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La Oralidad En Los Juicios Penales En Mexico

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Eric 20 junio 2011

Palabras: 3715 | Páginas: 15

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ma es perfectamente viable a la luz de los Principios de Acusatoriedad, Celeridad y Potenciación del Derecho de Defensa.

C) La identificación de aquellas diligencias cuya realización oral durante la Fase Preparatoria garantizarían un ejercicio eficiente del Derecho de Defensa y su conceptualización como constitutivas de este derecho y del Debido Proceso.

La hipótesis de la que parte esta propuesta es justamente la de que existe un Derecho del Acusado a la Oralidad durante la Fase Preparatoria como integrante del Debido Proceso, por lo que todos los procedimientos en los que la misma sea viable deben realizarse obligatoriamente de esta manera como garantía de una Justicia Pronta y Cumplida.

Hemos esquematizado este trabajo realizando primeramente una brevísima exposición sobre el Principio de Oralidad como rasgo acusatorio de un proceso penal, citándose la normativa de carácter internacional y relativa a los Derechos Humanos que de manera positiva lo consagran, para luego detallar las diligencias que durante la fase del proceso que nos tiene ocupados pueden y deben realizarse oralmente como garantía para el ciudadano acusado.

III.LA ORALIDAD Y EL PROCESO ACUSATORIO

Los sistematizadores de la evolución de las ideas penales nos dan cuenta de que el proceso penal ha oscilado como un péndulo entre los esquemas acusatorios y los inquisitorios.

La Grecia Clásica y las etapas de esplendor de la institucionalidad romana -la era republicana- se caracterizaron por una estructura procesal acusatoria. Dejando de lado los matices podemos generalizar diciendo que la acusación se encontraba en manos de los particulares, potenciándose una dinámica de partes donde las ideas de contradictorio, igualdad de armas, oralidad, no delegación de la justicia y participación popular o ciudadana en la toma de decisión eran los rasgos sobresalientes del mismo(1).

Muy por el contrario el inquisitivo nace bajo la idea de llevar a la práctica un procedimiento más "eficaz" en la persecución y CASTIGO de los infractores, sacrificándose las garantías ciudadanas en el afán por el descubrimiento de una verdad llamada real. Siendo así, la acusación se deja en manos de quien dirige el proceso el cual es un activista de la misma convirtiéndose en juez y parte; se privilegia por sobre todas las cosas la confesión como reina de las pruebas(2) y se instaura la justicia delegada, es decir la misma se consideraba ejercida en nombre del monarca o rey, de donde le viene la característica de ser escrita para que éste pueda luego revisar los pormenores del proceso(3).

Es claro entonces que el Proceso Acusatorio ha acompañado las etapas más prósperas de la democracia mientras que el Proceso Inquisitivo es el que ha caracterizado los momentos de mayor represión en la historia de la humanidad.

Como mencionábamos dos párrafos atrás, una de las características del proceso acusatorio es la oralidad la cual se explota como la manera más efectiva de comunicación y de contención, que es justamente la esencia del acusatorio: el examen cruzado y la confrontación directa entre los involucrados. En todo caso, la historia de la humanidad demuestra cómo el lenguaje fue primero una creación oral que desarrolla luego una forma de escritura; nosotros mismos hoy por hoy en nuestro crecimiento aprendemos primero a hablar que a escribir convirtiéndose la expresión oral en la forma más natural y práctica de llevar adelante la comunicación entre los seres humanos.

IV.LA ORALIDAD Y EL DEBIDO PROCESO

"Podemos observar con claridad que, desde esta perspectiva la oralidad, la inmediación y la concentración adquieren otra dimensión. Esto no es nuevo: desde antiguo la justicia penal cumplió esta función redefinidora del conflicto y cuando existían "pruebas" como el combate judicial por ejemplo, esto se veía con mayor claridad. El juicio penal aparece así como "el ámbito institucional" de esa redefinición del conflicto y, por lo tanto, debe cumplir con ciertas condiciones...En ambos modelos -el "modelo de un sistema de comunicación para la adquisición de la verdad" o el "modelo de un sistema de comunicación para la redefinición del conflicto"- la oralidad es un instrumento imprescindible".(4)

Si como se ha publicitado el nuevo código se encuentra influido por el espíritu acusatorio -procurando la resolución del conflicto y la justicia del caso concreto por encima de valores antes considerados absolutos como la verdad real o la obligatoriedad de la acción penal- resulta obligatorio asumir como criterio de interpretación del mismo el de la maximización de la oralidad.

Desde el punto de vista del ejercicio eficiente de la defensa, es clara la enseñanza que nos deja la experiencia de nuestro trabajo cotidiano: nos parece una verdad de perogrullo decir que las audiencias orales donde de viva voz las personas exponen sus versiones, alegatos o su conocimiento sobre los hechos, son definitivamente las más fecundas en cuanto a la posibilidad de aproximarnos a la realidad acaecida e investigada y en cuanto a la posibilidad real de influenciar las decisiones de los jueces.

No es casual que el proceso penal que es aquel donde se toman decisiones sobre un bien tan preciado del ser humano como es su libertad, sea el que haya dado el salto hacia el juicio oral dejando atrás las formas escritas. Tampoco es casual que sea justamente el debate -la fase esencial dentro del proceso- la que haya sido disciplinada de manera absolutamente oral siendo la incorporación de diligencias escritas sólo una excepción.

El intercambio verbal, la discusión frente a frente y de manera simultánea y la percepción directa de los argumentos y actitudes que permite la oralidad, es algo que ha sido entendido como una garantía de justicia. ¿De qué otra manera podrían cumplirse los principios de inmediación y concentración?

Si el Debido Proceso viene a estar constituido por todos aquellos poderes y facultades que se encuentran consagrados en la Constitución Política, los Convenios Internacionales, las propias leyes y los que emanan de los Principios del Derecho, no creemos que pueda negarse que la oralidad resulta ser parte integrante del Debido Proceso. En palabras de la Sala Constitucional:

"I-El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia."(5)

Y también:

"c)El derecho de audiencia: Es el derecho del imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente de hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo."(6)

Literalmente hablando en un proceso escrito las partes no se hacen oír sino tan solo se hacen leer, pero además es claro que el derecho de hacerse oír implica la garantía de lograr la mejor manera de comunicación entre quienes oyen y quienes se hacen oír y esta mejor manera es la oralidad.

La concepción de la oralidad como garantía para las partes involucradas en un conflicto de naturaleza penal se encuentra recogida en las convenciones internacionales que se refieren a los Derechos Fundamentales, y ya de por si por ese solo hecho debe considerársele -como antes lo decíamos- constitutiva del Debido Proceso.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José lo contiene en su artículo 8 párrafo 2 inciso f), disposición que debe complementarse con el artículo 8.5. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el numeral 14.1 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el párrafo segundo del artículo XXVI de manera incondicionada establecen el derecho del acusado a ser oído. E igualmente la garantía de la oralidad es recogida tanto en la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (artículos 6.1 y 6.3.d) como en el Proyecto de Reglas Mínimas para el procedimiento penal (recomendaciones 25.1 y 2 y 29.1).

Ahora bien, es oportuno precisar qué es lo que significa el que la Oralidad sea parte integrante del Debido Proceso. Cuando decimos esto estamos propugnando que la idea de la expresión directa y verbal de los argumentos y cuestionamientos de las partes con respecto a los acontecimientos del proceso, sea interpretada como idea rectora de las diligencias e incidencias establecidas en la nueva legislación. En este sentido deberá ser respetada como mecanismo procesal que garantiza e integra el Derecho de Defensa.

V. LA ORALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PREPARATORIO.

Pasamos de seguido a exponer una lectura interpretativa de algunas normas del Código Procesal Penal las cuales creemos consagran el Principio de la Oralidad, o las cuales deben ser interpretadas en ese sentido en aras del ejercicio de una defensa eficiente.

Principios y Garantías Procesales.

Artículo 2.

Si partimos de la consideración de que la Oralidad es un elemento integrante del Debido Proceso, es claro entonces que la misma es un poder o derecho conferido a las partes y específicamente a la Defensa por lo cual no deben interpretarse las posibilidades de gestiones orales, de modo tal que ese derecho a la oralidad sea coartado.

Artículo 4.

Las audiencias orales permiten recibir con mayor amplitud y celeridad la prueba; siendo que según el numeral 145 párrafo 2 las resoluciones que sucedan a una audiencia oral tendrán que ser tomadas inmediatamente después de la misma, es claro entonces que todas las audiencias orales garantizan la justicia pronta.

Suspensión del Proceso a Prueba.

Artículo 25 párrafo 5.

Este es un artículo que de manera expresa estipula la celebración de una audiencia oral o vista para la decisión de aplicar este mecanismo. Al hacerse obligatorio el recurso a la oralidad para la discusión de un punto de vital importancia como lo es esta opción procesal, se demuestra el reconocimiento que el código hace al Principio de Oralidad durante la fase preparatoria evidenciándose la viabilidad del mismo durante esta etapa.

Excepciones.

Artículo 43.

Este numeral se refiere exclusivamente al caso del trámite de las excepciones. Su interés para el tema que nos ocupa consiste en que al establecer expresamente que si no se trata de una excepción presentada durante una vista la misma deberá plantearse por escrito, se constituye en un criterio de interpretación que permite afirmar que cuando el código optó por la tramitación escrita lo estableció expresamente.

Medios de Prueba.

Artículo 203.

Se establece un Principio de Control sobre las actuaciones fiscales o policiales referidas a registros, requisas, allanamientos, levantamiento de cadáveres y secuestros. Se estatuye la facultad para las partes de objetar ante el tribunal las medidas que los mismos adopten sin que se estipule expresamente la forma en que debe hacerse; si relacionamos este tema con lo dicho sobre el numeral 2 del código nos parece que la Defensa tendría derecho a una audiencia oral ante el tribunal para impugnar las actuaciones y decisiones tomadas por la policía y el fiscal en cuanto a los temas antes mencionados. Tesis que se ve reforzada si pensamos en la discusión existente sobre la incorporación al debate de algunas de esas actuaciones del fiscal.

Artículos 216 y 217.

La regulación del peritaje en cuanto a este punto que nos ocupa no parece tener variación alguna con respecto al anterior código. Lo importante es aquí rescatar cómo la posibilidad para la defensa de estar presente durante la ejecución del peritaje y participar solicitando aclaraciones convierte esta operación en un acto caracterizado por el contradictorio, la inmediación y por supuesto la oralidad. Consideramos que la explotación que se pueda hacer de estas disposiciones garantizarán la pureza de la prueba así como servirán para ir preparando la estrategia de la defensa para el juicio. Además demuestran como el código tiene interés en propiciar la oralidad.

Artículo 227.

Consideramos que la diligencia de Reconocimiento de Personas es otra situación que permite la implementación de una pequeña audiencia oral. La presencia ininterrumpida de la Defensa desde el mismo momento en que se toman los datos previos al testigo y su participación interrogando sobre datos de interés según la estrategia de la Defensa, así como su vigilancia activa para que se cumplan los requisitos de legalidad es otra posibilidad oral que otorga el nuevo Código.

Medidas Cautelares.

Artículos 235 párrafo 3 in fine, 237 párrafo final y 242 párrafo final.

Los dos primeros numerales citados establecen al Ministerio Público la obligación de solicitar al tribunal del Procedimiento Intermedio la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva o la aplicación de una medida sustitutiva y el plazo dentro del que deberá hacerlo. Por su parte el 242 determina el procedimiento o trámite que deberá darse a esa solicitud, siendo que se establece la posibilidad de una audiencia oral si el tribunal lo estima necesario para oír a las partes(7). Se nos ocurren pocas situaciones que como la restricción de la libertad del ciudadano acusado pueda implicar la necesidad de oír al defensor; consecuentemente será una labor prioritaria de la defensa procurar que esta vista se convierta en la regla y no se aplique excepcionalmente(8). La experiencia nos demuestra cómo el confrontar al juez o jueza directamente con argumentos verbales y analizarle las circunstancias alegadas por el fiscal o la policía (que es la que en buena parte de los casos presiona por la detención) es sumamente provechosa en beneficio del no dictado de la medida; igualmente la presencia del acusado en esa vista es de primordial importancia para efectos de influenciar la eventual decisión del juzgador o juzgadora.

Artículo 253 párrafo 3.

Se establece aquí la facultad de solicitar la revisión de la prisión preventiva ya acordada. Es necesario entonces hacer una concordancia de este artículo con el ya mencionado 242 por cuanto aquí también resulta aplicable la audiencia de comentario.

Artículo 256 último párrafo.

Se disciplina lo referente al recurso contra la decisión de decretar la prisión preventiva o la decisión desfavorable una vez que se solicita la revisión de aquel primer fallo que la decretó. Se trata de una apelación que no se rige por el trámite de las apelaciones pero esto debe entenderse en cuanto a los plazos establecidos por las normas que regulan esa materia. Sin embargo en aplicación del numeral 242, de las ideas que impulsan la aplicación de la oralidad y de la concepción que establece que el recurso esta previsto en favor del acusado, nos parece ineludible la realización de una audiencia oral para plantear y resolver esta impugnación.

VI.CONCLUSIONES

Nuestra Constitución Política establece el principio de que recurriendo a las leyes todos deben encontrar satisfacción para sus agravios. En una terminología moderna se diría que nos está hablando del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva que no es otra cosa que la garantía para los ciudadanos de acceso fácil e irrestricto a los tribunales de la República.

Esta garantía de acceso no puede estar referida solamente a la simple posibilidad de incoar un proceso sino que cobija a todo el desarrollo del mismo, comprendiendo entonces a todas y cada una de las incidencias que el mismo implica. De este modo puede decirse que sólo se cumple con la garantía de Tutela Judicial Efectiva, cuando las partes involucradas en una disputa judicial una vez que la misma se ha iniciado tienen la posibilidad de manifestarse ante el juez de manera sencilla y eficiente y de obtener de parte de este un pronunciamiento expedito, no sólo con respecto al conflicto de fondo sino incluso a cada una de las alegaciones interlocutorias.

Siendo así es claro que el proceso debe estar estructurado de modo tal que se ofrezcan al ciudadano esas posibilidades de expresión sencillas y eficientes, y la más clara de todas es justamente la oralidad. En el proceso penal esto asume una esencialidad que no admite cuestionamientos, estando de por medio la libertad de las personas y la decisión sobre conflictos que en buena parte de los casos han implicado la libertad, la integridad física y psicológica y en general el bienestar de todos los involucrados.

Los argumentos en favor de la oralidad provienen entonces de todos los niveles y son de todos los órdenes: desde el nivel de lo constitucional hasta del orden del sentido común. Como hemos citado anteriormente, las convenciones internacionales la consagran como un derecho que no se restringe únicamente a la fase de juicio; si bien es cierto algunas de sus disposiciones son muy específicas en el sentido de garantizar el interrogatorio oral de los testigos y peritos durante el debate, igualmente cierto es que estipulan la oralidad como un principio que orienta todo el proceso al establecer el derecho del acusado de ser oído sin restricción o condicionamiento alguno.

Es claro también que la fase preparatoria es justamente eso -preparatoria- y no puede pretenderse convertirla en una fase plenaria, sin embargo ese carácter lejos de reñir con la Oralidad le proporciona a ésta un excelente campo de acción.

En efecto se supone y pretende que sea esta fase lo más célere posible y precisamente la oralidad garantiza decisiones más ágiles y rápidas al evitar el peligro de la burocratización y al obligar al juzgador a resolver directa e inmediatamente. De igual modo debe servir como filtro que permita salidas al proceso que no necesariamente impliquen llevar todos los asuntos a juicio, esto implica que el juez de esa fase debe tener un conocimiento exacto de la situación y de los intereses de las partes lo cual se logra de mejor manera mediante una comunicación fluida y sin mediación tanto con las incidencias como con los sujetos del proceso.

Por otra parte estando esta fase en manos del fiscal su deber de objetividad lo coloca en una situación tal que lo obliga a una apertura y transparencia sin condiciones para con el resto de las partes, lo cual no podría encontrar mejor control que en la participación directa, cara a cara de los involucrados al momento de realizar las diligencias propias de la investigación.

Asimismo si bien es un procedimiento preparatorio existen discusiones esenciales que no pueden ser obviadas como el caso de las medidas cautelares o aquellas sobre diligencias probatorias, y en estos casos darle vigencia al Principio de Oralidad lejos de entorpecer la marcha del proceso significarán un fortalecimiento del mismo al disminuir las posibilidades de ulteriores reclamos por violación a Derechos Fundamentales.

Finalmente el Principio de Oralidad rescata el carácter dialéctico del proceso tan venido a menos en virtud de la consagración de prácticas burocratizadoras; permite además una participación amplia de los involucrados con lo cual rescata su carácter democrático y obliga a jueces y abogados a un estudio serio de cada causa y de posiciones académicas y doctrinarias.

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