fe y Lealtad procesal

Artículo 49 del CPT y SS. Principio de lealtad procesal. Las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio, o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley.

Este principio hace referencia a que las partes de buena fe y no con la intención de perjudicar a su contraparte o al juez, por ejemplo, que realicen sus actuaciones procesales en forma pertinente y oportuna, que soliciten pruebas conducentes, que eviten dilaciones injustificadas del proceso, etc., la inobservancia de este principio del derecho procesal laboral acarrea consecuencias sancionatorias para los abogados (decreto 196 de 1971) y procesales para las partes, por ejemplo, según el artículo 61 del CPT y SS, para la libre formación del convencimiento, el juez puede atender también a la conducta procesal observada por las partes.

La ley 712 de 2001, en desarrollo de este principio, en lo relacionado con la demanda, contestación y anexos, buscó que las partes de manera simultánea, al momento de trabarse la litis, ya hayan fijado de manera transparente el conflicto. Así mismo, que las excepciones deben fundamentarse, con lo cual cada parte conoce los soportes de hecho y derecho de la contraria.

10. Principio de Eventualidad

Los términos y oportunidades señalados por la ley para la realización de los actos procesales son perentorios e improrrogables (artículo 118 del CPC), y de este principio se deriva el de la PRECLUSIÓN que consiste en que una vez han transcurrido esos términos, se termina la oportunidad para llevar a cabo la actuación correspondiente. Aunque estos principios no los establece expresamente el CPT y SS, se derivan de algunas de sus normas, por ejemplo, el artículo 25 y 31 respecto de la oportunidad para pedir pruebas (solo en la demanda y en la contestación), artículo 74, término para contestar la demanda, artículo 28, término para adicionar y corregir la demanda, artículos 63 y 65, término para interponer los recursos de reposición y apelación, etc.

11. Principio de Economía Procesal

Este principio busca que la función judicial se cumpla con el menor esfuerzo posible, con el menor desgaste del aparato jurisdiccional, igual que ocurre con el de la eventualidad, no está expresamente consagrado en el procedimiento laboral, sin embargo, se desarrolla en muchas de sus normas:

✓ El artículo 28 del CPT y SS faculta al juez para devolver la demanda que no reúna los requisitos de ley.

✓ El artículo 85 del CPC aplicable al proceso laboral, permite rechazar la demanda en los casos que allí se estipulan.

✓ El artículo 37 del CPT y SS permite la interposición de incidentes únicamente en la primera audiencia de trámite, salvo los que, por su naturaleza, permitan ser presentados con posterioridad.

✓ El artículo 45 del CPT y SS únicamente permite realizar cuatro audiencias de trámite.

✓ El artículo 25 A del CPT y SS permite la acumulación de pretensiones.

La ley 712 de 2001 destacó las siguientes actuaciones en desarrollo de este principio:

❖ Con la demanda y la contestación se debe presentar la documental que se encuentre en poder de la respectiva parte, así como la prueba de la existencia y representación legal de las personas jurídicas de derecho privado.

❖ El juez tiene el deber de examinar la actuación antes de la audiencia de conciliación y las partes el de asistir a la misma.

❖ Las excepciones de cosa juzgada y de prescripción se pueden plantear como previas.

❖ En aras de preservar el debido proceso, sólo procederá la suspensión de audiencias ante la imposibilidad de tomar inmediatamente decisiones o cuando sea necesario practicar pruebas pendientes. Si la suspensión es solicitada por las partes deberá motivarse.

❖ La audiencia de saneamiento y fijación del litigio persigue evitar nulidades y sentencias inhibitorias, fijar hechos y pretensiones, así como desechar la práctica de algunas pruebas y prescindir de ciertas excepciones.

❖ Se señalan los autos que son apelables en forma análoga al artículo 351 del CPC, evitando los debates interminables sobre si el auto es interlocutorio o de mera sustanciación.

❖ Se sustituye la audiencia de trámite en segunda instancia en procesos ordinarios para alegar por un término común de cinco días para dicho efecto.

12. Principio de la Concentración del proceso

En aras de desarrollar el principio de la economía procesal, se establece el principio de la concentración del proceso que, además, es característica del sistema oral, consiste en que las pruebas y los actos procesales se realicen en una sola audiencia, o con intervalos mínimos entre cada una, el artículo 80 del CPT y SS señala que “En el día y hora señalados el juez practicará las pruebas, dirigirá las interpretaciones o interrogaciones de las partes y oirá las alegaciones de éstas. Los testigos serán interrogados separadamente, de modo que no se enteren del dicho de los demás. Si resultare indispensable un nuevo señalamiento de audiencia, se hará, en lo posible, para el día o los días inmediatamente siguientes.

La ley 712 de 2001 en desarrollo de este principio dispuso:

❖ Antes de la ley, las partes podían solicitar pruebas en la demanda, en la contestación y aún dentro de la primera audiencia de trámite, disposición que contrariaba, incluso el principio de la lealtad procesal, actualmente las pruebas solo pueden ser solicitadas en la demanda y en la contestación de la misma. Además las documentales que se encuentren en poder de las partes deberán presentarse con la demanda o con la contestación, acabándose así la entrega de documentos al final del debate probatorio.

❖ Grabación de lo actuado y acta en los procedimientos de única instancia, procedimiento permite la concentración de la actuación.

❖ Conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento del proceso, fijación del litigio y decreto de pruebas, procedimiento que también permite la concentración de la actuación.

13. Facultades ultra y extrapetita del juez laboral

Este principio remite directamente con el de la CONGRUENCIA, consagrado en el artículo 305 del CPC, según el cual debe existir consonancia entre los hechos, las pretensiones y las excepciones, con la decisión que tome el juez, no obstante, en virtud del carácter protector de las normas laborales, del orden público de las normas sustantivas y procesales, de la irrenunciabilidad de derechos, se faculta al juez para que en primera y en única instancia, pueda fallar más allá de lo pedido – ULTRA PETITA -, o fuera de lo pedido – EXTRA PETITA -, siempre y cuando, lo que se vaya a conceder en estas condiciones, haya sido discutido, probado y su pago no haya sido demostrado por el deudor. Esta facultad no se extiende al juez de segunda instancia en virtud del principio de la no reformatio in pejus.

El artículo 50 del CPT y SS, limitaba esta facultad en única instancia, no obstante, la Corte Constitucional declaró inexequible la disposición, por cuanto el factor numérico de la cuantía, se convierte en un factor de desigualdad, expresó la Corte en la sentencia C – 662 del 12 de noviembre de 1998:

“Aceptar entonces que por el referente numérico de la cuantía se impida que los trabajadores, sometidos a un proceso de única instancia por el monto de sus pretensiones, se beneficien de la potestad de fallo del juez laboral con los alcances mencionados, es dar paso al desconocimiento de valores, principios y derechos con reconocimiento superior, como son la justicia, la igualdad material, la irrenuncibilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y el acceso a una adecuada administración de justicia, que hacen que la restricción en este sentido analizada, sea inconstitucional”.

14. Principio de la Consonancia

Según el artículo 66 A, adicionado por el 35 de la ley 712 de 2001, la sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación; exigencia que obliga, entonces, a sustentar tal recurso, para que pueda determinarse esa consonancia, la competencia del adquem se limita al tema de la apelación, ya que la parte apelante esta indicando tácitamente su conformidad con los aspectos no apelados de la sentencia.

15. Principio de Carga de la Prueba

- Se presume la existencia del fuero sindical del demandante, en virtud del artículo 118 debe aportarse simplemente la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador de la elección, según el fuero del que se trate.

- En la contestación de la demanda debe indicarse de manera expresa cuales hechos se admiten, los que se niegan y los que no les consta, manifestando en los dos últimos casos las razones de su respuesta, de lo contrario de tendrá como probado el respectivo hecho o hechos.

- Si la contestación adolece de los requisitos exigidos o no se acompañan sus anexos, y no se subsana en el término de cinco días, se tiene por no contestada

- Inasistencia injustificada del demandante o del demandado a la audiencia de conciliación: Presunción de ser ciertos los hechos de la contestación o de la demanda, respectivamente susceptibles de confesión.

- Inasistencia del apoderado cuando la audiencia de conciliación debe celebrarse con él: Presunción de ser ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión.

16. Principio de Preclusión de la Prueba

Con la ley 712 de 2001 se pretendió reducir las oportunidades que tenían las partes para solicitar y aportar pruebas, el demandante deberá aportar las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en su poder con la demanda, en principio quien ofrece la prueba la tiene, si nada dice al respecto se debe presumir que la tiene y debe aportarla en ese momento.

En relación con la contestación de la demanda se amplió el término de traslado de 6 a 10 días y se obligó a que con ella aporte aquellas pruebas documentales que manifieste tener.

PRINCIPIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 712 DE 2001

1. Unidad de jurisdicción y de especialidad

Los conflictos jurídicos de una rama sustantiva deben corresponder a una sola jurisdicción. Contradice la autonomía, la necesaria unidad y la seguridad jurídica que el conocimiento de los conflictos jurídicos en una rama sustantiva del derecho se dispersen en varias jurisdicciones. Así la reforma hace trascendental cambio al hacer realidad el principio que se comenta para la seguridad social integral, lo cual condujo al cambio en la denominación del código y de la jurisdicción que ahora se llamarán Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades Laboral y de la Seguridad Social.

2. Principio del interés para intervenir en el proceso

El artículo 118 B del CPTSS, establece el derecho del sindicato de intervenir en el proceso de fuero sindical para lo cual se crea el concepto de “parte sindical”, con el siguiente alcance:

❖ Se predica de la organización sindical de la que emana el fuero sindical que se controvierta.

❖ Es una intervención facultativa que tiene la función de coadyuvancia al trabajador.

❖ Se hace por conducto del representante legal.

❖ El sindicato puede instaurar la acción por delegación del trabajador.

❖ Al sindicato se le notifica el auto admisorio de toda demanda de fuero sindical por el medio que el juez considere expedito y eficaz, no hay traslado ni de la demanda ni de la contestación.

❖ Se le atribuye al sindicato la facultad de efectuar todos los actos procesales permitidos al trabajador aforado, salvo la disposición del derecho en litigio.

3. Principio de aseguramiento de la sentencia

Se introdujo por la ley 712 de 2001 y se materializó en la posibilidad de solicitar medidas cautelares en el proceso ordinario. Se consagra un procedimiento rápido con garantías para el demandado y en aras de que el cumplimiento de una sentencia condenatoria en beneficio del trabajador, no quede burlado ante la insolvencia del demandado.

4. Principio de defensa ética del patrimonio

- Se manifiesta en el recurso extraordinario de revisión que en materia laboral, se incorporó al CTPSS como respuesta a los recientes escándalos por la realización de conciliaciones multimillonarias en Foncolpuertos y Dragacol.

- Notificación a las entidades públicas: Se da mayor seguridad a las entidades públicas en el trámite de la notificación del auto admisorio de la demanda.

LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO

Conflicto es aquella situación de oposición, pugna o antagonismo entre dos o más partes, originada en móviles económico, político, social o cultural.

CONFLICTO LABORAL es la oposición entre los trabajadores y empleadores en desarrollo de un derecho preexistente de carácter laboral o para la creación de uno nuevo.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES

1. POR LOS SUJETOS

➢ Obrero-Patronales. Entre trabajadores y empleadores

➢ Inter-Obreros. Entre trabajadores, por ejemplo cuando una huelga se prolonga por largo tiempo, se crea un conflicto entre los miembros del sindicato y los no sindicalizados

➢ Inter-Patronales. Se presentan generalmente en sociedades avanzadas donde se han desarrollado los sindicatos de empleadores

➢ Inter-Sindicales. Se presentan cuando cada sindicato tiene intereses definidos que, en un momento dado, entran en pugna.

2. POR LA NATURALEZA DEL CONFLICTO

➢ JURÍDICOS O DE DERECHO. Se generan en la interpretación, alcance y aplicación de una disposición jurídica preexistente, que puede ser la ley, el contrato de trabajo, la convención colectiva de trabajo o el pacto colectivo; son de conocimiento de los jueces laborales; a su vez se clasifican en:

o Individuales: son aquellos cuya solución solo interesa a las partes trabadas en él, puede darse entre el empleador y un trabajador, esto es, cuando el interés controvertido proviene de una relación de trabajo, el trabajador pude reclamar por el incumplimiento a una disposición legal, del contrato de trabajo, del reglamento de trabajo, de la convención colectiva, etc., cuyo desconocimiento o errada interpretación le causan perjuicios. Por ejemplo, el empleador le termina el contrato de trabajo a Luis Pérez, se genera un conflicto jurídico individual, si cancela 15 contratos de trabajo, estamos ante 15 conflictos jurídicos individuales.

o Colectivos: la solución al conflicto tendrá efecto sobre un grupo determinado de trabajadores, por ejemplo, el artículo 315 del CST obliga a los empleadores dedicados a la explotación del petróleo, a construir vivienda para sus trabajadores, el incumplimiento de esta disposición generará un conflicto jurídico cuya solución beneficiará a todo el grupo de trabajadores.

➢ ECONÓMICOS O DE INTERESES. Se generan cuando se desea modificar o extinguir una norma existente o crear una nueva disposición. Los conflictos económicos están excluidos del conocimiento de los jueces laborales. También se clasifican en:

o Individuales: un trabajador pretende el aumento del sueldo fijado en la convención colectiva, se trata de un conflicto económico porque busca mejorar las condiciones en que se desarrolla la relación de trabajo sin embargo este trabajador no tiene facultad de generar un conflicto económico porque él solo no puede provocar una negociación colectiva.

o Colectivos: se origina en la aspiración colectiva de un grupo de trabajadores que busca obtener o mejorar la vigencia de un conjunto normativo más favorable que la ley, para regular sus condiciones de trabajo, para lo cual le presentan al empleador un pliego de peticiones.

El artículo 2º del CPT y SS señala qué conflictos corresponde dirimir a la jurisdicción ordinaria laboral y el 3º excluye del conocimiento de esta jurisdicción, los conflictos económicos o de intereses que se presenten entre trabajadores y empleadores, los cuales se regulan por las normas especiales sobre la materia, teniendo en cuenta que su objeto no son los derechos que ya están consagrados en las normas, sino la creación de nuevos derechos.

LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO

El DERECHO LABORAL, de manera general, está conformado por las normas que tienen una relación directa con el contrato de trabajo y con sus consecuencias mediatas o inmediatas, estas normas pueden ser de dos clases:

➢ NORMAS DE CARÁCTER REGLAMENTARIO, que regulan la forma y las condiciones en que debe llevarse a cabo el contrato de trabajo, por ejemplo, regulan la jornada máxima de trabajo, las condiciones de higiene de las empresas o los sitios de trabajo, exigencias relacionadas con la seguridad social, garantías de higiene y seguridad industrial, etc.

Las autoridades que vigilan el cumplimiento de esta clase de normas y se ponen en marcha frente a su omisión, son las AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, que pueden actuar de oficio o a petición de parte, por ejemplo cuando se desconocen normas de higiene industrial que ponen en peligro la integridad de los trabajadores.

➢ NORMAS CREADORAS DE DERECHOS O BENEFICIOS, cuyo titular es el trabajador y que se encuentran a cargo del empleador, por ejemplo el reconocimiento del auxilio de cesantía, de la prima de servicios, del auxilio de transporte, etc.

Tanto las normas de carácter reglamentario como las creadoras de derechos y beneficios, son de obligatorio cumplimiento por ser normas de orden público y encontrarse cobijadas por el principio de la irrenunciabilidad de derechos.

La vigilancia en el cumplimiento de estas normas está encargada a autoridades diferentes:

➢ AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRABAJO

Su existencia y funciones están consagradas en el artículo 17 del CPT y SS que señala: “Órganos de control. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sociales está encomendada a las autoridades administrativas del trabajo”, es decir que vigilan y controlan el cumplimiento de las normas de carácter reglamentario.

El artículo 486 del CST, modificado por la ley 584 de 2000, determina las atribuciones de las autoridades administrativas del trabajo y establece las sanciones que pueden imponer, pero se les excluye de declarar derechos individuales y de definir circunstancias atribuidas a los jueces, no obstante, sí tienen funciones de conciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos jurídicos.

Las autoridades administrativas del trabajo están conformadas por el Ministerio de Protección Social que tiene jefes de división, jefes de sección y, a nivel regional, Inspecciones de Trabajo.

➢ AUTORIDADES JUDICIALES DEL TRABAJO

Las autoridades jurisdiccionales del trabajo operan ante la violación de las normas creadoras de derechos y beneficios y están conformadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Jueces Laborales del Circuito o Jueces Civiles del Circuito en donde no hay Juez Laboral y la regulación de su actuación se encuentra contenida en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Puede darse el caso de que al violarse una norma de carácter reglamentario, pueda intervenir una autoridad judicial, es decir, que se ponga a las dos autoridades en movimiento, para sancionar la violación a las normas que se ha realizado. Por ejemplo el artículo 31 del CST permite esta posibilidad cuando se contrata con un menor de edad sin autorización del inspector de trabajo:

✓ Por un parte, el Ministerio de Protección Social, a través del inspector de trabajo, de oficio o a petición de parte, ordena la terminación de la relación laboral e impone multas al empleador.

✓ Adicionalmente, ante la demanda del menor, el juez del trabajo debe condenar al empleador a reconocer y pagar al menor trabajador, los salarios y las prestaciones sociales causados durante la relación laboral, por cuanto, pese a tratarse de un menor, tiene los mismos derechos que cualquier trabajador.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

JURISDICCIÓN

En sentido amplio, es la facultad que tiene el estado, en ejercicio de la soberanía que le ha conferido el pueblo, para administrar justicia a través del órgano jurisdiccional.

En sentido objetivo, es el conjunto de asuntos o negocios encomendados a las autoridades judiciales.

En sentido subjetivo, es la parte del poder del estado que entrega algo de su soberanía con referencia a una función que es la de administrar justicia.

Para HERNANDO MORALES MOLINA, la jurisdicción se define en tres situaciones:

✓ La administración de justicia, que tiene que ver con la determinación de los jueces encargados para conocer de cada asunto, los requisitos para desempeñar el cargo y la forma de su designación.

✓ La regulación de la competencia atribuida a cada juez, es decir, la determinación de los asuntos que corresponde conocer a cada uno de ellos.

✓ El establecimiento de las formas o procedimientos que deben seguirse en cada caso concreto.

Para DEVIS ECHANDÍA, la jurisdicción es la “función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial”.

La jurisdicción, desde el punto de vista SUBJETIVO, se refiere al conjunto de órganos que conforman la rama judicial del poder público. Del artículo 228 de la Constitución se desprende el PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE LA JURISDICCIÓN, según el cual dicha función pública es una sola que se ha dividido en varias ramas por la necesidad de la división del trabajo, así, existe una jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa, constitucional y las especiales que serían la penal militar, la indígena, la justicia de paz y la disciplinaria.

La jurisdicción ordinaria en sus ramas laboral y de la seguridad social, está conformada por las siguientes autoridades judiciales: Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Jueces Laborales del Circuito y, excepcionalmente, Jueces Civiles del Circuito.

Desde el punto de vista OBJETIVO, la jurisdicción se refiere al conjunto de asuntos, tópicos o funciones que la ley asigna para su conocimiento a cada funcionario.

ASUNTOS QUE CONOCE LA JURISDICCIÓN DEL TRABAJO

Como quedó explicado, la jurisdicción del trabajo tiene competencia para conocer exclusivamente de los conflictos de carácter jurídico, en virtud del artículo 3º del CPT y SS, los asuntos de carácter económico, quedan excluidos del conocimiento de los jueces laborales y se rigen por las normas especiales sobre la materia, esto es, las que regulan lo relacionado con el conflicto colectivo de trabajo y la forma de solucionarlo a través de la negociación colectiva o del arbitramento.

Según el artículo 20 del CPT y SS, modificado por la ley 712 de 2001, la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo

Se trate de empleador de carácter privado como empleador de carácter público, siempre que la vinculación del trabajador haya sido mediante contrato de trabajo, es decir, los jueces laborales tienen competencia para dirimir los conflictos que se presenten en relación con trabajadores del sector privado y con trabajadores oficiales que son los que se vinculan mediante contrato de trabajo con el estado, teniendo en cuenta, en el último caso, que la relación laboral de los trabajadores oficiales, se rige por su propio estatuto, es decir que se les aplica el código procesal del trabajo y el juez ordinario laboral es el competente para dirimir el conflicto con su empleador público, pero no les puede aplicar el CST sino su propia reglamentación (artículo 4º del CST).

Ahora bien, aunque las acciones ejercidas se fundamenten en prescripciones contenidas en el Código Civil, o en cualquier otra norma de derecho positivo, seguirá siendo competencia de la jurisdicción ordinaria siempre que emanen de un contrato de trabajo, por ejemplo, el trabajador pretende que el empleador indemnice los perjuicios morales que ocasionó un accidente de trabajo sufrido, pese a que se trata de una figura regulada por la ley civil, su causa es un contrato de trabajo y la competencia radica en el juez laboral.

Para que el juez laboral adquiera competencia para conocer del conflicto jurídico cuya solución se demanda, basta con que afirme la existencia del contrato de trabajo, aunque a lo largo del proceso no pueda demostrarse su existencia, es decir que no se viciará de nulidad el proceso, por cuanto es el demandante el que otorga la competencia al juez, pese a que no pueda demostrar lo afirmado en la demanda.

2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral

El juez ordinario laboral es el competente para conocer de cualquiera de las tres acciones que emanen de la garantía constitucional del fuero sindical, esto es, acción de despido, acción de reintegro o acción de reinstalación, y cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral, es decir que tiene competencia tanto para trabajadores del sector privado, trabajadores oficiales y empleados públicos, a quienes el artículo 39 de la Constitución Política también extendió esta garantía que se deriva del derecho de asociación profesional.

3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y cancelación del registro sindical.

Por disposición constitucional, la disolución y liquidación de organizaciones sindicales solo procede por vía judicial y no administrativa, de manera que la ley 50 de 1990 introdujo, en la parte sustantiva de las normas laborales, un procedimiento sumario cuyo objeto es, precisamente, la disolución y liquidación de sindicatos y la consecuente cancelación del registro sindical.

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral

Con la expedición de la ley 100 de 1993 que regula de manera integral la seguridad social y que por mandato del art. 48 constitucional dio participación a los particulares en la prestación de ese servicio público pero bajo la dirección, coordinación y control del Estado, han aparecido en la vida jurídica nuevos sujetos de derecho que en un momento determinado pueden ser partes en un conflicto laboral. Tal es el caso de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las aseguradoras de riesgos profesionales, las empresas prestadoras de salud, etc.

Es evidente que pueden presentarse controversias entre éstas y sus afiliados, beneficiarios o usuarios y entre aquéllas y los empleadores.

El artículo 29 de la ley 712 de 2001 entregó a la jurisdicción ordinaria laboral la competencia para conocer de toda esta gama de conflictos, aún cuando en ellos esté compromet