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Ley Amparo Comentada

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Rimma 26 marzo 2011

Palabras: 31641 | Páginas: 127

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6. Consejo de la Judicatura Federal.

TRIBUNALES DE AMPARO

Tienen competencia para conocer del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito (por excepción), los Juzgados de Distrito, y como auxiliares de estos órganos de la Justicia Federal intervienen los Tribunales Locales de Distrito Federal y los restantes de las entidades federativas, en jurisdicción concurrente o competencia auxiliar.

A).- LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Se integra por 11 once ministros ( art. 94 párrafo tercero y art. 2 LOPJF).

Funciona en pleno y en dos salas. El presidente no forma parte de alguna Sala.

El pleno se integra por el presidente y los restantes 10 ministros.

Cada Sala se integra por 5 ministros.

Nombramiento de los Ministros: Son nombrados por el presidente, con aprobación del senado, durando en su cargo 15 años, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental permanente (art. 96 Const. y 8 LOPJF).

CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL EN PLENO

I.- De las controversias constitucionales (Articulo 10 fracción I LOPJF)

II.- De las acciones de inconstitucionalidad (Art. 10 fr. I LOPJF).

III.- Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por:

a).- Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

1.- Subsista el problema de constitucionalidad de ley o tratado (Art. 84 fracc. I LA. y Art. 10 fr. II LOPJ)

2.- En el ejercicio de la facultad de atracción para conocer los amparos en revisión. (Art. 10 fracc. II, inciso b LOPJ)

3.- En los casos del 103 fracción II y III Constitucional (Amparo soberanía. Art. 10 fracc. II, inciso c LOPJ).

b).- De los Tribunales Colegiados de Circuito cuando:

1.- Subsista el problema de inconstitucionalidad de ley o tratado (art. 84 fracc. II L.A. y Art. 10 frac. III de la LOPJF)

2.- En la resolución se haga la interpretación directa de un artículo constitucional.

IV.- Del recurso de reclamación contra los acuerdos del presidente de la SCJN (10 fr. V).

V.- De las excusas e impedimentos de los Ministros funcionando en Pleno (Art. 10 frac. VI LOPJ).

VI.- En los casos de incumplimiento de ejecutorias a que se refiere el art. 107 fr. XVI Const.

VII.- De las denuncias de contradicción de tesis sustentadas entre:

a).- Las Salas de la SCJN.

b).- Salas de la SCJN con el Tribunal Electoral.

c).- Los Tribunales Colegiados de Circuito, siendo de diversa materia.

VIII.- De las Salas o de TCC en asuntos que por razón de la materia, no sean de la competencia exclusiva de alguna Sala.

LA COMPETENCIA DE LAS SALAS

Su conocimiento se determina por materias:

La Primera Sala conoce de asuntos civiles y penales.

La Segunda Sala de materia administrativa y laboral.

1.- Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por: (art. 21 LOPJF).

Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

a).- Subsista el problema de constitucionalidad del reglamento o en la sentencia se establecen la interpretación directa de un precepto constitucional.

b).- En el ejercicio de la facultad de atracción para conocer la revisión (prevista en el artículo 107 frac. VIII inciso b Const). Esta facultad puede ser ejercitada de oficio o a petición del TCC o de la PGR, cuando por su interés o trascendencia así lo amerite.

2.- Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por el Tribunal Colegiado de Circuito cuando subsista el problema de inconstitucionalidad del reglamento o en la resolución se haga la interpretación directa de un artículo constitucional o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional.

3.- De los amparos directos, en uso de la facultad de atracción (que por su interés y trascendencia lo ameriten) Art. 107 frac. V, inc. d).

4.- Del recurso de reclamación contra los acuerdos del Presidente de la Sala.

5.- De las denuncias de contradicción de tesis de los TCC, en los juicios de amparo y respecto de la materia que corresponde a cada una de las Salas para determinar cual es la que debe prevalecer con carácter obligatorio, pero sin modificar los fallos correspondientes. (Art. 107 fr. XII Const. 197-A de la L.A. y 24, 25, 26 y 27 frac. XII de la LOPJF. La contradicción puede ser denunciada de oficio o a petición de partes.

En síntesis, sus atribuciones pueden resumirse en tres aspectos esenciales:

a).- Estas Salas según su materia, deciden del recurso de revisión contra la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en los juicios de amparo en los que se controvierta la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República o en un reglamento local que corresponda al Gobernador del Estado, siempre que en segunda instancia subsista la cuestión de inconstitucionalidad y en los supuestos en que el fallo se interprete directamente un precepto de la carta fundamental. (art. 24, 25, 26 y 27 LOPJF).

Las Salas podrán remitir para su resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito los amparos en revisión ante ellas promovidos, siempre que respecto de los mismos se hubiere establecido jurisprudencia.

b).- De los recursos de revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo de una sola instancia, cuando decidan sobre la inconstitucionalidad de un reglamento federal o local, o interpreten directamente un precepto de la Constitución.

c).- La facultad de atracción en amparo de único grado o de doble instancia, comprende los asuntos que correspondan a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando consideren las Salas que por sus características especiales, es decir, por sus particular importancia, deben ser conocidos por la Sala respectiva. Esta facultad puede ejercerse de oficio o a petición fundada del TCC respectivo o del Procurador Genera de la República (art. 107 fr. V y VIII Const. y 24, 25, 26, 27 fr. I inciso B y III de la LOPJF).

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Nombramiento de magistrados. ( concurso interno de oposición o concurso de oposición libre).

ORIGEN: Se establecen en mayo de 1951 con la finalidad de auxiliar a la Corte en el conocimiento de los asuntos de amparo. El número de Tribunales se ha incrementado en vista de que paulatinamente la Corte se descargó de los juicios de menor importancia jurídica, social o económica. En las reformas de enero de 1988 se les confirió competencia genérica para el conocimiento de los juicios de amparo en una sola o de doble instancia, en los cuales se impugnara la indebida aplicación de las disposiciones legales o reglamentarias ordinarias.

INTEGRACIÓN: Esta integrado por 3 magistrados, designados para un periodo de 6 años por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte, al fin del cual, si son confirmados adquieren inamovilidad hasta la edad del retiro (70 años). (art. 97 Const.).

La competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito abarca los dos tipos procedimentales de amparo, a saber:

A.- EL INDIRECTO O BI-INSTANCIAL. En el que le corresponde conocer del recurso de revisión sobre cualquier materia, independientemente de cualquier modalidad especifica proveniente de la cuantía o de la índole de los sujetos procesales (quejoso, autoridad responsable, tercero perjudicado). Excepto en los casos de los amparos en que se hubieren reclamado leyes, tratados, reglamentos o de la interferencia competencia entre las autoridades de la Federación y las de las Entidades Federativas.

B).- EN EL AMPARO DIRECTO O UNI-INSTANCIAL. De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 37 de la LOPJF son competentes los TCC para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento.

C).- Conocer de los recursos de revisión y de queja en los supuestos a que se refiere la ley de Amparo.

D).- Conocer de los conflictos de competencia entre los Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción en juicios de amparo.

E).- De los impedimentos y excusas de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito siempre que la cuestión se suscite sobre uno de los Magistrados, si fuera sobre dos o más, conocerá el más cercano.

F).- De los recursos de reclamación.

G).- Excepcionalmente, dichos Tribunales Colegiados pueden conocer o decidir cuestiones de inconstitucionalidad, en particular en los juicios de amparo contra disposiciones legislativas por conducto de una sentencia judicial en la cual se hubiesen aplicado dichos preceptos. En estos casos, si resuelven sobre la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o tratado, o interpretan directamente un precepto constitucional, sus fallos pueden ser atacados a través del recurso de revisión. En todos los demás casos, los fallos de los Tribunales Colegiados se consideran firmes, ya que no admiten impugnación, y por ello adquieren la autoridad de cosa juzgada.

DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO:

Por regla general, el Tribunal Unitario de Circuito no desempeña la función político Constitucional, y solo por excepción, lo hace:

Conocerán:

1.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito que no constituyan sentencias definitivas.

2.- Como superior jerárquico de los Juzgados de Distrito, por violación a los artículos 16, 19 y 20 Const. (jurisdicción concurrente)

3. Competencia auxiliar

DE LOS JUECES DE DISTRITO.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 42 de la LOPJF, los Juzgados de Distrito se compondrán de un Juez y del número de Secretarios, Actuarios y empleados que determine el presupuesto. Estos conocen de jurisdicción ordinaria o propiamente dicha y función de control constitucional.

1).- Jueces de Distrito con jurisdicción especial. Conocen de una materia en específico.

a).-En materia Penal, hay Juzgados Federales en materia de procedimientos federales y Jueces de Distrito que conocen de Amparo Penal.

b).- También hay Juez de Distrito en materia administrativa.

c).- En materia Civil, hay Juez de Distrito Civil Federal, que a su vez es Juez de Distrito de Amparo en materia Civil.

d).- Juez de Distrito en materia del trabajo

2). Jueces de Distrito sin jurisdicción especial. V.g. Juez de Distrito con sede en Qro.

COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO

El sistema de competencias se finca en tres factores: territorial, atendiendo a la materia jurídica sobre la que verse el acto reclamado y por la índole especial de la autoridad responsable.

1.- Atendiendo al ámbito territorial.

a).- Es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito “en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. (art. 36 p. primero L.A.) Es el lugar de ejecución del acto reclamado lo que fija la competencia, siempre que necesite de ejecución material.

b).- Si los actos ejecutivos reclamados son susceptibles de realizarse materialmente en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia se hará a prevención.

c).- Cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, será el Juez de Distrito en el lugar donde resida la autoridad responsable. Igual regla rige cuando no se promueve el amparo contra las autoridades ejecutoras, sino únicamente contra las ordenadoras.

d).- Si la resolución reclamada, ameritando ejecución material, con su solo dictado viola alguna garantía individual y se reclama antes de que haya comenzado a ejecutarse, el amparo debe interponerse ante el Juez de Distrito dentro de cuya jurisdicción resida la autoridad ordenadora. (36 p. cuarto)

e).- La fijación de la competencia de los Jueces de Distrito por razón del territorio, debe establecerse al examinar la demanda o en la audiencia constitucional.

2.- Atendiendo a la materia jurídica sobre la que verse el acto reclamado. Solo rige para los Juzgados de Distrito Especializados.

3.- Por la índole especial de la autoridad responsable en algunos casos. (art. 42 y 43).

a).- Si la acción constitucional se entabla contra actos de un Juez de Distrito, realizados con motivo de o dentro de procedimientos que no sean de amparo, la competencia se surte en favor de otro Juez “de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere”, o a falta de éste, en favor del más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito” a que pertenezca el Juez responsable (art. 42 párrafo primero).

b).- Cuando el amparo se promueve contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, distintos de la sentencia definitiva civiles o penales que en la segunda instancia federal pronuncie, es Juez de Distrito competente el que, “sin pertenecer a su jurisdicción, éste más próximo a la residencia” de dicho Tribunal (art. 42 párrafo segundo)

c).- La inmediatez y proximidad, deben establecerse desde el punto de vista geográfico y atendiendo, además a la facilidad de los medios o vías de comunicación entre el lugar de la residencia del Juez de Distrito o del T.U.C.

d).- Respecto de actos de la autoridad que auxilie a la Justicia Federal o diligencias requisitorias, despachos o exhortos, el amparo no debe promoverse ante el Juez de Distrito que hubiere librado éstos o que deba avocarse al conocimiento del asunto en relación con el cual se hubiere desplegado la actuación auxiliar, sino ante el Juez Federal más próximo al lugar de residencia de dicha autoridad. (43)

LA COMPETENCIA AUXILIAR

Es aquella de la que están investidas determinadas autoridades judiciales del fuero común, para coadyuvar, mediante la preparación del juicio respectivo, con los jueces de Distrito, en los lugares en que estos no tengan su residencia. (art. 38, 39 y 40 L.A.)

Mediante la jurisdicción auxiliar, los jueces de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto, no residiendo ahí el Juez de Distrito, tendrá facultad para:

a).- Recibir la demanda de amparo.

b).- Ordenar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, por el término de 72 horas pudiendo ampliarse según la distancia que haya a la residencia del Juez de Distrito, siempre de que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los prohibidos por el art. 22 const.

c).- Ordenar que se rindan al Juez de Distrito los informes respectivos (previo y justificado), que son como la contestación de la demanda.

d).- Remitir la demanda y documentos recibidos.

Esta jurisdicción es procedente contra actos de cualquier autoridad, sin importar si es judicial o no lo es, ni si se trata de amparo penal o en otra materia.

La misma función auxiliar la tendrá cualquier autoridad judicial en el lugar en que radique la autoridad ejecutora, siempre que:

a).- La demanda fuera por actos del Juez de Primera Instancia y no hubiere otro en el lugar de la misma categoría.

b).- Cuando en el lugar no resida Juez de Primera Instancia o no pudiere ser habido y siempre que se trate de los actos a que se refiere el artículo 39 L.A.

LA JURISDICCIÓN CONCURRENTE (art. 107 frac. XII, primer párrafo Const.)

Se da cuando en determinados casos, tanto las autoridades judiciales federales, como los superiores jerárquicos de un tribunal o juez, tienen injerencia en cuanto al conocimiento del juicio de amparo promovido contra violaciones a los artículos 16, 19 y 20 cometidas por este último, a elección del interesado.

En la jurisdicción concurrente, los superiores jerárquicos de referencia tienen una competencia completa en cuanto al conocimiento integral del amparo, prueba de lo cual es que las resoluciones definitivas que ellas dictan pueden recurrirse en revisión. Su tramitación es semejante, con la sola diferencia del término de la rendición del informe justificado y del señalamiento de la audiencia constitucional (art. 156).

ACTO DE AUTORIDAD (Lato Sensu).

(Artículo 103 Const. Y 1° L.A.)

I.- ACTOS STRICTU SENSU. Es aquel hecho concreto que produce una afectación concreta, particular o personal.

II.- LEYES, TRATADOS INTERNACIONALES, REGLAMENTOS. Es el acto de autoridad general, que engendra o afecta situaciones jurídicas abstractas e impersonales.

I. ACTO DE AUTORIDAD STRICTO SENSU

CONCEPTO: Aquel hecho concreto voluntario, intencional, negativo o positivo, desarrollado por un órgano del Estado decisoria o ejecutivamente que produce una afectación determinada y particular en una situación especial, traducida aquélla en la lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, por la violación de las garantías individuales o por el desequilibrio del régimen federativo.

Sin embargo, puede suceder que frente a un acto de autoridad stricto sensu, que sea aplicativo de algún ordenamiento legal o reglamentario que no haya sido declarado inconstitucional por la jurisprudencia de la Corte, el agraviado debe reclamar ambos en la misma demanda de garantías, formulando conceptos de violación tanto para la inconstitucionalidad del ordenamiento y para la ilegalidad del mencionado acto.

CLASIFICACIÓN:

A).- SEGÚN LA NATURALEZA FORMAL DEL ÓRGANO ESTATAL DEL QUE PROVIENE

a).- Administrativos

b).- Judiciales

B).- SEGÚN LA ÍNDOLE INTRÍNSECA DEL ACTO DE AUTORIDAD STRICTO SENSU:

a).- Administrativos

b).- Jurisdiccionales.

C).- EN CUANTO A SU MANERA DE REALIZACIÓN:

a).- Aislados;

b).- Procesales (Son atacables una vez que en el procedimiento se haya dictado sentencia definitiva, salvo excepciones).

D).- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU MODO DE AFECTACIÓN:

a).- Omisivos;

b).- Negativos;

c).- Positivos.

E).- CONFORME A SU ACAECER CRONOLÓGICO

a).- Presentes; actos no ejecutados o ejecutados parcialmente (o actos negativos)

b).- Pretéritos o consumados:

1.- Consumados por modo reparable. Pueden repararse por medio del juicio constitucional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación.

2.- Consumados irreparablemente. Han realizado todos sus efectos y las violaciones que producen no pueden ser reparadas a través del juicio de amparo.

c).- Futuros: Remotos o inminentes.

d).- De tracto sucesivo o continuados: Exigen para su realización una sucesión de hechos continuados (v.g. imposición de una pena privativa de libertad o la intervención a una negociación).

e).- Continuos o momentáneos o instantáneos: Realizan su objeto en una sola ocasión, ya sea al dictarse o al ejecutarse.

II. AMPARO CONTRA LEYES

En los orígenes del juicio de amparo, éste se otorgaba exclusivamente contra actos de la autoridad ejecutiva, y con posterioridad fue otorgado contra actos de las autoridades judiciales, y en lo que respecta al poder legislativo, existían ciertas reticencias para hacerlo extensivo contra las normas jurídicas, pues se pensaba que el poder legislativo, al ser el encargado de la estructura jurídica del Estado, era supremo con respecto a los demás poderes; sin embargo, el amparo debe proceder contra todo tipo de actos de las autoridades del Estado, atentatorios de la Constitución.

Huelga decir, que por el principio de relatividad de las sentencias de amparo, aún cuando se declare inconstitucional a la ley, ésta únicamente beneficiará al impetrante, sin que pueda anularse por el órgano de control constitucional, salvo que se forme jurisprudencia obligatoria.

CONCEPTO DE LEYES AUTOAPLICATIVAS: Son aquellas susceptibles de causar perjuicio por el sólo hecho de su entrada en vigor. Sus condiciones son:

a).- Que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular cuya situación jurídica prevé, a hacer dejar de hacer, y,

b).- Que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad.(ejemplos= tributarios)

CONCEPTO DE LEYES HETEROAPLICATIVAS: Son aquellas que por su sola iniciación de vigencia no causan perjuicio, sino que se requiere del acto de aplicación o ejecución que actualice los efectos jurídicos de la norma.

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.- Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Novena Época, Pleno, Apéndice 2000, Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 328, Página: 383.

OPORTUNIDAD PARA PROMOVER AMPARO:

a).- El plazo para promover la demanda es de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de los preceptos reclamados. (artículo 22 fracción I de la Ley de Amparo). Ley autoaplicativa.

b).- Dentro de los 15 días siguientes a partir del conocimiento por el interesado del primer acto de aplicación en su perjuicio, del ordenamiento que estima inconstitucional (Art. 73 frac. XII párrafo segundo y 21 de la Ley de Amparo). En este caso la ley no se tiene por consentida (actos consentidos) aún cuando siendo impugnable desde el momento de su iniciación de vigencia, la ley no haya sido reclamada. (Tanto para leyes autoaplicativas como heteroaplicativas)

c).- Cuando el agraviado en lugar de reclamar la Ley en amparo indirecto, decide de manera optativa:

a).- Promover el recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el primer acto de aplicación (si dentro de los quince días siguientes a la resolución del recurso, el quejoso no reclama la ley por vía de amparo, ésta se tendrá por consentida, o (tanto para leyes autoaplicativas como heteroaplicativas)

b).- Si en contra de esa resolución procediere el amparo directo, señalará la resolución definitiva como acto reclamado y exponiendo dentro de los conceptos de violación los motivos de inconstitucionalidad (sin señalar la ley o el reglamento como acto reclamado). Artículo 166 fracción IV párrafo segundo. (tanto para leyes autoaplicativas como heteroaplicativas)

LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA.- Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son. A).- Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I de la Ley de Amparo); b).- Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley), y c).- Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo de la Ley invocada).-

Tribunal Pleno, tesis jurisprudencial 122, página 223, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988 Primera Parte.

CALIFICACIÓN DE SU AUTOAPLICABILIDAD

La Corte ha establecido que el juzgador no debe desechar a priori la demanda de amparo que se enderece contra una ley que a primera vista no afecte por su sola expedición al quejoso, pues esto debe constatarse a posteriori, es decir, una vez que se ha ponderado el informe justificado y las pruebas rendidas por las partes, por lo que debe admitirse y tramitarse la demanda, sin perjuicio de dictar el sobreseimiento, si del estudio aparece realmente la existencia de la causal de improcedencia.

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. No opera el principio de definitividad, puesto que puede intentarse tal medio, aun cuando la disposición tildada de inconstitucional consigne medios comunes que el afectado puede hacer valer contra su aplicación.

“Antes de acudir al amparo no existe la obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la inconstitucionalidad de ésta, ya que sería contrario a los principios de derecho el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esta ley, cuya obligatoriedad impugnen por conceptuarla contraria a los textos de la constitución. Pleno, Tesis 96 y 1, Tomo CXVIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de la compilación 1917-1965.

INTERES JURIDICO: Para combatir una ley (heteroaplicativa o autoaplicativa) por vía de amparo es menester que con el acto de autoridad se lesione cualquier interés jurídico o derecho del gobernado. Por tanto, cuando no existe esa lesión el juicio de amparo contra una ley es improcedente y debe sobreseerse.

En el caso de leyes heteroaplicativas, si no se demuestra el acto de aplicación, no se afecta el interés jurídico del quejoso, sosteniéndolo así el Pleno de la Suprema Corte al expresar: “Si se reclamó la aplicación de una ley y ésta no se demostró, la sola promulgación no afecta los intereses jurídicos del quejoso”.

AUTORIDAD RESPONSABLE CONTRA LEY AUTOAPLICATIVA DESDE QUE ENTRA EN VIGOR.

Lo son los órganos que crean la ley y el que la promulga, ya sea Congreso de la Unión y el Presidente o Legislatura Local y el Gobernador del Estado.

TÉRMINOS

DURACIÓN DE LOS TÉRMINOS.

a).- Regla general. Por regla general es el término de 15 días para promover la demanda de amparo, por disposición del artículo 21 de la Ley de Amparo.

También son 15 días para reclamar el acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorga la extradición de una persona (art. 22 frac. II L.A.)

b).- Excepciones.

- 30 días, en tratándose de ley autoaplicativa, contados a partir de la vigencia de la ley (art. 22 frac. I L.A.)

- 30 días, cuando el agraviado sea un ejidatario o un comunero en lo individual (art. 218 L.A.)

- 90 días, cuando se trate de sentencia definitiva y el agraviado no fue citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la República. (art. 22 frac. III L.A.)

- 180 días, En el mismo caso, pero cuando resida fuera de la República (art. 22 frac. III L.A.). Sin embargo, no es aplicable cuando el agraviado tuviere mandatario, hubiese señalado casa para oír notificaciones o se hubiere manifestado sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.

En ambos casos, el plazo comenzará a contar a partir del día siguiente en que tuviere conocimiento de la sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio.

- En cualquier tiempo, si se reclamaran actos que importen peligro de perder la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, o incorporación forzosa al servicio del ejercito o armada nacional. (art. 22 frac. II L.A.)

- En cualquier tiempo, cuando un acto tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población. (Art. 217 L.A)

CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS

a).- Para la interposición de la demanda.

Se contará por días hábiles, desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo, incluyendo en ellos el día del vencimiento (art. 21 L.A.)

En tratándose de emplazamiento ilegal o defectuoso, desde el día en que haya tenido conocimiento de la resolución o de su ejecución, o desde que se ostentó sabedor de los mismos (art. 21)

b).- En el juicio de amparo (una vez interpuesta la demanda).

- Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento. (art. 24 frac. I L.A.)

- Se contarán por días hábiles (naturales con exclusión de los inhábiles) (art. 24 frac. II) El artículo 23 L.A. establece cuales son los días hábiles.

Las notificaciones surten sus efectos:

- Para la autoridad responsable, desde la hora en que haya quedado legalmente hecha la notificación. (art. 34 frac. I L.A.)

- Para las otras partes. Desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista. (art. 34 frac. II L.A.)

c).- En el incidente de suspensión, se contarán de momento a momento. (art. 24 frac. II L.A.)

d).- Para la interposición de recursos. Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquel en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva. (art. 24 frac. III L.A.)

Los términos podrán ampliarse por razón de la distancia, tomando en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones. En ningún caso la ampliación podrá exceder de un día por cada 40 kilómetros. (Art. 24 frac. IV L.A.)

DIAS HÁBILES Conforme al artículo 23 de la Ley de Amparo, son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 1 y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.

Esta disposición no coincide con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, pues esta dispone como inhábiles: sábados y domingos, 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo (no previsto en la Ley de Amparo), 1 de mayo (la Ley de Amparo adiciona el 5 de mayo), 16 de septiembre (la Ley de Amparo contempla además el 14 de septiembre y 12 de octubre) y 20 de noviembre.

HORAS HÁBILES

La Ley de Amparo no lo señala, por lo que debe aplicarse en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece en su artículo 281 que son de las ocho a las diecinueve horas.

Deben distinguirse dos situaciones:

a).- Cuando se trata de la práctica de actuaciones judiciales, que serán horas hábiles las referidas por el artículo 281 del C.F.P.C.

b).- Cuando se trata de la presentación de la demanda. Las horas hábiles son las comprendidas dentro de un día natural. Por tanto, la demanda puede presentarse ante el funcionario autorizado para recibirla en cualquier hora, aún cuando las oficinas del Tribunal de Amparo estén cerradas. (art. 23 párrafo tercero L.A

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso los jueces podrán habilitar días y horas inhábiles para la admisión de la demanda y tramitación del incidente de suspensión. (art. 23 párrafo IV L.A.

Tratándose de determinados actos, son días y horas hábiles todos los del año. V.g. en actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro, algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al ejercito o armas nacionales.

LAS NOTIFICACIONES

Concepto. Es un acto por virtud del cual una autoridad pone en conocimiento de las partes cualquier acuerdo recaído en el negocio que ante ella se ventila.

Tiempo en que deben practicarse. A más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiere pronunciado la resolución. (Art. 27 L.A.)

Autorizados para oír y recibir notificaciones con facultades para promover (art. 27 p. seg. LA.)

Lo pueden realizar el quejoso y el tercero perjudicado.

Facultades para instar en el proceso.

Imposibilidad de delegar dichas facultades.

Ser abogado (materias civil, mercantil o administrativa)

Autorizados para oír y recibir notificaciones sin representación. (Art. 27 p. Segundo L.A.)

- No requiere ser abogado.

Organismos a quienes se realiza la notificación del Poder Ejecutivo y del Procurador General de la República. (art. 27 p. ter. L.A.)

FORMAS DE LAS NOTIFICACIONES: según el juicio de que se trate:

a).- Amparo indirecto;

b).- Amparo directo.

NOTIFICACIONES EN LOS AMPAROS INDIRECTOS

En el juicio de amparo no se establece un régimen único de notificaciones para las partes, por lo que se analizan en forma separada.

I.- EL QUEJOSO. Hay dos clases de notificaciones: las personales y no personales.

1.- Las personales

A).- Obligatorias. La Ley de Amparo establece

Las notificaciones que deban hacerse a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el lugar en que se encuentren recluidos, si radican en el lugar de juicio, si no, por exhorto. Salvo en el caso de que hubieren designado persona para oír notificaciones o tuviesen representante legal. (art. 28 frac. II L.A.)

Requerimientos o prevenciones que se les formulen a los interesados (las partes o terceros) (art. 28 frac. II último párrafo).

B).- Potestativas. No se imponen como obligatorias al Juzgador, sino que este potestativamente puede ordenarlas cuando lo estime conveniente, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 30 de la Ley de Amparo. Esta facultad ha sido restringida por la Jurisprudencia de la Suprema Corte estableciendo los casos específicos en que se deben notificar personalmente los proveídos siendo:

a).- Cuando se adelanta la fecha de la audiencia constitucional (al quejoso y las otras partes).

b).- Cuando en la audiencia no se dicta el fallo que corresponda.

c).- El requerimiento hecho a cualquiera de las partes o a terceros.

Además, la Primera Sala ha sostenido que la apreciación de cuando es conveniente mandar la notificación personal no debe quedar al irrestricto subjetivismo del Juzgador, sino debe ajustarse a los dictados de la razón de acuerdo a circunstancias de tiempo y lugar y la trascendencia del acto.

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIAS Y PROVEÍDOS DICTADOS POR TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN JUICIOS DE AMPARO DIRECTO. SI NO SE ORDENA QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL, ES CORRECTO QUE SE EFECTÚE POR LISTA. El artículo 28, fracción III, en relación con el diverso numeral 29, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, establecen que al quejoso no privado de su libertad personal deben notificársele las sentencias y proveídos que se dicten en los juicios de amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, por medio de lista que en lugar visible y de fácil acceso del tribunal, se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución, y si dicho quejoso no se presenta a recibir la notificación personalmente o por conducto de la persona autorizada para ese efecto, hasta las catorce horas del mismo día, se tendrá por hecha y el actuario asentará en los autos respectivos la razón correspondiente. Ahora bien, de lo previsto en tales dispositivos no se desprende que en la citada ley se imponga el deber a los Tribunales Colegiados de Circuito de que las resoluciones que dicten en los juicios de amparo se notifiquen en forma personal al quejoso no privado de su libertad; sin embargo, ello no es obstáculo para que, en el caso de que dicho tribunal lo estime conveniente, ordene que la notificación se haga de esa manera, según lo dispuesto en el artículo 30, primer párrafo, de la propia ley, por tanto, si el Tribunal Colegiado de Circuito que dictó la sentencia en el juicio de amparo directo no ordenó que se notificara ese fallo personalmente al agraviado, es correcta la notificación que se hizo por lista fijada en los estrados del tribunal.

Novena Epoca, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, p. 98, tesis 1a./J. 77/2002, jurisprudencia, Común.

2.- Las no personales (por lista)

Cuando el juzgador en el amparo no provea que una notificación debe hacerse en forma personal o no se trate de los casos de la fracción II del art. 28 de la L.A., las notificaciones a los quejosos (y terceros perjudicados, representantes, personas autorizadas y M.P.), se harán por lista que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si hasta las catorce horas no se presenta alguna de las partes a oír notificaciones, esta se tendrá por hecha (art. 28 frac. III L.A.)

En la lista se expresará:

a).- Número de juicio o incidente de suspensión de que se trate;

b).- El nombre del quejoso;

c).- Nombre de la autoridad o autoridades responsables

d).- Síntesis de la resolución que se notifica.

II.- A LA AUTORIDAD RESPONSABLE

a).- Por oficio. Que se entregará en el domicilio de la oficina de la autoridad, si es que esta radica en el lugar de juicio; en este caso, la notificación surtirá sus efectos desde que se entregue el oficio que se les dirija. (art. 28 frac. I y 34) Si se negaren a recibirlo, la notificación se tendrá por hecha.

b).- Por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, si la autoridad no radica en el lugar del juicio.

c).- Por vía telegráfica, de modo provisional (después se hará de acuerdo con la frac. I del 28), en casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o para mejor eficacia de la notificación. (art. 31 L.A.)

III.- AL TERCERO PERJUDICADO

Se hará personalmente la primera notificación. (art. 30 primer párrafo L.A.) Además el artículo 147 párrafo tercero, señala que a esta parte se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del Secretario, lo cual equivale a un verdadero emplazamiento.

Reposición del procedimiento. De no hacerse la primera notificación en forma personal, se vicia el procedimiento y debe ser repuesto para el efecto de que se oiga a esta parte.

Si el tercero perjudicado es también autoridad, se hará por oficio (art. 28 frac. I L.A.)

Cuando se ignora el domicilio del tercero perjudicado, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso (art. 30 frac. II). Si no se notifica al tercero perjudicado por causa atribuible al quejoso, se actualiza causal de improcedencia.

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.

Novena Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, p. 211, tesis 2a./J. 64/2002, jurisprudencia, Común. Contradicción de tesis 16/2000-PL.

Se notificará personalmente al tercero perjudicado:

Los requerimientos o prevenciones que se les formulen a los interesados (art. 28 frac. II último párrafo).

Aquellas que conforme a los criterios de la razón, el Juez de Distrito considere que tengan que realizarse personalmente (art. 30 LA)

En los demás casos, la notificación se hará por lista (art. 28 frac. III L.A.)

IV.- AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

Conforme al art. 28 frac: III, se hará por lista, aunque conforme al art. 30, se puede mandar notificar personalmente a discreción del Juzgador y en los casos a que se refiere la Jurisprudencia que se cita.

NOTIFICACIONES EN LOS AMPAROS DIRECTOS Y EN LA SUBSTANCIACIÓN DE LA REVISIÓN.

Es similar al del amparo indirecto, sin embargo, también hay significativas discrepancias.

A).- AL QUEJOSO Y TERCERO PERJUDICADO. Acorde con la fracción III del artículo 29, las notificaciones a estos deberá hacerse en términos de las frac. II y III del diverso 28, esto es, personalmente si se encuentra privado de su libertad el quejoso (art. 28 frac. II), el emplazamiento al tercero perjudicado y cuando lo estime conveniente el Tribunal (art. 30 que también es aplicable), y fuera de estos casos por lista.

B).- A LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERO PERJUDICADO QUE SEA AUTORIDAD. Mientras que en los amparos indirectos todas las notificaciones son por oficio, en el amparo directo y sus recursos, sólo determinadas actuaciones se hacen por oficio, (art. 29 frac. I):

1.- El auto que admite, desecha o tiene por no interpuesta la demanda;

2.- El auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto un recurso;

3.- El que declara la incompetencia o competencia de la Suprema Corte o de los T.C.C. para conocer de una demanda;

4.- Los autos de sobreseimiento;

5.- La resolución definitiva pronunciada por la Suprema Corte o T.C.C. en amparos del conocimiento de ellos.

Fuera de estos casos, la notificación será mediante lista (art. 29 frac. III, relacionado con 28 frac. III).

C).- AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL: Se hará por oficio el primer auto y las demás notificaciones por lista (art. 29 frac. II)

REGLA GENERAL PARA AMBOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS.

Es obligación de la autoridad ordenar la primera notificación personalmente a cualquier persona distinta de las partes.

FORMALIDADES DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES

Son aplicables para ambos amparos, y se rigen por las reglas a que se refiere el art. 30 frac. I, II y III)

EFICACIA DE LAS NOTIFICACIONES

Las notificaciones surten sus efectos:

A la autoridad responsable, desde la hora en que quedó legalmente hecha la notificación.

A las demás, al día siguiente de la notificación personal o al de la fijación de la lista. (Art. 34 frac. I y II L.A.)

INCIDENTE DE NULIDAD POR DEFECTO O ILEGALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida serán nulas. La nulidad puede ser invocada por la parte afectada y antes de que se dicte sentencia, solicitando la reposición del procedimiento. (art. 32 L.A.) Es de especial pronunciamento, pero no suspende juicio.

Casos en que procede el incidente de nulidad.

1.- Cuando no existe notificación, o

2.- Cuando existiendo, se haya practicado en contravención a las normas que la rigen.

Oportunidad para reclamar la nulidad. La nulidad debe entablarse antes de que se dicte sentencia definitiva, pues el juzgador no puede revocar sus propias determinaciones y esto sucedería porque necesariamente se dejaría insubsistente el fallo. Cuando ya se ha dictado sentencia la ilegalidad de las notificaciones podrá reclamarse en los agravios que se expresen con motivo del recurso que se interponga contra de la sentencia, a fin de que se deje insubsistente la sentencia y se ordene reponer el procedimiento.

Si se refiere a proveídos posteriores a la sentencia de amparo de primera instancia, incluyendo las del fallo mismo, procede el incidente de nulidad para que se restaure el procedimiento a partir de la notificación omitida o ilegal.

NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada.

Novena Epoca, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, p. 5, tesis P./J. 20/2004, jurisprudencia, Común. Contradicción de tesis 5/2003-PL.

INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES SUPLETORIAMENTE APLICADO. Si bien es cierto que la Ley de Amparo no señala específicamente un término para la interposición del incidente de nulidad de notificaciones, su artículo 2o. dispone expresamente que "el juicio de amparo se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en el presente libro ..." y a falta de disposición expresa se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual, en su artículo 297 señala que, cuando la ley no establece término para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados diez días para pruebas y tres días para cualquier otro trámite, por lo que, no previniendo la Ley de Amparo término para la promoción del incidente de nulidad de notificaciones, el mismo deberá interponerse dentro de tres días siguientes al en que se le notifique la resolución que combata, con base en el precepto legal antedicho, de la legislación civil adjetiva invocada, supletoriamente aplicada.

Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, p. 1414, tesis III.2o.A.42 K, aislada, Común. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

LA IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO

Concepto: Circunstancia que imposibilita jurídicamente el analizar y resolver sobre el fondo de la cuestión principal (sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado), derivado de la actualización de las causas que se establecen en la Constitución, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, y que debe ser estudiada de oficio.

Causas absolutas y necesarias. Hay causales de improcedencia que operan siempre, de manera absoluta, según sea la autoridad contra la que se intente el juicio (SCJN) o la naturaleza del acto reclamado (resoluciones o declaraciones en materia electoral).

Causas relativas o contingentes. Se actualizan en determinadas condiciones, y cuya ausencia deja expedito el camino para la procedencia del juicio constitucional (extemporaneidad en su promoción, cesación de los efectos del acto reclamado, etc.).

Causas manifiestas e indudables (evidente). Generan el desechamiento de la demanda conforme al artículo 145 L.A.

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA SEGÚN SU FUENTE:

a).- Constitucionales;

b).- Legales;

c).- Jurisprudenciales.

a).- IMPROCEDENCIAS CONSTITUCIONALES

El amparo es improcedente en contra de:

1.- EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS. Contra la expulsión de extranjeros que el Presidente de la República considere indeseables. Art. 33 Const. (... pero el ejecutivo de la Unión tendrá facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.)

2.- EN MATERIA ELECTORAL. Antes de la reforma Constitucional del 21 de agosto de 1996, el artículo 41 Constitucional establecía la improcedencia del amparo en contra de las resoluciones de los organismos electorales, en los términos siguientes: El Tribunal Federal Electoral tendrá competencia para resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta constitución y de la ley, las impugnaciones que se presenten en materia federal electoral.

Ahora el artículo 41 fracción IV reformado, determina que la Ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, por lo que en acatamiento a este precepto, se han hecho las reformas pertinentes en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (Art. 184 a 186) determinándose en este ordenamiento la improcedencia del juicio de amparo en materia electoral, independientemente de que tales improcedencias también se establecen en el artículo 99 Const.

3.- EN MATERIA ELECTORAL EN ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS Y SENADORES. El juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral dictada con motivo del medio de impugnación interpuesto por los partidos políticos en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que se impugnaron las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores (artículo 60 párrafos segundo y tercero Constitucionales).

4.- EN MATERIA ELECTORAL EN CALIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. Antes de la reforma del 21 de agosto de 1996, el artículo 74 Constitucional establecía la improcedencia del juicio de amparo en contra de la determinación hecha por la Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral, en cuanto a la calificación de la elección del presidente de la República. Ahora la improcedencia se ha eliminado del citado artículo Constitucional y se ha trasladado al artículo 99 párrafo cuarto Constitucional que dispone: “Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable ...”.

5.- CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. “Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para verificar que hayan sido adoptados conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva (art. 100 párrafo noveno Constitucional). Esta improcedencia no comprende a los Consejos de la Judicatura de los Estados, en cuyo caso procede el amparo indirecto.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LEGALMENTE LE HAN SIDO CONFERIDAS. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, emitidas dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de las atribuciones que legalmente se le confirieron, revisten la naturaleza de terminales e inimpugnables, esto es, son definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las normas que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, contra los actos y resoluciones del consejo indicado no procede el juicio de garantías ni recurso alguno, salvo cuando se trate de los señalados casos de excepción en que sí procede el recurso de revisión administrativa ante el Pleno del Máximo Tribunal del país.

Novena Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, p. 300, tesis 2a. XCVI/2001, aislada, Constitucional.

6.- REVISIÓN POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 104 fracción I-B, no procederá juicio o recurso alguno en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Colegiado de Circuito con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones definitivas dictada por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ya sea diriman controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares o bien entre los particulares y las autoridades de la administración Pública Local del Distrito Federal (art. 104 fracción I-B, artículo 73 fracción XXIX-H y 122 base Quinta párrafo primero).

7.- JUICIO POLITICO.- Las declaraciones y determinaciones de la Cámara de Diputados y de Senadores en materia de juicio político son inatacables (art. 110 Constitucional último párrafo).

8.- DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PENALMENTE. Son inatacables las determinaciones de la Cámara de Senadores o de Diputados, que autorizan proceder penalmente en contra de los funcionarios señalados en el artículo 111 Constitucional. Lo mismo acontece con respecto a la comunicación que se realice a las Legislaturas Locales (mismo artículo párrafo sexto).

b).- IMPROCEDENCIAS LEGALES

Son las previstas por el artículo 73 de la Ley de Amparo:

I.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia. Al ser la máxima autoridad judicial, sus resoluciones son, por ello, inobjetables y no existe organismo alguno que esté constitucionalmente en aptitud de someterlo a juicio. Esta fracción no solo se refiere a sentencias, sino a cualquier acto de la Corte. También los TCC han determinado que no procede amparo contra actos del Presidente de la Corte, ni de la Secretaría General de la Presidencia y de la Oficialía Mayor.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SUS FALLOS SON INATACABLES. Conforme al sistema constitucional mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el más Alto Tribunal del país, en virtud de que sus resoluciones son inatacables, pues el orden jurídico vigente no contempla medio alguno de defensa o mecanismo para que aquéllas puedan ser revisadas, es decir, no existe otra instancia jurisdiccional superior a ella. La veracidad del enunciado anterior queda de manifiesto nítidamente en los siguientes ejemplos: el juicio de amparo es improcedente contra sus actos, según lo dispone expresamente el artículo 73, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia laboral, los conflictos que se susciten entre ese órgano supremo y sus empleados, serán resueltos por él mismo, tal como lo establece el artículo 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; tratándose de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Ley Fundamental, una vez que el Máximo Tribunal de la República determina su aplicación a las autoridades responsables, debe consignarlas directamente ante el Juez de Distrito, es decir, que no condiciona su proceder a la consideración del Ministerio Público. En el caso en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que una sentencia de amparo ya se encuentra cumplida, resulta evidente que dicha determinación es irrecurrible y, por ende, ya no puede ser materia de análisis a través de medio alguno de impugnación o mecanismo de defensa.

Novena Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, p. 291, tesis 2a. CLXXIV/2002, aislada, Común.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y LA OFICIALÍA MAYOR SON PARTE DE ELLA, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA DICHAS AUTORIDADES. El artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.". Para su organización y funcionamiento, este Alto Tribunal se encuentra integrado por varios órganos, entre los que están, la Oficialía Mayor y la Secretaría General de la Presidencia. No existe tribunal alguno que tenga jurisdicción sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resultaría ilógico que, la propia Corte conociera de sus propios actos mediante el juicio de amparo, ya que se constituiría en Juez y parte; en tal circunstancia al ser la Secretaría General de la Presidencia y la Oficialía Mayor parte integrante de nuestro Máximo Tribunal, no pueden ser consideradas como autoridades autónomas, por lo que es improcedente el amparo promovido en su contra.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, p. 713, tesis I.1o.A.7 K, aislada, Común.

II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.

a).- Respecto a las RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO, existe la presunción Jure et de Jure de haber sido dictadas con estricto apego al texto constitucional y legal. Luego no puede pensarse que una resolución en materia de amparo, violara las garantías individuales.

También protege la seguridad jurídica, pues de no existir esta causal, sería posible que se combatieran en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas. La ley de amparo ha creado diversos recursos para impugnar esas resoluciones (queja, reclamación y revisión), en tanto que, se resuelva en esos recursos es ya inobjetable. Esta fracción se refiere a actos del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito. Debe entenderse que se refiere a todas las resoluciones, sean definitivas o de trámite, tales resoluciones deben combatirse a través del recurso que proceda y no mediante un nuevo juicio de garantías.

b).- Respecto a la EJECUCIÓN, el establecimiento de esta causal tiende a evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias de amparo. Esta causal se surte con independencia de quienes hubieran sido las partes en los juicios de amparo de que se trate o que alguna de ellas hubiese o no tenido oportunidad de defensa, pues para la configuración de la misma exclusivamente se requiere que los actos reclamados se originen por virtud de la ejecución de una sentencia de amparo dictada en otra contienda Constitucional, en relación con el mismo bien.

EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO, CUANDO OPERA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS CON MOTIVO DE. La causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, se surte con independencia de quienes hubieran sido las partes en los juicios de amparo de que se trate o que alguna de ellas hubiese o no tenido oportunidad de defensa, pues, para la configuración de la misma, exclusivamente se requiere que los actos reclamados se originen por virtud de la ejecución de una sentencia de amparo dictada en otra contenida constitucional, en relación con el mismo bien.

2ª. Sala; Séptima Epoca al Semanario Judicial de la Federación; Tomo: 169-174 Tercera Parte; p. 49

Habiendo exceso o defecto no procede el juicio de amparo.

Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va mas allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Contra ello procede el recurso de queja (Art. 95 fracc. IV LA.)

Hay defecto en la ejecución, cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria. También procede la queja art. 95 frac. IV L.A)

Incumplimiento. Si la autoridad responsable no da cumplimiento, procede el incidente de incumplimiento de la ejecutoria respectiva en términos de los artículos 104 a 113 de la Ley de la Materia.

Actos nuevos. (Cuando la autoridad realiza actos diversos o decide puntos distintos de aquellos que determinan el alcance del auto o de la sentencia constitucional), no suponen una ejecución excesiva, porqu