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Diferencia Entre La Constitucion De 1961 Y 1999

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Categoría: Historia

Enviado por: monto2435 04 mayo 2011

Palabras: 4227 | Páginas: 17

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en su rasgo más general y distintivo, en la adopción de las principales decisiones del Estado por los propios ciudadanos.

Por lo tanto, podemos decir que la democracia participativa consiste en que sean los propios ciudadanos los que adopten las decisiones, sin abarcar necesariamente la totalidad de los procesos de decisión, pero en todo caso una proporción importante de ellas.

La teoría participacionista de la democracia, aunque puede encontrar sus orígenes en los primeros teóricos de esta, no fue desarrollada más que en la segunda mitad de este siglo, cronológicamente después de la formulación de la teoría elitista. Aunque podría pensarse lo contrario, esta no fue una respuesta consciente de los estudiosos de la democracia a la teoría elitista. De hecho, la democracia participativa surgió más como un movimiento espontáneo.

La democracia participativa surgió como un eslogan de los movimientos estudiantiles de la Nueva Izquierda de los años 60. De allí pasó a la clase trabajadora en los sesenta y setenta, como una consecuencia del creciente descontento entre los trabajadores y el extendido sentido de alienación provocado por el funcionamiento de la democracia. Una manifestación de este nuevo espíritu fue el surgimiento de movimientos en pro del control de los trabajadores en las industrias

La Asamblea Nacional Constituyente y la propuesta de cambio. (Análisis político - económico).

El triunfo de Hugo Chávez ha replanteando las relaciones del poder, dando paso a un nuevo consenso de la población alrededor de los actores políticos surgidos de estos conflictos (representados en el Polo Patriótico) entre los que se encuentran algunos partidos que tradicionalmente han sido considerados de izquierda. (MAS, MEP, PCV), y el partido de gobierno MVR, de corte cívico- militar.

El discurso mediante el cual Chávez asciende al poder con una abrumadora votación popular, esta caracterizado por un marcado acento populista (Protección del Estado a los más débiles) junto a la promesa de grandes cambios políticos tendentes a eliminar la corrupción imperante en la administración pública y erradicar las cúpulas políticas que habían gobernado el país. Todo esto mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para "refundar la República, relegitimar el poder y rehacer la democracia" (Chávez 1998,11).

Este planteamiento generó grandes expectativas en los venezolanos, quienes se sentían frustrados, dado el deterioro progresivo de sus niveles de vida (deterioro de la salud, educación, servicios públicos, inseguridad personal, etc.), y aumento de la pobreza (80% de la población), producto del desgobierno y las ineficientes ejecutorias de los gobiernos que le habían precedido. De manera, que mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente Hugo Chávez ha aglutinado el descontento de la población, logrando cautivar las preferencias del electorado en base a la promesa de un cambio radical de las instituciones democráticas.

El llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, se ha realizado a partir de una serie de elecciones (Referéndum Convocatorio a la Asamblea Constituyente, elecciones de los representantes a la Asamblea Constituyente y el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución de 1999), lo cual ha sido apreciado por los venezolanos como un cambio democrático y pacífico, resultando favorecidos en dichas elecciones, los aliados del Presidente y la propuesta constituyente propuesta por la coalición gubernamental (Polo Patriótico).

Ahora bien, el predominio de la alianza gubernamental, junto a el descontento con los gobiernos anteriores , la declinación de las identidades partidistas y los desaciertos de los partidos que hacen oposición al Presidente, ha favorecido la personalización de la política y el poder en manos de Hugo Chávez; este fenómeno tal como lo expresa Rivas (1998,19) consiste en que "la política es desarrollada cada vez más por individuos y no por organizaciones", ocasionando que la población electoral focalice su decisión hacia las posibles alternativas que apoye el líder o que sigan su proyecto político, lo que – a nuestro juicio- limita seriamente la pluralidad y el descenso que caracteriza a los sistemas democráticos.

Sin embargo, a pesar de la amplia mayoría obtenida por el llamado "Polo Patriótico”, este proceso ha estado signado por una alta conflictividad, que involucra a distintos sectores de la vida nacional (los empresarios, la iglesia, lo sindicatos y los trabajadores) muchas veces como resultado del discurso agresivo del Presidente, empeñado en resaltar la responsabilidad de sus adversarios y principalmente de los partidos políticos, en la crisis económica que vive el país.

Por tal motivo la Asamblea Constituyente se ha desarrollado, en medio de severas críticas de la oposición al personalismo del Presidente y a su intervención en las decisiones la Asamblea a través de sus seguidores, tal como ocurrió con la designación del nombre de la República.

El personalismo presidencial se ha hecho patente desde su primer día de gobierno, cuando convoco a la Asamblea, y seguidamente decreto las preguntas del referéndum aprobatorio, sin atender a las sugerencias de la Comisión Presidencial Constituyente que el mismo había nombrado. Dicho decreto fue anulado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, por considerar que concentraba en manos del presidente la responsabilidad de la convocatoria de la constituyente.

De manera que esta actitud del Presidente ha sido una constante, durante todo su periodo, sin embargo, este ha logrado establecer un piso político suficientemente sólido que le permitió dominar la Asamblea Constituyente, haciendo posible una constitución, que responde al ideario político nacionalista y bolivariano que enarbola el jefe de Estado y su partido de Gobierno MVR.

En este sentido, al gobierno de Hugo Chávez se le atribuye en el plano político, como uno de sus mayores logros la convocatoria exitosa a una Asamblea Nacional Constituyente, la elaboración de una nueva constitución con amplios derechos ciudadanos, y la derrota de las maquinarias partidistas que habían gobernado el país durante los últimos cuarenta años.

En la actualidad, destaca la promulgación de la nueva Constitución Bolivariana, la cual debe ser objeto de un análisis desapasionado y exhaustivo , al respecto, debemos reconocer en la ampliación de los derechos ciudadanos, a través de la creación del Poder Moral o Poder ciudadano, una oportunidad para ampliar la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y garantizar sus derechos resguardándoles del abuso de poder; sin embargo, esto dependerá de la capacidad que tenga la población para organizarse y defender sus intereses. Así mismo la nueva Constitución, podría constituir la base político-jurídica necesaria para realizar los cambios que el país necesita e iniciar el desarrollo económico sobre bases sólidas.

No obstante, diversos analistas coinciden en señalar que el gobierno de Chávez se ha limitado a atender los aspectos políticos, sin atender debidamente los gravísimos problemas de orden económico que enfrenta el país, lo cual – según los analistas- conduciría a un desgaste progresivo de su popularidad y al posible fracaso de su gestión de gobierno, en cuanto al objetivo de superar la crisis económica. Veamos en que medida resulta pertinente este análisis a la luz de los hechos concretos y de la gestión económica del gobierno de Chávez.

El referéndum

Una de las primeras decisiones, fue llamar a referéndum, para que el pueblo decidiera si aprobaba o rechazaba la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El objetivo principal era elaborar un proyecto de una nueva Constitución de Venezuela, ya que afirmaba que la Carta Magna vigente sancionada en 1961, estaba caduca. El referéndum fue un éxito aprobado por amplia mayoría, votando para aceptar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El 25 de julio de 1999, después de una campaña electoral surgen las elecciones para nombrar a los miembros a dicha asamblea. Salieron favorecidos los representantes del polo patriótico, candidatos que apoyaban al presidente, obtuvieron un resonante triunfo. Se convocó por tercera vez, en 1999, al pueblo venezolano a un nuevo referéndum, para decidir sobre el proyecto de constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente. La población electoral aprobó la nueva constitución con el 79% de los votos emitidos, la cual entró en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial.

Las Megas elecciones

Otra de las decisiones fue llamar a elecciones para la relegitimación de los poderes públicos. Este proceso fue llamado "Las Mega elecciones", hecho que ocurrió el 30 de Julio del año 2000. En estas elecciones se eligió al Presidente de la República, nuevamente Hugo Chávez Frías y sus partidarios derrotaron a sus opositores, siendo re legitimado en la presidencia.

En esta ocasión obtuvo la mayoría de diputados a la Asamblea Nacional y gobernadores. Hugo Chávez Frías, se juramentó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el 19 de Agosto del 2000, para el periodo 2000-2006

INNOVACIONES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La nueva Constitución postula y abre cauces a una nueva dimensión de la democracia, al puntualizar que la soberanía reside de manera intransferible en los ciudadanos. Soberanía que obliga a los órganos del Estado a someterse a su voluntad. Orientación que se expresa en la reivindicación del protagonismo de los ciudadanos en la formulación, definición e instrumentación de las políticas (art. 62), así como en la contraloría social de las mismas, mediante mecanismos e instancias de participación que trascienden el marco electoral (art. 70). Procesos que, en términos ideales, se deberán concretar en espacios de diálogo directo entre ciudadanos e instancias de gobierno que garanticen la permanente legitimación de las decisiones, acciones y representaciones a través del consenso discursivo construido de manera directa. Por ejemplo, en el caso de la educación este diálogo es asumido como encuentro de perspectivas entre escuela (docentes, personal administrativo y obrero), familias, comunidades y alumnos, como garantía de la vinculación de las dinámicas educativas con las transformaciones sociales (art. 5). Concepción que valora de manera especial la formación del ciudadano para su integración a los colectivos sociales, lo cual demanda una atención y protagonismo sin delegaciones. Para ello, postula la necesidad de promover el máximo potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad.

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas.

Estas son algunas innovaciones más importantes reflejadas en la constitución de la república bolivariana de Venezuela:

Artículo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad.

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

De los Derechos de los pueblos indígenas

Artículo 72. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.

Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.

La revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley.

Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

Artículo 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.

Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral.

Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley.

Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional.

Artículo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político.

Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

ESTADO DEMOCRATICO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA

El estado venezolano se define:

Estado democrático:

Ya que a través de este sistema hay una interacción del pueblo por mecanismos considerados en nuestra carta magna. Donde el pueblo ostenta su soberanía ye en uso de ella. Elige su forma de gobierno y sus gobernantes, tiene como esencia las libertades individuales, la división de poderes y de pluralidad de los partidos; donde tiene la facultad para la revocación de los poderes por normas establecidas en nuestro sistema constitucional e interactuando pueblo- gobierno a través de la participación.

Se define estado social

Su finalidad radica en crear, conservar y comprometerse a materializar los derechos para satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general, para ello la justicia, la educación, la salud, la seguridad social y el buscar el desarrollo integral de la sociedad y del individuo. El establecimiento de los derechos humanos como derecho fundamental, estas son funciones indelegables del estado.

Se define de derecho

Nos remontamos al concepto filosófico “kontiano” acerca del ser social donde se puede percibir como una sobredimensionamiento de la función de la ley con 21 elementos para la organización de la política y de la sociedad.

1.- La ley como mecanismo civilizador y de progreso.

2.- Es el principio regulador o de legalidad.

La ley aparece como instrumento más adecuado para organizar una determinada forma de sociedad y su estado.

“Principio de Legalidad”

“Discutid tanto como queráis como obedeced a la autoridad”

El estado de derecho se entiende que tanto el estado como la sociedad deben estar sometidos a la ley.

Se define de justicia

Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables en la sociedad las cuales garantizan condiciones de trabajo y de vida decente para la población, teniendo como adjetivos primordiales la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, superación de la pobreza, y la distribución de la riqueza.

Estado:

Es el cuerpo de la nación que tiene como finalidad esencial garantizar el ejercicio democrático.

Social:

Asume como funciones propias de la de interactuar activamente en el proceso económico, social sin lesionar las libertades individuales (sociedad segurita ría).

Democracia:

Sistema en que el pueblo en conjunto ostenta, la soberanía y elige su forma de gobierno y sus gobernantes.

Derecho:

Es el sometimiento de las autoridades del estado a la jerarquía normativa que obliga a todos por igual y que prohíbe la arbitrariedad.

De justicia:

Define toda la búsqueda del equilibrio entre las partes desiguales.

INICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

La democracia participativa surgió como un eslogan de los movimientos estudiantiles de la Nueva Izquierda de los años 60. De allí pasó a la clase trabajadora en los sesenta y setenta, como una consecuencia del creciente descontento entre los trabajadores y el extendido sentido de alienación provocado por el funcionamiento de la democracia. Una manifestación de este nuevo espíritu fue el surgimiento de movimientos en pro del control de los trabajadores en las industrias.

Democracia participativa es una expresión amplia, que se suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa.

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Se manifiesta usualmente por medio de referendos por los que los representantes consultan a la ciudadanía o por medio de iniciativas de consulta que los ciudadanos presentan a los representantes.

Las desventajas son las manipulaciones del gobierno de turno, que facilitan recursos a sus partidarios y le niegan o retardan cualquier proyecto o solicitud, generalmente tienen que protestar e introducir recursos legales para lograr sus objetivos.

En la democracia representativa el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Estas autoridades en teoría deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos.

En este sistema el poder legislativo, encargado de hacer o cambiar las leyes, lo ejerce una o varias asambleas o cámaras de representantes, los cuales reciben distintos nombres dependiendo de la tradición de cada país y de la cámara en que desarrollen su trabajo, ya sea el de parlamentarios, diputados, senadores o congresistas. Los representantes normalmente están organizados en partidos políticos, y son elegidos por la ciudadanía de forma directa mediante listas abiertas o bien mediante listas cerradas preparadas por las direcciones de cada partido, en lo que se conoce como elecciones legislativas.

No obstante, existen algunos colectivos, repartidos por diferentes países con sistema de democracia representativa, que critican esta forma de democracia por considerarla en realidad poco democrática. Estos colectivos abogan por una profundización en la democracia hacia formas de democracia participativa y democracia directa, y en menor medida de democracia deliberativa.