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La Participacion Ciudadana Directa En El Proceso Penal Venezolano

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Ledesma 31 mayo 2011

Palabras: 9548 | Páginas: 39

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menos es su intención) una importante garantía para que las decisiones sean dictadas con imparcialidad, probidad y transparencia, cualidades estas que espera y demanda nuestra sociedad.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 253, consagra la potestad de administrar justicia emanada de los ciudadanos, e igualmente en su artículo 255 establece la garantía de la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces.

Así mismo, la participación de la ciudadanía en el proceso de impartir justicia en Venezuela, es un aspecto plenamente contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal, verificándose esta en dos grandes vertientes:

En forma indirecta, como espectador en las salas de audiencia en los juicios orales y públicos; puede decirse que esto simboliza de alguna forma la legitimación del poder judicial, pues el espectador se convierte en crítico de la administración de justicia, lo cual constituye un medio de control popular sobre la actuación de los jueces y los tribunales, fiscales, defensores, y todos aquellos operadores que intervienen en el proceso penal.

En forma directa como escabinos en los Tribunales Mixtos, en los cuales el ciudadano “de a pie” tiene las mismas funciones que el juez profesional, y decide con él sobre los casos en que actúan. Se incluye así a la comunidad en la responsabilidad de juzgar, participando activa y directamente en el proceso penal, con lo cual se genera cierto grado de confianza en la población en el sistema judicial y en sus decisiones.

DESARROLLO

Antecedentes históricos

En el curso de la historia, se evidencian dos modalidades de jurados: el escabinado o jurado mixto, y el jurado puro o anglosajón. Ambas nacen por la desconfianza que produce la actuación del juez único, el juez unipersonal, quien es una persona sola frente a decisiones trascendentales, y que fácilmente puede incurrir en el error, el abuso, la corrupción, la subjetividad o la ligereza, riesgo mayor para una sola persona que para varias que se controlen entre sí. Se ha probado que ambas formas de jurado han sido clave del alto grado de cultura legal que exhiben los llamados países desarrollados, donde los ciudadanos participan activamente en la preservación del Estado de Derecho, al garantizar el castigo de los culpables y, simultáneamente, la libertad de los inocentes.

La intervención de la sociedad civil en el rol de impartir o administrar justicia, data desde la época de Grecia y Roma Antigua, donde para resolver conflictos - no sólo de naturaleza penal-, se practicaban juicios orales ante el público con la intervención de grupos de ciudadanos, como los Heliastas, ciudadanos honorables y mayores de 30 años, elegidos por sorteo y que constituían un tribunal popular conocido como la Heliea.

La Heliea era un tribunal popular compuesto por 6000 ciudadanos, repartidos en diez clases de 500 ciudadanos (1000 quedaban en reserva) sorteados cada año para ser heliastas. Los 6.000 eran sacados de las 10 tribus (cada tribu ofrecía 600 miembros) y eran divididos en cámaras de 600 jurados, 500 o 501 eran miembros regulares y el resto constituía un jurado alternativo. Debían ser mayores de 30 años, sin deudas con el Tesoro o no privados de sus derechos. Aquellos que sufrían de defectos intelectuales o corporales también eran exceptuados, si sus taras les impedía apercibir los procedimientos.

El cargo público de heliasta no era obligatorio, pero los ciudadanos que deseaban ejercer estos servicios debían presentar una petición. Su puesto era remunerado por cada día de empleo.

Podían imponer multas (en casos civiles y penales) o sentencias corporales (sólo en casos penales), estas últimas incluían la muerte, el encarcelamiento (para ciudadanos que no fueran atenienses), la atimia (privación total o parcial de los derechos cívicos, en ocasiones acompañada por confiscación de bienes), y el exilio.

La acusación era siempre, en ausencia del equivalente a nuestros ministerios públicos, una iniciativa personal de un ciudadano. Los veredictos eran sin apelación e inmediatamente ejecutables; 200 reuniones tenían lugar por año, cada una bajo la presidencia de un magistrado que no tomaba parte en la votación. Con todo ello se comprende el importante papel político de los tribunales de la Heliea en la época antigua.

Más tarde, esa participación de la sociedad civil aparece fundamentada por primera vez como un derecho, en la Carta Magna de Juan sin Tierra de 1.215 (Inglaterra), en la cual se exige la realización formal de juicios bajo formas democráticas, y se establece que nadie puede ser juzgado sino por sus pares. Así mismo, la Constitución Norteamericana de 1787 estipula que los delitos se procesarán por jurado, y en su VI enmienda amplia la participación ciudadana instituida bajo la figura de los Jurados.

Evolución histórica en Venezuela

En la normativa venezolana, desde la Constitución Federal de Venezuela de 1811 fue prevista la participación de la sociedad y la institución del jurado para la resolución de conflictos en juicios penales y civiles, especialmente en su artículo 117, manteniéndose idénticamente dicho artículo en las subsecuentes constituciones de 1819, 1821, 1830 y 1858, en los términos siguientes:

"Todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Representantes por el artículo 44, se determinarán por jurados luego que se establezca en Venezuela este sistema de legislación criminal cuya actuación se hará en la misma provincia en que se hubiese cometido el delito...".

Así mismo, en su Artículo 161:

“El Congreso con la brevedad posible establecerá por una Ley detalladamente el juicio por jurados para los casos criminales y civiles a que comúnmente se aplica en otras naciones con todas las formas propias de este procedimiento, y harán entonces las declaraciones que aquí correspondan a favor de la libertad y seguridad personal, para que sean parte de esta, y se observen en todo el Estado”.

La Constitución de 1819 estableció en el artículo 11 que:

“Mientras no se establecieren los jurados habrá en cada parroquia para los casos criminales en que puede y debe procederse de oficio, un comisionado del juez departamental nombrado por el mismo entre los electores ó sufragantes parroquiales. Su funciones están ceñidas a la iniciativa y sustanciación de los casos mencionados, hasta el estado de sentencia en que remitirá el proceso como queda prevenido en el artículo 9.”.

En la Constitución del Estado de Venezuela del 24 de marzo de 1830, se estableció en el artículo 142 que: “En las causas criminales, la justicia se administrará por jurados, conforme lo disponga la ley.”. Y en su artículo 143: “Los Congresos constitucionales acordarán el tiempo y modo de ir introduciendo el juicio por jurados en las otras causas.”

Así mismo, la Constitución de 1858 preceptuó en su artículo 14, que:

“Todos los venezolanos tienen el derecho de expresar sus pensamientos y opiniones, por medio de la imprenta, sin necesidad de previa censura, y también de palabra o de cualquier otro modo; pero bajo la responsabilidad que determine la Ley para los casos en que se ofenda la moral pública, o se ataque la vida privada. El juicio en materias de imprenta será por jurados.”.

Y en el artículo 107 señalaba que “En las causas criminales la justicia se administrará por Jurados cuando y conforme los dispongan los futuros Congresos constitucionales.”.

De tal modo que esta forma de participación de la sociedad surgió desde los inicios de la independencia, y con el transcurso del tiempo llega a tener asidero, proyectando estos precedentes hasta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 1° preceptúa que: “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.”; lo cual nos conecta al discurso del Padre de la Patria, pronunciado el 15 de febrero de 1819 con ocasión de la instalación del Segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela en San Tomé de Angostura, en el cual expresó: “Que los tribunales sean reforzados por la estabilidad, y la independencia de los jueces; por el establecimiento de jurados;…”

De la misma manera se ha regulado en casi todos los Códigos de Enjuiciamiento Criminal venezolanos, vigentes en distintas épocas. En la búsqueda de la justicia, Venezuela ha utilizado diversos sistemas y formas de proceder para el enjuiciamiento de los delitos. El primer Código especialmente dedicado al procedimiento criminal venezolano fue el del año 1873. Luego, en fecha 14-05-1897 se dio origen al denominado Código de Enjuiciamiento Criminal, que si bien instauró una nueva e importante reforma al organizar la institución del juicio por jurados, no la hizo obligatoria, demostrando en la práctica y por diversas causas su ineficacia o su inconveniencia, para luego ser revocada dicha institución por el Código promulgado en 1915, cuando Juan Vicente Gómez abolió al incipiente escabinado criollo de 1897, y adoptó el modelo centrado en el juez profesional y unipersonal, quien monopolizó la justicia hasta 1998. El C.O.P.P. tiene el mérito de haber acabado con esa exclusividad.

En todo el mundo y de alguna manera, se ha reaccionado contra el juez unipersonal, característico del sistema inquisitivo, escrito y secreto. A través del Código de Enjuiciamiento Criminal, que regía desde 1926 con sus sucesivas reformas, estuvo vigente un sistema que se consideraba inquisitivo ecléctico (adaptable a la situación). Sin embargo, en ningún momento acogió la institución de los jurados, de manera que lo que imperó fue predominantemente el sistema inquisitorio puro con algunas variantes.

Con el nacimiento en 1999 del Código Orgánico Procesal Penal se retoma el sistema acusatorio y con ello la participación ciudadana de forma directa o activa, con la institución de los escabinos y los jurados, e indirecta o pasiva, con la presencia de la colectividad en la celebración de los juicios orales y públicos.

Luego de 2 años de vigencia del C.O.P.P., en la reforma del 14 de noviembre del año 2001, se dejó sin efecto o se desaplicó la institución de los jurados (el jurado anglosajón, llamado a secas tribunal de jurados), en virtud de que según el legislador de la reforma no estaban dadas las condiciones para su real y efectiva aplicación, quedando la institución del tribunal mixto o de escabinos como la única forma de participación directa o activa de los ciudadanos en la administración de nuestra justicia penal. Su simplicidad, menor número y costo, así como su mayor eficacia y conveniencia, fueron factores determinantes para que el legislador lo escogiera.

Al ser promulgado el C.O.P.P., muchos tacharon de inconstitucional la participación de ciudadanos legos en la composición de nuestros tribunales de justicia, por cuanto ella no estaba prevista en la Constitución de 1961, vigente para el momento. Tal observación ha sido resuelta plenamente por la Constitución de 1999, al reconocer expresamente la participación ciudadana en la administración de justicia.

Los Escabinos

El término escabino viene de una tradición germana: en los ordenamientos de Carlomagno, se concebía a los escabinos como hombres libres designados para actuar en los juicios de su circunscripción judicial.

En términos simples, los jueces escabinos son personas de la comunidad civil que llenan los requisitos de ley exigidos al efecto, llamados a participar directamente en la administración de justicia penal, integrando un Tribunal Mixto conjuntamente con otro escabino y un Juez profesional, donde los escabinos participan solo en la decisión de la culpabilidad o no del acusado, correspondiendo al juez profesional pronunciarse sobre las cuestiones de Derecho por el principio de Iure novit curia (el juez conoce el derecho).

Son los llamados “jueces del pueblo”, y a ellos corresponde debatir sobre la responsabilidad o no de las personas acusadas de cometer hechos tipificados como delito en la ley penal, basándose para la toma de tales decisiones en el sentido común, en la lógica, y en el conocimiento adquirido producto de la vida diaria.

Representan la forma más importante de participación ciudadana, pues comporta el derecho a ser juzgados por nuestros iguales. Además, los escabinos componentes del tribunal mixto no son escogidos para un periodo determinado, sino sólo para actuar en un juicio concreto.

Es importante observar que, en los términos consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal, la figura del escabinado o jueces legos, conforma tanto un derecho como un deber público y personal del colectivo en la administración de la justicia penal, por cuanto una reforma del sistema penal requiere no sólo nuevos o mayores derechos, sino además de nuevas responsabilidades. Estos derechos y deberes de los escabinos, responden también a la necesidad de acercar a los jueces penales con el pueblo, en procura de que sus decisiones respeten los verdaderos parámetros de la justicia.

En este sentido, establece el artículo 149 del C.O.P.P.:

“Todo ciudadano tiene el derecho de participar como escabino en el ejercicio de la administración de la justicia penal. El ciudadano participara como escabino en la constitución del tribunal mixto, y no deberá ser abogado.

Aquellos que conforme a lo previsto en este Código, sean seleccionados como escabinos tienen el deber de concurrir y ejercer la función para la cual han sido convocados.

El Estado está en la obligación de proteger y garantizar la integridad física del ciudadano que actúa como escabino. El tribunal adoptara las medidas necesarias a tales fines.”.

El artículo 150 del COPP, señala ciertos deberes para los escabinos, al determinar como sus obligaciones:

1. Atender a la convocatoria del juez en la fecha y hora indicada. 2. De existir un impedimento para el ejercicio de su función, deberán informar al tribunal con anticipación suficiente sobre la causa que le hace imposible su asistencia. 3. En caso de no existir ningún obstáculo para el cumplimiento de su función y presentes en el tribunal, deben prestar juramento. 4. Cumplir con las instrucciones dadas por el juez profesional o el juez presidente. 5. No pueden dar declaraciones ni hacer comentarios sobre el juicio en el cual participan. Y, 6. Juzgar con imparcialidad y probidad.

De igual manera, y a los fines de que estos ciudadanos puedan cumplir su rol a cabalidad, se contempla una serie de derechos que hacen factible el funcionamiento de la participación ciudadana. En tal sentido, el Estado tiene el deber de proteger y garantizar su integridad física y el tribunal debe adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva tal protección.

Además, se evidencia del artículo 159 de esta ley adjetiva, que los patronos o empleadores están en la obligación de permitir el desempeño de la función de escabino a los empleados que fueran llamados a cumplir tal función, sin que ello perjudique su relación laboral. Los patronos no pueden despedir ni dejar de pagar el salario a su empleado que tenga la función de escabino, ya que se haría acreedor de una multa administrativa, e incluso podría ser imputado por obstrucción de la justicia o resistencia de la autoridad.

Para y por ello, los servicios del escabino en el tribunal mixto serán remunerados con un equivalente al 50% de lo que percibe un juez profesional diariamente, además de ser dotados de alimentación y transporte diario, quedando entonces este desempeño de la función del escabino, como cumplimiento de un deber público y personal, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial.

Marco normativo de la participación ciudadana en Venezuela.

Ya en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se refiere la necesidad de establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, y de forma implícita se establece la participación ciudadana en la función jurisdiccional del Estado; así, en su artículo 253 instituye:

"... La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas (...) El sistema de justicia está constituido por (...) los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley...".

Así mismo, en su artículo 255 establece la garantía de la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces. La Constitución de 1999 es reiterativa en relación al tema de la participación ciudadana (la menciona unas 90 veces en su texto), concebida como un deber y un derecho. Dicha importancia prestada por el constituyente, permite afirmar que la participación ciudadana se fundamenta en la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien general, la subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad, la equidad, la confianza y la transparencia.

De igual manera, el Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de Casación Penal No. 1585 del 05/12/2000, ha sostenido el criterio de que "la participación ciudadana no es más que el ejercicio de la soberanía popular en la administración de justicia.".

Desde el punto de vista legal, la participación ciudadana se encuentra desarrollada explícitamente en el Titulo V, Capítulos I y II del C.O.P.P. Como ya fue comentado, el artículo 149 del COPP, le otorga un rango legal al derecho-deber de todo ciudadano a participar en el ejercicio de la administración de justicia penal. Este ejercicio se ejecuta a través del tribunal mixto, y para su viabilidad establece el artículo 65 ejusdem, el delito a juzgar debe merecer una pena privativa de libertad superior a los 4 años en su límite máximo, hasta el límite constitucional de 30 años de prisión.

El artículo 151 del COPP enumera los requisitos de elegibilidad para ser escabino:

1. Ser venezolano, mayor de 25 años;

2. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

3. Ser, por lo menos bachiller;

4. Estar domiciliado en el territorio de la Circunscripción Judicial donde se realiza el proceso;

5. No estar sometido a proceso penal ni haber sido condenado;

6. No haber sido objeto de sentencia de un organismo disciplinario profesional que comprometa su conducta;

7. No estar afectado por discapacidad física o psíquica que impida el desempeño de la función o demuestre en las oportunidades establecidas en este Código que carece de la aptitud suficiente para ejercerla.

Ahora, si bien es cierto, que cualquier persona que satisfaga tales requisitos puede participar como escabino, existen algunas a quienes de forma expresa se les tiene prohibida tal participación, e igualmente hay causales en virtud de las cuales el escabino queda impedido para el ejercicio de sus funciones.

Impone el artículo 152, las prohibiciones para desempeñar la función de escabino:

1. El Presidente de la República, los ministros y directores del despacho, y los presidentes o directores de institutos autónomos y empresas públicas nacionales, estatales y municipales;

2. Los diputados a la Asamblea Nacional;

3. El Contralor General de la República y los directores del despacho;

4. El Procurador General de la República y los directores del despacho;

5. Los funcionarios del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público;

6. Los gobernadores y secretarios de gobierno de los Estados, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas; y los miembros de los Consejos Legislativos;

7. Los alcaldes y concejales;

8. Los abogados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas;

9. Los miembros de la Fuerza Armada Nacional en servicio activo, en causas que no correspondan a la jurisdicción militar;

10. Los ministros de cualquier culto;

11. Los directores y demás funcionarios de los cuerpos policiales y de las instituciones penitenciarias;

12. Los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares acreditadas en el extranjero y los directores de organismos internacionales.

El artículo 153 indica los impedimentos para ejercer función de escabino, como las causales de recusación e inhibición, y el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el juez presidente del Tribunal de Juicio, o con el otro escabino escogido para actuar en el mismo proceso.

El artículo 154 del COPP establece la posibilidad de excusarse para actuar como escabino, basándose en que quien se excuse haya desempeñado estas funciones dentro de los tres (3) años precedentes al día de la nueva designación; también si esa persona realiza algún trabajo de relevante interés general, cuya suspensión podría originar importantes perjuicios; así mismo, se puede alegar, mientras sea con suficiencia, cualquier otra causa que lo dificulte gravemente para el desempeño de la función, y por último, el hecho de ser mayor de sesenta años.

Estas causales de excusa operan a favor de los posibles interesados en solicitarla, pero hay que hacer notar que, aún cumpliéndose alguna de estas causales, la persona está en el derecho para excusarse o no, es decir, si lo desea puede actuar como escabino, y nadie está legitimado para oponerse a ello.

Fuera de los supuestos contemplados en los artículos 152 y 153, si la no comparecencia del ciudadano llamado ser escabino se debe a una causa no justificada, ello dará lugar a una sanción de tipo pecuniaria calculada en base a la unidad tributaria vigente (de 5 a 20 Unidades Tributarias), la cual podrá ser aumentada en el caso de que la excusa presentada sea falsa (de 10 a 40 U. T.); ello se encuentra plasmado en el artículo 160 del COPP, referente a las sanciones para el escabino que no cumpla con sus funciones.

¿Cómo se escogen los escabinos?

Según lo pautado en el artículo 155 del COPP, el mecanismo de selección de los ciudadanos que fungirán como juez escabino inicia con un sorteo, que llevará a cabo la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.) por cada Circunscripción Judicial, cada dos años y antes del 31 de octubre, tomando como base de datos las respectivas listas del Registro Civil y Electoral Permanente; el referido sorteo se efectuará en sesión pública previamente anunciada, y se desarrollará en la forma que determine el reglamento que al efecto se dicte. Luego, el resultado de dicho sorteo se remitirá a las circunscripciones judiciales antes del 1º de diciembre de cada año, y la misma D.E.M. procederá a la notificación de los ciudadanos escogidos, haciéndole entrega a dichos ciudadanos de la documentación necesaria en la que se le indicarán los impedimentos, prohibiciones y excusas así como el procedimiento para su alegación.

Es decir, el sistema sobre el cual se efectúa la escogencia de los escabinos se fundamenta en la data del Registro Civil y Electoral Permanente, registro que de por si presenta muchas fallas o vicios, sean éstas por omisión, por prácticas fraudulentas con fines electoreros, o por falta de actualización y mantenimiento. Como consecuencia de ello, suele resultar que muchas de las personas seleccionadas en el sorteo ya han fallecido, o se han cambiado de domicilio, o simplemente ni siquiera existen.

De acuerdo a la norma, el procedimiento consta de dos fases:

1. Sorteo: Según el art. 156 del COPP, una vez revisada la lista del sorteo, el juez presidente del circuito judicial procederá a la depuración, con la cual se pasa a descartar o excluir a las personas que no cumplen con los requisitos exigidos en el Artículo 151 ejusdem. Así mismo, los ciudadanos escogidos harán valer ante el juez presidente del circuito, las prohibiciones que les impiden ejercer las funciones de escabinos o jurados desde la misma oportunidad de la depuración y antes del 15 de diciembre del año del sorteo.

Igualmente, el Artículo 157 señala que "El juez presidente hará la debida notificación, con quince días de anticipación al escabino que haya sido seleccionado como tal para intervenir en el juicio, y le entregará un instructivo en el cual le hará saber la significación que tiene el oficio de juzgar y que contendrá además, una explicación de las normas básicas del juicio oral, de sus funciones, deberes y sanciones a las que pueda dar lugar su incumplimiento.".

Cuando no pueda integrarse el tribunal con la primera lista de escabinos, el art. Artículo 158 ejusdem instituye que se realizará otro sorteo llamado sorteo extraordinario, repitiendo entonces el procedimiento de selección, abreviando los plazos para evitar demoras en el juicio, destacando que, en ningún caso, la suspensión puede ser mayor a siete días.

2. Constitución del tribunal: Quince días antes del inicio del juicio oral, el Juez Presidente elegirá, de la lista por sorteo, en sesión pública y previa notificación de las partes, ocho nombres para el Tribunal Mixto (Art. 163 COPP), de los cuales los dos primeros serán titulares y los otros suplentes, en el mismo orden en que fueron elegidos. Tal designación se notificará a los ciudadanos, para que conjuntamente con las partes, concurran a la audiencia pública donde se resolverá sobre las inhibiciones, recusaciones y excusas y se constituirá definitivamente el tribunal mixto.

Posteriormente, dentro de los tres días siguientes a la notificación de los escabinos candidatos, el juez presidente del tribunal fijará una audiencia pública, llamada audiencia de constitución, en la cual las partes podrán resolver sobre las inhibiciones, recusaciones y excusas.

Una vez realizadas cinco convocatorias sin que se hubiera constituido el tribunal, el acusado podrá elegir si desea ser juzgado por el juez profesional que hubiere presidido el Tribunal Mixto, elección ésta incorporada en la reforma del COPP, por los múltiples inconvenientes que se han suscitado para constituir el tribunal mixto, y para salvaguardar los derechos constitucionales del acusado, de obtener una justicia rápida sin dilaciones indebidas.

Integración del Tribunal Mixto:

Los artículos 161 y 162 del COPP señalan cómo se integra el tribunal mixto, por un juez profesional y dos escabinos, y determina como atribuciones de los escabinos o jueces legos, participar con el juez profesional en la deliberación de todo lo referente a la culpabilidad o inculpabilidad del acusado (cuestiones de hecho). En caso de culpabilidad, le corresponde al juez presidente pronunciarse en cuanto a las cuestiones de Derecho (calificación, penalidad, redacción de la sentencia definitiva, etc.). Igualmente, cualquier decisión interlocutoria que surja en el proceso es de exclusiva competencia del juez profesional.

Al deliberar, los jueces se pronunciaran sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. En caso de culpabilidad, la calificación jurídica y la sanción penal o medida de seguridad, será responsabilidad del juez presidente. Las decisiones debe ser por consenso, en caso contrario se votará por las cuestiones disputadas. Los jueces podrán salvar su voto, y si se trata del escabino, el juez presidente lo asistirá en la manera de expresar las razones por las cuales difiere de la decisión.

De ello se denota la importancia de que al escabino, antes de tomar posesión de su rol o del cargo a desempeñar, debe dársele a conocer las bases y principios a los cuales se debe subordinar.

La realidad de nuestro proceso.

Lo descrito anteriormente es el procedimiento establecido en el COPP; pero en la práctica, este procedimiento no se ejecuta textualmente.

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura creó una Oficina Nacional de Participación Ciudadana, y a su vez creó en cada entidad federal la Oficina Regional de Participación Ciudadana, cuya actividad fundamental se basa en orientar, informar y educar a la ciudadanía en el desempeño de la función de escabinos, a través de campañas, foros, conferencias, etc., llamando la atención en la comunidad sobre la importancia de su participación en el acto de juzgar y su rol en la administración de justicia, promoviendo así la difusión de la participación ciudadana como parte integrante del sistema judicial a través de la figura de los escabinos.

La misión de la Oficina de Participación Ciudadana es incorporar a la ciudadanía al proceso de administración de justicia penal, de conformidad a lo establecido en nuestra legislación, así como consolidar y fortalecer la figura del juez ciudadano como expresión de la participación, democratización y humanización de la gestión pública.

Igualmente, la Oficina de Participación Ciudadana se encarga de establecer contactos para la depuración de las listas de cada Circunscripción Judicial de cada región, conjuntamente con la respectiva Presidencia del Circuito Judicial Penal.

El procedimiento real y efectivamente practicado para la selección de escabinos, es realizar sorteos para cada juicio, a través de la Oficina de Participación Ciudadana de cada Circunscripción Judicial. Para el sorteo se cuenta con una herramienta electrónica, el sistema SORCIR-WEB, diseñado por la Oficina de Desarrollo Informático de la D.E.M., e incorporado en el año 2007.

El sistema informático para el sorteo de escabinos, SORCIR-WEB, es una herramienta informática cuya finalidad es facilitar las actividades diarias que realizan los trabajadores de las oficinas de Participación Ciudadana, y que permite la depuración de la base de datos con la cual se trabaja para la selección de escabinos. Está desarrollado en un ambiente web, lo que facilita su utilización por parte de los usuarios, pues no requiere de instalación de programas adicionales, permitiendo que los trabajadores incorporados a la Intranet del Poder Judicial puedan acceder al mismo.

Entre otros beneficios, la centralización del sistema desde la DEM permite una rápida emisión de respuestas y al mismo tiempo, monitorear las actividades que se realizan en las distintas regiones a fin de aplicar los correctivos necesarios.

A partir de la implementación del SORCIR-WEB, las oficinas regionales de participación ciudadana, pueden realizar los sorteos de escabinos utilizando una base de datos depurada inicialmente en la sede central y luego en cada uno de los Estados. Los miembros de las oficinas de participación ciudadana ingresan al sistema a través de una clave, pudiendo acceder a la información necesaria para realizar el sorteo. Igualmente, los usuarios externos podrán conocer a través de su número de cédula de identidad si fueron seleccionados para desempeñarse como escabinos en un juicio, a través del link o enlace en la página web de la DEM.

Ahora, ¿cómo incurre realmente esta participación ciudadana en nuestro proceso penal?

Son diversas las incidencias derivadas de la aplicación de la participación ciudadana y la institución del escabino en nuestro sistema. La más evidente se concreta en las dilaciones judiciales o retardo procesal.

Para la elaboración de este artículo, se procedió a entrevistar a funcionarios adscritos a la Oficina de Participación Ciudadana del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en su Extensión de Valle de La Pascua. Así, la ciudadana Carmen Armas, Asistente Administrativo adscrita de esa oficina, expresó que las causas o impedimentos más comunes para la celebración de los juicios con tribunal mixto se debe a los siguientes hechos:

– Falta de citación del escabino candidato en tiempo oportuno, o porque la dirección de habitación que consta en la base de datos del sistema es incorrecta o incompleta, o ha cambiado su dirección de residencia, o por su fallecimiento.

– Por incomparecencia del escabino, sea ésta justificada (ejemp. enfermedad del escabino), o injustificada.

– Por su tardanza al llegar en la oportunidad pautada para la audiencia de constitución.

– Por inasistencia del suplente (una vez constituido el tribunal).

– Por falta de traslado de los acusados desde el recinto carcelario.

– Por inasistencia del acusado (cuando está en libertad), u otra de las partes.

– Por diferimiento en razón de no haber Despacho en el Tribunal (causas varias).

– Desmotivación por los continuos diferimientos de juicios.

En la conformación o constitución de los tribunales mixtos, de las causas referidas, la de mayor ocurrencia es la inasistencia de los ciudadanos llamados a ser Escabinos, ya desde este punto de su llamado como candidatos.

¿Por qué no asisten los candidatos llamados? Puede afirmarse que, en principio, por desconocimiento. Generalmente la persona convocada no tiene la menor idea de los que es un escabino, no saben para qué han sido llamados. De ahí la importancia fundamental del accionar de la Oficina de Participación ciudadana (así como el de todo miembro del sistema de administración de justicia), para orientar, informar y educar a la ciudadanía en el desempeño de la función del escabino.

En la oportunidad de celebrar la Audiencia de Constitución del Tribunal Mixto, frecuentemente concurren apenas 3 o 4 personas de las 8 surgidas del sorteo (a veces ninguna), y de esos asistentes, serán varios los que presentarán excusas, incluso a veces falsas, por temor a actuar en un proceso que desconocen por completo.

De igual manera, y constituyendo factor de gran importancia, muchos ciudadanos no responden al llamado por miedo a verse involucrados en una causa donde, con bastante razón, sienten amenazada su seguridad personal en razón de una posible represalia o “venganza” de la parte acusada, e incluso hasta de la parte constituida en víctima, dependiendo de la decisión que pudiese llegarse a tomar al juzgar. Se conoce de casos en los que el escabino manifiesta haber sido amenazado, incluso a sus familiares, por alguna de las partes involucradas, con lo cual se evidencia que el Estado no cumple cabalmente con su deber de garantizar la integridad de estos ciudadanos.

Ya esta inasistencia de escabinos candidatos comporta una dilación en el proceso, pues al no tener el número de miembros necesarios para conformar el tribunal, se deberá proceder a efectuar un nuevo sorteo (sorteo extraordinario), y consecuentemente el proceso retoma el punto de efectuar nuevas citaciones a los candidatos resultantes.

Por los múltiples inconvenientes que surgen para constituir el tribunal mixto, establece el C.O.P.P. en su artículo 164, que luego de realizadas cinco convocatorias sin que haya sido posible constituir el tribunal, el acusado podrá elegir si desea ser juzgado por el juez profesional. Esta elección fue incorporada en la reforma de la norma adjetiva, en principio para salvaguardar los derechos constitucionales del acusado de obtener una justicia rápida sin dilaciones indebidas.

La jurisprudencia al respecto

Aún establecida la descrita posibilidad en la reforma del C.O.P., el Tribunal Supremo de Justicia ha visto la necesidad de pronunciarse en referencia, a través de jurisprudencias de acuerdo a las cuales, si en un lapso de dos convocatorias el escabino no acude al llamado, entonces el tribunal debe asumir el control de la causa, constituyéndose en Tribunal Unipersonal, previa consulta al acusado. Este dictamen ha sido materializado principalmente en la Sentencia No. 1918, de fecha 19-10-2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz. (Expediente N° 07-0682).

En esta decisión nos encontramos con varias afirmaciones, entre ellas:

✓ que la participación de la ciudadanía en la administración de justicia está presente en la figura del escabino; que la participación de los ciudadanos en la administración de justicia es conveniente para que se ejerza una contraloría social eficaz.

✓ que, a pesar de ello, y conforme al artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país se constituye en un Estado democrático, social de derecho y de justicia, y dentro de los valores superiores que rigen al ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, se propugna la justicia y la preeminencia de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ser juzgado por el juez natural. Y que en tal sentido, los jueces deben ser abogados (profesionales universitarios) por estar capacitados para aplicar el derecho al caso concreto, y no para ser unos simples guías de personas que no son abogados, como lo serían los escabinos, pues de conformidad con los artículos 253, 255 y 256 constitucionales, se exige que los administradores de justicia sean profesionales universitarios que puedan formar parte de la carrera judicial.

✓ que aunado a ello, la institución de los escabinos no ha sido adaptada a la realidad social ni jurídica del país, por cuanto al ciudadano común no le es propio impartir justicia, lo cual ha sido una fuente de dilación judicial en los procesos penales, ya que los escabinos no acuden a las convocatorias realizadas por los Tribunales, impidiendo ello la constitución del Tribunal Mixto, por lo cual existe una necesidad que sea revisada la institución del escabinado en nuestro país.

✓ que ante tal situación, en miras de garantizar el debido proceso y evitar dilaciones indebidas en el proceso penal a favor del imputado, la Sala Constitucional ha dictaminado que ante dos intentos fallidos en constituir el tribunal con escabinos, se continúe el proceso con el Juez profesional, cumpliendo con lo establecido en el artículo 164 del Código Orgánico Procesal Penal. (Vid. Sentencia No. 3.744 del 22-12-2003, caso:“Raúl Mathison”, ratificada por Sentencia No. 2.598 del 16-11-2004, caso:“Luis Arias”). Es decir, que ante dos intentos fallidos en constituir el Tribunal con escabinos, se puede continuar el proceso con el Juez profesional que dirigirá el juicio, quien debe asumir totalmente el poder jurisdiccional sobre la causa, por lo que deberá llevar adelante el juicio prescindiendo de los escabinos.

✓ que si bien es cierto lo anteriormente expuesto, no es menos cierto que el juez profesional, antes de prescindir de la constitución del tribunal mixto, debe oír la opinión del acusado, pues bajo ningún respecto puede decidir unilateralmente sobre esto, ni en contra de la voluntad del imputado, pues ello se traduciría en una violación a los derechos de éste a la defensa, al debido proceso y al juzgamiento por su juez natural.

✓ que es una posibilidad para el imputado solicitar su juzgamiento a través de un Tribunal Unipersonal, ya que éste se encuentra interesado en la pronta celebración del juicio oral, pues en la mayoría de los casos está sometido a un régimen restrictivo o privativo de libertad, y sólo a él está atribuida legalmente la potestad para el impulso del cambio de la naturaleza del Tribunal de Juicio que tendrá el conocimiento de la causa, de Mixto a Unipersonal; y que sobre esta posibilidad debe considerarse que, primero: es un derecho del procesado, no un deber; segundo: que el ejercicio de tal potestad supone el sacrificio del derecho al juzgamiento por el tribunal que, en principio, era el natural para el conocimiento de la causa; tercero: que la participación ciudadana no sólo interesa al procesado, sino que corresponde a un interés colectivo y a una necesidad social y debe ser, por tanto, considerada como cuestión de orden público.

En síntesis, esta jurisprudencia deja por sentado que la constitución del Tribunal Unipersonal siempre es posible a los fines de evitar retardos procesales y garantizar el debido proceso, una vez que conste la opinión del imputado y la infructuosidad de las convocatorias a los escabinos. Sin embargo, si el imputado se mantiene en su deseo de ser juzgado a través de un Tribunal Mixto, esto no quiere decir que el juicio oral nunca se celebrará, por cuanto los jueces como directores del proceso cuentan con mecanismos legales dispuestos para garantizar la celebración del juicio oral con escabinos.

Otros inconvenientes surgidos en nuestro sistema.

Además del retardo procesal, pueden resaltarse otros escollos que surgen de la aplicación de la figura del escabinado en nuestro proceso penal.

Uno de ellos deriva de que el legislador, al tratar de establecer la participación ciudadana directa, tomó escasamente en consideración el contexto socio cultural que lo rodea, ya que los ciudadanos no están conscientes de que la norma procesal penal, no solo otorga mayor participación al momento de impartir justicia, más derechos y beneficios, sino que también establece deberes y responsabilidades, tan importantes como lo es determinar la culpabilidad o no de una persona a quien se le imputa un delito, y ello basándose no en conocimientos técnicos propios del área judicial, sino en conocimientos empíricos que variarán de acuerdo a su raza, sexo, credo, condición social, grado de instrucción educacional, amén de la posibilidad real de ser influenciado a su vez por el dolor que manifieste la víctima en los momentos procesales en que los escabinos interactúen con las partes del litigio.

Así mismo puede afirmarse que todavía algunos jueces profesionales no han interiorizado el hecho de que al actuar como tribunal mixto, debe existir una coordinación y cooperación con sus jueces legos, en el sentido de que toda actuación también requiere la intermediación de éstos, en procura de una decisión colectiva que refleje con certeza y coherencia los hechos debatidos en el juicio o proceso oral.

Otro aspecto a considerar, es que se debe ser cuidadoso con el proceso de selección de los escabinos, en el sentido de velar porque la lista no se convierta en una especie de “lista cerrada”, por la cual determinadas personas participen de forma repetitiva con tal función en la administración de la justicia penal, pudiendo llegar al extremo de convertirse en “escabinos profesionales”, entre otras razones por los beneficios económicos que puedan representarles el cumplir dicha función ciudadana.

Igualmente, es evidente el peligro que corre la justicia al poner en manos de ciudadanos comunes la toma de decisiones tan importantes, en el sentido de que algunos de esos ciudadanos son susceptibles de corrupción. Mucho se habla de la compra de escabinos, y esto es una realidad a la cual no podemos cerrar los ojos. A pesar de ello, la participación ciudadana es base fundamental para la concretización y expansión de nuestra justicia social y democrática, y lejos de ser eliminada debe ser revisada y optimizada, creando y mejorando los mecanismos que logren su desarrollo.

¿Cómo percibe la colectividad la participación ciudadana a través del escabinado en nuestro proceso penal?

En una encuesta denominada “Percepción del COPP y de su funcionamiento”, elaborada en el año 2004 por un grupo de investigadores y profesores de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana, aunados bajo el nombre de “Acceso a la Justicia.org”, se obtuvo, entre las respuestas referidas a otros tópicos, algunas conducentes a la efectividad de la participación ciudadana en nuestro país. Estas fueron:

▪ La participación ciudadana en el proceso penal, además de ser un mandato constitucional y del COPP, le brinda objetividad y transparencia al proceso?

De acuerdo: 80%. En desacuerdo: 20%

▪ Las dificultades para constituir el tribunal con escabinos son, en la práctica, un factor muy importante de retardo procesal?

De acuerdo: 100%. En desacuerdo: 0%

▪ Las dificultades para constituir el tribunal con escabinos se deben principalmente al desconocimiento de esta institución por parte de la ciudadanía?

De acuerdo: 93%. En desacuerdo: 7%

▪ La decisión del TSJ de reducir a tres convocatorias la obligación de constituir el tribunal con escabinos, en los casos en que así lo exige el COPP, se justifica por la necesidad de disminuir el retardo procesal?

De acuerdo: 80%. En desacuerdo: 20%

▪ El hecho de que después de tres convocatorias el tribunal mixto no se logre constituir y pueda pasar a decidir el juez profesional, atenta contra el derecho a ser juzgados por sus jueces naturales?

De acuerdo: 73%. En desacuerdo: 27%

Se desprende de los resultados de esta encuesta que la ciudadanía percibe la importancia que tiene su participación en el proceso judicial, pero que igualmente está consciente de que la deficiente materialización de este concepto conlleva trabas y retardo para el proceso.

Reforma parcial del COPP del año 2009

En el momento de realización de este artículo, se está debatiendo una reforma parcial del Código Orgánico Procesal Penal. Este tercer proyecto de reforma parcial de la norma procesal penal afecta a 29 de los 553 artículos vigentes. La última modificación fue sancionada en octubre de 2006.

| Con esta reforma parcial del COPP se busca atacar la inseguridad, el retardo procesal, la impunidad, y otras fallas que|

|hasta ahora presenta el referido instrumento legal, así como llenar vacíos que existen en la norma. |

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|En relación a los escabinos, la reforma propone modificar lo referente a la cantidad de convocatorias que deben hacerse |

|para la constitución del tribunal mixto, acogiendo definitivamente lo establecido por la jurisprudencia referida |

|anteriormente en este texto. Es decir, se reduciría a dos el número de convocatorias, y en caso de no lograrse constituir |

|el tribunal mixto, el juez profesional deberá oír al imputado sobre su deseo de cómo se proseguirá el proceso, si con un |

|juzgado unipersonal o con un tribunal con escabinos. |

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|El jueves 25-06-2009, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión esta reforma parcial de Código Orgánico Procesal |

|Penal, luego de que la Comisión de Política Interior presentara el informe en el que hace la exposición de motivos para |

|adelantar estos cambios, y se espera que la misma sea sancionada a finales del mes de julio. |

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|CONCLUSIONES |

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Sin lugar a dudas la participación ciudadana busca poner en práctica la concientización e incorporación del ciudadano común en la actividad de impartir justicia a través del control social, sustentando una garantía de decisiones dictadas con transparencia, imparcialidad, y probidad, y contribuyendo así al proceso de relegitimación del poder judicial y la conciliación del sistema democrático venezolano.

Pero es sumamente notable la necesidad de una seria política estatal de difusión ciudadana, para concientizar a la ciudadanía sobre la gran importancia que reviste su participación directa en la administración de justicia.

Deben concretarse mecanismos más efectivos para lograr que el ciudadano participe en el proceso, informando, concientizando y estimulando a esta actuación, y con ello evitar que la participación ciudadana directa sea un factor más en el ya cargado retardo procesal.

Se requiere por parte del Estado un programa político más coherente que implique corregir las debilidades y obstáculos que han surgido en la aplicación de este derecho- deber, consagrado tanto en nuestra Constitución como en el Código Orgánico Procesal Penal.

Pero no es solo tarea del Estado; es necesario que exista una divulgación por parte de los organismos públicos y privados, medios de comunicación, instituciones educativas, asociaciones de vecinos, e indubitablemente, de todos nosotros como ciudadanos, para lograr un grado de concientización e inteligencia de lo que significa la participación ciudadana en el proceso de garantizar la democratización de la justicia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Código Orgánico Procesal Penal con Exposición de Motivos. (2002). Valencia: Vadell Hermanos Editores.

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FERNÁNDEZ M., F. (1999). Manual de Derecho Procesal Penal. Caracas: Editorial Mc Graw Hill Interamericana de Venezuela, S.A.

GUTIERREZ DE REYES, M. (2003). “La participación Ciudadana en el acto de juzgar”. Revista Relación Criminológica, Segunda Etapa Nº II. Órgano divulgativo del Instituto de Investigaciones Penales y Criminológicas. Facultad de Derecho. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.

ALVARADO RIGORES, M. (2004). “La Participación Ciudadana en el Sistema Judicial Penal.” Publicado en El Boletín Nº 5. Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J. M. Delgado Ocando de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Ediciones Astro Data. Maracaibo, Venezuela.

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Sentencia No. 1918 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19/10/2007. En: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/1918-191007-07-0682.htm

Pagina web de Acceso a la Justicia.org, Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana y Universidad Central de Venezuela. http://www.accesoalajusticia.org

Consejo de la Judicatura. Oficina Nacional de Participación Ciudadana. En: www.cj.geov.ve.