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El Estado Y Los Pueblos Indigenas En Venezuela Antes De La Constitucion Del 1999

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Categoría: Acontecimientos Sociales

Enviado por: Rimma 22 abril 2011

Palabras: 4982 | Páginas: 20

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sociedad venezolana, valorando sus costumbres, creencias, cosmovisión, sentido colectivista de las tierras y todas sus aspiraciones, pues estas capacidades específicas constituyen el fundamento de su identidad cultural.

Esta exigencia responde al desarrollo progresivo de los derechos humanos a nivel internacional en materia de definición y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Tal como señala Combellas, el hecho que los indígenas en Venezuela apenas alcance el 1,5% del total de la población, no implica que no se les deba dar un tratamiento acorde con las nuevas tendencias internacionales

En la actual Constitución de 1999 es de interés señalar que desde el inicio del proceso constituyente fue motivación constitucional, la incorporación de materias de sumo interés social, como lo son la protección de la familia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el de las personas adultas mayores, las personas con discapacidades especiales, el derecho a la alimentación , resaltando la diversidad étnica y cultural, los pueblos y las comunidades indígenas, que integran el título III del texto constitucional.

El Capítulo fue denominado "De los Derechos de los Pueblos indígenas", cuyo texto final fue aprobado por un 71% de los votos de los asambleístas en el referendo del 15 de diciembre de 1999, fue vitoreada por los tambores de los grupos indígenas que permanecieron en pie de lucha en la sede del Congreso. En este sentido, el Capítulo VIII del Titulo III de la Constitución Bolivariana consagró de manera expresa todos los derechos colectivos que pueden ser considerados como propios, básicos y esenciales para los pueblos indígenas y que verdaderamente puedan constituir los espacios vitales que garanticen la supervivencia física y espiritual de los mismos, es decir, que sirvan para la preservación de su identidad cultural.

2.- CONSTITUCIONES Y PLURALISMO CULTURAL EN VENEZUELA ANTES DE LA CRBV

La diversidad cultural, el reconocimiento del derecho indígena y el pluralismo jurídico son temas relativamente novedosos en determinados ámbitos. En este artículo señalaré las características relevantes del tema que nos ocupa, los desafíos que la diversidad cultural plantea al Estado moderno, las condiciones para la construcción de un Estado pluralista, para finalmente destacar algunas conclusiones preliminares que atañen a un nuevo perfil estatal .

La diversidad cultural, a pesar de ser un tema que traspasa los Estados latinoamericanos desde su misma conformación, no ha merecido una reflexión teórica ni análisis hasta, prácticamente, las últimas dos décadas. Las razones de esta falta de interés o abandono deben buscarse en una suma de diferentes factores. En Argentina, los pueblos originarios son numéricamente inferiores, lo que contribuyó a que se negara sistemáticamente su existencia, y con ella lo que representa su reconocimiento para los diferentes pueblos.

A ello pueden agregarse los procesos de exterminio a los que fueron sometidos, así como los procesos migratorios europeos que empujaron a construir un Estado alrededor de la idea de "crisol de razas" que -análogamente a los fenómenos migratorios que se produjo en Estados Unidos se fortalecía en la homogeneidad, y en la disolución de las diferencias para no discriminar. En este escenario, los pueblos indígenas no tenían mayor cabida.

Sin embargo, y por impulso de movimientos sociales que promueven el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional, la diversidad cultural se hace cada día más visible, provocando que los Estados deban dar cuenta de la protección de determinados derechos, lo que se habían negado a reconocer amparados en el principio de igualdad.

Cuando surge, entonces, la necesidad de reflexionar seriamente acerca del respeto de las diferencias, y de las consecuencias prácticas que se derivan para el ordenamiento jurídico vigente de considerar que coexisten, dentro de los límites de un mismo Estado, sistemas de regulación social claramente diversos, es insoslayable abordar el tema desde múltiples dimensiones, que puedan dar cuenta del fenómeno de la diversidad y a la vez orienten el mejor modo de plasmar una política criminal que contemple la igualdad ante la ley -paradójicamente- tolerando y respetando la diferencia.

Así, es imposible -y distorsionado en sus contenidos- pretender una comprensión cabal de la relevancia que representa el hecho de que la diversidad se traduzca en una legislación diferenciada, si no se contemplan las discusiones -filosófica/política, antropológica, sociológica, histórica y jurídica- suscitadas, teniendo presente que cada una es un presupuesto y un complemento de las restantes. La dimensión jurídica es tal vez el nivel de análisis menos interesante cuando se pretende reconstruir una discusión signada por un sinnúmero de escenarios posibles.

Brevemente, y a riesgo de desdibujar la presentación de las diferentes discusiones, mencionaré, a modo de una visión fugaz, estos debates, que sin lugar a duda llevan implícitos visiones del mundo encontradas, aunque no totalmente incompatibles. En el ámbito de la filosofía política, la disputa suscitada que alcanzó su auge contemporáneo en los años 80, entre los comunitarios y los liberales, tiene como punto de partida la identificación de la unidad para el ejercicio de los derechos: la comunidad vs. el individuo. Lo que no es trivial, en la medida en que lo que se encuentra en juego es la justificación de la existencia de derechos colectivos; o si por el contrario todo puede ser reducido a la existencia de derechos individuales, y si la defensa de las minorías puede articularse satisfactoriamente con su vigencia (discusión que retomaré más adelante). De este modo, en el núcleo del debate la pregunta alrededor de la que se construyen las distintas teorías es cuál es el mejor modo de proteger a las minorías. Ciertamente, este debate tiene infinidad de matices, y más allá de que existen autores que se encuadran en uno u otro extremo, también existen aquellos que intentar adoptar una postura intermedia, destacando las ventajas de seguir defendiendo desde una postura liberal el ejercicio de determinados derechos, pero sin dejar de destacar la importancia que para el individuo reviste la membrecía a un grupo étnico.

No es el objetivo de este trabajo profundizar en esta discusión. Sólo pretendo llamar la atención sobre argumentos que constituyen el telón de fondo del diseño de determinadas instituciones, que adquirirán una dimensión importante cuando los procesos legislativos deban receptarlos. En cuanto a la perspectiva antropológica y sociológica, ambas se encuentran estrechamente vinculadas. No sólo porque la sociología jurídica y criminal se ha ocupado de la introyección de las normas culturales por parte de los individuos, sino porque también ha intentado zanjar -junto con la visión antropológica- cómo se determina la condición de indígena y cómo se resuelve el problema de la identidad. En otras palabras, deslindar cuándo un individuo puede identificarse como miembro de una etnia determinada, y a qué se le llamarán pautas culturales. Cómo se define la cultura, y cuáles son los componentes de un sistema de regulación social que adquiere características específicas que lo diferencian radicalmente de aquel en el que nos encontramos inmersos, y que denominaré "occidental".

Los antecedentes históricos no son menos destacables. Ensayar un análisis de las distintas actitudes que ha asumido el Estado en su relación con las poblaciones indígenas es también analizar el status que han asumido estos individuos y su mayor o menor importancia en la correlación de fuerzas establecidas. En la época colonial existía un modelo segregacionista, que consideraba a los indígenas como individuos de segunda categoría. Eran absolutamente excluidos, y ocupaban el lugar más bajo del estrato social. Con la independencia, e influidos por los ideales de la revolución francesa, se ingresó a un paradigma asimilacionista: todos eran iguales ante la ley, lo que se traducía en un trato desigual. Las diferencias eran ignoradas, y la igualdad esgrimida era sólo discursiva y formal.

A partir de la segunda década del siglo pasado, y con movimientos indígenas que empiezan a consolidarse, se produce el salto al siguiente modelo aplicado, el integracionista. Se reconoce la existencia de comunidades diversas, pero sólo por la necesidad económica de negociar, y porque estaba en discusión quiénes eran propietarios de la tierra. Se inicia así una suerte de reconocimiento de los derechos, pero absolutamente limitados, y sin admitir que el reconocimiento, para ser tal, debía ser más profundo.

3.- LUCHA POR LA INCLUSIÓN EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES VENEZOLANAS

Los indígenas venezolanos han luchado toda la vida por nuestros derechos. En 1941 se inicia una organización intercultural integrada por Wayuu y Alijuna y entre otras organizaciones surge el comité de defensa del Guajiro, posteriormente aparecen otras organizaciones como la asociación indígena zuliana y las federaciones indígenas en los diferentes estados, hasta que en 1989 se constituyó el CONIVE, nuestra Organización Nacional que tiene ahora 15 años de fundada que ampara y promueve la organización de las comunidades indígenas venezolanas. Por ello, no fue una casualidad llegar a la Asamblea Nacional Constituyente. “Para nosotros los Pueblos Indígenas esta no es una simple lucha política, nuestra participación en la Asamblea Nacional Constituyente era una lucha de vida o muerte, un proyecto de vida y todavía lo sigue siendo.”

Nunca nos imaginamos hasta que punto nos veían como seres extraños, casi peligrosos. Fue bonito hacer esta lucha pedagógica, mostrarnos y ganar espacio en la opinión pública. Muchos sectores no querían reconocer nuestra existencia como Pueblos, querían llamarnos poblaciones, existe una población de iguanas, de caimanes, de peces, pero nosotros somos un Pueblo, tenemos historia, costumbres, territorio, idioma, cultura y en esto no podíamos transigir, porque sino volveríamos a quedar como en la época de la conquista.

Se aclaró públicamente que los indígenas no queríamos desmembrar al Estado venezolano y que el término Pueblo tiene para nosotros una connotación histórica de lucha y reconocimiento. Por primera vez se aceptó que Venezuela está conformada por diversidad de Pueblos, pero integrada en un solo Estado Nacional.

Pero como para los alijunas todo es escrito sabíamos que debíamos participar en la elaboración de la nueva Constitución. Estábamos seguros de que el espíritu de Guaicaipuro nos guiaría y así fue.

Se trataba de convencer a los constituyentes sobre la necesidad de crear una comisión especial para defender nuestros derechos y eso lo logramos. Luego hicimos vigilias, éramos representantes de todos los pueblos indígenas, pero también participaban los ambientalistas, amigos antropólogos, cineastas, aliados y aliadas de siempre que estuvieron resteados con nosotros en el proceso constituyente.

Finalmente se aprobaron los derechos, la existencia como Pueblos, el derecho a la propiedad colectiva de las tierras, la posibilidad de que el aprovechamiento de los recursos naturales sea realizado previa información y consulta sin lesionar a nuestros Pueblos, el derecho a mantener nuestra identidad y cultura, a una educación intercultural bilingüe, el reconocimiento de los idiomas como oficiales, el derecho a mantener y promover nuestras propias prácticas económicas, la protección de la propiedad intelectual y colectiva, la prohibición expresa de las patentes de nuestros conocimientos y recursos genéticos, así como el derecho innegable a la participación política con unas características especiales. Todo ello está explicado en el capítulo VIII de los derechos de los pueblos indígenas y en la disposición transitoria séptima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Hoy en día tienen rango constitucional a nuestros derechos, hemos entrado ya por la puerta grande, no vamos a seguir entrando agachados, somos tan venezolanos como los demás y tenemos mucho que dar para hacer de este un gran país.

Y hoy se sigue adelante tratando de definir un modelo de desarrollo propio. Es el momento de continuar esta lucha.

¿Qué quiere decir la palabra endógeno?, quiere decir que desde adentro, desde lo propio, desde la identidad y desde ese reconocimiento podremos construir un modelo económico, y sociopolítico más acorde con nuestra forma de ser y es también ese el objetivo que se busca cuando se crean las misiones, un modelo educativo propio que nos permita ir creando currículos educativos más ágiles, más versátiles, que nos faciliten no solo la posibilidad de saldar la deuda histórica incluyendo a los excluidos del sistema educativo, sino formándolos para no seguir generando más excluidos, para que reconozcan su propia autoexclusión histórica al dejar oculto nuestros orígenes, nuestra historia común que es precisamente el vinculo genético con los pueblos indígenas y por supuesto con los colonizadores que hoy por medio del proceso de mestizaje ya son parte de nuestra herencia cultural posterior, herencia que en un principio fue dolorosa por lo cruento del proceso, pero que hoy se vislumbra ya desde otro ángulo, pero que sino la reconocemos en su crudeza histórica, corremos el riesgo de volver a repetirla de distintas maneras.

Estos pueblos son la esencia de nuestras luchas históricas por los derechos de los pueblos indígenas, que son la lucha por el respeto a la diferencialidad cultural, y por el reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, su cultura, sus idiomas, su religiosidad, sus practicas y formas de vida, que son esencialmente el reconocimiento de nuestra historia. Entonces el protagonismo político de los pueblos indígenas se enmarca en los derechos históricos de nuestros pueblos, en lo que los abogados llaman el derecho indígena

NUEVO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA

1.- ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARTICIPACION Y PROTAGONISMO DEL LIDERAZGO INDIGENA

La Constituyente es una Asamblea que representa el Poder Constituyente originario, convocada con el objeto de rediseñar el marco constitucional del Estado. Este poder constituyente, no tiene límites porque emana de la Soberanía del Pueblo, por lo tanto, Originario.

El proceso constituyente permitió por primera vez la participación de representantes indígenas en la redacción de la Carta Magna. Ellos fueron Guillermo Guevara, del pueblo jivi; José Luis González, del pueblo pemón, y la dirigente wayúu Noelí Pocaterra.

El espíritu y razón fue sustentar el criterio y crear las bases de un nuevo orden constitucional de la creación de un estado social que pone de primero a las raíces aborígenes de nuestra identidad Caribe, un paso esencial en la progresividad de nuestra existencia aborigen. Esta asamblea dio como fruto la actual Constitución Nacional, la cual reconoce a los aborígenes venezolanos una serie de derechos que las anteriores habían desconocido.

La Constitución de 1999, Entra en vigencia el jueves 30 de diciembre de 1999 según Gaceta Oficial N° 36.860. En su preámbulo, reconoce la igualdad de todos los venezolanos “sin discriminación ni subordinación alguna”

Allí se plantea la “unidad en la diversidad”, exigiendo que se les reconozcan sus derechos específicos como naciones distintas y que han sido “olvidados” deliberadamente por quienes han detentado el poder económico y político de éste país.

Es pionera y un importante punto de regencia en cuanto al reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ninguna Constitución en América y en el resto del mundo integra y reconoce los derechos inherentes a las poblaciones propias de los países de la forma como lo hace esta Constitución.

La propiedad de los territorios que tradicionalmente han ocupado; el uso de sus lenguas como idiomas oficiales, además del castellano; el derecho a tener su organización social, política y económica y el aprovechamiento de sus recursos naturales y su propiedad intelectual, todos ellos contenidos en el Capítulo VIII, (art. 119 al 126) especialmente redactado para el reconocimiento de estos pueblos.

En concordancia con la constitución se han sancionado diversas leyes, decretos y resoluciones que reivindican y restituyen la importancia de las diferentes etnias venezolanas. El Gobierno ha creado espacios especiales dedicados al apoyo y defensa de los pueblos indígenas; en el Ministerio de Educación nació la Dirección de Educación Indígena; en el Ministerio de Salud la Coordinación Indígena. En otros poderes, la instancia relativa en el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Indígena en la Defensoría del Pueblo.

Adicionalmente instrumentos legales para el proceso de reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas tales como: la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas 2001, el Proyecto de Ley Orgánica de Pueblos Indígenas 2005 (aprobado en primera discusión), el Decreto Nº 2.686 Reglamento de Ley Orgánica de Identificación para los indígenas 2003, el Decreto Nº 1.795 que impone el uso obligatorio oral y escrito de los idiomas autóctonos en todas las modalidades del sistema de enseñanza nacional, en los planteles públicos y privados, de las zonas rurales y urbanas donde habiten pueblos indígenas.

Según el artículo 125 se consolida el derecho a la participación política que tienen los indígenas, por esta razón, varias personalidades se han destacado dentro de la Asamblea Nacional, en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena.

Esta participación Se da través de sus auténticas organizaciones civiles y a través de Asambleas de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Ese nuevo protagonismo generó las condiciones para que fuera creado el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas que en concordancia con lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, es el órgano rector para promover, desarrollar, proteger, establecer y garantizar las políticas en materia de derecho de los pueblos indígenas.

La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Entró en vigencia el 27 de Diciembre de 2005, según N 38.344. Tiene por objeto desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas reconocidos en la constitución de la República bolivariana de Venezuela y en los convenios, pactos y tratados válidamente suscritos por Venezuela, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Es la primera vez que los pueblos indígenas cuentan con una ley integral, donde están plasmados todos sus derechos. Es un acto de justicia a la base de la venezolanidad y de la identidad"

Los parlamentarios de la instancia legislativa, integrada por Noelí Pocaterra, Guillermo Guevara y José Luis González propusieron reformas a las citadas disposiciones, y entre ellas se prohíbe a los órganos del Estado a comprometer mediante contratos el ambiente y hábitat de las comunidades indígenas.

2.- JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA OTRAS DISPOSICIONES

La identidad étnica no es el producto de la alteridad es decir de la conciencia de las diferencias sino “de la asignación de significados sociales particulares a un limitado conjunto de actos” Las identidades étnicas, de esta manera, funcionan como categorías de inclusión y exclusión y de interacción, y por ende deben ir de acuerdo con las conductas adquiridas en un momento dado: “tanto las señales de identidad como el reconocimiento de un individuo dentro de una categoría implican que será juzgado de acuerdo con un conjunto de valores que es característico o que, de alguna manera, es interpretado característicamente” .

Sin embargo, la autonomía que se les ha dado a las autoridades indígenas tiene límites. Si es cierto que se permite que se juzgue de acuerdo al contexto cultural, antes que nada se debe tener en cuenta los valores que están estipulados en la constitución. Esto para garantizar que se consoliden unos mínimos fundamentales dentro del ordenamiento jurídico nacional. Esta “doble moral” que se debe tener en cuenta a la hora de hacer los juicios, hace que muchos de los casos se limiten a las opiniones subjetivas de los jueces. Adicionalmente, se han hecho varias críticas que argumentan que es una contradicción y una falsa autonomía. Pero precisamente cuando en la OIT en el convenio 169 de 1989, se considera a los grupos indígenas como pueblos y como miembros de una comunidad nacional se está haciendo una diferenciación entre el concepto de autodeterminación y de autonomía. El primero hace referencia al derecho a la independencia política y al establecimiento de un estado nacional propio y el segundo se refiere a las facultades especiales que tienen estas etnias pero sin una independencia estatal. Claramente las comunidades indígenas dentro de un territorio nacional son autónomas mas no tienen una autodeterminación. Si se considera que el proceso de reivindicación por parte del “actor étnico más bien parece trabajar hoy en día en la reconstrucción de un techo común, un espacio de protección, representado por el Estado, sus instituciones y servicios”. Se justifica la autonomía en vez de la autodeterminación y por tal razón, buscar la inclusión no es perder la propia identidad. Por consiguiente, se puede ser al mismo tiempo miembro de una etnia y de la sociedad nacional.

Adjuntamente, las comunidades indígenas “son sociedades contemporáneas, no solo porque se sitúan en nuestro espacio nacional, sino porque de manera desigual pero inescapablemente comparte las características y las dificultades de nuestro tiempo”. Un ejemplo de esto es el hecho de que las comunidades indígenas, al igual que la tendencia global, también hayan buscado enaltecer la diversidad cultural utilizando políticas de etnicidad.

Si bien hay procesos de cambio y más aun de “aculturación”, las diferencias siguen persistiendo. ¿Qué sucede entonces con los procesos de la globalización? Así como en la conquista y en colonia, se trató de imponer unas costumbres y como consecuencia se reforzaron los lazos culturales de los pueblos indígenas, con la globalización se puede esperar que se hagan cada vez más importante las diferencias y la diversidad.

La constitución de 1999 en el TITULO X. DEL DERECHO Y LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA

Del derecho al propio derecho. Artículo 109. El Estado reconoce la potestad de los pueblos y comunidades indígenas de tener su propio derecho, administración de justicia y autoridades dentro de sus hábitat, de acuerdo a su cultura y necesidades sociales, con respeto de los derechos humanos interpretados interculturalmente.

Del derecho indígena. Artículo 110. El derecho indígena está conformado por el sistema de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres que los pueblos indígenas consideran legítimo y obligatorio, y les permite regular la vida social, autogobernarse, organizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno y externo.

De las autoridades indígenas. Artículo 111. Se considera autoridades indígenas legítimas a las personas, instancias colectivas o instituciones que cada pueblo o comunidad indígena establece y designa según sus propias reglas y para las funciones que dichos pueblos definen. Las autoridades indígenas tienen competencia para tomar decisiones sobre actos jurídicos y controversias de todo tipo.

De la jurisdicción especial indígena. Artículo 112. La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad de los pueblos indígenas de actuar mediante sus propias autoridades e instancias para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten dentro de su hábitat, y tomar decisiones de acuerdo a su propio derecho y cultura. Las decisiones de la jurisdicción indígena constituyen cosa juzgada, tienen carácter vinculante, validez oficial y efectos en el ámbito nacional. Las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetar y acatar dichas decisiones. La jurisdicción indígena tiene las funciones y facultades que sean definidas por cada pueblo indígena, así como aquellas que el Estado le reconoce a la jurisdicción ordinaria. Estas facultades incluyen la potestad de investigar, conocer los casos, tomar decisiones y ejecutar dichas decisiones, incluyendo la posible restricción de derechos o el uso de la fuerza para obligar el cumplimiento de las mismas cuando sea necesario.

De la competencia de la jurisdicción indígena. Artículo 113. La jurisdicción indígena, sin menoscabo de otras, comprende las siguientes competencias: Competencia Territorial: La jurisdicción indígena tiene competencia sobre todo el hábitat del pueblo o los pueblos indígenas correspondientes. Tiene competencia extra-territorial respecto de controversias surgidas fuera del ámbito territorial indígena, cuando las mismas sean entre indígenas, no afecten derechos de terceros no-indígenas, y siempre que la jurisdicción indígena decida asumir dichas controversias. B)Competencia Material: La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer todo tipo de materias y de todo monto o gravedad que se susciten dentro de su ámbito territorial y que la misma decida asumir. Ello no obsta para que la jurisdicción indígena pida colaboración de la jurisdicción ordinaria y la fuerza pública en los casos que considere necesario. c) Competencia Personal: La jurisdicción indígena tiene competencia sobre las personas indígenas. También tiene competencia sobre las personas no indígenas que se encuentren dentro de su ámbito territorial y realicen hechos o actos que afecten derechos indígenas o comprometan bienes jurídicos indígenas.

De la coordinación entre la jurisdicción especial y la ordinaria y otras autoridades estatales. Artículo 114. Las relaciones entre la jurisdicción indígena y la ordinaria y otras autoridades estatales se rigen por las siguientes reglas: a) Reserva de la jurisdicción indígena: Los actos jurídicos y las decisiones tomadas por las autoridades indígenas no son revisables por la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria no tiene competencia para recibir causas referidas a hechos realizados dentro del ámbito territorial del hábitat indígena, debiendo, en todo caso, someterlas a conocimiento de la jurisdicción especial indígena. Las decisiones tomadas por la jurisdicción ordinaria en casos que competan a la jurisdicción indígena son nulas y generan responsabilidad, debiendo devolverse el caso a la jurisdicción indígena. b) Relaciones de coordinación: La jurisdicción indígena puede establecer relaciones de coordinación y colaboración con la jurisdicción ordinaria cuando lo considere necesario. La fuerza pública está obligada a brindar el apoyo requerido por la jurisdicción indígena para la investigación, juzgamiento o ejecución de sus decisiones. c) Conflicto de competencia: En los casos de conflicto de competencia entre la jurisdicción especial indígena y ordinaria, prevalece la indígena. d) Relación con autoridades administrativas y registrales: Las autoridades de la jurisdicción indígena desarrollan relaciones de coordinación y colaboración con autoridades estatales, pero no de subordinación. Las autoridades administrativas y de registros públicos acatarán y registrarán en los registros públicos las decisiones de la jurisdicción indígena cuando corresponda. e) Protección del derecho a la jurisdicción indígena: En caso de vulneración del derecho a la jurisdicción especial indígena, los afectados podrán interponer las acciones de garantía constitucionales o las acciones legales pertinentes a fin de que se respete el derecho, establezcan las responsabilidades de ley y las reparaciones e indemnizaciones que correspondan.

De los procedimientos para resolver conflictos entre derechos humanos y jurisdicción indígena. Artículo 115. Los casos de presunta vulneración de derechos humanos por la jurisdicción indígena, en primer lugar, se agotarán internamente. Agotadas las instancias internas o cuando la presunta violación de derechos humanos fuese grave y urgente, quien se considere afectado podrá interponer la denuncia o acción de garantía constitucional correspondiente. Si la denuncia o acción es inadmisible podrá ser rechazada de plano. En caso de considerarse admisible se constituirá un tribunal mixto conformado por el juez ordinario de la causa y dos autoridades indígenas nombradas por la jurisdicción especial, a fin de que se garantice una interpretación intercultural de los hechos y el derecho. El procedimiento estará orientado a la solución consensuada del conflicto, mediante reglas de equidad, atendiendo los derechos, intereses y perspectivas culturales de las partes. En caso de no llegarse a una solución consensuada, el tribunal resolverá por mayoría. Cualquiera de las partes podrá recurrir en segunda instancia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual deberá incorporar dos miembros supernumerarios que conozcan los derechos indígenas. También deberá resolver interpretando interculturalmente los hechos y el derecho y por reglas de equidad. Agotada esta instancia queda expedita la vía internacional.

Del Fortalecimiento del Derecho y Jurisdicción indígena. Artículo 116. Entre las políticas de fortalecimiento y desarrollo del derecho y la jurisdicción indígena, se garantizarán las siguientes: a) Programas autónomos: El INPI designará fondos anuales para el desarrollo de programas autónomos de fortalecimiento y desarrollo del derecho y la jurisdicción indígena, diseñados y ejecutados directamente por los pueblos y organizaciones indígenas. Estos programas incluirán una línea permanente de capacitación y formación de líderes indígenas, promoviendo la participación equitativa de la mujer indígena. b) Políticas públicas: El INPI convocará una instancia mixta interinstitucional con participación de representantes de los pueblos y organizaciones indígenas para la elaboración de políticas públicas de respeto y fortalecimiento del derecho y la jurisdicción indígena. c) Difusión y formación: La Instancia Mixta interinstitucional desarrollará acciones de difusión de la cultura y el derecho indígena, en el ámbito nacional, para promover su respeto. En todas las instancias de la educación pública se incorporará materias referidas a la multiculturalidad y el pluralismo legal.

d) Formación de operadores de la justicia: En la enseñanza del derecho y materias a afines se incorporarán, de modo obligatorio, el pluralismo legal y el derecho indígena. Los operadores de la justicia, abogados y funcionarios encargados de aplicar la ley en zonas con predominancia indígena deberán conocer la cultura, el derecho indígena y los derechos especiales de los indígenas. Las instituciones de formación judicial deben incorporar obligatoriamente materias referidas a la multiculturalidad, pluralismo legal y derecho indígena.