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Nuevas Formas De Sociedades En Venezuela

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: mondoro 12 mayo 2011

Palabras: 8575 | Páginas: 35

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ectoral había logrado reunir las expectativas de la población después del deterioro político de los partidos tradicionales en las dos décadas anteriores. El nuevo gobierno planteó la necesidad de establecer un conjunto de reformas de las instituciones políticas y judiciales y de los organismos encargados de promover los programas sociales. Dentro de estas modificaciones, se dispuso la eliminación del Ministerio de la Familia que había estado encargado de administrar varios programas sociales a lo largo de dos décadas.

Con el fin de centralizar parte de los recursos destinados a dichos programas fue creado, a fines de 1999, el Fondo Único Social que esta adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Sus funciones están orientadas a la ejecución de los fondos destinados a los siguientes programas: Hogares y multihogares de cuidado diario, dotación de uniformes escolares, comedores escolares, alimentación escolar, suministro de medicamentos, atención integral al anciano y desarrollo comunitario. El programa de Atención Materno Infantil (PAMI) fue suprimido en el marco de los cambios introducidos en la organización de los programas sociales.

Mercedes Pulido de Briceño (2001) se refiere a la acción del Fondo Único Social que abarca programas para la atención de los excluidos, es decir de aquellos que no están amparados por ningún programas social y la asistencia de niños en situación de riesgo que están fuera del sistema escolar; sin embargo, el objetivo de elevar la “eficiencia en la ejecución y cobertura de los programas sociales existentes” no ha dado los frutos esperados. La desaparición de instituciones como el Ministerio de la Familia, la reasignación de funciones en diversos organismos y la concentración de decisiones y recursos en el gobierno central, han ocasionado en debilitamiento de los programas que se habían desarrollado en la ultima década (Pulido 2001).

Durante el 1er año de gobierno se habrá contemplado la reforma del a Ley Orgánica de seguridad social integral y los subsistemas de la salud, pensiones, viviendas y paro forzoso, sin embargo finalizando el año 2001 no se ha dictado aun el marco legislativo que habrá de definir las nuevas políticas sociales en las mencionadas materias. En el trascursos de los últimos 3 años no se aprecia una modificación estructural de la orientación de la política social de Venezuela, la cual ha continuado enmarcada en los mismos lineamientos anteriores, a lo que se suman las dificultades para la ejecución de los programas que se encuentran en curso, que podrían alcanzar mayor eficiencia en sus resultados de ser canalizados a través de un sistema de administración descentralizado.

Desigualdad social

Venezuela es uno de los países en América Latina con mayor división y desigualdad. El 35% más pobre de la población, tiene el 3.6 de la participación en el ingreso total, mientras el 5% más rico el 27.2, lo cual propició los elementos necesarios para la llegada de Chávez al poder. No obstante, esto creó resentimientos y segregación entre las clases sociales, que ha ido en aumento con las nuevas políticas. A pesar de que las posibilidades de llegar a un choque civil armado son pocas, el malestar continúa.

Carlos es un estudiante venezolano que ahora vive en Países Bajos y afirma que en el país andino siempre ha existido un gran margen entre los pobres y la clase media, pero ahora es más tangente y se vive día a día. “El venezolano era pana (simpático), era cuate de todos, antes se podía ir a la panadería y te trataban bien, ahora te pueden ver con cara de culo o ser groseros. Ya no es la misma alegría que antes (…). No creo que lleguemos al odio, es un sentimiento muy fuerte, al menos eso espero”.

Redistribución de la riqueza

Los pobres ven en Chávez su inclusión a un sistema donde habían sido relegados por gobiernos pasados. En la actualidad se han beneficiado por programas sociales de educación, vivienda y salud a los cuales no tenían acceso, creando una distribución más igualitaria y justa que de acuerdo a Carlos “tiene mucho sentido si se ve desde una perspectiva social demócrata europea”.

La modernidad ha traído grandes beneficios a la sociedad venezolana, la cual disfruta de los avances tecnológicos, políticos y económicos, pero también padece sus consecuencias. Al hacerse la vida más cara el grupo familiar se redujo, dejando como un recuerdo las grandes familias de siete o más hermanos. Hoy existen más hijos únicos o niños con un solo hermano, muchos padres están divorciados y el inicio de la maternidad es más tardío. La tendencia es a reducir el número de la descendencia y vivir más años.

Es difícil trazar un límite entre la vanidad y el bienestar, y con la sofisticación creciente de la vida siento que puedo ayudar de algún modo compartiendo los datos que me ofrecen los especialistas para que sea cada quien, desde su propia conciencia, el que decida lo que le hará sentir bien y lo que es innecesario, porque cada cuerpo y cada espíritu son únicos. Finalmente todos buscamos lo mismo, ser felices, eso sí, cada quien a su manera considerablemente durante el siglo XX y lo que ha transcurrido del siglo XXI debido al aumento de años en la esperanza de vida del venezolano y el mayor acceso a la educación.

La composición actual de la familia venezolana es derivada de una variación demográfica que ha ocurrido durante años en Venezuela como consecuencia de cambios políticos y sociales que han permitido una mejor calidad de vida, índices de mortalidad más bajos y control de la fecundidad. Esto se puede observar en los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2001, al hacer una comparación con datos previos.

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN LEGAL Y ORGANISMOS

Toda sociedad organizada está sometida a un conjunto de retos, de desafíos (riesgos de la invasión, de guerra, peligro de hambre), y de necesidades. Ello justifica la existencia de técnicas y mecanismos inspirados en determinados valores para conjurar dichas situaciones. De estas necesidades, de la tendencia a organizarse, a institucionalizar las tomas de decisiones, de darle preeminencia a esos valores, surge el Poder Público.

No obstante, para que éste subsista, no puede permanecer estático. Todo lo contrario, debe afirmarse, conservarse a sí mismo y vivir en perpetuo dinamismo, so pena de ceder ante otros centros de producción jurídica, política, económica y moral, cuyas normas son siempre posibles y están virtualmente presentes en toda su existencia.

Lo que constituye la dificultad, y a menudo, el drama de la vida del Poder, es justamente esta perenne necesidad de defensa, no sólo pasiva, sino también activa, contra todos los elementos que podrían deteriorarlo. Y ello queda patentemente demostrado. No sólo en el sentido de que pueda perecer, sino también para que una determinada forma y organización llegue a suceder a otra, a causa de crisis más o menos desgarradoras y profundas.

El estado venezolano cuenta con órganos, con personas que lo dirigen y gestionan. Esto es lo que constituye en sentido lato, el Poder Público, entendido como el ejercicio de la autoridad por medio de unos hombres para regular la conducta de otros hombres, inspirándose en determinada filosofía que enhebra su propia legitimidad.

El tema del Poder Público constituye una especie de aventura del hombre en sociedad. Esa aventura se vincula con hechos, con actividades e interpretaciones, las cuales no han dejado de provocar derramamientos de sangre a lo largo de nuestra evolución histórica.

De otra parte, la distribución de los Poderes Públicos traduce esquemas de cooperación humana; de la disposición y la forma de autoridad; del procedimiento, etc. Es como si se estudiara su anatomía. Su razón de ser reposa frente a la alternativa en que se encuentra el gobernante y el gobernado de elegir aquello que constituye su fidelidad o los deberes y sacrificios, estableciendo la debida proporción entre todos esos aspectos.

Debe también señalarse que el Poder Público es indispensable, no sólo para el grupo social en sí, sino también para cada uno de sus miembros considerados particularmente. Así adquiere esa fuerza necesaria en función de los objetivos que la comunidad social se propone.

En otras palabras, la estabilidad y la continuidad en el ejercicio del Poder Público son necesarias para la cohesión de la sociedad civil y para el progreso de la civilización.

Observaremos también que la institución estatal sustituye a la fuerza y al prestigio por la autoridad en el ejercicio del mando.

Concretamente, el proceso de organización del Poder se dirige a la instauración del orden social y al conjunto de situaciones históricas que se han vivido dentro de la colectividad.

En Venezuela, como en todas partes, los Poderes Públicos se expresan mediante instituciones. Su convergencia histórica es producto de la intervención humana, en la medida en que dichas instituciones se han venido perfeccionando para alcanzar aquellos objetivos que constituyen la felicidad y tienden a perpetuar sus deberes y obligaciones.

Por consiguiente, se propician ciertos principios orientados a reformar las instituciones del Estado, primordialmente en lo que atañe a las relaciones de los Poderes Públicos. Estas deben centrarse en una superación del modelo clásico de la separación de poderes, hasta llegar a la colaboración, de suerte que parece preferible hablar de funciones y no de poderes.

De otra parte, la técnica constitucional de la repartición de competencias, envuelve, al lado de los principios de la legalidad, la jerarquía y la representación, el de la organización, cuyos fundamentos cardinales se dirigen a lo siguiente:

a. Asegurar la vigencia del constitucionalismo y del Estado de Derecho.

b. Institucionalización del Poder Público.

c. Existencia de normativa que asegure y oriente su actividad.

d. Efectiva participación popular en los asuntos de Estado, en forma concreta y decisiva para asegurar la solidaridad social.

CAPITULO I

LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION

Necesariamente, el punto de partida referido a las estructuras de Poder, es la Constitución de la República. En Venezuela, el Título IV de dicho texto se refiere al Poder Público en general, mientras los Títulos V, VI y VII inciden sobre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respectivamente.

Dentro del orden jurídico, la doctrina asigna a la Constitución determinado conjunto de valores que, "mutatis mutandi", han generado una especie de culto al carácter supremo de la misma.

La Constitución es, en efecto, una norma jurídica, pero una norma cualitativamente distinta y superior de las demás, en la medida en que incorpora al sistema axiológico que inspira la convivencia política y social, principios rectores llamados a reflejar los derechos fundamentales, las libertades públicas, la legalidad, y otros que revisten carácter trascendental. También se recogen los problemas de interpretación, de derogatoria total o parcial de los textos legales, cuando éstos no se acuerdan con la Constitución. En fin, de nulidad de las mismas, atribuyéndose al Poder Judicial, el control concentrado o difuso de constitucionalidad, sí se consideran incongruentes con el Texto Fundamental.

De otra parte, la Constitución define y limita al Poder. El rasgo esencial que distingue a los gobiernos democráticos de los totalitarios, radica en que en estos últimos, el poder es ejercido en forma irrestricta e ilimitada. Puede afirmarse que el ejercicio del poder en una democracia se sujeta a determinada estructura constitucional, la cual protege ciertas áreas vitales del grupo o de la persona, de cualesquiera interferencias del gobierno y provee para que los mecanismos y ajustes de todas las piezas que integran al sistema funcionen orgánica y coherentemente.

Los Capítulos I, II y II del Título VII del Estatuto constitucional venezolano, referidos al Poder Judicial provocan un reconocimiento a la justicia como determinante de un poder, con la misma configuración del resto de los demás órganos del Estado.

La regulación fundamental que la Constitución venezolana establece sobre el Poder Judicial está asentada en principios característicos de una sociedad democrática avanzada. Dentro de esos principios se cuentan la independencia, la exclusividad, la unidad jurisdiccional, la responsabilidad, la efectividad, la gratuidad, la publicidad, el autogobierno, la democratización y la participación ciudadana.

Desde la promulgación del Texto Fundamental venezolano han transcurrido casi cuarenta años, lo cual nos permite un enfoque de la realidad sobre la materia. De otra parte, la existencia de Proyectos de Reforma Constitucional y la conveniencia de reestructurar al Poder Judicial, conforme a proposiciones de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), la Corte Suprema de Justicia y otros organismos, nos impulsa a referirnos a tales proyectos, como intentos para superar lo que se ha llamado "Crisis del Poder Judicial".

La Constitución, entendida como expresión ideológica y social, jurídicamente organizada, dentro de determinada estructura, reconoce, en lo que respecta al Poder Judicial, varios elementos que son consubstanciales a su naturaleza y razón de ser.

Dichos elementos pueden compendiarse así:

1) El papel que juega la justicia en la sociedad venezolana de la actualidad está ligado al Estado de Derecho, o sea al conjunto complejo de las instituciones destinadas a dispensarlas, las cuales conforman lo que nuestra Constitución denomina Poder Judicial.

2) El Poder Judicial es, políticamente, el más débil de los poderes, porque la penetración partidista puede desnaturalizarlo, desfigurarlo y hasta bastardearlo si no se arbitran las fórmulas llamadas a solucionar tal situación.

3) Desde el punto de vista técnico es el más importante, porque los jueces se supone que son y deben ser los llamados a interpretar el Derecho.

4) Sí se enfoca la problemática de la justicia desde el punto de vista social, tanto ésta como su órgano ductor, el Poder Judicial, se vinculan al interés general como un sistema coherente y bien articulado de representaciones, el cual se destina a inculcar, a inyectar dentro del orden social y político el sentido de lo correcto. Así se produce la imagen de una colectividad o institución, en la cual las diversidades y los particularismos son superados, mejorados e integrados por un régimen jurídico al servicio de la comunidad social. El concepto de interés general significa que es posible vencer los antagonismos sociales y desarrollar una idea común más sólida, más firme que el interés de los propios participantes. De manera que, lo que une a los miembros es más fuerte que aquello que los separa.

No obstante, obedeciendo más que todo a una tendencia histórica, a veces instintiva del ser humano, son inevitables los desacuerdos, los conflictos dentro de una comunidad social. Estas discordantes situaciones tienden a solucionarse fundamentalmente de dos maneras: 1) Por la fuerza y 2) Por decisión razonable. La primera es la más antigua, la más violenta. El Estado de naturaleza fundamentado en el "homo homini lupus" de Hobbes, la fuerza bruta, la violencia, el hacerse justicia por sí mismo, el llamado Derecho de la Venganza, de que nos hablan los penalistas; La segunda se fundamenta en ciertos mecanismos y procedimientos que conducen a la decisión, a la sentencia. "Decidir, como dice Carnelutti, es administrar justicia".

La evolución del Poder Judicial arranca fundamentalmente de los siglos XVII y XVIII. El Estado Moderno que funda Federico II de Suabia es aquel que le da al Poder Judicial su condición de Tercer Poder.

La "Petición de Derechos" en Inglaterra, el "Acta de Establecimiento" en ese mismo país, la Constitución Americana de 1787, la Constitución Francesa de 1791, marcan hitos de extraordinaria importancia en la evolución, no sólo de la justicia y del Poder Judicial sino también en la configuración del Estado de Derecho.

CAPITULO II

1.- ESTADO DE DERECHO Y ESTADO DE JUSTICIA

Mientras vivimos asediados por instancias fundamentales de asegurar, por un lado, la prioridad del grupo; y por el otro, obtener la felicidad de cada quien considerado particularmente, nuestra civilización se empeña en establecer la imposible síntesis de una doble protección de la sociedad y del individuo. Se trata de solucionar las contradicciones concretas de nuestra doble condición personal y social, lo cual no se podría lograr sino a la luz de actitudes nacidas de un compromiso: La justicia, la cual implica la existencia del Derecho. Ambos aspectos se encuentran tan íntimamente ligados que las locuciones latinas Ius y Iustitia, los definen y le imprimen una suerte de carácter complementario.

De allí que generalmente exista cierta sinonimia entre los dos términos. Al efecto, la doctrina se pregunta:

¿La función de decir el Derecho, de establecerlo, no es la de hacer justicia?

En realidad, el concepto de justicia, irradia múltiples connotaciones. Es algo que contiene innumerables facetas y que comporta una gama muy rica en significados. Por ejemplo, la justicia social tiende a reducir las desigualdades entre los grupos, mientras la justicia individual se orienta a procurar a cada quien aquello que le es debido.

Desde otro punto de vista, el Estado de Justicia se utiliza para referirlo al conjunto de instituciones que permiten hacer justicia. Es decir, de dirimir las pugnas que oponen, por ejemplo, a simples particulares entre sí, o a éstos con el Estado.

Aun más, dentro del inmenso piélago de relaciones que se anudan y se expresan normalmente en determinado país, el proceso tiene carácter excepcional. Por ello es importante referirse al principio según el cual toda situación jurídica debe plantear la problemática de su regulación por un juez. Se trata de cierto control potencial, eventual, que constituye garantía del Estado de Derecho con respecto a las libertades públicas y a los derechos de los particulares.

Tal actividad contralora, ejercida por el juzgador, se ejerce de diversas maneras. Por ejemplo, el control del juez no es igual cuando se ejerce para verificar la regularidad de la elección de un miembro del Parlamento, que el de un delegado del personal, o la validez o nulidad de un matrimonio, de un contrato, o, en fin, el enjuiciamiento de un delincuente.

Pero, cualquiera que sea el modo con que opera el Estado de Derecho, es necesario en todos los casos, someterse a un procedimiento previamente establecido, el cual debe ser manejado ante determinado organismo especializado dentro del tejido jurídico. Así se diseña un proceso judicial, un litigio, cuyo coronamiento es la sentencia.

Existen, desde luego, diversas vías para establecer este control de determinada situación jurídica por el juzgador. Pero su descripción y su análisis corresponden a disciplinas autónomas del derecho, referidas a: procesos constitucionales, civiles, mercantiles, penales, administrativos, etc., en sus diversas fases y modalidades.

Las relaciones normales entre Estado de Derecho y Estado de Justicia, constituyen el eje fundamental en derredor del cual gira la existencia del orden jurídico-constitucional del país.

Es oportuno recordar la llamada Teoría de la Justicia o Axiología Jurídica, entendida como:

"el estudio de los factores que originan y fundamentan los valores jurídicos y los fines que se quieren obtener, así como el análisis crítico-valorativo del Derecho positivo y la discusión racional sobre los valores éticos que se desean ver reflejados en el Derecho para que éste sea considerado como justo". (GARCIA MAYNEZ, E. Filosofía del Derecho, Méjico, 1974, p. 17)

Por ello es importante referirse muy brevemente a los siguientes aspectos:

a. Los Valores Jurídicos

b. La Legalidad y el Estado de Derecho

c. La Crisis del Estado de Derecho en Venezuela

d. La Cultura Jurídica y las Bases de la Sociedad Venezolana.

a. LOS VALORES JURIDICOS.

Entendidos como resultado del esfuerzo humano, no son cosas de la nada. Ellos no existen en el orden natural, sino que emergen del reino de la cultura y conforman determinada zona axiológica, distinguiéndose de otros valores en razón de su pertenencia al derecho. La vida jurídica misma es su materia prima, de manera que hay bienes no jurídicos, dentro de los cuales estos valores se encuentran ausentes y su investigación sólo puede intentarse a la luz del mismo Derecho. En efecto, pretender encontrar los fundamentos de la valoración jurídica fuera del acontecer histórico del Derecho, es tan infructuoso, como establecer leyes astronómicas, sin fundamento en los fenómenos naturales.

Debe agregarse que, por su misma naturaleza, los valores pertenecen al orden de la vida humana. Ello significa que se entienden como referidos a un específico mundo interno, a un núcleo de múltiples formas interiores que los enriquecen y le imprimen especial vitalidad. De otra parte, contigüo a ese Derecho que bulle y late en lo más recóndito de los individuos, existe el mundo cambiante, el universo, dentro de la honda penetración de la filosofía trascendente, llamada a postular su explicación desde el exterior, teniendo en cuenta su circunstancia, su vivencia, para consubstanciarse con esa relación que es la coexistencia hombre-mundo.

En ese orden de ideas, el derecho debe entenderse como conjunto normativo, con predicados llamados a dignificar al individuo en función de la convivencia y de la estimación de determinados seres humanos frente a otros. Evidentemente, los hombres sólo podrán disfrutar de su libertad absoluta, cuando ésta se entienda como producto objetivado en la Moral y en el Derecho justo. Pero dicho valor, no debe esperarse como graciosa concesión del cielo, sino como tarea urgente de este mundo, en la escena de nuestra lucha y de nuestra historia, muchas veces signada por el drama y las vicisitudes.

Pero, el Régimen Jurídico no sólo envuelve pluralidad de sujetos ordenados en su vida de sociedad, sino que además impone el imperio indefectible de unas personas sobre otras. Es lo que a menudo se conoce impropiamente, como Poder del Estado. En tal sentido, las situaciones de bipolaridad normativa reguladas por el Derecho, se expresan con fuerza inexorable, con decisión y firmeza, de manera que, el contenido material irreductible de todo se condense en la coacción, esencia de la soberanía jurídica, cualidad propia de una voluntad subordinante, cuya dirección corresponde al dominio normativo.

Esta estructura coercitiva exige que en todo Régimen Jurídico aparezca determinado a quien corresponde mandar, a quien compete señalar el orden de las normas en su articulación jerárquica de vinculación, cómo se constituye y debe funcionar el poder estatal, etc. Estas son cuestiones capitales del Derecho público.

"Por su propia naturaleza, dice Bodenheimer, el Derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo, en la medida en que trata de crear y mantener un equilibrio entre esas dos formas extremas de la vida social. Para evitar la anarquía, el Derecho limita el Poder de los individuos particulares; para evitar el despotismo, frena el poder del gobierno". (BODENHEIMER, Edgar "Teoría del Derecho", Tr. Vicente Herrera, 1942, pg. 26).

b. LA LEGALIDAD Y EL ESTADO DE DERECHO.

En Venezuela, ese poder de equilibrio, esa función mediadora, se conoce con el nombre de legalidad y se contempla en el Art. 117 de la Constitución de la República. El término legalidad, se ha utilizado tradicionalmente por los juristas, para significar la adecuación formal de una voluntad de Derecho con otra norma jerárquicamente superior. A nuestro juicio, esto es de gran significación en la vida social. No obstante, si se quiere superar el plano estático, será preciso un principio ético-político de valoración, y por lo tanto, dinámico: el principio de la legalidad en sentido axiológico.

Ese dinamismo de los valores jurídicos, plasma en el acto de dispensar justicia.

En lo que respecta al estado de Derecho, ni en su forma liberal burguesa, ni como etiqueta social y democrática, se encuentra expresa y literalmente inserto en el Texto Fundamental venezolano, bastaría con leer, por ejemplo el Preámbulo del mismo y las disposiciones en conjunto, a través de una interpretación sistemática, para comprobar su consagración.

En efecto, el Preámbulo de la Constitución asegura:

"la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana...".

Y declara como uno de los fines primordiales del Estado:

"Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra".

Tanto la parte dogmática como la parte orgánica de la Constitución, conforman armonioso diseño integrado, no por una sucesión de artículos, sino entendido como un todo, el cual, tanto en su historicidad como en su espíritu jurídico, reafirman el Estado de Derecho, dando a los jueces las herramientas suficientes para aplicarlo conforme a los más elementales principios consagrados en la Constitución y en la Ley.

"El régimen constitucional que se gesta en torno a la democracia –dice Luis Beltrán Guerra- da origen al denominado Estado de Derecho, el cual es consecuencia de dos principios democráticos, o sea, de la necesidad de que la organización estatal se organice y desarrolle a sus actividades con sujeción y apego a la Ley, al reconocimiento pleno por el ordenamiento jurídico de derechos y situaciones jurídicas subjetivas activas a favor del ciudadano (ver Democracia y Estado Contemporáneo. Caracas, 1983, p. 27).

"El Estado de Derecho es, hemos dicho, una forma organizativa de la convivencia humana. Se impone como necesidad ineludible, en la medida en que las sociedades crecen y se tornan más complejas" (LA ROCHE, H.J. "El Estado de Derecho en Venezuela". Trabajo publicado en el Tomo I, p. 383 y sigs. en Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Fix Zamudio. U.N.A.M., 1988).

Desde otro punto de vista, el Estado de Derecho es una garantía de la seguridad jurídica y debe interpretarse en oposición al llamado Estado absolutista o Estado despótico, el cual hace caso omiso de la norma jurídica y funciona desligado de la libertad.

La Constitución contiene, según entiende Karl Schmitt, "decisiones fundamentales", dignas de tutelarse por los instrumentos adecuados, con un grado razonable de eficacia y proyección hacia el porvenir y no como conjunto de fórmulas vacías de contenido y de substancia.

Muy a menudo se cree que el Estado de Derecho, no sólo debe hacer referencia a la sujeción del estado a la Regla de derecho (Rule of Law), sino sobre todo, a las convicciones y creencias, principios y valores que inspiran la acción popular. Ello es fundamentalmente, lo que da sentido a esta fórmula. De manera que no toda vinculación, toda sujeción del Estado a la Ley, es Estado de Derecho. (Por ejemplo, no lo es la que pueda producirse en el marco de una legalidad totalitaria, tan alejada del espíritu liberal originario de esta situación).

En esa línea de pensamiento, se trata de un concepto cultural, el cual sólo puede ser interpretado a la luz de su propia cultura. Es decir del marco sociopolítico y económico en donde está situado.

c. LA CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA.

En Venezuela, la vigencia del Estado de Derecho se ha venido cuestionando desde hace largo tiempo, pero en los últimos años, sobre todo en las décadas de los 80 y de los 90, se ha llegado hasta extremos inconcebibles, afirmándose su inexistencia en 1990, por el Fiscal General de la República, para esa época, Dr. Ramón Escovar Salom. Por ejemplo, en los escándalos provocados por la quiebra, a todas luces fraudulenta del Banco de los Trabajadores en 1983 y recientes "affaires", de otras instituciones bancarias en 1993 y 1994; en el caso RECADI, en los Bonos de Exportación. También en la venta de los Bonos Brady, quedaron involucrados sectores privados de la economía, al igual que personeros políticos, cuya ingerencia mutua se puso de manifiesto en los procesos incoados ante el Poder Legislativo y ante, la propia administración de justicia, pero con resultados muy poco halagadores.

En efecto, se niega la existencia del Estado de Derecho, cuando a diario se observan sus violaciones por conductores que hacen caso omiso de la luz roja del semáforo, para detener su vehículo; de peatones que no toman en cuenta la señal de "alto", de delincuentes de "cuello blanco", apoltronados en cargos públicos para enriquecerse a costa de los dineros del pueblo y de particulares que pagan comisiones para que ello suceda. De hombres y mujeres que propician invasiones de tierras privadas, ante la indiferencia del Poder Público. De investigadores de Policía Judicial y de agentes de Seguridad, que no vigilan la conservación y mantenimiento del orden colectivo.

El Libertador Simón Bolívar dictó un Decreto que castigaba con la pena de muerte a los peculadores. Hoy, paradójicamente existe una antología de la corrupción. La historia de estos "cuarenta años de democracia" contiene una especie de crónica de muchos actos de peculado, de malversación y de sustracciones de dinero pertenecientes al Fisco. También existe una dosis de legitimación social de la corrupción, de manera que no sólo es una endemia de nuestra comunidad urbana, sino una forma de institución de la subcultura.

Toneladas de tinta se han vertido sobre esta materia: libros, folletos, artículos en revistas y periódicos. Se denuncian actos de corrupción que se pierden en el vacío. El Poder Judicial tiende a devaluarse. No hay presos en las cárceles. Y cuando esto sucede, se les pone en libertad de Derecho y mutilado sentido de justicia.

En materia económica, el fenómeno es lacerante y afecta a tantos aspectos, que se hace necesario –como escribió Maza Zavala-:

"una teoría de la corrupción, un campo ominoso del conocimiento económico (y social en general), que tiene antecedentes y paralelos en otros hechos".

Tales hechos y circunstancias están a la vista. Y mientras que las mentes más esclarecidas del pensamiento político omiten toda búsqueda, toda investigación acerca de las causas de los mismos, requiriendo a diversos apelativos acuñados por la retórica oficial, parecen olvidar que entre tanto, la brecha existente entre quienes mucho tienen y los que viven en pobreza crítica se ensancha más.

En este país, como en otros del Tercer Mundo, el problema de la pobreza crítica y de la marginalidad social determina que el ciudadano común reaccione de diversas maneras frente a las formas de justicia y de derecho imperantes. Se trata de actitudes de rechazo frente al sistema, impregnadas, no sólo de evidente ausencia de fe y de confianza, sino también de indignación frente a la impotencia en que se encuentra, ante la forma con que se pisotea la igualdad ante la ley y el respeto al Estado de Derecho. De allí la creación de varias e importantes organizaciones ciudadanas con miras a defender su original derecho a juzgar o para protegerse cuando sus necesidades básicas se encuentren amenazadas en sus posibilidades de satisfacción.

Lo más grave de esto reposa, no sólo en la debilidad que adquiere el reconocimiento colectivo frente al sistema judicial sino también en la progresiva pérdida de su legitimación.

. . . . .

A estas alturas, cabe preguntar si la crisis del Estado de Derecho obedece a cierto deterioro de la función jurídica. O si se trata de la devaluación de su significado dentro de las nuevas exigencias de la sociedad actual, con un modelo de desarrollo social totalmente divorciado de tales exigencias funcionales, o en fin, a la equivocada interpretación de lo que hoy se denomina cultura jurídica.

La situación que plantea el cuestionamiento del Estado de Derecho nos coloca frente a la necesidad de propiciar un acercamiento a la problemática jurídica, considerando previamente el análisis del esquema de desarrollo social y de la propia sociedad en sí. El jurista no puede ser el simple lector de textos normativos, el vigilante de un orden cristalizado, sino que debe participar en el proceso constructivo de una sociedad, la cual, a través de la Ley y por medio de la Ley, tiende constantemente a evolucionar y a transformarse.

La sociedad de aquellos estudiosos del Derecho que siguen encerrados en su torre de marfil, ajenos al mundo que los rodea; la comunidad social en la cual los juristas y los jueces en particular, se reducen a meros lectores del texto normativo, sin captar en la intrincada red colectiva los valores y creencias que vivifican la norma, no se acomoda al papel que debe desempeñar el abogado, el juez, el jurista en general, empeña en la demanda de una nueva justicia para los oprimidos y los explotados.

Desde otro punto de vista, mientras algunos, ante la crisis de la mediación jurídica buscan explicaciones en términos referidos a la escasa "eficiencia" del aparato judicial, pensamos, sin desconocer evidentes fallas en la administración de Justicia; que no se trata de la inexistencia del Estado de Derecho. Se trata de un fenómeno absolutamente congruente con la lógica de desarrollo del sistema.

Hay mucho escepticismo en la efectividad del Estado de Derecho. Es cierto, la simple existencia de la duda demuestra, que no es posible formular el adecuado acercamiento a la problemática jurídica sin que, al mismo tiempo, se lleve a cabo una crítica al modelo de desarrollo social, y en consecuencia, un análisis de la sociedad.

Se ha sostenido que la "frustración de los juristas (CAPPELLETTI, M.), obedece al hecho según el cual han perdido el contacto con la sociedad", (Ver La Iustizia e Societá, Milano, 1972, p.239 y sigs). En épocas anteriores había una relación más estrecha con la experiencia de la vida. Existía la sensibilidad de lo social. Hoy, parece que se ha opacado el sentido del mundo circundante. Todos los estudiosos, en un momento determinado, se han pronunciado por la necesidad de hacer un balance con la realidad social. Si se logra recuperar esta relación entre Derecho y estructuras sociales, no hay duda de que se encontrará la vía más indicada para reiterar la verdadera función del Derecho y de la Justicia.

No se trata de abandonar, de dejar de lado, lo normativo y formal, como estructura. Se trata más bien, de considerar al lado de ese elemento racional, lo factual y empírico, lo dictado por la experiencia. De esa manera, el problema consiste en entender y salvar la auténtica realidad del Derecho, entendido no sólo como sistema jurídico, teniendo en cuenta su integridad y unidad, sino también su carácter social y complejo. Así, el Derecho dejará de ser una concepción huidiza de lo social para convertirse en un hecho inserto en el complejo de las doctrinas sobre el Estado, de las concepciones unitarias del Universo, de los sentimientos capitales de la vida.

Y la justicia que lo acompaña, por su mera existencia real, afincará aún más su razón de ser. No sólo como una manera de impregnar el Derecho y llenarlo de contenido vital, sino también y fundamentalmente, para poner término a la confrontación y disparidad de criterios de valoración, de interpretación, creando así una situación de certeza y de seguridad jurídica. Gustavo Radbruch ha escrito en forma penetrante,

"la justicia no sólo es un valor moral sino también un valor jurídico, aun en el caso de una ley injusta" (ver RADBRUCH, G. Introducción a la Ciencia del Derecho. Tr. Luis Recaséns Siches, Madrid, 1930, p. 32).

d. LA CULTURA JURIDICA Y LA BASE DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA.

En cuanto a la cultura jurídica, debe prestarse atención al modo de desarrollo de la misma, característica como creación del sistema y entendida sustancialmente como conjunto de valores preeminentes y privilegiados. Ese tipo de cultura se orienta al perfeccionamiento del régimen jurídico, de manera que todas las demás fórmulas o proposiciones normativas, que parezcan indicar el brote de valores diversos o contradictorios, sean consideradas jerárquicamente de grado inferior o de tipo excepcional.

Los esfuerzos de muchos para establecer la necesaria congruencia entre la pretendida generalidad de la ley escrita y la desigualdad material de las situaciones y relaciones reales, se estrellan frente al escollo de una masa humana que vive en la periferia del verdadero desarrollo social. Como dice Ossorio y Gallardo:

"El mejor juez, colocado en una sociedad hostil o indiferente, no deberá tener como atributo la balanza de astrea, sino el palo de un ciego" (La Justicia. Tomo I, Buenos Aires, 1961, p. 28).

Sostiene Barile, "la crisis de la justicia se ve, por consiguiente, enfrentada con medios hasta típicamente culturales, como es la reconducción del juez en un más amplio contexto social de la comunidad; más amplio respecto al de su origen por la propia naturaleza delimitado, como hemos dicho, a una parte de mando (Ver BARILE, Paolo. "Poder Judicial y Sociedad Civil en las Democracias Occidentales Contemporáneas" en "Función del Poder Judicial en los Sistemas Constitucionales latinoamericanos", UNAM, México, 1977, Pg. 74 y sigtes.).

CAPITULO III

ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PODER JUDICIAL

Si el legislador hace la ley, si el Poder Ejecutivo la ejecuta y vela por su cumplimiento, el Juez la aplica a los casos que, de oficio o por instancia de parte interesada, se traen a su consideración.

Ahora bien, las leyes de un país, entendidas en su sentido amplio, forman parte de un conjunto normativo, cuyas relaciones de interdependencia se orientan a integrar un todo orgánico y coherente, que toma el nombre de "orden jurídico", o más concretamente, de ordenamiento jurídico. Desde el momento en que el orden jurídico llega a cierto grado de desarrollo y de generalización, se tiende ineluctablemente a la sistematización. Así un conjunto de reglas atomizadas y dispersas van a encontrarse establecidas en determinado régimen más vasto e interesante que las supera y las trasciende. Dichas reglas no constituyen piezas separadas, disímiles y dispares sino que son como partes que componen un todo donde se diseña determinada función. Estas piezas, estas porciones que se integran al orden jurídico, constituyen las normas de Derecho, articuladas en función de determinada racionalidad y de indiscutible lógica. Por consiguiente, el orden jurídico es una estructura artificial, una creación cuyo sentido e interpretación se sitúa en el exterior. Así surgen los actores del sistema jurídico y del intrincado proceso judicial, comprometidos en el drama en donde aflora el duro contraste de fuerzas, de intereses, de sentimientos y de pasiones.

La discordia entre individuos, la crisis institucional, tiende a ser resuelta a través del proceso. Como se ha dicho, el Derecho, que es substancia del orden jurídico, existe, no sólo para atender a la justicia sino también para resolver conflictos que provienen de la vida humana.

Este es un modelo universal, el cual, si bien se sustenta en todos los países sobre bases racionales muy firmes, no disimula la presencia de factores derivados de los particulares sistemas que el Derecho Comparado conoce y postula.

En fin, el Juez no es sino el funcionario que va a declarar cuál es la norma jurídica aplicable a un caso determinado.

En cuanto a la organización del Poder Judicial en Venezuela, conviene reproducir la siguiente expresión del Maestro Fix Zamudio:

"El aparato judicial se diseña y establece en orden a reflejar, a cumplir la llamada función judicial, entendida como la actividad cuyo propósito radica en resolver las controversias jurídicas que se presentan entre dos partes contrapuestas y que debe resolver un órgano del Estado en forma imperativa e imparcial". (Fix Zamudio Héctor. "Función del Poder Judicial en los Sistemas Constitucionales Latinoamericanos". Ponencia General.

Históricamente hablando, la organización de estas ramas del Gobierno está ligada a la concepción radical de la separación de los poderes, como uno de los rasgos fundamentales que caracterizó a la Revolución Francesa y su Constitución de 1791. Hoy en día, sus características obedecen, no sólo a la existencia de un cuerpo primordialmente técnico guiado por las preocupaciones de Montesquieu, a quien ya se ha citado, y cuyo objetivo fundamental se dirige, no sólo a asegurar única y exclusivamente la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones, sino también a prestar un servicio público.

A primera vista, esta situación actual del servicio de justicia, pudiera considerarse como descalificación del concepto que merece ese Cuerpo, confinado anteriormente en la única función de juzgar. Pero no es así. La justicia tiene actualmente un sentido más consubstanciado con el profundo movimiento ideológico y la serie de transformaciones político-sociales que marcan el paso del Estado de Derecho Liberal Burgués al Estado Social de Derecho. De manera que, lejos de considerar al sentenciador únicamente como un ser pensante para decir el Derecho, su augusta función está garantizada en Venezuela por la misma Constitución, la cual dice en su Preámbulo,

"Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos..."

Por ello, el Juez debe estar siempre convencido de que él es en cada caso, expresión de la sociedad de su tiempo.

Al Poder Judicial se le atribuye, como se sabe, el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Dicho Poder está integrado por cierta pluralidad de órganos con muy diversa estructura y diferentes atribuciones, aun cuando todas convergen a la función de juzgar.

Este conjunto de órganos ejercen su actividad atendiendo a circunstancias de muy variada índole. Por ejemplo, el factor geográfico (aproximación del órgano al interesado), el factor biológico (la edad); el factor económico (cuantía), etc.

Ello se explica, si se toma en cuenta la variable naturaleza de los conflictos sobre los cuales versa la decisión judicial. Ello conduce a una división del proceso, juicio o litigio en instancias distintas que son atribuidas a autoridades jurisdiccionales debidamente diferenciados.

En materia de organización judicial, el sistema venezolano, se compendia en la forma siguiente:

En cuanto a la estructura y funcionamiento legal de la justicia, se encuentra en la actualidad caracterizada por una evidente dispersión. En efecto, cuatro leyes fundamentales la regulan: La Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la Ley de Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Arancel Judicial. Tales textos normativos, a juicio del jurista Jesús Caballero Ortiz, deben refundirse bajo la denominación de Ley Orgánica del Poder Judicial, que comprenda todos los aspectos relacionados con la organización judicial, la carrera del juez y, obviamente, la estructura y atribuciones del organismo competente para fijar la política judicial del país: el Consejo de la Judicatura. Además, la materia vinculada con los aranceles que deben ser pagados por las actuaciones judiciales que lo requieran. (Ver CABALLERO ORTIZ, Jesús. "Régimen Jurídico del Poder Judicial", Caracas 1996, Pg. 8).

La Potestad Jurisdiccional se organiza a través de:

a. Los Tribunales Ordinarios.

b. Los Tribunales Especiales.

c. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Ley de Carrera Judicial crea el Escalafón Judicial a los efectos de, regular la ubicación, ascenso y jubilación de los jueces. Se crean 4 categorías de Jueces: A, B, C y D.

a. LOS TRIBUNALES ORDINARIOS SON:

Los Juzgados Superiores, que pueden asumir la jurisdicción civil, mercantil, penal, juvenil, del Trabajo, del Tránsito, y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la contencioso administrativo. El Decreto Nº 2057, de 08.03.77, crea Circunscripciones Especiales para esta jurisdicción y las otorga a determinados Juzgados Superiores. Posteriormente, se decidió que todos los Juzgados Superiores asuman la jurisdicción contencioso-administrativa.

También existen Cortes Especiales que funcionan en la capital de la República. Por ejemplo, la Corte Marcial.

Los Tribunales de Primera Instancia, que se dividen en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Penal, etc., o que pueden acumular varias de estas jurisdicciones, inclusive la especial, como ocurre en algunos Estados, en donde los problemas judiciales, por la escasa densidad de población, u otra circunstancia, no son frecuentes.

Los Juzgados de Distrito o de Departamento. Los primeros funcionan en la cabecera de cada Distrito y tienen una competencia determinada en la Ley. Los de Departamento funcionan en la cabecera de Departamentos. Debe observarse que la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece la casi total desaparición de los Distritos, los cuales son sustituidos por los Municipios.

Los Tribunales de Municipio o de Parroquia, éstos tienen también el mismo rango y su ámbito de competencia está determinado en la Ley. Funcionan, de acuerdo con la importancia, uno o varios en cada Municipio, o se aglomeran varios Municipios en un solo Tribunal. Lo mismo con respecto a las Parroquias.

b. LA JURISDICCION ESPECIAL:

Se llama así porque en razón de la materia, o en razón de la persona, se debe llevar el problema o el litigio ante un Juez considerado específicamente. Los Tribunales son, entre otros:

Los Tribunales Militares, que se refieren a los delitos catalogados como tales en el Código de Justicia Militar.

Los Tribunales de Tránsito. Se les atribuye la potestad de dirimir las controversias que se plantean con respecto a los problemas y litigios que atañen a la circulación de vehículos.

Los Tribunales de Hacienda, conocen específicamente de las violaciones de la Ley Orgánica de Hacienda, por ejemplo, los ilícitos de contrabando.

Los Tribunales de Estabilidad Laboral, conciernen a los hechos relacionados con el contrato laboral.

Los Tribunales de Menores, absorben la competencia para aquellos hechos cometidos por personas que cuentan con menos de 18 años, o sea los menores de edad. Por ejemplo, en caso de adopción; si la misma incide sobre persona que sea mayor de edad, se lleva por ante el Tribunal de Familia, o en su defecto, ante el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil competente; pero si es menor de edad, el proceso cursa indefectiblemente en el Juzgado de Menores de la jurisdicción que corresponda.

Los Tribunales de Salvaguarda del Patrimonio Público, con un Tribunal Superior colegiado en la ciudad de Caracas y diversos Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, a los cuales se le ha atribuido competencia en materia de Salvaguarda del Patrimonio Público.

Con la entrada en vigencia, en 1999 del Código Orgánico Procesal, este órgano judicial desaparece.

c. Corresponden a la JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATI-VA:

Los Tribunales Contencioso-Administrativos Generales: La Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo.

Los Tribunales Contencioso-Administrativos Especiales son: el Tribunal de la Carrera Administrativa, los Tribunales Contencioso-Tributarios y el tribunal Superior Agrario.

Además de los anteriormente mencionados, existen los Tribunales que ocasionalmente ejercen la jurisdicción contencioso-administrativa. Entre ellos: los Jueces de Distrito, hoy de Municipios Urbanos, cuando conocen de los actos de los Concejos Municipales de su jurisdicción, relativos al control de los contratos de arrendamiento sobre inmuebles urbanos. Los jueces de Primera Instancia en los juicios de expropiación no intentados por la República, mediante procedimiento previsto al efecto. También pueden ordenar la modificación de un acto de registro del estado Civil; declaran la nulidad de marcas y patentes, declaran la inexistencia de los actos de transferencia de propiedad en base a lo pautado por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y en fin, decidir la excepción de ilegalidad de un acto administrativo (ver RONDON DE SANSO, Hildegard. "El Contencioso Administrativo de la Carrera Administrativa" en el Libro Colectivo Seminario sobre un Mejor Conocimiento de la Carrera Administrativa. Fundación de la Procuraduría General de la República. Caracas, 1987, p. 103).

d. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

"Es el más alto Tribunal de la República. Contra sus decisiones no se oirá ni admitirá recurso alguno".

Así lo establece el Art. 211 de la Constitución y así lo reitera el Art. 1º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el criterio de nuestra Jurisprudencia y Doctrina.

El Supremo Tribunal se integra por quince (15) vocales o Magistrados. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia se requiere tener más de treinta años de edad, ser venezolano por nacimiento, de estado seglar, abogado de la República. La condición de seglar no está prevista en la Constitución sino en la Ley Orgánica del Poder Judicial. A nuestro juicio, la interpretación sistemática de ambos preceptos nos llevan a considerar también como requisito, para formar parte de la Corte Suprema de Justicia, el estado seglar.

Son únicamente quienes tienen el título de abogado de la República, los que pueden integrar ese Alto Tribunal. La razón se explica por sí. Porque los casos que se dilucidan en esos elevados estrados, son eminentemente de tipo jurídico y mal podría un particular cualquiera entrar a estudiar un problema de esa índole.

Es oportuno expresar también, que la Constitución establece otro requisito, dejando a la Ley la regulación específica de esa materia. Dicha condición consiste en que además de ser abogado de la República se requiere también cierto tiempo de ejercicio profesional o de ejercicio del profesorado universitario.

Al realizar el análisis del estado venezolano citamos los artículos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Lo Principios Constitucionales Fundamentales

Artículo 1: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador.

Articulo 2: Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Artículo 3: el estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de las personas y el respeto a la dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y al garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados de esta constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

Artículo 4: la Republica Bolivariana de Venezuela es un estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

Artículo 9: El idioma oficial es el castellano, los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la Republica, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad.

Articulo 299. El régimen socioeconómico de la republica Bolivariana de Venezuela se fundamenta los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía Nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizado la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia, y equidad de crecimiento de la economía, para logra una justa distribución de la riqueza ,mediante una planificación estratégica democrática, participativa y consulta abierta.