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La Suspension De Los Plazos De Prescripción Extraordinaria En La Contumacia

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: monto2435 22 mayo 2011

Palabras: 3384 | Páginas: 14

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e contumacia, para los cuales “están suspendidos los plazos de prescripción, tanto ordinaria como extraordinaria” ciñéndose a pie juntillas a la Ley 26641 , la famosa “Ley de Contumacia”; esta manera tan sesgada de interpretar las normas penales dejando de lado el lente constitucional que es por donde debería discurrir las normas de rango legal, es la que ocasionó este problema, tenemos que sobrevivir con expedientes guardados sin fecha de prescripción porque hasta un delito de bagatela es perseguible de por vida, es eso verdad, ¿el Estado tendrá la facultad punitiva con carácter de eterna?, veremos que no, ya que el Perú no es un estado legislativo, sino que ha evolucionado a un Estado Constitucional de Derecho teniendo como eje del sistema jurídico los principios constitucionales y las normas internacionales; sin embargo, también presentaré el caso de un juez valiente cuya resolución realizando un control difuso inaplicando dicho dispositivo inconstitucional es merecedor de respeto y elogio; no es un problema de liquidadores, amigos es un problema de ideología jurídica.

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA: SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN:

El problema es simple (así como la solución), existen jueces que entienden la norma ad literam y nada más importa para ellos, no importa el derecho a un plazo razonable, que importa la dignidad de un procesado; la ley de contumacia expresamente ordena la “suspensión de los plazos de prescripción”, así que suspenden los plazos pues, sintiéndose protegidos por el manto de la legalidad extrema, además de la protección brindada por el propio Tribunal Constitucional[?]. Suspender e Interrumpir son distintos vocablos que semánticamente distancian mucho uno de otro: a) El primero significa dejar en pausa hasta que ocurra algo y una vez que ocurra siguen contándose los plazos desde donde se quedaron antes de la suspensión, b) En el segundo los plazos de prescripción vuelven a iniciarse una vez desaparecida la causa de la interrupción; entonces, si la suspensión de plazos entiende que debe ocurrir aquello que fue la causa de ella (la no presentación a rendir su declaración instructiva por ejemplo), para continuar con el transcurso de los plazos de prescripción, podemos estar hablando de una búsqueda y captura de por vida, atentando así contra el derecho a la dignidad de la persona, su derecho a ser juzgado en un plazo razonable y extendiendo fuera de sus límites el Ius Puniendi del estado convirtiéndolo en irracional. En concreto existen procesos (por lo menos en los juzgados penales transitorios) que no tiene cuando acabar sólo porque a un magistrado que no conoce la Constitución o no quiere conocerla, además de echar por la borda la jerarquía de normas que posee el sistema jurídico, aplica literalmente un dispositivo normativo sin reflexionar un mínimo. Cabe aquí señalar que existen jueces contraparte (buenos jueces, jueces de verdad) , que inaplicaron esta suspensión de plazos por inconstitucional justamente, como ejemplo está el expediente 2003-0293-0-0409-JM-PE-01 , del Módulo Básico de Justicia de Hunter en el cual explica de una manera diáfana porque debió inaplicar la norma en mención, otro de los ejemplos son las resolución que inaplican la ley de contumacia recaída en el proceso Nº 2383-2005-AREQUIPA[?] dejando de lado el fundamento once de la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente 4118-2004-HC/T-PIURA; da esperanza saber que existen también jueces cargados de gran personalidad constitucionalizada, tarea posterior es iluminar con esta luz de constitucionalidad al resto de juzgadores.

3. PLAZO RAZONABLE DE JUZGAMIENTO PENAL Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL:

3.1 Normas e Instrumentos Internacionales:

La Convención Americana de los Derechos Humanos[?] en su inciso primero del artículo octavo, declara : “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente… ”(sic). Absorbida por mandato del artículo cincuenta y cinco y además por la Cuarta Disposición final y transitoria de la Carta Magna.

Art. 7.5 .-Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.

Por otro lado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[?] ha establecido también dentro de su artículo 8 inciso 3 el derecho de toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal a ser llevada sin demora ante el juez o funcionario autorizado y ser juzgada dentro de un plazo razonable, y según el artículo 14 inciso 3 del mismo texto supranacional el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

Así también Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales :

“Art. 6.1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley (...)”.

“Art. 5.3.- Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1.c, del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable, o a ser puesta en libertad durante el procedimiento”.

Cabe mencionar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, la cual establece este tipo de interpretación satisface una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, contenido en el artículo 18 de la Constitución Argentina que reconoce el derecho a obtener un pronunciamiento definiendo su posición frente a la ley y la sociedad, que ponga termino del modo mas rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.[?]

Estas normas contienen desde ya la expresión “Plazo Razonable”, el ser juzgado en un plazo razonable es un derecho reconocido en el ámbito internacional, entonces las decisiones de suspender los plazos de prescripción prolongando el juzgamiento posiblemente hasta el día de la muerte del procesado (ya que es otra forma de extinguir la acción penal) no son nada razonables colisionando frontalmente con los derechos reconocidos al imputado lesionando su dignidad como persona condenándolo a vivir por un término indefinido con la carga de una acusación y un proceso penal vigente en su contra. Otro caso digno de revisión es el caso “Frades” del 14 de diciembre de 1989 de la Corte Suprema de Argentina, admitiendo que el proceso tiene un carácter restrictivo de derechos que lo asemeja a la pena.[?] No es razonable perseguir indefinidamente a una persona acusada de la comisión de un delito de Peligro común, por ningún lado que se vea, por mas que se intente justificar tal decisión, existe ya normatividad internacional nos prohíbe hacer eso. La Corte Suprema de la Nación Argentina[?] concluyó que la excesiva duración de un proceso penal vulnera todos los derechos individuales y sus garantías referidos a la administración de justicia, admite que el proceso penal significa ya una pena impuesta no a un culpable, sino a quien se somete a juicio para saber si es culpable o no (Fallos 275:241); claro que el procesado lleva ya la carga del proceso mismo en sus espaldas, este pesar lo extendemos sin un final aún sabiendo que es inocente hasta que declare su culpabilidad. Los únicos delitos que no son susceptibles de prescripción son los relativos a crímenes de guerra y lesa humanidad, previstos en la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.[?]

José Luis Castillo Alva, muestra su posición cuando acota que “la suspensión de los plazos de prescripción para los contumaces es una forma encubierta, más peligrosa y refinada de ejercer perpetuamente el ius puniendi del Estado”; ya que deroga prácticamente la prescripción de nuestro ordenamiento penal y parece advertir normativamente al ciudadano: “Nunca rehuyas la acción, porque nunca podrás obtener la prescripción”(sic), con lo que también se afecta la Presunción de Inocencia pues este proceso sin mínimas garantías vale tanto para culpables como para inocentes. El Tribunal Constitucional Español en la sentencia del STCE 0195/1997 del 11 de noviembre de 1997: “el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no ha constitucionalizado el derecho a los plazos marcados por las leyes, sino el derecho a que el proceso sea resuelto dentro de un tiempo razonable”.

3.2 ¿QUÉ OPINA NUESTRO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A PROPÓSITO DEL PLAZO RAZONABLE?

Nuestro Tribunal Constitucional, acorde con la mayoría de la doctrina, ha entendido que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es contenido esencial del Derecho Constitucional del Debido Proceso, en ese sentido ha emitido cantidad de jurisprudencia, señalando que tal derecho está implícito en los derechos al Debido Proceso y la Tutela, por lo tanto guarda relación con el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, subsidiariedad, necesidad, y otros que se deben observar en un proceso; teniendo como finalidad impedir que los acusados permanezcan durante largo tiempo bajo acusación , en consecuencia el derecho a que el proceso tenga un límite temporal forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocido por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y por tanto no puede ser desconocido. (Expediente 0618-2005-HC, del 08/03/05)[?] . Queda claro entonces que nuestro Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución acepta que toda persona tiene el derecho a ser juzgado con límites temporales, lo cual es contrario totalmente con el criterio de suspender los plazos extraordinarios de prescripción de la acción penal. Como ya es conocido la sentencia recaída en el expediente 4118-2004-HC-T-PIURA, el Tribunal con criterio que no comparto porque colisiona con los dispositivos internacionales antes glosados, destrozando el derecho a ser juzgado en un plazo razonable conjuntamente con el principio de dignidad de la persona, convirtiéndola en un objeto de persecución penal eterna.

También se presenta el Exp. Nº 7451-2005-PHC/TC del 17 de octubre del 2005[?], donde en vía doctrina jurisprudencial y sin mayores argumentos se ha convalidado tácitamente la constitucionalidad de la Ley de Contumacia. Así en el Fundamento 12 de dicha resolución el Tribunal ha precisado que: “Finalmente, tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables de que el acusado rehuye del proceso y hasta que se ponga a derecho, debiendo el juez declarar dicha suspensión de conformidad con el artículo 1º de la Ley 26641”; con lo que se ha declarado Infundada la acción de Habeas Corpus entablada contra la declaratoria de contumacia en un proceso por delito de Falsedad Ideológica. Esta postura ha sido luego ratificada en el Exp. Nº 4118-2004-HC/TC[?] Piura del 6 de junio del 2005 en el que inclusive se confiere efectos vinculantes a dicho criterio, por lo que aparentemente las decisiones del Tribunal Constitucional habrían avalado de forma implícita la aplicación indiscriminada de la Ley Nº 26641 para todos los delitos comunes, a excepción por supuesto de los delitos imprescriptibles regulados en el Estatuto de Roma antes tratado (Delitos imprescriptibles).

3.3. RANGO LEGAL: BASE PARA LA PRESCRIPCIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SUSPENSIÓN.

Nuestro ordenamiento de rango legal, contiene en sus dispositivos claras menciones a que la prescripción de la acción penal es un derecho que se halla íntimamente relacionado con el Principio-derecho de la Dignidad de las personas, el Código Penal vigente en su artículo 78º establece que una de las causales de extinción de la acción penal es la prescripción, justamente porque debe existir un límite temporal que frene esa facultad sancionadora del Estado, no es posible que el estado condene ex ante a un ciudadano a vivir con la carga de un proceso penal en su contra de por vida; el artículo 83º del mismo Código nos presenta casos de interrupción de los plazos de prescripción ordinarios, y nos dice expresamente (para gusto de aquellos que exageran el principio de taxatividad o literalidad) “La acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción – éste es el máximo de la pena conminada como ya sabemos-”. En consecuencia si prescribe en todos los casos cuando el tiempo transcurrido supera el máximo de pena conminada para el delito cometido adicionada en una mitad, ¿por qué hemos seguido la literalidad de la Ley 26641?; es que acaso somos meros aplicadores de la norma sin fijarnos siquiera que aquel dispositivo es contrario a otra norma del mismo rango y peor aún a normas superiores en jerarquía.

Existe incoherencia en el supuesto establecido en el artículo 1 de la ley 26641, que señala en primer término que tratándose de contumaces, el principio de la función jurisdiccional de no ser condenado en ausencia, se aplica sin perjuicio de la interrupción de los términos prescriptorios; sin embargo, mas adelante el mismo dispositivo que indica que el juez encargado del proceso declara la condición de contumaz y la suspensión de la prescripción[?]

4. EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL :

El nuevo sistema para administrar justicia que intenta implantarse objetivizado con el Código Procesal Penal de 2004, toma a la contumacia como lo que verdaderamente es ; una situación jurídica de carácter temporal, no permite la suspensión de ninguna clase de plazo que favorece al procesado, por lo tanto no lesiona su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, respetando su dignidad, tal como aparece en su artículo 79º incisos 1 y 4[?]; además, es necesario señalar que la entrada en vigencia de éste código el 29 de julio del año 2004, derogó la ley 26641 “Ley de Contumacia”, peor como hemos expresado líneas arriba aún debemos enfrentar y superar los rezagos de inconstitucionalidad que nos ha dejado. En este nuevo código la formalización de Investigación preparatoria suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.[?] Sin embargo no debe ser entendido con el error anterior, sino que este artículo se refiere a la suspensión del plazo de prescripción ordinaria previsto en el artículo 83° del Código Penal[?]

En Huaura existen casos ya, de resoluciones en cuanto a pedido de declaraciones de contumacia en audiencia[?], esto magnifica los principios que rigen el sistema acusatorio; así también se han dado denegatorias de estos pedidos, como ejemplo cito al juez del tercer juzgado de investigación preparatoria Gianpol Taboada Pilco en el expediente 1537-2008 declaró infundado el requerimiento del fiscal para que declare contumaz a un imputado porque no había concurrido a rendir su declaración voluntaria, considerando entre otros argumentos que la declaración indagatoria del imputado constituye un medio de defensa por encontrarse dentro del espectro de protección del derecho a la no autoincriminación , y además porque una vez ubicado, capturado y puesto a disposición de la autoridad, puede perfectamente abstenerse de declarar, siendo innecesario pues declarar a un procesado contumaz cuando no concurre a rendir su declaración durante la Investigación Preparatoria .

5. A MANERA DE CONCLUSIÓN:

Como corolario del presente trabajo, deseo expresar mi descontento con la suspensión de los plazos de prescripción extraordinarios de la acción penal, por los motivos expuestos, aprendamos a respetar la normatividad internacional, tales como Las Convenciones y los Pactos Internacionales, las resoluciones del Tribunal Constitucional, que deben ser superadas con criterios modernos de respeto a la dignidad de la persona y la Propia Constitución de la Nación, ya que ese debe ser el lente a través del cual interpretar las normas que se dicten, eliminando de la mente de jueces, fiscales y abogados esa idea de seguridad meramente aplicativa, pensemos constitucionalmente, respetando los derechos fundamentales de todos los sujetos, así avanzaremos a paso firme hacia una administración de justicia cada vez mejor. Gracias.

6. NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS :

∗ Asistente Judicial en Despacho del Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Arequipa.

Estudiante del Quinto Año de la Facultad de Derecho de la UNSA

[i] Decisiones recaídas en los procesos 4118-2004-HC/T-PIURA, el mismo que tiene fuerza vinculante; y, el proceso 1093-2000-HC/TC: “…consustanciales a los principios del Estado democrático de derecho y a la dignidad de la persona reconocidos en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado, como lo es sin duda, el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia”

[ii] “El denominado delito de contumacia desconoce el carácter prescriptorio de la acción penal, el cual tiene rango constitucional, por cuanto dicha circunstancia resulta imputable al Estado, el cual después de mucho tiempo no puede pretender hacer sufrir al encausado una expiación que ya pasó al olvido; y asimismo también colisiona con el principio de lesividad pues dicha norma no ha precisado de manera clara cuál es el bien jurídico que se lesiona cuando quien es requerido por la autoridad jurisdiccional se sustrae de la acción de la justicia”. Citada por Dr. Jaime Coaguila en “Jean Valjean, reo contumaz. La suspensión de los plazos de prescripción en el proceso penal peruano a partir de la novela ¨Les Misérables¨ de Víctor Hugo”, publicada en Revista “Actualidad Jurídica” Tomo 170, Enero 2008, Editorial Gaceta Jurídica en LIMA

[iii] Ministerio de Justicia, SPIJ, Convención Americana de Los derechos Humanos. Perú, Marzo 2009

[iv] Ministerio de Justicia, SPIJ, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. Perú, Marzo 2009

[v] Corresponde dictar sin más tramite la decisión que ponga final al proceso; admite pues que el mismo proceso penal significa ya una pena impuesta no a un culpable, sino a quien se somete a juicio para saber si es culpable o no lo es.

[vi] Fallos 312:2434 , de Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

[vii] Luciana Glenda Basile y María Belen Diaz Azconegui, Plazo Razonable de Duración del Proceso Penal, publicado en: http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/AREAS20%TEMATICAS/PENAL/, Argentina.

[viii] Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 26 de Noviembre de 1968. A la que se adhiere nuestro país mediante Resolución Legislativa 27998.

[ix] Gaceta Jurídica , La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional , Perú , Gaceta Jurídica, Agosto 2006

[x] Citada por el Dr. Jaime Coaguila en el artículo publicado en Revista “Actualidad Jurídica”Tomo 170, Enero 2008, Editorial Gaceta Jurídica en LIMA

[xi] Habeas Corpus contra la Contumacia, delito de Falsedad Ideológica.

[xii] Revista Jurídica del Perú tomo 99 mayo 2009 Pág. 175, Víctor Raúl Reyes Alvarado

[xiii] Jurista Editores, Código Penal, Perú , Jurista Editores, Junio 2009

[xiv] Artículo 339° del NCPP

[xv] La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido…sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

[xvi] Cuaderno N° 1225-2008-15 del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura