Leer Ensayo Completo El Derecho De Peticion En Venezuela

El Derecho De Peticion En Venezuela

Imprimir Documento!
Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 2.109.000+ documentos

Categoría: Temas Variados

Enviado por: Sandra75 23 mayo 2011

Palabras: 8285 | Páginas: 34

...

le afecte directamente.

En tal sentido la comisión parlamentaria de peticiones examina la admisibilidad de las peticiones y, si lo considera oportuno, puede someter una cuestión al Defensor del Pueblo. Si una petición se considera admisible, la comisión de peticiones puede pedir a la Comisión Europea que le proporcione documentos o datos. Asimismo puede transmitir la petición a otras comisiones parlamentarias para su información, con objeto de que emprendan alguna actuación. En determinados casos excepcionales, la comisión de peticiones puede presentar un informe al Parlamento para su aprobación en el pleno, o efectuar una misión de investigación.

• COLOMBIA

El Derecho de Petición en Colombia está previsto en el contenido del Artículo 23 de la Constitución Política (1991) que reza: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Sobre el particular se considera que el objetivo primordial del Derecho de Petición es lograr una comunicación fluida y eficaz entre las autoridades del Estado y los particulares. Se busca con ello que las relaciones entre unos y otros no se limiten al esquema gobernante-gobernado, sino más bien otorgar a los ciudadanos instrumentos que permitan hacer realidad uno de los cometidos fundamentales de un Estado Social de Derecho: que sus autoridades estén al servicio de las personas y implica el deber que tienen las autoridades de responder prontamente las solicitudes que hagan sus ciudadanos, ya sean quejas, manifestaciones, reclamos o consultas. Las autoridades deben resolver las peticiones, ya sean de interés general o particular, en un plazo de 15 días hábiles.

En Colombia también existe el derecho de petición de información, que consiste en que toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional. A tales fines, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la formulación de la petición, la autoridad deberá responderla y una vez tomadas las medidas para hacer posible expedir los documentos, tendrá tres 3 días hábiles para entregar la información.

• VENEZUELA

El Derecho de Petición en Venezuela se encuentran establecidos en el contenido de los Artículo 28, 31, 51, 58, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en los Artículos 7º y 8 de la Ley Orgánica de la Administración Publica, considerado como el derecho de petición y de oportuna respuesta, donde se determina la obligatoriedad a la que están sujetos los entes públicos de solventar aquellas peticiones formuladas por los particulares, al disponer:

“Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.

“Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.

“Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

“Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

“Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”.

Así como también en la vía Legislativa se encuentran estipulados en la Ley Orgánica de la Administración Publica en sus artículos 7 y 9 y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su Articulo 85.-

“Articulo 7. Las personas en sus relaciones con la Administración Pública tendrán los siguientes derechos:

1. Conocer, en cualquier momento, el estado de los procedimientos en los que tengan interés, y obtener copias de documentos contenidos en los archivos que se lleven a tales efectos, siempre y cuando no estén calificados como reservados o confidenciales de conformidad con la normativa aplicable, a excepción de los jueces y las partes interesadas.

2. Conocer la identidad de las funcionarias o funcionarios al servicio de la

Administración Pública bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

3. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban cursar en un procedimiento.

4. Obtener copias certificadas de expedientes o documentos en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y demás normativa aplicable.

5. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos administrativos en los cuales tengan interés, en los términos o lapsos previstos legalmente.

6. Presentar sólo los documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate.

7. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

8. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable.

9. Ser tratados con respeto y deferencia por las funcionarias y funcionarios, los cuales están obligados a facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

10. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la vía

Administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fueren procedentes para la defensa de sus derechos e intereses frente a las actuaciones u omisiones de la Administración Pública, de conformidad con la ley, salvo el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República”.

“Artículo 9º. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las peticiones o solicitudes que les formulen las personas, por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley.

En caso de que una funcionaria o funcionario público se abstenga de recibir las peticiones o solicitudes de las personas, o no de adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley”.

“Artículo 85. Derecho de Petición. Todos los niños y adolescentes tienen derecho de presentar y dirigir peticiones por sí mismos, ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos de la competencia de éstos y a obtener respuesta oportuna.

Se reconoce a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho, sin más límites que los derivados de las facultades legales que corresponden a sus padres, representantes o responsables”.

Este derecho ofrece como garantía un mecanismo de participación del particular en los asuntos públicos del Estado, al permitirle a toda persona la posibilidad de dirigir y presentar cualquier género de escritos, peticiones, solicitudes ante las autoridades y funcionarios(as) públicos(as) sin ningún tipo de restricciones, siempre que sean de su competencia.

De manera que el derecho de petición, comprende, por una parte, la garantía a favor de todo administrado de obtener una respuesta en tiempo oportuno. Así, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece que a falta de disposición expresa, el lapso para que los órganos de la Administración Pública den respuesta a toda petición es de 20 días. Por la otra parte, el derecho de petición comprende, como correlato, la garantía del deber de dar una respuesta debida. Ello, acarrea para toda autoridad o funcionario público una obligación tangible de dar respuesta adecuada a todos los requerimientos elevados a su conocimiento como autoridad competente.

TIPOS DE DERECHO DE PETICIÓN

PETICIONES ESCRITAS Y VERBALES. Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.

Las escritas deberán contener, por lo menos:

1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.

2. Los nombres y apellidos del solicitante o apoderado.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en que se apoya.

5. La relación de documentos que se acompañan.

6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.

Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir y pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta y las autoridades podrán exigir en forma general sucinta que ciertas peticiones se presenten por escrito. Para algunos de estos casos podrán elaborar formularios para que los diligencien los interesados, en todo lo que les sea aplicable, y añadan las informaciones o aclaraciones pertinentes.

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, autenticada por el funcionario respectivo, con anotación de la fecha de su presentación y del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del original y se devolverá al interesado. Esta autenticación no causará derecho alguno a cargo del peticionario. Los particulares pueden solicitar y tener acceso a la información y documentación que repose en las diferentes entidades, siempre y cuando no se trate de información que por ley, no tengan el carácter de reservados, caso en los cuales no procede el derecho de petición. Mediante un derecho de petición se puedan hacer las siguientes peticiones:

QUEJAS; cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público.

Reclamos, cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público.

Manifestaciones, cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa.

Peticiones de información, cuando se formulan a las autoridades para que estas: Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto.

Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder.

Expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública.

CONSULTAS; cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. En el caso que las autoridades no den respuesta a las peticiones solicitadas, los funcionarios responsables de dar respuesta, pueden ser objeto de sanciones disciplinarias.

Cualquier ciudadano que considere que por acción u omisión de las autoridades o de los particulares que presten un servicio público o actúen o deban actuar en desarrollo de funciones públicas, vulneren o amenacen el derecho constitucional de petición, puede recurrir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de su derecho constitucional.

Conforme a lo expuesto en el presente artículo relacionado con el Derecho de Petición, a las personas en el territorio venezolano les asiste el derecho constitucional de petición, por lo que los funcionarios deben admitirlos y dar respuesta oportuna, quedando condicionados a sanciones cuando retarden o hagan obvia la respuesta al peticionario.

Sobre el particular, siendo un derecho constitucional les asiste a las personas y el no ejercerlo causa daños en la administración pública y de justicia por sus efectos negativos al promover el silencio.

De igual manera, la admisión de los escritos y su respuesta no determinan decisiones sino el cumplimiento de un derecho al cual se acoge el ciudadano que vea afectados sus derechos.

EL DERECHO DE PETICIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1961

Efectivamente el Derecho de Petición se encontraba establecido en el artículo 67 de la Constitución del año 1961, el cual textualmente decía:

"Artículo 67. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna respuesta".

Ahora bien, efectivamente se encontraba regulado este derecho para toda persona que dirigiera peticiones ante cualquier autoridad publica, sin embargo, limitaba al funcionario publico competente a responder sobre el asunto sometido a su conocimiento, sin tomar en cuenta el contenido y la calidad de esa respuesta.

A continuación se procede a realizar un análisis de algunas Jurisprudencias emanadas de diferentes Tribunales de la de República, relacionadas al Derecho de Petición:

JURISPRUDENCIA EN ANÁLISIS Nº 1

TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

DE FECHA: 04 DE ABRIL DEL AÑO 2001

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR APODERADO JUDICIAL SE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS PINOS CONTRA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DEL ESTADO MIRANDA.

Previa selección de algunos párrafos de la sentencia en estudio se procede a realiza un análisis de los mismos:

“La accionante, en su acción de amparo constitucional, alegó la supuesta violación al derecho constitucional a obtener oportuna y adecuada respuesta establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo alegó una violación al derecho a la defensa y al debido proceso. En tal sentido, la accionante en su escrito consignado ante esta Sala en fecha 28 de julio de 2000, ratificó los alegatos presentados en su acción de amparo constitucional, en los siguientes términos:”

“...estamos en presencia de una violación a un derecho constitucional por no producirse una oportuna y adecuada respuesta (artículo 51 CN), es decir, una omisión por parte de un ente público, en el caso que nos ocupa, la omisión que se produjo en la sentencia recurrida en amparo, cuando dejó de pronunciarse sobre la falta de jurisdicción alegada, tanto en primera como en segunda instancia. Pero por otra parte, la misma sentencia de amparo, hoy recurrida en apelación, incurre en el mismo vicio, al silenciar la denuncia específica del artículo 51, de la Constitución Nacional, en conclusión, sorprendentemente tanto una como la otra incurren en una omisión, es decir, falta de pronunciamiento expreso sobre el asunto que se le somete a la consideración del Juez, en una, omisión de pronunciamiento sobre la falta de jurisdicción alegada, y en la otra, falta de pronunciamiento sobre la referida omisión.

Por lo expuesto, la decisión de amparo recurrida debe ser revocada y evidenciado como esta de autos que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, no hizo un expreso pronunciamiento en lo relativo a la falta de jurisdicción alegada, la acción de amparo ejercida debe ser declarada con lugar, ya que la sentencia recurrida en amparo violó de manera flagrante el artículo 51 de la Constitución Nacional, y así pedimos lo establezca este alto Tribunal Constitucional.

De estos párrafos se puede deducir que efectivamente el accionante hace uso de su derecho de petición, en virtud que tanto el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, como el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el primero de ellos conociendo del recurso de apelación y la declaro sin lugar por falta de jurisdicción, y el segundo incurre según el accionante en omisión, lo cual hace que se introduzca una ACCIÓN DE AMPARO contra los Juzgados antes mencionados.

Continuación de algunos extractos de la sentencia en análisis:

En primer término, la accionante argumentó la supuesta violación al artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece:

“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta...”.

Tal como lo exige el artículo 51 de la Constitución, toda persona tiene derecho a obtener una respuesta “oportuna” y “adecuada”. Ahora bien, en cuanto a que la respuesta sea “oportuna”, esto se refiere a una condición de tiempo, es decir que la respuesta se produzca en el momento apropiado, evitando así que se haga inútil el fin de dicha respuesta.

En cuanto a que la respuesta deba ser “adecuada”, esto se refiere a la correlación o adecuación de esa respuesta con la solicitud planteada. Que la respuesta sea adecuada en modo alguno se refiere a que ésta deba ser afirmativa o exenta de errores; lo que quiere decir la norma es que la respuesta debe tener relación directa con la solicitud planteada. En este sentido, lo que intenta proteger la Constitución a través del artículo 51, es que la autoridad o funcionario responsable responda oportunamente y que dicha respuesta se refiera específicamente al planteamiento realizado por el solicitante.

Al leer estos pequeños extractos se puede deducir que esta jurisprudencia sin duda alguna aclara en lo que es mi apreciación los términos claves contenidos en el Art. 51 de nuestra Constitución Nacional vigente, el primero de ellos cuando una respuesta es OPORTUNA, nos dice la Sala, que la palabra oportuna se refiere a una condición de tiempo, o sea que la respuesta debe darse dentro de un tiempo prudencial el cual convenga al solicitante, en segundo lugar nos aclara cuando una respuesta es ADECUADA, y nos dice que la palabra adecuada se refiere a la correlación o adecuación que debe tener la respuesta con respecto a la solicitud planteada, y algo muy importante que toma en cuenta la Sala Constitucional en esta sentencia es que determina que nada tiene que ver lo adecuada de la respuesta con que la misma seo o no favorable al solicitante, e incluso si la misma lleva algún error material.

JURISPRUDENCIA EN ANÁLISIS Nº 2

TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

DE FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2001

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LA CIUDADANA CRUZ ELVIRA MARÍN CONTRA LOS CIUDADANOS LUIS MIQUILENA; MINISTRO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, LAURENTINA DA SILVA GONCALVES; DIRECTORA GENERAL DE REGISTROS Y NOTARIAS, Y LUIS ANTONIO HERCULES HUNG; REGISTRADOR SUBALTERNO DEL MUNICIPIO BRIÓN DEL ESTADO MIRANDA.

En principio se hace un breve resumen del motivo que originó esta decisión. Se trata de la protocolización de un documento que la accionante solicita ante la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Brión del Estado Miranda. Si bien el mismo se hizo, el Registrador cometió un error al insertar el precitado documento en el Protocolo Tercero, siendo lo correcto registrarlo en el Protocolo Primero, tal y como había sido solicitado por el accionante. Además, según el accionante, el referido Registrador omitió efectuar las correspondientes notas marginales. Por tal motivo la accionante se dirigió verbalmente al referido funcionario para solicitarle que efectuara la inserción correctamente (en el Protocolo Primero).

Asimismo, expreso la accionante que el Registrador Subalterno, efectuó un nuevo cálculo sobre los derechos de registro correspondientes, siendo mayor al ya acordado. Por esta situación la agraviada denuncio la ilegalidad de la situación antedicha. Dirigió varias comunicaciones escritas a distintos funcionarios, entre los cuales se encuentran la ciudadana Laurentina Dea Silva Goncalves, Directora General de Registros y Notarias del Ministerio del Interior y Justicia; ciudadano Luis Alfonso Dávila, entonces Ministro del indicado despacho; ciudadano Javier Elechiguerra, entonces Fiscal General de la República; ciudadana Dilia Parra Guillén, ex Defensora del Pueblo y al ciudadano Luis Miquilena, actual Ministro del Interior y Justicia, siendo que a este último le fue dirigida la referida solicitud el 22 de febrero de 2001. No recibiendo respuesta alguna a su petición que es la correcta inserción del documento en el Protocolo Primero, razón por la cual denunciaron infringido su derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta.

Ahora se hace una selección de algunos párrafos de la sentencia para realizar un análisis de los mismos.

Visto tal alegato, corresponde analizar el contenido del derecho cuya violación ha sido supuestamente delatada, el cual se encuentra recogido en el artículo 51 del Texto Fundamental, en los siguientes términos:

«Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo».(Subrayado de esta Sala).

La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligación de la Administración de acordar el pedimento del administrado, sino sólo en aquellos casos en que el marco jurídico positivo permita al órgano de la Administración tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas.

Desde la óptica anotada, la petición es ciertamente un derecho fundamental, pero no supone que pueda dirigirse cualquier planteamiento ante cualquier autoridad pública; del cual pretenda derivarse un supuesto «derecho a acordar lo pedido», cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades del órgano que está llamado a responderla, en este caso, denegándola.

En principio se puede decir que la Sala Constitucional, aclara que el objeto del derecho de petición es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública con la finalidad de realizar peticiones de su interés. Igualmente, aclara la sala que el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla el derecho que tienen los particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial.

Seguidamente, la Sala Constitucional continúa haciendo una interpretación del articulo en mención, y dice algo muy importante que tiene que ver con la relación que tenga la solicitud planteada y la competencia que le hayan sido conferidas al funcionario publico ante el cual es presentada la petición. Desde este punto de vista si bien el derecho de petición es un derecho fundamental, es imprescindible que el mismo sea dirigido a la autoridad competente, de lo contrario no se estaría en la obligación por parte de la Administración Pública de dar respuesta a dichas solicitudes.

JURISPRUDENCIA EN ANÁLISIS Nº 3

TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

DE FECHA: 08 DE ABRIL DEL AÑO 2005

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS APODERADOS JUDICIALES DEL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA) EN CONTRA DEL PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO (FONTUR).

A continuación se procede a realizar un breve resumen del hecho que dio origen a esta sentencia. Es este caso el accionante (Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos - PROVEA) hace una solicitud de información al ciudadano Edgar Camejo, Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONTUR) tales como: 1) ¿Cuál es el presupuesto asignado por Fondur en el presupuesto 2004 para invertir en el Proyecto habitacional Ciudad Miranda?; 2) ¿Cuántas viviendas se han entregado a las familias adjudicatarias durante el 2004 y cuántas se tiene previsto entregar en el 2004 y 2005?; 3) ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha paralizado el proyecto habitacional Ciudad Miranda?; 4) ¿Cuáles van a ser los criterios para la entrega de las viviendas a las familias adjudicatarias?; 5) ¿Cuántos centros educativos y centros de atención de salud tiene proyectado construir con relación al complejo habitacional Ciudad Miranda?.

Manifiesta la parte accionante, que ha pasado un tiempo prudencial el cual excede los 20 días de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que hasta la presente no ha recibido ninguna respuesta con relación a la información solicitada. En consecuencia la falta de respuesta por parte del presidente de FONTUR vulnera el derecho constitucional de petición.

Extracto de la decisión de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con relación a la Acción de Amparo Constitucional

El juez a quo fundamentó la decisión apelada, en los siguientes términos:

Que “(…) se desprende de la solicitud efectuada por la parte accionante y que consta en el presente expediente judicial de los folios siete (7) al nueve (9), que estamos en presencia de una petición de pronunciamiento de carácter genérico, que no requería por parte de la Administración de una sustanciación previa, conforme a un procedimiento establecido en la ley, ya que el deber del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) consistía simplemente en emitir respuesta frente a determinadas interrogantes planteadas por la parte actora (PROVEA) y referidas a un hecho del que sólo la Administración, en este caso la parte accionada tenía o ha podido tener conocimiento”.

Que “(…) contrariamente a lo expuesto por la parte accionada, se observa que ante la falta de existencia de acto administrativo alguno mal podía la parte accionante hacer uso del ejercicio oportuno de los recursos administrativo –reconsideración y jerárquico- establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, frente a un acto que era inexistente; en virtud que dentro del procedimiento constitutivo o de primer grado no existió manifestación de voluntad (…) por parte de la Administración que hubiera podido ser objeto de impugnación alguna (…)”.

Que “Del estudio efectuado al presente expediente, precisa esta Corte que en efecto consta de los folios siete (7) al nueve (9), escrito de petición suscrito por la Organización Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en la persona de su Coordinador Área de Defensa, dirigido en fecha 27 de julio de 2004, al Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano, ciudadano Edgar Camejo (…)”.

Que “Es de hacer notar que la representación de la parte accionada durante el acto de la audiencia oral y pública consignó escrito contentivo –a su decir- de la respuesta a las interrogantes formuladas por la parte accionante en su escrito de petición, las cuales constan por escrito del folio ciento cincuenta (150) al folio ciento cincuenta y tres (153) del presente expediente, no obstante del análisis exhaustivo de las mismas, puede concluir esta Corte que consistieron en respuestas genéricas e imprecisas, esto es, que no se adecuaron a las peticiones hechas por el Coordinador del Área de Defensa del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en fecha 27 de julio de 2004, y por más decir que no cumple la pretendida respuesta con el extremo de oportunidad a que hacen referencia los artículos 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al haber transcurrido más de cuatro (4) meses a contar desde la fecha de recepción de la referida solicitud (28 de julio de 2004) y la celebración de la audiencia constitucional de amparo, lapso este que como puede apreciar esta Corte, superó con creces el establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

Que “(…) en razón de lo anteriormente expuesto (…), declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta (…). En consecuencia (…) ordena al ciudadano Edgar Camejo, en su condición de Presidente del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), dar respuesta adecuada a la parte accionante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la publicación del presente fallo, mediante consignación ante esta Corte, so pena de incurrir en desacato a la autoridad”.

De los párrafos anteriores se puede deducir que, si bien, el Presidente de FONTUR dio respuesta a la solicitud hecha por la parte accionante. La Corte considera después de un análisis exhaustivo de la misma, que la respuesta es genérica e imprecisa, esto significa que no se adecua a la petición hecha por la accionante, en consecuencia no cumple con el extremo de respuesta oportuna (respuesta dentro de un tiempo prudencial), ya que la mismo fue dada al haber transcurrido mas de 4 meses desde la recepción de la solicitud. En consecuencia la Corte ordena a la parte accionada a dar respuesta adecuada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la publicación de la sentencia.

Extracto de la sentencia de la Sala Constitucional, con relación al recurso de apelación interpuesto por el Presidente de FONTUR a la decisión tomada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

Precisado lo anterior, debe destacar esta Sala el contenido del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone lo que de seguidas se expresa:

“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.

De la mencionada disposición se puede claramente desprender dos (2) derechos: i) derecho de representar o dirigir peticiones ante las autoridades públicas y; ii) derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta, el segundo consecuencia tanto fáctica como jurídica del primero, en virtud de que ante la petición formulada por cualquier persona, tal como lo dispone el prenombrado artículo, debe el funcionario o autoridad competente emitir una respuesta.

En razón de lo anterior, se desprende que la violación al derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, se configura cuando se niega al individuo la posibilidad material de hacer llegar sus peticiones a la autoridad, bien porque se resista a admitir las peticiones, bien porque las rechace in limine, sin examen alguno, o bien porque las deje indefinidamente sin respuesta.

Por otra parte, se entiende conculcado el derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, cuando la Administración, si bien da la respuesta, la misma no ha sido dada en el tiempo previsto para ello, convirtiéndose para el momento en que se dicta en inoportuna, o bien cuando la respuesta dada es impertinente e inadecuada, esto es, que no se ajusta a los parámetros a los cuales debió sujetarse.

Ahora bien, de lo expuesto no debe afirmarse que la respuesta debe ser favorable para el administrado para así no resultar conculcado el derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta ante el requerimiento formulado por el individuo, sino que la respuesta dada por la Administración debe ser, en primer lugar, oportuna en el tiempo, es decir, que la misma no resulte inoficiosa debido al largo transcurso desde la petición formulada hasta la respuesta obtenida y, en segundo lugar, la misma debe ser adecuadamente motivada de acuerdo a las diversas pretensiones solicitadas por el administrado, esto es, debe contener una congruente decisión de acuerdo a las circunstancias fácticas y jurídicas planteadas en el caso concreto.

Ahora se hace un análisis de los párrafos anteriores tomados de la sentencia emanada de la Sala Constitucional, de los cuales se puede entender lo siguiente: en principio la Sala clasifica el articulo 51 constitucional en que del mismo se desprende dos derechos, el primero de ellos es el derecho de dirigir peticiones ante las autoridades públicas, y el segundo el derecho que se tiene de obtener oportuna y adecuada respuesta. En consecuencia dice la Sala que se estaría violando el derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, cuando se niegue al individuo la posibilidad de hacer llegar sus peticiones, bien sea porque la autoridad pública se niegue a recibir o rechace la petición, o bien porque la deje indefinidamente sin respuesta. También aclara la Sala, que se ve violentado el derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, cuando la Administración da respuesta pero ésta es extemporánea.

Breve resumen de los fundamentos de la Sala para decidir:

En el caso bajo examen, el hecho denunciado como lesivo lo constituye una presunta falta de respuesta a la solicitud formulada por la Coordinación del Área de Defensa del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), por lo que, desde el mismo momento en que se dictó la respuesta correspondiente, cesó la lesión denunciada por la parte actora.

En este sentido, se observa que al ser el derecho presuntamente violado el derecho de petición y de obtener oportuna y adecuada respuesta, esta Sala, en sentencia del 4 de abril de 2001 (Caso: Sociedad Mercantil Estación de Servicios Los Pinos, S.R.L.), señaló en cuanto al goce y garantía del mismo, lo siguiente:

“(…) Tal como lo exige el artículo 51 de la Constitución, toda persona tiene derecho a obtener una respuesta ‘oportuna’ y ‘adecuada’. Ahora bien, en cuanto a que la respuesta sea ‘oportuna’, esto se refiere a una condición de tiempo, es decir que la respuesta se produzca en el momento apropiado, evitando así que se haga inútil el fin de dicha respuesta.

En cuanto a que la respuesta deba ser ‘adecuada’, esto se refiere a la correlación o adecuación de esa respuesta con la solicitud planteada. Que la respuesta sea adecuada en modo alguno se refiere a que ésta deba ser afirmativa o exenta de errores; lo que quiere decir la norma es que la respuesta debe tener relación directa con la solicitud planteada. En este sentido, lo que intenta proteger la Constitución a través del artículo 51, es que la autoridad o funcionario responsable responda oportunamente y que dicha respuesta se refiera específicamente al planteamiento realizado por el solicitante (…)”.

Siendo así, estima esta Sala que la presunta violación constitucional alegada, consistente en la falta de oportuna y adecuada respuesta a la petición formulada, cesó al haber obtenido la accionante una respuesta –adecuada a criterio de esta Sala- a su petición y sin ser inútil en el momento de su emisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por consiguiente, se debe declarar con lugar la apelación interpuesta por la parte accionada y revocarse el fallo del a quo.

De los fundamentos alegados por la Sala se puede interpretar, que si bien la respuesta no estuvo dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la misma fue adecuada a la petición, y algo muy importante que descifra la Sala es que la respuesta para el momento de la emisión era útil para la organización no gubernamental PROVEA, en consecuencia no se esta violando el derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, puesto que se esta dando respuesta dentro de un tiempo prudencial.

JURISPRUDENCIA EN ANÁLISIS Nº 4

TRIBUNAL: TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA – SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

SENTENCIA Nº

DE FECHA: 22 DE JUNIO DEL AÑO 2005

ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR LOS APODERADOS JUDICIALES DEL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA) CONTRA EL MINISTRO DE LA DEFENSA GENERAL DE BRIGADA (EJ) JOSÉ LUIS PRIETO.

A continuación se procede a realizar un breve resumen del hecho que dio origen a esta sentencia. Es este caso el accionante (Programa Venezolano de Educacion-Accion en Derechos Humanos - PROVEA) le solicitó al ciudadano General de Brigada José Luis Prieto, Ministro de la Defensa una copia del Plan Ávila. Y que no ha obtenido del funcionario público ninguna respuesta, en consecuencia manifiesta que no se ha hecho efectivo el derecho constitucional de petición.

Extracto de la decisión de la Sala Constitucional con relación a la Acción de Amparo Constitucional.

A juicio de los apoderados actores, la conducta -presuntamente lesiva- del Ministro de la Defensa, radica en la omisión por parte de éste de dar oportuna y adecuada respuesta a la petición formulada por el ciudadano Carlos José Correa Barros, en su carácter de Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), de “una copia del Plan Ávila”.

Ahora bien, consta en las actas del presente proceso que, el 15 de marzo de 2004, mediante comunicación número MD-DS-1108, el referido Despacho oficial informó al prenombrado Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que “el ‘Plan Ávila’ atañe a la conducción de operaciones militares a fin de reestablecer el orden público a nivel del área metropolitana de Caracas y colaborar con el Gobierno Nacional, en garantizar a la ciudadanía y a las instituciones (…); sin embargo, se infiere que el espíritu, propósito y razón de su solicitud, obedece presumiblemente a la necesidad de contar con la información contemplada en el mencionado Plan para ser objeto de un análisis en su próximo informe anual (…) a tal efecto, este Despacho ha considerado pertinente se sirva emitir un aclaratoria con respecto a su solicitud (…). Igualmente es oportuno señalarle que en razón de ser éste un Plan que contempla la materia de seguridad y defensa de la Nación, existe una reserva en torno a la clasificación y divulgación de los aspectos operacionales que contempla el mismo, todo ello con fundamento legal en la normativa jurídica prevista en el artículo 325 de la Constitución (…); sin embargo, este Despacho está dispuesto a colaborar con ese programa, como ustedes a bien lo estimen (…) sin que ello comprometa la seguridad de la Nación y su defensa integral (sic)”.

De este párrafo se puede entender que efectivamente el Ministro de la Defensa dio respuesta a la solicitud hecha por el representante de PROVEA.

Continuación extractos de la sentencia:

No obstante ello, uno de los apoderados actores estimó que “lo que inicialmente se constituyó en una respuesta que aparentaba ser adecuada, resultó ser una respuesta sin efectividad real para satisfacer el derecho de petición. Si la respuesta emanada del Ministro de la Defensa era que se prestaría colaboración para acceder al Plan Ávila y esa colaboración no se produce, tal respuesta no deja de ser una formalidad que le resta seriedad y efectividad y por lo tanto conduce a la violación del derecho de petición”.

En razón de lo cual, la Sala estima preciso reiterar que el derecho de petición y de oportuna respuesta, establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, determina la obligatoriedad a la que están sujetos los entes públicos de resolver aquellas peticiones formuladas por los particulares, al disponer: “Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. Su contenido y alcance fue señalado por la Sala en sentencia número 2073/2001 (caso Cruz Elvira Marín), cuando estableció:

“La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligación de la Administración de acordar el pedimento del administrado, sino sólo en aquellos casos en que el marco jurídico positivo permita al órgano de la Administración tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas

Desde la óptica anotada, la petición es ciertamente un derecho fundamental, pero no supone que pueda dirigirse cualquier planteamiento ante cualquier autoridad pública; del cual pretenda derivarse un supuesto «derecho a acordar lo pedido», cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades del órgano que está llamado a responderla, en este caso, denegándola”.

Así pues, el derecho de petición y oportuna respuesta supone que, ante la demanda de un particular, la Administración se encuentra obligada a resolver el caso concreto o indicar las razones por las cuales se abstiene de tal actuación. De allí, que el único objetivo racional de la acción de amparo constitucional contra la violación del derecho de petición y a obtener oportuna respuesta, es el de obligar al presunto agraviante a dar curso a la solicitud planteada y a emitir un pronunciamiento, sin que ello implique necesariamente una respuesta favorable.

A juicio de la Sala, el supuesto de hecho planteado en el presente asunto, no se corresponde con el criterio apuntado, pues no puede, en ningún caso, la accionante, utilizar la acción de amparo con fundamento en la violación del derecho de petición y a obtener oportuna respuesta, para lograr otros objetivos, como los que pretende, cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades del órgano accionado.

Se puede entender de lo dicho en los párrafos anteriores, que la Sala hace referencia a una sentencia número 2073/2001 (caso Cruz Elvira Marín), donde aclara que el derecho de petición no es violado si no se complace al peticionario en sus pretensiones, que basta con dar respuesta oportuna y adecuada, pero no puede pretender el solicitante que la respuesta le sea favorable. En el caso que nos ocupa, efectivamente el Ministro de la Defensa dio respuesta a la solicitud formulada.

INTRODUCCIÓN

El lograr hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la evolución del derecho de petición en Venezuela, al igual que hacer una comparación con respecto a este derecho en otras Constituciones de Países hermanos, aunque profundizando más ésta evolución en lo que nos ha dicho la Jurisprudencia luego de haber entrado en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin duda, que el paso que se dio en el artículo 51 constitucional actual, con referencia a lo contemplado en la Constitución de 1961, fue agigantado, que si bien es cierto que la anterior Constitución en su artículo 67 hacia referencia a éste derecho, el cual era muy limitado. Se evoluciona en Venezuela con la importancia que se le da en la nueva Constitución y más aun con la interpretación que los diferentes Tribunales de la República le han dado a este artículo 51 constitucional.

Por supuesto empezando por las Jurisprudencias que han sido emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales son de un alto contenido de enseñanza para quienes habitamos en este País. Y garantizando de esta manera el derecho que tienes los particulares de realizar solicitudes ante cualquier organismo de la Administración Pública, y recibir de manera oportuna y adecuada una respuesta.

CONCLUSIÓN

Con la investigación realizada la cual nos deja una gran enseñanza, hoy en día se puede decir que en nuestro País, y para bienestar de sus habitantes, se cuenta con un derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta, contemplado en la Constitución de 1999 y bien desarrollado e interpretado por los Tribunales de la República, lo cual va a garantizar el acceso a peticiones ante la Administración Pública, y a recibir una oportuna y adecuada respuesta de la misma.

BIBLIOGRAFÍA

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Constitución de la República de Venezuela – 1961

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

Ley Orgánica de la Administración Pública

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

www.tsj.gov.ve

www.enti.gob.ve

www.abn.ve/go

www.satecnica.org

www.aporrea.org

www.ave.org