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La Improcedencia Y El Sobreseimiento En El Juicio De Amparo

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Categoría: Filosofía

Enviado por: Kate 17 junio 2011

Palabras: 41687 | Páginas: 167

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fondo del asunto planteado por el quejoso, es decir, resolver si el acto reclamado es o no contrario a los postulados de la Carta Fundamental de la nación.

La determinación de si el mandamiento combatido es o no inconstitucional no se da en los casos en que resulta improcedente la acción del amparo, pues para ello está impedido el órgano de control, porque lo prohíben expresa y categóricamente la Constitución, la Ley de Amparo o la jurisprudencia de la Suprema Corte.

En virtud de la improcedencia, pues, la acción de amparo ejercitada por el quejoso no logra su objetivo mediato, en este caso, no es porque sea infundada, sino porque el juzgador de amparo no puede, por mandato legal, analizar el problema constitucional planteando en la demanda.

A manera de corolario, cuando la acción de amparo resulta improcedente, el órgano jurisdiccional que conoce de la misma se abstiene de decidir si el acto reclamado es no violatorio de garantías.

La improcedencia se define como la institución o figura jurídica que, por mandato de la Constitución, de la Ley de Amparo o de la jurisprudencia imposibilita al órgano jurisdiccional para analizar y resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado.

12.2 Clases de improcedencia

La seguridad jurídica, la observancia y el respeto a un estado de derecho exigen que los casos o supuestos en que el órgano de control está imposibilitado para estudiar y dirimir el problema fundamental planteado por el quejoso, al ejercitar la acción de amparo, deben estar previstos normativamente, es decir, deben estar regulados por los ordenamientos legales que sobre la materia estén vigentes en ese régimen jurídico.

Al respecto, cabe sostener que en nuestro sistema de derecho los impedimentos que provocan esa imposibilidad del juzgador de amparo para resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, denominados también causas de improcedencia, están contemplados, como se infiere de la definición expuesta, tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo, e incluso en la jurisprudencia, en el entendido de que esta última sólo es interpretativa y complementaria, por lo que no puede aislarse de lo que establecen en ese aspecto la Constitución y la Ley de Amparo.

Existen diversas clases de improcedencia de la acción de amparo, según el ordenamiento legal en que están previstas y el procedimiento normativo que se siguió para su establecimiento; entonces podemos referimos a las improcedencias constitucionales, a las improcedencias legales y a las improcedencias de la jurisprudencia. Las primeras se establecen en el texto constitucional; las segundas, en el art. 73 de la Ley de Amparo, y las últimas se han señalado en virtud de las tesis jurisprudenciales que integran la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito.

Con la finalidad de comprender cabalmente las causales de improcedencia, para captar su justificación lógica o jurídica, procederemos a examinadas en apartados diversos, de acuerdo con el orden referido.

Improcedencias constitucionales

Las prevé nuestro ordenamiento supremo con base en determinadas situaciones en las que, de manera genérica, se establece la imposibilidad de recurrir a cierto tipo de resoluciones, por considerar que la materia sobre la que versan es de trascendencia nacional, y por ello deben apartarse del accionar de los particulares.

Estas improcedencias se distinguen de las enunciadas en la Ley de Amparo y en la jurisprudencia porque están contempladas de modo absoluto y necesario para todos los casos específicos que encuadren en la situación abstracta prevista en nuestra Carta Magna, sin que para tal improcedencia influya la actitud o el proceder del gobernado frente a la resolución que lo afecta.

Actualmente, y debido a las múltiples reformas que en esta última década se han hecho a nuestra Constitución política, en este aspecto ha operado un cambio radical en nuestro sistema normativo, pues se han derogado y dejado fuera algunas que por mucho tiempo se consideraron situaciones o hipótesis de improcedencia de la acción de amparo, a tal grado que a la fecha se duda acerca de la vigencia de las mismas.

No obstante, creemos todavía interesante analizar y comentar estos supuestos de improcedencia excluidos del texto constitucional, que aludían, respectivamente, a la educación impartida por los particulares, a la reforma agraria y a la autocalificación de las cámaras en materia electoral.

El primer supuesto lo indicaba la antigua fracc. II del art. 3º. de la Carta Fundamental, reformada a principios de 1993; señalaba que la autorización otorgada a los particulares para impartir educación primaria, secundaria y normal, y la de cualquier tipo o grado destinada a obreros y campesinos, podría ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones procediera juicio o recurso alguno, y por consiguiente, tampoco el juicio de amparo.

La segunda hipótesis de improcedencia se preveía en la fracc. XIV del art. 27 constitucional, derogada por la reforma de 1992 que puso fin al reparto agrario, y en la que se establecía de manera categórica que los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas no tendrían ningún derecho, ni recurso legal ordinario, ni podrían promover el juicio de amparo.

Por otra parte, algunos autores creen que existe otra causal de improcedencia constitucional en el texto del art. 33 de nuestra Carta Magna, en el que se autoriza al Presidente de la República para hacer abandonar el territorio nacional a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, sin necesidad de juicio previo, lo que se traduce, dicen tales juristas, en una imposibilidad jurídica para acudir a la vía de amparo en contra de ese mandamiento del Ejecutivo de la Unión, pues si dicho numeral ni siquiera exige escuchar al extranjero en un juicio, ni tampoco que este juicio exista, menos aún, concluyen los estudiosos de mérito, será obligado examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa orden de deportación.

Otra improcedencia constitucional es a la que se refería el art. 60 de nuestro ordenamiento supremo, en el que se preveía la inatacabilidad de las resoluciones de las cámaras de Diputados y Senadores, cuando calificaban las elecciones de sus respectivos miembros, con lo que se establecía la inoperancia del amparo contra actos en materia política.

Con la reforma de septiembre de 1993, este numeral eliminó la autocalificación de las cámaras del Congreso de la Unión y transfirió esas facultades al Tribunal Federal Electoral, cuyos fallos en segunda instancia también son considerados definitivos e inatacables.

Finalmente, en el art. 111 constitucional se establece la inimpugnabilidad de las resoluciones del Gran Jurado de las cámaras legisladoras, y por tanto, la improcedencia del juicio de amparo, cuando éstas examinan y deciden sobre la procedencia del enjuiciamiento penal en contra de sus miembros y ciertos servidores públicos de alta jerarquía.

Improcedencias legales

Son las que señala de manera enunciativa el art. 73 de la Ley de Amparo. Respecto de estas causales de improcedencia se han vertido múltiples y variados sistemas de clasificación que no aportan nada nuevo sobre el particular, por lo que, al abocarnos a su análisis, seguiremos el orden establecido en las 18 fracciones de este numeral, pues así se evitan confusiones y se logra captar mejor la justificación lógica y jurídica de tales supuestos de improcedencia.

En la fracc. I de este numeral se prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando éste se promueve "contra actos de la Suprema Corte de Justicia".

Esta causal se justifica y explica por sí misma, ya que en todo régimen de derecho, y por razones de seguridad jurídica, se impone la necesidad de que en la jerarquía de las autoridades exista una con categoría máxima, cuyos actos tengan fuerza de definitivos; y qué mejor que en nuestro estado de derecho ocupe ese sitial, precisamente, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser el más alto de los escalones jerárquicos en la estructura orgánica del Poder Judicial Federal, y como tal, el supremo, y definitivo intérprete de la Constitución.

Aunque en la fracc. I no se dice nada respecto de los actos de los Tribunales Colegiados de Circuito, creados por la reforma constitucional en 1951, consideramos que por razones análogas a las invocadas con antelación, debe establecerse la improcedencia del juicio de amparo contra sus resoluciones, pues tienen el carácter de definitivas, excepción hecha de cuando en éstas resuelvan sobre la constitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación de un precepto de la Constitución; pues en estos casos, por la importancia que revestirá la determinación final, las resoluciones son impugnables ante la Suprema Corte de Justicia, como se prevé en la fracc. V del art. 83 de la ley de la materia.

En la fracc. II se establece la improcedencia de nuestro procedimiento constitucional cuando éste se endereza "contra resoluciones dictadas en los Juicios de Amparo o en ejecución de las mismas", lo que resulta lógico y jurídico, pues en primer término se supone que dichas resoluciones están fundadas en la Constitución, además de que, de lo contrario, la secuela de amparos sería interminable y nunca se produciría la situación de autoridad de cosa juzgada.

En el caso de que al ejecutarse una sentencia de amparo se cometa alguna arbitrariedad, ya sea por exceso o defecto en dicha ejecución, la ley de la materia prevé la posibilidad de atacar la actuación irregular por medio del recurso de queja, según se advierte en los numerales 95, fracc. IV, y 96 de la referida ley.

Por otra parte, conforme a la jurisprudencia vigente, cuando la autoridad responsable dicta una nueva resolución en ejecución de una sentencia de amparo, con plenitud de jurisdicción, que resuelva problemas que no fueron materia de la controversia constitucional, esa nueva resolución puede ser motivo de otro juicio de amparo.

La fracc. III del artículo que se comenta señala la improcedencia del procedimiento de garantías cuando éste se interpone "contra leyes o actos que sean materia de otro Juicio de Amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas".

Este supuesto de improcedencia, basado en la figura de la litis pendencia, es absolutamente correcto y justificado, pues con él se evitan decisiones contradictorias y se satisface el principio de economía procesal, además de que se elimina el abuso de interposición de varios amparos mediante el trámite de plantear nuevos conceptos de violación.

El art. 73, fracc. IV, prevé la improcedencia del juicio de amparo "interpuesto contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro Juicio de Amparo, en los términos de la fracción anterior".

Esta hipótesis es el complemento de la fracc. III, ya que en ésta se hace referencia a dos juicios de amparo idénticos, pero pendientes de resolución, mientras que en la fracc. IV se hace alusión también a dos juicios, con la modalidad de que uno de ellos culminó con una sentencia ejecutoriada, es decir, en este último caso existe la cosa juzgada, cuyos efectos se verían contrariados si se admitiere una nueva controversia sobre un problema juzgado definitivamente.

Acerca de este supuesto de improcedencia, cabe aclarar que nuestro más alto Tribunal de Justicia Federal sostiene que el mismo no se surte o actualiza cuando en el primer amparo no se estudió la constitucionalidad de los actos que otra vez se pretenden reclamar en el segundo amparo, como sucede en el caso en que en el primer amparo se dicta una resolución de sobreseimiento, que al no decidir nada sobre el asunto no puede considerarse estrictamente como sentencia de naturaleza jurídica definitiva.

En la fracc. V del precepto materia de estudio se determina la improcedencia de la acción constitucional de amparo" contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso". En cuanto a esta hipótesis no se han dado debates de trascendencia, pues resulta lógico y justificado concluir que si un acto de autoridad no ocasiona un agravio personal y directo en perjuicio del gobernado, es decir, una afectación a su interés jurídico o al derecho objetivo que en su favor está tutelado en alguna norma, dicho gobernado no debe ser autorizado legalmente para impugnar o combatir ese acto de autoridad; en todo caso esta facultad le corresponde a la persona a quien sí agravia de manera personal y directa el mandamiento autoritario.

La improcedencia del amparo contra una ley o disposición general de carácter "heteroaplicativa" se establece en la fracc. VI del art. 73, en los términos siguientes: "contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola expedición, no causan perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio".

Para los maestros Héctor Fix-ZAMUDIO y Juventino V. CASTRO Y CASTRO, esta disposición debe considerarse carente de utilidad, pues si una ley o disposición de tal naturaleza no afecta con su expedición los intereses jurídicos del gobernado, la improcedencia de la acción constitucional resulta fundada en lo que establece la fracc. V que se comenta.

Sin embargo, debemos tener presente que de los párrafos segundo y tercero de la fracc. XII del art. 73 se desprende que la oportunidad para reclamar en la vía de amparo una ley o disposición general de carácter heteroaplicativo nace desde el momento en que se aplica en perjuicio del quejoso el primer acto concreto de ejecución relativo a dicha ley, reglamento o tratado.

En la fracc. VII del art. 73 se prevé la improcedencia del juicio de garantías cuando se pretende hacer valer "contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral".

Tradicionalmente se ha pretendido justificar la improcedencia de la acción de amparo en esta materia con el argumento de que las elecciones son el ejercicio del derecho de votar y ser votado para un cargo público o gubernativo, con la premisa de que ese derecho jurídico es del ciudadano, no del hombre, por lo que no queda protegido mediante el control constitucional que tutela de manera exclusiva las garantías individuales.

Asimismo, como otra justificación de esta improcedencia en materia política suele argumentarse que las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades electorales son parte de los procesos de integración de los poderes legislativos o ejecutivos, ya sean federales o locales, y también de los ayuntamientos o municipios. Estos son procesos electorales en los que, con base en la teoría de la división de poderes, no debe intervenir el Poder Judicial, pues si se admitiera su participación para decidir en definitiva la constitucionalidad de las resoluciones o declaraciones de tales organismos electorales se le estaría facultando implícitamente para determinar el resultado de las elecciones relativas a la integración de esos dos poderes, lo que se traduciría en cierta superioridad sobre los mismos, lo que sería por completo contrario a los principios de la división de poderes.

Otra causal de improcedencia sobre este tipo de derechos políticos se contempla en la fracc. VIII del art. 73, en los términos siguientes:

Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

Se han esgrimido razones idénticas a las anotadas respecto de la hipótesis de improcedencia a que se contrae la fracc. VII para justificar el supuesto de improcedencia sobre la elección, suspensión o remoción de funcionarios, pues se insiste en que las resoluciones o declaraciones sobre el particular versan sólo sobre los derechos que le corresponden al particular desde que éste tiene el carácter de ciudadano, es decir, cuando adquiere la mayoría de edad, como se deduce de los arts. 34 y 35 constitucionales. Estos preceptos no se incluyen en el capítulo de "Las Garantías Individuales" de nuestra Carta Fundamental.

Las situaciones de improcedencia a que se refieren las fracciones aludidas las ha confirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció la tesis jurisprudencial número 219, titulada "DERECHOS POLÍTICOS. IMPROCEDENCIA", visible a foja 149 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, materia común, que textualmente dice:

"Las violaciones de los derechos políticos no da lugar al Juicio de Amparo, porque no se trata de garantías individuales."

Sin embargo, debe observarse que el hecho de que las resoluciones o declaraciones en materia electoral no sean impugnables en la vía de amparo, no implica en modo alguno la impunidad de lo actuado por los organismos y las autoridades de tal naturaleza, en tanto que en los ordenamientos legales sobre esta materia se establecen los recursos o medios de defensa adecuados para impugnar formalmente esas determinaciones de carácter político, así como los tribunales ante los que deben hacerse valer las inconformidades.

En la fracc. IX del art. 73 se indica la improcedencia del juicio de garantías "contra actos consumados de un modo irreparable". Esta hipótesis tiene su fundamento y justificación en el hecho de que si no es factible que se logre el propósito que se persigue en todo juicio de amparo, que es restituir al quejoso en el goce y disfrute de la garantía individual violada, no tiene objeto el trámite y la sustanciación de tal procedimiento constitucional, cuando ya se consumaron de manera irreparable los actos reclamados, pues en este caso la sentencia favorable no podría tener ningún efecto material.

Este numeral, en la fracc. X, establece la improcedencia del amparo

Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

En este supuesto de improcedencia no se hace alusión a una irreparabilidad de carácter material, como la que señala la fracc. IX, sino a una consumación de carácter "jurídico-procesal", que vuelve irreparables las violaciones cometidas en una etapa procedimental, al sobrevenir una nueva situación jurídica, que no puede verse afectada por actuaciones anteriores a ella, con base en el principio de preclusión procesal que debe regir en todo juicio.

Como ejemplo clásico de esta hipótesis de improcedencia se hacía referencia a los amparos interpuestos contra órdenes de aprehensión y autos de formal prisión; en ésta se señalaba que al decretarse el formal procesamiento se volvía improcedente el juicio de garantías hecho valer contra la orden de aprehensión, y que, a su vez, el dictado de la sentencia hacía improcedente el amparo promovido contra el auto de formal prisión.

Con motivo de la reforma que entró en vigor en enero de 1994, y con el objeto de evitar una inconveniente consumación irreparable del acto reclamado en los casos comentados, se adicionó a la fracc. X un segundo párrafo cuyo texto es el siguiente:

Cuando por vía de Amparo Indirecto se reclamen violaciones a los arts. 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el Juicio; de Amparo pendiente.

A su vez, mediante la desafortunada reforma vigente a partir del 9 de febrero de 1999, se eliminó del texto transcrito el art. 16 constitucional, lo que originó que de nueva cuenta el dictado del auto de formal prisión dé lugar a la improcedencia del amparo " previamente interpuesto contra la orden de aprehensión; con ello se provocó el sobreseimiento del juicio respectivo y la consiguiente sustracción del control constitucional de este mandamiento de captura.'

La improcedencia del juicio de amparo "contra actos consentidos expresamente, o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento" se indica en la fracc. XI del art. 73.

De acuerdo con los ordenamientos civiles vigentes en el país, el consentimiento es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos.

El consentimiento expreso manifestado verbalmente es posible acreditarlo con la certificación o acta expedida o levantada por quien tiene fe pública; en ella se hace constar esa expresión oral de consentimiento, que bien puede darse en las diligencias relativas al desahogo de las pruebas testimonial, declaración de parte, confesional, etc., o ante un actuario notificador.

El consentimiento expreso manifestado por escrito es factible comprobarlo mediante la documental en la que aparezca el consentimiento, ya sea que se haga de manera llana o bien por medio de un convenio o transacción judicial.

El consentimiento que se deriva de signos inequívocos o de manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento se pone de relieve con el hecho de que el agraviado cumpla con la obligación a que se contrae el acto de autoridad: ya sea el pago de un impuesto o de una cantidad adeudada, la desocupación de un inmueble, la entrega de una cosa, etc., siempre que se haga sin reservarse algún derecho.

En la fracc. XII del multicitado art. 73 de la Ley de Amparo se determina que el juicio de garantías es improcedente" contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el Juicio de Amparo dentro de los términos que se señalan en los art. 21, 22 y 218".

De este texto es dable derivar la regla simple de que los juicios de amparo resultarán improcedentes cuando las demandas respectivas se presentan de manera extemporánea, es decir, fuera de los términos que para ello prevén los artículos a que alude la fracción en comento.

Cabe tener presente la modalidad que se establece respecto al amparo contra leyes, al señalar que cuando se impugna una ley autoaplicativa la demanda puede presentarse en el término de 30 días contados desde el momento en que entre en vigor dicha ley, o bien en los 15 días siguientes al primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

En esta fracción se agrega que cuando contra ese primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse, será optativo para el interesado hacer valer ese recurso o impugnar la ley a través del juicio de amparo.

Si el agraviado opta por hacer valer el medio de defensa, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo en el plazo legal de 15 días contados a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución que recaiga al recurso interpuesto, aunque para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Cuando el acto de aplicación de la ley se verifica al pronunciarse una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que pone fin al juicio, contra los cuales es procedente el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, y no el amparo indirecto ante los jueces de Distrito, debe estarse a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracc. IV del art. 166 de la Ley de Amparo, en el que se indica que en estos casos las consideraciones o razonamientos lógico-jurídicos tendientes a poner en evidencia la inconstitucionalidad de la ley aplicada, serán materia únicamente del capítulo del concepto de violación de la demanda respectiva, sin señalar como acto reclamado a dicha ley.

En la fracc. XIII del art. 73 se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando éste se interpone

Contra resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas, aún cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente...

Este supuesto se relaciona directamente con el principio fundamental de la definitividad del acto reclamado, conforme al que se exige, como lo señalamos en el capítulo respectivo, que antes de acudir al juicio de amparo se agoten todos los recursos que prevea la ley que rige el procedimiento del que emana el acto reclamado.

Con base en este principio, al no acatarse las exigencias a que se contrae el mismo, el amparo resulta improcedente, ya sea porque existiendo el medio de defensa todavía no se ha hecho valer, o porque no se interpuso en el término legal que se prevé para ello.

En la parte final del primer párrafo de la fracción que se comenta se exime de la obligación de agotar dichos recursos a quienes resulten ser terceros extraños al juicio o procedimiento del que derivó el acto reclamado; excepción que, a todas luces, resulta por completo justificada, en tanto que ordinariamente los medios de defensa que prevén las leyes que regulan los procedimientos se conceden sólo a quienes tienen la calidad de parte en los juicios respectivos, y no así en favor de los que no tienen tal carácter.

La fracc. XIII consigna en su párrafo segundo una excepción al principio de definitividad, basada en la gravedad de los actos reclamados, como los que importan peligro de privación de la vida, los que prohíbe el art. 22 constitucional, la deportación y el destierro.

Otra hipótesis de improcedencia que se relaciona estrechamente con el principio de definitividad está inmersa en la fracc. XIV del art. 73, en los términos siguientes: "Cuando se esté tramitando ante los Tribunales Ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado".

Esta causal de improcedencia se justifica por sí misma, ya que si el amparo resulta improcedente contra las resoluciones que admiten algún recurso ordinario, es evidente y lógico que tampoco debe proceder cuando el medio de defensa ha sido interpuesto y está pendiente de resolverse.

La fracc. XV del art. 73, también vinculada con el principio de definitividad, se refiere a los actos emanados de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales; Administrativos o del Trabajo, es decir, actos derivados de autoridades propiamente administrativas. Dispone la improcedencia del juicio de amparo contra dichos actos, cuando los mismos

deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

Si se interpreta a contrario sensu el texto transcrito, se concluye que existe la obligación de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, cuando se trata de actos emanados de autoridades administrativas, siempre que con la interposición de los mismos se logre la suspensión de los efectos de dichos, actos, sin exigir mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, pues de no ser así, es decir, de no obtenerse la suspensión con el recurso ordinario que se hace valer, o si para concederla se exigen mayores requisitos que los consignados en esta ley, no habrá obligación de agotar dicho medio de defensa, y puede ocurrirse directamente al amparo.

En el segundo párrafo de la fracción materia de análisis se establece otra hipótesis de excepción al principio de definitividad en cuanto a los actos de autoridades administrativas: "no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación".

Esta excepción resulta a todas luces lógica y jurídica, pues si el acto no está fundado, es decir, si en su texto no se invoca el precepto de derecho en el que se pretende apoyar la autoridad que lo emitió, el afectado con este mandamiento autoritario no está en posibilidad de saber si contra el acto procede o no algún recurso o medio de defensa ordinario, al desconocer el ordenamiento legal aplicable en el caso, por no haberse señalado en el acto reclamado.

En la fracc. XVI del art. 73 se prevé que el juicio de amparo será improcedente "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado".

En este supuesto de improcedencia se alude a los casos en que la autoridad responsable, por iniciativa propia, revoca el acto reclamado o hace que se extingan de cualquier manera los efectos o consecuencias de éste, y deja prácticamente sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó.

Una hipótesis de improcedencia similar a la comentada se indica en la fracc. XVII del art. 73 en cita, en los términos siguientes: "cuando, subsistiendo al acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo".

Esta causal de improcedencia obedece a que en este caso el juicio de garantías también queda sin materia, lo que hace imposible que pueda lograrse la finalidad que se persigue en todo juicio de amparo, que es restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, pues si desaparece el objeto materia del acto reclamado es incuestionable que éste no puede producir ningún efecto.

Finalmente, la fracc. XVIII del artículo en estudio establece que el juicio de amparo es improcedente "en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley". En este texto no se indica con exactitud en qué puede consistir la improcedencia, sólo se refiriere de manera vaga y genérica a cualquier otro caso que resulte de alguna disposición de la ley, lo que pone de relieve que el art. 73 no es limitativo en el señalamiento de las causas de improcedencia, sino enunciativo, como lo afirmamos al inicio de este apartado, pues deja la puerta abierta para otras causas de improcedencia que se pueden inferir de diversos preceptos de la ley.

Sobre este particular se ha suscitado la polémica de si estos casos de improcedencia pueden establecerse por el legislador secundario en cualquier ley, o si únicamente deben estar previstos en la Ley de Amparo. La mayoría de los autores mexicanos coinciden en lo último, es decir, en que cualquier causa de improcedencia debe inferirse sólo de los preceptos de la Ley de Amparo, pues de no ser así, agregan los autores, se violarían los principios constitucionales que rigen el juicio de garantías.

Como ejemplo de supuestos de improcedencia que no se prevén expresamente en las 17 fracciones comentadas puede citarse el del art. 161 de la Ley de Amparo, que determina que las violaciones a la ley del procedimiento a que se refieren los numerales 159 y 160 de esta ley sólo pueden reclamarse en la vía de amparo directo ante un Tribunal Colegiado, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, por lo que si estas violaciones quieren impugnarse en amparo indirecto ante un juez de Distrito antes de dictarse resolución definitiva, dicho amparo será improcedente.

De igual forma, y como los arts. 192 y 193 de la Ley de Amparo prevén la obligatoriedad de la jurisprudencia, procede concluir que cuando en esas tesis jurisprudenciales se establecen hipótesis o situaciones de improcedencia, el amparo que al respecto se promueva, será improcedente.

Improcedencias jurisprudenciales

Como lo señalamos, tanto la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito han establecido diversas causas de improcedencia que hacen derivar de la interpretación de las normas constitucionales y legales; en casos debe declararse la improcedencia del juicio de amparo, con fundamento en fracc. XVIII del art. 73, en relación con el 192 y 193 de la Ley de Amparo.

A continuación transcribimos algunas tesis jurisprudenciales, con el propósito de confirmar lo asentado.

EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE PARTICULARES.

ACTOS DE PARTICULARES. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades, que se estimen violatorios de la Constitución.

Semanario judicial de la Federación, Apéndice 95, t. VI, Tesis 16, p. 12.

EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS.

ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 95, t. VI, Tesis 17, p. 12.

EL AMPARO ES IMPROCEDENTE SI CAUSA UN AGRAVIO INDIRECTO

AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 93, t. IV, Tesis 25, p. 17.

EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO SIEMPRE QUE SE APEGUE A ELLA.

AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1988, Vol. I, Tésis 163, p. 289.

SI LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON DEFICIENTES EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CON BASE EN LOS ART. 116 y 73 FRACC. XVIII DE LA LEY DE AMPARO.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DEL ART. 116 DE LA LEY DE AMPARO. Si los quejosos no cumplieron con el art. 116 de la Ley de Amparo porque los conceptos de violación aducidos no reúnen las condiciones necesarias para que sean considerados como tales faltando conceptos de violación y considerados éstos como esenciales en el juicio de garantías, por ser el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones, se debe concluir que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del art. 73 de la ley citada.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 88, Vol. I, Tésis 448, p. 783.

ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO POR EL OFENDIDO EN CONTRA DE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA.

OFENDIDO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR. Es improcedente el amparo solicitado por el ofendido en contra de la sentencia que absuelve al acusado, ya que en tal caso el reclamante no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis previstas por el art. 10 de la ley reglamentaria de los arts. 103 y 107 de la Constitución Federal; y, por tanto, considerando que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en los arts. 74 fracc. III y 73 fracs. V y XVIII de la mencionada Ley de Amparo.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 88, Vol. II, Tesis 1224, p. 1965.

EL AMPARO PROMOVIDO POR EL FISCO ES IMPROCEDENTE.

FISICO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR EL. El Fisco, cuando usa su facultad soberana de cobrar impuestos, multas u otros pagos fiscales, obra ejerciendo una prerrogativa inherente a su soberanía, por lo cual no puede concebirse que el Poder pida amparo en defensa de un acto del propio Poder. Y esto es evidente, pues cuando ante el Tribunal Fiscal de la Federación ocurre el Fisco Federal, o sea el Estado, por conducto de uno de sus órganos, si es verdad que acude como parte litigante, también lo que es que el acto que defiende no difiere del acto genuino de autoridad, el cual no puede ser considerado como un derecho del hombre o como una garantía individual, para el efecto de que la autoridad que lo dispuso estuviera en aptitud de defenderlo mediante el juicio de amparo, como si se tratara de una garantía individual suya.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 88, Vol. II, Tesis 891, p. 1465.

ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA AUTO QUE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN.

APELACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. Es improcedente el amparo que se endereza contra la resolución que admite una apelación, puesto que no trae consigo ejecución que pueda lesionar de una manera real y efectiva los derechos y la persona del quejoso, ni lo deja sin defensa.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 88, Vol. I, Tésis 182, p. 317.

EL AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS QUE PRECEDEN AL REMATE.

REMATES. Las violaciones cometidas en el curso de los procedimientos para llevar a cabo el remate de bienes embargados, no deben juzgarse sino hasta que el remate se aprueba en definitiva; pues de otra suerte, sería imposible llegar hasta la venta de los bienes, demorándose indefinidamente la ejecución de las sentencias con notorio perjuicio de la administración de justicia; el remate mismo, no tiene eficacia jurídica, sino hasta que se aprueba por resolución que cause estado, pudiéndose en último término, apelar del auto que apruebe o desapruebe el remate; por todo lo cual, el amparo es improcedente contra los procedimientos que preceden al remate.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 88, Vol. III, Tesis 1398, p. 2380.

12.3 Examen oficioso de las causales de improcedencia

Antes de que se adicionara el último párrafo al art. 73 de la Ley de Amparo se debatía el asunto relativo a si la improcedencia en el amparo debía hacerse valer de oficio por órgano del conocimiento, o bien si sólo debía invocarse a petición de la parte legitima.

Al respecto, la jurisprudencia de la Suprema Corte, de manera terminante, sostuvo que "sea que las partes aleguen o no la improcedencia, debe examinarse previamente la procedencia del Juicio de Amparo, por ser esta cuestión de orden público en Juicio de Garantías".

A la fecha, y de acuerdo con el apartado final que se adicionó al art. 73 de la ley de la materia, no existe duda de que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, pues así se establece de manera expresa en dicho párrafo, al señalar que: "las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio".

12.4 Oportunidad procesal para el examen de las causales de improcedencia

En cuanto al momento procesal en que los Tribunales Constitucionales deben hacer valer los supuestos de improcedencia, también se ha suscitado una polémica entre los especialistas de la materia, en la que prevalece el criterio de los que se inclinan por considerar que el examen de las causales debe hacerse conforme a las particularidades de las mismas, de manera que si las circunstancias propias lo permiten, la hipótesis improcedencia puede analizarse y, por consiguiente, decretarse tanto en el inicio como durante el trámite, o al final del procedimiento constitucional respectivo.

Sobre este particular cabe hacer notar que según los arts. 145 y 177 de la Ley de Amparo, se faculta a los jueces de Distrito y a los Tribunales Colegiados, respectivamente, para desechar de plano la demanda de garantías, cuando en el examen de las mismas se adviertan motivos manifiestos e indudables de improcedencia.

En los casos a que se refieren los preceptos invocados, la declaración de improcedencia se realiza al presentarse la demanda de amparo, porque resulta evidente y clara la causal respectiva.

Por otra parte, debe advertirse que del análisis de las fraccs. XVI y XVII del art. 73 de la Ley de Amparo, y de lo que se establece en el segundo párrafo de la fracc. IV del art. 74 de ese ordenamiento reglamentario, es factible concluir que cuando se surten o actualizan las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones del primer número invocado, cabe decretar la improcedencia aun durante el trámite del juicio constitucional, sin tener que esperar al final del mismo.

Además de las situaciones antes comentadas, es necesario señalar que en la práctica diaria del litigio los Tribunales de Amparo acostumbran, por exceso de trabajo y porque la mayoría de las causales así lo requieren, hacer la declaración de improcedencia de la acción de amparo hasta el momento en que se celebra la audiencia constitucional, en la que tienen que dictar la resolución respectiva, pues en esta etapa final del procedimiento están en oportunidad de revisar y analizar pormenorizadamente las promociones e informes que exhiben las partes; por ello, no será sino hasta entonces que estarán en aptitud de determinar si se actualizan o no los supuestos de improcedencia que dichas partes invocan, o bien de encontrar oficiosamente alguna de estas causales.

Nuestro más alto Tribunal de la Justicia Federal ha sostenido de manera reiterada el criterio de que las causales de improcedencia deben ser probadas de manera plena y no inferirse a base de presunciones, con lo que se da a entender que tal comprobación debe derivar de algún medio probatorio que la demuestre indubitablemente, corno pueden ser las pruebas documentales, ya sean públicas o privadas.

El sobreseimiento en el juicio de amparo

Concepto de sobreseimiento

La palabra sobreseer proviene del latín supercedere, que significa cesar, desistir. Procesalmente suele utilizarse para expresar la conclusión o fin de un juicio, en el que no se resuelve el fondo del negocio.

Aunque el sobreseimiento tiene aplicación en casi todas las ramas procesales, en el derecho mexicano se regula de manera especial en relación con el juicio de amparo, y de manera concreta en los arts. 74 y 75 de la ley de la materia; en el primer numeral se establecen los motivos por los que puede decretarse esta figura jurídica.

En el juicio de garantías el sobreseimiento obedece a que durante la tramitación del procedimiento respectivo sobreviene un hecho, o se advierte y demuestra su existencia anterior, con ello se pone de relieve la carencia de algún presupuesto procesal o la falta de alguna de las bases fundamentales de dicho juicio, lo que a su vez se traduce en el no éxito de la acción constitucional ejercitada por el quejoso.

Asimismo, y por su naturaleza jurídico-procesal, el sobreseimiento impide que e juzgador de amparo decida el fondo del asunto que plantea el agraviado, es decir, evita que resuelva si los actos reclamados son o no violatorios de garantías individuales dejando así intocada la actuación de las autoridades responsables.

De acuerdo con tales premisas es factible proponer como concepto de sobreseimiento el que en seguida se indica: "Es el acuerdo o resolución judicial que pone fin al juicio de amparo, sin hacer declaración alguna sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado."

En relación con esta figura jurídica y con los efectos que produce, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene la tesis jurisprudencial que a continuación transcribimos:

El sobreseimiento en el Amparo pone fin al juicio, sin hacer declaración alguna sobre si la justicia de la Unión ampara o no a la parte quejosa y, por tanto, sus efectos no pueden ser otros que dejar las cosas tal como se encontraban antes de la interposición de la demanda, y Ia autoridad responsable está facultada para obrar conforme a sus atribuciones.

Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 88, Salas, Tesis 1798, p. 2896.

Por otra parte, cabe afirmar que entre el sobreseimiento y la improcedencia existe una relación de causalidad, pues aquél es efecto o consecuencia de ésta, a tal grado que toda causal de improcedencia que sobreviene o se comprueba durante el trámite del amparo, determina fatalmente el sobreseimiento del juicio respectivo, como lo previene la fracc. III del art. 74, al disponer que el sobreseimiento debe decretarse: "Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

Entre la improcedencia y el sobreseimiento hay una vinculación de causa efecto; la improcedencia es la causa, y el sobreseimiento el efecto. Sin embargo, cabe aclarar que tal relación de causalidad no es absoluta, ya que puede haber improcedencia y no producirse el sobreseimiento, como cuando la improcedencia es notoria e indudable y se advierte desde la presentación de la demanda, lo que motiva el desechamiento de ésta e impide la iniciación del juicio, sin que, obviamente, se decrete el sobreseimiento del mismo, por la sencilla razón de que no existe juicio. Puede también haber sobreseimiento con base en hechos o circunstancias diferentes de las causas de improcedencia, por ejemplo, el desistimiento de la demanda, la muerte del agraviado cuando la garantía reclamada sólo afecta su persona, la inexistencia del acto reclamado o la inactividad procesal del quejoso.

Sin embargo, el común denominador o elemento coincidente que existe entre improcedencia y el sobreseimiento es que ambos determinan, significan y dan a entender la situación de imposibilidad en que se encuentra el juzgador de amparo, para analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.

Al referirse la fracc. III del art. 74 a las causas de improcedencia que aparezcan o sobrevengan durante el juicio, comprende tanto las que existían con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, pero que no se advirtieron o no estaban plenamente demostradas en ese momento, como las que se produzcan una vez iniciado el juicio respectivo, por ejemplo, las que sobrevienen durante su tramitación; en ambos casos motiva el sobreseimiento del juicio.

13.2 Causas de sobreseimiento

En seguida analizaremos las diversas hipótesis de sobreseimiento que se enumeran en el art. 74 de la Ley de Amparo, el cual si bien no tiene una estructura acertada al utilizar una técnica legislativa deficiente, creemos que es claro y preciso en su cometido, ya que por sí mismo pone de relieve la justificación lógica y jurídica de las distintas causas de sobreseimiento.

Dicho precepto, en su fracc. I, señala que el sobreseimiento procede: "cuando el agraviado desista expresamente de la demanda." Esta causal armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, pues si conforme a este principio el amparo sólo puede surgir a solicitud del agraviado, por no ser legalmente factible que se inicie de manera oficiosa, la tramitación de dicho procedimiento también debe cesar cuando el quejoso renuncia a que se le otorgue la protección de la justicia federal, desinterés que se pone en evidencia mediante el desistimiento expreso de la demanda.

Aunque en esta fracción no se hace distinción entre el desistimiento de la demanda y el desistimiento de la acción, la mayoría de los autores sobre la materia coinciden en que el desistimiento de la demanda a que se refiere esta fracción implica también el desistimiento de la acción constitucional, en tanto que la consecuencia o efecto del desistimiento es el sobreseimiento del juicio, es decir, la finalización del citado procedimiento sin analizar ni resolver el problema de inconstitucionalidad planteado por el quejoso.

Ahora bien, el desistimiento del quejoso, conforme al texto de la fracción objeto de análisis, debe ser expreso, es decir, debe haber una manifestación de voluntad del agraviado en el sentido de que ya no desea que continúe la tramitación del amparo que inicialmente había promovido.

El desistimiento expreso puede ser verbal o escrito. Será escrito cuando ante el órgano jurisdiccional de amparo se exhiba una promoción firmada por el quejoso en la que éste haga la manifestación voluntaria de desistirse. Será verbal cuando así lo manifieste oralmente al comparecer ante el juzgador de amparo, caso en el que debe levantarse la razón correspondiente en el expediente respectivo.

De la fracc. III del art. 30 de la ley de la materia se infiere que todo escrito de desistimiento de la demanda de amparo debe ratificarse ante la presencia judicial o funcionario con fe pública; esta prevención, aunque en la práctica no todos los tribunales la acatan, es a todas luces acertada, pues con tal exigencia de ratificación se evita la suplantación del verdadero quejoso en un acto de tanta trascendencia como es el desistimiento de la demanda de garantías.

Por otra parte, es importante agregar que los apoderados o mandatarios, para poder desistirse del juicio de amparo en perjuicio de sus representados, deben contar con una cláusula especial, pues así se deduce del art. 14 de la Ley Reglamentaria en cita, que textualmente dice:

No se requiere cláusula especial en el Poder General para que el mandatario promueva y siga el Juicio de Amparo, pero sí para que desista de éste.

Asimismo, y en cuanto al representante común que debe designarse cuando un juicio de amparo se interpone por dos o más personas, si bien el representante común puede realizar los actos procesales relativos a la continuación del juicio en representación de los quejosos, también lo es que tal representante común, según lo determina la jurisprudencia, carece de facultades para desistirse a nombre y en perjuicio de los agraviados; sólo puede desistirse a nombre propio.

De igual forma, respecto de los amparos promovidos por núcleos de población ejidal o comunal, en los que se reclaman actos que tengan o puedan tener como con secuencia privarlos de la propiedad y de la posesión o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes, sólo procederá el desistimiento cuando así lo acuerde expresamente la Asamblea General de dichas entidades, conforme a lo previsto en la fracc. I del art. 231 de la Ley de Amparo.

A partir de la reforma que entró en vigor en 1988, desapareció definitivamente de la fracc. III que se comenta la figura relativa a "tener por desistido al quejoso con arreglo a la ley", a la que también se le denominaba desistimiento tácito, para diferenciarla del desistimiento expreso analizado.

En la fracc. II del art. 74 de la Ley de Amparo se establece que procede el sobreseimiento "cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona". Esta hipótesis tiene su fundamento en la supuesta desaparición del interés jurídico para proseguir el juicio de amparo, provocada por el fallecimiento del quejoso cuando el acto reclamado afecte derechos estrictamente personales, es decir, inseparables de su persona, como la vida y la libertad.

De lo anterior, se deduce que el fallecimiento del quejoso no provocará el sobreseimiento del amparo cuando los actos reclamados lesionen derechos de carácter patrimonial o económico, pues éstos subsisten después del deceso del agraviado y son transmisibles por herencia a la sucesión, que como causahabiente universal del agraviado debe continuar el juicio de amparo por medio del albacea, como se previene en el Art. 15 de la ley de la materia.

Respecto de la supuesta desaparición del interés jurídico para continuar con la sustanciación del juicio de amparo, cuando muere el agraviado y la garantía reclamada sólo afecta a su persona, cabe sostener que en los amparos interpuestos contra resoluciones o sentencias de carácter penal, esta afirmación del supuesto desinterés resulta temeraria y muy relativa, e incluso parece injusta, pues hay ocasiones en que los herederos de la persona fallecida que estaba sujeta a un proceso o que había sido considerada responsable de la comisión de un delito en virtud de una resolución o sentencia de tal naturaleza, que impugnó en la vía de amparo, sí tienen un deseo legítimo, independientemente de la posible implicación con la reparación de daño sobre la masa hereditaria, de reivindicar el nombre del familiar fallecido, y, por ende, subsiste en ellos el interés de que continúe el trámite del juicio de amparo respectivo, hasta que se dicte la resolución correspondiente, pues de ser favorable al quejoso fallecido, su prestigio y buen nombre se reivindicarán; lo que no puede lograrse ante el sobreseimiento que en tales casos debe decretarse, según el texto de la fracción que se comenta.

El Art. 74, fracc. IIl, dispone que procede el sobreseimiento "cuando durante el juicio apareciere y sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior".

El texto transcrito confirma lo que dijimos en cuanto a la relación de causalidad que existe entre la figura jurídica de la improcedencia y el sobreseimiento, y conforme a la cual toda causa de improcedencia que aparece o sobreviene durante la tramitación del procedimiento de amparo trae como consecuencia que el juicio se sobresea.

Para que aparezca una causa de improcedencia en un juicio de amparo se parte de la base de que la causa ya existe, pero que no se tiene por aparecida para los efectos del juicio, hasta en tanto no se acredite plenamente su existencia mediante la aportación, al procedimiento respectivo, de los elementos de prueba conducentes.

Sobreviene una causa de improcedencia cuando ésta no existe al interponerse el amparo, pero se produce con posterioridad a la exhibición de la demanda correspondiente, como sucede en cuanto a las causas de improcedencia previstas en las fracs. XI; XVI y XVII del art. 73, que se refieren, respectivamente, al consentimiento expreso o tácito del acto reclamado, a la cesación de los efectos del acto combatido y a la inexistencia del objeto o materia del acuerdo impugnado.

En el primer párrafo de la fracc. IV del art. 74 se establece que el sobreseimiento es procedente "cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el art. 155 de esta ley".

Esta hipótesis de sobreseimiento se apoya en que no hay materia para el juicio de amparo, dado que la existencia del acto de autoridad constituye uno de los presupuestos de la acción constitucional, por lo que si no existe dicho acto o no se prueba su existencia, resulta lógico y sensato que se decrete el sobreseimiento del juicio al no haber materia para el mismo.

En el segundo párrafo de la fracc. IV se prevé una obligación a cargo del quejoso y de la autoridad responsable consistente en que "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de Sobreseimiento [...] están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso".

Esta obligación está plenamente justificada, pues tiende a evitar la continuación de juicios de amparo cuya tramitación resulta inútil, además de que se aligera la sobrecarga de trabajo que suele agobiar a la mayoría de los tribunales del país.

Finalmente, el art. 74 de la ley de la materia señala que deben sobreseerse los

Amparos Directos [...] y los Indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.

Esta causal de sobreseimiento, que se introdujo inicialmente con la reforma de 1939 y se perfeccionó con la de 1950, se estableció con el propósito deliberado de acabar con la multitud de amparos y el enorme rezago que agobiaban a la Suprema Corte en ese entonces; la causal pretendió justificarse con el argumento de que la inactividad procesal significa e implica un desinterés por parte del agraviado en la prosecución del juicio.

El sobreseimiento al que se refiere el texto legal reproducido sólo opera en tres materias, dos en lo general y una por excepción, que son la civil y la administrativa, y en materia de trabajo sólo cuando el quejoso sea el patrón. En la materia civil debe incluirse la mercantil, y en la administrativa queda inmersa la fiscal, pues así lo exige el sentido amplio que doctrinaria y jurisprudencialmente corresponde a tales disciplinas.

El sobreseimiento por inactividad procesal no rige en los amparos penales ni en lo laborales cuando el agraviado es el trabajador, excepciones que se justifican por el interés social que existe en que no deje de definirse la legalidad de las resoluciones del sistema represivo que han sido impugnadas, así como la de las que afecten el equilibrio de le fuerzas económicas que siempre están presentes en los asuntos laborales o del trabajo.

Otra excepción a esta hipótesis la encontramos en la fracc. Il del art. 231 de la Ley de Amparo, que señala que no se sobreseerán por inactividad procesal los juicios de garantías promovidos por núcleos de población ejidal o comunal, por ejidatarios y o comuneros o por quienes aspiran a tener tal carácter al no reconocérseles o afectarles los derechos que hayan demandado ante las autoridades.

Por otra parte, es importante aclarar que en la fracc. II se advierte que para cómputo de los 300 días de la inactividad procesal del agraviado deben contarse tanto los días hábiles como los inhábiles. Este término sólo puede interrumpirse cuando se efectúe oficiosamente algún acto procesal, o cuando el quejoso promueva motivando el impulso del procedimiento constitucional respectivo.

13.3 Caducidad de la instancia

El segundo párrafo de la fracc. V contiene esta figura jurídica, que si bien guarda estrechas semejanzas con el sobreseimiento por inactividad procesal, también presenta rasgos diferenciales patentes y consecuencias diversas.

En efecto, en cuanto a esta figura jurídica los autores coinciden en que sólo implica la extinción o desaparición de la etapa procesal en que acontece la causa o motivo que la determina, por lo que si, como sucede en el juicio de garantías, la caducidad opera en los amparos en revisión, es decir, únicamente en los que están en segunda instancia, la que se extingue no es la primera instancia, sino sólo la segunda, que es donde se actualiza la inactividad procesal del recurrente; esto trae como consecuencia que quede firme la sentencia impugnada, o sea, la de primera instancia.

En otras palabras, la caducidad de la instancia en amparo sólo puede darse ante la tramitación del recurso de revisión que se hubiese interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia, y la consecuencia de dicha caducidad sólo será que se extinga esa segunda instancia que se originó por la interposición del medio de defensa aludido, con lo que queda firme la sentencia recurrida, como si el recurso de revisión no se hubiese hecho valer contra la misma.

Esta inactividad procesal en segunda instancia también debe ser de 300 días, incluidos los hábiles y los inhábiles, y puede operar en las mismas materias relativas a la inactividad procesal que el sobreseimiento: civil, administrativa, laboral, cuando el recurrente es el patrón, y agraria, cuando es en beneficio de las entidades o individuos que se especifican en el art. 212 de la Ley de Amparo.

De las semejanzas entre la caducidad de la instancia y el sobreseimiento por inactividad procesal destacan las relativas a que ambas figuras implican la no resolución del problema de fondo, y, que las dos exigen para su actualización la inactividad procesal durante un término de 300 días.

En cambio, dichas figuras presentan rasgos diferenciales: la caducidad de la instancia sólo opera en la segunda instancia, y el sobreseimiento por inactividad procesal, únicamente en la primera instancia, además de que este último trae como consecuencia que se termine el juicio y no se resuelva sobre la constitucionalidad del acto reclamado, mientras que la caducidad tiene como efecto que culmine la segunda instancia y se declare que ha quedado firme la sentencia recurrida.

De acuerdo con el último párrafo de la fracc. V del art. 74, no procede el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, cuando se celebró la audiencia constitucional o se listó el asunto para audiencia, es decir, cuando en la tramitación del juicio o instancia correspondiente sólo falta que emerja el acto procesal que ordinariamente pone fin a las mismas, es decir, la sentencia o resolución, cuyo pronunciamiento es responsabilidad exclusiva del órgano jurisdiccional.

Esta prevención resulta acertada y lógica, pues de ninguna manera puede justificarse que la inactividad procesal que implica el retardo de dictar la sentencia o resolución, sólo imputable al Tribunal de Amparo, pueda afectar al quejoso con un mandamiento de sobreseimiento, o al recurrente con una determinación de caducidad de la instancia, como injustamente acontecía antes de la reforma que adicionó el párrafo en comento a la fracc. V del art. 74.

13.4 Oportunidad procesal para decretar el sobreseimiento

En cuanto a la etapa procedimental en que el órgano jurisdiccional puede pronunciar el sobreseimiento, hay que atender a las particularidades de cada causa que lo motiva.

En las hipótesis de las fraccs. I, II y V del art. 74, en las que las causas que determinan el sobreseimiento no implican un asunto controvertido sobre la existencia o no de las mismas, el sobreseimiento puede decretarse antes de la audiencia constitucional, ya que en estos casos basta que se comprueben plenamente dichas causales, como el desistimiento expreso del agraviado, la muerte de éste durante el juicio o su inactividad procesal durante el término de 300 días, para que el Tribunal de Amparo esté en posibilidad legal de dictar el correspondiente auto de sobreseimiento, sin tener que esperar a que llegue la fecha fijada para que se celebre la audiencia constitucional.

Por el contrario, cuando el motivo del sobreseimiento significa una controversia respecto de si se actualiza o no alguna causal de improcedencia, o la existencia o no del acto reclamado, situación cuya resolución normalmente depende del resultado de las pruebas ofrecidas por las partes, el juicio de garantías sólo debe sobreseerse en la audiencia constitucional.

13.5 Efectos del sobreseimiento

Como se mencionó en el present