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Plan Tupac Amaru

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Categoría: Filosofía

Enviado por: Ninoka 14 junio 2011

Palabras: 5682 | Páginas: 23

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ión; y plantea, en cambio, cargar impuestos a los comerciantes ambulantes, cuya actividad es producto del desempleo y el subempleo.

b) El endeudamiento. Durante el gobierno anterior el sector privado N0 BAJ0 SU RENTABILIDAD. Globalmente las empresas capitalistas mantuvieron sus niveles de renta y el gran capital AUMENT0 su ahorro. Fue el Estado el que no incrementó sus recursos. Y fue el pueblo el que vio disminuido sus ingresos y su capacidad adquisitiva. (El salario real ha disminuido progresivamente en 60%, desde 1970 hasta los últimos meses). El Estado y el pueblo sí tienen brecha de "ahorro-inversión". El único que acumula y no invierte es el gran capital.

Fue así como el Estado tuvo que recurrir al endeudamiento externo e interno para financiar su programada expansión. Por liberar de impuestos al gran capital y aumentarle sus beneficios y ventajas, el Estado se vio obligado a hipotecar el futuro y permitir una peligrosa injerencia de la banca internacional en la vida y la economía del país.

Todo este conjunto de situaciones se dio, además, dentro de una estructura productiva, que no satisface las necesidades básicas y esenciales del pueblo porque se determina por las exigencias del mercado externo, el interés de los inversionistas extranjeros y el consumo de las clases y capas de mayor ingreso. Ese tipo de producción exige además una exagerada utilización de divisas, que desequilibra la balanza de pagos.

Pero el gobierno insiste en esta errada perspectiva. Y se ha lanzado a fortalecer aún más a los grupos capitalistas que ya estaban fortalecidos. Dentro del Plan se incluyen, por ejemplo, varias de las medidas que ya se han tomado, aparentemente aisladas del contexto global, (liquidación de la Comunidad Laboral, intervención en empresas socializadas, eliminación de la estabilidad laboral, nueva política en los contratos petroleros, etc.), pero que forman parte del "modelo" propuesto en el Plan.

Se demuestra así que el gobierno ha comenzado a aplicar el Plan mucho antes de haberlo publicado por un supuesto debate que, en ningún caso, será tomado en cuenta.

En resumen, el Plan insiste en la política que generó la crisis. Sólo pretende eliminar o anular las reformas sociales y de la estructura de la propiedad y aumentar la acumulación de los grandes capitalistas.

En consecuencia, el Estado sigue representando abiertamente los intereses de ese gran capital, contrarios al de los obreros, campesinos, capas medias, pequeños y medianos empresarios.

II. EL PLAN TUPAC AMARU Y EL PODER

En esta dirección tiene que apuntar también la referencia imprecisa y vaga de una transferencia progresiva del poder, la formulación de una nueva Constitución y la convocatoria a elecciones generales.

El concepto de "poder" está íntimamente vinculado al de "poder económico" y no puede reducirse al simple "poder político formal". Si, como se aprecia claramente, el poder económico sigue concentrándose intensamente en los grupos de grandes capitalistas, el gobierno no podrá desligarse de la necesidad de transferir el poder político formal a los representantes de esos grupos. Es probable, por ello, que los grandes capitalistas presionen para postergar las elecciones hasta que se hayan reconstituido y fortalecido totalmente. Sólo algunos políticos tradicionales, que se están poniendo en virtual licitación para representarlos, parecen tener prisa y ansias electorales.

En todo caso si el gobierno se ve obligado, por su propio deterioro, a convocar a la contienda electoral, el Partido Socialista Revolucionario, conjuntamente con los sectores populares y revolucionarios, habrá de participar en ella y derrotará a quienes pretendan imponerle violentamente al pueblo peruano la permanencia de su dominación.

El pueblo organizado sabe cómo hacer respetar su voluntad liberadora. Para ello está ya dando muestras de su madurez política y de su capacidad de lucha en diferentes frentes. Y en todos ellos la presencia del PSR y sus militantes es y será permanente.

El Plan muestra, además, que es el resultado de una negociación entre las diferentes circunstancias personales y tendencias dentro del gobierno con los distintos grupos de poder económico que están tratando de organizarse para consolidar las nuevas formas de dependencia y continuar modernizando el viejo sistema.

Esto explica el casi total silencio que guardan esos grupos frente al fondo mismo del Plan y la preocupación cada vez más desvaída de los políticos tradicionales por centrar la atención sobre los aspectos electorales. Es que hay acuerdo reaccionario respecto al "modelo" económico y desacuerdo en cómo se lleva a cabo en su desarrollo estrictamente político.

Se desprende por ello que la ambigüedad y confusión que muestra el documento sólo es para facilitar negociación entre todos esos grupos e intereses.

III. RENEGOCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA

El Plan señala que su finalidad es "consolidar el Proceso revolucionario, evitando que derive hacia el estatismo comunista o que, por reacción, retroceda a formas ya superadas del capitalismo prerrevolucionario ". Sólo rechaza el retroceso a las viejas formas capitalistas, pero no rechaza nuevas formas capitalistas.

Para este objetivo el gobierno utiliza el proclamado "pluralismo" que no existe en la práctica, con el que pretende ocultar la hegemonía del sector privado capitalista y la permanencia de estructuras de producción, generación y acumulación de utilidades típicamente capitalistas.

1. El "modelo" antipopular

Con la táctica de presentarse como una supuesta continuidad rectificatoria del gobierno anterior, el Plan utiliza un lenguaje aparentemente progresista y propone un modelo de desarrollo en base a la transformación industrial de nuestras riquezas minerales y agrícolas. Es decir, una articulación minero-industrial acompañada de otra agro-industrial.

Presentada esquemáticamente la propuesta tiene una apariencia inobjetable. Todos los países del mundo aspiran a esa doble articulación industrial. Pero el crecimiento industrial puede tener diferente signo. Será positivo para el país si el modelo se dirige a satisfacer las reales necesidades de las mayorías, elevar sus niveles de vida e ingreso, impulsar la integración económica y social, ampliar y promover una creciente inversión nacional.

Será negativo para el país si ese crecimiento industrial se dirige a satisfacer sólo las exigencias del mercado externo y el consumo de las capas altas. Este segundo modelo se define por la necesidad de atraer inversiones extranjeras garantizándoles privilegios que les asegure crecientes utilidades así como por los bajos niveles de vida e ingresos de la población, que les permita bajos costos de producción.

En el primer caso, la articulación agro-industrial y minero-industrial reclaman la ampliación del mercado interno. Y esto exige, necesariamente el aumento de la ocupación y la elevación de los ingresos populares. Basándose en la desocupación y los bajos salarios es imposible desarrollar una correcta industrialización que se oriente a satisfacer las necesidades colectivas e impulsar el desarrollo económico y social de nuestro pueblo.

En cambio el modelo de crecimiento de una industria para la exportación y el consumo de las capas altas, exige que exista desempleo en grandes sectores de la población para poderles imponer bajos salarios y producir con bajos costos internacionales.

El análisis de los políticos de ocupación y salario del Plan Tupac Amaru demuestra que en el modelo de crecimiento industrial es, precisamente, este último, inconveniente para el país y el pueblo.

2. Una industria para la exportación y las clases altas

En este contexto analicemos el diseño del Plan respecto a las articulaciones minero-industriales y agroindustrial.

a) El Plan incluye una expansión de la industria básica minera (refinerías, petroquímicas, siderurgia) para posibilitar una expansión de industrias como la automotriz, metal mecánica liviana, etc., casi todas en manos extranjeras o controladas por ellas (ver: 4. Minería: Objetivo b.: 3, 4, 5, 9, 12. Industrias: a. b.: 3, 4, 8, 11). También incluye el incremento del tradicional sector minero exportador con nuevos contratos de explotación del tipo Cuajone.

En este esquema el Estado, según lo precisa el Plan, ingresaría asociado con capitales extranjeros en la explotación primaria, sin exigir hegemonía ni control real.

A esa articulación minero industrial no se le exige la creación intensiva de empleo y se ajustan los salarios a la productividad y la rentabilidad de las empresas.

b) Por su parte, la articulación agro-industrial, tal como está propuesta en el Plan, tampoco logrará generar empleo ni elevará el ingreso de las mayorías.

En efecto, el Plan pretende encargar la generación del empleo al sector agrario y a las empresas del ahora llamado "sector social". Al encargarle sólo a estos sectores una intensiva utilización de mano de obra, se les está encomendando operaciones menos rentables y al mismo tiempo, se pretende que tanto el agro como las empresas asociativas subsanen el desempleo generado por el modelo de industrialización minera.

Específicamente el Plan determina la obligación de las empresas "sociales" de "desarrollar principalmente actividades que supongan una alta utilización de mano de obra, en relación al costo de producción, y donde el esfuerzo personal y no la concentración de capital influyan prioritariamente en el resultado de la empresa".

Al referirse concretamente a la actividad agrícola el Plan señala similar obligación: "Aplicar en el agro una política de utilización intensiva de mano de obra en la explotación de la tierra y en el mejoramiento y ampliación de la infraestructura".

En otras palabras, al campo y al sector "social" se les exige bajas rentabilidad y productividad.

Asimismo al reducirse la agroindustrialización "al nivel de desarrollo micro regional", se le está obligando a seguir las mismas condiciones de ocupación y salario.

En cambio en todo el contexto de las precisiones sobre la articulación industrial de la minería, el Plan Tupac Amaru busca garantizarle una mayor productividad y rentabilidad para alcanzar una "ventaja competitiva", obviamente en el sector de exportación. Esto sólo se logra incrementando la productividad de los trabajadores, es decir con maquinarias y tecnología avanzada que ocupe al mínimo la mano de obra.

Por otro lado, las llamadas medidas de "reactivación económica" han impuesto la congelación de salarios para que las empresas del gran capital puedan obtener más utilidades y logren una mayor acumulación. Por esta congelación los trabajadores no pueden pagar altos precios. Como el gobierno quiere mantener esos bajos salarios para beneficiar a los grandes capitalistas, no tendrá más remedio que seguirles fijando precios bajos a los productos agrícolas en un intento de neutralizar la angustia y la protesta de los trabajadores asalariados.

Queda al desnudo, pues, que la política de generación de empleo que propone el Plan es ilusoria: la congelación de salarios impide que las empresas campesinas obtengan utilidades, y en esas condiciones les será imposible generar más empleo.

Subsistirá así la transferencia de renta del campo a la ciudad, y en la ciudad seguirá acumulándose capital en las grandes empresas con alta productividad. Permanecerá la subordinación del campo y los campesinos, y continuará el debilitamiento de las empresas agrarias.

Idéntica perspectiva se abre para la vapuleada Empresa de Propiedad Social, a la que se le ha quitado prácticamente toda posibilidad de acumulación e inversión sectorial de sus ganancias y con ello se ha limitado su capacidad de expansión productiva. Propiedad Social habrá quedado relegada a actuar en las áreas marginales y empobrecidas y condenada prácticamente a desaparecer, al colocarla expresamente en inferior capacidad tecnológica en la competencia con la hegemónica empresa capitalista. altamente tecnificada y privilegiada.

Adicionalmente, las graves consecuencias de esta política en relación al empleo se agudizarán irremediablemente tanto por la reducción de la inversión estatal, como por la tecnificación creciente de la gran empresa capitalista, que en su afán de competir en el mercado externo tenderá a utilizar menos mano de obra.

Como las últimas medidas económicas del gobierno han contraído la capacidad de consumo interno, el "modelo de crecimiento" que propone el Plan necesariamente se orienta hacia la exportación, y habremos quedado aún más atrapados en la dependencia del mercado externo y la inversión extranjera.

3. La nueva dependencia

Es decir que el "modelo" descansa finalmente en que, nuestros productos de exportación puedan alcanzar altos precios internacionales, y que se otorguen "incentivos" y privilegios para que las empresas extranjeras y transnacionales, atraídas por la seguridad de obtener altas utilidades, inviertan en proyectos mineros e industriales.

En segundo lugar, en que se garantice al gran inversionista una mano de obra barata en términos internacionales y "paz laboral" impuesta a los trabajadores. En este mismo sentido funciona la política permanente de devaluaciones, que reduce los costos y eleva las ganancias del capital extranjero invertido para la exportación. En cambio tiene el efecto contrario sobre las medianas y pequeñas empresas peruanas que sí dependen del mercado interno.

No deberá extrañar, por esto, que sobrevengan quiebras de pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, el programa de estabilización económica impuesta por el gobierno actual, ha contraído la demanda y la seguirá contrayendo, por lo menos, en los primeros años del Plan. Sin mayor capacidad de consumo y sin aumento del empleo, los mediano y pequeños capitalistas no tendrán interés en invertir su dinero ni crear nuevas empresas que reactiven la economía, porque su rentabilidad tiene que depender del deprimido mercado interno.

Los capitalistas del sector privado nacional preferirán esperar que mejore la situación internacional para que aumente el ingreso de divisas que permita al Estado elevar su gasto público, descongelar salarios y reactivar la economía del sector privado.

De acuerdo al Plan todo depende del sector externo. Sólo queda entregarse abiertamente a la tarea de atraer al capital extranjero con los tradicionales incentivos y privilegios, aumentar la exportación y... esperar que suban los precios internacionales. Mientras tanto se entrega el país al Fondo Monetario Internacional y a la banca internacional que supervigilan nuestra economía.

No se debe olvidar que la empresa transnacional tiende a producir no lo que el Perú requiere, sino lo que le conviene a su oficina central ubicada en el exterior. Produce para abastecer sus otros negocios y no necesariamente para que el Perú transforme sus materias primas: nos convierte en país exportador de productos no elaborados o semielaborados y por tanto dependientes de cotizaciones internacionales. Viene a explotar nuestros recursos naturales o a montar industrias de exportación con mano de obra barata para bajar sus costos de producción, por lo que no contribuye a una mejor redistribución de la riqueza; tras tecnología sofisticada, con lo que no hace gran utilización de mano de obra. Finalmente, viene a ganar utilidades para remitirlas a sus accionistas que viven en el extranjero, con lo que produce salida de divisas y empeora nuestra balanza de pagos.

Por todas estas razones, un Plan que recurre a la inversión extranjera como única salvación, puede traer varios millones de dólares en uno o dos años, pero luego saldrán muchos más dólares del país y las pretendidas metas de mejora del mercado de trabajo, de elevación de la capacidad industrial del país y de desarrollo nacional se alejan cada vez más. Esta es la contradicción esencial del Plan propuesto por el Gobierno del General Morales.

El modelo resulta, además, irreal, pues parecería repetir las experiencias de países como Taiwan, Singapur, Corea y Brasil densamente poblados, que tenían grandes excedentes de mano de obra, lo que unido a las necesidades estratégicas de los Estados Unidos pudieron atraer a los capitales transnacionales por los reducidos costos salariales y de operación.

Algo así se pretende aplicar en el Plan cuando se dice que hay que concordar las políticas del empleo, remuneraciones y pensiones, y cuando se busca romper la estabilidad laboral. La libre contratación de mano de obra, cuando hay desempleo, abarata los salarios, lo que, además contrae el consumo, baja los niveles de vida y restringe el mercado interno.

IV. CONCERTACIÓN DE LOS PLANES DEL ESTADO CON EL GRAN CAPITAL

El Plan limita aún más la acción que hoy tiene el Estado al "concertar" sus decisiones con las grandes empresas.

Explícitamente dice en su parágrafo 4. b. 5): "orientará la actividad productiva del sector No Público... mediante la concertación de programas de producción y abastecimiento entre el Estado y las empresas no públicas".

Lo que implica que el Estado negociará con el gran capital otorgándole privilegios a cambio de que cumpla ciertas metas de producción, negociadas previamente.

En la práctica las grandes empresas serán las únicas que estarían en posibilidad real de ingresar a la "concertación". Las pequeñas empresas no tienen acceso a esos niveles de decisión, ni pueden presionar al Estado, ni garantizarle el cumplimiento de los acuerdos, sobre producción en grandes volúmenes, ni por último, están en condiciones de ofrecer perspectivas de poder político a los gobernantes.

Sólo las grandes empresas se beneficiarán con las concertaciones de crédito preferencial, divisas para importar, incentivos tributarios y hasta las prioridades de mercado que estuvieron reservadas anteriormente a las empresas de Propiedad Social.

La planificación no será integral sino que estará definida por las negociaciones con las empresas del gran capital privado. Esto significa en la práctica, que la gran empresa "concertará" mucho más que las metas de su producción. Exigirá al Estado la "concertación" sobre otros aspectos de la producción y del mercado: salarios, impuestos, precios y hasta otras producciones.

Esta política es una vieja aspiración de los grandes capitalistas y se remonta a la Ley 9140, promulgada en el primer gobierno de Prado, que permitía la suscripción de contratos de producción por empresas o grandes consorcios industriales, lo que dio origen a los aberrantes privilegios exclusivos de la llamada "industria de ensamblaje".

Téngase en cuenta además que la actual estructura de producción - o sea, lo que se produce, cuánto, cuándo, cómo, para quién, con qué se produce - ha sido determinada hasta ahora por esas empresas privadas. Y no hay razón alguna para suponer que acepten cambiarla a través de "concertaciones".

El modelo de Estado que se pretende con el Plan Tupac Amaru es uno que "administre" eficientemente pero en beneficio de los intereses del gran capital privado.

Un Estado que sin ser controlista sea "administrador" y que conduzca un "proyecto político" previamente negociado con los grupos de poder económico. Un Estado dominado por el gran capital.

V. LA LIQUIDACIÓN DE LAS REFORMAS

El "modelo" implícito en el Plan reclama anular las reformas en la estructura de la propiedad implementadas o iniciadas durante el gobierno de la Fuerza Armada, entre 1968 y 1975.

1. La liquida en la práctica a las Comunidades Laborales. La nueva Ley sobre Comunidades Industriales, promulgada sin discusión y antes de "ponerse en debate" el Plan Tupac Amaru, se está implementando.

Con esta nueva ley se elimina la participación de la Comunidad en la propiedad del capital social de la empresa; la individualización de las llamadas "acciones laborales" y otros tipos de valores, destruyen en la práctica a la institución comunera. Incluso la cogestión se reduce a un remedo de participación de los trabajadores, fácilmente burlable.

La gestión no sólo es un derecho del trabajador como hombre creador. También puede ser, dentro del sistema actual, un eficiente medio de impedir las maniobras de muchos capitalistas para defraudar al fisco y escamotear utilidades a los trabajadores. Ese derecho y ese instrumento se han eliminado en la práctica. Sin capacidad de los trabajadores de participar realmente en la gestión de la empresa, se convierte en ilusorio el supuesto beneficio directo y personal de cada trabajador con que la nueva Ley pretende engolosinar a los comuneros.

Porque muchas empresas que en años anteriores tuvieron que reconocer utilidades y transferir acciones a la Comunidad, gracias a la efectiva participación gestionaría de los trabajadores, podrán ahora ocultarlas y negarlas, precisamente por la ausencia de esa representación real y vigilante en los directorios.

Pero la ley atentatoria va más allá. Se comprueba ahora que la maniobra gubernativa para eliminar las Comunidades se inició en marzo de 1976, con la llamada Ley de la Pequeña Empresa, en la que no existe la Comunidad. Entonces se denunció que el gobierno intentaba incluir en esa categoría a la gran mayoría de las empresas que vendieron más de 25 millones anuales y cuyos trabajadores tenían en ese instante Comunidades. El gobierno negó tal intención y reiteró insistentemente que dicha ley sólo se refería a las "nuevas" empresas no a las ya existentes.

Creando el mecanismo de adaptación de las empresas preexistentes a la nueva dimensión de la categoría de "pequeña empresa" sin comunidad, se coloca en peligro de desaparecer a la mayoría de las Comunidades actuales.

La condición de que sea la mayoría de los trabajadores la que libremente decida tal adaptación de la empresa y por tanto la muerte de su comunidad, se convierte en sarcástica cuando en la práctica diaria la represión y el despido castigan a los dirigentes sindicales y comuneros y a los trabajadores que no se muestren sumisos ante la presión y la exigencia patronal o gubernativa.

Si el gobierno y las empresas logran su propósito de generalizar esa adaptación, desaparecería más de 90% de las comunidades y más de 50% de los trabajadores perderían su condición de comuneros y, por tanto, de propietarios y cogestores.

Este es el objetivo final que el gobierno busca al respecto. Parecería responder a una exigencia condicionante de los organismos financieros, los inversionistas imperialistas y los nuevos grupos industriales: eliminar la comunidad laboral. La atentatoria ley que, en la práctica, liquida a las comunidades industriales, parece ser el primer paso. Le seguirán similares decisiones respecto a las otras Comunidades Laborales.

2. El plan liquida, prácticamente, al sector de Propiedad Social cuyas empresas quedarán aisladas entre sí, relegadas a las áreas más deprimidas de la economía y a las menos rentables, imposibilitadas de competir con el hegemónico sector capitalista. Sin una efectiva acumulación social de capital, que era la fuente principal de su funcionamiento, las empresas de Propiedad Social se convierten en el Plan Tupac Amaru, en las tradicionales empresas cooperativas.

3. Finalmente se anuncia el "redimensionamiento" de las empresas campesinas y la posible "modificación" de su modalidad. La imprecisión de esta "modificación" permite suponer que se inscribe en la tendencia a debilitar la capacidad de gestión de los trabajadores mostrada en la legislación de la Comunidad Laboral, o a la estatización en el caso de los grandes complejos agro-industriales. Se teme justificadamente que además de deprimir al sector campesino frente a las grandes empresas del sector minero-industrial capitalista y de seguir transfiriendo su renta a la ciudad, se quisiera implementar una política orientada a transformar las empresas asociativas de trabajadores, en medianas y pequeñas empresas capitalistas, con acciones transferibles y acumulables y trabajadores asalariados. En el campo peruano podrían regresar las calidades de "propietarios" de unos y "asalariados" de los demás.

VI. SALARIOS BAJOS Y REPRESIÓN

El modelo que propone el Plan Tupac Amaru se sustenta en la vigorización del sector capitalista y la atracción de inversiones extranjeras, todo lo cual exige no sólo eliminar las reformas de la propiedad sino implementar políticas que mantengan bajos niveles salariales. Esto a su vez obliga al gobierno a represiones contra las organizaciones sindicales y populares, y a debilitar o anular el derecho de huelga y eliminar la estabilidad laboral.

El acento antilaboral es permanente en el texto del Plan: acusa sistemáticamente a los trabajadores de ser la causa principal de los problemas del país. A la inversa, no contiene acusación alguna contra los capitalistas y más bien los halaga y privilegia. Olvida la voluntaria retracción de sus inversiones y el hostigamiento provocador de muchos capitalistas contra organizaciones sindicales, las Comunidades laborales y los trabajadores mismos.

Para el actual gobierno y su Plan los conflictos laborales y sociales, no están causados por este comportamiento de los empresarios, ni por la política crecientemente represiva. Y desconoce que las condiciones de trabajo y la reducción de la capacidad adquisitiva golpea y empobrece más aún a los desempleados y subempleados (que, sumados, alcanzan la pavorosa proporción de más de 50% de la población en capacidad de trabajar).

La política salarial del Plan demuestra claramente que su preocupación más importante es facilitar a las empresas mayores ganancias.

Al referirse a la minería, el sector de mayor importancia económica y donde se asienta la creciente penetración capitalista, precisa textualmente, lo siguiente:

"(10). Racionalizar las remuneraciones conciliando las necesidades de bienestar de los trabajadores con la rentabilidad y la productividad de la empresa".[Ver: 21. Minería: b. (10)].

Esta política se anuncia, además, dentro del contexto de la no participación de los trabajadores de la gestión y la propiedad de las empresas lo que habrá de facilitar, aún más, el falseamiento de datos, contabilidades, costos, rentas y producciones. La simple declaración sobre el derecho de los "directores" comuneros para acceder a los libros de contabilidad no anula, en la práctica, esta certeza. Adquiere alarmante peligrosidad esta definición en cuanto puede extenderse a otros sectores.

1. El conflicto agudizado

Los negativos efectos que todo este conjunto de medidas generará en las economías familiares de los trabajadores así como, en el otro extremo, la exigencia de los capitalistas de eliminar el avance de la presencia popular como condición para invertir, crearán sin duda, una tensa situación social y política.

El gobierno y los capitalistas saben que en los últimos 7 años han emergido poderosas fuerzas populares, se ha extendido en las masas una conciencia política,

respecto a sus necesidades y derechos y se han fortalecido y ampliado las organizaciones laborales y populares. Saben, además, que a la inversa, las viejas formas de poder económico agrario han desaparecido con la Reforma Agraria pero que el proceso de cambios habido no logró destruir los intereses imperialistas decididos ahora a perfeccionar su penetración en industrias, minería y finanzas.

Es decir, que las nuevas fuerzas y los grupos de poder económico que se están gestando requieren de un plazo suficiente para lograr su conformación y fortalecimiento y exigen que en ese lapso el gobierno les garantice una "paz laboral" y una tranquilidad política en base a la desmovilización y control de las organizaciones laborales y populares.

2. La represión contra el pueblo

La represión y el desmantelamiento de las organizaciones y agrupaciones populares, explícitamente insertos en el Plan, son, pues, condiciones para que el "modelo prospere". Cuando el Plan anuncia el propósito de "regular" el derecho de huelga de "modo que no afecte los intereses del país y del trabajador". (Ver: 32. Relaciones laborales b. 7), está amenazando con eliminar ese derecho de defensa contra la explotación capitalista, conquistado por los trabajadores.

Toda huelga afecta la economía del país y significa sacrificio para el trabajador. Históricamente se ha reconocido a la huelga como una justa y necesaria arma de lucha para disminuir, aunque sea en parte, la explotación y los excesos de los capitalistas.

Condicionarla en la forma como lo anuncia el Plan, es destruir un derecho ganado por los trabajadores y sólo conculcado en aquellos países capitalistas en los que impera la descarada violencia policial para mantener "el orden" injusto.

Se amenaza también la libertad sindical cuando se anuncia que se "promoverá una real conciencia sindical" (b. 9).

Es obvio que para el gobierno conciencia sindical significa la adecuación de la actitud de los trabajadores a las necesidades del desarrollo del "modelo" del capitalismo modernizado y dependiente.

Para el gobierno "conciencia sindical" no es defender el derecho de los trabajadores, sino sólo aumentar la producción de las empresas capitalistas y aceptar sin protestar siquiera, la reducción de los salarios reales y del nivel de vida.

En la misma vertiente represiva se ubica la amenaza contra las organizaciones estudiantiles a las que pretende reducir a actividades culturales, sociales y deportivas.

Se intenta con ello justificar la represión policial, que ya se ha desatado con rudeza e inhumanidad, sobre el estudiantado, como la única manera de solucionar el grave problema universitario, que es consecuencia evidente de los desequilibrios y deformaciones del resto de las relaciones estructurales económicas, sociales y políticas.

Parecida amenaza se cierne contra el campesinado cuando el Plan incluye a las Cooperativas de Producción en la decisión de definir lo que considera "situación problemática de los sindicatos".

Esta amenaza se relaciona con la decisión de reducir la autonomía a las empresas campesinas con el énfasis que se ha puesto a la implementación de los sistemas de asesoramiento y fiscalización y de "los mecanismos que fueran necesarios" para el cumplimiento de las metas de producción.

Contrasta esta decisión intervencionista del Estado para fijar metas de producción y controlar la actividad productiva de las empresas campesinas de los trabajadores, con la "concertación" de las actividades y metas de las empresas privadas capitalistas en industrias y la total libertad para las mineras y comerciales, incluso para las "empresas de personas" del campo.

Es evidente que la ya vigente medida de control y fijación de salarios que el Gobierno ha impuesto a las empresas campesinas hace varios meses, así como las "intervenciones" de muchas de ellas, forman parte de esta decisión que ahora aparece como "propuesta" en el Plan en discusión, y que en muchas empresas puede significar la instauración del "Estado patrón".

Para implementar esta política de fiscalización, control y poder estatal sobre las empresas campesinas, el gobierno requiere debilitar a las organizaciones sindicales existentes en ellas.

VII. LA POLÍTICA INTERNACIONAL

El Plan Tupac Amaru resta énfasis a la política tercermundista y no alineada. Paralelamente pretende acentuar un reforzamiento de nuestras relaciones latinoamericanas.

Al respecto, el gobierno ha señalado que esta reorientación se hará sin desmedro de las posiciones logradas en el Tercer Mundo y el No alineamiento. Sin embargo, una ligera revisión de las realizaciones que en materia de política exterior que han tenido lugar a partir de agosto de 1975, desmiente esta afirmación. Basta para ello, señalar las reservas planteadas por la delegación peruana en la reunión de No Alineados en Colombo, reservas a resoluciones de contenido netamente anti-imperialista y anticolonialista.

Sin embargo, aún si admitiéramos - a pesar de que los hechos demuestran lo contrario -, la sana intención del Gobierno de mantener posiciones anti-imperialistas y anticolonialistas, nos daríamos cuenta que el reforzamiento de nuestras relaciones con los países latinoamericanos, en su mayoría de carácter claramente fascista, conduce necesariamente al gobierno a realizar actos de política exterior reñidos con los postulados revolucionarios y que tienen como objeto preservar dichas relaciones. Como ejemplo está la abstención del Perú a la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenando la tortura en Chile, resolución presentada en conjunto por Cuba y los Estados Unidos.

Estas posiciones que son una consecuencia lógica del estrechamiento de vínculos con algunos países latinoamericanos disminuye nuestra posición exterior frente a los demás países tercermundistas y no alineados.

Paralelamente, las nuevas medidas de carácter económico, político y social y los actos de carácter represivo también debilitan necesariamente nuestra posición internacional frente al conjunto de los países del Tercer Mundo y los Países socialistas.

De esta manera podemos concluir que la necesaria interrelación que existe entre la política exterior e interior de un país, ya que aquella es sólo la prolongación internacional de esta última , determina que los enunciados del gobierno acerca del mantenimiento de nuestra posición internacional tengan un carácter meramente declarativo. Por otro lado, la opción del actual gobierno de estrechar vínculos con regímenes fascistas, conduce necesariamente al gobierno a aislarse de los países No alineados y de los socialistas, lo que indudablemente significa la liquidación de las posiciones anti-imperialistas y anticolonialistas.

El Perú está volviendo a ocupar su tradicional ubicación de comparsa del mundo capitalista.

VIII. LAS CONSECUENCIAS DEL MODELO

Las propias contradicciones del modelo y su inviabilidad en cuanto a los propósitos que dice querer alcanzar, descubren que, de cumplirse, sólo nos llevaría a la penosa situación siguiente:

a) Establecimiento de sujeción a las exigencias e imposiciones del capital internacional

b) Marginación de vastos sectores de la población, condenados a la desocupación, debido a la incapacidad del sistema para generar empleos

c) Dependencia casi absoluta de las fluctuaciones de la economía capitalista internacional

d) Paralización de numerosas empresas medianas y pequeñas, y simultánea concentración y monopolización de la industria por un grupo de grandes empresas extranjeras

e) Represión contra el pueblo y violación de los derechos adquiridos por los trabajadores

f) Pauperización de la clase trabajadora y de los pequeños y medianos empresarios en beneficio de la gran empresa y de los intereses extranjeros

g) Disminución de la ya incipiente capacidad del Estado de brindar servicios sociales, en materia de salud, educación, vivienda, etc.

En resumen, el modelo económico y político que plantea el Plan "Tupac Amaru" es la expresión de los intereses del imperialismo e implica el inevitable empobrecimiento de nuestro pueblo y la acentuación de la perdida de nuestra soberanía.

Frente a este modelo económico antipopular, el PSR y los amplios sectores nacionalistas y revolucionarios enarbolan la defensa de nuestra soberanía y dignidad nacionales, la defensa de nuestros recursos naturales, del mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población, de la liquidación de los privilegios, de una industrialización que favorezca a las mayorías y el desarrollo económico integral.

En suma, de la conquista de una Patria libre y socialista.

Lima, 20 de abril de 1977.

DIRECCION NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO POR LA PATRIA CON EL PUEBLO

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 34, Enero-Febrero, 1978, ISSN: 0251-3552, . NUEVA SOCIEDAD NRO.34, ENERO-FEBRERO 1978, PP. 141-151