Leer Ensayo Completo Garantias De Igualdad

Garantias De Igualdad

Imprimir Documento!
Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 2.196.000+ documentos

Categoría: Temas Variados

Enviado por: tolero 13 mayo 2011

Palabras: 8795 | Páginas: 36

...

do donde establecían diferencias entre unos grupos y otros; donde el rey los nobles encargados de la tierra y ganado formaban un consejo, y donde el pueblo (campesinos y artesanos)

I CONCEPTO DE IGUALDAD

Según el diccionario de la lengua española, la palabra “igualdad”, derivada del latín aequalitas,-atis significa “conformidad de algo con otra cosa en la naturaleza, forma calidad o cantidad” así como “correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo”. Ahora bien, el propio diccionario refiere a la igualdad ante la ley, y señala que es el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos”.

El tema de las garantías individuales implica relacionar la igualdad con la ley. Igualdad contenida en varios artículos de la constitución política de los estados unidos mexicanos, es una igualdad jurídica, que se traduce en el tratamiento igualitario que deben recibir las personas en determinada situación, regulada por los cuerpos normativos.

Entonces hablamos de “igualdad jurídica” como la posibilidad de que gozan las persona que se encuentran colocadas en un supuesto legal determinado de adquirir los mismos derechos y contraer las mismas obligaciones, es decir, de ser tratadas de la misma manera.

II CONCEPTO DE GARANTIAS DE IGUALDAD

Las Garantías de igualdad Puede ser definidas como el conjunto de disposiciones constitucionales que, sobre la base de que las personas deben ser tratadas de conformidad con la situación jurídica en que se encuentra, establecen derechos a favor de los individuos y, obligaciones a cargo del Estado, que se traducen en la imposibilidad de que este al ejecutar sus funciones, tome en cuenta características que entrañan un trato desigual para quienes se ubiquen en los supuestos contemplados por las leyes.la historia ha necesitado mantener la igualdad entre los hombres ante la ley se dedico a proteger con rango de Norma Suprema, la igualdad entre mexicanos.

Para poder convivir mediante el marco de las leyes y el rechazo a la discriminación tales como raza, sexo, o religión, el poder constituyente que aun en forma internacional tiene el poder de mantener la igualdad entre los regidos por la ley, atraves de reformas al texto constitucional, se han hecho reformas para las garantías que el hombre merece.

III ARTICULOS CONSTITUCIONALES QUE CONTIENEN LAS GARANTIAS DE IGUALDAD

En la vigente Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías de igualdad se encuentran consagradas en los artículos 1º., 2º.,aparatado b., 4º.;5º., 1er párrafo;., 12., 13 y 31, frac. IV.

El art. 1º. Señala que todos los individuos que se encuentran en los Estados Unidos Mexicanos gozan de las garantías que consagran la Constitución; es decir, establece el principio de igualdad legal para cualquier persona que se halle en el territorio de la República. Más aun, proscribe la esclavitud y la discriminación nacido de motivos étnicos, religiosos, políticos o de género, entre otros.

Por su parte, el apartado “B” del articulo2o. Constitucional aborda lo relativo a las condiciones de igualdad que deben privar en las comunidades indígenas; y las acciones que debe llevar a cabo el Estado para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier tipoi de discriminación.

En cuanto al art. 4º. Contiene una serie de seis derechos garantizados. En primer lugar, indica la igualdad jurídica, del varón y la mujer. Además, consagra el derecho a la salud a un medio ambiente adecuado ya que los niños cuenten con todos los elementos necesarios para su debido desarrollo.

El primer párrafo del artículo 5º. Consagra el libre ejercicio de cualquier comercio o industria de todas las personas sin distinciones basadas en nacionalidades, raza, sexo, etc.

Por otro lado, el artículo 12, uno de los pocos preceptos que no ha sufrido cambio alguno desde la expedición de la actual Código Político, impide la concesión de títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios.

Finalmente, el articulo13, defiende a la igualdad la prohibir el procesamiento por leyes privativas o tribunales especiales y al declarar abolidos los fueros, con la salvedad del militar.

Ahora bien, aun cuando la doctrina no suela situarla dentro de las garantías de igualdad, la fracción IV del art. 31 consagra el principio de equidad tributaria, que ha sido tratado profusamente por la jurisprudencia de Poder Judicial de la Federación, que lo ha llegado a considerar una garantía de igualdad.

IV LA GARANTIAS DEL ART. 1º CONSTITUCIONAL

Originalmente, el art. 1º. De la Constitución Política del Estado Unidos Mexicanos fue modificado en agosto del 2001, agregandole párrafos que mencionan lo siguiente:

Articulo 1º.- en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de la garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma establece.

Esta prohibida la esclavitud en Loes Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferente, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anula o menoscabar las libertades de las personas.

En este primer artículo constitucional se consagra el principio de igualdad que seria impensables se tolerara la existencia de la esclavitud y la discriminación, que los últimos dos párrafos del precepto prohíben terminantemente

IV.ITODO INDIVIDUO GOZA DE LAS GARANTIAS QUE OTORGA LA CONSTITUCION

EN SU PRIMER PARTE EL ARTICULO MENCIONADO ESTABLECE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. Al decir que”todo individuo gozara de la garantías contenidas en la Norma Suprema esto refiere a que ninguna persona ni aun los extranjeros para los que existen ciertas limitaciones que se encuentre en México se le negara las garantías individuales. La expresión “todo individuo” refiere no solo a personas físicas (aun privadas de la libertad) sino también a las morales, privadas como oficiales y de derecho Social, tales como organismos descentralizados.

La segunda parte del primer párrafo único que las garantías individuales solo se pueden restringir o suspender en los casos y con las condiciones que la propia Carta Fundamental establece. Las restricciones las garantías se puede ejemplificar con los dispuestos por los artículos 8º y 11 Constitucionales. El primero habla del derecho de petición que tienen las personas para realizarla ante la autoridad, de forma escrita y respetuosa; en lo político los extranjeros no pueden hacer uso de este derecho el art. 11., nos habla de la libertad de tránsito, y menciona que todo hombre puede entrar y salir de la República o viajar a través de ella sin requisito alguno; “el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades del Autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones impuestas por las leyes sobre inmigración, emigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

La suspensión de las garantías solo procede si se presenta alguna de las circunstancias previstas en el art. 29.constitucional, “en los casos de invasión perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Esta suspensión no puede decretarse en contra de un individuo en particular ni puede durar por tiempo indefinido.

El 26 de agosto de 1789 este art. Cobro importancia por el contenido en el articulo 1º constitucional “el principio de igualdad”, durante el s. XX, diversos instrumentos Internacionales tomaron el principio para darle validez universal así como, por ejemplo la célebre declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dispone en su artículo 1º .: “todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos y, dotados con stand de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Así el al artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, del 22 de noviembre de 1969 señala: “todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de ley”

IV.II PROHIBICION DE LA ESCLAVITUD

El segundo párrafo del artículo 1º Constitucional era el contenido del artículo 2º de la propia Ley Suprema hasta antes del 14 de agosto del 2001. Lo que este párrafo prohíbe es la existencia de la esclavitud de los Estados Unidos mexicanos a fin de no hacer nugatorio el principio de igualdad, que no puede considerarse vigente donde se permita la dominación de unos hombres sobre otros.

La palabra Esclavitud tiene excepciones:”estado de esclavo””sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación”. La esclavitud ahí sido regulada jurídicamente a través de los siglos dado que se ha concebido como una relación jurídica, en cuya virtud una persona pierde la calidad de tal para convertirse en una cosa, lo que la hace susceptible de pasar a formar parte de las propiedades de alguien más.

En si la esclavitud, consiste en ejercer un poder de dominio sobre una persona para efectos que no necesariamente han de entrañar ganancias económicas, pueden tener fines sexuales, por ejemplo. Por su lado, el esclavismo se presenta cuando el esclavo se considera un recurso indispensable para fines productivos. Para Aristóteles, el esclavo era un “instrumento animado”, tal como un animal pero a diferencia de este, era “eficaz”, el propio Estagirita veía en la esclavitud una cuestión determinada por la naturaleza:”el que siendo hombre no se pertenece a sí mismo, sino que es hombre de otro, ese es por naturaleza, esclavo. Y es hombre de otro y el que siendo hombre, es una posesión, y una posesión como instrumento activo y distinto. “incluso estimaba que el estado físico de cada cual suponía que unos fueran libres y otros, esclavos.

A partir del siglo II a. C., Roma se convirtió en una sociedad eminentemente esclavista, pues sus conquistas le permitieron adueñarse de múltiples esclavos, cuyo trabajo se convirtió en la base de la economía Romana. Esta situación implico que las leyes reguilaran minuciosamente la esclavitud. Como los esclavos eran normalmente maltratados, se produjeron revueltas como la encabezada por r el gladiador tracio Espartaco. Estas situaciones provocaron el surgimiento de una legislación proteccionista, complementada con el principio romano del favor libertis, pero ello no impidió que la institución continuara hasta que, durante el bajo Imperio, la falta de conquistas y la influencia del cristianismo causaran la desaparición de la tendencia a esclavizar a otros pueblos.

Al culminar el poderío romano, se sustituyeron las relaciones políticas entre el estado y ciudadanos por la vinculación personal entre señores y vasallos. Ello origino el feudalismo, sistema social, económico y político desarrollado en Europa entre los siglos IX y XII. El feudalismo partía de la relación de vasallaje y entre un señor y un vasallo. Esta relación se reproducía en todos los niveles de la sociedad feudal jerarquizada. En la cúspide figuraban el rey, el emperador y el papa. En la base las clases inferiores, campesinos, libres y siervos, en quienes recaía el peso de pagar impuestos. En los estratos intermedios estaban las clases nobles, caballeros y clérigos. Su economía basada en agricultura y ganadería, pues la inseguridad limitaba el comercio.

Más adelante, algunas potencias mundiales vieron en la esclavitud una forma de explotar las tierras, como lo hizo España con los naturales de América, los misioneros españoles proveyeron a que con el paso del tiempo, la corona dictara medidas proteccionistas a favor de los indios esclavizados. Con toda la esclavitud prevaleció hasta el comienzo de la Independencia de México en 1810 dando paso a una serie de acontecimientos y tratados que concluyen aboliendo la esclavitud, esta abolición fue reafirmada por la Constitución de México.

“En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional, recobran parece hecho su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes”

Este precepto se ha mantenido hasta nuestros días vigentes. En el artículo 2ºen comento garantiza la libertad del individuo de cualquier intento de imponer sobre su persona todo tipo de servidumbre o poder ilimitado. Es un estado de libertad pues de hallarse en un estado de subordinación respecto de otra persona les impediría ejercer voluntariamente sus derechos.

En el plano internacional, el rechazo a la esclavitud se ha reflejado en varios convenios, pactos y tratados. En su artículo 6º, la Convención Americana sobre derechos humanos indica:”Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos y mujeres están prohibidas en todas formas”. Por su parte el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos en vigor desde el 23 de marzo de 1976 prevé:”Nadie estará sometido a esclavitud, la esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas”. Esta disposición se repite en el artículo 4º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

IV.III PROHIBICION DE LA DISCRIMINACION

El 14 de agosto de 2001, el artículo 1º Constitucional se le añadió un tercer párrafo, referido a la prohibición de la discriminación fundada en motivos étnicos, de género, de edad, etcétera. Este principio de no discriminación obliga a no tratar desigualmente a las personas en razón de circunstancias accidentales o que ameriten tolerancia por parte de los demás.

La palabra discriminación, deriva del latín discriminatio, onis significa “acción y efecto de discriminar”. A su vez, discriminar de discriminare implica “seleccionar excluyendo” así como dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera. La discriminación se presenta cuando, por cuestiones raciales, espirituales o de convicción, el trato dado a las personas se diversifica, normalmente para ser más benévolo respecto de unas que de otras.

En este artículo nos habla de que todos deben de gozar de las garantías, dejando de lado la posibilidad de que, con fundamento en motivos accidentales, se produzcan tratos no igualitarios. El señalamiento de casos que no dan lugar a la discriminación no es limitativo, lo que se desprende de la frase “o cualquier otra”; es decir, una persona podría alegar ante los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación que se viola en su perjuicio el artículo 1º constitucional por haber sido discriminada por motivos diversos del origen étnico nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias y el estado civil.

Por otra parte muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a un ámbito exorbitante, al campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentalmente otorgados por la Constitución, pues prohíbe que el legislador incurra en prácticas discriminatorias por motivos accidentales o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y propenda a menoscabar los derechos de las personas; esta a su vez pretende extender las garantías implícitas en el e principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que impactan la libertad y la dignidad humanas, de modo que el control de las leyes exige que el juzgador someta la labor legislativa a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto desde la perspectiva del respeto de la garantía de igualdad.

Mas allá de lo establecido por el texto Constitucional y de la Ley Federal para prevenir y Eliminar la Discriminación, el Estado Mexicano, en el artículo 133 de la Ley Fundamental, ha incorporado su ordenamiento interno diversos instrumentos internacionales relativos a la no discriminación. Como son: el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación(1962), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1975) y la Convención sobre la Eliminación de Todas formas de discriminación Contra la Mujer.

V.LA GARANTIA DEL ARTTICULO 2º. APARTADO B, CONSTITUCIONAL

Durante mucho tiempo las etnias autóctonas del país habían sido soslayadas por el orden jurídico. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo del derecho internacional e interno determino poner por un alto a la marginación sufrida por los indígenas. Así, el 14 de agosto de 2001 se reformo el artículo 2º constitucional para establecer, en dos apartados los derechos de autodeterminación y de igualdad de las etnias del país.

El apartado A se refiere a los derechos de la libre determinación y la autonomía, reconocidos y garantizados por la Constitución a favor de los indígenas. El fin del segundo apartado radica en conocer y garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades para los indígenas, en condiciones que impidan la discriminación.

Está previsto que las actividades tendentes a satisfacer necesidades de igualdad de los pueblos indígenas sean concurrentes, en el sentido de incluir a la Federación, los Estados, y los Municipios. A fin de crear y asegurar las condiciones necesarias para quien los derechos de los indígenas no sean vulnerados.

VI. LAS GARANTIAS DEL ARTICULO 4º CONSTITUCIONAL

El artículo 4º constitucional protege una gama de derechos fundados en el principio de igualdad entre las personas. En primer término, declara a la igualdad del varón y de la mujer ante la ley; además da derecho a protección de la salud, a un medio ambiente sano y a que la niñez cuente con, los elementos necesarios para su desarrollo. Dentro de este conjunto de derechos se hallan algunos que pertenecen a los llamados dude tercera generación “, traducidos en el reconocimiento de intereses difusos o colectivos, que deben ser respetados por consideraciones de solidaridad así como para no comprometer el futuro de las generaciones venideras. Se consideran de tercera generación derechos tales como a la protección de la salud y a un medio ambiente sano.

VI.IIGUALDAD DEL VARON Y DE LA MUJER ANTE LA LEY.

El primer párrafo del artículo mencionado señala: “el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.” Esto significa que esta debe aplicarse por igual a todos los gobernados sin consideración de sexo.

Esta previsión se desprendía ya del contenido del articulo1o. Constitucional, que, al establecer que todos los gobernados gozan de las garantías individuales, suprime distinciones basadas en cuestiones de genero. No obstante la especificación contenida en lo anterior nos indica que las autoridades deben abstenerse de tratar desigualmente a las personas en función de su sexo.

La igualdad entre hombres y mujeres no puede ser absoluta, pues cuentan con diferentes psicosomáticas y fisiológicas que han conducido a que se legisle exclusivamente a favor de estas, así como, por ejemplo, la legislación laboral y la penal contienen disposiciones protectoras de los derechos femeninos en razón de características físicas e incluso psicológicas que los hombres no poseen. En el ámbito laboral se prohíbe que, durante el embarazo, la mujer realice trabajos comprometedores para su salud en relación de la gestación.

Pero esas muestras de trato desigual entre hombres y mujeres no son arbitrarias. El legislador las elabora con base a los argumentos jurídicos que justifican la existencia de un trato desigual. Violaría la Carta Fundamental el legislador que estableciera discriminaciones directas, basadas en la pertenencia a un sexo o a l otro; o indirectas, que responden a desigualdades fácticas. Es la sola dignidad de las personas, invariable con independencia del sexo al que se pertenezca, la que obliga a reconocerles constitucionalmente su igualdad ante la ley.

Reconocer esta igualdad no se ha circunscrito en la Constitución Política Mexicana. El artículo 2º. Del Código Civil Federal prevé: “la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y el ejercicio de sus derechos civiles”.

Además, en los ámbitos federal y local se han creado los institutos de las mujeres, cuyos objetivos consisten en fomentar y promover condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre los géneros.

Más allá de la legislación nacional, en el ámbito internacional se han celebrado tratados, convenios y pactos relativos a la igualdad jurídica de los sexos. El artículo 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo dispone: “los Estados Partes en el Presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres el goce de todos los derechos civiles y políticos en el presente Pacto”.

Mexicana suscrito muchos documentos para asegurar la igualdad Jurídica y la no Discriminación de la mujer; entre ellos cabe mencionar los siguientes: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia Contra la mujer, Convención De Belem do Para; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer; y convención sobre la Nacionalidad de la mujer Casada.

VI.II DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD

El tercer párrafo del artículo 4º constitucional reza:Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el frac. XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Este párrafo se adicione el 3 de febrero de1983, a fin de elevar a rango constitucional el derecho a la protección de la salud. Se trata de un derecho del que goza toda persona y toda colectividad que se encuentren en el territorio nacional. Correlativamente, impone el estado la obligación de promover leyes que aseguren una adecuada atención a los servicios de salud.

En si este párrafo protege la posibilidad de acceder, en condiciones de igualdad, a servicios dignos que le atiendan en cualquier caso y bajo cualquier circunstancia, aun cuando haya sido denominado social es un derecho al que puede hacerse extensiva la previsión de igualdad contenida en el artículo 1º de la Constitución Federal. Su violación puede relacionarse con el contenido de ese artículo, baluarte de la igualdad de las personas ante la ley.

Regular la protección de la salud resulto at lo largo de eventos ocurridos a lo largo del tiempo. Tras las leyes de reforma (1859) que abolieron los fueros eclesiásticos y desconocieron a las órdenes religiosas, correspondió al Estado Mexicano velar por la salud de sus habitantes. En 1891 se expidió el primer Código Sanitario de México Independiente que cambio en contenido y denominación paulatinamente, hasta convertirse en la actual Ley General de Salud, a partir de la Revolución toma un carácter Social, dado que su regulación se puso en manos del congreso de la Unión.

El derecho de la protección de la salud involucra Garantías tanto Individuales como Sociales, por cuanto requiere, para ser efectivo, la participación del individuo, de la Sociedad y del Estado. Las características específicas de este derecho son:

Sobresale el concepto de garantías individuales

Sus titulares pueden ejercerlo libremente

Es un derecho universal, pues protege a todo ser humano.

Su parte medular consiste en el acceso a los servicios de salud.

Gozar de una adecuada protección de la salud como señala la propia Constitución, de bases y modalidades que al efecto defina la ley. La fracción XVI primer párrafo del artículo 73 constitucional, relativo a las facultades del Congreso de la Unión indica que este debe “dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad general de la República”. Es Sistema Nacional de Salud “está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto Federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento a la protección de la salud.

Otras leyes que regulas este derecho son la Ley de los Instituíos Nacionales de Salud, La Ley de Salud para el Distrito Federal, y el Estatuto Orgánico de Servicios de Salud publica del Distrito federal, sin olvidar que los Estados también pueden legislar en la materia, dado que la protección de la salud supone como lo indica la propia Ley Suprema una actividad concurrente; es decir, requiere de la intervención tanto Federal como de las entidades Federativas y de los Municipios, en aras del régimen federalista de la República Mexicana.

La legislación ha dado lugar a Organismos que en gran medida participan a favor de la protección de la salud, tal es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.

En el plano internacional se han producido tratados y convenios destinados a proteger este derecho; entre ellos sobresalen la Declaración Universal de los Derechos humanos; el Convenio Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales; L a Convención Americana de derechos Huméanos; la Carta de los Derechos Humanos de los Pueblos Africanos y el Convenio sobre los Derechos del Niño.

VI.III DERCHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO

El cuarto párrafo del artículo 4º constitucional dispone que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Estas líneas se adicionaron al código Político el 28 de junio de 1999. Como en el caso del derecho a la Protección de la Salud, esta previsión dirigida a proteger el ambiente es considerada un derecho Social o de tercera generación , pero ello no implica que no pueda tacharse de gratina de igualdad, pues su violación puede ser relacionada con el Espíritu del artículo 1º Constitucional.

Conviene considerar si era necesario hacer mención de las palabras medio ambiente, o bien, si bastaba referir una u otra de modo indistinto.

Si se tiene en cuenta que una persona estará siempre relacionada con un lugar, una colectividad o una época, quizá hubiera sido lo mismo que la Constitución Federal ordenara proteger el medio, o bien, el ambiente, sin hacer mención de ambos términos.

La Ley Secundaria utiliza el término ambiente, definido en la I fracción del artículo 3º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como el “conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”.

En el ámbito de estudio de las garantías de igualdad, el derecho a gozar de un ambiente sano se traduce en la obligación de las autoridades públicas de implementar medidas tendientes a salvaguardar el conjunto de condiciones sociales, económicas y culturales en que se desarrolla la vida de los seres humanos, con base en criterios inclusivos. La importancia de este derecho es singular porque su desatención causa efectos nocivos en contra de las libertades fundamentales de los hombres, tales como la de transito, la residencia y la de reunión.

De la mano con el derecho a un ambiente adecuado se encuentra el concepto de desarrollo sustentable; ambas cuestiones son complementarias. La protección ambiental entraña una especie de contrato entre generaciones, que se cumple cuando los que hoy habitan la tierra la cuidan para que ellos como las generaciones futuras vivan en condiciones propicias para su bienestar.

Como sucede en el derecho a la protección de la salud el dictar normas protectoras del ambiente constituye una facultad concurrente. Federaciones, Estados y Municipios deben expedir las disposiciones necesarias para salvaguardar el equilibrio ecológico. El Congreso General de la República, establece que este puede “expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos y Estados y de los Municipios.

, En el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente de preservación y restauración del equilibrio ecológico”. Y es apoyado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente.

En el ámbito local, el Distrito Federal ejerce estas atribuciones por medio de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

En el ámbito local el Distrito Federal cuenta con una ley ambiental que fue publicada el 13 de enero del 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Toda vez que en materia ambiental ha tenido una notable repercusión en el plano internacional, México a firmados tratados y convenios tendientes a defender el medio ambiente y el consecuente desarrollo sustentable de la comunidad internacional. De entre esos instrumentos destacan el Acuerdo de Cooperación en Materia de Medio Ambiente (1990), el Acuerdo para la Cooperación para la Protección y el Mejoramiento del Medio Ambiente en la zona Metropolitana de la Ciudad de México (1989) y el convenio numero 155 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo (1981)

VI.IV DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

A partir del 7 de abril de 2000, los tres últimos párrafos del articulo en comento se han referido a los derechos correspondientes a los niños, así con a los deberes de los Padres y del Estado para hacerlos efectivos.

Se dispone que los niños cuenten, gracias a la injerencia de aquellos que se encaran de ellos a y del Estado, con todos los elementos para subsistir y crecer. El objetivo de proteger estos derechos consiste en asegurar a los niños “un desarrollo integral y pleno, lo que implica, la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad”, según el artículo 3º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes, reglamentada en el artículo 4º Constitucional.

Hay discrepancias en cuanto a los requisitos de la edad que debe cubrir la persona para ser considerada niño o niña. Niño de niño nos habla de alguien que “esta en la niñez” “que tiene poca experiencia”. Esta Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes considera que “son Niños y Niñas las personas hasta de 12 años incompletos. Más aun “se entiende por Niño todo ser humano e menor de 18 años de edad” en la ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Federal.

En atención a la jerarquía de los tratados internacionales dentro del ordenamiento mexicano, quizá bastaría con considerar a niño a quien no ha alcanzado los 18 años de edad; sin embargo, esto no dejaría de contradecir la Ley para los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes que estima adolescente a quien tiene entre 12 y 18 años cumplidos.

Básicamente, un niño tiene derecho a la salud, la educación, la alimentación y el sano esparcimiento, además de que no debe ser sometido a cierto tipo de trabajos. Por lo demás las infracciones que cometan deben juzgarse a través de procedimientos especiales que originen sanciones especiales para el menor. Con arreglo al texto constitucional, la preservación de tales derechos son responsabilidad de los ascendientes tutores y custodios de los niños. El artículo 11 de la Ley para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que todas las personas que tengan cuidado de los niños o adolescentes están obligadas, entre otras cosas, a proporcionarles una vida digna y protegerlos contra toda forma de maltrato. Para que los particulares lleven a cabo estas obligaciones, el Estado debe darles ciertas facilidades.

Procurar los elementos necesarios para que los niños vean respetados sus derechos involucra la actividad concurrente de la Federación, el distrito Federal, los Estados y los Municipios. A ellos les corresponde implementar mecanismos para impulsar la cultura de la protección a los Derechos según el artículo 7º de esta Ley al gobierno Federal compete promover “la adopción de un Programa Nacional para la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se involucre la participación de las entidades Federativas y Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como el del sector privado y social”, para instrumentar políticas y estrategias tendientes a mejorar la condición de la niñez.

Las leyes en la materia son muy específicas en cuanto a los derechos de los niños y adolescentes; entre ellos destacan: no ser discriminados, vivir en condiciones de bienestar y lograr un sano desarrollo psicofísico; ser protegidos en su integridad, su libertad y contra el maltrato y el abuso sexual; y gozar de identidad.

La trascendencia mundial de la protección de los derechos de la niñez se refleja no solo en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 19 dispone: “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

VII. LAS GARANTIAS DEL ARTÍCULO 5º, PRIMER PARRAFO, CONSTITUCIONAL

El primer párrafo del artículo 5º constitucional señala: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de la libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de un tercero, o por resolución gubernativa, dictada en el término que marque la ley, cuando se ofendan al derecho de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.

Este párrafo otorga las libertades de comercio y trabajos. Garantiza que toda persona, sin distinción, se dedique al ejercicio del comercio o del trabajo que más le agrade, siempre que sean lícitos. Estas libertades solo pueden coartarse si perjudican los derechos de terceros u ofenden a, los derechos de la sociedad; en el primer caso, la restricción deberá provenir de una resolución judicial, en tanto que en el segundo, obedecerá a una resolución gubernativa.

Esto habla a considerar un principio de igualdad ante la ley, pues al decir que a nadie podrá impedírsele el ejercicio de la libertad de comercio y de trabajo, significa que las diferencias basadas en la nacionalidad, la raza, el sexo, el credo, etcétera, no podrán restringir los derechos otorgados por la Constitución.

Por tanto coartar las libertades de comercio y de trabajo dependerá de motivos diversos de los señalados expresamente en la Constitución Federal, lo que supone la igualdad de condiciones para que todos los individuos se dediquen al comercio o al trabajo que deseen.

VIII. LA GARANTIA DEL ARTÍCULO 12 CONSTITUCIONAL

Desde su aprobación por el C de 1917Constituyente, el artículo 12 de la Constitución Federal no ha sufrido reformas ni adiciones. Su texto ordena que nadie cuente con títulos nobiliarios o prerrogativas que lo coloque en situación de privilegio respecto de los demás, dados que ello conculcaría el principio de igualdad ante la ley.

VIII.I PROHIBICION DE CONCEDER TITULOS DE NOBLEZA, PRERROGATIVAS U HONORES HEREDITARIOS.

El artículo 12 constitucional determina que “en los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país”. Se pretende impedir que las condiciones de igualdad natural y capacidad jurídica entre los mexicanos se rompan por una artificiosa jerarquía social. Si el otorgamiento de títulos nobiliarios u honores hereditarios se hiciera permisible, la igualdad ante la ley se destruiría, dado que los títulos u otros reconocimientos análogos darían pauta al surgimiento de clases sociales determinadas que, tal vez por su pretendido rango, decidieran estar sometidas a leyes específicas, distintas de las que regulan la vida de los demás.

Un título es un “dignidad nobiliaria, como la de conde, marqués o duque”. Jurídicamente, los títulos nobiliarios han sido definidos como “menciones honorificas que con carácter perpetuo otorgaron los monarcas a ciertos vasallos en recompensa a valiosos servicios prestados a la corona; ello además implicaba un estatuó jurídico personal privilegiado, por lo cual las personas poseedoras de un título nobiliario constituían un estamento social”, el surgimiento de los títulos nobiliarios se debió al poder de los reyes, quienes para premiar las hazañas de algunos de sus súbditos, se acostumbraron a entregarles reconocimientos nobiliarios; eventualmente, esos títulos se volvieron hereditarios, de ahí que, al morir el recompensado, sus descendientes ostentaran el titulo recibido, sin importar que lo merecieran o no.

Por otra parte una prerrogativa del latín prerrogativa se define como un “privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que de ello, anejo regularmente a una dignidad, empleo o cargo”. Jurídicamente las prerrogativas son privilegios concedidos por el Estado a ciertos individuos para mantener una condición de superioridad frente al resto de la sociedad. Estos privilegios consistentes ventajas exclusivas para quien los tiene y para sus descendientes, no para toda la población.

Ante la aparición del Estado contemporáneo surgido a raíz de revoluciones ocurridas en Inglaterra (1688), en las colonias Inglesas en América (1787) y en Francia en (1789); la entrega de títulos nobiliarios y otros honores hereditarios se hallaba reconocida por las autoridades estatales. Durante siglos en numerosas sociedades hubo una delimitación entre los individuos. Las revoluciones señaladas respondieron a las ideas liberales, que conllevaron a los derechos naturales del hombre, inherentes a toda persona por naturaleza y por ley, y susceptibles de ser hechos valer frente al estado. Esta situación acabo con las prerrogativas a honores hereditarios.

En México, la igualdad legal se reconoció en consonancia con la Independencia. Antes de la conquista, la sociedad estaba jerarquizada, y durante la colonia se baso en castas, así hubo clases favorecidas, dueñas de títulos y prerrogativas, y otras sin privilegios. Además la mezcla de razas causo desigualdades, pues había masas de gente de distintos niveles que carecían de ciertos derechos. Al comenzar la lucha Independentista hubo preocupación por garantizar la igualdad de todos los mexicanos ante la ley. Diversas constituciones buscaron que la igualdad fuera inherente a la sociedad mexicana surgida de la Independencia, por ejemplo el artículo 24 del decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana disponía: “la felicidad del pueblos y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La integra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”. Relacionado con el artículo que nos ocupa se halla el diverso 25 del propio decreto: “ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios hechos al Estado. Estos no son títulos comunicables ni hereditarios; así es contraria a la razón la idea de un hombre nacido legislador o magistrado”. La Constitución de 1857 expreso en el articulo12: “no hay ni se reconocen en la República títulos de nobleza ni prerrogativas ni honores hereditarios. Solo pueblo, legítimamente representado, puede decretar recompensas en honor de los que hayan prestado o prestaren servicios eminentes a la patria o a la humanidad.

Los términos en que está redactado el actual artículo 12 constitucional aun se refieren a la prohibición de introducir diferencias entre los miembros de la sociedad a causa de la entrega de títulos, prerrogativas u honores hereditarios.

Más aun, con dependencia de no reconocer privilegios de ninguna especie, el propio Código Político indica que sanciones se aplicaran a quienes acepten títulos nobiliarios de Gobiernos extranjeros. La fracción II del apartado A del artículo 37 sanciona con la perdida de la nacionalidad a quien acepte títulos nobiliarios que impliquen someterse a un Estado extranjero. Port su lado la fracción I, del apartado B del mismo artículo indica que la ciudadanía se pierde al aceptarse Títulos de Gobierno, Extranjeros, aun cuando no implican someterse a un Gobierno del exterior.

El artículo 17 de la Ley de Nacionalización Reglamentaria de los Artì8culos 30, 32 y 37 Apartados A y B de la Constitución Federal, permite que un Mexicano por nacimiento, a quien un Estado extranjero considere su nacional, solicite un certificado de nacionalidad mexicano para acceder a un cargo o función en México; sin embargo, para obtener ese certificado es preciso renunciar expresamente a la nacionalidad atribuida, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero. Esta disposición daría pie a renunciar a títulos nobiliarios obtenidos en otros países a fin de salvaguardar el principio de igualdad ante la ley. En todo caso, del extranjero pueden recibirse reconocimientos, o preseas de tipo cultural o honorario, no obstante para que un mexicano reciba uno de esos reconocimientos, necesita permiso del Congreso de la Unión, que en México, no se den títulos de nobleza no implica ignorar la destacada labor de sus habitantes, la Constitución permite otorgar menciones honorificas e un mexicano que haya prestado servicios relevantes la Nación. Le Ley de Premios, Estímulos y Recompensas civiles, de carácter Federal, tiene por objeto “Determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, a estímulos o recompensas”. Según el artículo 3º. De esa ley, los premios se otorgan “Por el re cocimiento publico de una conducta o trayectoria vital, singularmente ejemplares, como también de determinados actos u obras valiosos

O relevantes, realizados en beneficio de la humanidad del país o de cualquiera persona.

IX LAS GARANTIAS DEL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.

El artículo 13 de la constitución establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, que no sean de compensación de servicio públicos, y estén fijados por la ley. Subsistiendo el fuero de guerra, para los tribunales militares, que no extienden su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, siendo la autoridad civil quien juzgue a los ciudadano.

IX. I.-PROHIBICION DE PROCESAR MEDIANTE LEYES PRIVATIVAS Y TRIBUNALES EXPECIALES.

La primera parte del artículo 13 constitucional estatuye que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales; es decir, ninguna persona podrá ser procesada en razón de una ley destinada a regular una situación determinada, ni podrá ser juzgada por un tribunal, creado ex profeso, para conocer de un solo asunto. Esta previsión está referida al aspecto jurisdiccional, en cuanto proscribe tanto la aplicación de leyes que no sean generales, y abstractas y permanentes, como que el gobernador pueda ser juzgado por tribunales creados para conocer de determinados hechos y personas.

Se dice del latín priva tus a la que causa privación o lo significa, o bien, cuando es “Propio y peculiar de alguien o algo, y no de otros”. En el ámbito jurídico, como una ley privativa es la aplicable exclusivamente a una persona, en atención a una situación jurídica singular, concreta en la que se encuentra.

Lo que prohíbe la constitución es que exista leyes, que no se apliquen por igual a todas las personas ello contraviene las características típicas de toda ley: la generalidad, consistente en que debe ser de observancia para toda la población; la impersonalidad, traducida en que no debe haber leyes generadas en atención en una persona especifica; y la abstracción notable en el hecho que las leyes, no deben prever, de antemano, casos concretos a los que vayan aplicarse.

La ley privativa se caracteriza no por sus efectos en cuanto a q guie restringe derechos, sino porque pugna con el sistema de generalidad en cuanto a su observancia, que rige en nuestra legislación y solo se contrae a determinadas personas y cosas individualmente consideradas.

Es preciso señalar que no debe confundirse una ley privativa con una especial, esta última participa de las características de toda ley en todo sentido formal y material, es impersonal general y abstracta, expedida para situaciones jurídicas determinadas donde amplios grupos de personas pueden involucrase.

Por ejemplo, son leyes especiales La Ley General Del Trabajo y la Ley Del Impuesto Sobre La Renta.

Además los tribunales especializados, no deben confundirse con tribunales especiales, puesto que aquellos pueden dar a conocer de un número indeterminado de asuntos que se refieren a una misma materia, por ejemplo, el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La Federación.

IX.II.- PROHINBICION DE FUEROS.

La segunda parte del articulo 13 refiere aros fueros prohíbe que el Estado otorgue fueros, a alguna persona o corporación, así como mas emolumentos de los que basten para compensar, servicio públicos y estén fijados por le ley. Además señala que el fuero de guerra subsiste para los delitos y faltas cometido contra la disciplina militar.

Fórum, significa foro “Cada uno de los privilegios y exenciones que se conceden a una provincia, a una ciudad o a una persona”, así como prerrogativa o derecho moral que se reconoce a ciertas actividades principios, virtudes, etc., por du propia naturaleza.

En materia jurídica, el termino alude a una diversidad de cosas, puede usarse para referirse a compilaciones o conjunto de leyes, Fuero Juzgo, Fuero Real, etc.; Señalar situaciones de privilegio derivada de la condición social de las personas; Y aludir al conjuntaos de órganos jurisdiccionales que se crean en beneficio de círculos cerrados de personas, quienes quedarían fuera de la jurisdicción de tribunales ordinarios.

Este criterio involucra dos acepciones de fuero que la Constitución toma en cuenta. Cuando recae sobre un número e determinado de personas, el fuero se denomina personal, mientras que, al traer a colación a los órganos jurisdiccionales creados para atender los reclamos de justicia, de un grupo especifico de individuos recibe el nombre de real. Cuando la Constitución dice que ninguna persona o corporación puede terne fuero significa que ninguna corporación gozare de un conjunto de privilegios exclusivos, así que no será juzgada por tribunales ordinarios, es decir, los que imparten justicia sin distingos entre los justiciables.

Este artículo contiene la “Garantía de inviolabilidad”, que permite a Diputados y Senadores emitir opiniones sin temor a ser reconvenidos, siempre que lo hagan en el ejercicio de sus funciones s decir, no podrán ser sometidos a proceso en razón de las opiniones que expresa.

“Fuero Constitucional, era el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la Federación, para que antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal”. Este fuero subsiste y se traduce, entre Diputados y Senadores, así como los demás sujetos de responsabilidad política, solo podrán ser juzgados penalmente, previa Declaratoria de Procedencia, es decir, una declaración emitida por la Cámara de Diputados, del que procede ejercer acción penal, contra alguno de los individuos, que gozan de este fuero.

El único fuero real autorizado por la Constitución Federal, es el de guerra que es el alude a un conjunto de órganos jurisdiccionales erigidos para juzgar casos específicos donde este involucrados militares.

Los tribunales militares son competentes para conocer delitos de orden militar que, adicionalmente, sean cometidos por miembros del ejército. El artículo 57 del Código de Justicia Militar indica cuales son los delitos cometidos contra la disciplina militar, en el orden común o federal, son delitos los cometidos por Militares al estar en servicio o con motivo de actos relativos en territorio declarado en estado de sitio, o sujeto a ley marcial; Frente atropa formada o ante la bandera.

X. LA GARANTIA DEL ARTICULO 31 FRACCION IV CONSTITUCIONAL.

La doctrina no suele considerar garantía de igualdad a la fracción IV del artículo 31 constitucional, antes bien, tiende a tratarse el contenido de esta disposición al referirse a las garantías individuales no contenidas en la parte dogmatica de la Ley Suprema. Sin embrago, esta fracción contiene el principio de equidad, de las leyes fiscales, con el fundamento en la necesidad de que las personas, sean tratadas por la ley, en condiciones de igualdad, se explicara tal principio.

X.I LA EQUIDAD DE LAS LEYES FISCALES

El artículo 31 se ubica en el capítulo II del Título Primero de la Constitución Federal, tocante a los mexicanos y sus obligaciones. La fracción IV del precepto califica de obligación del mexicano “Contribuir para los gastos público, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio, en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. Contribuir para los gastos públicos, se traduce en pagas impuestos, según la fracción I del artículo 2º. Del Código Fiscal de la Federación, los impuestos “Son atribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, la relacionada con el principio de igualdad.

La equidad tributaria es un baluarte de la igualdad real de las personas, es decir, la igualdad jurídica, habrá equidad en el pago de impuesto cuando el legislador, reconozca desigualdades surgidas de situaciones de hechos que atraviesan los gobernados, en la inteligencia que alguno de estos, no podrían pagar lo que otros.

El principio de equidad debe de analizarse siempre en relación con la vigencia de las normas que establecen los impuestos. Para asegurara la observancia, del principio de equidad las leyes fiscales deben ser precisas en cuanto a la categorización de los contribuyentes, es decir, debe indicar cuidadosamente a que personas les tocara pagar un determinado impuesto, para que no quepa duda de que quienes no figura en una categoría determinada no pagaran este tributo.

BIBLIOGRAFIA

100 Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(9ª época) 2ª edición México, Suprema Corte de Justicia de la Nación 2000

ARISTTELES Política Trad., Prologo y notas de Carlos García Cual y Aurelio Pérez Jiménez, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

ARRIOJA VIZCAINO Adolfo, Derecho fiscal, 16ª. Ed., México, Themis 2002.

AZUELA GUITRON MARIANO, Derecho, sociedad y Estado, México, Universidad Iberoamericana, 1995.

BURGOA IGNACIO, Las garantías individuales 34ª, ed., México, Porrúa, 2002

CASTRO Y CASTRO JUVENTINO., garantías y amparo, 11ª, ed., México, Porrúa, 2000.

FIX –ZAMUDIO, HECTOIR Y SALVADOR VALENCIA CARMONA, Derecho Constitucional mexicano y comparado, 2ª, ed., México, Porrúa/UNAM, 2001.

IZQUIERDO MUCIÑO-A MARTHA ELBA, garantías individuales, México, Oxford University Press 2002.

PRESENTACION

EL FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, SE

ENCUENTRA EN EL ARTICULO 1º DE LA CONSTITUCION POLITICA DELOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN CUYO TEXTO SE SEÑALA QUE TODA

PERSONA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL GOZA DE LAS GARANTIAS

ESTABLECIDAS EN ELLA, LO CUAL SIGNIFICA QUE NINGUNA PERSONA

QUE SE ENCUENTRE EN MEXICO SE LE NEGARA EL GOCE DE LOS

REFERIDOS DERECHOS PUBLICOS SUBJETIVOS.

EN ESTA TESINA PRETENDO ABORDAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

LEGAL, DESDE EL ASPECTO JURIDICO DEL VARON Y LA MUJER; LOS

DERECHOS A LA SALUD, A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO Y LOS

CORRESPONDIENTES A LA NIÑEZ ; LA LIBERTAD DE COMERCIO E

INDUSTRIA; LA PROHIBICION DE CONCEDER TITULOS DE NOBLEZA Y

HONORES HEREDITARIOS ASI COMO DE PROCESAR POR MEDIO DE

TRIBUNALES ESPECIALES Y EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA,

PREVISTO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL.

Las garantías de igualdad

METODOLOGIA JURIDICA

LIC. SALVADOR GARCIA LOPEZ M.

2º CUATRIMESTRE

ANA MA. MUCIÑO-ARROYO Y LLANAS