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Derecho Procesal Laboral En Mexico

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: klimbo3445 31 mayo 2011

Palabras: 19724 | Páginas: 79

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adas que se llamaron, en la edad antigua: esclavos y patricios; en la Edad Media: siervos y nobles y señores feudales en la edad actual o el capitalismo industrial: proletarios de la ciudad y del campo y capitalistas poseedores de los medios de producción; cabe señalar, que las luchas de épocas antiguas y modernas no tuvieron las mismas características que tiene la lucha social de nuestros días.

Ahora bien esta pugna, como todos sabemos, dentro del régimen actual tiene una clara manifestación precisamente en los conflictos de trabajo.

En virtud podemos concluir, sin pretender dar por agotado el tema, que los conflictos de trabajo.

En tal virtud podemos concluir, sin pretender dar por agotado el tema que los conflictos de trabajo tienen sus raíces más profundas en el sistema de producción nacido de la Revolución Industrial, como consecuencia de causas económico-sociales, de las contradicciones existentes, sobre todo en los abusos y opresión hacia la clase trabajadora, ya que es bien sabido que una empresa que cumple con la ley y respeta la dignidad e integridad de sus obreros, se eliminan las pugnas; en suma, los conflictos de trabajo se generan por un desequilibrio de partes o por la violación de un derecho, surgidos en una realidad histórica.

1.1.2 Clasificación de conflictos

Los conflictos de trabajo, atendiendo a diversos criterios, se pueden dividir en:

a) Atendiendo a los sujetos

• Entre patrones y trabajadores, v. g.: despidos.

• Entre patrones, v. g.: sustitución patronal

• Entre trabajadores, v. g.: problemas de escalafón o preferencia de derechos.

• Entre sindicatos, v. g.: detentación o titularidad de un contrato colectivo de trabajo.

• Entre sindicatos y terceras personas, v. g.: cuando un sindicato se opone, en su calidad de titular del contrato colectivo de trabajo, a que la empresa contrate a un trabajador ajeno al gramio.

b) Atendiendo a los intereses en pugna.

Conflictos individuales son los que afectan intereses de carácter particular, independientemente del número de trabajadores que en ellos intervengan.

Conflictos colectivos son los que afectan intereses de carácter profesional o sindical, también con independencia del número de trabajadores que intervengan o participen en dichos conflictos.

Conflictos jurídicos son los que se refieren al cumplimiento o interpretación de la ley o de contratos y, desde luego, pueden ser individuales o colectivos, según el interés afectado.

Conflictos de orden económico son los que crean, modifican, suspenden o terminan condiciones de trabajo e igualmente pueden ser individuales o colectivos.

c) Atendiendo a la norma jurídica

• Por violación de un derecho.

• Por violación de una norma.

• Por inexistencia de condiciones de trabajo justas.

• Por desequilibrio entre los factores de la producción.

• Por incumplimiento de lo pactado.

• Por insometimiento al arbitraje.

1.1.3 Efectos para las partes

Concepto de parte

En un sentido material, las partes en un proceso son las personas físicas o morales que intervienen en el mismo y sobre las cuales gravitan las consecuencias de todos los aspectos del proceso, desde el inicio hasta la conclusión definitiva.

Teóricamente no puede aceptarse la existencia de un juicio que no afecte derechos de persona alguna, ya que carecería de objeto la intervención del Estado en un conflicto puramente especulativo.

Armando Porras y López, manifiesta al respecto: “parte es todo sujeto que ejercita la acción u opone excepción principal, conexa o accesoria para la actuación de la ley”. Agrega que este concepto comprende a los terceristas que deben considerarse como verdaderas partes dentro de la relación laboral.

1.2 Las normas procesales.

Las Normas de Derecho Procesal son de carácter obligatorio y debemos entender lo que es una norma jurídica, que es lo que comprende la ley, las manifestaciones del Derecho a las que el legislador les atribuye esta calidad; en cuanto a la ley se le divide en dos formas; en sentido material, que toda Norma Jurídica y en sentido formal que toda disposición elaborada por el Poder Legislativo aunque no sea Norma Jurídica.

En cuanto a la definición de una Norma Jurídica Procesal podemos decir que regula la relación procesal y su naturaleza de una ley, no debe deducirse del lugar en que aparece incluida; los objetos de una Ley Procesal es la Formación de órganos jurisdiccionales y la regulación de las Normas de actuación de la ley.

1.3 Los principios del derecho procesal del trabajo

En su acepción filosófica, son las máximas o verdades universales del derecho procesal del trabajo que han servido para orientar la ley positiva.

De acuerdo con la escuela histórica, los principios del derecho son los que han nacido de los pueblos en su devenir histórico, en el tiempo y en el tiempo y en el espacio, y que igualmente han sido fuente de inspiración para los legisladores, al crear el acto legislativo, es decir, han servido para orientar al derecho mismo.

Nuestra materia se rige por los principios especiales y particulares que poco a poco le han dado autonomía. En efecto, el artículo 685 de la Ley, siguiendo los principios doctrinales determina:”El proceso del Derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso”.

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley derive de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea oscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley.

1.4. Los conflictos laborales.

La palabra conflicto, gramaticalmente hablando, se deriva de la voz latina confluyere, que significa combatir y, por extensión, combate, zozobra, inquietud, apuro, aprieto, compromiso grave. El vocablo es sinónimo del término colisión, de colissión, derivado verbal de coligere, que significa chocar, rozar.

Guillermo Cabanellas expresa que “el término conflicto tiene mucha similitud con colisión, sin embargo no deja de ser frecuente en lo laboral hablar de conflicto para un problema planteado con aspereza entre las partes, mas o menos irreductibles, y relegar el uso de colisión para concretos acontecimientos de los trabajadores o contra ellos”.

Eugenio Pérez Botija indica que:

Con el nombre de conflictos laborales se alude a toda la serie de fricciones susceptibles de producirse en las relacione de trabajo; este nombre se puede aplicar a las diferencias jurídicas que surjan entre las partes de un contrato de trabajo y sobre el cumplimiento e incumplimiento de sus cláusulas, así como a las infracciones de una ley laboral que no acatan las empresas o los trabajadores.

1.5 Solución de los conflictos laborales

Se maneja la definición de resolución en el Derecho Laboral, las resoluciones laborales son todas aquellas declaraciones formales del juzgador, que tienden a ejercer sobre el proceso una influencia directa, inmediata o de definición de la controversia, siendo sus principales características las siguientes:

a) Son actos de jurisdicción.

b) Mediante ellas el órgano expresa su voluntad y ordena o prohíbe.

c) Son unilaterales y se llevan a cabo por conducto del tribunal.

d) Mediante las resoluciones, se tramita, suspende o resuelve el proceso

1.6 Tribunales de trabajo en México

Los Tribunales de Trabajo tienen la facultad de conocer en todos los casos de conflictos obrero-patronales. Se trata de una verdadera jurisdicción de trabajo, consagrada en los artículos 73, frac. X, y 123, frac. XX, constitucionales, no son tribunales especiales, y sus resoluciones son obligatorias e imperativas y de orden común.

Si bien es cierto que desde el punto de vista de la clasificación de las funciones del Estado, dependen del Poder Ejecutivo, no son autoridades esencialmente de carácter administrativo, ya que tienen atribuciones para ejecutar actos jurisdiccionalmente materiales y capacidad para hacer cumplir sus resoluciones.

Clasificación de los Tribunales de Trabajo

Los tribunales de Trabajo pueden ser:

1. Juntas Federales de Conciliación:

* Permanentes.

* Accidentales.

2. Juntas locales de Conciliación.

* Permanentes.

* Accidentales.

3. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

4. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje

5. Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje.

2. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO LABORAL

2.1 La jurisdicción

El vocablo jurisdicción se deriva de los términos jus y dicere, que significan: declarar; decir el derecho; lo anterior desde el punto de vista etimológico.

Desde el punto de vista jurídico, Ugo Rocco manifiesta: “ La función judicial o jurisdiccional, es pues la actividad con que el Estado interviene a instancia de los particulares, a fin de procurar la realización de los intereses protegidos por el derecho, que han quedado insatisfechos por la falta de actuación de la norma jurídica que los ampara

2.2 Las juntas de conciliación

Concepto legal

El artículo 123, apartado “A”, constitucional declara en la frac. XX:

Las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a las decisiones de una Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patrones y uno del gobierno. Si el patrono se negare a someter a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dará por terminada por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

2.3 Las juntas de conciliación y arbitraje

La Junta de Conciliación y Arbitraje no está establecida para aplicar la ley en cada caso concreto y obligar al condenado a someterse a sus disposiciones, ni tiene facultad de aplicar la ley para dirimir conflictos de derecho, ni para obligar a las partes a someterse a sus determinaciones. Por lo tanto, carece de imperio y no es un tribunal; es solamente una institución de derecho público que tiene por objeto evitar los grandes trastornos que, a orden y a la paz públicos, a la riqueza pública, a la organización de la industria y a la organización del trabajo, le resultan de los movimientos bruscos de suspensión de éste por los obreros o por parte de los patrones.

2.4 La competencia

La jurisdicción denota unidad, pero en virtud de la división del trabajo, sería imposible que un juez conociera de toda clase de negocios. Por tal motivo se ha dividido a la jurisdicción por la razón del territorio, de la cuantía, de la materia y grado, v. g. Estos criterios de clasificación son conocidos comúnmente con la denominación de competencia.

En consecuencia, definida la jurisdicción limitada para el conocimiento de cierta clase de negocios; por ello, la competencia es la jurisdicción como el poder del juez para intervenir legítimamente en un conflicto, la competencia será la medida de ese poder. En otras palabras, la competencia es la jurisdicción limitada para el conocimiento de cierta clase de negocios; por ello, la competencia es la facultad y deber del tribunal de resolverlos.

La competencia tradicionalmente se fija por materia, grado, cuantía y territorio.

2.5 Los representantes sociales

Si se trata de partes actoras, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el escrito de demanda, o en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas; si se trata de demandas, el nombramiento se hará en el escrito de contestación o la audiencia a que se ha hecho mención. Si el nombramiento no lo hicieran los interesados dentro los términos señalados, la Junta de conciliación y arbitraje lo hará escogiéndolo de

El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a un mandato judicial.

En la práctica, es indispensable esta institución, por la necesidad de que el representante común identifique la posición de los litisconsorcios individualmente, con el objeto de conciliar adecuadamente el conflicto, o bien, promueva en nombre y representación de los demás, sin la angustia por no obtener todas las firmas y la dificultad de tener que negociar con diversos puntos de vista.

2.6 Personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje

Se integrará con un representante de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Habrá uno o varios secretarios generales según se juzgue conveniente. Cuando un conflicto afecte a dos o más ramas de la industria o de las actividades representadas en la Junta, ésta se integrará por el presidente de la misma y con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones (arts. 605 y 608).

3 Autoridades

3.1 La junta de conciliación y arbitraje

La jurisdicción del trabajo es uno de los grandes capítulos del derecho procesal del trabajo, así, la frac. XX del apartado “A” del artículo 123 constitucional dispone que las diferencias entre capital y trabajo se sujetarán a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros, de los patronos y uno del Gobierno.

En las discusiones del Congreso Constituyente respecto a esta fracción, no se hicieron mayores aclaraciones; salvo la del diputado Gacidas, en el sentido de que se aclarara si las Juntas o tribunales serían de carácter permanente o accidental. Mújica, por parte de comisión dictaminadora, manifestó que era mejor dejar a la reglamentación de cada entidad federativa la facultad de definir la eventualidad o permanencia de las juntas.

Se dice además que la conciliación y el arbitraje son los medios idóneos para resolver los conflictos de trabajo. La conciliación, medio de auto composición para las partes dirigidas por ellas mismas o provocadas por la ley o autoridad; el arbitraje, medio de heterocomposición, designado por la ley o por las partes, para que algún particular o autoridad, fuera de la labor jurisdiccional, actúe y dicte resolución.

3.2 Órganos de la junta de conciliación y arbitraje

Son los órganos que tienen la potestad legal de aplicar las normas de trabajo y de imponer a las partes su resolución.

La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas jurisdicciones y sin pretender agotar el tema, a las siguientes:

1. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (reparto de utilidades).

3. Secretaría de Educación Pública (escuelas, art. 123).

4. Autoridades de entidades federativas.

5. Dirección o Departamento del Trabajo (entidades federativas).

6. Procuraduría de la defensa del Trabajo ( asesor, apoderado, y conciliador de los trabajadores).

7. Servicio Nacional de Empleo (bolsa de trabajo gratuita en colocación de trabajadores).

8 La inspección de Trabajo.

9 Dirección General de Capacitación y Productividad.

10. Comisiones Nacionales y Regionales de los salarios

Mínimos.

11. Comisión Nacional para la participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

12. Juntas Federales y Locales de Conciliación.

13. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

14. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

15. Junta de Responsabilidades (sanciones).

3.3 El pleno

Funcionará en pleno o en Juntas Especiales, de conformidad con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere la convocatoria antes mencionada. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer Juntas Especiales fuera de la capital de la República, conforme a lo anterior quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne, con excepción de los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabajador, cuando así convenga a sus intereses, a concurrir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (art. Reformado 606)

3.4 Las Juntas especiales

Se integrarán con el presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el presidente de la Junta Especial en los demás casos; y con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones. Tienen las facultades y obligaciones siguientes: conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas; conocer y resolver los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones y cuyo monto no exceda el importe de tres meses de salario, practicar la investigación y dictar las resoluciones para el pago de la indemnización en los casos de muerte del trabajador por riesgo de trabajo, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; conocer el recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del presidente en ejecución de los laudos; recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la junta y las demás que le confieran las leyes (arts. 609, 616, 600, frac. IV, y 503).

3.5 Juntas locales de conciliación y arbitraje

Su integración y funcionamiento se rigen por las mismas disposiciones aplicables a la Junta de Conciliación y Arbitraje, con la diferencia de que las facultades del Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los gobernadores de los estados y en el caso del Distrito Federal, por el propio Presidente de la república y por el jefe de gobierno del Distrito Federal, respectivamente (arts. 605, 606, 608, 609, 614, 616, 620, y 623).

Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una de las entidades federativas. Les corresponde el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que no competan a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (art. 621).

El gobernador del estado o jefe de gobierno, cuando lo quieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial (art. 622)

3.6 Las partes

En un sentido material, las partes en un proceso son las personas físicas o morales que intervienen en el mismo y sobre las cuales gravitan las consecuencias de todos los aspectos del proceso, desde el inicio hasta la conclusión definitiva.

Teóricamente no puede aceptarse la existencia de un juicio que no afecte derechos de persona alguna, ya que carecería de objeto la intervención del Estado en un conflicto puramente especulativo.

Armando Porras y López , manifiesta al respecto: “parte es todo sujeto que ejercita la acción u opone excepción principal, conexa o accesoria para la actuación de la ley.” Agrega que este concepto comprende a los tercerista que deben considerarse como verdaderas partes dentro de la relación laboral.

En forma similar la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 689, indica:”son partes del proceso de trabajo, las personas físicas o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones”, es decir, personas físicas o morales que son susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, en el ámbito laboral.

3.7 La representación

Las partes podrán comparecer a juicio de forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. La presentación de los patrones tienen que hacerse, si se trata de persona física, mediante carta poder firmada ante dos testigos; en caso de una persona moral, con la misma carta poder, previa comprobación de quien otorga el poder está legalmente autorizado, es decir, exhibiendo el testimonio de la escritura notarial que acredite las facultades del representante legal de la empresa para otorgar poder; cualquier ausencia, error y omisión al respecto, fundará la procedencia de la acción de falta de personalidad.

3.8 Partes complejos

Hemos señalado antes que un proceso sólo puede haber y tiene que haber dos partes independientemente de la presencia o ausencia de ellas mismas. En ese sentido la palabra parte expresa la idea de relación procesal más haya de quienes intervengan en esa relación. Habitualmente cada parte esta representada por un solo sujeto. En ese caso se habla de partes simples. Como cada parte esta integrada por más de un sujeto, se hace referencia a las partes complejas.

En ocasiones la doctrina habla de pluralidad de partes, a la manera de Guasp a un cuando el mismo autor afirme que “este no contradice el principio de dualidad de partes rectamente entendido, ya que, aún entonces, las posiciones de parte siguen siendo solamente dos, pero plantea un problema de pluralidad que necesita ser objeto de especial atención. El mismo Guasp señala que la figura de pluralidad de partes, en realidad de sujetos integrantes de una parte, debe de estudiarse considerando la distinta relación en que, en cada caso, se hayan las partes entre si. Por ello Guasp distingue entre pluralidad de partes por coordinación y pluralidad de partes por subordinación.

Los sujetos relacionados de manera coordinada pueden estarlo en forma unidas o enfrentadas. En el primer caso se produce un consorcio procesal o Litisconsorcio; en el segundo, el antagonismo se manifiesta en la institución de la tercería. Cuando los sujetos están unidos por una relación subordinada, en realidad se esta en presencia de una situación de cooperación o colaboración. Así surge con cierta trascendencia la idea de parte principal y parte accesoria a que se refiere también Carneluti. En el lenguaje procesal se habla en ese cado, de coadyuvancia

Litisconsorcio

La Ley Federal del Trabajo lo define en su artículo 697 de la siguiente manera:

Artículo 697.- Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la misma excepción en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos.

Si se trata de las partes actoras, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el escrito de demanda, o en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas; si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará en el escrito de contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención. Si el nombramiento no lo hicieran los interesados dentro de los términos señalados, la Junta de Conciliación y Arbitraje lo hará escogiéndolo de entre los propios interesados.

El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidad inherentes a un mandatario judicial.

Tercería

La ley Federal del Trabajo en su artículo 690 la define de la siguiente manera:

Artículo 690.- Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta.

Coadyuvancia

La coadyuvancia si constituye una forma de tercería con características diferentes que obligan a su consideración especial para Carnelitti se trataría de una parte accesoria, vinculada a un fenómeno de intervención voluntaria, cuyo carácter consiste en que la nueva parte entre espontáneamente en el proceso pendiente; para dicha figura se fundamente en el artículo 690 del ordenamiento anteriormente citado.

3.9 Acción, pretensión y demanda

El término “acción” gramaticalmente posee varias acepciones. En sentido estricto, significa movimiento. En el campo del derecho procesal, en sentido formal, sería derecho o demanda y, en sentido material, puede utilizarse como sinónimo de la facultad de provocar la actividad del Poder Judicial.

La acción es un derecho subjetivo de carácter público concedido por el Estado al individuo, para provocar la actividad del órgano jurisdiccional y para poder actuar en el proceso, con el fin de obtener una decisión que se traduce, generalmente, en constitución, declaración o condena sobre relaciones jurídicas.

La acción, ha escrito Eduardo Couture, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionale para reclamarles la justificación de una pretensión.

Acción y pretensión son términos que se confunden frecuentemente.

La acción concebida como la facultad de solicitar la intervención del órgano jurisdiccional, no debe confundirse con la pretensión, que es la petición concreta que se formula a la autoridad para obtener una decisión favorable.

En materia laboral, la acción procede, sin necesidad de expresar su nombre, con tal que se determine con claridad la causa de la pretensión.

En el derecho procesal del trabajo no se exigen formalidades en las comparecencias o promociones, por su flexibilidad y sencillez; sin embargo, la demanda deberá formularse por escrito, acompañando una copia a los demandados para correrles traslado, con objeto de que conozcan las pretensiones del actor quedando debidamente emplazados a juicio (art. 872).

En la demanda se expresarán los hechos en que se funden las peticiones y de estimarse se exhibirán los las pruebas pertinentes, las cuales no se tendrán por ofrecidas de no ser ratificadas en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en virtud del principio de oralidad que prevalece en el procedimiento laboral.

Dentro de las 24 h siguientes de haberse recibido la demanda, se dictará el acuerdo de admisión, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su presentación.

3.10 La pretensión

Es la petición concreta que se formula a la autoridad para obtener una decisión favorable.

En materia laboral, la acción procede, sin necesidad de expresar su nombre, con tal que se determine con claridad la causa de la pretensión.

3.11 Excepción y oposición a la pretensión

Las excepciones son de dos clases, dilatorias y perentorias. Las dilatorias tienen por objeto retardar, detener las acciones ejercidas por las partes.

Las excepciones perentorias son aquellas que atacan directamente la acción, en cuanto a la esencia misma del derecho ejercido con ellas, tales serían las excepciones de pago, compensación, subrogación, sustitución patronal, ausencia de relación de trabajo, prescripción, cumplimiento de la obligación, laudo firme, etcétera.

La Ley Federal del Trabajo, no contiene una relación o enumeración de las excepciones, ni de las perentorias ni de las dilatorias.

Las excepciones dilatorias a que se refiere la Ley Federal del Trabajo son:

a) Falta de personalidad.

b) Falta de personería.

c) Incompetencia.

d) Oscuridad o imprecisión de la demanda.

e) Litispendencia.

4. LOS ACTOS PROCESALES

4.1 Clasificación de los actos procesales

El acto procesal es el suceso o acontecimiento caracterizado por la intervención de la voluntad humana, en virtud del cual se va a modificar o extinguir alguno de los vínculos que componen la relación jurídico-procesal.

La nota característica del acto procesal es que tiene que tener una influencia directa e inmediata en el proceso.

La teoría del acto procesal es muy importante, ya que se considera al proceso como una sucesión de varios actos procesales encadenados.

La mayor parte de la doctrina clasifica los actos procesales en dos grandes grupos:

Atendiendo a los sujetos:

Son los actos del tribunal se dividen en:

Resoluciones jurisdiccionales:

- Providencias: sirven para la ordenación material del proceso.

- Autos: Sirven para el impulso del proceso. A través de los autos se resuelven los recursos contra las providencias y las que no se pueden resolver por providencias, lo hacen por sentencia.

- Sentencias.: Sirven para la decisión del proceso.

Las providencias: Sirven para la ordenación del proceso.

4.2 Elementos del acto procesal

Tres son los elementos del acto procesal: Los sujetos, el objeto y la actividad que involucra. Este último elemento se descompone, a su vez, en tres dimensiones: de ligar, de tiempo y de forma.

4.3 Nulidad de los actos procesales

En el orden procesal es la que “se caracteriza porque al regular la ley procesal un acto en particular, impone las condiciones o formas del mismo, y establece expresamente, en esa misma norma, que el incumplimiento de tales exigencias se sanciona con la nulidad.”

Es un axioma prácticamente indiscutible el principio que dice "no hay más nulidades que las consagradas en forma expresa por la ley". Constituyen presupuestos de la nulidad procesal la indicación del presunto vicio, las defensas que no se han podido ejercer y la existencia de un interés jurídico protegibles con fundamento en que el acto ocasiona un perjuicio a alguna de las partes, que ha quedado efectivamente privada del ejercicio de una facultad o que no ha podido cumplirla cuando era pertinente, pues se exige que el acto que se reputa nulo ocasione a quien tal cosa sostiene un concreto perjuicio de indefensión. No procede declarar la nulidad de un acto de procedimiento si el mismo, no obstante su irregularidad, hubiere logrado la finalidad a que estaba destinado. Resulta inconciliable con la índole y función misma del proceso la nulidad por la nulidad misma, para satisfacer un interés teórico o meros pruritos formales. En el campo procesal no todo acto procesal irregular es nulo; sólo habrá nulidad cuando la irregularidad esté referida a una forma procesal "esencial", y no a una forma procesal "accidental". Hay un criterio judicial y otro legal, para determinar en materia procesal cuando se está frente a una forma procesal esencial y no una accidental. El sistema legalista de las nulidades procesales se caracteriza porque es exclusivamente la ley la que determina cuáles son las irregularidades de los actos procesales que traen como consecuencia las nulidades de los mismos. Tal axioma cobra rango legislativo cuando la norma establece "Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescritas bajo pena de nulidad".

Es la nulidad del acto que se produce por ministerio de la ley, independientemente de la voluntad de las partes que intervinieron.

4.4 La relación procesal

En la mayoría de los Estados modernos, la prohibición de la autodefensa supone una ordenación adecuada que salvaguarda el interés general y el particular, en el mantenimiento de la legalidad.

Las leyes se cumplen ordinariamente de manera espontánea, pero el Estado deberá prever el evento contrario y establecer la garantía de cumplimiento del Derecho, mediante órganos específicos a cargo de la función jurisdiccional, que la reglamentan con sujeción a normas establecidas. El proceso supone una actividad generadora de actos jurídicamente regulados, encaminados todos a obtener una determinada resolución jurisdiccional.

5. LA VIDA DEL PROCESO LABORAL

5.1 La demanda

En el derecho procesal del trabajo no se exigen formalidades en las comparecencias o promociones, por su flexibilidad y sencillez; sin embargo, la demanda deberá formularse por escrito, acompañado una copia a los demandados para correrles traslado, con objeto de que conozcan las pretensiones del actor, quedando debidamente emplazados a juicio (art. 872). En la demanda se expresarán los hechos en que se funden las peticiones y de estimarse se exhibirán las pruebas pertinentes, las cuales no se tendrán por ofrecidas de no ser ratificadas en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en virtud del principio de oralidad que prevalece en el procedimiento laboral.

Dentro de las 24 h siguientes de haberse recibido la demanda, se dictará el acuerdo de admisión, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su presentación.

Luego entonces, la primera audiencia contendrá las siguientes etapas procesales:

A) Conciliación.

b) Demanda.

c) Ofrecimiento y admisión de pruebas.

Referencia: artículos 873 y 875. Antes de la reforma de 1980, existían por separado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y otra de ofrecimiento y admisión de pruebas.

5.2 Las providencias cautelares

Es frecuente, por desgracia, que los deudores morosos y sin escrúpulos desaparezcan de su domicilio, o bien, vendan o simulen la venta de sus activos para quedar en estado de insolvencia y burlar los derechos de los trabajadores o diversos acreedores.

Como una consecuencia de lo anterior, las providencias cautelares tienen por objeto garantizar un derecho incierto y evitar ante un eventual laudo condenatorio la imposibilidad de la ejecución. De ahí su carácter provisional condicionado al resultado del juicio, de manera que si la resolución es absolutoria quedará sin efecto, de lo contrario será definitiva.

5.3 La fijación de la controversia

Para Mario de la Cueva, “los conflictos de trabajo son las controversias que suscitan en ocasión o motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo”.

A manera de ensayo, Armando Porras y López define a los conflictos de trabajo como “las controversias jurídico-económicas que surgen con motivo de la ampliación de la tutela de la ley a la relación de trabajo individual o colectivo”.

Baltasar Cavazos Flores , señala que :

Por conflicto de trabajo se entiende todo aquel procedente de la prestación de servicios retribuidos por el patrono al trabajador; esto es, derivados de la actividad laboral. Por esta causa los tipos de conflictos de trabajo resultan muy numerosos, como son distintos los hechos que pueden darles origen, bien por la calidad del objeto que sirve de motivación, bien por el número de los sujetos participantes en los mismos.

Comenta además que, “conflicto difiere de controversia, ya que la expresión controversia de trabajo indica una fase distinta del conflicto, pues mientras esta pugna existe, en la controversia hay un punto de coincidencia, que consiste precisamente en las partes antagónicas entran en discusión”.

5.4 Actuación de las juntas

Desde el punto de vista procesal la palabra “actuación” tiene dos sentidos, uno restringido y otro amplio. Actuación es la actividad propia del órgano jurisdiccional, o sea, los actos que ha de llevar a cabo en ejercicio de sus funciones.

En sentido más restringido, la actuación es la constancia escrita de los actos procesales que se practican y que en conjunto, forman los expedientes o cuadernos de cada proceso o juicio.

Se define la actuación como la acción y efecto de actuar, y en el foro jurídico recibe ese nombre cada uno de los actos o diligencias de un procedimiento judicial autorizados o practicados por quien corresponda. Las actuaciones son el conjunto de actos que integran un expediente o proceso.

No hay que confundir las actuaciones con las diligencias. Las actuaciones son el género y la diligencia una de sus especies, y constituyen un acto procesal que se realiza en cumplimiento de un mandato del juzgador.

Bajo esos principios la legislación laboral sustituye múltiples obligaciones procesales a cargo del trabajador, con actuaciones oficiosas del tribunal convalidando sus omisiones; el artículo 712 representa un ejemplo:

Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón, la denominación o razón social donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser patrón del trabajador.

El proteccionismo excesivo de la legislación laboral, rompe inclusive con los principios tradicionales de la teoría general del proceso, que señala como un requisito indispensable la identificación del demandado y el domicilio de emplazamiento.

Los actos en que se consignen las actuaciones procesales serán autorizados por el secretario, excepción hecha de las diligencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, cuando quieran y sepan hacerlo. Si algún integrante de la junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes.

Las actuaciones de las juntas deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, siempre que la Ley no disponga otra cosa.

5.5 Correcciones disciplinarias y medios de apremio

Vicente Cervantes define la “corrección disciplinaria” como la sanción que se impone por los superiores a los inferiores y subalternos, por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones, contrarias a la buena administración.

Es necesario aclarar que la corrección se refiere exclusivamente a los hechos que sólo constituyen faltas, pues si tuvieran el carácter de delitos serían objeto de un procedimiento de carácter penal o bien la destitución del cargo. Lo propio de la corrección disciplinaria es la sanción que se impone al funcionario, parte o terceros para mantener la disciplina en los tribunales.

No sólo se aplica la corrección a los empleados y funcionarios inferiores o subordinados, sino también a los litigantes, abogados apoderados o terceros a juicio.

Las correcciones disciplinarias no deben confundirse con los medios de apremio. Aquéllos derivan del poder disciplinario de la jurisdicción, y tienen por objeto mantener el orden de los tribunales y el respeto que merece la judicatura.

Las medidas de apremio proceden del imperio derivado de la jurisdicción y su fin es que tenga su debido cumplimiento lo resuelto por el tribunal.

En el ámbito del derecho laboral, los presidentes de las juntas y los auxiliares, podrán imponer correcciones disciplinarias, para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias, y exigir que se les guarde el respeto y la debida consideración.

Por su orden las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son:

I. Amonestación

II. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en el lugar y tiempo en que se cometa la violación.

III. Expulsión del local de la junta; la persona que se resista a cumplir la orden , será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública (art. 729).

Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria puedan constituir la comisión de un delito, la Junta levantará una acta circunstanciada y la turnará al Ministerio Público correspondiente, para los efectos conducentes (art. 730).

MEDIOS DE APREMIO

Para evitar retraso en el trámite de los juicios, el presidente de la junta, los de las Junta Especiales y los auxiliares podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

Los medios de apremio que pueden emplearse son:

I. Multa de siete veces el salario mínimo general, vigente en el lugar y tiempo en que se cometió la infracción.

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública.

III. Arresto hasta por treinta y seis horas (art. 731).

Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano, sin sustanciación alguna, es decir, sin que exista audiencia previa para el afectado, la resolución de acuerdo con la Ley deberá estar fundada y motivada. Lo anterior no es violatorio de garantías ya que pondrán ser impugnadas mediante el recurso de reclamación a que se refiere el artículo 853 del Código Laboral, en el cual debe respetarse la garantía de audiencia.

Como ya se indicó, este procedimiento no viola la garantía de audiencia. Del afectado, porque tienen la oportunidad de impugnar la corrección disciplinaria o de el medio de apremio; resulta cierto este criterio ya que en todo caso se debilitaría la facultad y el respeto que merece el poder disciplinario de la jurisdicción laboral y sería absurdo tomar en cuenta en ese momento la opinión del agresor o del omiso.

5.6 Los términos procesales y la preclusión

El tiempo en el proceso es un factor de decisiva importancia, como en la vida. La eficacia de sus efectos se manifiesta, en su conexión con los días y horas hábiles, con los términos, con la caducidad de la instancia, sin olvidar la trascendencia de la prescripción.

La influencia del tiempo en el proceso es. Pues, determinante y ha de ser tenida muy en cuenta al regular las actividades en que la jurisdicción laboral se desenvuelve, por tanto, lo más importante de los términos procesales en saberlos contarlos con objeto de abocarse adecuada y oportunamente a las diversas etapas del procedimiento.

La palabra término expresa, en su acepción forense, el espacio de tiempo que se concede a las partes para evacuar o desahogar algún acto o diligencia judicial, considerándose generalmente como sinónimo de plazo. Sin embargo, la doctrina procesal distingue entre término y plazo, entendiendo al primero como el espacio de tiempo que se fija para la realización conjunta de actividad del tribunal con las partes o con otras personas; plazo es el espacio de tiempo que generalmente se fija para la ejecución de actos procesales unilaterales para la actividad de las partes.

La Ley Federal del Trabajo vigente, no determina ninguna diferencia entre ambas expresiones.

De acuerdo con lo previsto por la ley (art.733), los términos comenzarán a correr el día siguiente al que surta sus efectos la notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.

Los términos procesales se han clasificado en prorrogables e improrrogables, a estos últimos se les conoce también como perentorios.

También suelen clasificarse en legales o concedidos por la ley, sin que precisen declaración del órgano que juzga, y jurisdiccionales o judiciales, que son aquellos que el órgano que juzga puede señalar dentro de lo autorizado por la ley.

En el proceso del trabajo, los términos son todos improrrogables o fatales en beneficio de la celeridad y rapidez.

Por razones obvias, en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones ante las juntas; sin embargo, quedan exceptuados de esta disposición los términos del procedimiento de huelga que, como y se dijo, todos los días y horas son hábiles (arts. 716, 734 y 928, fracs. II y III). Los Tribunales Laborales tendrán guardias permanentes para dar cumplimiento a esa disposición.

Como regla general, cuando la realización o práctica de algún acto procesal o ejercicio de un derecho, no tenga fijado un término, éste será el de tres días hábiles, a fin de evitar que se prolongue indefinidamente el procedimiento (art. 735).

Preclusión

Los actos procesales a cargo de las partes deben realizarse en tiempo, es decir, dentro del espacio que la Ley establece, so pena de perder el derecho que debió ejercitarse en el término que transcurrió.

En consecuencia, la preclusión consiste en la pérdida de una facultad procesal, por haberse concluidos los límites fijados por la ley para el ejercicio de la misma (poena preclusi del derecho común).

Al efecto, la Ley de la materia, en su artículo 738, menciona que transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido su derecho que debieron ejercer, sin necesidad de acusar la rebeldía por su omisa conducta.

Acusar la rebeldía significa solicitar expresamente al tribunal la pérdida del derecho de la otra parte, que pasó por alto la obligación consignada en algún acuerdo y el tiempo procesal para su desahogo.

Entonces, la preclusión opera en el proceso para señalar las etapas del mismo, impidiendo a las partes regresar o volver hacia atrás en el trámite para integrar o corregir tal actividad, en beneficio de la seguridad jurídica procesal y la definición del mismo proceso o principio de consumación del procedimiento.

Es decir, las actuaciones con base en la figura de la preclusión llevan un orden lógico y en el menor plazo posible a la resolución final.

La preclusión opera de oficio, sin necesidad de petición de la parte interesada; es necesario, en la práctica, recordar a la autoridad laboral esta obligación que eventualmente pasa por alto, derivado del exceso de trabajo de sus funcionarios.

5.7 Notificaciones

Las notificaciones tienen por objeto hacer saber a las partes en el juicio, las resoluciones o acuerdos de las juntas. En tal virtud, son actos jurídicos casi sacramentales, pues la falta de cualquiera de las formalidades que la Ley exige, la invalida ( nulidad de notificaciones); es decir, la validez jurídica de las actuaciones de la junta dependerá de la estricta legalidad de las notificaciones.

Por su parte, la clasificación de las notificaciones técnicamente tiene como base y criterio la importancia de la resolución que se manda hacer saber a las partes, pueden dividirse en personales, estrados, boletín, edictos y por cédula.

A) Personales. A través de ellas se busca que el interesado conozca directamente una resolución o acuerdo de la Junta, precisamente en el domicilio señalado en autos para que en ese lugar se practique la diligecia correspondiente.

B) Estrados. En las Juntas donde no hay Boletín Judicial, las notificaciones se hacen mediante la trascripción del auto o de la resolución que se notifica, en las puertas o local de las juntas.

C) Boletín. Es un medio de comunicación (periódico) que se publica diariamente y que contiene la lista de los asuntos en los cuales se a dictado alguna resolución.

D) Edictos. Cuando un litigante o parte ignora el domicilio de su contraria, sería injusto por ese hecho imposibilitado a decir sus derechos ante los tribunales; lo mismo sucede cuando se trata de personas inciertas (esto es usual en materia civil). Por ello el edicto es un medio de publicidad que permite hacer saber al interesado la existencia de algún juicio que pueda afectarle y obliga al juez a ordenar se le notifique a costa del promoverte en los periódicos de mayor circulación, con el fin de no dejarlo en estado de indefensión.

E) Por cédula. Este tipo de notificación se utiliza para notificar a personas que no son partes del juicio, como son los peritos y testigos, el tribunal puede hacerlo personalmente o mediante cédula; es decir, transcribe el auto o resolución que se envía al interesado por conducto del actuario, misma que se la entregará personalmente, recogiendo la firma del mismo como constancia.

5.8 Los incidentes

Se conocen con el nombre de incidentes a todas aquellas eventualidades que sobrevienen accesoriamente en el principal de algún negocio.

También podemos decir que son todos los acontecimientos adicionales o imprevistos, originados en un asunto que han de ser resueltos previa o simultáneamente, según constituyan o no un obstáculo para la continuación del proceso.

6. LA PRUEBA

6.1 Reglas generales

En sentido jurídico, probar es establecer la existencia de la verdad, y las pruebas son los diversos medios por los cuales la inteligencia del hombre llega a descubrir la realidad objetiva.

La prueba tiende a demostrar en juicio, con los elementos que la ley establece, la certeza de los hechos controvertidos por las partes.

En diversa acepción, la prueba consiste en producir un estado de certidumbre en la mente, respecto de la existencia o inexistencia de un hecho controvertido, así, probar es evidenciar algo. Esto es, lograr percibir con la misma claridad con que los ojos ven las cosas materiales; en otras palabras, es establecer una perfecta congruencia entre la idea que tenemos de una cosa y la cosa misma, demostrando su verdad o falsedad. Esta certeza es el resultado del raciocinio, la investigación y el análisis lógico-jurídico.

En la prueba encontramos tres elementos:

a) El objeto de la prueba.

b) Los medios probatorios.

c) El fin de la prueba.

6.2 Los sujetos procesales en la prueba

Solamente los hechos, usos o costumbres alegados son objeto de prueba, el derecho lo será únicamente cuando se funde en leyes extranjeras, ya que se presume que la ley positiva es conocida por todos, especialmente por el juzgador, al menos durante cierto tiempo.

Sin embargo, no todos los hechos son objeto de prueba, quedando excluidos los aceptados o confesados por las partes, los notorios, los expresamente prohibidos y los ociosos, inútiles o intrascendentes, para la litis (thema probandum).

Consecuentemente, deben referirse exclusivamente a hechos controvertidos cuando no han sido confesados por las partes, en virtud del principio procesal, “a confesión de parte, relevo de pruebas”(art.777).

La junta desechará de aquellos medios probatorios pruebas que no tengan relación con la litis planteada, resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo y fundamento de su determinación (art. 779).

6.3 La carga de la prueba

La carga de la prueba representa el gravamen o peso que recae sobre las partes, para que suministren obligatoriamente el material probatorio que la autoridad requiere para formar su convicción sobre los hechos alegados en el juicio.

En el proceso del trabajo moderno debe probar el que esté en mejor aptitud o disposición de hacerlo, independientemente de las afirmaciones o negaciones producidas, por lo que es una obligación y un derecho de las partes cumplir con el impulso procesal que la ley les impone.

En este sentido, el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo establece, recogiendo diversos criterios de nuestro Máximo Tribunal, lo siguiente:

6.4 La imputación legal de la carga de la prueba.

La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidades de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos, que de acuerdo con las leyes, tienen la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia de los siguientes:

6.5 Las cargas específicas.

I Fecha de ingreso del trabajador.

II. Antigüedad del trabajador.

III. Faltas de asistencia del trabajador.

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo.

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, frac. I Y 53, frac. III, de la Ley.

VI. Constancia de haber dado por escrito al trabajador la fecha y causa de su despido.

VII. El contrato de trabajo.

VIII. Duración de la jornada de trabajo.

IX. Pago de días de descanso y obligatorios.

X. Disfrute y pago de vacaciones.

XI. Pago de las primas dominicales, Vacaciones y antigüedad.

XII. Monto y pago del salario.

XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda (art. 784).

XV. Aguinaldo, pago (no está incluido en la Ley).

XVI. Otras prestaciones y condiciones de trabajo (analogía).

De lo anterior se refiere que el patrón tiene la obligación de probar los extremos expresamente consignados en la legislación, considerando que debe exhibir en el juicio los documentos que legalmente debe conservar en términos del artículo 804 de la ley; su incumplimiento trae aparejada la sanción de tener por cierto los hechos que el actor afirma está obligado a probar, resulta totalmente inaplicable en el proceso del trabajo.

Sin lugar a duda, el aspecto de mayor trascendencia es el relativo al pago del tiempo extraordinario, ya que se impone al patrón la carga de la prueba cuando exista controversia sobre la “duración de la jornada de trabajo”, subsistiendo la presunción de certeza del horario señalado por el trabajador en su demanda, de no acreditarse mediante los controles de asistencia la duración ordinaria de la jornada que se convierte; dejando sin efecto como consecuencia la tesis jurisprudencial que establecía que el trabajador debería probar momento a momento el desarrollo del tiempo extraordinario y, que Mario de la cueva denominaba como “la prueba satánica”.

No obstante lo anterior, corresponde al trabajador la carga procesal, sujeta a que dicho ofrecimiento se efectúe legalmente y de buena fe, es decir, sin modificar las condiciones de trabajo o justificando las controvertidas.

Asimismo, corresponde probar al trabajador la relación de trabajo, en caso de negativa patronal de la existencia del vínculo laboral y, desde luego, las causales de rescisión del contrato de trabajo imputable al patrón.

6.6 La prueba confesional

Conforme a la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, debe entenderse por confesión el reconocimiento tácito o expreso, que hace una las partes, de los hechos que le son propios o que tienen obligación de conocer, relativos a las cuestiones controvertidas en el juicio y que le perjudican. (Apéndice 1975, Quinta parte, p. 40.)

De la definición anterior se infiere lo siguiente:

a) Es una prueba en contra de quien la desahoga y en favor de quien la formula, respecto de los hechos litigiosos que le perjudiquen.

b) De la declaración del confesante sólo debe considerarse aquella que beneficia a la contraria.

c) Debe efectuarse dentro del proceso, para otorgarle validez.

Es un acto procesal personalísimo y por consiguiente, sólo puede rendirla quien tiene capacidad para actuar en juicio de manera personal o en representación de una de las partes; luego entonces para su eficacia probatoria se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

a) La capacidad del confesante (elemento subjetivo).

b) El objeto de la confesión (elemento material).

c) La voluntad de quien la presta (elemento internacional).

d) Formalidades legales (requisitos jurídicos).

La ley no define a la prueba confesional, únicamente establece la forma de su ofrecimiento y desahogo, al indicar: cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que ocurra a absolver posiciones.

La prueba confesional se clasifica de la manera siguiente:

a) Judicial. Es la que se hace en el juicio ante el Juez competente.

b) Extrajudicial. Es la que se hace fuera del juicio o ante el juez incompetente.

c) Expresa. Es la que se lleva a cabo mediante una declaración escrita u oral.

d) Ficta. La que se infiere del silencio o evasivas, inclusive por la incomparecencia a la audiencia respectiva.

e) Simple. Es la que se realiza de forma lisa y llana, sin ninguna aclaración a lo confesado.

f) Compleja. Después de confesar un hecho se agrega alguna modificación o aclaración a sus alcances.

Tratándose de personas morales la confesional deberá desahogarse por conducto de su representante legal o apoderado que tenga expresamente facultades de articular y absolver posiciones. En personas físicas la prueba debe desahogarse personalmente.

Como una excepción a la regla anterior, el artículo 787 de la Ley de la materia regula la confesional para hechos propios al establecer:

Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.

La ley de 1970 ocasionó diversas controversias, ya que antiguamente se podía solicitar que concurriera “personalmente” la contraparte a absolver posiciones; sin embargo, la reforma de 1980 atinadamente aclaró que la comparecencia de las personas morales podrá realizarse por conducto de su representante legal, ya que es evidente que no tiene una existencia física sino jurídica y, consecuentemente, tienen que actuar por conducto de sus órganos representativos o apoderados legalmente autorizados, o bien, mediante los funcionarios, a los que les imputen hechos propios, no obstante que no sean parte en el conflicto.

6.7 Las pruebas documentales

Documento, en un sentido general, “es toda cosa o representación material destinada e idónea para reproducir o expresar por medio de signos una manifestación del pensamiento”, por ello, los documentos han sido considerados como los medios probatorios más seguros y eficaces de los hechos controvertidos en el proceso.

Eduardo Pallares afirma, que “el documento es toda cosa que tiene algo escrito con sentido inteligible”.

Etimológicamente este concepto se deriva de documentum, y éste del verbo docere, que significa enseñar; es decir, medio de enseñanza. Por lo que la prueba documental es un producto de la actividad humana, y su resultado la representación de algo, de un hecho o de algún acto.

La división clásica y tradicional de los documentos es la que se refiere al origen de los mismos, y se clasifican en:

Públicos y Privados.

6.8 La prueba testimonial

El testigo es la persona extraña al juicio que la declara acerca de los hechos o aspectos controvertidos de la relación procesal.

Los testigos son personas físicas que aseveran hechos conocidos, por medio de los sentidos.

Las partes no pueden ser testigos por su interés en el juicio. El desahogo de esta prueba está supeditada a la buena memoria y a la buena fe de los que rindan su testimonio, luego entonces no puede (al ser naturaleza subjetiva) proporcionar las garantías de precisión y exactitud de otros medios de prueba como serían los documentos.

No obstante la relatividad y el desprestigio de la testimonial, es imposible prescindir de su empleo, toda vez que en diversas ocasiones es el método idóneo y contundente para acreditar los extremos de la acción o de las excepciones hechas valer.

El testigo comparece a juicio para hacer del conocimiento del tribunal el hecho controvertido, mediante las circunstancias de modo, tiempo y lugar del acontecimiento materia de su declaración.

La prueba testimonial se caracteriza por lo siguiente:

a) Es un acto jurídico conscientemente ejecutado.

b) Es un acto procesal.

c) Es un medio de prueba.

d) Es una prueba indirecta y personal.

e) Es una prueba representativa de hechos.

f) Es histórica y narrativa de hechos, contendiéndose éstos en forma detallada o amplia.

g) Es una declaración específica.

h) Es constancia de lo que vio o presenció un tercero o la impresión de sus sentidos.

i) Se desahoga por una persona extraña al juicio.

6.9 La prueba pericial

Cuando la apreciación de un hecho controvertido requiera de la observación o preparación especial, obtenida por el estudio de una materia especifica, o simplemente por la experiencia personal que proporciona el ejercicio de una profesión u oficio, surge en el proceso la necesidad de la prueba pericial.

Luego entonces, la existencia de la prueba pericial está relacionada con el carácter técnico o científico de las cuestiones que conforman el conflicto.

La prueba pericial exige el concurso técnico en la materia que así lo amerite. Las partes podrán proponer un perito común o designar a quien estimen conveniente y, en caso de discrepancia de posdictámenes rendidos, el tribunal nombrará perito tercero en discordia.

El maestro Trueba Urbina menciona que “se denomina perito a la persona versada en alguna ciencia, técnica o arte, tendiente a aclarar los hechos debatidos en el procedimiento.

La prueba pericial se caracteriza por lo siguiente:

a) Que la persona designada como perito sea técnico o experto en la materia sobre la cual dictaminará.

b) Que el peritaje sea un acto ordenado por el tribunal.

c) Que el hecho objeto del dictamen requiera de conocimientos técnicos o especializados.

d) Que la prueba pericial la propongan las partes, una de ellas o el propio tribunal, formulando el cuestionario para su trabajo.

6.10 La inspección

El conocimiento o inspección en el acto procesal en el que el órgano jurisdiccional conoce o examina personas, actos, documentos, y cosas en general materia de la controversia.

La prueba de inspección se diferencia de la pericial, en que aquélla es una simple verificación o reconocimiento de hechos o datos, realizados por funcionarios del propio tribunal, en tanto que la pericial se estructura por elementos ajenos a la junta y requiere de conocimientos especializados sobre determinada materia.

La corte, ha sostenido que la inspección judicial tiene por objeto probar, aclarar o fijar hechos de la contienda, que no requieren de conocimientos técnicos especiales.

En esa virtud, la inspección consiste en el examen que el tribunal hace directamente del hecho que se pretende probar con la finalidad de verificar su existencia, sus características y demás circunstancias; de tal suerte que lo perciba con sus propios sentidos.

Terminológicamente, esta prueba ha sufrido diferentes acepciones, como: “reconocimiento judicial” y, antiguamente: “vista de ojos”, términos poco jurídicos e imprecisos, resultando la más aceptable la de: prueba de inspección, aplicable, como se dijo, sobre objetos, documentos, actos o personas.

Cabe señalar que la ley de 1970 omitió incluir la prueba de inspección cuya reglamentación se introdujo en la reforma de 1980, cubriéndose la laguna legal.

En efecto, la Ley reconoce la existencia de esta prueba en su artículo 827, al detallar sus requisitos de ofrecimiento y admisión en los términos siguientes: “La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretende acreditar con la misma.”

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