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Empresas De Propiedad Social En Venezuela

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: klimbo3445 20 abril 2011

Palabras: 21291 | Páginas: 86

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adrar el espíritu de las Empresas de Propiedad Social, con cualesquiera de las figuras jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, considero que es limitar su campo de acción y el objeto de vanguardia revolucionaria para el que están naciendo. Es inútil pretender que una compañía anónima, una sociedad anónima, una comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada o una firma personal, todas regidas por el Código de Comercio Venezolano, vengan a ser la estructura para darle vida jurídica a las Empresas de Propiedad Social. Mucho menos servir de modelo a seguir. Debido esto a su naturaleza mercantil capitalista con fines de lucro y el poder de decisión en manos de pequeños grupos de propietarios, donde prevalece la explotación del hombre por el hombre. Actualmente resulta ridículo escuchar hablar de grandes empresarios, dueños de medios de producción, que declaren ser socialistas. En este mismo sentido, podemos mencionar a las cooperativas, las cuales, aún, son de carácter privado y, salvo honrosas excepciones, sólo se han dedicado a convertirse en pequeñas unidades capitalistas, concentradas en la satisfacción de sus propios intereses, sin ningún impacto social en las comunidades, mucho menos originando las transformaciones sociales para lo cual reza su original espíritu solidario y fraternal. Sin olvidar que están debidamente regidas por la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas. En cuanto a las asociaciones civiles y las fundaciones, encontramos que ambas nacen con finalidades filantrópicas más que el desarrollo de actividades económicas donde todos los trabajadores participen en su dirección, la gestión y beneficios de la empresa, debido a su carácter sin fines de lucro y de carácter privado. Aunque puedan nacer de la iniciativa pública, o transformarse de privadas a públicas por los aportes del Estado al patrimonio privado. Aunque muy dispersa la legislación que rige estas figuras jurídicas, podemos apreciar lo distante que están de satisfacer la estructura jurídica de las Empresas de Propiedad Social. Así, como se vio el Estado, en la necesidad de crear el Decreto 3895 (G.O. 13/09/2005) Desarrollo Endógeno y Empresas de Producción Social (12/09/2005), para garantizar el suministro de materias primas y productos semielaborados, provenientes de las industrias básicas. Donde a los efectos de ese decreto, se definen, entre otros, las Empresas de Producción Social como unidades de producción comunitaria, constituida bajo la figura jurídica que corresponda, tiene como objetivo fundamental generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de la comunidad y su entorno, incorporando hombres y mujeres de las misiones, privilegiando los valores de solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, ante el valor de rentabilidad o de ganancia. En todo caso, esas unidades económicas deben mantener el equilibrio financiero que permita seguir invirtiendo en el mencionado entorno socio-ambiental, en forma sustentable y sostenible. En este sentido, presento la propuesta para satisfacer la necesidad de una Ley Especial de Empresas de Propiedad Social, orientada a la construcción de una democracia social de participación popular plena, donde la opinión política defina la esencia misma de la Revolución e implique un nuevo ordenamiento económico y social. Que genere formas empresariales, además de la estatal, privadas en las pequeñas empresas y privada reformada por la Comunidad Laboral que permitan el uso eficiente de los recursos sin concentrar la renta y la capacidad de decisión. Donde el proceso de desarrollo exige una formación acelerada de capital conjuntamente con la práctica social de la participación. Donde la doctrina humanista reconoce el trabajo creador del hombre en la sociedad como fuente originaria de la riqueza. Donde las formas asociativas de Propiedad Social de los medios de producción aseguren la solidaridad del hombre, a la par que garanticen el proceso de acumulación social. Donde es necesario que en tales formas de asociación se estructuren y articulen de modo que constituyan un Sector de Propiedad Social que refuerce sus vínculos de solidaridad y les confiera coherencia. Donde la política del Sector y de las Empresas de Propiedad Social deba estar íntimamente ligada a los Planes de Desarrollo de la Nación y a la política general de planificación de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, este sector, por su naturaleza y motivación es diferenciable de los Sectores Públicos y Privados requiriendo una legislación especial que constituya el Derecho Social. Donde las Empresas de Propiedad Social, sean personas jurídicas de Derecho Social integradas exclusivamente por trabajadores, constituidas dentro del principio de solidaridad, con el objeto de realizar actividades económicas. Y sus características sean: la participación plena, la propiedad social de la empresa, acumulación social y la capacitación permanente. Así, el conjunto de estas empresas constituirá el Sector de la Propiedad Social Venezolana.

II. EPS y Marco Jurídico

Desde el nacimiento del otrora Programa de Empresas de Producción Social (2005), existe la debilidad desde el punto de vista jurídico, de la inexistencia de una ley que actúe como fundamento jurídico de tal figura, que la defina, establezca su creación, fomento, estímulo y desarrollo. Si bien es cierto, que los artículos 70, 118, 184, y 308 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela orientan los medios de participación y protagonismo del pueblo, reconocen el derecho de los trabajadores, trabajadoras y comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social, participativo y otras formas asociativas; la descentralización y transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados, de los servicios, por parte del Estado y Municipios, previa demostración de su capacidad para prestarlos; así como la protección y promoción de la pequeña y mediana industria, cooperativas, cajas de ahorro, empresa familiar, microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria. También el Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa. De tal manera, que el objetivo primero de esta investigación es motivar la creación de una Ley de Empresas de Propiedad Social, presentando las bases para su discusión, así como la metodología científica de técnica legislativa aplicable para dinamizar el proceso de la elaboración del anteproyecto de ley, que debe nacer del debate, de quienes hemos vivenciado este proceso. Observando la evolución de las EPS, de nacer de un Programa Extraordinario de PDVSA, pasa a ser un lineamiento de orden público, que si bien es cierto, su fundamento jurídico no es una ley especial de EPS, viene a ser fundamentada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social. Siguiendo esta orientación, vemos como la normativa interna de PDVSA, relacionada con el Compromiso de Responsabilidad Social, presenta la derogación de las figuras de Empresas de Producción Social (EPS) y Empresas Promotoras de EPS (EPEPS), del Registro de EPS (REPS). Indicando que dicho registro debe hacerse bajo la figura natural de la persona jurídica solicitante (normativa fecha de emisión: junio 2009). Y ahora, el nuevo concepto de EPS queda reservado exclusivamente a las Empresas de Propiedad Social, las cuales, en este período de transición, (mientras la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Propiedad Social, la Ley de Reforma de los Consejos Comunales y la Ley de las Comunas), nacen vía decreto de las Alcaldías (atribuciones del artículo 103 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que faculta al Presidente, Gobernadores y Alcaldes para crear empresas públicas), bajo la denominación de compañías anónimas. De manera, que podemos definir las EPS como: Entidades integrales, que pueden ser de carácter mercantil, civil o cooperativas, pero con la misión de establecer nuevas formas de producción social y eficientes con una distribución de sus excedentes o beneficios en base a principios de justicia, equidad y reciprocidad hacia toda la comunidad que participe y el uso de técnicas y tecnologías de punta en el contexto del Socialismo Bolivariano. Y, pueden funcionar bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas. Responden más bien, a un modelo determinado que a un tipo específico de figura jurídica.

PROPUESTA DE LEY DE EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL

SUGERENCIAS BÁSICAS DE CONTENIDO PARA LA ELABORACIÓN DE UN ANTEPROYECTO DE LEY DE EPS

ANTECEDENTES: (Razones Técnicas y Operativas)

1. Crecimiento de la calidad de vida espiritual más no material; una relación de conciencia y no mercantil.

2. Política de ajuste.

3. Prioridad en la asignación de recursos (tiene que ir a asociaciones de propiedad socialista)

4. Ineficiencia e ineficacia de las cooperativas.

5. Optimización de la organización comunal (fortalecimiento y acompañamiento) para una satisfacción de necesidades sociales.

METAS:

Lograr, propiciar, recuperar y fomentar: la nueva conciencia, participación, experimentalismo estatal, productividad, satisfacción social, respeto ecológico, no discriminación, lucha contra la alienación, combate a la corrupción, nuevo internacionalismo, nuevo sujeto social, comercio justo y el desarrollo humano integral.

JUSTIFICACIÓN:

En una economía sin modelos, las Empresas de Propiedad Social pueden aportar líneas útiles a la emancipación. Marcando un nuevo rumbo como punta de lanza del Socialismo del Siglo XXI y la hemos despreciado, no le hemos dado la importancia que merecen, sino que nos hemos quedado con el tradicionalismo capitalista que confluye en lo que se llama la oferta y la demanda del mercado.

ARTÍCULO 1. Derecho a desarrollar Empresas de Propiedad Social

Todas las personas, las familias y la comunidad tienen derecho a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las Empresas de Propiedad Social (EPS) y la obligación de desarrollar prácticas colectivas que permitan fomentarlas y conservarlas. Es función esencial del Estado garantizar, promover y proteger estas asociaciones destinadas a mejorar la economía solidaria, popular y alternativa (Sustentado en los artículos 112 y 118 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

ARTÍCULO 2. Provisión de servicios

Los servicios y garantía de promoción y protección del desarrollo de Empresas de Propiedad Social (EPS) podrán estar a cargo de organismos de carácter público, privado o mixto, articulados adecuadamente entre si, conformando un sistema organizado bajo el interés público (Aquí actúan todos los organismos del Estado que demanden bienes, obras y servicios).

ARTÍCULO 3. Organización del sistema

La organización administrativa, financiera y territorial del sistema de desarrollo de asociaciones de carácter social y participativo como las Empresas de Propiedad Social (EPS) debe ser descentralizado para los efectos de asegurar el mejor acceso y gestión.

ARTÍCULO 4. Gestión administrativa

La gestión de los organismos de carácter público, privado o mixto, que garantizan la promoción y protección del desarrollo de Empresas de Propiedad Social, será de carácter diversificado, admitiéndose los contratos de gestión en sus diferentes modalidades (comodato entre éstos), incluyéndose la contratación de terceros y la compra de servicios.

ARTÍCULO 5. Financiamiento

La ejecución de las acciones para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las Empresas de Propiedad Social (EPS), se financiarán teniendo especialmente en cuenta los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. (Sustentado en el Artículo 299 CRBV)

“Mosca y abeja”, como solía decir nuestro Alí Primera, en la administración de los recursos colectivos.

ARTÍCULO 6. Control

El Estado, a través de los organismos pertinentes, establecerá las políticas, planificación, regulación, fiscalización y evaluación del desarrollo de Empresas de Propiedad Social (EPS).

ARTICULO 7. Participación

El Estado promoverá la participación de los consejos comunales, por medio de sus organismos representativos en la formación de la política para el desarrollo de Empresas de Propiedad Social y el control de su ejecución.

METODOLOGÍA CIENTÍFICA DE TÉCNICA LEGISLATIVA APLICABLE PARA DINAMIZAR EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE EPS

A. Cuestionario a ser contestado antes de adoptar la decisión política de dictar un acto normativo.

i) Identificación del problema y de las posibles soluciones alternativas

1. ¿Cuál es el hecho social indeseado a regular?, identificación del problema que busca solucionarse (indicar el número, en términos porcentuales, de afectados y de casos que hay que resolver).

2. ¿Cuál es la finalidad por alcanzar?, es decir, identificado el problema es conveniente saber cuál es la meta final que se persigue.

3. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales puede regularse el hecho social? ¿Debe el hecho social regularse ahora? ¿qué pasa si no se regula?

4. ¿El hecho social ha sido regulado o se encuentra regulado en los actuales momentos por algún instrumento de cambio social? ¿Cuál instrumento?

5. Si el instrumento de cambio social utilizado según la respuesta a la pregunta anterior es una norma jurídica, ¿cuál ha sido la causa, de que el hecho social indeseado se mantenga: el contenido de la norma o su implementación?

ii) Relación costo-beneficio

1. ¿Cuál es el costo (en término de gastos y cargas) social e individual, desde el punto de vista financiero y político que implica la implementación de cada uno de los instrumentos de cambio social posibles? (incluye la identificación no sólo de los costos en términos pecuniarios sino de las cargas burocráticas que impone la nueva normativa, tanto para los administrados o usuarios del recién creado instrumento normativo como para los administradores o ejecutores de tal norma).

2. ¿Cuáles son los beneficios sociales e individuales, financieros y políticos posibles de la implementación de cada instrumento de cambio social?

3. ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países, si existe y es posible obtenerla, sobre la regulación del hecho social indeseado? ¿Cuál ha sido el instrumento de cambio social utilizado en esos países? ¿Cuál ha sido la relación costo-beneficio?

4. ¿Cuál instrumento de cambio social representa un margen favorable de beneficios en relación con los costos? Es decir ¿Cuál de estos medios es el más eficiente para regular el hecho social que ha generado problemas?

iii) Tipo de instrumento normativo

1. ¿Cuál es, si existe, el instrumento normativo que en los actuales momentos regula el hecho social y qué rango dentro de la jerarquía de los actos normativos tiene?

2. ¿Responde el ordenamiento jurídico vigente en relación al tema que nos ocupa al principio de “cada norma regula sólo una materia”?, es decir, ¿la regulación del hecho social está contenida en una norma que comprende todos los aspectos de tal regulación o constituye una disposición aislada en un instrumento jurídico que se refiere a otras materias?

3. Con base en la respuesta a la interrogante anterior, ¿se debe dictar un nuevo instrumento normativo que regule en su totalidad el hecho social y derogar las disposiciones aisladas que están en vigencia, o por el contrario, se debe modificar el texto vigente donde íntegramente se regula el hecho social?

4. Si el hecho social no está regulado por instrumento normativo alguno, ¿cuál es el rango normativo que debe darse al texto que se elabore? ¿debe regularse por ley en sentido formal o puede regularse mediante reglamento? ¿por qué no podría regularse mediante una norma administrativa de menor rango que el reglamento?

iv) Antecedentes

1. ¿Se adapta la nueva norma al ordenamiento jurídico vigente o colide con éste?

2. ¿Existe alguna opinión doctrinaria, antecedente judicial o decisión administrativa que deba ser tomada en consideración al momento de elaborar el texto normativo que se propone?

3. ¿Cuál es la experiencia normativa extranjera en esta materia?

v) Estado de la organización administrativa

1. ¿Cuáles cambios habría que efectuar en la organización administrativa existente con el objeto de implementar la nueva norma?

2. ¿Se dispone del personal necesario? ¿El personal con el cual se cuenta está suficientemente preparado para enfrentar la ejecución de la nueva norma?

vi) Cumplimiento de las directrices de técnica legislativa

¿Se presenta el texto de norma propuesto como entendible sus usuarios? ¿Cumple con las reglas contempladas en las directrices de técnica legislativa?

vii) Grado de Efectividad

1. ¿Cuál es el posible grado de comprensión y aceptabilidad de la norma por parte de sus destinatarios? Es decir, los administrados y los administradores o ejecutores.

2. ¿Cuál es el grado e probabilidad de alcanzar el objetivo y la finalidad perseguida por la norma?

B. Directrices sobre la forma y estructura de los actos o instrumentos normativos (incluye tanto leyes en sentido formal como actos administrativos de carácter general y contenido normativo)

Estructura del acto normativo:

1. Fórmula Introductoria: Contiene la indicación del órgano que dicta el acto normativo.

2. Preámbulo: Contiene una brevísima narración del objetivo y las finalidades que se persiguen con la norma, más referencia a sus antecedentes (las lagunas o distorsiones jurídicas que pretende enmendar). Se evitarán, en todo caso, declaraciones encaminadas a hacer proselitismo político.

Por “objetivo” se entiende la descripción de la situación (meta final) que se pretende alcanzar a través de la norma (Ejemplo: “aumentar el bienestar social”, “reducir la inflación”). Por “finalidad” se entiende el o los cambios que el creador de la norma pretende que se produzcan como consecuencia de su implementación (Ejemplo: “establecer incentivos fiscales a la creación de puestos de trabajo”, “incrementar las prestaciones sociales”).

En lo posible se evitará el uso del preámbulo. Deberá restringirse su utilización a las leyes de: desarrollo constitucional; bases; alcance institucional; carácter solemne; contenido técnico o científico muy especializado; regulaciones novedosas o de modificación radical de normas anteriores o excepción en relación a leyes vigentes.

3. Título: Indica el número correlativo correspondiente al año en curso; la clase de norma de que se trata; el contenido general; el objeto de la norma y su fecha (Ejemplo, “Ley 3/10 de septiembre de 1991, Ley orgánica de…)”. Este título se llama “título completo” cuando la norma cuenta con un “título corto” (el cual se define más adelante).

a) Número Correlativo: Las normas deben numerarse cada año en forma consecutiva según el orden de su promulgación (en el caso de las leyes en sentido formal); de su aprobación por el Presidente en Consejo de Ministros (en los decretos-leyes y los decretos reglamentarios); o de su aprobación por el órgano competente (en el caso de los actos administrativos generales de contenido normativo distinto a los últimos instrumentos citados). Corresponde una numeración independiente para cada clase.

b) Clase: La clase se indica mediante las expresiones “ley”, “decreto-ley”, “reglamento”, “resolución”, “instrucciones”, “instructivo”, según corresponda. En el caso de que se trate de leyes orgánicas se indicará así.

c) Contenido y Objeto: La indicación del contenido y objeto de la norma se hace en forma precisa y completa, pero también breve y concreta. Debe identificar y diferenciar la norma de otras, sin incluir referencias a las regulaciones contenidas en el instrumento (por ejemplo, debe evitarse “Ley del Instituto”). Las excepciones son cuando se trata de leyes modificativas, códigos o estatutos en los cuales se debe indicar tal carácter; las leyes “parciales” que sólo regulan un sector de la materia; las normas cuya regulación contiene terminología del Derecho Económico (“autorización” para celebrar una operación de crédito público); y las leyes que tengan por objeto la “concesión de una prórroga” cuando se trata de un instrumento que tenga por objeto extender la vigencia de una norma concebida en principio, por un período limitado de tiempo. Cuando se trata de leyes modificativas se debe igualmente señalar el número de la modificación y la ley modificada (“Ley 3/24 de mayo de 1992. Según modificación de la Ley…”).

d) Fecha: La fecha de las leyes en sentido formal será la de su promulgación. La fecha de los actos administrativos de carácter general y contenido normativo y de los decretos-leyes es la de su aprobación por el órgano que los dictó.

4. Disposiciones Directivas: Son las regulaciones que encuadran o definen el marco en el que se aplican las disposiciones sustantivas. Se sitúan en los primeros artículos e indican breve y concisamente el título corto, si lo hay; la finalidad de la norma; la competencia en cuyo ejercicio se dicta la norma; el ámbito de aplicación del instrumento normativo, y el conjunto de definiciones de ser esto último necesario. Si la norma contiene preámbulo no se repetirán los temas ya tratados. La indicación “disposiciones directivas” se sitúa en el margen izquierdo de la línea superior a la cual del texto correspondiente.

a) Título corto: Se forma con la indicación de la “clase” de instrumento de que se trate; la indicación de ser orgánica, estatutaria, codificativa o modificativa de ser el caso y una brevísima alusión al elemento más importante del objeto de la norma. Este objeto será, lógicamente, la parte resaltante del título completo de esa norma. El título corto se utiliza cuando el título completo resulta difícil de memorizar. Debe indicarse en el artículo que consagre el título corto: “Esta ley también podrá citarse como…”.

b) Ámbito de aplicación: Se indican las condiciones y circunstancias básicas dentro de las cuales se aplican las disposiciones sustantivas, desde el punto de vista subjetivo, objetivo, geográfico, temporal y normativo. (Ejemplos: “La materia se rige única y exclusivamente por esta ley en la medida en que no esté dispuesto en la Ley…” o “Esta ley rige para… siempre que se encuentren en… y dentro del período comprendido entre… y…”.

5. Disposiciones sustantivas: Contienen el desarrollo de las decisiones o regulaciones cuyo marco fue definido en las disposiciones directivas, así como las excepciones a tales decisiones o regulaciones. Constituye el cuerpo principal del acto normativo. El orden interno de las disposiciones sustantivas es: parte sustantiva propiamente dicha (normas organizativas; normas prescriptivas de derechos, obligaciones, prohibiciones o limitaciones); infracciones, sanciones y procedimientos. (Por razones de sistematización se incluyen en las “disposiciones sustantivas” las normas de procedimiento que normalmente son conocidas como “normas adjetivas”). La indicación “Disposiciones sustantivas” debe colocarse en el margen izquierdo de la línea superior a la del texto correspondiente.

6. Parte Final: Está compuesta por las disposiciones adicionales, transitorias y finales propiamente dichas. Se debe señalar en el margen izquierdo de la línea superior del artículo que corresponda, que se trata de la parte final.

a) Disposiciones adicionales: Incluyen, en este orden:

a.a) Los regímenes jurídicos (territoriales, personales, económicos o procesales) especiales (no excepcionales) que no puedan situarse en las disposiciones sustantivas.

a.b) Los mandatos o autorizaciones no dirigidos a la producción de normas jurídicas, y

a.c) Los preceptos residuales de imposible inclusión en otro lugar de la norma.

Los regímenes jurídicos especiales se configuran por situaciones jurídicas diferentes a las reguladas con carácter general en la parte sustantiva, pero que no cuentan con la entidad suficiente como para formar un artículo o capítulo de la parte dispositiva. Aun cuando es un régimen especial, el objeto de su materia debe guardar relación con el objeto general de la ley.

Los regímenes jurídicos especiales no son ni casos excepcionales a la regulación general contenida en un artículo ni una norma que se limite a fijar el ámbito de aplicación de la ley. En el primer caso de las excepciones éstas se sitúan inmediatamente después de la regla general en las disposiciones sustantivas y en el segundo caso las normas que delimitan el ámbito de aplicación se ubican en las disposiciones directivas.

Los mandatos de contenido no normativos, como por ejemplo artículos que se refieren a informar o a la necesidad de presentar un plan de gestión de un servicio público, deben indicar el plazo dentro del cual el mandato o el acto autorizado se producirán.

Los preceptos residuales son la única categoría cuyo contenido es relativamente abierto. Sin embargo, esta apertura no es total sino relativa en el sentido que allí no podrá ponerse todo lo que el legislador pretenda sino solamente las normas referidas a la materia objeto de regulación que, no siendo posible ubicar en el articulado dispositivo, sean necesarias para la comprensión global del tema tratado.

b) Disposiciones Transitorias: Son los preceptos que regulan de forma autónoma situaciones jurídicas previas o pendientes (derecho transitorio material). Incluyen en este orden:

b.a) Los preceptos que regulan el régimen jurídico aplicable a las situaciones jurídicas previas a la ley, bien declarando la aplicación de la nueva, bien declarando la pervivencia de la ley antigua, bien estableciendo un régimen transitorio distinto del establecido en ambas leyes.

b.b) Los preceptos que para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma regulan de forma autónoma y provisional situaciones jurídicas que se produzcan después de la entrada en vigencia de la nueva ley y,

b.c) Los preceptos que para facilitar la aplicación definitiva de la nueva norma declaran la ultractividad de la norma antigua para regular algunas situaciones jurídicas producidas después de la entrada en vigencia del nuevo instrumento.

Las reglas transitorias deben precisar su ámbito de aplicación material y temporal. No se deben utilizar fórmulas genéricas como “se respetarán los derechos adquiridos”, por ser ambiguas.

c) Disposiciones Finales: Incluyen cláusulas de salvaguarda de disposiciones normativas o de competencias ajenas; normas sobre supletoriedad; mandatos y autorizaciones dirigidas a la producción de normas jurídicas (habilitaciones para el desarrollo reglamentario, mandatos de presentación de proyectos de ley, por ejemplo); reglas sobre la entrada en vigor del instrumento normativo y la finalización de su vigencia; cláusulas de derogación y modificación del derecho vigente, cláusula de promulgación y anexos, si los hubiere.

c.a) Las cláusulas de salvaguarda de disposiciones normativas o de competencias ajenas implican la enumeración de instrumentos generales o disposiciones concretas que no deben entenderse derogadas, pero las cuales pudieran considerarse derogadas por el intérprete de no existir esta cláusula de salvaguarda.

c.b) El régimen de supletoriedad no tendrá que incluirse en todas las normas. Será especialmente importante en aquéllas de carácter regional que tienen como derecho supletorio al estatal en lo que este último no contradiga al primero, puesto que las cláusulas de supletoriedad constituyen uno de los mecanismos a través de los cuales se integra la nueva ley al ordenamiento jurídico vigente. En los casos en que sea necesario incorporar normas supletorias, se debe indicar específicamente cuáles serán las disposiciones que tendrán dicho carácter.

c.c) Los mandatos y autorizaciones dirigidos a la producción de normas jurídicas se basan en los siguientes principios:

_ En materias reservadas a la ley en sentido formal, es necesaria la habilitación reglamentaria. En estos casos, la ley establece con precisión el ámbito material y los principios y criterios en los cuales se basará el futuro reglamento.

_ En las materias no reservadas a la ley se evitarán las habilitaciones genéricas, pues son innecesarias, ya que de acuerdo con el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde al Presidente de la República:

Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:

…8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.

Artículo 203. …Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.

Las habilitaciones reglamentarias en las materias no reservadas a la ley se utilizan sólo cuando el legislador impone condiciones concretas al ejercicio de la potestad reglamentaria. Por ejemplo, indicaciones si el reglamento debe ser de ejecución o de desarrollo; si el legislador quiere concretar las materias a las que deberá ceñirse el reglamento del Gobierno; o si la atribución de la competencia para dictar el reglamento le es atribuida a un ente distinto al Presidente de la República.

c.d) La entrada en vigencia se determina indicando el día, mes y año en que haya de tener lugar. A menos que razones excepcionales (evitar vacíos legales, especulaciones, etc.) lo aconsejen, lo recomendable es dar un margen de varios días, al menos, entre el momento en que la norma se publica y aquél de su entrada en vigencia. La razón de este margen es permitir el conocimiento material de la norma por parte de sus destinatarios y la instrumentación de las medidas necesarias para su aplicación por parte de los administradores. Sólo se indica la entrada en vigencia de una norma en relación a su publicación en los casos de vigencia inmediata.

En el caso de leyes temporales se indicará el día, mes y año o bien la circunstancia que marcará la derogatoria del instrumento normativo.

c.e) En las disposiciones derogatorias se incluyen las cláusulas de derogación, las cuales deberán ser expresas en cuanto a que indican las normas de igual o inferior rango que quedan derogadas. No deben incluirse disposiciones derogatorias genéricas ni dejar indeterminado el objeto de la derogación.

c.f) Según el artículo 215 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “La ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”.

c.g) Anexo o inventario: El anexo se coloca al final del proyecto de acto normativo. De haber varios, se numeran en números romanos. En todo caso, cada anexo debe llevar un título descriptivo de su contenido. Las remisiones de la parte dispositiva a los anexos deben ser precisas.

i) División del instrumento normativo

El artículo es la unidad básica del instrumento normativo. La ley en sentido formal se puede dividir en libros, éstos en títulos y así sucesivamente en capítulos, secciones y artículos. Los decretos leyes y las normas secundarias se pueden dividir en capítulos, secciones y artículos. El orden descendente no puede ser alterado para dar paso a una unidad de división omitiendo alguna intermedia, pero no necesariamente hay que comenzar la división con la unidad más general “libros”, sino que se puede comenzar con “capítulos” por ejemplo. La excepción a la regla anterior son las secciones, pues los capítulos pueden estar divididos bien en secciones y éstas en artículos o bien directamente en artículos.

1. Uso de las divisiones: La división en libros sólo se utiliza para las leyes muy extensas que traten de recopilar o codificar una materia. La división en títulos se reserva para las leyes que tengan partes claramente diferenciadas, por ejemplo, una general y otra especial. La división en capítulos se utiliza por razones sistemáticas sin tomar en cuenta la extensión de la norma.

2. Numeración e identificación de las divisiones: Los libros, títulos y capítulos se numeran en números romanos; las secciones en ordinales arábigos. Los artículos se numeran en cardinales arábigos, con excepción de si se trata de leyes modificativas, en las cuales los artículos del texto marco (donde se señalan las disposiciones que se modifican) se identifican con ordinales escritos en letras. De haber un solo artículo se identifica como “artículo único”.

La indicación “libro”, “título”, “capítulo”,”sección” o “artículo”; su respectiva numeración; así como su título (indicación concisa y completa del contenido o materia a que la unidad de división de que se trate se refiere) deben ir al comienzo de las regulaciones contenidas en cada unidad de división. En el caso de los libros, títulos, capítulos y secciones, las indicaciones de su denominación, numeración y título se ubican centradas en el texto. Para los artículos, las anteriores indicaciones se sitúan en el margen izquierdo de la línea superior a la del texto del artículo correspondiente. La numeración de los artículos es sucesiva y no se interrumpe con el pase de una unidad de división a otra.

3. División de los artículos: Los artículos pueden ser divididos en párrafos. Si el artículo está compuesto de dos párrafos éstos no llevarán indicación adicional alguna. Si el artículo está dividido en más de tres párrafos, a partir del segundo deben enumerarse como “parágrafo primero”, “segundo”, etc. Un artículo no debe tener más de cuatro párrafos.

4. División de los párrafos: Cuando haya necesidad de dividir un párrafo, las divisiones van precedidas por letras minúsculas ordenadas alfabéticamente. No debe llevarse la división de un artículo a unidades más pequeñas que éstas.

Cuando se divida un párrafo se tendrá en cuenta las siguientes reglas de tabulación:

a) Los elementos que componen cada subdivisión deben versar sobre un tema o materia común.

b) Los elementos de la subdivisión deben estar tabulados en forma vertical. Se exceptúan la cláusula introductoria del párrafo y la cláusula que lo cierra, si la hay, las cuales sólo deben estar tabuladas verticalmente entre sí.

c) Cuando los elementos tabulados formen parte de una oración, cada elemento de la subdivisión comienza en minúscula y termina con un punto y coma. En este caso, el contenido de cada subdivisión debe coordinar gramaticalmente con la cláusula introductoria y con la cláusula final del párrafo. Las excepciones son el penúltimo elemento, el cual termina con las conjunciones “o” o “y”, según sea el caso, y el último elemento que, de no haber una cláusula de cierre, acaba con un punto y aparte.

d) Cuando el material tabulado es sólo una lista que sigue a una oración completa, cada elemento de la subdivisión empieza en mayúscula y termina con un punto.

ii) Contenido y estilo del acto normativo

1. Contenido del artículo: Se deben observar las siguientes reglas:

a) En la redacción de un artículo se trata lo general y luego lo particular; el caso normal y después el excepcional.

b) El criterio básico para la redacción de un artículo es: cada artículo, un tema; cada párrafo, una oración; cada oración, una idea.

2. Cualidades formales de los instrumentos normativos

a) Claridad expresiva: se utiliza el léxico común siempre que sea posible; si es necesario usar términos técnicos se los definirá; se mantendrá el mismo término para el mismo significado, sólo si se busca cambiar el sentido se modificará el término; se evitará el uso de neologismos y el de eufemismos.

b) Lógica interna: cada acto normativo debe estar referido a una materia: deben evitarse las modificaciones fugaces (reformas de varios instrumentos normativos a través de un solo texto de reforma) y las regulaciones parciales de una misma materia en varios textos jurídicos. Si por razones de oportunidad es conveniente regular al mismo tiempo materias directamente relacionadas entre sí deben elaborarse textos normativos distintos aun cuando su tramitación se produzca simultáneamente.

3. Leyes modificativas: Salvo que circunstancias excepcionales ameriten lo contrario, las leyes modificativas siguen en el desarrollo de su contenido el orden de la ley modificada. El texto marco (que indica las disposiciones que se modifican) debe indicar con claridad y precisión los datos de la parte que modifica y el tipo de modificación realizada (si se “suprime” o “agrega un párrafo”, etc). El texto modificado va en párrafos distintos, sangrado y entrecomillado y siempre separado del texto marco. Una ley modificativa no afectará simultáneamente a varios instrumentos normativos a menos que con ello se pretenda unificar la regulación hasta entonces dispersa de una misma materia.

4. Remisiones: Las remisiones a un artículo de la misma norma (remisiones internas) se hacen indicando el número del artículo, el párrafo y letra, por orden, del texto citado. No se usan al final de la cita términos como “de esta ley” pues se sobreentiende.

Cuando se hace una remisión a otras disposiciones normativas (remisiones externas) la primera vez que se cita se indica el título completo de la norma así como el número y fecha de la Gaceta Oficial donde fue publicado. Las veces sucesivas que se redacte la cita se utiliza el título corto de la norma citada, si existe, o el título completo caso contrario, pero sin especificar el número y fecha de la Gaceta Oficial cada vez.

Las remisiones a otros textos legales (remisiones externas) se hacen para evitar la repetición sistemática de normas contenidas en otras partes del ordenamiento jurídico. Sólo se recurre a la remisión de una a otra parte de la norma (remisiones internas) cuando éstas no puedan evitarse mediante una mejora en la sistemática del instrumento normativo. Las normas de remisión incluyen referencia precisa a la materia de que trata la norma a la cual se está haciendo la remisión y no sólo el número del artículo que se remite. Por ejemplo “será aplicable a…(nombre de la institución) el artículo…de la ley…”. No son convenientes las remisiones genéricas (“en tanto lo permita…”).

5. Alcance formal de la regulación: Deben tratar de reducirse los detalles, (sobre todo procedimentales) excesivos, especialmente cuando se trata de leyes en sentido formal. Los reglamentos y las normas administrativas de rango inferior, son los instrumentos idóneos para estos detalles, sin perjuicio de lo cual no puede exagerarse al máximo este principio y desbordar la legislación subordinada de detalles y supuestos casuísticos innecesarios. El procedimiento que debe seguir el destinatario de la norma (bien el administrado, bien el administrador) debe tratar de simplificarse lo más posible, sin vulnerar por ello el principio de seguridad jurídica.

GUIA ADMINISTRATIVA DE TRANSICIÓN. NORMATIVA INTERNA DE PDVSA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL (EPS) Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS BRIGADAS PRODUCTIVAS SOCIALISTAS

1. OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos para la promoción, desarrollo y fortalecimiento de las Empresas de Propiedad Social (EPS), así como la creación e inserción laboral de las Brigadas Productivas Socialistas, ambas figuras constituidas, registradas y autorizadas por las comunidades organizadas a quienes PDVSA, Filiales, Divisiones y Negocios, coadyuvarán a brindar oportunidades en los procesos operacionales, servicios y suministros demandados por la Industria Petrolera.

2. ALCANCE

Esta normativa es aplicable a cualquiera de los entes que intervienen en los procesos de contratación, a través de sus Unidades o Gerencias Contratante, Comisiones de Contrataciones, Funciones Asesoras y demás instancias de aprobación de PDVSA, sus Filiales y Empresas Mixtas.

3. VIGENCIA

Esta guía administrativa de transición tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación hasta la publicación de la nueva versión del Manual Corporativo de Contratación de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus Filiales.

4. MARCO LEGAL DE LAS EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL Y BRIGADAS PRODUCTIVAS

El soporte jurídico de la figura de Empresas de Propiedad Social está contenido en el Decreto N° 6.130 con rango, valor y fuerza de ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.890 de fecha 31/07/2008). En tal sentido, el Artículo 9º del citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley define esta forma de Organización Socio productiva con las variantes siguientes.

4.1. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA O COMUNAL: Unidad productiva ejercida en un ámbito territorial demarcado en una o varias comunidades, a una o varias comunas, que beneficie al colectivo, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad.

4.2. EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL INDIRECTA: Unidad productiva cuya propiedad es ejercida por el Estado a nombre de la comunidad. El Estado progresivamente podrá transferir la propiedad a una o varias comunidades, a una o varias comunas, en beneficio del colectivo.

5. BRIGADAS PRODUCTIVAS SOCIALISTAS

Son Unidades Productivas organizadas por las Comunidades y/o Misiones Gubernamentales en oficios Socio Productivos, cuyos excedentes están dirigidos a Fondos Sociales, siendo estas unidades capaces de generar bienes, obras, y servicios, dirigidos a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y que dadas sus destrezas igualmente pueden optar a prestar servicios en PDVSA y Entes Públicos. Estas Unidades Productivas serán organizadas, autorizadas y registradas por los Consejos Comunales y/o Misiones Gubernamentales de origen. PDVSA igualmente ejercerá registros y controles sobre las mismas.

Desde su origen las Brigadas Productivas Socialistas han proclamado su vocación por el trabajo voluntario nacional e internacional, la solidaridad y el apoyo a los sectores más desasistidos de las comunidades, como una forma de prefigurar el modelo de relaciones de producción y de intercambio en una sociedad que pretenda incluir a todos sus ciudadanos.

6. COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Definición según la Ley de Contrataciones Públicas: Son todos aquellos acuerdos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con: 1. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario. 2. La creación de nuevos empleos permanentes. 3. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad. 4. Venta de bienes a precios solidarios o al costo, 5. Aportes en dinero o especies a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro. 6. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del órgano o ente contratante.

Definición según el Programa de Empresas de Producción Social de Petróleos de Venezuela, S.A.: En PDVSA y sus Filiales, el Compromiso de Responsabilidad Social es un acto voluntario de las empresas que manifiestan su voluntad en participar o son invitadas a participar en los procesos de contratación para el suministro de bienes muebles, la ejecución de obra o la prestación de servicios comerciales o profesionales, dado que declaran y aceptan cumplir con el Programa EPS y los elementos que lo integran, incluido dentro de los Pliegos de Condiciones, según corresponda, para satisfacer las necesidades de las comunidades y contribuir a su desarrollo integral.

El Compromiso de Responsabilidad Social del Programa EPS comprende las siguientes condiciones:

1. Realizar aporte al Fondo Social de PDVSA

2. Desarrollar, acompañar o apalancar EPS

3. Formar consorcio, alianza y asociación con EPS

4. Contribuir al Desarrollo de Unidades de Producción Comunitarias (UPC)

Las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas que contraten con PDVSA, suscribirán en forma directa el Programa EPS de PDVSA, por tanto serán sujetos del Descuento para el Fondo Social, de conformidad con la Guía específica que rige la materia, al tiempo que podrá exigírseles el cumplimiento de las otras condiciones, dependiendo de la complejidad y cuantía del proceso de que se trate.

7. UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS (UPC)

Unidades dedicadas a la producción de bienes muebles, ejecución de obras y prestación de servicios, en las cuales su producto satisface necesidades humanas fundamentales de los integrantes de las comunidades, de forma solidaria, transparente y corresponsable; en las que se practica una coordinación voluntaria de las actividades distributivas, se ejerce una toma de decisiones de forma sustantivamente democrática y se desarrollan a plenitud las energías y actitudes creadoras del pueblo. Pueden ser consideradas un tipo particular de Empresas de Propiedad Social (EPS) y constituyen una figura desarrollada en el Programa sobre el Compromiso de Responsabilidad Social de PDVSA. La presente Guía, subsumirá el concepto de Unidades Productivas Comunitarias en el concepto Empresas de Propiedad Social.

8. PRINCIPIOS GENERALES

Las Empresas de Propiedad Social y las Brigadas Productivas Socialistas deberán recibir de PDVSA y Entes Público el mayor apoyo para su inserción en los procesos operativos, considerando que representan modelos productivos alineados con la concepción de una economía Socialista y de amplia participación popular, por tanto su contratación se realizará con especial prioridad, respetando los principios de: economía, transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia y publicidad. En este sentido, las Unidades Contratantes de PDVSA planificarán debidamente para identificar oportunidades de inserción operativa a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas.

La Gerencia de Contratación conjuntamente con las Gerencias Regionales de EPS (GREPS) de cada Área, División, Negocio y/o Filial, coordinarán con los Consejos Comunales los asuntos inherentes a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas.

9. ESQUEMA DE CONTRATACIÓN PARA EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL Y BRIGADAS PRODUCTIVAS SOCIALISTAS

Como parte de la Planificación, las Gerencias Contratantes de PDVSA, identificarán aquellos procesos y actividades factibles de ser atendidos a través de las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, y conjuntamente con las Gerencias de Contratación y Gerencias Regionales de EPS, coordinarán las actividades siguientes:

9.1. Con base en Programa Anual de Contratación se planificarán las actividades que igualmente permitan la creación e inserción operacional de Empresas de Propiedad Social y de las Brigadas Productivas Socialistas.

9.2. Las Gerencias Regionales de EPS, coordinarán las propuestas específicas que podrán manejarse bajo la Modalidad de Selección: Contratación Directa, mediante el debido Acto Motivado, aprobado por la máxima autoridad del Ente Contratante.

9.3. Los Comités de EPS (CODEPS) Regionales, con el apoyo de las Gerencias Regionales de EPS, velarán por la existencia de una adecuada planificación para

Asignar actividades a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas.

9.4. Las Gerencias Contratantes tendrán delegados los procesos de Contratación Directa para Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, hasta 2.500 Unidades Tributarias (UT) para Bienes y Servicios y hasta 10.000 UT para Obras.

9.5. Conforme a los principios rectores que regulan los procesos de contratación, se deberá prestar especial atención al concepto de planificación, para asegurar que exista identificación precisa de todas las actividades a ser contratadas, con el propósito de cumplir oportunamente con las metas y objetivos operacionales establecidos. Esta acción facilitará la identificación de oportunidades para las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas. Para ello, debe promoverse la utilización de homologación de partidas normalizadas, estandarización de especificaciones técnicas, modelos de pliego de condiciones y modelos de contratos, particularmente para la contratación de actividades contratadas con frecuencia (recurrentes), considerando además dentro de éstas, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en contrataciones previas (Art. 2 LCP).

Con base en lo anterior, las Unidades o Gerencias Contratantes deben optimar el control y seguimiento de la ejecución de las actividades contratadas, de manera de poder anticiparse a los vencimientos de contratos, minimizando las modificaciones excesivas de éstos para su ejecución en tiempo y monto.

9.6. Las Unidades o Gerencias de Contratación de Finanzas del Área, División, Negocio y/o Filial harán seguimiento y establecerán control sobre la programación anual de contrataciones, preparada oportunamente por las Unidades o Gerencias Contratantes, para asegurar su ejecución y cumplimiento trimestral con base en el sumario de contratos otorgados y los cronogramas de contratación (plan vs. real) establecidos y acordados.

9.7. Se Podrá establecer Alianzas o Consorcios con Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, a los fines de fortalecerlas administrativa, técnica y tecnológicamente, permitiendo incrementar el Valor Agregado Nacional de la Oferta y complementar la capacidad productiva con la una mayor inserción directa de estas empresas en la solución de necesidades vinculadas a las áreas operacionales del sector petrolero, minimizando por ende la subcontratación. Se entenderá por Alianzas/Consorcios, a las agrupación o asociación de varias Contratistas o Consultores para el suministro de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios comerciales o profesionales, que conste en un documento formal autenticado por ante un Notario Público, donde se señalen los aportes, responsabilidades de cada una de las empresas que constituyen la alianza o consorcio, así como la mención expresa de la responsabilidad solidaria de todas las empresas ante PDVSA y sus Filiales.

10. OPORTUNIDADES PARA LA INSERCIÓN DE LAS EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL Y BRIGADAS PRODUCTIVAS SOCIALISTAS EN PDVSA

10.1. Los trabajos de mediana y baja destreza son susceptibles de ser planificados para asegurar la inserción de las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas en operaciones de la industria petrolera y sus procesos productivos en las Filiales Sociales. Al efecto, las Gerencias Contratantes de PDVSA y Filiales, deben planificar el otorgamiento a las referidas modalidades alternativas, alta prioridad en actividades tales como Mantenimiento Menor, que incluye, Albañilería, Plomería, Electricidad, Pintura, Impermeabilización, Control de Malezas y Áreas Verdes, Servicios de Recolección de Desechos y Limpieza, entre otros. Adicionalmente, pueden asignarse a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, actividades tales como traslado de personal, Saneamiento Ambiental, Operaciones de Gas Comunal, Operaciones de Gas Vehicular, Producción de Alimentos para PDVAL.

10.2. Considerando que la construcción de viviendas para los sectores más desasistidos de las comunidades, y el mantenimiento de infraestructuras educativas, deportivas y operativas es de fundamental importancia, PDVSA a través de los CODEPS, Gerencias Contratantes y Gerencias Regionales de EPS, coordinará con los Consejos Comunales la constitución de Empresas de Propiedad Social y de Brigadas Productivas Socialistas para la construcción, mantenimiento y reparación de infraestructuras, tanto del Sector Petrolero como de la comunidad, con énfasis especial en la fabricación de bloques e insumos para edificar viviendas, así como el acopio de materias primas necesarios para los procesos de construcción civil.

11. REGISTRO DE EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL Y BRIGADAS PRODUCTIVAS SOCIALISTAS

Incluye responsabilidades a cargo de los Consejos Comunales y Responsabilidades propias de PDVSA, a saber:

11.1. REGISTRO EN LOS CONSEJOS COMUNALES

Los Consejos Comunales y Misiones Gubernamentales organizarán, autorizarán y registrarán a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, e informarán a PDVSA a través de un Memorándum, dirigido a las Gerencias Regionales de Contratación de PDVSA, con copia a las Gerencias Regionales de EPS, en el cual se indicará el nombre y objeto de la Unidad Productiva de que se trate; asimismo se identificarán los nombres y Cédula de Identidad de los integrantes en las Empresas de Propiedad Social o Brigada Productiva Socialista. La Gerencia de Contratación de PDVSA en cada Región, conjuntamente con las GREPS y Unidades Contratantes incluirán en el Pánel de Contratistas, EPS y Brigadas Productivas Socialistas, a las nuevas Unidades Productivas debidamente autorizadas por los Consejos Comunales. Se entenderá en este caso, que el nivel adecuado para autorizar a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, corresponde al Presidente del Consejo Comunal de origen de la Unidad Productiva o al Presidente de la Misión Gubernamental de origen.

11.2. REGISTRO EN PDVSA

El Registro de EPS (REPS) Es un sistema interno de Petróleos de Venezuela S.A., complementario al Registro Nacional de Contratistas (RNC), adscrito al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), que tiene por objeto recibir, organizar y centralizar la información suministrada por las empresas que manifiesten su voluntad de suscribirse al Programa EPS, y suministrar a los Entes, Unidades o Gerencias Contratantes de la Filial, información en forma oportuna y confiable sobre la calificación legal, financiera y clasificación de su especialidad de cada una de ellas. Este sistema coexiste con el Registro Auxiliar de Contratistas (RAC) de PDVSA a los fines de formalizar e inscribir en el RNC a las empresas que lo soliciten.

PDVSA habilitará campos específicos en el Registro REPS para inscribir a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, entendiéndose que la denominación de EPS, queda reservada exclusivamente para designar a las Empresas de Propiedad Social. Los Administradores del Registro REPS establecerán los ajustes necesarios para que las Cooperativas sean reclasificadas bajo esa condición en campos distintos al utilizado para el registro de las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas.

12. ANTICIPOS

12.1. La Unidad o Gerencia Contratante determinará, de acuerdo con la disponibilidad financiera para la contratación el otorgamiento de anticipos, considerando entre otros aspectos: el tipo de anticipo (regular o especial), el tipo de Unidad Productiva, Empresa de Propiedad Social o Brigada Productiva ubicadas en el país, las características particulares para la ejecución de la obra, prestación de servicios o suministro de bienes, como mecanismo de apalancamiento y promoción de las Empresas de Propiedad Social, Brigadas Productivas y otras formas asociativas Comunitarias; así como obtener ventajas financieras, operacionales y tecnológicas para asegurar la disponibilidad inmediata de equipos y materiales necesarios para la ejecución del objeto del contrato. Todo ello, con base en el cronograma de ejecución y el perfil de desembolsos establecido para el contrato.

12.2. La Unidad o Gerencia Contratante deberá establecer el porcentaje aplicable al anticipo, en caso de ser procedente, en el pliego de condiciones, especificando el tipo de anticipo, la garantía y su forma de recuperación. Se podrá otorgar anticipo preferentemente para capital de trabajo, el cual contempla aspectos, tales como: adquisición de materiales, movilización y trabajos preliminares, equipos de largo tiempo de entrega, que permitan agilizar la ejecución de los trabajos objeto del contrato, así como obtener ventajas estratégicas, económicas y operacionales para su ejecución (Arts. 99, 104 y 105 LCP).

12.3 La Unidad o Gerencia Contratante deberá tomar en cuenta varios aspectos, para determinar la procedencia o no de anticipo en una determinada contratación, tales como: disponibilidad de flujo de caja de PDVSA, efectos sobre la economía general del país de bajos precios petroleros, naturaleza de la contratación, disponibilidad en el mercado de Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas contratistas con capacidad de pago, para así asegurar el otorgamiento de anticipos a Unidades Productivas que cuenten con las garantía suficientes, en función a las fianzas y record de anticipos previamente otorgados.

13. CONVERSIÓN DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL Y COOPERATIVAS A EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL

13.1 Las Áreas, Divisiones, Negocios y Filiales de PDVSA, como parte del desarrollo y consolidación de formas avanzadas y preponderantes de la Propiedad Social, practicarán análisis y evaluaciones permanentes de las diversas organizaciones que operan para la industria, identificarán sus especialidades y clasificarán sus experticias en Alta, Mediana y Baja complejidad. Con base en estas evaluaciones, propondrán planes específicos de conversión a Empresas de Propiedad Social.

13.2 Igualmente las Gerencias Contratantes de PDVSA, en aras de fortalecer las Formas de Propiedad Social, podrán promover la constitución de Brigadas Productivas Socialistas, dirigidas a cubrir actividades operacionales continúas y permanentes, de manera de asegurar la sustentabilidad de estas nuevas unidades productivas. Estas organizaciones, asimismo se constituirán en articulación con los Consejos Comunales y las Gerencias Regionales de EPS (GREPS),

13.3 Las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas que se constituyan deben articularse estrechamente con los Consejos Comunales, de manera que cada nueva Unidad Productiva, este disciplinada y sistemáticamente controlada desde su origen, y que este orden facilite canalizar excedentes hacia los Fondos Sociales Comunitarios, para el cumplimiento de sus fines propios

14. FONDO DE FINANCIAMIENTO

14.1. Constituido por Resolución de la Junta Directiva de PDVSA, con un monto semilla de 100 millones de dólares y administrado mediante un fideicomiso operado por la Tesorería Corporativa de PDVSA. Dicho monto ha estado destinado al fortalecimiento y consolidación de formas de propiedad alternativas al capitalismo; por tanto los recursos de este fondo podrán orientarse al otorgamiento de créditos recuperables a las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas. Estos créditos recuperables, serán concedidos en condiciones especiales, que les permitan su capitalización mediante la dotación de infraestructura, la adquisición de bienes de capital, el acceso a tecnologías, la capacitación de recursos humanos, adiestramiento, capital de trabajo, entre otros, hasta que alcancen su autonomía económica y mejoren su eficiencia operacional.

14.2. La Presidencia de PDVSA es el máximo Nivel de Autoridad, para aprobar la movilización de los recursos del Fondo de Financiamiento de EPS, y asimismo tiene potestad para autorizar la adquisición de bienes, construcción de obras y prestación de servicios que podrán cederse a las comunidades, bajo la forma de la propiedad indirecta, hasta que existan condiciones para la completa cesión de la propiedad a las comunidades beneficiarias de esos Activos.

15. FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL Y BRIGADAS PRODUCTIVAS SOCIALISTAS

Las Gerencias Contratantes en Coordinación con las Gerencias Regionales de EPS y el INTEVEP, planificarán y prepararán los programas de formación y adiestramiento de las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas. Las propuestas de formación y adiestramiento, deberán incluir tanto los aspectos técnicos necesarios para cubrir brechas y completar destrezas técnicas, como programas de contenido socio político dirigido a modelar la formación del ciudadano de la patria socialista.

16. RECAUDOS PARA EL REGISTRO EN PDVSA DE LAS EMPRESAS DE PROPIEDAD SOCIAL Y DE LAS BRIGADAS PRODUCTIVAS SOCIALISTAS

Considerando Que las Empresas de Propiedad Social y las Brigadas Productivas Socialistas constituyen formas organizativas de la producción comunitaria, que avanzan en la vía del desarrollo y consolidación de la Propiedad Social como forma preponderante, se entenderá que los recaudos a solicitar a estas unidades productivas alternativas deben ser aquellos estrictamente necesarios para su registro y control, con vistas a su perfeccionamiento técnico y mejoramiento de su capacidad de respuesta frente a la demanda de PDVSA y de las comunidades de origen. Al efecto, los recaudos requeridos, para el Registro REPS de PDVSA, par las Empresas de Propiedad Social y Brigadas Productivas Socialistas, son los siguientes:

16.1. Constancia emitida por el Consejo Comunal o la Misión Gubernamental de origen, confirmando la acreditación de la Empresa de Propiedad Social y/o Brigada Productiva Socialista para trabajar con PDVSA y sus Filiales. En esta constancia debe enfatizarse el objeto y especialidad de la Empresa de Propiedad Social y/o Brigada Productiva.

16.2. Planilla de Solicitud y/o Actualización obtenida del Sistema del Registro de EPS.

16.3. Acta de asamblea Extraordinaria de Accionistas o Asociados debidamente Registrada, en la cual se exprese, el Carácter Social de la propiedad, adscrita a un Consejo Comunal específico. En esa Acta debe manifestarse la voluntad de acogerse a los Programas Sociales y condiciones de EPS, establecidos por PDVSA.

16.4. Copia simple del Acta Constitutiva, últimas modificaciones estatutarias y copia de la Cédula de Identidad de cada integrante de la E