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Ley Habilitante

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: mondoro 19 mayo 2011

Palabras: 3542 | Páginas: 15

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y financiera. 23 de agosto de 1993. 5. Ley orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. 18 de abril de 1994. 6. Ley orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. 3 de septiembre de 1998. 7. Ley orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera requeridas por el interés público. 24 de abril de 1999 8. Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley de las materias que se delegan. 13 de noviembre de 2000.

Cada una de ellas se desenvolvió en contextos políticos, sociales y económicos diferentes y, en consecuencia, desencadenó reacciones diversas. Aquellas aprobadas entre 1961 y 1998 se manejaron entre malestares o afrentas, entre gran popularidad y hasta indiferencia, en

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función de lo aparentemente beneficioso o malmirado que podía resultar su contenido, la estimación sobre que tan indispensables y perentorias eran esas medidas, la proyección de las posibles consecuencias de su aplicación o no y su efectividad, una vez puesta en marcha. Si embargo, las dos últimas, promulgadas en 1999 y 2000, pueden considerarse las más conflictivas ya que generaron enconados enfrentamientos. La aprobada en 1999 al Presidente Hugo Chávez, constituyó, como lo refiere el título de la publicación, el primer enfrentamiento que debió sortear y superar el gobierno bolivariano desde el poder, pero inmerso dentro de un sistema que ya no respondía a las demandas de la sociedad ni se correspondía con la serie de transformaciones proyectadas e iniciadas. La de 2000 lo fue aún más, puesto que su carácter evidentemente revolucionario desencadenó enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes, sectores militares, partidos políticos y los grupos de presión, al punto de justificar entre sectores más radicales de la oposición política, la planificación y ejecución de un golpe de estado el 11 de abril de 2002.

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LEY HABILITANTE DE 1961:

Presidente de la República: Rómulo Betancourt Presidente del Congreso: Raúl Leoni El Vicepresidente: Rafael Caldera El 29 de enero de 1961, el Congreso Nacional habilitó al Presidente de la República Rómulo Betancourt la potestad de dictar medidas económicas y financieras, las cuales serían los decretos con rango y fuerza de ley dictadas por el Poder ejecutivo. Dichas medidas se remitían a: 1) Reorganizar los institutos autónomos, empresas del Estado y las compañías donde la nación fuera dueña total o parcial, y de esa forma lograr su reestructuración presupuestaria y reducción porcentual de los salarios de los trabajadores que allí laboren. 2) Reorganización de los servicios públicos nacionales a fin de lograr una mayor coordinación y eficiencia de los mismos. 3) Prorrogar hasta por un año los contratos colectivos celebrados con los trabajadores al servicio del Estado e institutos autónomos. 4) Fijar los costos en los artículos y servicios de primera necesidad. 5) Modificar el impuesto sobre la renta, mediante los parámetros que otorgue el legislativo. 6) Modificar el impuesto sobre sucesiones y otros ramos de la Renta Nacional, de conformidad con los parámetros otorgados por el legislativo. 7) establecer sistemas de seguros de cuentas de depósitos y de ahorro y prestar a los bancos e institutos bancarios que así lo requieran la ayuda del Estado para asegurar su solvencia y liquidez.

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LEY HABILITANTE DE 1974

Presidente de la República: Carlos Andrés Pérez Presidente del Congreso: Gonzalo Barrios Vicepresidente: Gonzalo Ramírez Cubillán Tras su ascenso al poder Carlos Andrés Pérez solicitó al parlamento la habilitación para legislar en los temas económicos y financieros. El 30 de mayo de 1974, el Congreso Nacional autoriza al Presidente de la República a Dictar Medidas extraordinarias en Materia Económica y Financiera. Dichas medidas se remitían a: 1) Realizar reformas en el sistema financiero nacional y mercado de capitales, a fin de acelerar el desarrollo económico del país, propicie la mejor distribución de la riqueza y garantice la estabilidad del sistema monetario. 2) Modificar la Ley de Hacienda Pública Nacional, en lo que se refiere a la unidad del Tesoro a fin de destinarse a la creación y mantenimiento del Fondo de Inversiones de Venezuela. 3) Crear el Fondo de Inversiones de Venezuela, a fin que este ente diversifique y financie la estructura económica nacional, realice colocaciones rentables en el exterior y propicie el programa de cooperación internacional. 4) Dictar normas para la colocación de fondos de la Tesorería a través de la adquisición de valores hipotecarios según el marco otorgado por el Congreso, a fin de reactivar los sectores industriales y agropecuarios. 5) Realizar reformas a la Ley de Impuesto sobre la Renta, según el marco aprobado por el Congreso en la habilitación. 6) Estimular la transformación estructural de aquellos sectores productivos que así lo requieran, a fin de hacerlos más competitivos en el exterior, favorecer el empleo y controlar las presiones inflacionarias. 7) Dictar medidas necesarias para que el Estado Venezolano la explotación del hierro y establezca los mecanismos para la recuperación de las concesiones otorgadas. 8) Emitir títulos de la deuda pública en los términos y condiciones que se acuerden con el Banco Central de Venezuela, a fin de cubrir los compromisos contraídos hasta el 30 de abril de 1974 entre el Estado con el Instituto Venezolano de los Seguros sociales. 9) Consagrar como derecho adquirido de los trabajadores la prestación de antigüedad y el auxilio de cesantía y determinar las condiciones y términos financieros en que los patronos deberán cancelarlas. 10) Decretar salarios mínimos y los aumentos de sueldos, salarios y prestaciones requeridos para elevar el nivel de vida de la población y mejorar la distribución de los ingresos de acuerdo con la política general que defina el Ejecutivo Nacional. Entre otros elementos de la habilitación se destacan: Artículo 3: “El Presidente de la República dará cuenta especial, suficientemente detallada al Congreso de la República del ejercicio de las facultades extraordinarias objeto de la presente Ley y de los resultados concretos obtenidos en ese ejercicio.”

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Artículo 4: “El Congreso de la República designará de su seno una Comisión Especial que refleje la composición política de ambas cámaras a la que el Ejecutivo Nacional deberá informar antes de su promulgación, la forma y contenido de los decretos originados en los poderes delegados mediante la presente Ley.”

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LEY HABILITANTE DE 1984

Presidente de la República: Jaime Lusinchi. Presidente del Congreso Nacional: Reinaldo Leandro Mora. Vice-Presidente del Congreso Nacional: Leonardo Ferrer. “Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para adoptar medidas económicas o financieras requeridas por el interés público”. Al asumir la presidencia el Dr. Jaime Lusinchi en el año de 1984, éste aduce una serie de motivos por los cuales el Poder Ejecutivo debe asumir la responsabilidad de tomar ciertas medidas con rango de ley, debido al deterioro y estancamiento de la economía nacional durante los últimos años. “Los desequilibrios que presentan las finanzas públicas, el deterioro del crédito externo de la República y el efecto negativo de esta situación sobre el ingreso y las posibilidades de empleo de la población exigen respuestas y acciones decididas y oportunas por parte de los Poderes Públicos”, argumentó Eduardo Mayobre, Ministro de Hacienda para el momento, en correspondencia enviada al Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Leonardo Ferrer, el día 12 de abril de 1984. El paquete de 20 leyes estaba conformado por las siguientes medidas con rango de ley: Artículo 1º: Se autoriza al Presidente de la República, de conformidad con el Ordinal 8º del Artículo 190 de la Constitución, para que el Consejo de Ministros y dentro de un lapso de un año contando a partir de la publicación de esta Ley, dicte las siguientes medidas: 1) La Reorganización de los Ministerios; 2) disminución de un 10% de los sueldos básicos superiores a los dieciséis mil bolívares mensuales, devengados por los funcionarios y empleados públicos; 3) reducción del gasto de los Ministerios en porcentaje no menor del 10 %; 4) Emisión de títulos de la deuda pública interna para cancelación de deuda con los Estados y Municipios; 5) Emisión de títulos de la deuda pública para la cancelación de deudas contraídas con el IVSS; 6) pago de deudas existentes entre los organismos y demás entes de la administración descentralizada y entre éstos y los Estados y Municipios; 7) reforma de la Ley de Impuestos sobre el Alcohol y especies alcohólicas; 8) reforma de la Ley de Timbre Fiscal; 9) reforma de la Ley Orgánica de Servicio Consular; 10) regulación del régimen de pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos; 11) el refinanciamiento de la deuda de los productores agrícolas con instituciones financieras; 12) la autorización a los bancos para el financiamiento de programas destinados a inversiones en actividades del sector agrícola; 13) establecimiento del sistema de seguro de cuentas corrientes, de depósitos a plazos y de ahorro, hasta por un monto de quinientos mil bolívares por parte de las entidades regidas por la Ley General de Bancos y otros institutos de crédito; 14) pago de los pasivos originados por depósitos recibidos del público,

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correspondientes a aquellos bancos e institutos de crédito intervenidos que determine el Ejecutivo Nacional; 15) la obligación de las personas jurídicas privadas dedicadas a actividades industriales, comerciales y financieras a pagar un bono compensatorio de transporte a sus trabajadores cuyo salario sea inferior a los tres mil bolívares; 16) programa de comedores en beneficio de los trabajadores; 17) programas para asegurar el suministro de alimentos a las familias de más bajos recursos; 18) el incremento obligatorio de nóminas de personal en los sectores privados; 19) la limitación a un 20% de las utilidades anuales que obtengan las personas jurídicas privadas dedicadas a las actividades industriales, comerciales y financieras al pago en efectivo de dividendos y otras participaciones a sus accionistas o participantes, y 20) dictar las disposiciones necesarias a fin de que los préstamos hipotecarios puedan amortizarse mediante el pago de cuotas financieras niveladas o no.

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LEY HABILITANTE DE 1993

Presidente de la República: Ramón J. Velásquez. Presidente del Congreso Nacional: Octavio Lepage. Vice-Presidente del Congreso Nacional: Luis Enrique Oberto. “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera”. Durante el gobierno constitucional de Ramón J. Velásquez, el Congreso Nacional faculta al Presidente para tomar medidas en materia económica y fiscal a través de un paquete de decretos-leyes, los cuales estaban orientados en la búsqueda de la soluciones en las áreas de reforma fiscal y financiera y que permanecían desde 1989 en el Parlamento sin ser debatidos. El paquete de leyes estaba conformado por las siguientes medidas con rango de ley: Artículo 1º: De conformidad con lo establecido en el ordinal 8º del artículo 190 de la Constitución se autoriza al Presidente de la República para que en Consejo de Ministros, a partir de la publicación de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 1993, ejerza la potestad normativa extraordinaria mediante Decretos-Leyes en el específico ámbito y financiero siguiente: 1) Establecimiento del Impuesto al valor agregado (IVA) y un impuesto a los activos empresariales como medio de diversificar y fortalecer el sistema tributario; 2) la reforma de la Ley de Timbre Fiscal; 3) la Ley de Arancel de Judicial; 4) la Ley de Registro Público; 5) la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta para crear una estructura tributaria dirigida a las empresas petroleras establecidas en el país mediante convenios de asociación; 6) la Ley General de Bancos y otros institutos financieros, y 7) las reformas a las leyes del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, la Ley de Política Habitacional y la Ley del deudor Hipotecario.

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LEY HABILITANTE DE 1994

Presidente de la República: Rafael Caldera Presidente del Congreso: Eduardo Gómez Tamayo Vicepresidente del Congreso: Carmelo Lauría Rafael Caldera, en el poder nuevamente, tuvo que manejar una vertiginosa espiral inflacionaria y un paralelo descenso de las reservas de divisas, empleadas generosamente para el sostenimiento del bolívar frente al dólar. A este conflicto, se le sumó la crisis del sistema bancario, la fuga de capitales, el alza inflacionaria y la paralización productiva del país, quebrando más de setenta mil medianas y pequeñas empresas, fundamentalmente, por el control de cambios impuesto por el gobierno, que dificultaba la obtención de divisas para adquirir insumos. Tras previa solicitud del Ejecutivo, el 15 de abril de 1994 el Congreso Nacional aprobó la autorización al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Las medidas extraordinarias en materia económica y financiera, fueron: 1) Establecer un Impuesto al consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor y derogar la Ley de Impuesto al Valor Agregado. 2) Reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta.3) Reformar el Código Orgánico Tributario. 4) Establecer un Impuesto a los Débitos a Cuentas mantenidas en Instituciones financieras, cuya vigencia no podrá ser posterior al 31/12/1994. 5) Reformar el régimen impositivo de Timbre Fiscal. 6) Establecer una fecha posterior a la prevista en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, para la presentación por el Ejecutivo Nacional al Congreso de la República del Proyecto de Presupuesto Anual. 7) Establecer normas que regulen las Concesiones de Obras Públicas y de Servicios Públicos Nacionales y derogar la Ley de Construcciones, Explotaciones y Mantenimiento de Obras Viales y de Transporte en Régimen de Concesión.

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LEY HABILITANTE DE 1998

Presidente de la República: Rafael Caldera Presidente del Congreso: Pedro Pablo Aguilar Vicepresidente del Congreso: Ixora Rojas Paz Aunque Caldera prometió durante su campaña no acudir jamás ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), debió hacerlo ante la crisis económica. El nulo efecto de la práctica intervencionista en la economía del país, hizo que Caldera anunciara el programa llamado Agenda Venezuela, que prometía restablecer el equilibrio macroeconómico y apalear la inflación. Aplicando medidas tildadas por sus detractores como "de corte neoliberal" de acuerdo con las recomendaciones del FMI, se devaluó el bolívar en un 70%, el control de cambios fue levantado, los combustibles se encarecieron en un 800%, se liberalizaron los tipos de interés (el IVA subió a 16,5%), se continuó el proceso de privatización de los activos del Estado y se avocó a la disciplina en el gasto público, que no surtieron efectos debido a la crisis económica mundial en ese momento. En 1997, una comisión tripartita, conformada por el sector empresarial, laboral y Gobierno, asumieron la reforma del régimen de prestaciones sociales, tras la revisión profunda de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente, se inició un proceso de apertura petrolera que muchos catalogaron como el preludio a la privatización del sector; sin embargo, se llevó a cabo aglutinando esfuerzos del sector privado, nacional e internacional, para la explotación, exploración y refinamiento del oro negro y del gas natural. La crisis mundial en los mercados del crudo influyó negativamente en este proceso. Tras nueva solicitud del Ejecutivo, el 02 de septiembre de 1998, el Congreso Nacional aprobó habilitar al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Las medidas extraordinarias en materia económica y financiera, fueron: 1) El subsistema de salud, el subsistema de pensiones, el subsistema de paro forzoso y capacitación profesional, el subsistema de vivienda y política habitacional dentro de un marco de salvaguarda de las condiciones del actual deudor hipotecario; y el del régimen que regule el proceso de liquidación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la transición al nuevo sistema de seguridad social integral. 2) El Fondo de Estabilización Macroeconómica, el Régimen de Aduanas, el Refinanciamiento de la Deuda Pública, al Pago de Obligaciones Laborales de la República de los Estados y Municipios y a la Reposición del Patrimonio del Banco Central de Venezuela en los términos y montos establecidos en el Proyecto de Ley. 3) El Ejecutivo Nacional, por órgano de los ministerios respectivos, dará cuenta especial y suficientemente detallada al Congreso de la República o a la Comisión Delegada, dentro de los diez (10) días antes de su promulgación, sobre la adopción de cada una de las medidas extraordinarias autorizadas en los puntos 1 y 2.

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LEY HABILITANTE DE 1999

Presidente de la República: Hugo Chávez Presidente del Congreso: Luis Alfonso Dávila Vicepresidente del Congreso: Henrique Carriles Radonski

La conquista del poder a través de la vía electoral y democrática por el pueblo, en la figura del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, debe hacer frente al entramado institucional que durante la IV República permitió a los Sectores de Poder, legislar acorde sus necesidades y de espaldas al pueblo, a través del Congreso. Inaugurando el marco de legalidad que ha caracterizado la gestión del Presidente Chávez y sus gabinetes, se toma una de las primeras acciones que indican el inicio de un proceso de transformación del aparato estatal, solicitando ante Luis Alfonso Dávila-último presidente del extinto Congreso venezolano- la consideración de la “LEY ORGÁNICA QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DICTAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA REQUERIDAS POR EL INTERÉS PÚBLICO”, según consta en el acta del Consejo de Ministros Nº3 celebrado el 17 de febrero de 1.999. Como lo índica su título el objetivo de la Ley es habilitar al ciudadano presidente para tomar medidas extraordinarias en el ámbito económico y financiero por la situación crítica de éstos, frente a los objetivos del Gobierno Revolucionario; que más adelante ampliará el radio de acción del presidente en materia habilitante para atender las crisis que conforman la realidad nacional. Una vez aprobada dicha Ley, el presidente cuenta con un lapso de seis meses, en los que se emiten un total de 54 Decretos Ley que impulsan la transformación del Estado venezolano.

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LEY HABILITANTE 2000

Presidente de la República: Hugo Chávez Presidente del Congreso: William Lara

Para principios del año 2000, primer año de la Asamblea Nacional, el país cuenta con un nuevo orden constitucional y estructura estatal que permiten al Presidente solicitar nuevamente una Ley Habilitante que, gracias al nuevo marco constitucional, se diferencia de las anteriores por no restringirse a los ámbitos económicos y financiero, según reza en el artículo 204, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acorde con el artículo 236 numeral 8 y tercer aparate del artículo 203; hecho que puede apreciarse en el título de ésta: “LEY QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DICTAR DECRETOS CON FUERZA DE LEY EN LAS MATERIAS QUE SE DELEGAN” . Gracias a la promulgación de ésta ley el ciudadano presidente emitió un total de 49 decretos con fuerza de Ley, dando fuerza y continuidad a las acciones emprendidas por el Gobierno Revolucionario que representa.