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Ley Agraria Mexicana Comentada

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: tolero 02 abril 2011

Palabras: 30396 | Páginas: 122

...

llas a los particulares, constituyendo la propiedad privada…VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;”.1

De entrada, éste artículo inmediatamente nos acerca al PODER que tiene la Nación dentro de la relación ESTADO-GOBERNADOS; entendiendo a la Nación como la población que habita el territorio nacional, la cual, a través del proceso denominado democracia, elige a sus representantes, los cuales se constituyen en lo que comúnmente llamamos GOBIERNO. Además, se hace referencia a la propiedad privada, la cual forma parte de una de las 4 categorías que hacen los estudiosos del derecho, en cuanto a las garantías individuales que se encuentran consignadas en nuestra constitución, las cuales son: de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica y de PATRIMONIO.

Sin embargo, después de hacer referencia al dominio de las tierras, y a la facultad de la Nación de ceder el dominio de las mismas, pasamos a la fracción VII que es la que interesa para el desarrollo de la presente obra. En esta parte del extenso artículo 27, encontramos la justificación o el resultado de aquella frase que hiciera inmortal el líder revolucionario y reformador agrarista mexicano, el llamado caudillo del sur, Emiliano Zapata Salazar, quien pronunció “La tierra es para quien la trabaja”, condición que se haría valer en la norma fundante de nuestro sistema jurídico mexicano, resultado, según los historiadores, de un necesario y abundante derramamiento de sangre, un incesante intercambio de intereses políticos y económicos, lo cual logró convertir esos ideales en una realidad social vigente en nuestros días.

Haciendo un recorrido sobre el origen de los problemas agrarios en México, encontraremos que éstos datan de la época virreinal, como consecuencia de los repartos, encomiendas y mercedes reales y el despojo de las tierras de los indios, lo cual produjo la concentración de la tierra en unas cuantas manos. Inclusive, cuando se inició la etapa independiente de nuestro país, consecuencia del movimiento independentista lidereado por Don Miguel Hidalgo y Costilla según los historiadores, donde se tomó como una de las principales preocupaciones la atención para los hombres del campo, uno de los grupos mayoritarios en aquélla época, todo esto quedó sustentado en el decreto expedido por el cura Hidalgo en el cuartel general de Guadalajara el 5 de Diciembre de 1810, en el que señalaba lo siguiente:

“…Por el presente mando a los jueces y justicias del distrito de esta capital, que inmediatamente procedan a la recaudación de las rentas vencidas hasta el día, por los arrendatarios de las tierras pertenecientes a las comunidades de los naturales, para que enterándolas en la caja nacional, se entregue a los referidos naturales las tierras para su cultivo; sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que se goce únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos…”2

de lo que resulta indudable este párrafo anterior comprende el primer antecedente sobre justicia agraria a favor de los hombres del campo, sin embargo, dicho pensamiento no fue cabalmente concluido al triunfo de la Guerra de Independencia.

Después de este fracaso, pero con el ánimo de atender al campo mexicano, se pensó en colonizar las extensas superficies despobladas del territorio nacional (cosa que no se encuentra muy lejana, dada la explosión demográfica que tiene el país, siempre y cuando se evite la concentración de población en los grandes suburbios, lo cual sólo podrá lograrse con la inversión, trabajo y control de las actividades agrícolas). Como dato relevante de nuestra entidad federativa, por allá de 1910, durante la dictadura de Porfirio Díaz, la mayoría de los campesinos se levantaron en armas, con el Plan de San Luis Potosí, en el cual estaba mencionado la promesa de devolvérseles a éstos las tierras que les fueron despojadas. Pero aunque el levantamiento triunfó, no se cumplieron las promesas agrarias, generando inconformidad entre diversos líderes y caudillos.

En cuanto al marco histórico de los ordenamientos que dieron origen a nuestra actual Ley Agraria encontramos la Ley Lerdo de 1856, cuyos postulados fueron recogidos por el artículo 27 de la Constitución de 1857, lo cual dio fin a las grandes extensiones de tierras acaparadas por las corporaciones civiles y eclesiásticas, siendo el propósito fundamental de esta primera etapa, movilizar la propiedad raíz amortizada por el clero, lo cual dio lugar a la Ley de Desamortización y a la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de Junio de 1859, sin embargo el problema subsistió, puesto que se formaron nuevos latifundios que colocaron a los campesinos en estado cercano al de la esclavitud, esto a consecuencia de la acción de las compañías deslindadoras, formadas al amparo de las Leyes de Colonización y Baldíos. Décadas después apareció también la Ley Agraria del 6 de Enero de 1915, emitida por Venustiano Carranza en Veracruz, conceptualizando el actual artículo 27 constitucional, por tal motivo, la Constitución de 1917 como una segunda etapa, proscribió el latifundio y ordenó el reparto agrario y la restitución de tierras y aguas a las comunidades despojadas de ellas. Estas medidas, plenamente justificadas en su momento, generaron con el paso del tiempo otro tipo de problemas y vicios que podrían sintetizarse de la forma siguiente: minifundismo improductivo, falta de certeza en la tenencia de la tierra, nueva amortización de la tierra y venta, y rentismo de parcelas contra la ley agraria.

Estas realidades plantearon la necesidad de introducir modificaciones al artículo 27 constitucional, además de que encontramos Códigos Agrarios de 1934, 1940, 1942 hasta la Ley de la Reforma Agraria de 1971, donde se crea la Asamblea Ejidal, después de lo cual llegamos así a una tercera etapa iniciada con la reforma de 1992, que reafirma la proscripción del latifundismo, otorga una mayor certeza en la tenencia de la tierra, consolida la propiedad particular, la ejidal y comunal y busca hacerlas más productivas. Esta reforma dio por concluido el reparto agrario, el cual no podía ser permanente, porque hubiese implicado dividir aún más el minifundio, al grado de pulverizar la tierra; además de considerar que un minifundio en muchas ocasiones no produce lo necesario para cubrir los costos de los cultivos, y por último, el país no podía continuar comprometiendo su autosuficiencia alimentaria.

Llegando al punto de partida para dar solución al problema agrario, la nación mexicana por conducto de sus representantes en el Congreso Constituyente de 1917, se atribuyó la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional. Al margen de toda consideración teórica, esta es una de las decisiones jurídico-políticas emanadas de la soberanía, de mayor trascendencia en la historia constitucional mexicana. A partir de esta disposición contenida en el primer párrafo del artículo que estamos analizando, se estructura el régimen jurídico de la propiedad en México con un alto contenido social. La propiedad privada dejó de ser un derecho absoluto para convertirse en un derecho limitado por el interés público.

Ahora bien, y tal y como sostuve al inicio del curso de derecho agrario, considero que la propiedad de tierras y aguas de la nación se divide en pública, privada y social, como explicaré a continuación.

La nación transmite el dominio de tierras y aguas a particulares, constituyendo así la propiedad privada; a los ejidos y comunidades, dando lugar a la propiedad social; reservándose la propiedad y el dominio directo de determinados bienes, mismos que forman parte de la propiedad pública.

Cada una de estas formas de propiedad tiene su regulación ordinaria específica y sus características propias que podemos resumir en la forma siguiente: la propiedad pública se caracteriza por estar sometida a un régimen jurídico excepcional, contemplado en las fracciones I y VI del artículo que estamos comentando, la propiedad social está protegida por el Estado, sin que ello implique limitaciones a ejidatarios y comuneros en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulado por las fracciones VII, VIII, IX, XVII, XIX y XX del artículo 27 constitucional, y la propiedad privada tiene la plena protección que otorgan las garantías constitucionales, particularmente las previstas en los artículos 14 y 16 de la norma fundamental, además de regularse por las fracciones I, II, III, IV, V, VI y XV del numeral en cita.

Ahora bien, la serie de reformas de las cuales ha sido objeto nuestro artículo 27 constitucional, comprendidas entre los años 1934 y hasta 1992, buscaron otorgar certeza jurídica en el campo, poniéndose fin al reparto agrario, dado que ya no existen tierras para satisfacer las demandas de dotación y evitar la pulverización de los actuales minifundios, derogándose las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XVI; éstas reformas también pugnaron por proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal, eliminándose el certificado de inafectabilidad como requisito para promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegal de tierras o aguas, sin embargo, este fin del reparto agrario y una mejor protección jurídica de la pequeña propiedad pudieran interpretarse como las bases para regresar al latifundismo, lo cual está expresamente prohibido por la fracción XV, además de que en la fracción XVII se precisa el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaran a exceder de los límites de la pequeña propiedad señalados en las fracciones IX y XV; y por último, las reformas a nuestro artículo 27 buscaron la capitalización del campo; modificándose las fracciones IV, que regula la adquisición de terrenos rústicos por parte de las sociedades mercantiles por acciones y la fracción VI, que suprime la prohibición a las corporaciones civiles de tener en propiedad o administrar bienes raíces.

Pues bien, una vez realizado el análisis del artículo 27 en lo concerniente a la materia agraria, podemos deducir o empatar con la definición que hace Jorge Carpizo de la Constitución de un Estado, en latu sensu, refiriéndola como “es el punto de encuentro de la realidad con la norma: del ser con el deber ser”; observando que las reformas a dicho artículo han tenido como propósito, partiendo de la experiencia de la Nación y sus representantes, hacerlo acorde con la realidad. Sin embargo, y sin afán de menospreciar el trabajo legislativo que realizan nuestros representantes, encontramos aún verdaderas lagunas en nuestra Ley Agraria Vigente.

Por otro lado, no se puede hacer caso omiso a la situación ilegal que se vive actualmente en nuestras tierras de cultivo, refiriéndonos de una manera más precisa al NARCOTRÁFICO.

El día 17 de Febrero de 2010, el Presidente del Tribunal Superior Agrario realizó declaraciones referentes a que la tercera parte de las tierras de cultivo mexicanas son usadas con fines ilegales, esto concatenado con las declaraciones que hiciera el año pasado el ahora ex subdirector federal de agronegocios, el cual señaló que teníamos mucho que aprender de los agricultores financiados por el narcotráfico, los cuales tienen planes de productividad agrícola vanguardistas, en inclusive refirió también el sistema de mercadeo que tienen para hacer llegar sus productos hasta sus consumidores, situación que podemos ver actualmente reflejada con un grupo de antiguos agricultores de caña en el municipio de Xalisco, perteneciente al Estado de Jalisco, ubicado geográficamente entre los municipios de Puerto Vallarta y Mazatlán; donde jóvenes agricultores han sobresalido por el cultivo de una nueva especie de heroína, que en el mercado resulta más barata que la importada de Colombia, donde como cierre de su proceso productivo ofrecen lo cosechado a domicilio.

Ahora resulta necesario, una vez expuesto lo anterior, acercarnos a una definición de Derecho Agrario para poder comprender el marco jurídico del mismo, y su interacción con los regulados por la Ley Agraria, aunado a la relación con otras materias de Derecho.

Para poder definir el derecho agrario, citaré primeramente la definición propuesta por el doctrinario García Maynez, quien define al derecho agrario “como la rama del derecho que contiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura”; y la doctora Martha Chávez Padrón define al derecho agrario “como parte del sistema jurídico que regula la organización territorial rústica, todo lo relacionado con las explotaciones y aprovechamientos que están considerados como agrícolas, ganaderos y forestales”; de donde podemos deducir que ésta última definición abarca más aspectos de lo regulado por la Ley Agraria. Sin embargo, para poder proseguir con los comentarios aquí realizados a la Ley Agraria Vigente, definiremos al derecho como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, agrario lo comprenderemos como “tierra” en un latu sensu y partiendo de su raíz latina “ager”, llegando a la siguiente definición en latu sensu de DERECHO AGRARIO: CONJUNTO DE NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA PROPIEDAD EN EL CAMPO; en un sentido más estricto podríamos definirlo como “el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola”, que regulan todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo”.

Ahora sí, partiendo de lo anterior, procederé a la glosa de la Ley Agraria vigente, haciendo un comentario y/o análisis de cada uno de los capítulos comprendidos entre los artículos 1 y 133, con la finalidad de que lo aquí expuesto sea aprovechado por los estudiantes del derecho agrario.

La Ley Agraria que se comentará a continuación, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de Febrero de 1992, siendo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el Lic. Carlos Salinas de Gortari; y con última reforma publicada en el DOF el 17 de Abril de 2008.

LEY AGRARIA

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1o.- La presente ley es reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República.

Artículo 2o.- En lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate.

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y demás leyes aplicables.

Artículo 3o.- El Ejecutivo Federal promoverá la coordinación de acciones con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, para la debida aplicación de esta ley.

En este primer título podemos encontrar la justificación jurídica para crear este ordenamiento, y a quien se dirige la regulación que contiene; contemplando que no resulta suficiente para atender los negocios agrarios, o bien, que a laguna expresa en esta ley, se deberá utilizar de manera supletoria la legislación civil federal, esto debido a que el derecho civil es “fuente” de las otras ramas del derecho, por tratarse del que regula las relaciones entre los individuos en una acepción latu sensu de esta palabra, y a que nuestro sistema jurídico mexicano encuentra sus antecedentes o raíces en el derecho romano, de donde proviene el profundo conocimiento del derecho civil, el cual encontramos tatuado en conceptos, tipos y procedimientos jurídicos. Además éste primer título refiere la importancia de preservar los derechos consignados por el artículo cuarto constitucional, como los de protección de salud y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, haciendo observar otras leyes aplicables a la preservación de las tierras, sus ecosistemas y los asentamientos humanos próximos a ellas. Y por último, el artículo tercero faculta al Ejecutivo Federal, que bien pudo ser anteriormente a través de la Secretaria de la Reforma Agraria, hoy desaparecida, a coordinar las acciones propias de la federalización, es decir, la comunicación de los tres niveles de gobierno para que se aplique la estricta observancia de esta ley.

TITULO SEGUNDO

DEL DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIOS

Artículo 4o.- El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.

Las organizaciones de productores podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, las cuales serán concertadas con el Ejecutivo Federal para su aplicación.

Artículo 5o.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

Artículo 6o.- Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y cualquiera de éstos entre sí; promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de los productores para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización; asesorar a los trabajadores rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural.

Artículo 7o.- El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.

Artículo 8o.- En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de los productores y pobladores del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano.

La modificación al Artículo 27 constitucional y la consecuente Ley Agraria, demuestran que Salinas de Gortari tuvo un error de apreciación al concebir que el problema fundamental en el agro era la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra por lo que decide terminar con el reparto agrario (entendiendo que la tierra es un recurso natural limitado). Surgen dos instituciones fundamentales para la consecución de la reactivación económica en el campo, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios.

Prácticas tales como la renta, aparcería, mediería, cesión, transmisión de derechos y aun venta de tierras, quedaban fuera del marco legal anterior, lo que impedía fijar precios justos a este tipo de transacciones, aunado a que las parcelas no podían quedar en garantía para la obtención de créditos, asumiendo el gobierno la instrumentación de los mismos, al llevar a cabo dichas operaciones, y no habiendo autoridad a la cual recurrir, el ejidatario o bien era sancionado con la suspensión de sus derechos parcelarios o con la pérdida de la misma.

La Ley Agraria constituye un marco más amplio, realista y flexible para normar la producción agropecuaria, sin embargo, también es un documento confuso que denota un desorden temático y de equilibrio en la propia Ley. Su contenido gira alrededor de dos ejes fundamentales: primero, es un conjunto de transformaciones en el sistema ejidal, y segundo, plantea una serie de medidas tendientes a garantizar la mediana propiedad a largo plazo; termina con el tutelaje e intervencionismo estatal, flexibilizando las formas de la propiedad ejidal y su manejo para incorporarlas en diferentes tratos, no requiriendo de la autorización de la asamblea.

Estos comentarios van encaminados a que en la época salinista, durante la cual surge la Ley Agraria que estamos comentando, los compromisos internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá intentó propiciar la explotación de las tierras agrícolas mexicanas, creándose lo que actualmente encontramos en los artículos del Título Segundo que estamos comentando, con la finalidad de generar una producción de alimentos que asegurara el consumo nacional, y además la capacidad de exportar productos agrícolas mexicanos mediante la inversión del Estado en programas de subsidio federal, situación que hasta el día de hoy no ha logrado concretarse debido al mal aplicado presupuesto que gobierno tras gobierno, independientemente del partido en el poder de que se trate, se otorga a los campesinos, aunado a la actual crisis económica por la cual atraviesa el país, pero de la cual pareciera que se ha estancado en nuestro país desde la devaluación del peso mexicano.

Si agregamos a esto el hecho de que la Ley no penalice el uso improductivo de la tierra, se favorece que ejidatarios y comuneros abandonen la tierra.

Por otro lado, tenemos la clara intención que tuvo el Estado para que los ejidatarios o comuneros corrieran el traslado de dominio de sus tierras a empresas de la iniciativa privada que aportaran el capital suficiente para la explotación de las mismas, situación que tampoco se ha dado debido a la falta de inversionistas, por un lado, y por el otro, a la máxima del campesino mexicano enunciada de la siguiente forma “que trabajen los jodidos, yo tengo mis tierritas”.

Entonces, todo lo enunciado por los artículos cuarto al octavo de este título segundo pudiera resultar utópico, dado que si bien es cierto, se destina cierto recurso para aprovecharlo en el campo, faltan auditores que den seguimiento a los proyectos planteados por los campesinos, donde se observe que el recurso se aplicó de la manera idónea, y sobre todo, que está produciendo lo esperado.

Para terminar el comentario referente a esta parte, podríamos hacer referencia, contemplando otra opción, a la posibilidad de otorgar la parcela como aval para algún tipo de préstamo, argumento para que ejidatarios y comuneros pudiesen ser sujetos de crédito, contrario a esta intención, la banca privada y la banca oficial no han extendido la cobertura crediticia en el medio rural.

En cuanto a la protección del equilibrio ecológico y canales para los presupuestos antes mencionados, encontramos extremidades del Ejecutivo, independientemente del nivel de gobierno, tales como la Secretaría de Gestión Ambiental (SEGAM), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por mencionar algunas.

Cabe agregar, por darle otra óptica al “supuesto” triunfo cacareado por Carlos Salinas de Gortari y su séquito de simpatizantes, el siguiente comentario:

…“Una reforma al Código Agrario, realizada en 1992, les quitó a los pueblos indígenas y grupos comunales el derecho a poseer tierras, establecido en la Constitución desde 1917, lo que representa un paso atrás en materia de reconocimiento y propiedad indígena, ahora la tendencia es hacia la privatización, pese a que son esos grupos indígenas a los que la Constitución del 17 buscaba restituir el derecho a la propiedad.”…3

El comentario ahí queda, para que el lector obtenga sus propias conclusiones, comentario que deberá ser contrastado contra los párrafos inmediatos anteriores.

TITULO TERCERO

DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES

Capítulo I

De los Ejidos

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.

Artículo 10.- Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluidas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes.

Artículo 11.- La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos comunes.

Los ejidos colectivos ya constituidos como tales o que adopten la explotación colectiva podrán modificar o concluir el régimen colectivo mediante resolución de la asamblea, en los términos del artículo 23 de esta ley.

Es en el artículo noveno donde podemos encontrar el ánimo de la reforma de 1992, en total armonía con la fracción VII del artículo 27 constitucional, pudiendo observar en los párrafos tercero y cuarto del considerando del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, publicado en el DOF el 6 de Enero de 1993, que refiere lo siguiente:

…”Que es del más alto interés del Gobierno de la República cumplir con los principios rectores del artículo 27 Constitucional, llevando al campo los instrumentos que permitan garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal.

Que con objeto de que los núcleos de población ejidal cuenten con un instrumento adecuado para la correcta aplicación de la Ley Agraria, bajo un marco de absoluta autonomía y con pleno respeto a su voluntad para decidir sobre el destino y la delimitación de las tierras parceladas y de uso común, la regularización y certificación de los derechos ejidales correspondientes, así como la delimitación de las tierras del asentamiento humano, la regularización de las tierras donde se encuentre asentado el poblado ejidal, la protección del fundo legal y la obtención de los títulos de solares, he tenido a bien expedir el siguiente…” 4

La teoría de la propiedad de la tierra como función social y fin del Estado encontró su mejor expresión en el Artículo 27 constitucional. Con toda su complejidad define la propiedad, la restringe, establece su modalidad, el procedimiento y sus reglamentaciones para modificarla, invoca el principio de expropiación y la causa de utilidad pública; todo ello a través de los atributos del Estado, mismos que configuran las formas de propiedad y los fines de la reforma agraria.

El resultado de estas formas de propiedad, una vez atacado el latifundio, fue una estructura compuesta principalmente por tres elementos: la propiedad pública, la social: ejidal y comunal, y la pequeña propiedad, que mencioné anteriormente.

En cuanto a la propiedad pública, cuando el Artículo 27 señala que los bienes son de la Nación no sólo indica que existe un dominio del Estado sobre todos ellos sino que tiene y existe una propiedad pública igual a la que tienen los propietarios privados; aún más protegida ya que sobre estos bienes el dominio de la Nación es inalienable, los particulares no pueden adquirir sobre ellos derechos reales.

Con la propiedad ejidal y comunal, se buscó dar respuesta al problema agrario, cuya caracterización principal estaba en la dicotomía —producto de la Conquista y la Colonia— de individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo por un lado, y de grandes latifundistas por otro, y se concretaría con la reforma agraria cuyos objetivos fueron:

1. Restituir la tierra a aquellos núcleos de población que habían sido despojados por los grandes latifundios y las haciendas.

2. La distribución gratuita de tierra a poblaciones que carecían de ella, en la forma de dotación llamada ejido. Aunque en ninguna parte del Artículo constitucional se define lo que es un ejido, se menciona como tal y, en la práctica, el concepto se aplicó a los núcleos de población dotándolos de tierras a través de los procedimientos señalados en la Ley.

3. Crear con ello una nueva estructura de tenencia que reemplazara el antiguo sistema latifundista y permitiera un crecimiento agrícola acelerado.

También se destacó el respeto a la propiedad comunal de los pueblos, especialmente las comunidades indígenas, a quienes se autorizó para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenecieran.

Esto, a grandes rasgos, fue el programa agrario delineado en la Constitución de 1917, dejando muchos aspectos para reglamentos e interpretaciones posteriores. En este sentido, el programa fue tomando forma solo, paulatinamente —aunque siempre dentro del marco general establecido en 1917— y cambió con frecuencia de dirección y de ritmo en la práctica.

Con relación al ejido, la idea esencial que lo inspiró fue la de proteger a las propiedades colectivas de los pueblos.

La palabra ejido se refería, originalmente, a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo (para ganado y recolección de madera), y éste era el significado que tradicionalmente se le daba en México, antes de la reforma agraria.

De hecho, en la terminología corriente, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras de esta forma (ejidatarios) y el conjunto de tierras que les corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo (área parcelada), otras para satisfacer necesidades colectivas (uso común) y otra más para urbanizar y poblar (fundo legal), principalmente.

Así, desde 1917 se han venido creando ejidos casi ininterrumpidamente, pero la función económica atribuida a éstos ha cambiado de forma gradual; primero se les consideró como fuentes de ingresos complementarios a los salarios ganados en las grandes fincas (periodo comprendido por el modelo primario exportador principalmente en los años veinte), luego como pequeñas fincas de subsistencia para los grupos rurales más atrasados (durante los años treinta, en la gran depresión, el ejido se encontraba inactivo y sin apoyo gubernamental). Posteriormente se le asignó durante los años cuarenta, un papel primordial en la producción agrícola y, con la reforma de 1992, finalmente tiene objetivos productivos semejantes a los del sector agrícola privado.

La organización interna más apropiada para el ejido siguió un trayecto paralelo, en función del papel que le tocó desempeñar dentro de la estructura agrícola general del país y de las tendencias predominantes en cada época. Por lo tanto, en este marco institucional debe situarse la creación de la mayoría de los ejidos colectivos.

Ahora bien, no todos los ejidos de la República fueron dotados con la misma cantidad y calidad de recursos. Muchos factores intervinieron en esta diferenciación que, en parte, es responsable de las variaciones en la eficiencia económica y el funcionamiento institucional de los mismos.

En primer lugar, juegan un papel los diferentes recursos naturales en las diversas regiones del país (los ejidos del norte con promedios de dotación de 20 hectáreas); en segundo, la densidad demográfica de cada zona (los ejidos del centro del país con promedio de dotación de entre tres y cuatro hectáreas) y su relación con la estructura de tenencia en la época del reparto agrario; y en tercer lugar, el proceso mismo de la distribución, caracterizado en sus distintas etapas por aspectos particulares de tipo jurídico, técnico, político e ideológico, que se han manifestado en la modificación paulatina de la unidad mínima de dotación ejidal.

En consecuencia, el sector ejidal no constituye un sistema de tenencia homogéneo en lo que a cantidad y calidad de sus recursos se refiere. Entre el Artículo 27 original y el reformado en 1992 hubo al menos trece decretos con sendas enmiendas, mismas que reflejan los diversos énfasis del régimen en vigor.

La reforma del Artículo 27 representa la posibilidad de que al interior del ejido la tolerancia, la confianza y la comprensión se manifiesten con una mayor naturalidad y con la intención de crecer en un mundo de responsabilidad compartida y no de subordinación a la autoridad y a los caciques.

Producto de la parcelación de las tierras, el ejidatario comprende que, como la parcela, su participación es fundamental para realizar el mejoramiento del ejido; y eso es su todo. Su participación es su contribución para fortalecer la democracia; es necesario que cada quien ponga su parte y cumpla con sus obligaciones y también con sus derechos; para ello es fundamental que los conozca y, por ello, es primordial que estén plasmados, concebidos, como lo están en el actual Artículo 27.

Por otro lado, dado que al comenzar los comentarios de estos artículos hablamos del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, lo cual me obliga a tocar el tema del PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares), lo anterior como mero dato histórico, dado que en la actualidad no existen ni este programa ni la Secretaría de la Reforma Agraria.

PROCEDE significa Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. Es un Programa del Gobierno Federal, que coordinaba la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA, que ya desapareció por orden del actual Presidente Felipe Calderón Hinojosa), con apoyo directo de la Procuraduría Agraria (PA). Participaban también el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en la medición de los terrenos, y el Registro Agrario Nacional (RAN) en el registro formal de los documentos y planos agrarios que se obtienen. Se supone que, según el gobierno, el PROCEDE buscó dar seguridad legal a los campesinos, entregándoles certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común de su ejido, así como títulos de los solares urbanos. Sin embargo, desde antes de la existencia del PROCEDE y de la nueva Ley Agraria, la mayoría de los ejidos y comunidades ya poseían sus carpetas básicas (Resolución Presidencial, Acta de Ejecución y deslinde y plano definitivo) que tenían y tienen todo el valor legal. Y a nivel de derechos agrarios individuales, ya desde hace mucho existía la Investigación de Usufructo Parcelario, la Depuración censal y la entrega de certifi cados de derechos agrarios, que tienen igual valor legal que los que el gobierno prometió con el PROCEDE. Además del PROCEDE, existió también el PROCECOM, que fue el Programa de Certificación de Derechos Comunales, y que el Gobierno Federal pretendió aplicar de la misma forma que el PROCEDE cuando los pueblos tenían tenencia comunal y se manejaban por bienes comunales.

El PROCEDE inició sus acciones a principios de 1993, como consecuencia directa de las reformas al Artículo 27° de nuestra Constitución, realizadas por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, y establecidas en la nueva Ley Agraria que se publicó el 27 de febrero de 1992. Estas reformas salinistas significaron para los campesinos: a) El fin de todo el reparto agrario (se acabaron las tierras), que se inició después de la Revolución de 1910 y que fue la bandera de lucha del General Emiliano Zapata. b) Levantar la prohibición legal que existía para que las tierras ejidales o comunales se puedan ahora vender, comprar, rentar, embargar o hipotecar y prescribir (es decir, titular de forma individual un terreno ajeno ocupado, luego de 5 años de posesión pacífica). c) Permitir y fomentar la participación en sociedades mercantiles, de los ejidos y comunidades que posean valiosos recursos naturales, “asociándose” con empresas ó con bancos, aportando los campesinos sus tierras o sus bosques y montañas, los cuales ahora sí pueden ser embargados ó hipotecados y enajenados (es decir, que ahora las tierras pueden ser quitadas a los ejidatarios o comuneros y traspasadas a un dueño privado) En resumen, las reformas salinistas de 1992, lo que buscaron fue el abrir totalmente las tierras ejidales y comunales al libre mercado de compra-venta, facilitando y fomentando el individualismo y la mentalidad privada entre los campesinos, y así, como dicen los dichos aquellos: “que cada quien se rasque con sus uñas” y “el que tenga más saliva, que trague más pinole”.

Los siguientes son los propósitos y objetivos que tuvo el PROCEDE, según el Gobierno: a. Otorgar a los campesinos certeza jurídica y seguridad en la tenencia de la tierra a través de certificados parcelarios. b. Fomentar respeto a la autonomía y a la voluntad de los núcleos agrarios c. Proteger y consolidar los derechos sociales de los campesinos y de sus familias d. Resolver conflictos surgidos por tenencia de la tierra e. Propiciar la inversión privada y el acceso a créditos y mayores apoyos institucionales. f. Fomentar el desarrollo económico y abatir la pobreza en los ejidos. Casi todo lo que aquí se dice suena muy bien.

Toca a cada una de las comunidades reflexionar, analizar y discutir si hay verdad entre lo que dice el gobierno, la extinta SRA y la PA, con lo que realmente pretenden y lo que realmente pasa o puede pasar luego de que se aplica o aplicó el PROCEDE. Para eso es muy importante conocer la experiencia de ejidos y comunidades que ya tengan varios años dentro del PROCEDE y ver si estos buenos propósitos del gobierno se han cumplido en esas comunidades, ó que ha pasado entonces realmente.

Y para cerrar estos comentarios, revisando la página del Registro Agrario Nacional (http://www.ran.gob.mx/ran/programas_sustantivos/certeza_juridica/index.html), encontré que se exhibe la siguiente información:

“Ahora es, más Fácil obtener Tu documento agrario”

Amigo ejidatario, si aún no has recogido tu Documento Agrario de Procede o Fanar, expedido entre 1993 y 2007, tienes hasta el 28 de marzo de 2010 para hacerlo en forma gratuita. Después de esta fecha límite, tendrás que pagar la emisión o reposición de la copia certificada.

Con el propósito de abatir el rezago de documentos agrarios, el Registro Agrario Nacional (RAN) puso en operación la Campaña Nacional “Ahora es más fácil”, a través de la cual se simplifican los requisitos para que los ejidatarios y comuneros reciban los certificados que avalan la plena certeza jurídica de sus propiedades.

Se trata de un universo de 187 mil documentos que permanecen en los archivos de las delegaciones estatales del RAN y que por diversos motivos no han sido recogidos por sus titulares o familiares directos. Es por ello, que desde el mes de abril y hasta un plazo de un año, los beneficiarios y/o sus familiares directos, podrán acudir a la Delegación del RAN de su entidad a recoger el documento agrario que les corresponde.

El trámite es totalmente gratuito y los interesados solo tendrán que presentar Carta Poder Simple, acompañada de copia de la Credencial de Elector; Acta de Matrimonio, en caso de cónyuge; Acta de Nacimiento, cuando trate de padre, madre o hijos; y si se trata de una pareja que vive en unión libre, presentar escrito firmado por dos testigos y al menos un familiar que manifieste que viven juntos.

El tiempo de respuesta será inmediato, ya que se trata de documentos que actualmente se tienen listos para su entrega. Llama a los teléfonos (01 55) 50621400, (01 55) 5062141500 y/o los de tu delegación para mayores informes.

Al tener en tus manos los documentos que por derecho te pertenecen, tienes certeza jurídica de que esa parcela, uso común y solar son tuyos ¡ven a recibirlos!

En los cinco meses que lleva de vigencia este programa, se han entregado 25,225 documentos, en 40 núcleos agrarios en todo el país beneficiando con ello a 12,270 sujetos de derecho.

Lo cual por sí solo habla del éxito o fracaso (depende de la óptica con la que se mire), del tan desgastado programa de gobierno.

Sección Segunda

De los Ejidatarios y Avecindados

Artículo 12.- Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales.

Artículo 13.- Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere.

Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.

Artículo 15.- Para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere:

I. Ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario; y

II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.

Artículo 16.- La calidad de ejidatario se acredita:

I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente;

II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o

III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.

Artículo 17.- El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A uno de los hijos del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Artículo 19.- Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal.

Artículo 20.- La calidad de ejidatario se pierde:

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;

III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley.

Al comentar los artículos inmediatos anteriores, estaremos entrando en el tema LOS SUJETOS DEL DERECHO AGRARIO, los cuales definiremos en un latu sensu como los titulares de derechos y obligaciones agrarias.

Encontramos la igualdad entre hombre y mujer, consagrada por el artículo cuarto constitucional en su párrafo primero, de donde se asocia la calidad de ejidatarios en igualdad de circunstancias para ambos. Podemos también observar la calidad de avecindado, que será aquella persona mayor de edad que cumpla cierto tiempo de residencia en el ejido, y sea reconocida en ése carácter por la asamblea ejidal, esto con la finalidad de que se demuestre el interés por pertenecer al ejido e impulsar el fin del mismo.

Una vez adquirida la calidad de ejidatario, este tendrá el derecho de uso y disfrute de las tierras que se le asignen, además de los derechos con que los dote el reglamento interno del ejido, más los previstos por la ley. Los requisitos para poder constituirse como ejidatario serán ser mayor de edad, con la finalidad de que tenga la capacidad de obligarse, y la excepción será cuando el aspirante a ejidatario tenga familia a su cargo, o bien, sea heredero de ejidatario. Además, deberá tener primero la calidad de avecindado, o ser heredero o simplemente cumplir con los requisitos impuestos por el reglamento interno del ejido.

Una vez declarado ejidatario, este podrá acreditar su calidad como tal con la tenencia de los documentos mencionados por el artículo dieciséis de la ley que estamos comentando, los cuales serán tramitados ante los organismos que esta ley también menciona.

Se deja a salvo la facultad del ejidatario para designar a quien deba sucederle en sus derechos como ejidatario, debiendo formular una lista con los nombres de las personas a las cuales desea cederlos, siendo el primer nombre el preferente para adjudicarse tales derechos. Para que esta lista tenga validez, deberá depositarse en el Registro Agrario Nacional (RAN), o bien, que sea formalizada por un fedatario público (p.e., un notario). Si hubiere modificaciones en la lista, la que será válida será la de fecha posterior.

Si el ejidatario fuere omiso de la elaboración o formalización de la lista antes citada, la ley designa que los derechos le serán transmitidos, en el siguiente orden, a estas personas: el cónyuge, el concubino o concubinario, cualquiera de los hijos del ejidatario, uno de sus ascendientes, o cualquier otra persona que hubiese dependido económicamente de el.

Si fueren varios los hijos, o ascendientes o dependientes económicos, la ley les otorga tres meses para que designen un único sucesor de derechos, si no lograsen ponerse de acuerdo el Tribunal Agrario hará el remate de los derechos ejidales, y otorgará la equitativa proporción a los herederos de los derechos. Si no existiesen herederos, se subastarán los derechos entre los ejidatarios y avecindados, y lo recaudado será ingresado al núcleo ejidal.

Las situaciones en las cuales un ejidatario podrá perder esa calidad son cuando ceda legalmente sus derechos parcelarios y comunes, o cuando renuncie a sus derechos, cediéndolos de manera oficiosa al núcleo ejidal, y por último, por prescripción negativa, es decir, que otra persona se asiente por cinco años de buena fe, o por diez años de mala fe, en alguna proporción de tierra que era de la propiedad de quien pierde sus derechos. Sin embargo, según las discusiones en clase, este término de prescripción fue mal empleado por el legislador, dado que causa confusión si atendemos a la definición negativa, que se entiende como la libertad de obligaciones, sin embargo, el que pierde sus tierras no deseaba liberarse de las obligaciones comunes del ejido, pero por otro lado, el que llega a instalarse en esas tierras si desea adquirir derechos. Hace falta precisar de una manera clara y sencilla lo que el legislador pretendió expresar.

Es necesario mencionar también que las tierras ejidales son inalienables, es decir, no pueden venderse, (también resulta confuso, dado que las políticas salinistas de la reforma de 1992 pretendían abrir las tierras agrícolas a la iniciativa privada, entonces se le dio el nombre de CESIÓN, que sería un “disfraz” de la VENTA), las tierras ejidales también son inembargables, es decir, no son susceptibles de gravamen, no pueden ser garantías (entonces como se espera que el ejidatario sea favorecido con préstamos bancarios, o bien, se genera incertidumbre para la institución de crédito, dado que el ejidatario le ofrece en garantía sus tierras para algún préstamo, sin embargo, por ley éstas no pueden constituirse como garantía, motivo por el cual no se les otorga el crédito, y el recurso que ofrece la administración pública siempre resultará insuficiente), y por último, las tierras ejidales son imprescriptibles, es decir, no son susceptibles de apropiarse por prescripción, dado que son de uso común (¿entonces dónde quedó lo referido por la fracción tercera del artículo veinte?).

Sección Tercera

De los Órganos del Ejido

Artículo 21.- Son órganos de los ejidos:

I. La asamblea;

II. El comisariado ejidal; y

III. El consejo de vigilancia.

Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.

El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo.

Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;

IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;

VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;

IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;

XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y

XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 24.- La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea.

Artículo 25.- La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea.

La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea.

Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria.

Artículo 26.- Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.

Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios.

Artículo 27.- Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el

Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.

Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.

Artículo 28.- En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo

23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley.

Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo.

Artículo 29.- Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido.

Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación.

Artículo 30.- Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.

En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del Artículo 23 de esta Ley, el ejidatario no podrá designar mandatario.

Artículo 31.- De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.

Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional.

Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un

Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado:

I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;

II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios;

III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas;

IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren;

V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 34.- Los miembros del comisariado ejidal que se encuentren en funciones, estarán incapacitados para adquirir tierras u otros derechos ejidales excepto por herencia.

Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia:

I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea;

II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado;

III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y

IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 37.- Los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo núme