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Principios Y Valores Constitucionales

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: klimbo3445 11 mayo 2011

Palabras: 4810 | Páginas: 20

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e otros principios, 97

Revista Española de Derecho Constitucional Año 12. Núm. 35. Mayo-Agosto 1992

TERESA FREIXES SANJUAN - J. CARLOS REMOTTI CARBONEIX

algunos positivados (como el de legalidad o el de jerarquía normativa) y otros extraídos en un proceso hermenéutico constitucional (como el de corrección funcional). Dichos valores y principios no abren el camino a un «activismo judicial» de corte estadounidense que permita la creación de normas con valor constitucional a partir de un desarrollo jurisprudencial de la propia Constitución; tampoco lo abre a lo que la jurisprudencia alemana ha denominado «tiranía de los valores», es decir, la aplicación indiscriminada de valores, positivados o no, por parte del intérprete constitucional. La positivación de los valores y principios, es decir, su inclusión en normas jurídicas constitucionales, que son las normas supremas del ordenamiento y que tienen eficacia directa, no permite, en primer lugar, eludir su aplicación ni, en segundo término, realizar cualquier interpretación valorativa. Por otra parte, la interpretación y aplicación de las reglas jurídicas debe ajustarse a un orden de valores previo y determinado, que está descrito en la Constitución. Además, los principios de los cuales se han de extraer reglas también deben responder a estructuras constitucionales claras e indiscutidas. Los valores y principios toman así un carácter institucional que ha de impregnar las reglas jurídicas tanto a nivel estructural como funcional (véase N. Bobbio, Dalla struttura alia funzione, 1977). En numerosas ocasiones, la doctrina e incluso la jurisprudencia constitucional (STC 81/1983, entre otras) han utilizado indistintamente los términos «principios» y «valores» identificándolos en el fondo con la estructura normativa de los «conceptos jurídicos indeterminados». Sin embargo, los valores no son idénticos a los principios ni en su estructura ni en su función y la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados se muestra insuficiente para realizar la interpretación de valores y principios. Se impone, pues, precisar qué son valores y qué son principios, cuál es su estructura jurídica y qué función constitucional adoptan.

II.

LA DISTINCIÓN ENTRE VALORES Y PRINCIPIOS: SU RELACIÓN CON LAS REGLAS JURÍDICAS

El texto constitucional español contiene normas jurídicas que pueden adoptar la forma de valores, principios y reglas. Los valores enumeran cláusulas generales o finalidades. Las reglas contienen disposiciones específicas. Valores y reglas están positivados,. es decir, constan de forma explícita y concreta y pueden claramente apreciarse a través de una simple interpretación lingüística. Los principios se extraen de las reglas constitucionales, y, una vez 98

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determinados, tienen proyección normativa; consisten, pues, en palabras de M. Aragón (Constitución y democracia, 1989), en fórmulas de derecho fuertemente consensuadas que albergan en su seno gérmenes de reglas jurídicas; lo que equivale a afirmar que los principios no siempre constan explícitamente en el texto constitucional (salvo excepciones como la del principio de legalidad), pero que pueden fácilmente deducirse del mismo a través de una interpretación estructural y sistemática. Los valores, en términos de Stick (citado por M. Aragón en ob. cit.), son «impredictibles», es decir, plantean diversidad de opciones jurídicas libres. Los principios, según el mismo autor, son, en cambio, «indeterminados» y comportan la discrecionalidad del intérprete, que se concreta en criterios objetivos que el propio derecho proporciona, teniendo en cuenta que la indeterminación reside en el grado de relación del principio con las reglas que de él pueden derivar, no en relación al propio principio (y aquí reside la diferencia respecto de los llamados conceptos jurídicos indeterminados, los cuales plantean la indeterminación sobre el propio concepto). Las reglas constitucionales precisan casi siempre una interpretación operativa (en el sentido explicitado por Wróblewski en Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, 1985), que no puede identificarse con la interpretación de valores y principios, ya que el grado de sujeción del intérprete a la regla es mayor que el grado de sujeción en la interpretación de los principios y valores. El legislador, al crear reglas jurídicas que han de responder a valores y principios, tiene mayor libertad de acción con los valores, menos con los principios y menos aún con las reglas. El juez aplica las reglas de conformidad a los valores y a veces se ve obligado a recurrir a los principios para deducir de los mismos una solución adecuada al caso concreto. En todos estos supuestos, los valores y los principios desempeñan una función esencial como criterios orientadores de la decisión del intérprete (véase L. Prieto Sanchiz, Poder judicial, n. 11), tanto legislativo como judicial, ya que tales órganos están vinculados no a sus propios criterios, sino a estructuras jurídicas determinadas en la propia Constitución.

III.

LOS VALORES SUPERIORES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

El artículo 1.1 de la Constitución española es una regla jurídica en la que se enuncian los «valores superiores» del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. A partir del texto constitucional podemos considerar a dichos valores como instituciones jurídicas dotadas de una estructura concreta y a las cuales se asignan funciones constitucionales. 99

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Desde otra perspectiva, denominar a estos valores como «superiores» indica que existen implícitamente en el texto constitucional otros valores que no tienen esta categoría superior y que, en consecuencia, deben reconducirse a estos cuatro positivados como los de mayor jerarquía. De su estructura como reglas jurídicas se derivan, pues, una serie de efectos que finalmente se concretan a partir de la función constitucionalmente prevista para los mismos. A) La estructura jurídica de los valores Los valores enunciados en la Constitución española, a diferencia de otras Constituciones que no los positivan, tienen una estructura jurídica precisa como reglas creadoras de instituciones constitucionales. De esta manera, los valores también son reglas prescriptivas, es decir, vinculantes, obligatorias, eficaces y expresivas de un contenido material. Esta estructura como regla jurídica, que contiene los valores superiores «del» y «al» ordenamiento (véase G. Peces-Barba, Los valores superiores, 1984), coincide con la estructura de normas de segunda instancia o «metanormas» en la clasificación de N. Bobbio (voz «norma», en la Enciclopedia de Einaudi, 1980), en donde se las define a partir de su funcionalidad como reguladoras de «aquellos particulares actos humanos que son los actos productores de normas». Todos los valores del artículo 1.1 CE son, pues, reglas jurídicas prescriptivas y expresivas, superiores del y al ordenamiento jurídico y están estructuradas como metanormas, de tal forma que estas características estructurales permanecen inmutables como substrato jurídico de los valores. Si todos los valores presentan idéntica estructura, no pueden existir jerarquías de tipo estructural entre los mismos y la relación estructural existente entre ellos es de complementariedad. En resumen, la positivación constitucional de los valores superiores del ordenamiento comporta, en cuanto a su estructura jurídica: — Su transformación en reglas prescriptivas y vinculantes. — Su condición de metanormas orientadas a la producción de otras normas. — La estabilidad de sus características estructurales. — Una relación de complementariedad, y no de jerarquía. B) La función constitucional de los valores M. Aragón (en ob. cit.) considera que los valores superiores son normas para la identificación e interpretación de las disposiciones de un sistema que 100

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ayudan a distinguir el mejor significado de la norma entre los diversos posibles. Esta función de los valores se determina a partir de su estructura como metanormas (normas que regulan los actos productores de normas), es decir, ser los valores superiores del ordenamiento jurídico, conforme a la función descrita para ellos en el artículo 1.1 de la Constitución. Para A. E. Pérez Luño (Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 1984), los valores tienen una función fundamentadora, ya que son el núcleo básico e informador de todo el ordenamiento; una función orientadora, dirigiendo al ordenamiento hacia metas o fines predeterminados, y una función crítica, porque sirven como criterio o parámetro de valoración de hechos o conductas. G. Peces-Barba (ob. cit.) entiende que los valores incorporan contenidos materiales a las Constituciones, asegurando en este sentido la unidad del ordenamiento, y considera que legitiman el Derecho, complementando la finalidad integradora de la Constitución. La Constitución predetermina un orden de valores, señalando a la igualdad, libertad, justicia y pluralismo político como valores superiores, sin que establezca orden jerárquico alguno entre ellos, pese a su aparente contradicción (libertad frente a igualdad). Estas antinomias deben ser resueltas a partir de la función de integración propia de las Constituciones de consenso. En esencia, podemos afirmar que los valores: — Incorporan contenidos materiales a la Constitución. — Tienen varias funciones: orientadora, informadora y crítica de todo el ordenamiento, tanto en la producción de normas como en la interpretación de las mismas. — Delimitan el significado de las normas. — Determinan entre sí una relación de complementariedad que no permite establecer jerarquías entre ellos. — Permiten superar las aparentes antinomias, incorporando al análisis constitucional la finalidad integradora propia de las Constituciones consensuadas.

IV. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Los principios constitucionales, una vez determinados, adquieren proyección normativa y, al igual que los valores, son instituciones jurídicas vinculantes para los poderes públicos. Ya desde Savigny, los principios jurídicos se configuran como instituciones con valor normativo, admitiéndose que en el Derecho, además de reglas y de valores, existen principios que precisamente identifican a cada ordenamiento concreto (véase E. García de Enterría, Re101

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flexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho, 1984). El problema que plantean los principios no es el de su aceptación, sino, como muy bien expresa M. Aragón (ob. cit.), el de su conformación. Y si los principios son importantes en la interpretación jurídica, mucho más lo van a ser en el campo de la interpretación constitucional, ya que su objeto está materializado en las Constituciones, sobre todo en aquellas aprobadas como Constituciones de integración o de consenso a partir de la segunda posguerra. Estos textos constitucionales incluyen una serie de principios que son básicos para fundamentar la interpretación e interrelación adecuada entre los valores y las reglas constitucionales. La determinación de la estructura jurídica y la función constitucional de los principios facilitará la interpretación y aplicación que de los mismos deba realizar el intérprete constitucional. A) La estructura jurídica de los principios Hemos definido los principios como instituciones con proyección normativa de las cuales se extraen reglas jurídicas. Algunos de los principios están positivados en la Constitución (el de legalidad, por ejemplo); otros no están formulados expresamente, sino que han de deducirse en una interpretación operativa a partir de las reglas constitucionales (como, por ejemplo, el principio democrático, que se extrae de la estructura constitucional), que deberán ser concretadas a partir de los principios deducidos. Por otra parte, existen también principios que tienen una dimensión histórica que ha venido siendo reconocida regularmente como propia de todo sistema jurídico. La estructura de los principios constitucionales como instituciones jurídicas inferidas de interpretaciones operativas de las cuales han de extraerse nuevas reglas jurídicas e interpretarse las vigentes, se mantiene constante en todos ellos, siendo precisamente esta estructura de «germen de reglas» el elemento caracterizador e inmutable de todos los principios. Y si todos los principios tienen idéntica estructura jurídica, es evidente que no puede existir entre los mismos orden jerárquico alguno a nivel estructural. En las operaciones de deducción de los principios se revela sumamente importante la labor del intérprete, tanto más importante como vinculante sea su función interpretadora. En este sentido, es especialmente relevante la formulación de principios por parte del Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución y, sobre todo, a partir del carácter vinculante de su doctrina para los jueces ordinarios a partir de los artículos 1 y 40.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por poner un ejemplo, podemos señalar que el principio democrático se 102

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infiere de la estructura general constitucional precisada en las reglas reguladoras de la organización de los órganos públicos y de la participación de los ciudadanos en la vida política, social y económica, estando además en la base de la afirmación del artículo 1.1 CE cuando éste declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Es decir, los principios constitucionales tienen las siguientes características estructurales: — Son normas inferidas de una interpretación operativa sobre las reglas constitucionales. — Constituyen proyecciones normativas a partir de elementos reglados. — Contienen gérmenes de reglas indeterminadas, pero predictibles. — Sus elementos estructurales son permanentes. — Entre los principios no existe relación jerárquica a nivel estructural. B) Función constitucional de los principios

Los principios, en cuanto instituciones jurídicas con proyección normativa, cumplen con una función informadora de todo el ordenamiento. Esta función es más concreta que la realizada por los valores (de ahí su diferencia funcional con los mismos), ya que a partir de su mayor grado de precisión (pues, aun cuando son indeterminados, son predictibles), los principios ofrecen mayores argumentos para decidir el significado concreto de una regla. Así, también, de los principios se extraen reglas aplicables a los casos concretos, y la posible transmutación de los principios en reglas supone el ejercicio de diferentes opciones de política legislativa. Corresponde, pues, al legislador concretar los principios constitucionales en reglas y al intérprete jurisdiccional aplicar las reglas inferidas de los mismos, pero con menor grado de discrecionalidad que el legislador, ya que el contenido material de los principios determinará el sentido de las reglas durante el proceso de interpretación. Los principios han de deducirse de las reglas constitucionales. En los Estados actuales se proyectan, al mismo tiempo, principios cuya fundamentación puede obtenerse de reglas portadoras de valores subyacentes distintos cuando no aparentemente contradictorios. Un ejemplo lo podemos encontrar en la formulación del principio democrático, que comprende los valores de libertad y pluralismo político conjuntamente con el principio social portador de los valores de igualdad y justicia. Esta colisión entre principios debe ser resuelta superando las contradicciones a través del balancing o equilibrio que exige el efecto integrador buscado por las normas constitucionales. En consecuencia, dado el valor normativo de los principios constitucio103

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nales, podemos afirmar también que estos principios, como parte integrante de la Constitución, tienen en primer lugar una función positiva a través de su categoría informadora del ordenamiento y, en segundo término, una función negativa que se concreta mediante la fuerza derogatoria de la Constitución (véase Aragón, ob. cit.), y, por tanto, depuran el ordenamiento garantizando que el contenido material de las normas jurídicas se ajuste al previsto constitucionalmente. En resumen, la función constitucional de los principios puede concretarse en que: — Tienen eficacia directa. — Permiten extraer las reglas aplicables al caso concreto. — Su función positiva consiste en informar el ordenamiento. — La función negativa comporta que tengan fuerza derogatoria. — Su interpretación debe realizarse en forma complementaria e indisociable. — Facilitan, a partir de su transmutación en reglas, la posibilidad operativa de una pluralidad de opciones cuya elección concreta corresponde a criterios de política legislativa.

V.

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Una vez determinada la estructura jurídica y la función constitucional de valores y principios, es necesario precisar las peculiaridades de su interpretación como componentes del orden constitucional y configurar su aplicación por parte del intérprete legislativo o jurisdiccional. A) L,as peculiaridades de la interpretación de los valores y principios constitucionales La interpretación de los valores y principios constitucionales ha de seguir, evidentemente, las reglas generales de la interpretación jurídica. Sin embargo, de su estructura normativa y de su función constitucional se desprenden una serie de peculiaridades, que se pueden sintetizar del siguiente modo: — Tanto valores como principios tienen, respectivamente, una estructura jurídica estable y permanente, mientras que, por otra parte, su función constitucional es flexible y dependiente de múltiples circunstancias que pueden generar una pluralidad de opciones. — Su carácter normativo e institucional vincula a todos los poderes públicos y a los particulares en el sentido previsto en el artículo 9.1 CE. Si los 104

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ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, es más evidente que están también sujetos a los valores superiores del ordenamiento positivados en el artículo 1.1 CE y a los principios derivados de la estructura constitucional. — La estructura de los valores como metanormas y de los principios como gérmenes de reglas origina una vinculación especial del legislador (parlamento, gobierno y administración en general) al imponerle como límite a su actuación que todas las leyes y los reglamentos deben respetar el orden de valores y principios derivados de la Constitución. — El contenido material expresado en los valores y principios constitucionales, a partir de la función fundamentadora, orientadora y crítica de los primeros e informadora de los segundos, pretende asegurar que el contenido material del ordenamiento jurídico esté de acuerdo con el orden material establecido en ellos (en este sentido, véase STC 27/1981), careciendo entonces de legitimidad las normas jurídicas que no respondan a ese orden de valores y principios (aun cuando su proceso de formación estructural haya sido formalmente correcto), ya que quebrarían la finalidad integradora de la Constitución. — Cuando entre los valores subyacentes a las normas exista conflicto o, en su caso, lo exista entre los principios extraídos de las mismas (lo cual no es difícil en las Constituciones de integración, ya que comportan valores y principios contrapuestos entre sí precisamente para facilitar el consenso), debe encontrarse una interpretación que no anule ninguno de los valores o, en su caso, principios. — Ni entre principios por un lado ni entre valores superiores por otro podemos establecer un orden jerárquico interno, ya que la Constitución no lo determina. Lo que sí determina la Constitución es una jerarquía entre los valores superiores y los principios, ya que al configurar a los primeros como superiores de todo el ordenamiento jurídico deben ser el fundamento de todos los principios y reglas jurídicas. A la inversa, podemos afirmar que los principios tienen una relación de complementariedad con respecto a los valores superiores, puesto que ambos son determinantes para la concreción de las reglas. B) La aplicación de los valores y principios por el intérprete legislativo o jurisdiccional El legislador, el juez y el jurista en general deben aplicar los valores y principios, ya que la vinculación de la Constitución no exime a nadie del cumplimiento de tales institutos normativos. Pero es preciso plantearse si la aplicación de los valores o principios puede ser o no directa, es decir, determinar 105

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el grado de aplicación de los valores o principios partiendo directamente del propio texto constitucional o a partir de su subsunción en las leyes. Distinguiremos al respecto la aplicación por parte del legislador, la aplicación por parte del juez y la aplicación a realizar por el Tribunal Constitucional: — El legislador está directamente vinculado a los valores del artículo 1.1 de la Constitución española y a los principios constitucionales, que deberán ser tenidos en cuenta complementariamente por las normas jurídicas resultantes. Esta doble vinculación, del legislador y de la norma, origina la inconstitucionalidad de las normas que no respeten los valores o principios constitucionales, inconstitucionalidad que deberá ser apreciada por los órganos de control de constitucionalidad correspondientes; es decir, por el Tribunal Constitucional en el caso de las leyes y por los jueces ordinarios en el supuesto de los reglamentos (ya que los jueces están vinculados a la ley, pero no a las normas inferiores). — El poder judicial, es decir, los tribunales ordinarios, deberán aplicar las leyes, las cuales se presumen constitucionales. En el supuesto de que el juez, al momento de dictar sentencia en un caso concreto, creyera que una ley no respeta los valores del artículo 1.1 o los principios constitucionales, es preceptivo que presente una cuestión de inconstitucionalidad por infracción de valores o principios; el juez no puede dejar de aplicar la ley, a la cual está vinculado, sin mandato expreso del Trubunal Constitucional y, en consecuencia, debe presentar la cuestión. En el caso de los reglamentos contrarios a los valores o principios constitucionales, es evidente que su control corresponde a los jueces ordinarios. — El Tribunal Constitucional efectúa el control de constitucionalidad sobre las leyes aprobadas por el poder legislativo, ya sea a partir del control directo o del control incidental. En el control de constitucionalidad se plantea la polémica en torno a si los valores pueden por sí solos fundamentar una decisión, es decir, si es posible la inconstitucionalidad por infracción directa de valores. El Tribunal Constitucional parece admitir cierta efectividad directa respecto del valor «pluralismo político» en relación con la constitucionalización de los partidos políticos (STC 32/1985), pero no se aprecia el mismo criterio cuando efectúa la interpretación de los otros valores superiores, a los que considera que responden a un sistema de valores y principios de alcance universal (STC 21/1981, entre otras), sin entrar en el fondo del problema que planteamos. A este respecto, Prieto Sanchiz (ob. cit.) opina que no es posible obtener cobertura suficiente en los valores si al mismo tiempo no se vulneran otras disposiciones constitucionales. La aceptación de esta tesis significaría, siguiendo a Peces-Barba (ob. cit), la negación del carácter normativo de los valores y, en consecuencia, del efecto normativo del 106

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artículo 1.1 CE, es decir, de un artículo de la Constitución, de una regla constitucional que, por propia naturaleza, necesariamente produce efectos jurídicos. Por el contrario, no se discute la fundamentación de una declaración de inconstitucionalidad basada en la infracción de principios constitucionales.

VI.

EL CONTENIDO DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

Hasta aquí hemos efectuado un análisis de valores y principios con cierto nivel de abstracción, sin entrar, por consiguiente, en su contenido material. De este análisis pueden derivarse estructuras operativas necesarias para realizar su interpretación en los casos concretos. A) Las dificultades en la precisión del contenido material: la pluralidad de opciones Sin embargo, no es fácil deducir los contenidos materiales que acompañan a los valores y principios; en primer lugar, porque los mismos contenidos materiales pueden actuar como valores, como principios o como reglas jurídicas concretas, y en segundo término, porque tanto valores como principios, a partir de su propio grado de abstracción, pueden conducir a diversos significados materiales, todos ellos constitucionalmente admisibles, pero de cuya adopción y manifestación concreta sólo puede predicarse responsabilidad política. Un ejemplo paradigmático está constituido por la igualdad. B) Un ejemplo paradigmático: el caso de la igualdad En efecto, en la Constitución española, la igualdad presenta diversas manifestaciones que comportan efectos jurídicos diferentes: a) La igualdad, como valor constitucional del artículo 1.1 CE, es un «valor superior del ordenamiento jurídico» que impregna todo el ordenamiento y que, en consecuencia, podría incluso justificar, de admitirse la opinión al respecto de Peces-Barba, la presentación de un recurso o cuestión de inconstitucionalidad contra una ley infractora de los valores constitucionales. b) La igualdad como principio estructural constitucional, que se proyecta en diferentes reglas constitucionales: — El acceso a cargos y funciones públicos en condiciones de igualdad del artículo 23.2 CE. — La exigencia del respeto a la igualdad en lo que se refiere a los deberes fiscales del artículo 31.1 CE. 107

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— El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica del artículo 32.1 CE. — La igualdad de los hijos ante la ley, con independencia de su filiación, del artículo 39.2. c) La igualdad como derecho público subjetivo, establecido en el artículo 14 CE, que, como «igualdad ante la ley», es susceptible de recurso de amparo ordinario y constitucional. Cualquier derecho constitucionalmente reconocido, aun cuando no esté en la Sección 1.a del Capítulo 2° del Título I, y cuya vulneración en un caso concreto suponga asimismo la violación de la igualdad, quedará, por tanto, protegido por el recurso de amparo, al tener la igualdad una vis expansiva general. Cabe también la interposición del recurso o cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que lo infrinja. Por otra parte, pueden también reconducirse a la igualdad como principio: a) La cláusula antidiscriminatoria materializada a partir de la prohibición de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión y opinión, contemplada en el artículo 14 CE, es también de alcance general, por lo que adquiere estructura y función de principio constitucional. Esta cláusula goza asimismo de la protección del recurso de amparo y es también susceptible de ser protegida por el recurso o cuestión de inconstitucionalidad. b) El artículo 9.2 CE cuando establece, entre otras, la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, está determinando para la igualdad una función promocional o finalista propia de los principios constitucionales. Como puede fácilmente apreciarse, la interpretación de la igualdad como valor y de la igualdad como principio puede adoptar manifestaciones concretas diferentes, las cuales tienen distintos efectos jurídicos. De ahí la dificultad de reconducir los valores o principios a contenidos materiales absolutos, reconducción que originaría a su vez una petrificación de la interpretación constitucional que no se ajustaría al carácter integrador de las Constituciones.

VII.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Para terminar esta exposición, y sintetizando algunas de las formulaciones anteriormente expresadas, se pueden efectuar varias consideraciones: — En el texto constitucional se positivizan los valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Al mis108

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mo tiempo se desprenden de la Constitución una serie de principios, tales como, por ejemplo, los principios democrático, social, autonómico, parlamentario, de legalidad, etc. — La Constitución española contiene un considerable número de reglas cuya interpretación ha de realizarse a partir de estos valores y principios constitucionales. — Todos los valores y principios tienen una estructura estable y una función flexible, por lo que no pueden tener un contenido material absoluto. Sin embargo, la dificultad de su configuración material no puede justificar que el intérprete tanto legislativo como jurisdiccional quede eximido de su obligación de afrontar la aplicación e interpretación de los mismos. — La interpretación y aplicación de valores y principios debe efectuarse operando con criterios normativos, puesto que ambos son prescriptivos y vinculantes y, por tanto, susceptibles de interpretación jurídica. En la interpretación de valores y principios se deberá buscar, en cada caso concreto, el máximo efecto integrador en aras de conseguir que, en esencia, el efecto normativo y la función legitimadora de valores y principios se ajuste a la estructura y funciones previstos constitucionalmente para ellos.

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