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La Acción Contractual

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: karlo 15 junio 2011

Palabras: 1704 | Páginas: 7

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nistrativos-contratos de derecho privado de la administración, fue claro entonces que la jurisdicción ordinaria perdió la competencia para conocer de las contenciones relacionadas con los primero, los contratos administrativos, pero la mantuvo para conocer de las originadas en los contratos de derecho privado de la administración.

Por lo tanto, como la ley no definió expresamente cuáles eran administrativos y cuáles de derecho privado, le correspondió a la Jurisprudencia del Consejo de Estado hacerlo.

• La tercera etapa, aparece la figura del contrato estatal, noción que reemplaza la dualidad contrato administrativo-contrato de derecho privado de la administración, considerándose como tal el celebrado por la nación, las regiones, los departamentos, distritos capitales y especiales, áreas metropolitanas, asociaciones de municipios, territorios indígenas, los municipios, los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía mixta en las cuales el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

Perdió la jurisdicción ordinaria, entonces, la competencia para conocer de aquellas contenciones relacionadas con los contratos de derecho privado de la administración, conservando tan sólo la competencia para conocer de las originadas en entidades en donde el Estado no tenga participación estatal mayoritaria, que se rigen fundamentalmente por las normas del derecho común.

NATURALEZA JURÍDICA

El artículo 87 del C.C.A, modificado por el artículo 32 de la Ley 446/98, la denomina de las controversias contractuales. La nueva ley trajo algunos aspectos importantes en torno a la acción contractual, especialmente, referidos a la impugnación de los actos separables del contrato, a los sujetos legitimados para incoarla y a la ejecución de las obligaciones derivadas del mismo.

• La ley 446 al subrogar el artículo 87 del C.C.A. define la acción así:

“Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”.

FUENTES

Ellas son: a) El contrato estatal, b) Los hechos de ejecución del contrato, c) Los actos que dicte la Administración con posterioridad a la celebración y perfeccionamiento del contrato, en ejercicio de sus prerrogativas legales, d) El acto o actos de liquidación del contrato, cuando se requiera.

FINALIDAD

Mediante la acción contractual se pueden controvertir todos los asuntos relacionados con las diferencias que se presenten entre la entidad y el particular contratista, ya sea sobre la validez del contrato o alguna de sus cláusulas, sobre la existencia del contrato, sobre la revisión, se decida sobre la validez de los actos administrativos contractuales que expide la administración, que se declare el incumplimiento de alguna de las partes, con su consecuencial condena al pago de los perjuicios causados y en general, como lo estipula la norma, para que se hagan otras declaraciones y condenas, como sería el caso de los aspectos relacionados con el manejo del equilibrio económico y el reconocimiento de extra costos.

LEGITIMACIÓN

Pueden ejercer la acción tanto los particulares contratistas, como las entidades contratantes.

Si se trata de la solicitud de la nulidad absoluta del contrato, están legitimados las partes, el Ministerio Público, el tercero que acredite un interés directo en la obtención de la declaratoria de dicha nulidad.

El juez no está legitimado para ejercer la acción, como se ha querido dar a entender, sino que puede declararla de oficio cuando la encuentre demostrada en un proceso, pero previo un requisito elemental del debido proceso y es que tal declaración “sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes” (art. 87 del C.C.A.)

Si se trata de la nulidad relativa, sólo están legitimados para ejercer la acción, las partes contratantes o sus causahabientes; no se puede declarar de oficio, ni proponerse por cualquier persona.

PROCEDENCIA

Esencialmente las acciones contractuales consisten en que cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se ordene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones.

• Para las acciones contractuales procede la suspensión provisional de los actos contractuales.

• Proceden en el juicio las figuras de la denuncia del pleito, el llamamiento en garantía y la demanda de reconvención, que se deben hacer en el término de fijación del negocio en lista para contestar la demanda, pedir pruebas, proponer excepciones, etc.

• Procede, igualmente, el allanamiento a las pretensiones de la demanda y la terminación del juicio por transacción o conciliación judicial, la cual también puede ser extrajudicial o prejudicial.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento que se sigue para la Acción de Controversias Contractuales es el Ordinario, dentro del cual se pueden ejercer las pretensiones de nulidad y restablecimiento con autonomía propia. Igualmente, como en el proceso de reparación directa, tiene notas especiales relativas a la posibilidad del llamamiento en garantía, presentar demanda de reconvención, denunciar el pleito, actividades que se deben cumplir dentro del término de fijación en lista, de conformidad con el artículo 217 del C.C.A.

REGULACIÓN

Dicha acción está regulada por la Ley 446 de 1998 que subrogó al artículo 87 del C.C.A.

CADUCIDAD

La ley 80 de 1993 no cambió la acción contractual en su alcance ni en la caducidad de la misma para ejercerla y tanto en la una como en la otra la caducidad es de dos años.

La ley 446 de 1998 para evitar equívocos en la interpretación, trajo una reglamentación en detalle del momento a partir del cual se contaría la caducidad, atendiendo a si se trata de un contrato de ejecución instantánea o si es de tracto sucesivo, si se requiere liquidación o no.

Pero la citada ley 446 nada dijo sobre el alcance del artículo 55 de la ley 80/93 sobre la caducidad que allí se regula por los hechos y omisiones antijurídicas realizadas por las partes o los funcionarios durante la ejecución de un contrato, razón por la cual sigue vigente dicha norma.

Conclusión: Si se trata de hacer efectiva una pretensión de las derivadas del contrato y descritas en el artículo 87 del C.C.A. la caducidad será de dos años, de conformidad con el artículo 136 del C.C.A.

Si, por el contrario, se busca la responsabilidad de la entidad o del contratista o de los funcionarios, por hechos u omisiones causantes del daño o perjuicio a una de las partes del contrato, dicha conducta está sometida a la prescripción de 20 años, tal como lo dispone el artículo 55 de la ley 80/93.

Referente a la caducidad de la acción de los actos que pueden producirse durante la actividad contractual, tenemos que los actos administrativos previos: de adjudicación, declaratoria desierta del proceso de contratación y el acto de las Cámaras de Comercio que resuelve la objeción a la inscripción, clasificación y calificación del oferente, se demandan en Acción de nulidad, de nulidad y Restablecimiento del derecho, la caducidad es de 30 días, contados a partir de la notificación o comunicación o publicación, según el caso, de conformidad con la disposición especial que introdujo la ley 446/98 al artículo 87 del C.C.A. con la limitación que la misma norma trae y es que después de celebrado el contrato, ya no pueden ser impugnados sino como fundamento para obtener la nulidad absoluta del contrato.

Pero cuando estos actos precontractuales se demandan como soporte de la nulidad del contrato, la caducidad que opera frente a ellos se amplía al de la Acción Contractual, es decir, va hasta los dos años que se predican frente a la nulidad del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento. Sin embargo, la impugnación del acto que resuelve la objeción a la inscripción de un proponente en el registro de la cámara de comercio, tiene una caducidad propia e independiente de 4 meses, correspondientes a la acción de nulidad y restablecimiento, cuando se impugna por fuera de una operación contractual.

BIBLIOGRAFÍA

PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Sexta Edición. Medellín: Editorial Librería Jurídica Sánchez R. LTDA. 2006.

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel. El Contencioso Contractual. Tercera Edición. Bogotá: Editorial Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2003.

YAYA MARTÍNEZ, Carlos. Práctica Forense Administrativa. Primera Edición. Bogotá: Editorial Legis. 2002.

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