Leer Ensayo Completo Juicio De Particion De Bienes

Juicio De Particion De Bienes

Imprimir Documento!
Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 1.860.000+ documentos

Categoría: Temas Variados

Enviado por: Ensa05 20 mayo 2011

Palabras: 9180 | Páginas: 37

...

ne una importancia preponderante primando el común acuerdo antes que la decisión del juez.

3) Es un juicio doble, es decir aquél en que el estado de las cosas previo al juicio no determina en éste el rol de las partes, las cuales pueden desempeñar según el caso, el papel de demandante o demandado. Por ej. Si yo, comunero pido que cese el goce gratuito de un bien de la comunidad respecto de otro comunero, yo soy el actor, pero si yo estoy en ese goce gratuito yo seré el demandado.

4) Es un juicio complejo, pues en él pueden ventilarse varias acciones o pretensiones.

5) Generalmente (no siempre) es un juicio particional universal, pues recae sobre una universalidad jurídica, como la herencia.

6) El resultado final se consigna en la sentencia final que se denomina laudo, la cual establece todos los puntos de hecho y de derecho que deben servir de base a la distribución de los bienes comunes. Se adjunta a dicho laudo una ordenata o liquidación donde se determina los cálculos numéricos para esa distribución.

7) Son de cuantía indeterminada, ya que solo al momento de la sentencia se determina la parte que a cada comunero le corresponde.

8) Son juicios sin una tramitación preestablecida, ya que se desarrollan en comparendos, tantos como sean necesarios para arribar al objeto de liquidar los bienes entre los comuneros.

El Tribunal.

Se tramita en primera instancia ante el juez partidor (árbitro) y un ministro de fe, que corresponde al actuario.

El partidor (árbitro o compromisario) debe verificar cuales son los acuerdos de las partes (si los hay) y debe resolver las discrepancias que se suscitan. El actuario o ministro de fe debe autorizar los actos de éste y los que en su presencia se desarrollan.

Nombramiento de juez partidor.

El nombramiento puede ser efectuado:

a) Por el causante o testador.

b) Por los coasignatarios de común acuerdo.

c) Por el juez ordinario (arts. 1324 y 1325 CC y 646 CPC)

a) Por el causante o testador.

La primera de las formas, solo se da si la comunidad se establece por una herencia. Siendo válido ese nombramiento si lo hace el futuro causante en un instrumento público entre vivos (escritura pública) o en un testamento.

Problema. ¿Pueden los coasignatarios prescindir o revocar el nombramiento de partidor que efectúo el causante?

A favor:

a) Como continuadores en vida de los derechos y obligaciones del causante, los comuneros de común acuerdo podrían revocar dicha designación.

b) De acuerdo al art. 241 del COT el compromiso termina por la revocación de las partes, sin distinguir el origen del mismo.

c) Los comuneros están facultados para hacer la partición por sí mismos, de común acuerdo (1325 CC) sin estar condicionados a la existencia de este partidor, por lo cual si deciden hacer ellos la participación, quedaría revocado ipso iure dicha designación.

En contra:

a) El partidor adquiere un derecho con la designación del causante.

b) La norma del art. 241 del COT que permite revocar nombramiento del partidor es de carácter general, pero dicho partidor nombrado en virtud de reglas del CC (1324 CC) no sería afectado por esa norma.

c) La norma del art. 1324 del CC establece que valdrá el nombramiento de partidor que haya hecho el difunto, sin sujetar ese nombramiento a la confirmación de los comuneros.

d) Los comuneros están obligados a respetar la partición que haya hecho el causante en cuanto no fuere contraria a derecho (1328 CC), con mayor razón deben respetar la designación de partidor.

b) Por los coasignatarios de común acuerdo.

El nombramiento de partidor por los coasignatarios requiere de acuerdo de todos ellos y constancia por escrito.(234 C.O.T.)

Recordemos que conforme al art. 1325 C.C. aún cuando los coasignatarios no tengan la libre disposición de sus bienes pueden nombrar de común acuerdo a un particular de bienes.

A su vez si alguno de los coasignatarios no tiene la libre disposición de sus bienes, el nombramiento de partidor debe ser aprobado por el juez, salvo si se trata de una mujer casada cuyos bienes administra el marido, donde basta su solo consentimiento o de la justicia en subsidio (art. 1326 C.C.).

Sanción.

El nombramiento del partidor sin aprobación judicial, adolecería de nulidad que podría subsanarse durante la partición (Alessandri Fernando). Para otros es una nulidad relativa de carácter civil por atentar contra norma sustantiva, no procesal, donde podría sanearse por ratificación de las partes y aprobación judicial antes que la nulidad sea alegada.

Los coasignatarios están facultados para nombrar a más de un árbitro partidor. En caso de dos o más pueden nombrar a un tercero para dirimir las discordias que entre los titulares puedan suscitarse pudiendo incluso autorizar a los propios árbitros partidores a que nombren a este tercero (art. 231 y 233 C.O.T.).

c) Nombramiento por la justicia ordinaria.

Si el causante no ha designado partidor y los coasignatarios no se ponen de acuerdo en dicho nombramiento, corresponde a la justicia ordinaria nombrarlo. Dicho partidor debe reunir los requisitos legales con sujeción al C.P.C. (art. 1325 C.C.).

Recordemos que para ser partidor a diferencia de los árbitros en general se exige legalmente (art. 1323 C.C.) que debe ser abogado y con libre disposición de sus bienes, siéndole aplicable las reglas de implicancias y recusaciones que el C.O.T. establece para los jueces. No pueden ser albaceas o coasignatario, porque solo pueden ser partidores si son designados por el causante (art. 1324 C.C.) o los coasignatarios de común acuerdo 8art. 1325 C.C.)

El art. 646 del C.P.C. establece la manera de realizar el nombramiento de partidor por la justicia ordinaria, indicando que cualquiera de los comuneros puede ocurrir al tribunal competente a fin que se cite a todos los interesados para efectuar la designación, y se procede a ella en la forma establecida para el nombramiento de peritos.

Esta petición implica el ejercicio de la acción de partición, donde se presenta el escrito al juez a fin que cite se cite a la audiencia de rigor para esta designación.

Para determinar el tribunal competente para conocer de esta designación debemos distinguir:

a) Si la comunidad es hereditaria, el juez competente es el del lugar donde se abrió la sucesión, es decir, el último domicilio del causante (art. 148 C.O.T.).

b) Si la comunidad no es hereditaria, el juez competente será el del domicilio de cualquiera de los comuneros (art. 134 y 141 C.O.T.).

Recordemos que la forma de designar peritos se regula en el art. 414 del C.P.C., esto es, citando a una audiencia con la sola presencia de las partes que asistan, debiendo en el caso de designación de partidor, citando a un comparendo para día y hora determinado. Siendo la primera gestión judicial deberá de notificarse personalmente (art. 40 C.P.C.).

Si en dicho comparendo hay acuerdo de las partes, se respeta dicho acuerdo, en caso contrario lo nombra el juez, el cual no puede recaer en las dos primeras personas propuestas para perito (en este caso árbitro), Este desacuerdo puede ser real al expresarlo en audiencia los interesados o presunto, al no concurrir al comparendo (art. 415 C.P.C.).

Recordemos que tampoco puede nombrar partidor al albacea o a un coasignatario. Además solo puede nombrar a UN partidor.

Hecho el nombramiento, se pondrá en conocimiento de las partes para que deduzcan su oposición dentro de tercero día si lo desean, al querer hacer valer alguna incapacidad legal. Vencido el plazo sin interponer oposición, queda a firme el nombramiento.

Naturaleza de la gestión de nombramiento de partidor ¿Contenciosa o no contenciosa?

a) Un sector de la jurisprudencia y doctrina, suscribe que es de jurisdicción contenciosa, porque tiene por objeto abrir un juicio, como es el de la partición y el CPC la ha incluido dentro de ese ámbito en el titulo III. A su vez se recurre al juez al no haber acuerdo entre los coasignatarios, es decir discrepancia entre ellos.

b) Por otro sector, se estima que es de jurisdicción voluntaria por no tener la forma de juicio, donde el juicio proviene posteriormente, el cual es independiente de la gestión de nombramiento de partidor.

Tramitación de la oposición a designación de partidor.

a) Para el profesor Alessandri, su tramitación es más propia de incidente, del cual procedería en su contra el recurso de apelación. Si por el curso de ese incidente surgiera una situación de lato conocimiento, ej. posibilidad de no existir comunidad, el incidente se falla en el sentido de no procederse a la partición mientras esté pendiente dicha situación, la que se tramitará como juicio ordinario o sumario, dependiendo del asunto a debatir.

b) Para otros, la tramitación corresponde a la del juicio ordinario o sumario según la materia que se trate, donde cabria tanto la apelación como la casación.

c) Otra indicación señala que dicha oposición no tiene tramitación de incidente, pero a su vez necesita de tramitación eficaz para resolverse rápidamente, es decir a través de juicio sumario (Corte Suprema RDJ T. XXXII, 2da. Parte, sección 1, pág 377).

Caso especial. Nombramiento del reemplazante de uno de los partidores designados por las partes.

Si los propios coasignatarios nombraron tres partidores con facultades de árbitros arbitradores, y renuncia uno de ellos sin que el compromiso nombre reemplazante y hay a su vez desacuerdo de los coasignatarios, el compromiso queda sin efecto, siendo incompetente la justicia ordinaria para actuar en subsidio.

¿Quienes no pueden ser partidores?

a) Los que no son abogados.

b) Los que no son mayores de edad.

c) Los que no tengan la libre administración de sus bienes

d) Los jueces letrados y Ministros de Corte de Apelaciones y Corte Suprema (art. 316 y 317 C.O.T.)

e) Los funcionarios auxiliares de la administración de justicia con excepción de los procuradores y defensores públicos (art. 479 C.O.T.). Los notarios no pueden ser partidores además por art. 480 C.O.T.

Implicancias y recusaciones de los partidores.

Están relacionadas con la forma en que han sido designados.

Si el nombramiento proviene de la justicia ordinaria le serán aplicables al juez partidor todas las causales de implicancia y recusación establecidas en el C.O.T. (art. 1323 C.C.)

Cuando la designación la ha hecho el causante, vale esta designación aun cuando sea el albacea o un coasignatario o este comprendido dentro de alguna causal de implicancia o recusación del COT, siempre que cumpla con los demás requisitos generales.. Pero en este caso, cualquiera de los coasignatarios puede solicitar al juez ordinario la inhabilitación por alguno de esos motivos de acuerdo con la reglas de recusaciones conforme el C.P.C. (art. 1324 C.C.).

Cuando la designación del partidor la realizan los interesados de común acuerdo, podrán ser albaceas o coasignatarios o incluso alguna persona (s) comprendida en causal de implicancia o recusación del C.O.T. Lo anterior no obsta a que si después de la designación el partidor cae en alguna causal de implicancia o recusación, puedan hacerse valer para declarar la inhabilidad de dicho partidor (art. 1325 C.C.).

Nombramiento del actuario.

El actuario es la persona llamada a dar fe de los actos ejecutados o desarrollados ante el juez partidor.

El actuario es designado por el juez partidor, sin perjuicio de las implicancias o recusaciones que las partes puedan reclamar (art. 632 inc. 1° y 648 C.P.C.). Dicho nombramiento lo realiza en su primera resolución.

Los requisitos para ser actuario es que sea un ministro de fe, pero no todos los ministros de fe pueden actuar como actuarios. Sólo pueden serlo:

a) Los secretarios de los tribunales superiores de justicia.

b) Los Notarios; y

c) Los Secretarios de los Juzgados de Letras (art. 648 inc. 2° C.P.C.)

Por ende no pueden ser actuarios los receptores a diferencia de los demás juicios arbitrales.

Constitución del tribunal.

Dos formalidades dan cuenta que el juez partidor ha quedado válidamente investido de dicho cargo:

a) La aceptación; y

b) El juramento.

La aceptación es la manifestación de voluntad del partidor en orden al desempeño del cargo con el cual ha sido honrado. Dicha manifestación de voluntad debe ser expresa por exigencia del art. 1328 C.C.

El juramento es el acto por el cual el partidor expresamente jura desempeñar el cargo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible (art. 1328 C.C.)

Por lo anterior, ambas formalidades deben ser por escrito.

Tanto la aceptación y el juramento, en cuanto a su oportunidad corresponde una vez hecha la designación y vencidos los plazos para hacer valer inhabilidades o del fallo en caso de designación ante sede judicial.

Plazo para desempeñar cargo de juez partidor.

Dos años contados desde la aceptación del cargo. El testador no puede ampliar ese plazo, pero los coasignatarios si pueden ampliarlo o restringirlo, aún contra voluntad de testador (art. 1332 C.C.).

A este plazo se le debe deducir el tiempo durante el cual, por interposición de recursos o por otra causa, haya estado totalmente interrumpida la jurisdicción del partidor (art. 647 C.P.C.).

Responsabilidades y prohibiciones del juez partidor.

La indica expresamente el art. 1329 C.C., donde indica que dicha responsabilidad se extiende hasta la culpa leve, y en el caso de prevaricación declarada por juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de perjuicios y a las penas legales que correspondan al delito, se constituirá indigno conforme a lo dispuesto para ejecutores de últimas voluntades del art. 1300 C.C.

Además responde el juez partidor frente a los acreedores de todo perjuicio por su omisión en formar el lote o hijuela pagadera de deudas (art. 1336 CC), y frente al Fisco además por no haber resrbador o hecho reservar los bienes necesarios para el pago de impuesto de herencia (art. 68 de la Ley 16.271).

Respecto de prohibiciones son las propias de arts. 1798 C.C., 321 C.O.T. y 240 C.P.

Remuneración del juez partidor.

Dicha labor no es ad – honorem, debe ser remunerada.

Lo anterior se manifiesta en el pago de honorarios que serán determinados de común acuerdo entre él y los interesados al momento de constituirse el compromiso o bien durante la tramitación del juicio mismo.

Si no existe ese acuerdo, el partidor puede establecer sus honorarios en el laudo o sentencia definitiva conforme el art. 655 C.P.C.

En dicha parte que fija sus honorarios, no es propiamente una resolución judicial, sino sólo una proposición o estimación de honorarios, pudiéndose reclamar de ella cualquiera que sea su cuantía (art. 665 C.P.C.). Generalmente va entre 5% a 10% de la masa partible.

La reclamación se interpondrá en la misma forma y en el mismo plazo que la apelación y será resuelta por el tribunal de alzada en única instancia (art. 665 C.P.C.). No se debe confundir la reclamación con la apelación. La primera solo ataca una mera proposición de honorarios, la segunda es un verdadero recurso, a fin que sea enmendada conforme a derecho una verdadera resolución judicial por el tribunal superior respectivo.

Remuneración del actuario.

Dichos honorarios en la partición, son fijados por el árbitro como una baja de la herencia. Existe un auto acordado de 05 de diciembre de 1941 por la Corte Suprema sobre arancel judicial donde señala que no puede exceder del 5% del honorario del partidor.

Características del Juez partidor.

a) Es un árbitro, por ser una materia de arbitraje forzoso y porque se extiende a los partidores las reglas de los jueces árbitros( art. 648 C.P.C.).

b) Es por regla general un árbitro de derecho.

c) Excepcionalmente puede ser árbitro arbitrador siempre que tal calidad se la atribuyan las partes mayores de edad y libre administradora de sus bienes (art. 224 inc 1 C.O.T. y 648 C.P.C.). Y también árbitro mixto por razones de manifiesta conveniencia, previa autorización judicial y aún cuando entre los interesados existan incapaces (art 224 C.O.T., art. 628 y 648 C.P.C.).

d) Puede tener un rol activo o pasivo. En el primer caso cuando entre las partes surgen contiendas jurídicas que el árbitro debe resolver, y en el segundo, cuando entre los interesados no se presentan dificultades y el árbitro se limita a consugnar los acuerdos en las actas y a pronunciar el laudo conforme a dichos acuerdos.

e) No es un administrador de los bienes comunes, ya que esa labor le corresponde a los mismos interesados como dueños de esos bienes o a quien designen como administrador proindiviso.

f) No es un liquidador de bienes comunes, pues éste último, a diferencia de los jueces llamados a resolver las contiendas, es un mandatario de los comuneros que administra y realiza los bienes comunes y que rinde cuenta de su gestión, lo cual no se relaciona con los jueces partidores.

Competencia del juez partidor.

Tenemos tres clases:

a) Cuestiones de exclusiva competencia del juez partidor.

b) Cuestiones de las cuales jamás puede conocer el juez partidor; y

c) Cuestiones de que puede conocer, ya sea el juez partidor o el juez ordinario según las circunstancias

Cuestiones de exclusiva competencia del juez partidor.

El artículo 651 del CPC nos da la respuesta a esta cuestión el cual expresa que son de la competencia del partidor todas las cuestiones que la ley especialmente le encomienda y las que, debiendo servir de base para la repartición, no someta la ley de un modo expreso al conocimiento de la justicia ordinaria.

A modo ejemplar, son materias que la ley encomienda al partidor, el decretar la forma en que han de administrarse proindiviso los bienes comunes e indicar como deben nombrarse los administradores si no se ponen de acuerdo en ello los coasignatarios. Esta competencia es solo una vez hecho el compromiso y en tramitación el juicio de partición, ya que antes de ello o a falta de partidor (muerte, revocación etc) conoce de estos asuntos la justicia ordinaria. Además debe de seguir conociendo de las cuestiones que se hayan ya promovido o se promuevan con ocasión de las medidas dictadas por la justicia civil para la administración de los bienes comunes (art. 653 C.P.C.).

Cuestiones de las cuales jamás puede conocer el juez partidor.

Corresponde a los asuntos relativos a controversia sobre los derechos de sucesión por testamento o abintestato, desheredamiento, incapacidad e indignidad de los signatarios (art. 13330 C.C.) y las alegaciones sobre propiedad de objetos en que alguien alegue derecho exclusivo y que por ende solicita que no entre a la masa partible (art.1331 C.C.).

Cuestiones de que puede conocer, ya sea el juez partidor o el juez ordinario según las circunstancias.

Tenemos:

1) Lo relativo a formación e impugnación de inventarios y tasaciones que conocerá el juez partidor (art. 651 inc. 1° C.P.C.), sin perjuicio de la intervención de la justicia ordinaria en al formación de los inventarios.

2) Las cuestiones relativas a las cuentas de los albaceas, comuneros y administradores de los bienes comunes en que entenderá el juez partidor (651 inc. 2° C.P.C.), sin perjuicio del derecho de los albaceas, comuneros, administradores y tasadores para recurrir también a la justicia ordinaria en cuestiones relativas a sus cuenta y honorarios, siempre que no hayan aceptado el compromiso, o que no este constituido o que haya caducado.

3) Los derechos que puedan hacer valer sobre bienes comunes los terceros acreedores durante el juicio de partición, quienes podrán ocurrir al partidor o a la justicia ordinaria según su elección (art. 656 C.P.C.).

4) La forma en que han de administrarse proindiviso los bienes comunes y el nombramiento de los administradores, si no se ponen de acuerdo en ello los interesados, que corresponderá decretar a la justicia ordinaria mientras no se haya constituido el juicio divisorio, o cuando falte el árbitro que deba entender en él (art. 653 C.P.C.).

Hay que tener claro que organizado el compromiso y mientras subsista la jurisdicción del partidor, a él corresponderá entender en estas cuestiones y continuar conociendo en las ya promovidas o que se promuevan con ocasión de las medidas dictadas por la justicia ordinaria para administrar los bienes comunes (art. 653 C.P.C.).

5) La ejecución de la sentencia definitiva para lo cual se podrá ocurrir al árbitro designado si no está vencido el plazo para el que fue nombrado, o bien al tribunal ordinario correspondiente a la elección del que pida su cumplimiento (art. 635 C.P.C.).

Procedimiento.

Tenemos claro que el juez partidor es un árbitro, y por ende se le hacen aplicables las reglas de dicha institución, o sea del Título VIII del Libro III del C.P.C., en lo que no esté modificado por el título IX de dicho Libro y sean aplicables a las cuestiones que deben resolver (art. 648 C.P.C.).

Eso sí, una modificación importante ocurre con la figura del actuario que debe autorizar todos los actos del partidor de bienes, cualquiera sea la calidad del partidor y la naturaleza de la actuación (art. 648 inc. 2 C.P.C.).

Debemos tener claro también que no existe una tramitación ordenada y preestablecida en la ley, pues las materias sometidas al conocimiento del partidor se ventilan en audiencias verbales ,o por medio de solicitudes escritas cuando la naturaleza e importancia de las cuestiones debatidas así lo exijan, donde dichas resoluciones que se dictan con tal objeto son inapelables (art. 649 C.P.C.).

Estas audiencias y solicitudes escritas serán tantas cuantas sean las materias que deba decidir el partidor para conducir el juicio entregado a su conocimiento a fin de lograr la división y liquidación de los bienes comunes.

Primera resolución.

No se halla establecida de manera expresa en la ley, pero la práctica nos permite señalar que el juez partidor de oficio o a petición de parte dicta esta primera resolución que contiene los siguientes puntos o elementos:

a) La declaración de tener por constituido el juicio de partición en base al compromiso respectivo.

b) La citación de las partes a la primera audiencia o comparendo, señalando el día, hora y lugar en que se verificará

c) La designación del actuario, a quien se ordena a su vez que autorice dicha primera resolución.

La primera notificación a las partes es personal para quedar legalmente emplazadas del juicio de partición.

Audiencias verbales.

Dichas audiencias o comparendos son los que se realizan en el presente juicio a fin de tratar todos los asuntos que dicho pleito debe dilucidar.

Se clasifican en:

a) Audiencias ordinarias; y

b) Audiencias extraordinarias.

Las audiencias ordinarias son aquellas celebradas en los días, hora y lugar prefijados por las partes y sin previa notificación. Las extraordinarias son aquellas realizadas fuera de los días prefijados, previa notificación.

Las audiencias ordinarias, generalmente se acuerdan en el primer comparendo y si se modificará la designación de día para esta clase de audiencia, no producirá efecto alguno mientras no se notifique a todos los que tengan derecho a concurrir (art. 650 C.P.C.).

Al establecerse días determinados para las audiencias ordinarias, se entiende que en ellas se pueden celebrar válidamente acuerdos sobre cualquiera de los asuntos comprendidos en el juicio, aún cuando no estén presentes todos los interesados, a menos que:

a) Que se trate de revocar acuerdos ya celebrados; o

b) Que se requiera el acuerdo unánime conforme a la ley; o

c) Que se requiera el acuerdo unánime conforme a acuerdos anteriores de las partes (art. 650 inc. 1° C.P.C.).

En las audiencias ordinarias se ventila todo lo que es inherente a la partición, ej. Facción de inventario, tasación de bienes, realización de los mismos, pagos de deudas, etc.

Las audiencias extraordinarias en cambio, tienen por objeto tratar única y exclusivamente acerca de las materias que motivaren la citación de los interesados. La iniciativa de ellas corresponde a cualquier interesado, y solicitada que sea el juez partidor deberá decretarla.

De todo lo obrado en las audiencias se levantará acta, consignándose en ellas los resultados alcanzados, los que se materializan en la forma de acuerdos (art. 649 y 650 C.P.C.).

Plazo para formula cuestiones.

El partidor puede fijar a las partes plazo para que formulen sus peticiones sobre las cuestiones que deban servir de base a la partición (art. 652 C.P.C.). Es una facultad entregada para agilizar la marcha del juicio.

Tramitación, acumulación y fallo de las cuestiones.

Cada cuestión que se promueva será (a) tramitada separadamente con audiencia de todos los que en ella tengan interés, (b) sin entorpecer el curso de las demás y sin que se paralice en unas la jurisdicción del partidor por los recursos que en las otras se deduzcan (art. 652 C.P.C.).

Luego estamos hablando de tres reglas importantes para facilitar la tramitación de cada una de las cuestiones que pueden promover las partes ante el juez partidor.

Cabe la consulta natural ¿Que procedimiento utilizar para su tramitación?

Primeramente como juicio arbitral que es, el que las partes hayan elegido.

A falta de acuerdo, se deberá de recurrir al procedimiento general dependiendo del asunto a debatir, por ende se podrán aplicar las reglas del juicio ordinario, sumario, incidental o especial según corresponda (Juicio complejo).

Si bien la regla general es su tramitación separada de cada una de las cuestiones, la ley permite la acumulación de dos o más de las cuestiones cuando sea procedente la acumulación de acuerdo a las reglas generales (art. 652 C.P.C.).

Dichas cuestiones se fallaran durante el juicio divisorio o bien se dejarán para la sentencia final (art. 652 C.P.C.).

Reglas de fondo aplicable al fallo de las cuestiones.

Es materia de derecho sustantivo, por ende variada y compleja, pero por regla general, debe decidir el partidor en primer lugar a la disposición de fondo que corresponda y especialmente a las normas contenidas en el art. 1337 del C.C. sobre liquidación y distribución de bienes hereditarios.

Dichas normas nos señalan que:

a) Prevalecerá sobre cualquier norma la voluntad unánime de los interesados, de tal forma que habiendo acuerdo sobre una determinada forma de distribución de los bienes comunes deberá estarse a ella.

b) Debe procederse a la división material misma de las cosas comunes entre los interesados, de modo que toquen porciones iguales.

c) No siendo posible división en partes iguales deberán formarse lotes análogos y luego repartírselos de común acuerdo o a falta de éste por sorteo.

d) Los bienes raíces deberán dividirse en caso que admitan cómoda división o que ésta no los haga desmerecer. Por regla general se escucha a peritos sobre este punto.

e) Si se resuelve que los bienes raíces no admiten cómoda división o que ésta los hace desmerecer, se deberá de proceder al proceso de adjudicación entre los interesados o venderlos; y

f) La venta puede ser pública o privada, con o sin admisión de postores extraños. Las partes son las dueñas de determinar la mejor forma de realización. Si no hay acuerdo resuelve el partidor.

Otras cuestiones que pueden suscitarse durante el juicio.

a) Cesación en el goce gratuito de una cosa.

b) Administración de bienes comunes.

c) Derechos que pueden hacer valer los acreedores y que afecten a los bienes comunes.

d) Adjudicación de los bienes comunes.

e) Licitación de los bienes comunes.

Administración de bienes comunes.

Recordemos la regla del art. 653 C.P.C. que esta materia es de conocimiento del juez partidor o de la justicia ordinaria, dependiendo si esta ya establecido el compromiso, y el partidor se encuentra en actual ejercicio del cargo, y no hac cesado por cualquier motivo

Esta cuestión en sí surge cuando los coasignatarios no están de acuerdo acerca de la administración conjunta de los bienes, pudiendo cualquiera de ellos ir al juez partidor o a la justicia ordinaria según vimos, pidiendo el nombramiento de uno o más administradores y la fijación de los demás pormenores propios de la administración proindiviso.

El tribunal deberá citar a una audiencia a los interesados y se celebrará con sólo los que concurran (art. 654 C.P.C.).

No estando todos presentes sólo podrá producirse acuerdo por mayoría absoluta de los concurrentes, que representen a lo menos la mitad de los derechos de la comunidad, respecto de los siguientes puntos:

a) Nombramiento de uno o más administradores, sea de entre los mismos interesados o de extraños.

b) Fijación de la remuneración a los administradores y de sus atribuciones y deberes.

c) Determinación del giro que debe darse a los bienes comunes durante la administración proindiviso y del máximun de gastos que en ella pueden hacerse.

d) Fijación de las épocas en que deba darse cuenta a los interesados, sin perjuicio de que ellos puedan exigirlas extraordinariamente, si hay motivo justificado y vigilar la administración sin embarazar los procedimientos de los administradores (art. 654 C.P.C.).

Si en dicha audiencia, todos estuvieran presentes y no hubiera acuerdo unánime en cuanto a la persona del o los administradores y demás asuntos ligados a dicha administración, bastará la dble mayoría antes señalada para que pueda haber acuerdo válido (art. 654 C.P.C.) o por resolución de tribunal a falta de mayoría (art. 654 C.P.C.).

Cesación en el goce gratuito de la cosa.

Conforme al art. 2305 del C.C., el derecho de cada uno de los comuneros sobre la cosa en común es el mismo que el de los socios en el haber social. Entre esos derechos está el servirse de dichas cosas para su uso personal con tal que las emplee según su destino ordinario y sin perjuicio de la sociedad y del justo uso de los otros (art. 2081 Nº 2 C.C.).

Este goce es gratuito y para ponerle término será necesario que cualquiera de los interesados reclame ante el juez partidor.

Se debe oír al o los comuneros que gozaban gratuitamente de la cosa común, donde el partidor resolverá poniendo a dicho goce gratuito término, salvo que él se funde en un título especial (art. 655 C.P.C.).

Ante ello, el que gozaba gratuitamente de la cosa común deberá de pagar por ese goce a la comunidad, primando el acuerdo de los interesados y en su defecto por el partidor. Eso si nada deberá por el goce anterior a tal declaración (sin efecto retroactivo).

Derechos de los acreedores sobre los bienes comunes.

El art. 656 del C.P.C. señala que dichos acreedores que tengan derechos que hacer valer sobre los bienes comunes, podrán ocurrir ante el juez partidor o justicia ordinaria a su elección.

Ejemplo de esta clase de derechos es un crédito hereditario, o un derecho de servidumbre. Por ende la solicitud se tramitará conforme su naturaleza.

Adjudicación de bienes comunes.

La adjudicación es el acto en cuya virtud en el juicio de partición de bienes se entrega a un comunero alguna cosa poseída proindiviso por todos los coasignatarios, de manera que el adjudicatario pasa a ser su dueño exclusivo.

La adjudicación no es un título traslaticio de dominio, sino que un titulo declarativo de dicho derecho (art. 718 y 1344 C.C.).

Consecuencias:

a) El adjudicatario no adquiere el dominio en virtud de la tradición, materialmente en cuanto a la inscripción en el registro conservatorio del título (bienes raíces), sino por el modo de adquirir llamado sucesión por causa de muerte., donde la inscripción es solo la manera de continuar la historia del inmueble que se trate.

b) Si durante la indivisión, alguno de los comuneros ha hecho enajenaciones o constituido por sí solo gravámenes sobre las cosas comunes, subsistirán sobre la parte adjudicada a dicho coasignatario, y si dicho gravamen o enajenación se extendiera a más de lo que ha cabido al comunero, no subsistirá la enajenación o gravamen contra la voluntad de los respectivos adjudicatarios.

c) Si durante la adjudicación estuviere pendiente un embargo, será válida y podrá inscribirse, porque solo hay objeto ilícito en la enajenación de cosas embargadas (art. 1464 Nº 3 C.C.) y la adjudicación no es un acto de enajenación, sino la simple singularización de dominio de una cosa poseída proindiviso en manos de uno o más copartícipes.

En cuanto al embargo, si está establecido por deuda del causante, del propio adjudicatario o de todos los comuneros, subsistirá el embargo a pesar de la adjudicación.

Si el embargo tiene su fundamento en deuda de otro coasignatario el embargo caduca.

En cuanto a la oportunidad en que puede producirse la adjudicación, puede ser durante el juicio, en la sentencia o en un acto posterior a ella.

Durante el juicio: Por dos formas.

a) Por acuerdo de los coasignatarios en cuya virtud se entrega a uno de ellos algún bien común a cuenta de su asignación.

b) Por la concurrencia de cualquiera de los copartícipes a la licitación de bienes comunes y haberlo rematado para sí.

En el caso a) señalado el acuerdo debe ser unánime (art.1325, 1334 y 1335 C.C.; art. 657, 660 C.P.C.). En el caso b) se trata de una adjudicación y no de un remate como si lo sería si quien lo hubiera subastado fuese un tercero extraño.

El derecho de los comuneros para efectuar adjudicaciones durante el juicio divisorio se establece en el art. 600 del C.P.C.

Eso sí, este derecho no se ejercita libremente ya que previamente a adjudicar bienes es necesario apreciarlos por peritos nombrados en la forma ordinaria (art. 657 C.P.C.).

Sin embargo puede omitirse la tasación si el valor de los bienes es fijado de manera unánime por los coasignatarios, sea personalmente o a través de sus representantes en caso de los incapaces, siempre que existan en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes o que se trate de bienes muebles (art. 657 C.P.C.).

Así se entiende que la tasación de bienes muebles no necesita de tasación previa, aún cuando existan incapaces siempre que su valor sea acordado de común acuerdo entre los coasignatarios y en autos hayan antecedentes que justifiquen dicha apreciación Ej. Una tasación de una entidad financiera.

No está de más recordar que todo acuerdo de partes o la resolución del partidor que adjudique bienes raíces, deberá reducirse a escritura pública, ya que sin esta solemnidad no se podrá inscribir dicho bien ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo (art. 659 C.P.C.).

Dicha escritura pública es el título de dominio de la adjudicación, y como tal debe contener todos los antecedentes necesarios para facilitar su estudio posterior.

En cuanto a la parte matemática en cuanto a las cuotas de cada comunero beneficiado con una adjudicación, éstas son verdaderos anticipos hechos a los comuneros a cuenta de sus respectivas cuotas.

Por lo anterior, es indispensable determinar previamente, por acuerdo de los interesados o en su defecto por resolución del partidor, cual es el haber probable de cada comunero. La fijación provisional del haber probable se hará prudencialmente por el partidor (art. 660 C.P.C.)

El art. 660 del C.P.C. establece una regla importante en cuanto indica que salvo acuerdo unánime de las partes, los comuneros que durante el juicio reciban bienes en adjudicación por un valor que exceda el 80% de lo que les corresponde percibir (haber probable), pagarán de contado el exceso.

Con la finalidad de establecer el igual trato entre comuneros, los valores que se reciban a cuenta de sus derechos devengarán el interés que las partes fijen o el legal cuando tal fijación no se haya hecho, sin perjuicio de leyes especiales (art. 661 C.P.C.).

En las adjudicaciones de bienes raíces que se hagan a los comuneros durante el juicio o en la sentencia, se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas, para asegurar el pago de los alcances que resulten en contra de los adjudicatarios, siempre que no se pague de contado el exceso sobre el haber probable (art. 662 C.P.C.).

Al inscribirse en el Conservador el título de adjudicación, se inscribirá a su vez la hipoteca por el valord e los alcances. También podrá reemplazarse esta hipoteca por otra caución suficiente calificada por el partidor (art. 662).

Como vemos, es una hipoteca de carácter legal, y como toda hipoteca debe inscribirse en el registro conservatorio pertinente al caso.

Esta hipoteca será determinada o indeterminada según el caso. Así si se ha calculado el haber probable, la hipoteca caucionará como máximo el 20% restante. Será indeterminada cuando caucione los alcances de un adjudicatario, cuyo momento hasta ese momento no se conoce.

Licitación de bienes comunes.

Es la venta en pública subasta de los bienes comunes, muebles o inmuebles, que se efectúa ante el juez partidor.

Para esta venta, es necesario previamente apreciar los bienes de que se trate por peritos nombrados de forma ordinaria (art. 657, inc. 1° C.P.C.).

Como vimos en materia de adjudicación de bienes comunes, se puede omitir esta tasación si el valor se fija de común acuerdo por las partes o sus representantes, aunque entre los comuneros haya incapaces, con tal que existan en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes o que se trate de bienes muebles, pero también procede en caso de fijar un mínimum para licitar bienes raíces con admisión de postores extraños (art. 657 inc. 2° C.P.C.).

Además existen reglas de publicidad que en síntesis son las siguientes:

a) El remate debe ser anunciado por medio de avisos publicados en un periódico de la comuna, o de la provincia, o de la capital de la región si en aquella no lo hay (art. 658 C.P.C.).

b) Cuando entre los interesados haya incapaces, la publicación de avisos se hará por 4 veces a lo menos, mediando entre la primera y el remate un espacio de tiempo que no baje de 15 días.

c) Si por no efectuarse el remate es necesario hacer nuevas publicaciones, se deberá de proceder conforme el art. 502 C.P.C. Es decir reducción a la mitad de los plazos, sin perjuicio de volver a los plazos originales si han transcurrido ya más de tres meses contados desde la fecha del día designado para el anterior remate, hasta aquel en que se solicite la nueva subasta.

d) Los avisos podrán publicarse en días inhábiles, los que no se descontarán para el computo de plazos para el cómputo del plazo señalado precedentemente.

e) Si los bienes están en otra comuna, el remate se anunciará también en ella por el mismo tiempo y en la misma forma.

Luego se aplican todas las reglas ya vistas para el remate de bienes en pública subasta de los juicios ejecutivos.

Por ello las bases de la subasta se habrán fijado por común acuerdo o en su defecto por resolución del juez partidor, así como indicación del día y hora en que debe realizarse. Llegado el día y la hora se calificaran previamente las cauciones y luego se adjudicará el bien al postor que haya ofrecido el precio más alto.

¿Hay que extenderse acta de remate? El C.P.C. no señala nada en esta clase de juicios, pero por prudencia y seguridad es conveniente hacerlo. Dicha acta será firmada por el subastador, el juez partidor y el actuario. Esta acta se extenderá en el registro del actuario y copia autorizada del mismo se agrega al cuaderno de partición.

En el caso de bienes raíces, para proceder a su inscripción debe reducirse el título a escritura pública.

Esta escritura pública será firmada por el partidor, ya que las enajenaciones que se efectúen por su conducto se considerará a éste el representante legal de los vendedores y en tal carácter subinscribirá los instrumentos que con motivo de dichas enajenaciones, haya necesidad de otorgar (art. 659 C.P.C.). También deberá de firmarla el subastador, en aceptación del remate.

El partidor podrá también autorizar al comprador o al adjudicatario o a un tercero para que por sí solo subscriba la inscripción de la transferencia en el conservador respectivo (art. 659 CPC)

El fallo.

La sentencia definitiva.

Los resultados de la sentencia definitiva se consignarán en el Laudo o sentencia final, que resuelva y establezca todos los puntos de hecho y derecho que deben servir de base para la distribución de los bienes comunes; y en una Ordenata o liquidación en que se hagan los cálculos numéricos necesarios para dicha distribución (art. 663 C.P.C.)

Así la sentencia definitiva consta de dos partes: Laudo y Ordenata, cuya misión en conjunto es la de servir para que en ellas se consignen los resultados de la partición.

Laudo lo definimos como la sentencia final que se pronuncia en el juicio sobre partición de bienes y que resuelve o establece, todos los puntos de hecho y derecho que deben servir de base para distribuir los bienes comunes. Así en él se reproducen y mantienen todos los acuerdos adoptados por los interesados en el curso de la partición.

Pero en las veces en que el partidos debe resolver sobre los puntos de hecho o de derecho que deben servir de base para la distribución de los bienes comunes, donde ahí ejerce como un verdadero juez, donde dichas cuestiones suscitadas en el juicio las habrá dejado para resolver en la sentencia definitiva dicho partidor.

El Laudo como sentencia que es deberá de comenzar con el lugar y fecha de su dictación, y además reunir los requisitos del art.170 del C.P.C.

Así el laudo deberá contener:

1. La forma en que fue designado el partidor y la individualización de éste.

2. El objeto de la partición.

3. Los antecedentes de la misma. Ej: posesión efectiva, testamento, certificado de matrimonio (Casos de liquidación de sociedad conyugal), inventarios, etc.

4. La individualización de los interesados y sin han comparecido por medio de representantes legales o por mandatarios, también su debida individualización.

5. La manera como fueron oídos los interesados y la tramitación de las diversas cuestiones que pueden haberse formulado.

6. La orden de formar el cuerpo común de bienes, indicando al mismo tiempo los que deben componerlo.

7. La indicación de las bajas generales.

8. Las maneras de distribución del haber líquido entre los interesados, señalando la parte o cuota que a cada uno de ellos les corresponda en los bienes comunes.

9. La orden de formar a cada interesado su correspondiente hijuela con los bienes que deberá también señalar.

10. La orden de formar el cuerpo común de frutos si los hubiere y sus bajas.

11. La formación de la carta hijuela de deudas si la hubiere y los bienes con que serán canceladas.

Posteriormente viene la Ordenata o liquidación, donde se hacen los cálculos numéricos para su distribución. En otras palabras es el laudo traducido a números.

La Ordenata para su mejor comprensión se subdivide en partidas, donde la primera contiene el cuerpo común de bienes y sus valores; la segunda las bajas generales, la tercera el cuerpo común de frutos; la cuarta el cuerpo de intereses; la quinta la baja de los frutos; y la sexta el acervo líquido que resulta de restar las bajas generales del cuerpo común de bienes, sin perjuicio de agregar a este último los frutos y los intereses, y de restar también las bajas de aquellos, agregando los frutos e intereses y las bajas de estos últimos.

Posteriormente indicará, siempre en números, lo que a cada interesado le corresponde y pasará a formarle sus respectivas cartas hijuelas. Estas se componen de dos partes: Haber y debe. El haber es la parte que a cada asignatario le corresponde recibir a cualquier título. El debe, llamado entero, es la enunciación de los diversos bienes que ha recibido o debe recibir el asignatario, en pago de su cuota.

De estas operaciones, el asignatario puede ser disminuido o alcanzado. Se encuentra alcanzado cuando recibe bienes en pago de su cuota por mayor cantidad que realmente le corresponde. Y se encuentra disminuido cuando recibe de menos.

Estos alcances o disminuciones se compensan entre los comuneros, así el disminuido será pagado por el alcanzado, recibiendo lo que real y legalmente le correspondía.

Notificación de la sentencia definitiva.

Se entiende notificado el laudo y la Ordenata desde que se notifique a las partes el hecho de su pronunciamiento salvo lo previsto en el art. 666 C.P.C. (art. 664 C.P.C.).

Es una notificación sui generis, no es personal ni por cédula, sino sólo se pone en conocimiento de cada interesado de haberse dictado sentencia.

Para conocer del contenido de la misma deberá dirigirse a la oficina del actuario (art. 664 C.P.C.).

El art. 666 C.P.C. habla de la situación excepcional donde si se notifica una resolución judicial a los interesados la cual corresponde cuando la partición deba ser aprobada por la justicia ordinaria y dicho juez ordinario la haya aprobado o modificado.

Aprobación judicial.

Esta solemnidad destinada a proteger los intereses de determinadas personas que pueden hallarse en juego es exigida por el art. 1342 C.C. Conforme a esta norma, la partición debe ser sometida a la aprobación de la justicia ordinaria, siempre que en la división de la masa de bienes, o de una porción de ella tengan interés:

a) Personas ausentes que no hayan nombrado apoderados; o

b) Personas bajo tutela o curaduría.

c) Además la ley 16.721 de impuesto a la herencia, requiere la aprobación ante la justicia ordinaria, cualquiera sea la capacidad de los interesados, en caso que en esa sentencia el juez partidor de bienes hubiere determinado el monto del impuesto fiscal a pagar por los asignatarios.

El plazo para esta aprobación no está definido pero mientras no suceda no podrá encontrarse a firme o ejecutoriado.

Llegado a sus manos el laudo y la ordenata, el juez de letras deberá oír al defensor de ausentes o de menores según el caso y evacuado el informe de este funcionario auxiliar resolverá aprobando lisa y llanamente la sentencia en examen, o bien modificándola en la parte que considere no ajustada a derecho.

La sentencia solo se dicta teniendo en cuenta cautelar los intereses de las personas que señala la ley de fondo, es decir el art. 1342 del C.C. Debe notificarse por cédula como sentencia que es.

Recursos contra la sentencia definitiva.

Es susceptible de todos los recursos ordinarios y se tramitará conforme a las reglas generales. Así el Laudo y Ordenata de primera instancia será susceptible de los recursos de apelación y de casación en la forma.

Sin embargo se modifica el plazo para deducirlos, ya que es de quince días contados desde la notificación del hecho de dictarse Laudo Y Ordenata si no necesitare de aprobación judicial o bien contados desde la notificación de la resolución que apruebe o modifique este laudo Y Ordenata si se necesitare de aprobación judicial (art. 664 y 666 C.P.C.).

La Corte de Apelaciones confirmará o modificará esta sentencia, y al modificarla, en la misma hará los cambios que estime procedente y no delegará esta función al árbitro.

La sentencia de segunda instancia es posible de recurrir mediante recurso de casación en la forma y en el fondo, donde aquí los plazos para interponerlo se ajustan a las reglas generales. Recordemos que si el juez partidor hizo estimación de sus honorarios en el laudo y Ordenata, ante la Corte de Apelaciones respectiva se podrá reclamar (no un recurso propiamente tal) conforme el art. 665 C.P.C.

La nulidad de la partición.

El art. 1348 C.C. dispone que las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y conforme a las mismas reglas que los contratos y que la rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad de su cuota. Esta solución era correcta a la época de dictación del Código, ya que no había C.P.C., ya que en la antigua legislación española una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada podía ser anulada en nuevo juicio y por medio de la acción ordinaria de nulidad.

Hoy con la vigencia del C.P.C., las sentencias solo se pueden anular por los medios que al ley franquea y debe de ejercerse con mucha prudencia. Si la nulidad de la partición se funda en un vicio procesal, serán los recursos o el incidente de nulidad el llamado a subsanar esa controversia. Si el fundamento es civil o de fondo deberá de reclamarse por la vía ordinaria

Ej. Nulidad Procesal: Juez partidor dicta sentencia fuera de plazo.

Ej. Nulidad Civil: Juez partidor dicta sentencia, pero dicho juez no fue nombrado por todos los coasiganatarios.

En caso de duda si la nulidad es civil o procesal se opina mayoritariamente que deberá de tramitarse conforme a esta última.

Todo lo anterior se trata sobre particiones hechas en juicio y no se extiende a las realizadas por el causante o testador o por los coasignatarios de común acuerdo, ya que se trata en dichos casos de contratos privados de todo contenido jurisdiccional, donde si tiene cabida en toda su plenitud el art. 1348 C.C.

NOMBRAMIENTO DE PARTIDOR. ESCRITURA PUBLICA.

... comparecen: don ..................................., de nacionalidad .............., de estado civil ..............., de profesión ..................., domiciliado en .................. Nº ............, cédula nacional de identidad Nº ............., y don ......................., de estado civil ....................., de profesión ..................., domiciliado en ................ Nº ..........., cédula nacional de identidad Nº ........., ambos mayores de edad, y exponen:

PRIMERO: Entre los comparecientes, existe una comunidad proveniente de ........................................, en la proporción que se pasa a especificar: ....% para el primero; y un ....%, para el segundo.

SEGUNDO: Las partes someten la liquidación de la comunidad referida, al arbitraje de partidor, del Abogado don ......... ................. Si éste no quisiere o no pudiere aceptar el cargo, se lo somete al arbitraje de don ....................

TERCERO: El uno o el otro partidor, tendrá el carácter de árbitro de derecho y tendrá las siguientes facultades: ............. .....................

El Arbitro deberá fallar el asunto en el plazo de ............, desde la aceptación del cargo.

En comprobante, firman ..................

ESCRITURA PUBLICA DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y PARTICION.

.......... comparecen: don .......................... ............................., de nacionalidad ..........., de profesión ..............., de estado civil .........., cédula nacional de identidad N_ ............., domiciliado en ................................ N_ .....; y doña ..............................., de nacionalidad .................., de profesión ......................, de estado civil ............., cédula nacional de identidad N_ ............, domiciliada en ............................. N_ ...... ambos mayores de edad y exponen:

PRIMERO: Que, por la presente escritura han convenido en proceder a la liquidación de la sociedad conyugal que existió entre la compareciente doña ......................................, y don ..............................., fallecido con fecha .... de ...... de 19..., y a la partición de su herencia, según posesión efectiva concedida por el ...._ Juzgado Civil de ......., con fecha ... de ..... de 19.., inscrita en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de ................., del año 19..., en la que consta que el compareciente don .............................., es heredero del causante en su calidad de hijo legítimo.

SEGUNDO: La masa común de bienes incluidos los de la sociedad conyugal habida entre don ......................., y doña .................................., está constituida por los bienes inventariados y protocolizados ante el Notario de ..............., don .........................................., con fecha ... de ......... de 19..., bajo el N_ ....

TERCERO: Ninguno de los cónyuges aportó bienes al matrimonio, de modo que todos los bienes existentes al tiempo del fallecimiento, e inventariados, como queda dicho, pertenecen a la sociedad conyugal. No hay bienes propios de ellos.

CUARTO: La sociedad conyugal referida era dueña de los siguientes bienes, de que, ahora, son comuneros los comparecientes:

a)Casa y sitio ubicado en calle ................... N_ ...., de la ciudad de .............., de la comuna de .............., de la provincia de ............., de la ....ª Región, Rol N_ ........, propiedad inscrita a fs. .... N_ ....., del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de ............., del año 19.., a nombre de los herederos y del cónyuge sobreviviente.

Los deslindes son los siguientes:

Al Norte: ..........................................;

Al Sur: ............................................;

Al Oriente: ........................................; y

Al Poniente: ........................................

b)Las siguientes acciones, bonos y otros valores: .......................................

c)Dinero en cuenta corriente y otros depósitos: .......................................

d)Los siguientes bienes muebles: .......................................

QUINTO: Los referidos bienes se avalúan entre las partes, de común acuerdo, en las siguientes sumas: .....................................................

Para este avalúo, las partes han considerado los siguientes antecedentes: ................ ...............................

SEXTO: De estos valores es necesario deducir las siguientes bajas, incluyendo el costo de la presente liquidación: .........................................

SEPTIMO: Los gananciales quedan, así, reducidos a la suma de $ ............, correspondiendo a doña ............................ ...................., su mitad en ellos; esto es, la suma de $ ........

OCTAVO: La herencia propiamente tal, quedada al fallecimiento de don ............................., asciende -a su vez- a la suma de $ ..........., que corresponde a su heredero.

NOVENO: No se forma hijuela de frutos, pues los bienes comunes han sido usufructuados por los comuneros en su proporción correspondiente, y el saldo ha sido repartido, de modo que no hay saldo, crédito ni cargo de ninguna especie.

DECIMO: De este modo, a doña ............................ ............., corresponde la suma total de $............, por concepto de gananciales; y a don ...................... ........., como único heredero del causante, le corresponde el resto, esto es, $ ........., por concepto de herencia.

UNDECIMO: La hijuela de doña .................................... ....................., se entera y paga de la siguiente manera:

a)Adjudicándole la propiedad de calle ......................... N_ ....., a que se refiere la letra a) de la cláusula cuarta, con las medidas, deslindes e inscripción que allí se indican, en la suma de $.........., fijada en la cláusula quinta; y

b)Adjudicándole por su valor de tasación de $.......... los bienes muebles a que se refiere la letra d) de la cláusula cuarta. El total de lo adjudicado asciende a la suma de $.........; y, como su haber total en esta liquidación y partición asciende a la misma cantidad, queda enterada y pagada esta hijuela.

DUODECIMO: La hijuela de don ....................... ........................ se entera y paga de la siguiente manera:

a)Adjudicándole lo bienes mencionados en la letra b) de la cláusula cuarta, en su valor de tasación de $ ...............; y

b)Adjudicándole la suma de $ .........., referida en la letra d) de la misma cláusula. El valor total de estas adjudicaciones asciende a la suma de $ .........., y como su haber total en esta liquidación y partición, asciende a la misma cantidad, queda enterada y pagada esta hijuela.

DECIMOTERCERO: Las adjudicaciones se hacen como cuerpos ciertos, en el estado en que se encuentran los bienes, estado que es conocido de las partes, con todos sus usos, costumbres y servidumbres, libres de todo gravamen, prohibición y embargo.

DECIMOCUARTO: Las partes aceptan las adjudicaciones en la forma relacionada.

DECIMOQUINTO: Los gastos de esta escritura, impuestos, inscripciones y demás, se pagarán por iguales partes entre los comparecientes.

DECIMOSEXTO: Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para requerir las inscripciones y anotaciones que procedan.

En comprobante, firman ......................