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Doctrinas De La Administarcion Publica

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Jerry 05 junio 2011

Palabras: 7029 | Páginas: 29

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tura y funcionamiento de la administración.

A los fines de conceptuar la Administración Pública, primeramente se hacen las siguientes observaciones:

La palabra administración, en el Derecho Público se utiliza exclusivamente en relación con el Estado y entidades menores de carácter estatal, como los Estados integrantes de la Unión Federal, los Municipios y los institutos autónomos.

En ese mismo aspecto exclusivo, antes mencionado, es usado el término administración, en el sentido objetivo, como actividad, tarea o función del Estado; y en el sentido subjetivo, constituyen la administración pública los cuerpos o conjunto de entes u órganos que tienen a su cargo principalmente la tarea de hacer cumplir las leyes.

Por lo tanto, la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA es la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, en los diversos niveles del Poder Público (Nacional, Estadal y Municipal), que como titular gestiona y desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio, el cual se concretiza en el contenido de los actos administrativos que emite y realiza.

Para el Estado Venezolano, la Administración Pública no se agota en la rama ejecutiva antes mencionada, pues, también comprende a otros órganos del Poder Público que desarrollan las funciones del Estado de carácter sublegal, tales como el Poder Ciudadano, que lo conforma la Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo, y el Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral), estos integran la administración pública del Estado, pero, respecto al Poder Ejecutivo, estos tienen autonomía funcional; y en el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia que a través de la Dirección Ejecutiva de Magistratura, ejerce la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, formando parte de la Administración Pública.

La Administración Pública Nacional, tiene sus bases legales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 16 (división de Estados, Municipios, Distrito Capital), 136 (titulo IV que trata del Poder Público), 137 (Atribuciones de los órganos), 138 (Usurpación de Autoridad), y el artículo 141 que establece los Principios en que se fundamenta la Administración Pública.

Tales principios están desarrollados en la Ley Orgánica de la Administración Pública (vigencia con Decreto N° 6.217 de fecha 15-07-2008) y (Decreto N° 6.732 de fecha 2 de Junio de 2009, Sobre la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, según Gaceta Oficial N° 39.202 de fecha 17-06-2009).

DOCTRINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A continuación se estudia y analizan las distintas doctrinas que nos harán comprender el nacimiento del Derecho Administrativo, y hechos trascendentales, como el que, luego de la Revolución Francesa, se deriva o se produce con validez universal la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano en 1.789, por ello es llamada también la revolución del Derecho.

I. DOCTRINA GERMÁNICA

▪ LA NOCION DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN OTTO MAYER

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el notable administrativista alemán Otto Mayer, escribía que el termino gobierno comprendía la actividad total del Estado en cuanto a Legislación, justicia y administración. A través de la evolución cada rama se ha separado una después de la otra. La primera en separarse es la Justicia, con el dominio de los tribunales ordinarios, dando la distinción a los asuntos del gobierno aparte de los asuntos de justicia. Con el nacimiento del nuevo Derecho Constitucional toda legislación queda subordinada al concurso de la representación nacional, y que para toda actividad que no es justicia ni legislación se designa como administración, la cual no reemplaza la palabra gobierno, sino que la ubica como una actividad al lado de la justicia.

Hoy entendemos como Gobierno la alta dirección, el impulso para hacer marchar los asuntos en el sentido de una buena política y del interés general. El Estado tiende a realizar su fin a través de las actividades de legislación, justicia y administración. Al paso del tiempo Mayer examino el desarrollo histórico de cada una de las actividades, en la cual se han fijado los elementos que corresponde a cada rama del Poder Público.

Para el antiguo derecho alemán, el establecimiento de reglas generales y de obligatorio cumplimiento para los súbditos por parte del soberano, era lo que significaba legislación, o sea reglas de Derecho. El Derecho Constitucional moderno toma en consideración la representación nacional, tomando como principio fundamental que la legislación no puede elaborarse sin el concurso del cuerpo representativo, es decir que desde entonces la legislación ha adquirido un nuevo elemento característico, continua el establecimiento de las reglas de derecho; pero se manifiesta dicho poder, con el concurso del cuerpo representativo. Estos dos elementos hacen el opuesto del concepto de legislación al de administración.

En un principio, la Justicia, era la actividad del Estado destinada a mantener el orden jurídico mediante el poder público, confiada a la autoridad de los tribunales. En la época alemana cuando se efectuó el distingo entre justicia y administración, no existían tribunales sino para la observancia de los derechos civil y penal. En la actualidad la justicia es la actividad del poder público, que mantiene el orden jurídico, pertenece a los tribunales que aplican el derecho civil y el derecho penal. Deja de haber justicia al faltar alguno de los elementos constitutivos.

Cuando esto sucede, según la doctrina de Otto Mayer, la actividad cualquier sea su carácter, justicia o legislación, cae en la esfera de la administración, por lo que negativamente se delimita, que administración debe ser toda la actividad del Estado que no es legislación ni justicia. Mayer también señala que la administración es la actividad del Estado para realizar sus fines, bajo su orden jurídico. En la legislación, el Estado se encuentra sobre ese orden jurídico y en la Justicia, todo se hace por este orden jurídico (Mayer, 1949:3-9).

▪ LA NOCION DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN LA ESCUELA VIENESA (KELSEN – MERKL)

Hans Kelsen, filosofo del derecho, y Adolf Merkl, administrativista, figuras destacadas del grupo de juristas de Viena, quienes se proponen eliminar del conocimiento jurídico todo lo que no pertenece al objeto exactamente señalado como Derecho, es decir, librar la ciencia jurídica de todo elemento extraño tales como la Psicología, Biología, Ética y Teología, con las cuales se había mezclado el derecho en los dos últimos siglos.

Esta escuela considera que toda función del Estado es función creadora del derecho, en el cual el orden jurídico es un orden graduado de diferentes capas de normas. Toda producción de norma de derecho esta regulada por una norma jurídica superior, al propio tiempo, esta norma inferior creada por aquella regula el modo de creación de otra norma subordinada a ella. Esta producción de norma es el acto ejecutorio de la norma superior que lo regula. Esto es lo que se conoce como “teoría de la formación del derecho por grado”, que se refleja en la pirámide de Kelsen.

El Estado en la concepción tradicional de sus diferentes funciones, en el ejercicio de la función legislativa, el poder público produce, crea o establece las normas jurídicas que reciben aplicación en casos individuales o concretos al desarrollarse las funciones administrativa y jurisdiccional. Kelsen concibe la legislación como un caso particular de la creación del derecho, del mismo modo que la ley no representa sino una forma posible del mismo. También observa que en la función administrativa y jurisdiccional, hay creación de normas jurídicas. Los grandes juristas de la escuela de vienesa consideran que toda la actividad del Estado es creadora del orden jurídico. El proceso de formación o creación jurídica, establece que el contenido de la norma de menor grado esta determinado por la norma del orden mas elevado. La ejecución de la norma constitucional es la legislación, así como son ejecución de las normas legales en la administración y la justicia. Estas a su vez son actos de creación del derecho si se les considera en relación con aquellos actos jurídicos de ejecución de ellas mismas.

Kelsen observa que, todo el orden jurídico positivo, supone la obediencia a la ley originaria, ya que la característica del derecho es regular su propia creación. Así la vía legislativa se puede determinar por una norma positiva general, llamada norma constitucional; y la Constitución representa un grado superior del orden jurídico, con relación a la ley. Quien a su vez, aplica la Constitución, en el sentido de que el procedimiento relativo a la elaboración de las leyes esta plasmado en las pautas del precepto constitucional, del mismo modo que la ley determina la sentencia judicial que la aplica.

Para conceptualizar la administración, los juristas vieneses citan lo expuesto por Otto Mayer, a quien Merkl califica como “el más distinguido de los teóricos alemanes del derecho administrativo”. Al oponer administración y legislación, en la teoría de Merkl, se alude a la ley formal, no a la ley material. Correspondiendo a la legislación todas las etapas de la tramitación legislativa, quedando la administración fuera de ese camino. Todos los órganos que participan constitucionalmente en la ley formal son órganos legislativos; todas sus funciones parciales constituyen, sin discusión, legislación, en oposición a la administración.

Esta oposición dentro de la teoría de Merkl, se reduce a una diferencia en su respectiva distancia a la Constitución. Reconociendo en esta, el fundamento y condición previa de toda actividad estatal, lo mismo de la administración que de la legislación, desprendiéndose como nota diferencial entre estas dos ultimas, que la Constitución representa para la legislación un fundamento inmediato, no así para la administración es mediato. Siendo la legislación entendida como la ejecución de la Constitución, en tanto que la justicia y la administración son ejecución de la legislación, o lo que es actividades sublegales.

Por lo tanto, al constituir actividades sublegales, correspondientes al tercer grado de producción del orden jurídico, es necesario establecer las diferencias que existen entre una y otra actividad. La justicia se caracteriza por dos rasgos: el uno de carácter material, y el otro de carácter orgánico.

En el rasgo material de la justicia es que mediante ella se ejerce la jurisdicción. Concibiéndose como jurisdicción . Mediante esta se determina en cada caso concreto lo que para el caso particular es derecho según el sentido de la norma general. Otra característica de la jurisdicción, que marca diferencia con la administración, es que tiene por objeto la decisión de una contienda. En consecuencia se definen como actos jurisdiccionales, aquellos actos ejecutivos por medio de los cuales se declara el derecho en un caso individual entre partes contendientes. Merkl, observa que no es suficiente el rasgo material para determinar el concepto de justicia, ya que existen casos de pura jurisdicción ejercida por las autoridades administrativas. Expone Merkl, que como nota diferencial entre las dos regiones de la ejecución, no queda más que la orgánica: la situación jurídica del órgano, su relación con órganos del mismo complejo orgánico.

En la justicia domina la absoluta coordinación de órganos; en la administración, junto a la coordinación existe subordinación. El órgano administrativo generalmente esta subordinado a otros órganos administrativos, mientras que el órgano judicial no esta subordinado en esta cualidad a otro órgano judicial; el juez es independiente, en tanto el órgano administrativo no lo es. Entonces entendemos como administración las funciones de aquel complejo orgánico regido por relaciones de dependencia que se revelan en el derecho a dar instrucciones del órgano superior y en el deber de obedecerlas del órgano inferior.

Concluimos entonces que , según las ideas de la escuela vienesa, cada función estatal se origina del proceso formativo del orden jurídico, en virtud del cual se van produciendo sucesivamente y de una manera escalonada, partiendo de la norma superior, que es la Constitución, por una inmediata derivación, que es la legislación, como está a su vez, al ejecutarse, da lugar a la ejecución o funciones ejecutivas, realizadas por un complejo de órganos independientes (justicia) o bien subordinados (administración). Por lo tanto, la administración > (Merkl, 1953:7y ss).

II. DOCTRINA FRANCESA

• LA ESCUELA DE BURDEOS

En esta doctrina para definir la administración, el aspecto principal es la noción de servicio público, lo cual aparece en la Jurisprudencia francesa desde el siglo XIX. Esa idea de Servicio Público, adquiere gran vigor a mediados del siglo XX con las obras de los autores a los cuales suele atribuírsele la doctrina, como son LEÓN DOUGUIT y MOURICE HAURIOU. Otros autores señalados como discípulos de Duguit, también dieron sus aportes a la doctrina, ellos son Roger Bonnard y Gastón Jéze.

El profesor León Duguit en la noción de administración, sostiene:

1.- Que esta corresponde al carácter interno de cada una de las funciones jurídicas del Estado, es decir a la parte material.

2.- Para él y sus discípulos el servicio público aparece en primer plano.

3.- El Estado es, una cooperación de servicios públicos.

4.- Cuando el Estado interviene en virtud a un servicio público, está ejerciendo una función jurídica.

De allí deriva el concepto de las funciones jurídicas del Estado: Son todas aquellas que ejercen los gobernantes por sí mismos o por medio de sus agentes, para organizar los servicios públicos y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los mismos.

De acuerdo a los actos realizados, bien sea en el ámbito del derecho objeto o en las situaciones jurídicas subjetivas, las modificaciones allí dadas, deben permitir distinguir las diferentes categorías de funciones jurídicas del Estado, para logra tal distinción el profesor Douguit afirma que es preciso colocarse en el punto de vista material, es decir considerar los actos cumplidos en su naturaleza interna, abstracción completa del órgano, del agente que ha intervenido.

Estos autores distinguen tres funciones jurídicas del Estado como son:

a.- La función legislativa, la ejerce el Estado, cualquiera sea el órgano que intervenga, siempre que formule una disposición normativa.

b.- La función administrativa, la ejerce el Estado, siempre que cumple un acto-condición o un acto subjetivo, o cuando sus agentes proceden, para asegurar el funcionamiento de un servicio público, al cumplimiento de actos puramente materiales.

c.- La función jurisdiccional, la ejerce el Estado, cuando resuelve una cuestión de derecho que le ha sido planteada.

Con esta concepción material de la administración y demás funciones jurídicas del Estado, el profesor Douguit prescinde de los elementos formales y orgánicos, por el carácter primordial conferido al servicio público al examinar la organización del Estado.

Por su parte Roger Bonnard define la función administración como la función del Estado que consiste en cumplir, en vista del funcionamiento de los servicios públicos, atribuciones de situaciones generales, creaciones de situaciones generales, de situaciones individuales y efectos materiales, por medio de actos-condición, actos subjetivos y actos materiales. Aquí el autor afirma que no basta de que la administración trate de asegurar el funcionamiento de los servicios público, sino que agrega la idea de los actos por medio de los cuales realiza su objeto.

En este orden de ideas de la doctrina francesa, para Gastón Jéze, la principal misión de la administración pública es la de hacer funcionar los servicios públicos.

Esta noción de servicio público pasó luego por una crisis en la doctrina francesa. Para otros autores la noción de servicio público no juega en la actualidad ningún papel real en el derecho administrativo francés y que sería preferible no emplear tal expresión “servicio público”.

De modo que hoy en día no puede colocarse al servicio público en la base de todas las concepciones del derecho administrativo, como lo pretendieron los juristas de Burdeos, y que no todas las categorías de servicios públicos están sujetas hoy al mismo régimen jurídico, aunque se dice que en la actualidad algunos brillantes teóricos franceses afirman que la noción de servicio público continúa jugando en las materias administrativas un papel esencial; y la Jurisprudencia del Consejo de Estado sostiene la conveniencia de basar muchas de sus teorías en esa noción de servicio público.

• LA ESCUELA DE TOLOSA.

MAURICE HAURIOU, un profesor de Derecho Público en la Universidad de Tolosa, es autor de notables aportes a la ciencia del Derecho Administrativo, y ejerció durante las primeras décadas del siglo XX, una poderosa influencia en el pensamiento jurídico de Francia. Figura en esta Escuela también Coetáneo de Duguit y Jéze.

En esta escuela se planteaba primeramente que:

a.- El servicio público es la obra que la administración pública ha de realizar

b.- El poder público es el medio de realización.

Para el profesor Hairiou, viendo la importancia del poder público en primer lugar, reconoce que el servicio público en segundo plano, juega también un papel muy importante.

Para entonces la alta administración, el conjunto de autoridades y de las jurisdicciones administrativas, son una organización de poder; por lo que en el interior de esa organización el poder se ha instituido y el poder público se ha sometido progresivamente a la idea de servir en lugar de dominar.

Hairiou coincide con los maestros de la Escuela de Burdeos en la conciencia de rehabilitar la noción del fin en el Derecho, tomando en cuenta que para él:

a.- Está en desacuerdo de hacer predominar la idea de servicio público, como fin del Estado, sobre la noción de Poder del Estado, considerado como medio para realizar ese fin.

b.- Para Hauriou, el poder administrativo es el elemento primordial del régimen administrativo.

c.- Toma en cuenta que, de una parte el régimen administrativo Francés esta fundado de una parte, sobre una separación de poderes entre la autoridad judicial y la autoridad ejecutiva, y por otra, que la organización de la administración pública no es más que, la organización del poder administrativo.

Al analizar que la actividad administrativa como parte del Derecho Administrativo, se explica como una reglamentación de los poderes de la administración, y que al ser derechos de poder público, o el ejercicio de estos poderes por actos de administración o por operaciones administrativas, entran en conflicto con los derechos de los particulares que son poderes privados.

Es cuando HAURIOU distingue dos prerrogativas de potencia pública como son:

a.- El goce de los derechos de potestad pública, que se ven crecidos en el derecho común, que implican la facultad de dar órdenes o de disponer requisiciones, tales como los derechos de policía, la facultad de exigir el pago de los impuestos y la de decretar la expropiación por causa de utilidad pública, entre otros.

b.- La prerrogativa de la acción de oficio o del procesamiento por decisión ejecutoria, que permite a las administraciones públicas ejercer sus derechos por un procedimiento extrajudicial, rápido y ventajoso.

Según el pensamiento de este profesor el régimen administrativo reposa sobre el poder, que este poder está instituido, encuadrado en una organización sometida a una idea. Lo esencial es que la idea de servir, de prestar el servicio sea la que prive, sobre la de presionar y oprimir, que fácilmente se convierte en la tentación del poder.

Esta noción de servir al público utilizando el Poder Público, y no para dominar, es la que anima la organización administrativa de poder público, que debe ser consigna de sus agentes; y por lo tanto nace esa idea en la función administrativa, las funciones públicas y los funcionarios, ello hace que la organización administrativa sea una vasta institución que gravita en torno de una idea y que a ella se halle sometido el poder administrativo mismo, y que ese Poder está subordinado a la idea del servicio de una manera voluntaria, por autolimitación, a pesar que ese poder sea superior a la función.

III. DOCTRINA ITALIANA

Desde las civilizaciones antiguas las sociedades humanas han debido suministrar los recursos con los cuales hacían y hacen frente a sus constantes necesidades. Inicialmente el grupo que controlaba el poder en la comunidad era el mismo que determinaba cuál era la mejor forma de satisfacer los requerimientos comunales.

Hoy la mayor parte de los Estados del orbe han conformado su estructura gubernamental según las pautas de la división de poderes; que fue la respuesta que Montesquieu encontró para ofrecer una solución al absolutismo despótico que privó en Europa hasta el fin de la edad Media

La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos exprofeso.

Los autores italianos señalan como propósitos de la administración, la satisfacción de los intereses públicos y la conservación del derecho.

Guido Zanabini, autor más moderno define la administración como “la actividad práctica que el Estado desarrolla para atender de manera inmediata, los intereses públicos que toma a su cargo para el cumplimiento de sus fines”.

El profesor Massino Severo Giannini, se refiere a la función administrativa como el conjunto de las funciones desarrolladas por la administración. La función administrativa es, pues, la síntesis de una multiplicidad de funciones, positivamente individuales que se realizan en el complejo de la actividad administrativa.

El término Administración aplicado al Estado, en sentido objetivo es la actividad o función del Estado y en sentido subjetivo, cuerpo o conjunto de autoridad, funcionarios y agentes, en general órganos del Estado regularmente encargados de ejercer la expresada actividad o función.

Por lo que Eloy Lares Martínez define a la administración, como la actividad realizada por la rama ejecutiva del poder público, el decir, por el conjunto de órganos Estadales, regidos por relación de dependencia a los cuales corresponde frecuentemente la misión de ejecutar las leyes.

El estudio de la ciencia administrativa en Italia fue tardío y debido en parte a la influencia alemana, especialmente a Lorenzo von Stein por su obra La ciencia de la administración publica, publicada en Italia en 1.897; el pensador alemán era consultado por los estudiosos italianos.

Uno de estos pensadores italianos tenemos a Romagnosi, en su texto: Los principios fundamentales del derecho administrativo, dividen la materia de la administración pública en cinco partes:

1. Administración publica considerada en su realidad objetiva, en sus relaciones con el soberano, los gobernados y los funcionarios, así como la organización interna.

2. Administración publica considerada como objeto: el Estado y, por tanto, con respecto a los hechos y los ordenamientos de la sociedad política en su régimen jurídico y nacional.

3. Administración publica estudiada a partir de la propiedad pública, la forma de gobierno y también desde la moral.

4. Economía “cívica”, como base de la doctrina de la administración pública.

5. Competencia jurídica de los asuntos contenciosos, bajo el contencioso administrativo y el contencioso jurídico común.

Por su parte otro italiano, Giovanni Manna es autor de: El derecho administrativo en el reino de las dos Sicilias, publicado en 1.840. Esta obra destaca que el Estado, cuyo propósito es la conservación del derecho, tiene un movimiento doble mediante el cual se activan las fuerzas sociales del centro a la periferia y de la periferia al centro. Manna define a la administración como el ejercicio del poder ejecutivo y judicial; es un conjunto de actos gubernamentales y funciones que se desarrollan de acuerdo con la Constitución. Más adelante en 1.876, Giovanni de Gionnis Giaquinto en su Prologo al Curso de la Ciencia de la Administración, sostiene que la administración no es un hecho aislado, sino una serie compleja y concatenada de actos. La actividad es una de las características principales de cualquier administración. Y define a la Administración Publica como una serie de acciones ejecutadas por la autoridad pública, de acuerdo con la forma de la Constitución, sobre materias interesantes a la cosa pública.

En el siglo XX destaca Federico Cammeo como autor del curso de derecho administrativo publicada en Padua en 1.960. Por su parte, Massimo Severo Giannini es un maestro italiano del derecho administrativo con su obra: Curso de derecho administrativo, editada en Milán en 1.965. Giannini define a la administración como “sede de la actividad”, en tanto que se refiere a la actividad como actividad administrativa.

Asimismo, destaca Enrique Presutti por su obra: Principios fundamentales de la ciencia de la administración, editada en Padua en 1.903. También tiene un trabajo importante: El estado parlamentario y sus empleados administrativos, publicado en Nápoles en 1.899, donde realiza una diferencia entre política y administración.

Por último, destaca Pedro Gasparri, autor del libro: Curso de derecho administrativo, editado en Bolonia en 1.953, y de La ciencia de la administración, publicado en 1.959 en Milán. Gasparri se siente insatisfecho con las ideas de los cultivadores de la ciencia de la administración que le han precedido, a los que critica como poco claros. A pesar de que no existe un acuerdo generalmente aceptado, “por administración se entiende una actividad que, cuando menos, presenta la característica de ser organizada. Cualquiera que hable de la administración habla entonces de órganos administrativos”.

Para finalizar esta doctrina, los estudios de administración pública en Italia gozan de una actividad creativa, destacando los antiguos temas de las organizaciones, junto con el análisis de políticas públicas, las nuevas perspectivas politológicas y los enfoques económicos sobre la misma.

IV. DOCTRINA ESPAÑOLA

ORGANIZACIÓN INSTRUMENTAL Y PLURALIDAD DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Administración no viene a ser representante de la comunidad sino que es una organización puesta a su servicio y es en este sentido que ella se caracteriza como instrumental por cuanto «actúa siempre ante el Derecho como un sujeto que emana actos, declaraciones, que se vincula por contratos, que responde con su patrimonio de los daños que causa, que es enteramente justiciable ante los Tribunales.» (García de Enterría y F Fernández, 1993: V.r:32).

En este sentido vemos cómo, tal y como comentamos en la doctrina germana, la actividad del Estado se encuentra separada, de modo que la justicia está aparte de la administración. Así, nos encontramos con a distinción entre las funciones de gobierno y las de justicia, es decir, en cuanto a la primera, vemos los actos impartidos por los órganos superiores y que son de tipo político y; la segunda, nos encontramos con los actos emanados por la Administración hacia sus administrados o hacia sí misma que son de tipo jurisdiccional. Y, como tercer ápice, tenemos a la Administración como un sujeto de derecho que por un lado es destinatario de la norma y, por el otro, creador de ella, es decir, del Derecho, por cuanto es un aplicador ejecutivo que ostenta poderes materialmente análogos a los de los legisladores y jueces. (Parada, 2004: V.r:r8)

Dicho lo anterior -y continúa el profesor Ramón Parada, quien señala respecto a la separación y diversos tipos de actos de la Administración: «evidentemente, la función específica que constituye la razón de ser de esos poderes públicos no se rige por el Derecho administrativo, sino por reglas de Derecho constitucional no parlamentario ( pues en ellos, el Estado no actúa como Administración Pública -esto es, como sujeto de derecho-, sino como creador de Derecho o garante del mismo. Sin embargo, el Estado se manifiesta también a través de esos poderes públicos como sujeto de Derecho -esto es, como Administración Pública).

Toda esta actividad instrumental, que no constituye propiamente la función específica que les ha sido atribuida por la Constitución pero que es absolutamente necesaria para la realización de sus cometidos constitucionales, se rige por el Derecho administrativo.» (Parada, 2004: v.r:rs)

Es así que nos vemos que existe, en sentido vertical, una pluralidad de las Administraciones públicas titulares todas ellas de relaciones jurídico-administrativas. Por ejemplo, en el caso venezolano, tenemos alineado a la administración del Estado las administraciones municipales. A continuación detallaremos algunos de los aspectos más resaltantes dentro de la Administración Publica Española:

1.- Administración Pública de España

La Administración Pública de España es el aparato de gobierno y gestión de los intereses públicos españoles. La estructura de la Administración Pública revela una auténtica pluralidad de administraciones independientes que va más allá de la Administración General del Estado, e incluye cada una de las administraciones autonómicas, ayuntamientos e incluso entes públicos.

Cada una de las administraciones se sirve de patrimonio y empleados públicos, con los que busca cumplir sus fines. Para el desarrollo de su actividad, las administraciones obtienen financiación de un heterogéneo conjunto de fuentes, que puede incluir la recaudación directa mediante tributos, la asignación de medios económicos en los Presupuestos Generales del Estado e incluso los beneficios procedentes del tráfico mercantil equivalente al del sector privado.

La administración ostenta en exclusiva la potestad administrativa y la potestad reglamentaria. Gracias a la potestad administrativa, ciertas administraciones pueden emitir los llamados actos administrativos, siguiendo un procedimiento determinado por normas de rango constitucional, legal o reglamentario. Mediante la potestad reglamentaria, ciertas administraciones pueden emitir normas de rango reglamentario, en desarrollo de una ley y sometidas a ésta.

Acorde al Estado de Derecho que propugna la Constitución del 78, está completamente sometida al Derecho vigente en virtud del principio de legalidad. Todos sus actos podrán ser judicializables y en ningún caso se habrá de situar a los administrados en situación de indefensión.

2.- Régimen jurídico.

La legislación española regula el régimen jurídico general de la Administración en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habitualmente abreviada como LRJAP. No obstante, existen multitud de normas de Derecho administrativo que configuran el funcionamiento de la Administración, entre las que también se puede destacar la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE); la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LGob); la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA); o la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), aprobada por Real Decreto Legislativo el 16 de junio.

3.- Organización.

El entramado de Administraciones tiene un carácter descentralizado, heredado del modelo estatal que describe la Constitución del 78. No existe, pues, un criterio de jerarquía que sitúe a unas sobre otras, sino que la distribución se realiza por vía competencial. La potestad administrativa se perfila en función de quién sea competente según las normas jurídicas, tanto de nivel legal como constitucional.

Pese a la confusión a la que puede llevar el término, por Administración Pública se entiende el conjunto de Administraciones Públicas existentes, de manera que en realidad no existe una sola Administración Pública, sino una pluralidad de ellas que integran la estructura administrativa del Estado. En la España de finales del siglo XX, el número de Administraciones Públicas ronda las diez mil.

Según el artículo 3.4 LRJAP, cada una de las Administraciones públicas operan como personas jurídicas diferenciadas. No obstante, existe polémica en la doctrina sobre si directamente son persona jurídica, o más bien operan como tales.

4.- Administraciones territoriales.

Las Administraciones, en función del territorio sobre el que sean competentes, se clasifican en tres niveles. En primer lugar, está la Administración General del Estado, cuyas competencias se extienden por todo el territorio español. El segundo nivel está compuesto por las distintas Administraciones autonómicas. Sus competencias abarcan el territorio de la correspondiente Comunidad Autónoma. Finalmente, las Administraciones locales desarrollan sus competencias sobre el término municipal o provincial correspondiente, dependiendo de si se trata de un Municipio o de una Provincia.

Doctrinalmente se hace una división entre órganos centrales y periféricos, en función de su competencia sobre la totalidad del territorio de la administración a la que pertenecen, o bien sobre sólo una fracción de éste. No ha de confundirse el concepto de administración central con el de Administración General, ni tampoco la administración periférica con la Comunidad Autónoma, la Provincia o el Ayuntamiento. Todos ellos tienen órganos centrales y suelen tener órganos periféricos.

5.- Administraciones instrumentales.

Junto con los tres niveles administrativos territoriales, existe un abundante y heterogéneo grupo de Administraciones instrumentales. El carácter generalista de las Administraciones territoriales permite que éstas puedan desgajarse de un conjunto de potestades pertenecientes a un determinado campo, y atribuírselas a un ente con personalidad distinta, aunque dependiente de la territorial, que las ejerza en su lugar.

6.- Patrimonio.

El patrimonio de la Administración tiene su regulación esencial en el artículo 132 de la Constitución, así como en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP). Los bienes y derechos de dichas Administraciones pueden clasificarse, acorde al artículo 4 LPAP, en bienes de dominio público (o demaniales) y bienes de dominio privado (o patrimoniales). No se considera patrimonio de la Administración el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería.

7.- Bienes demaniales.

Los bienes demaniales o de dominio público son aquellos que siendo de titularidad pública, están afectos a un uso general o al servicio público. También se consideran bienes de dominio público las dependencias y oficinas de los órganos del Estado, así como la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.[2]

El régimen jurídico de los bienes de dominio público será el dispuesto por las leyes especiales que les sean de aplicación. En su defecto, se regirán por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y finalmente, por las normas de Derecho administrativo general. El régimen supletorio último, en caso de ausencia regulatoria en las normas antes mencionadas, será el del Derecho privado.[3]

8.- Bienes patrimoniales.

Bienes patrimoniales o de dominio privado son todos aquellos bienes de titularidad estatal que no estén comprendidos dentro de la categoría de bienes demaniales. Junto a esta definición por eliminación, la LPAP dice que serán patrimoniales, en todo caso, los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas, así como contratos de futuros y opciones cuyo activo subyacente esté constituido por acciones o participaciones en entidades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal, y los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales.[4]

El régimen jurídico que regula la adquisición, enajenación, defensa y administración de estos bienes será el dispuesto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), así como las normas que la desarrollen y complementen. En su defecto, los actos y procedimientos relativos a estos bienes se regirán por el Derecho administrativo común, siendo de aplicación el Derecho privado para todo lo demás.[]

CONCLUSION

BIBLIOGRAFÍA

• Lares Martínez, Eloy (2008) “Manual de Derecho Administrativo”. XIII Edición. Editorial Eduardo Chumaceiro d’ Empaire. Distrito Capital. Caracas Venezuela.

• Sánchez González, José (2.001) “La Administración Pública como ciencia: su objeto y su estudio”. Editorial Plaza y Valdés. México

• Brewer Carias, Allan (2009) LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Decreto Ley N° 6.217 (15-07-08). Editorial Jurídica Venezolana. Caracas Venezuela.

• Juan Garay (2009). “La Constitución Bolivariana (1999). Ediciones Juan Garay. Caracas Venezuela.

• Administración Pública Española, Página de Internet, Wikipedia, http://es.wikipedia.org./wiki.

• La Teoría de la Administración Pública, Omar Guerrero. Biblioteca Jurídica Virtual.