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Las Pruebas En El Juicio Oral

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Categoría: Ciencia

Enviado por: klimbo3445 20 mayo 2011

Palabras: 7047 | Páginas: 29

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abajo se harán ver el cómo se deben de ofrecer las pruebas, tanto en los Estados de la República Mexicana que contemplan los juicios orales y en países latinoamericanos que también los tienen implementados tengan los juicios orales implementados, para llegar a una conclusión más convincente que se deba aplicar en nuestra legislación estatal de Coahuila, cuando se implementen los mismos.

GENERALIDADES DE LA PRUEBA

En la prueba pueden distinguirse tres elementos:

1. El medio de prueba: Es la prueba misma; es el modo o acto por medio del cual se lleva el conocimiento verdadero de un objeto, es la prueba misma;

2. El órgano de prueba: Es la persona física portadora de un medio de prueba; en pocas palabras, “es la persona física que suministra en el proceso el conocimiento del objeto de prueba” (Florian), objeto de prueba “es lo que hay que determinar en el proceso” (Florian).

3. El objeto de prueba: Es lo que hay que determinar en el proceso (Florian), debe entenderse todo lo que puede ser motivo de conocimiento; conocimiento, desde el punto de vista común y corriente, comprende el darse cuenta de algo, es como dice Messer, percibir algo, y la verdad (sin inmiscuirnos en disquisiciones metafísicas) abarca la exacta correlación entre el objeto y las notas que recoge el conocimiento.

El medio de prueba es el puente que une al objeto de prueba por conocer con el sujeto cognoscente. En el Derecho procesal penal, los sujetos que tratan de conocer la verdad son: directamente el juez a quien hay que ilustrar para que pueda cumplir con su función decisoria e indirectamente las partes, en cuanto se ilustran con pruebas del proceso para sostener la posición que les corresponde. El objeto por conocer es del acto imputado con todas sus circunstancias y responsabilidad que de ese acto tiene un sujeto.

Ese puente que une al objeto por conocer con el sujeto cognoscente, se presenta en el decurso de los tiempos, con múltiples perfiles. En las épocas primitivas, cuando todo está animado por la divinidad (animismo), la prueba tiene fuertes compromisos místicos, por estimarse que los únicos medios que pueden conducir a la verdad (la captación del objeto) son aquellos en los que el Animador de todo, tiene intervención. El ateo de tiempos posteriores dirá que en el orto de las culturas se encuentra en mano de la casualidad pero el primitivo, que es por esencia deísta, afirmara que nada sucede caprichosamente, y la divinidad, cuando es invocada, ilumina hasta los más pequeños actos dando a conocer la verdad. Así pues, los albores de la historia registran una prueba eminentemente mágica. El romanismo de las culturas, mata lo que de sagrado tienen, convirtiendo al mundo en una cadena sin interrupción de causas y efectos. La “razón” se entroniza y entonces la prueba solicita la ayuda de ella, estimándose como medios apropiados para conocer la verdad, todos aquellos en que la “razón“, con su luz especial, vuelca inteligencia sobre las cosas por averiguar. La razón socrática venció al sortilegio báquico: la prueba razonada expulsa a la prueba mágica. El fracaso de la “razón” señala el principio del “romanticismo”, que vuelve al estadio místico, se afirma que el hombre en su corazón posee ciertos principios con los que puede aprehender la realidad, sin tener que recurrir a las leyes del conocimiento. La bitácora de la historia registra un constante vaivén de la “razón” a lo místico, predominando en cada época uno de esos factores y estimándose idónea la prueba relacionada con el factor dominante. En la actualidad, el psicoanálisis viene a causar una revolución en la prueba (quizá se vuelve al terreno místico), pues en tanto que el hombre es objeto de prueba y la corriente citada sostiene que posee dos aspectos: el externo, que es mentiroso y el interno, en el que va empotrada la verdad esencia del hombre, por fijarse ahí todas las fuerzas que lo galvanizan, lleva a los medios probatorios hacía las rutas abismales del alma (objeto de prueba), totalmente ignoradas en el pretérito.

Pasando al problema de cuáles son los medios probatorios que positivamente deben aceptarse, la doctrina registra dos sistemas, a saber: el legal y el lógico. El sistema legal establece como únicos medios probatorios los enumerados limitativamente en la ley. El sistema lógico acepta como medios probatorios todos los que lógicamente pueden serlo; todo medio que pueda aportar conocimiento. Nuestras leyes han ido de un sistema a otro: el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal de 1894 fijaba en su artículo 206 un sistema absolutamente legal, enumerando limitativamente los medios probatorios y, por el contrario, el Código del Distrito de 1931 adopta un sistema lógico, aceptando “como prueba todo aquello que se presenta como tal, siempre que a juicio del funcionario que practique la averiguación, pueda constituirla” (Artículo 135), la enumeración contenida en el propio artículo no tienen sentido, pues la parte transcrita permite que no sólo se reconozca como medios de prueba los listados, sino todos los que lógicamente puedan serlo. El Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 establece en su artículo 206 un sistema plenariamente logicista, recogiendo en el fondo lo fijado en el Código del Distrito de 1931, pero borrando la innecesaria lista de medios probatorios consignada en éste último Ordenamiento.

En teoría se hacen varias clasificaciones de los medios probatorios, siendo los principales:

1° Medios probatorios nominados y medios probatorios innominados. Los primeros son aquellos a los que la ley concede nombre y los segundos, todos los que no tienen denominación especial en la ley. De esta manera, resultan en nuestras leyes positivas como medios nominados, la confesión, los documentos públicos y privados, el dictamen de peritos, la inspección judicial, la declaración de testigos, las presunciones, la confrontación y los careos.

2° Medios probatorios autónomos. Los autónomos son aquellos que no necesitan de otros para su perfeccionamiento y los auxiliares los que tienden a perfeccionar otro medio probatorio, como por ejemplo, con la peritación, la confrontación y el careo.

3° Medios probatorios mediatos y medios probatorios inmediatos. Los mediatos son los que requieren un órgano, o sea, una persona física portadora de la prueba; un ejemplo, el testimonio. Son inmediatos todos aquellos que no solicitan la intervención de un órgano, por llevar directamente al juez el objeto de prueba: ejemplo, la inspección ocular, y

4° Pruebas naturales y pruebas artificiales. Son medios probatorios naturales todos los que llevan el objeto sin mediación de inferencias o procesos lógicos. Las pruebas artificiales son las que entregan el objeto de manera indirecta por mediación de procesos lógicos.

El valor de la prueba es la cantidad de verdad que posee (o que se le concede) un medio probatorio. En otras palabras, la idoneidad que tiene la prueba para llevar al órgano jurisdiccional el objeto de prueba. En tanto que el valor de la prueba se refiere directamente a la verdad, es menester aclarar qué se entiende por verdad. La verdad se ha definido como una comunión entre el intelecto y la realidad, pero como la realidad es un término equívoco, urge aclarar las dos principales formas que puede connotar, y que a su vez originan dos clases de verdades: la primera realidad podremos calificarlas de histórica y se refiere a la realidad real. Esta realidad se caracteriza, como señala Rickert, por si continuidad y su heterogeneidad. Debemos entender por continuidad el hecho de que la realidad no tiene suspensión, ni en el tiempo ni en el espacio, en el tiempo, en cuanto que la realidad se desenvuelve en éste, a semejanza del río que eternamente fluye de la metáfora de la filosofía griega; y en el espacio, en cuanto la realidad no presente escisiones, pues cualquier objeto implica, además de sus notas propias, las vinculaciones relativas que aluden a todo universo. Así por ejemplo la realidad histórica del libro que tengo enfrente de mí, solicita la referencia al tiempo, al especio y a su relación con todos los objetos que lo circundan. Por heterogeneidad debe entenderse la calidad consistente en que no hay dos objetos idénticos.

LA CARGA DE LA PRUEBA

El deber de probar recae en el Ministerio Público, quien al momento de ejercer la acción penal y llevar la pretensión de sanción ante el órgano jurisdiccional, asume la carga de desvanecer la presunción de inocencia que protege a toda persona a quien se le imputa una responsabilidad penal. Sin embargo, si analizamos el derecho de probar, que forma parte del contenido esencia del debido proceso, se colige que los demás sujetos procesales están facultados de solicitar al juez, la admisión de sus medios probatorios tendientes a acreditar sus pretensiones, posiciones o caso. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado, y solo podrá excluir las que no sean pertinentes y prohibidas por la Ley. Así mismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente abundantes o de imposible consecución.

LAS PRUEBAS DE OFICIO

Al respecto, la posibilidad de las pruebas de oficio se sustenta, no si el Juez deja o no su imparcialidad si decreta las mismas, sino en el hecho que la actividad probatoria se configura en función al modelo procesal adoptado. Y en ese orden de ideas, debemos de enfatizar que el Sistema Procesal Penal Mexicano (constitucionalizado con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de Junio de 2008) no es acusatorio-adversarial puro, por lo tanto, aún se le da al Juez un papel activo, orientado a la búsqueda de la verdad y al logro de la Justicia material; por tal razón, legislativamente hablando, es viable que el Juez, durante el juicio Oral, ordene pruebas de oficio, sobre la base de que no solamente es un instrumento funcional destinado a administrar normas jurídicas, ni a repartir en términos de justicia formal aquello que corresponde a cada quien. Por tanto, desde una perspectiva material, el adoptar un modelo procesal con al acusatorio-adeversarial, legitimaría que nuestro texto adjetivo aún mantenga, por excepción, la figura de las pruebas de oficio. Así, es usual que en la legislación comparada (por ejemplo, el artículo 155 , numeral 3) del Código Procesal Penal Peruano del 2004), al regular las pruebas de oficio, indiquen que la Ley establecerá, por excepción, los casos en los cuales se admitan las pruebas de oficio. Sin embargo, en ninguno de sus apartados menciona esos casos, ni tampoco existe norma legal alguna que se haya ocupado de ese tema. Una referencia para el legislador mexicano serían los códigos cordobeses que utilizan formulas mas circunstanciadas. En segundo lugar, la regla de la excepcionalidad debió haber sido completada con el principio de necesidad para el fundamento decisorio; es decir, la prueba de oficio debió ser entendida como necesaria cuando implique la posibilidad que el Juez cambie su decisión; no habría, por tanto, otras razones que justifique esta figura. Por tanto, sería una mala praxis judicial que el Juez sea el actor principal en los exámenes a acusados, testigos y peritos que se den en el Juicio Oral, so pretexto de un deficiente interrogatorio; él no está llamado a suplir las deficiencias del examinador, debiendo dejarlo que asuma las consecuencias de su deficiencia. En tererf lugar, etá el tema de las objeciones que como sabemos son un medio para ejercer el derecho de contradicción, cumpliendo las siguientes funciones: a) que ingrese al proceso información de calidad; b) evitar la introducción de pruebas ilegales; y, c) minimizar el efecto demostrativo de las pruebas; en donde el abogado que se le objeta debe guardar silencio y esperar a que el Juez resuelva, luego contestar la objeción o reformular la pregunta. Y al final y al cabo convencer al Juez que la prueba es irrelevante o inconducente. Pero si la persona objetada es el propio Juez ¿Cómo se podrá cumplir con esa finalidad?, porque obviamente para el juzgador su intervención, él lo cree relevante y conducente, salvo que se lleve al extremo el principio de buena fe, esto es, que el juzgador a la llamada de atención que haga el abogado, declare fundada la objeción hecha en su contra y reformule, siendo utópico por todas las implicaciones psicológicas que subyace a la formulación de una pregunta, su objeción y su reformulación. Por ende, son razones que al menos deben de llamar la atención sobre si es necesario mantener un modelo procesal con una tendencia a lo acusatorio-adversarial que justifique la permanencia de figuras como la prueba de oficio, o bien el hecho de indagar si es más ventajoso adoptar un modelo acusatorio puro, con los cambios políticos y jurídicos que ello implique, en donde ya no tiene cabida la actividad probatoria oficiosa.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

En la valoración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Así mismo, para valorar la prueba indiciaria, el Juez requiere: a) Que el indicio esté probado; b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes, así como que no se presenten contra indicios consistentes.

LA PRUEBA ANTICIPADA

En doctrina se distingue entre prueba anticipada y prueba preconstituida, que si bien son conceptos afines, no son absolutamente idénticos. Pero en todo caso, tanto una como otra apuntan a una prueba que se produce antes de la oportunidad en que debiera hacerse, que, como bien sabemos, no es otra que el juicio Oral, puesto que es la etapa en que tiene lugar el juicio propiamente como tal, constituyendo todas las anteriores actuaciones una mera preparación del mismo. Teniendo en común la característica ya anotada, lo que distingue a la prueba preconstituida de la anticipada es que la primera, el medio de prueba se produce incluso con anterioridad a la existencia de un conflicto, previendo que éste pueda legar a ocurrir en el futuro. Ejemplo, por antonomasia de esta clase de pruebas son los documentos, especialmente las escrituras públicas y privadas, mediante las cuales se deja constancia de los términos de un contrato. Si bien el campo de acción de las pruebas preconstituidas parece ser el proceso civil, donde predomina el documento como medio de prueba, también tienen aplicación en el proceso penal, como cuando en los bancos y grandes tiendas se instalan cámaras fotográficas o circuitos de televisión para grabar la comisión de posibles delitos en el interior de los mismos. Otro ejemplo serían las nuevas técnicas para facilitar la averiguación de delitos de narcotráfico, tales como la infiltración de agentes encubiertos o la práctica de entregas vigiladas.

En la prueba anticipada, en cambio, la prueba se produce con posterioridad a la ocurrencia del hecho que da origen al proceso. Aquí nuevamente es preciso hacer algunas distinciones, derivadas, a su vez, de la necesidad de fijar ciertos medios de prueba perecibles, esto es, aquellos que pierden su virtud probatoria por simple transcurso del tiempo. Ejemplos de este tipo de prueba son los exámenes físicos a que son sometidos quienes han sido víctima de delitos que afecten de alguna manera su cuerpo (homicidio, lesiones, delitos sexuales, etc.) o los análisis de laboratorio de muestras orgánicas, tales como sangre, semen, pelos, etc., con el fin de individualizar a la persona a que corresponden, o bien pesquisar la presencia de alguna sustancia química en ellos (tales como veneno, alcohol, estupefacientes, etc.) Caen también dentro de esta categoría de pruebas anticipadas, la inspección ocular y la fijación fotográfica o por otros medios de ciertos objetos o lugares, como por ejemplo, el aspecto que presentaba el lugar en que sucedieron los hechos. Si bien es cierto que todo medio de prueba pierde su aptitud probatoria pasado algún tiempo, en los casos nombrados esto ocurre en un lapso breve, de manera que es necesario fijarlos de inmediato, aunque se vayan a presentar en el juicio mucho después. Es lo que algunos autores denominan .

LAS PRUEBAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

a) Medios de prueba

A diferencia de los textos adjetivos de los estados de México y Nuevo León, el de Chihuahua, diferencia los actos de investigación de los de prueba; por lo que sólo considera como medios de prueba:

- Testimoniales. Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; así mismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos. El testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que le puedan deparar responsabilidad penal.

- Pericia. Podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para la causa, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio.

- Documentos. Se considerará documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho, aunque carezca de suscripción. No podrá negarse esa condición a las publicaciones de prensa y a toda pieza que sea aceptada generalmente como medio de convicción por la comunidad.

- Prueba material. Previa su incorporación al proceso, los objetos y otros elementos de convicción podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre ellos.

- Otros medios de prueba. Podrán utilizarse otros medios probatorios distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas, ni afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al proceso se adecuará al medio de prueba más análogo a los previstos en el Código de Procedimientos Penales.

b) Reglas de la admisión de la prueba

Básicamente, son tres las reglas en torno a la admisión de pruebas, las cuales son:

- Todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento, podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado de conformidad con la ley. Se le conoce como el principio de libertad de la prueba.

- Los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito, o si no fueron incorporados al proceso conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales. Se le conoce como el principio de legalidad de la prueba.

- Son admitidas por el Juez de Garantías, durante la audiencia intermedia (o preparatoria del Juicio Oral).

En ese sentido, según el artículo 311 del código de Procedimientos Penales, durante la audiencia intermedia cada parte podrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes, con relación a las pruebas ofrecidas por los demás, para los fines de exclusión de prueba. A instancia de cualquiera de las partes, podrán desahogarse en la audiencia medios de prueba encaminados a demostrar la ilicitud de alguno de los afectados por la contraparte. El Ministerio Público podrá ofrecer pruebas en la audiencia, únicamente con el fin de contradecir directamente las pruebas aportadas por la defensa.

Así mismo, durante la audiencia, las partes podrán solicitar conjuntamente al Juez que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en el juicio. El Juez de Garantías (quien dirige la audiencia intermedia) autorizará el acuerdo probatorio, siempre y cuando lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite la certeza del hecho. En estos casos, el Juez indicará en el auto de apertura del Juicio Oral los hechos que se tengan por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia de debate.

Igualmente en la audiencia preliminar, el Juez, luego de examinar las pruebas ofrecidas y escuchar a las partes que comparezcan a la audiencia, ordenara fundadamente que se excluyan de ser rendidas aquellas pruebas manifiestamente impertinentes, las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios y la que este Código determina como inadmisibles.

Así mismo, el juzgador podrá determinar cuántos peritos deban intervenir, según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones por resolver, después de escuchar a las partes o podrá limitar su número cuando resulten excesivos y pudieran entorpecer la realización del juicio.

Del mismo modo, el Juez excluirá las pruebas que provengan de actuaciones o diligencias que hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. Así mismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el Juez de garantía excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima, a menos que sea manifiestamente justificado; en estos casos, se adoptarán las medidas de protección adecuada para la víctima. Las demás pruebas que se hayan ofrecido serán admitidas por el Juez al dictar el auto de apertura de Juicio Oral.

c) Reglas de la actuación de la prueba

Según el artículo 332 del Código de Procedimientos Penales, la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia de debate de Juicio Oral, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley, como son los casos de las pruebas anticipadas.

Por otro lado, en el día y hora fijados, el Tribunal se constituirá en la Sala de Audiencias con la asistencia del Ministerio Público, del acusado, de su defensor y de los demás intervinientes. Así mismo, verificará la disponibilidad de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que hubieren sido citadas a la audiencia, la declarará iniciada y dispondrá que los peritos y los testigos abandonen la sala. Cuando un testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse.

El presidente señalara las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura de Juicio Oral, los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes y advertirá al acusado que deberá estar atento a lo que oirá. Seguidamente, concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación y, posteriormente, se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá exponer los fundamentos en que base su defensa.

Terminado los alegatos y al entrar a la fase de actuación de pruebas, cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba, correspondiendo recibir primero la ofrecida por el Ministerio Público y el acusador coadyuvante, y luego la ofrecida por el imputado.

d) Valoración de la prueba. Los Tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. El Tribunal deberá hacerse cargo en su motivación de toda la prueba producida.

La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esta motivación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.

LAS PRUEBAS EN LATINOAMERICA:

ARGENTINA

El artículo 355 del Código Procedimental de Argentina, establece que el ofrecimiento de prueba se deberá hacer por escrito. La cantidad de testigos, peritos e intérpretes no se ha limitado, quedando su número a criterio del oferente, quien antes de ofrecerlos deberá examinar minuciosamente las actuaciones para establecer cuáles con los más útiles a sus intereses y los que mejor conozcan del hecho. Puede ser que alguna de las partes no estime necesario interrogar en el debate a todos los testigos o peritos ofrecidos y que sea suficiente la sola lectura de sus declaraciones ante la instrucción. En este caso, lo deberá manifestar así quien ofrezca el testimonio, para que ello sea sometido a la conformidad de las otras partes.

Respecto de este tema el artículo 386 del Código mendocino: “Además de eliminar los debates injustos o inútiles, al evitar que una persona sea llevada a juicio bajo el peso de una acusación carente de fundamento, la instrucción suministra los elementos pertinentes y útiles, es decir, aquellos presumiblemente valiosos en cuanto al objeto procesal que también determina y delimita. El debate no es una repetición de ella, sino que presupone la discriminación atenta de las pruebas, a fin de excluir las que pueden ser causa de dilaciones perjudiciales. Esa selección está a cargo del juez presidente, del fiscal y de las partes; la obligación que incumbe al primero (de provocar la recepción de las pruebas útiles o relevantes) concurre con el derecho que los otros tienen de ofrecer prueba, desde que a este derecho corresponde la obligación (o deber) de recibir todas las ofrecidas. Sin embargo, la iniciativa del juez presidente en tal sentido puede ser beneficiosa y no implica ningún prejuzgamiento; muchas veces subsana la inactividad o la inexperiencia de las partes inclinadas (hasta por comodidad) a ofrecer todos los elementos del sumario, sin advertir que ello sólo implica un desgaste inútil de energías, de tiempo y de dinero. Así se explica que el juez presidente pueda invitar al fiscal y a las partes a la simple lectura de las declaraciones testificales o dictámenes periciales, la cual tampoco puede ser determinada por un acuerdo que no cuente con su consentimiento, para evitar la citación de los testigos o peritos. Todos deben estar de acuerdo con la lectura (puesto que ésta es una excepción al principio de oralidad), incluso los que no hayan ofrecido prueba”. En la práctica, esa conformidad, salvo coincidencia al ofrecerla, se recabará durante el debate, debiendo por ello ser citados a comparecer para el caso de disconformidad de las partes o del tribunal con esa petición. La norma del Código Resultará aplicable cuando, en el caso de debates prolongados, esa conformidad pueda ser requerida en audiencias previas a la fecha en que se ha dispuesto la recepción del testimonio. Esto es así, porque no está previsto el dar vista a las partes del ofrecimiento de pruebas de cada una y, por lo tanto, es imposible solicitar, antes de la audiencia de debate, la conformidad a la que se refiere el Código. En cuanto a los peritos el Código, en su artículo 355 establece que únicamente se pueden ofrecer nuevos peritos para que dictaminen sobre puntos no sometidos a pericia durante la instrucción. La disposición parece contradecir el principio de amplitud de prueba que informa este procedimiento, en muchos casos, se puede hacer necesaria una nueva pericia, más profunda o más minuciosa, sobre puntos examinados. El obligar a las partes a conformarse con la realizada, lleva las cosas a un ámbito donde el formalismo perjudica la búsqueda de la verdad real.

En cuanto a la presentación de nuevos testigos (que no han depuesto en la instrucción), se deberá expresar cuales son los hechos sobre los que deberán ser interrogados. Ello no significa acompañar un pliego de preguntas concretas sobre las que versará el interrogatorio, sino proporcionar, en líneas generales, los hechos o circunstancias que serían de conocimiento del testigo. Esto tiene por finalidad que el tribunal pueda ejercer su potestad respecto de la admisión o rechazo del testigo, así como posibilitar a las partes el derecho de control. Sobre el punto existe un fallo de una cámara de Mendoza, donde se considero que “se da cumplimiento a la exigencia del artículo cuando en el ofrecimiento de nuevos testigos como prueba, se aclara que los mismos deberán deponer sobre los conocimientos que tengan de los hechos investigados en autos, pues esto basta para que el tribunal conozca la circunstancia del interrogatorio”. En cuanto a la admisión o rechazo de la prueba, deberá ocurrir en la oportunidad del debate, con la salvedad de los casos que prevé el artículo 357 su admisión se efectúa por decreto, ya que se trata de un acto que emana únicamente del juez presidente del tribunal (artículo 356); en ese decreto ordenará que se libren los oficios necesarios conforme a la prueba informativa aceptada, y que se reserve o se agregue a la causa la instrumental acompañada y la realización de las pericias. Para el caso de prueba impertinente o superabundante se faculta su rechazo por el tribunal (en pleno o en mayoría), debiendo efectuarse por auto en el cual, necesariamente, se expondrán los motivos que fundamentan el rechazo, en virtud de la obligatoriedad de motivar los autos que establecen el artículo 124.

Clarifica el concepto sobre el rechazo de prueba la nota de VÉLEZ MARICONDE al artículo 387 del código Procedimental Penal de Mendoza, de redacción similar; “La facultad judicial que aquí se acuerda no puede referirse, por cierto, a las pruebas que el tribunal estima inútiles o irrelevantes, sino tan sólo a las que no atañen al objeto procesal o son manifiestamente superabundantes. Otros códigos limitan el número de los testigos; pero parece más conveniente no hacer una cuestión numérica sino librar el asunto al criterio discrecional de la cámara. Implícitamente queda dicho que la admisión de las pruebas ofrecidas podrá ser ordenada por simple decreto del juez presidente”. Una prueba resulta impertinente cuando no tiene relación con el hecho investigado o sus autores, y resulta superabundante cuando tiende a probar alguna circunstancia o hecho que se debe entender ya acreditado suficientemente por otros medios; es decir, que a su respeto se ha ofrecido ya otra u otras probanzas evidentemente útiles. Para este autor (xxxxx) la última parte del artículo 356, referida a la facultad del juez presidente de ordenar recepción de prueba, aun en el caso de que las partes no la hubieren ofrecido, nos resulta objetable comparando con la limitación a las que se hubieren producido en la instrucción. No vemos la razón para que en algunos casos se impida y en otros se disponga la recepción de alguna pericia o testimonio; o cualquier otra prueba que el juez presidente considere necesaria para la investigación, aunque ésta no se hubiere realizado o recibido en la instrucción.

Esta legislación Argentina, en cuanto a la instrucción complementaria (pruebas supervinientes) señala que en el artículo 357 el Código autoriza lo que se denomina instrucción complementaria o suplementaria. Es una actividad permitida o atribuida al juez presidente, quien puede actuar de oficio o a petición de parte. Que sobre el particular, CLARIÁ OLMEDO dice: “Consiste en una actividad de investigación restrictiva permitida al tribunal de juicio o a su juez presidente, consistente en agregar al proceso otros elementos de comprobación diversos de los seleccionados en el período instructorio y en anticipar la recepción de algunas pruebas para hacer posible su introducción en el debate por medio de la lectura”. Se impone, como obligación previa a cualquier acto, la noticia a las partes, las que en caso de asistencia tendrán las mismas facultades que cuando actúan en el debate oral. Mediante esta instrucción suplementaria se pueden salvar las omisiones en que hubiera incurrido el juez de instrucción, así como también efectuar una nueva evaluación sobre la pertinencia y utilidad de aquellas pruebas ofrecidas en la instrucción y que no fueron aceptadas por el juez, conforme las facultades que e éste le confiere el artículo 199.

CONCLUSIÓN

Tomando en consideración todos los argumentos anteriormente expresados, tanto en la legislación del Estado de Chihuahua, que maneja en la actualidad los juicios orales y en los países de Latinoamérica que los manejan desde hace ya algunos años, los ofrecimiento de pruebas resulta ser muy similar, o será que, realmente las pruebas no pueden variar sustancialmente en cuanto al medio que se ofrece, y solo hay algunas deferencias en cuanto al modo o manera de ofrecerlas, pero que en esencia o de fondo no existe duda de que en el juicio oral, son idénticas, importante para el que analiza que los acuerdos probatorios son buenos para lo ya sumario del proceso, que siendo objetivos, será poco improbable que se dé, puesto que eso sería en los casos de que concluyeran las partes para que se tengan por satisfechas sus perspectivas, sin embargo, como abogado no estaría de acuerdo a que la prueba del contrincante se tenga con un valor en su favor, por lo cual , sería conveniente contradecirla y combatirla en el debate, es mi muy particular punto de vista, además es conveniente el que ya no se desarrollen los careos dentro de este proceso, considerando el que aquí suscribe, que efectivamente ya no serán necesarios en este tipo de juicio, ya que al tener el inculpado de frente al testigo, si no está de acuerdo con lo argumentado por este, tendrá la oportunidad de cuestionar sobre la veracidad del dicho del testigo, lo que se traduce en un gran acierto, ya que en la práctica al estar el juez presidiendo de manera personal, se dará cuenta de la transparencia que dará es desahogo del testimonio, ya que puede palpar de manera directa las gesticulaciones, nerviosismo u testimonio aleccionado y por ende la mendacidad con la que se conduzca el testigo, o por el contrario se dará cuenta de la culpabilidad del imputado en no ofrecer defensa alguna al ver sus mismas gesticulaciones o su pesar, ya que en la realidad en la práctica de los careos, se puede notar la seguridad con la cual se refieren los intervinientes, sin embargo que en nuestra actual legislación estatal en Coahuila, al no estar presente el juez y no palpar de manera directa se pierde una parte muy importante que en los juicios orales se adquirirán, puesto que con la libre valoración de la prueba de esa prueba testimonial, podrá tener argumentos validos para descalificar o concederle valor, como se puede denotar con los siguientes autores GABRIEL TORRES, EDGARDO BARRITIA Y DAZA GOMEZ, pues en relación a lo anterior bien señalan que en juicio oral, que: “este consistirá en la utilización del sistema de signos fonéticos (lenguaje oral), siendo sus ventajas una mayor facilidad de emisión, una mayor potencia expresiva, y la ineludible inmediación entre emisor y receptor, con la consecuente posibilidad de que dichos signos fonéticos sean acompañados de acciones (v. gr. Ademanes, contracciones fisonómicas, movimientos del cuerpo), voluntarias o involuntarias, que incrementen la potencia expresiva de aquéllos. Lo hablado se desarrollara en una audiencia en la cual el juez toma contacto directo con las partes, sus abogados, testigos, peritos y cualquier otro medio de prueba, momento en que el Tribunal oye la acusación, la defensa, los alegatos y diferentes relatos”, además al tener la publicidad como uno de sus principios, se podrán verificar por las personas que contemplen el juicio la transparencia con la que se desarrollara y dará al público la certeza de que no habrá actos de corrupción, ya que evidentemente no se podrá negar lo que se vea en el juicio, es decir los culpables, realmente lo serán y los inocentes también lo serán; en lo referente a la prueba pericial, algo benéfico es el que la persona que acuda con esa personalidad tenga los conocimientos requeridos para emitir el dictamen, lo que debe de corroborarse con los documentos que lo avalen, cosa que en la actualidad no sucede, siendo positiva tal disposición.

Considerando que para estos juicios orales, será de suma trascendencia que desaparezca la figura del Secretario, ya que normalmente, en la actualidad es este quien levanta las diligencias, es decir todas, por lo cual solo el juzgador se convierte en una figura dentro del proceso, como el ermitaño que solo atiende a las personas que él considere y solo ciertos asuntos, pero realmente sin intervenir de manera directa en el proceso, casi todas las veces sin conocer a las partes, bueno solo al Fiscal y al Defensor de Oficio, por lo cual con este principio se básica la humanización del Juez, tomando de primera mano la información ofrecida por las partes, sensibilizándose tanto de la víctima u ofendido, así como el saber los motivos que pudiera haber tenido el inculpado para que al momento de resolver en sentencia contemple todas las pruebas que se desahogaron ante su presencia.

Por lo cual nuestro Código deberá de contener el principio de INMEDIATEZ, puesto que este principio se relaciona básicamente con el desahogo de la prueba, con lo inmediato, es decir, que la recepción de las pruebas tendrán que llevarse a cabo con proximidad a la comisión de los hechos, sin tardanza o enseguida, para que la prueba no se vicie, puesto que de esa manera se hace justicia pronta y expedita, dando a las partes la justicia anhelada, porque en la realidad, se tiene en la actualidad procesos aletargados e injustos, puesto que no podemos dejar de considerar que el solo paso del tiempo, sin resolverse nada, también es una injusticia, por lo cual con este principio vendrá a darle frescura al proceso y una satisfacción pronta a las partes.

Además del principio anterior, se deberá de contemplar la incorporación del principio de INMEDIACIÓN, porque con él implica la recepción de la prueba y alegato de las partes de forma originaria, sin interposiciones de esa cosa o persona alguna, entre el Juez y la prueba o las partes. El juez recibe una inmediación de la decisión sensorial de todo el material que conformará el fundamento de la decisión que adopte en el juicio. Este principio a criterio de ALFREDO DAGDUG KALIFE: “es la piedra angular de todo sistema moderno, sistema al que México quiere pertenecer, al garantizar que quien va a juzgar, deberá impregnarse directamente de la practica probatoria, de lo contrario le sería difícil juzgar con certeza. Insiste que en el sistema jurídico penal actual, se permite indiscriminadamente la práctica probatoria en la fase de averiguación previa, que se encuentra dirigida por una autoridad que no es el juzgador, que adolece de independencia y, por tanto, de imparcialidad (refiriéndose a las Procuradurías de justicia quienes en México desarrollan esa etapa), por lo que no debería estar legitimada para practicar ningún tipo de prueba, por poner en riesgo dos factores: el primero en el sentido de que se deja sin contenido la fase de instrucción, y en consecuencia, quien va a juzgar no se allegó directamente de la práctica probatoria, y la segunda porque la práctica probatoria ante una autoridad diferente a la judicial o a cualquier otra con la característica de imparcialidad pone en serio peligro la integridad de dichas probanzas.” Por lo cual realmente se considera de suma importancia la incorporación de nuestro Código este principio y por último se considera conveniente la incorporación de manera gradual los delitos, comenzando por los de menos gravedad, hasta llegar a los graves, pero cuando se tenga la suficiente experiencia en el manejo de todas y cada una de las etapas del Juicio Oral, incluyendo una de las importantes, como lo es el de la prueba.

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