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Historia De La Deuda Pública

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Categoría: Historia

Enviado por: Rimma 23 mayo 2011

Palabras: 5235 | Páginas: 21

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da a los incesantes esfuerzos que realizo el país, durante la primera fase de su existencia, para reconstruir su credibilidad ante los mercados extranjeros, primero por la guerra misma de independencia y luego por las permanentes guerras civiles que marcaron todo el siglo pasado. El comercio florece, el país vive un periodo de relativa calma interna; y sobre todo a nivel internacional toma mucha importancia el mercado de capitales.

Con el estallido de la crisis, el crédito externo del país se suspende. Después de múltiples esfuerzos para evitarla, los hechos la hacen ineludibles y en 1935 es declarada la primera moratoria de la deuda del país de la época moderna al finalizar la segunda guerra mundial las condiciones del crédito internacional comienza a normalizarse. El crédito de los bancos comerciales privados no se utiliza con intensidad, sino más bien el de las entidades multilaterales de crédito (Banco Mundial Banco Interamericano).

Estas entidades crediticias comienzan a ser oferentes de recursos en los países no petroleros.

DEUDA PÚBLICA

CONCEPTO DE LA DEUDA PÚBLICA:

Deuda que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se incluyen no sólo los préstamos tomados por el gobierno central sino también los que contraen organismos regionales o municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que los mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional. La deuda pública suele dividirse en deuda a corto y a largo plazo, así como en deuda pública interna, contraída ante acreedores del país, y deuda pública externa, contraída ante prestamistas del extranjero. Es una práctica ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados gasten, en cada ejercicio, más dinero que el que recaudan, debido a los compromisos políticos y sociales que asumen. Las políticas keynesianas, por otra parte, que preconizaron presupuestos deficitarios como medio para activar el crecimiento económico, han contribuido también grandemente al endeudamiento de los Estados modernos. Debido al peso de las deudas contraídas con anterioridad es frecuente que, entre los gastos del Estado, aparezca una considerable partida dedicada al pago de los intereses y del capital de la deuda asumida. La inelasticidad de variados gastos fiscales y la imposibilidad de aumentar la presión tributaria más allá de cierto punto, suelen llevar a un círculo de creciente endeudamiento, puesto que a los gobiernos les resulta imposible hacer frente a tales compromisos y a los gastos corrientes por medio de los ingresos ordinarios que perciben.

LA DEUDA PÚBLICA EN LA EDAD MODERNA SIGLO XVIII Y XIX:

Hasta finales del siglo XVIII el recaudo al crédito no estuvo asociado al financiamiento de gastos ordinarios del Estado. Al empréstito que es préstamo que toma el Estado, una corporación o empresa, especialmente cuando está representado por títulos negociables o al portador, se recurría a este simplemente para salir de emergencias. Como el sistema impositivo aun no estaba bien organizado, ni mucho menos existía el impuesto a la renta, era frecuentísimo que el Estado afrontara emergencias y por tanto tuviera que acudir al crédito público. El hecho de que teóricamente no se considerara al empréstito como un ingreso idóneo para financiar el gasto corriente de la administración no quiere decir que no se apelara a él a menudo. Cuando se revisa la historia de las grandes monarquías europeas se encuentra como una constante la búsqueda de empréstitos. Incluso el otorgamiento de los empréstitos no siempre tuvo una motivación asociada a la obtención de tasas de interés. Con frecuencia el crédito estuvo vinculado a propósitos políticos. En la época que transcurre hasta finales del siglo XVIII fue notable el poder político que llegaron a tener los grandes financistas de las coronas europeas. Casas de banqueros privadas llegaron a disponer de más poder que la misma aristocracia. Esta fue la época, además, en que la prenda específica, se caracterizó como la garantía predilecta del empresario público. Cuando la corona incumplía el servicio de un crédito, la ejecución de la prenda especifica, como podía ser el recaudo de las rentas de aduana o aun derechos sobre alguna porción del territorio, le daba al acreedor un gran poder político. A su turno, las motivaciones para buscar el empréstito eran muy validas: desde el financiamiento de la guerra, pasando por las necesidades administrativas que acompañaron la formación del Estado nacional, hasta el hecho de financiar el costoso del tren de vida de las grandes cortes europeas que no estaban respaldas en una estructura tributaria sólida. Inclusive en esta temprana época de la formación del Estado nacional vale la pena recordar que el patrimonio privado del soberano se encontraba a menudo confundido con el del estado. De allí que los pomposos trenes de vida de las cortes de los monarcas poco austeros frecuentemente acarrearon alto endeudamiento de los Estados e inclusive la bancarrota de los mismos. Durante la edad media estaba mejor conformada la administración municipal; ofrecía mejores garantías a los prestamistas y no se presentaba allí el fenómeno anotado de la confusión entre el patrimonio del príncipe y el patrimonio público.

Los victorianos, se les llama así a las personas que presenciaron y eran partidarios del periodo donde gobernó la Reina Victoria de Gran Bretaña, consideraban que el consumo de capital era, en sí mismo, venal, e incluso que el consumo total del ingreso demostraba una extrema prodigalidad. La simple prudencia exigía reservar parte del ingreso para agregarlo al stock de capital. En esa época el capital, una vez creado, era algo permanente, sea que se lo estimara por separado, como los valores pertenecientes a cada familia, o en el conjunto de los agregados de la nación. Más aun, los preceptos aplicables a la familia y a la nación con respecto a la prudencia en el manejo de la renta no diferían en lo esencial. Básicamente, estas mismas actitudes perduraron en el enfoque victoriano del derecho, la política y la economía.

Desde entonces se han sucedido diversos cambios en las ideas y en las actitudes, incluso antes de Keynes, los economistas han cuestionado la equivalencia clásica (y victoriana) entre deuda pública y deuda privada. Las falacias acerca de los agregados preceden a la aparición de los keynesianos, y el argumento de que "nos debemos a nosotros mismos" no fue totalmente nuevo en nuestro siglo. En la medida en que fue ganando aceptación, la falacia acerca de los agregados sirvió para que los gobiernos aflojaran un tanto los preceptos relacionados con la prudencia fiscal, aunque el principio del equilibrio presupuestario mantuvo la creación de la deuda pública dentro de límites razonables. No obstante, las normas sobre la acumulación y preservación del capital privado mantuvieron su vigencia hasta que Keynes y los keynesianos promulgaron la "paradoja del ahorro". Con esto quedaron socavadas incluso las normas que regían la prudencia en los actos privados, personales.

Los gastos, y ya no el ahorro, se desbordaron para beneficio de la sociedad. Junto a este trastrocamiento de las normas privadas, la teoría keynesiana de la política pública minó las bases intelectuales que cimentaban el mantenimiento de un presupuesto gubernamental equilibrado. Había nacido la era del libertinaje, público y privado. Las consecuencias de las ideas se manifiestan en sus efectos sobre las actitudes públicas y políticas, pero emergen lentamente y con importantes retrasos temporales. La carga real de la deuda pública la soporta la generación capitalista actual, que se priva de ciertos bienes y servicios de satisfacción privada con el fin de cubrir necesidades públicas. Desde el punto de vista real y colectivo, dicha carga no puede distribuirse entre varias generaciones capitalistas. Indiscutiblemente la soporta la generación capitalista presente, pues tan solo ella se priva transitoriamente de una parte efectiva de su capacidad económica, de su capital para atender, prestándolo, determinadas necesidades públicas. Si en alguna forma puede traspasarse a otras generaciones todo o parte de ella, la efectiva no lo puede ser. El gasto financiado con el empréstito no es solamente disposición monetaria, sino, ante todo, de bienes y servicios, y con frecuencia, de vidas humanas, que como en las guerras, se reclutan de las clases sociales bajas. Parte de la carga monetaria de la deuda pública sí es susceptible de distribuirse y trasladarse a otras generaciones. El pago de intereses y amortización de la deuda pública, en el tiempo desde el punto de vista individual y monetario, no es soportado solamente por la generación actual, porque no todos los títulos permanecen en manos de los viejos: muchos de ellos son heredados por los jóvenes, a quienes se ha de cancelar el préstamo con dinero de su propia generación.

Después de Keynes, las ideas anti-clásicas, anti-victorianas se hallaban firmemente arraigadas en los círculos académicos y en los diálogos de los intelectuales. La política, por su parte, refleja la conducta de los políticos, cuyas ideas cambian, pero con lentitud.

DEUDA PÚBLICA EN EL SIGLO XX, LA PRIMERA Y SEGUNDA GUERRA MUNDIAL QUE COMPRENDEN LOS AÑOS DESDE 1914 A 1945:

Para la hacienda clásica el recurso al crédito era algo excepcional, esporádico y siempre asociado a obtener recursos para financiar gastos extraordinarios. En cambio, en el manejo de las finanzas públicas modernas el recurso de crédito público es algo usual, prácticamente permanente, y los recursos obtenidos por este conducto no están necesariamente asociados al financiamiento de gastos excepcionales. Desde las guerras napoleónicas las grandes potencias europeas se acostumbraron a convivir con un volumen más alto que el tradicional de endeudamiento público. Esta tendencia se acentuó con la primera guerra mundial que se dio en los años 1914 a 1918 y desde entonces ha pasado a ser una constante de la economía moderna. Aquí la deuda pública aumentó sustancialmente durante la primera guerra mundial y creció en más de cinco veces durante la segunda guerra mundial que se dio en los años 1939 a 1945, esto se trataba de reasignar una porción sustancial de los recursos de la economía utilizados en la producción de bienes civiles, hacia bienes de guerra. Los gastos del gobierno en armamento y personal militar se elevaron cuantiosamente. En ese momento se barajaron tres opciones de financiamiento: aumentar los impuestos, emitir el dinero necesario, o acudir a la financiación con déficit. El gobierno temía que la financiación con impuestos requiriera tasas impositivas tan altas que resultaran en una reducción del incentivo de trabajar. El interés nacional requería atraer más gente a su fuerza laboral y estimular a aquellos que ya estaban participando a intensificar su tiempo de trabajo. Se consideró que la fijación de tasas impositivas muy elevadas iba a interferir en estas metas. Por otra parte, la emisión de dinero adicional y su gasto seria inflacionario. Por tanto, gran parte de la segunda guerra mundial se financió con la venta de bonos al público, mediante la cual se retiraba la parte del ingreso que podía ser gastada y se liberaban recursos de la producción civil, de tal manera que estos estuvieran disponibles para las industrias de defensa.

DEUDA PÚBLICA DESPUÉS DE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES, SE DA A PARTIR DE LOS AÑOS 1950 A 1990:

En consecuencia, durante los años inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial muchos políticos adherían a los anticuados preceptos de la prudencia fiscal, mientras sus pares académicos e intelectuales los trataban con condescendencia y desdén. Algunos recordamos todavía con cierto sentimiento de diversión, aunque teñido de tristeza, la burla con que fue acogida la referencia del presidente Eisenhower a la deuda pública, que según él sería una carga para nuestros nietos. A fines de la década de 1950, algunos economistas cambiaron de dirección con respecto a la mayoría. Se produjo un renacimiento de las ideas esencialmente clásicas acerca de la incidencia y los efectos de la deuda pública. Si bien esas ideas, que en ese momento eran originales, en modo alguno fueron aceptadas por todos los economistas académicos, el desafío a las falacias sobre los agregados no fue refutado. Entre los economistas académicos, la discusión sobre la deuda pública sólo se inclinó hacia las antiguas verdades, en forma lenta pero segura, en las décadas de 1960 y 1970.

Pero, así como había ocurrido con el surgimiento de las ideas keynesianas tres décadas antes, las actitudes públicas y políticas no marchaban a la par del cambio en el pensamiento de los académicos. Los políticos responsables de las decisiones en los años 1960 y 1970 habían absorbido plenamente las ideas keynesianas sobre la política macroeconómica y la deuda pública. No sólo estaban preparados para aplicar al entorno político de las décadas de 1960 y 1970 los mensajes políticos adecuados para la década de 1930 sino que deseaban hacerlo, porque esos mensajes prestaban un aparente soporte intelectual a su natural inclinación hacia el gasto y hacia la ausencia de tributación. Se cernía sobre nosotros una era de déficit gubernamentales que al parecer eran permanentes y cada vez mayores, y de la cual aún no habíamos escapado. Tal fue el caso, por ejemplo de los periodos posteriores a 1974-1975 y 1979-1980 cuando se temió que algunas naciones en desarrollo importadoras de petróleo no pudiesen obtener préstamos para financiar sus déficit comerciales resultantes de los agudos incrementos de los precios del petróleo. Los bancos, contribuyeron de este modo, en la década de 1970, a la resolución de ese problema; si no hubieran otorgado préstamos de grandes sumas a las naciones en desarrollo, las crisis petroleras hubiesen sido aun más lesivas para la economía mundial. En la década de 1980 en cambio se juzgó a los bancos comerciales como parte del problema de la deuda internacional, justamente por haber otorgado tal cantidad de créditos a las naciones en desarrollo. Tras la afluencia de dinero procedente de la OPEP luego de los incrementos de los precios del petróleo en la década de 1970, los bancos buscaron activamente a quien prestar, y se encontraron sin mayor problema con los países en desarrollo. No obstante el mecanismo de crédito internacional tropezó con crecientes dificultades a partir de la recesión mundial de principios de la década de 1980.en particular, algunas naciones en desarrollo se vieron en la imposibilidad de pagar la deuda externa en las fechas establecidas. En 1996 la deuda externa de los países en desarrollo no productores de petróleo ascendía a 1.934 billones de dólares, suma muy superior a la de 328.000 millones de fines de la década de 1970. Gran parte de esta deuda corresponde a naciones latinoamericanas como México y Brasil. La mayor parte de la deuda externa de las naciones en desarrollo esta denominada en dólares estadounidenses. Desde finales de la década de 1970 hasta 1987, la relación de endeudamiento externo de las naciones en desarrollo como porcentaje de sus ingresos de exportación se elevó del 133 al 171%. Esto significa que en este período la deuda externa no sólo excedió a los ingresos de exportación, sino que además creció con más rapidez que éstos. En la década de 1980 se hizo evidente que muchas naciones en desarrollo padecían crecientes dificultades en el servicio de la deuda. Los deudores con mayores dificultades eran Argentina, Brasil y México. La recesión mundial de principios de la década de 1980 fue una de las causas que con motivo del estancamiento o disminución de la demanda, los precios de las exportaciones de las naciones en desarrollo se redujeron, con mayor rapidez que los precios menos flexibles de sus importaciones. De este modo, la recesión complicó aún más para los países en desarrollo la obtención de las divisas necesarias para el pago del servicio de la deuda pública. Por su parte, el pronunciado incremento de las tasas de interés elevó el costo del crédito para esas naciones. Además el incremento del valor del dólar estadounidense ocurrido a principios de esta década derivó mayores costos en el pago de la deuda, pues la mayor parte de endeudamiento de los países en desarrollo esta denominado en dólares.

FMI (Fondo monetario internacional) insta a los deudores a adoptar programas de austeridad con los cuales apuntalar su economía y poner en orden sus maltrechas finanzas. Esas medidas se traducen en la reducción del gasto público, el consumo privado y ocasionalmente asimismo a reducir sus importaciones y aumentar estos programas de austeridad, puesto que no existe otro medio para forzar a los deudores soberanos a pagar los prestamos que deben. En particular las naciones en desarrollo han criticado al FMI por imponer políticas de austeridad en las que se concede excesiva importancia a la obtención de mejoras a corto plazo en la balanza de pagos, no así al fomento del crecimiento económico a largo plazo.

A mediados de los 80 lo único que podíamos esperar era que los tomadores de decisiones políticas de fines de estas décadas se hubieran familiarizado con los desafíos poskeynesianos a las falacias sobre los agregados y que algo parecido a los preceptos victorianos clásicos acerca de la prudencia en las esferas pública y privada informara las políticas observadas en esas décadas.

DEUDA PÚBLICA DESDE LOS AÑOS 1990 HASTA EL 2006:

Desde finales de la década de 1980 a 1993, México siguió una estrategia de ajuste y reforma económicos dirigía a reducir la inflación, redefinir el papel del gobierno en la economía y sentar las bases para un crecimiento impulsado por el sector privado. Los principales elementos de esta estrategia fueron el sostenimiento de rigurosas políticas financieras, una importante restauración de la deuda externa y reformas basadas en la privatización y la liberalización del comercio. Asimismo se estableció una escala de referencia para el valor en dólares del peso. Además de la privatización de grandes empresas publicas y banco comerciales, México emprendió una ambiciosa reforma comercial que comprendía, entre otros aspectos, la reducción unilateral de aranceles a la importación y la negociación de acuerdos de libre comercio con varias naciones del hemisferio occidental, tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), suscrito con Estados Unidos y Canadá. A finales de 1993, el peso se había apreciado en forma significativa gracias a lo cual los bienes extranjeros se abarataron para los consumidores mexicanos. Esto provocó déficit comerciales y en cuenta corriente, los que fueron financiados mediante préstamos de inversionistas extranjeros, gran parte de los cuales adoptaron la forma de valores gubernamentales de corto plazo. La desconfianza de los inversionistas y la interrupción del flujo de fondos de inversión extranjera colocaron al gobierno en una situación cada vez más difícil como para sostener el tipo de cambio de referencia frente al dólar. En diciembre de 1994 el tipo de cambio prevaleciente fue abandonado y se permitió que el mercado determinara el valor del peso. Una corrección aparentemente menos del peso se convirtió con rapidez en una grave crisis financiera, cuyos efectos se dejaron sentir lo mismo dentro que fuera del país. En marzo de 1995, el peso había caído más del 50% ante el dólar, y la inflación crecía a una tasa anual superior al 60%. A solicitud de México, Estados Unidos orquestó un proyecto multilateral por 50.000 millones de dólares a favor de la estabilización de ese país y ofreció créditos por 20.000 millones se sumaron a este esfuerzo el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Liquidaciones Internacionales y países como Canadá, Argentina y Brasil. Estas acciones permitieron aligerar el efecto de la crisis financiera sobre los mercados de otras naciones.

En América Latina, aproximadamente dos quintas partes de la deuda pública se negocia en mercados internacionales, y de esta es casi nula la proporción que está denominada en moneda local. A estas alturas, es bien sabido que la dependencia de financiación en moneda extranjera agrava los descalces cambiarios y aumenta la vulnerabilidad de los países a las crisis en caso de choques externos adversos.

Aun cuando los países latinoamericanos han ampliado el tamaño de sus mercados nacionales de deuda, su emisión internacional en moneda local ha permanecido moderada. Ahora bien, tres países de la región han emitido recientemente deuda externa denominada en su propia moneda: Uruguay en 2003 y 2004, Colombia en 2004 y 2005, y Brasil en 2005. Estas emisiones han llamado la atención de autoridades económicas en distintas partes así como de los mercados financieros, ya que representan un cambio significativo en la manera en que los prestamistas de estos países acceden al capital externo.

HISTORIA DE LA DEUDA PÚBLICA EN COLOMBIA

Durante el siglo XIX la deuda pública está asociada a los incesantes esfuerzos que realizo el país, durante la primera fase de su existencia, para reconstruir su credibilidad ante los mercados extranjeros, primero por la guerra misma de independencia y luego por las permanentes guerras civiles que marcaron todo el siglo pasado. Las ruinosas condiciones de las finanzas públicas durante aquella e poca en que a menudo fue imposible servir oportunamente la deuda externa y se incurrió en frecuentes moratorias fueron factores de permanente desarreglo de las finanzas públicas.

Puede decirse que la historia de la deuda externa colombiana naca vinculada a una de las primeras gestiones políticas del libertador. En 1810, la junta revolucionaria de Caracas envía a Londres al joven Simón Bolívar, quien en compañía de Luis López Méndez y Andrés Bello son comisionados para gestionar el reconocimiento político del nuevo gobierno, y para adelantar las primeras negociaciones tendientes a obtener créditos ingleses para apoyar los esfuerzos revolucionarios que comenzaban a aflorar en la América Española por aquella época. A las gestiones de esta comisión se debió el vínculo posterior y la dotación de la legión británica que tan destacado papel habrá de desempeñar en la campaña libertadora.

Posteriormente ya obtenida la liberación del territorio de la Nueva Granada, el gobierno envía a Londres como agente plenipotenciario a don Francisco Antonio Zea, entonces vicepresidente de la naciente República con el objeto de buscar nuevos recursos crediticios que se necesitaban para financiar la guerra contra los reductos de las fuerzas españolas. Zea pasado a la historia de la finanzas públicas del país como uno de los mas infortunados, Zea extralimito sus atribuciones; no informo cabalmente a sus superiores de las negociaciones que había concluido, como lo relata Calderón, “cuando ya el Gobierno tuvo informes más exactos y precisos sobre el empréstito, lo improbó expresa y categóricamente por no haber tenido el negociador facultades para contraer compromisos tan crecidos como ruinosos; y enseguida designo al señor Revenga para ir a Europa a dirigir los negocios fiscales de la república en reemplazo de Zea”.

A la misión de Zea seguirían las del ministro Revenga (1822) y la del ministro Hurtado (1824), durante la cual se logra encontrar una fórmula satisfactoria para dilucidar el mal clima que con los financistas ingleses se habían formado durante las negociaciones del vicepresidente Zea, y al mismo tiempo se concreta un nuevo crédito que tendrá un papel decisivo en el financiamiento de la campaña del sur.

En 1830, sobreviene la disolución de la Gran Colombia. Como es natural, uno de los problemas más delicados que acompañaron las arduas negociaciones que se adelantaron en este periodo fue el de establecer cómo se distribuirían las tres nuevas repúblicas las deudas que se habían contratado unitariamente para financiar la campaña libertadora.

Estas negociaciones concluyeron en 1834, siendo negociador por Venezuela el ministro Santos Michelena, de la siguiente manera:

“Tomando como base para la división de los créditos activos y pasivos de la antigua República el censo general de población levanto en 1825 se asignaron a la Nueva Granada 50% y el 28.5% y el 21.5% al Ecuador, en el tratado se introdujeron también las necesarias disposiciones para liquidar y repartir las deudas consolidadas y consolidables, la flotante y la de personería hasta el 22 de diciembre de 1829, día en que se dio por consumada la separación de Venezuela”.

El resto del siglo XIX se caracteriza por las permanentes dificultades de la hacienda pública: por los trastos en el normal servicio de la deuda externa que a menudo ocasionaron los enfrentamientos bélicos que caracterizaron la vida del país en el siglo pasado. Esta circunstancia explica por qué el crédito externo del país fue tan escaso, y por qué en todos los programas económicos en la época se menciona como una prioridad el restablecimiento de las relaciones, que solamente logran moralizarse, pasada la Guerra de los mil días, con el tratado HolguÍn Averbuy celebrado en 1906.

Pasada la primera Guerra Mundial sobreviene un periodo de gran auge económico en todo el mundo. El comercio florece, el país vive un periodo de relativa calma interna; y sobre todo a nivel internacional toma mucha importancia el mercado de capitales.

Por primera vez países en vía de desarrollo como el nuestro tienen acceso fácil al abundante mercado de capitales de Londres de Nueva York y de las demás plazas europeas de importancia. Con el acelerado crecimiento económico que tiene lugar se generan excedentes de recursos que se canalizan, en parte, hacia países como el nuestro. Fue lo que se llamo “los rugientes años veinte” precisamente para denotar el auge del desarrollo económico de aquella época.

Durante este periodo el país y alguno de sus principales municipios concurren al mercado internacional de capitales, y con esos recursos se inicia ambiciosos programas de obras públicas, aun que infortunadamente de manera desordenada. Esta situación de abundancia y de fácil acceso al mercado internacional de capitales termina abruptamente en 1929, cuando estalla la gran crisis que habría de cambiar dramáticamente el desenvolvimiento de la vida económica de todo el mundo durante los años treinta. Con el estallido de la crisis, el crédito externo del país se suspende. En el año de 1929 sucede algo similar a lo que acontece en 1982, cuando México declara la monarquía de su deuda externa.

La crisis del año 1929 da lugar a la declaración de la monarquía de la deuda externa por parte del Gobierno de Enrrique Olaya Herrera. Después de múltiples esfuerzos para evitarla, los hechos la hacen ineludibles y en 1935 es declarada la primera moratoria de la deuda del país de la época moderna al finalizar la segunda guerra mundial las condiciones del crédito internacional comienza a normalizarse. Se crean instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el cual envía al país la primera misión de estudio presidida por Lauchijn Currie 1949 a partir de ese momento, y prácticamente durante los años 50 y 60 el país comienza hacer uso abundante de las disponibilidades de crédito proveniente de los organismos internacionales. El crédito de los bancos comerciales privados no se utiliza con intensidad, sino más bien el de las entidades multilaterales de crédito (Banco Mundial Banco Interamericano).

En los años 70, sin embargo, sucede un hecho nuevo a raíz de los excedentes petroleros que se colocan en los bancos comerciales de Europa y Estados Unidos por los países excedentarios, que ven aumentar abruptamente sus ingresos como consecuencia de los incrementos en las cotizaciones internacionales que tienen lugar en esa década. Estas entidades crediticias comienzan a ser oferentes de recursos en los países no petroleros. Esto fue lo que se denomino “reciclaje” de los recursos petroleros por consecuencia la década de los de los 70 se caracteriza por que el endeudamiento público de países como Colombia pasa a ser más dependiente de créditos provenientes de bancos comerciales que de organismos multilaterales mantuvieron una importancia relativa como suministradores de créditos.

En 1982 México declara la moratoria de su deuda externa, fenómeno que desencadena la llamada crisis de la deuda externa latinoamericana.

EL DERECHO DE LA DEUDA PUBLICA: adquiere cada día mayor importancia como consecuencia de la creciente necesidad de recursos de Estado y ante el hecho es que los mecanismos de endeudamiento público pueden revestir muy variadas modalidades.

CONCLUSIÓN

Después de desarrollado el tema anterior pudimos aprender los principales factores que dieron origen a la deuda pública la cual es una de las generadoras de los déficits económicos de los países que la han adquirido por lo que en cada presupuesto tienen que incluir la cuota de pago de esta deuda.

Como nos pudimos dar cuenta la duda pública se genera más que todo en los países en vía de desarrollo ya que estos son los que hacen mayores inversiones para el mejoramiento del país los cuales no les es suficiente el dinero recaudado a trabes de impuestos o de los productos que este país genera o también como se da en la mayoría de los casos esto se causa por la mala administración de estos dineros que son invertidos en cosas innecesarias o por la estipulación de sobre costos en las obras que ejecutan.

Por lo anterior mente dicho podemos decir que la duda publica al adquirirla si se sabe administrar bien y si se ha obtenido por necesidad pude ser beneficiosa para el desarrollo de los países pero si estos dinero que se adquieren en calidad de préstamo se les da una mala administración o si se ha adquirido en forma innecesaria le pueden causar consecuencias muy grabes a la economía del país ya que constante mente se va a dejar de utilizar parte del presupuesto generado por el país para beneficio de el mismo porque se tienen que cancelar la cuotas correspondientes a esta deuda, acorde con esto podemos concluir que siempre debemos tener en cuenta la verdadera situación económica del país antes de realizar esta clase de préstamos porque pueden ser beneficiosos o pueden causar un déficits superior al que se quiere superar.

BIBLIOGRAFÍA

• Hacienda Pública de Juan Camilo Restrepo páginas 437-448.

• Hacienda Pública y Derecho Tributario, Las ideas políticas de la Hacienda Pública de Mauricio Plazas vegas, Editorial Temis, páginas 267-268.

• Hacienda Pública de Ramírez Cardona, Editorial Temis, cuarta edición, páginas 299-30.

• Economía Internacional de Robert J Carbaugh, Editorial Thomson, sexta edición, páginas 477-486.

• Economía Mundial de Jaime Requeijo, Editorial MC Graw Hill, segunda edición, páginas 133-147.

• CEPAL

• FMI (Fondo Monetario Internacional)