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Procedimientos Especiales. Derecho Civil

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Categoría: Acontecimientos Sociales

Enviado por: Rebecca 12 mayo 2011

Palabras: 9138 | Páginas: 37

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lmente devolverá todos los recaudos al interesado lo mismo ocurrirá si el deudor se negare a contestar afirmativa o negativamente sobre el único objeto de su comparecencia.

3) Que niegue la firma; pudiendo exponer que esa no es su firma sin añadir ningún otro alegato, el acreedor podrá hacer uso de su derecho en juicios. En este caso igualmente el tribunal entregara los recaudos al solicitante.

4) Que la impugne y tache de falsa; se seguirá el juicio correspondiente, si el tribunal en que se actúa fuere competente y de no serlo, se pasara al que lo sea.

5) Que niegue e impugne el documento privado objeto del reconocimiento; no tiene ninguna trascendencia sobre el reconocimiento o no del mismo, el tribunal dejara constancia en el acto de lo acontecido y devolverá los recaudos al interesado.

PROCESO EJECUTIVO.

La vía ejecutiva, es un procedimiento con el que se adelantas las medidas cautelares hasta que se decida el proceso ordinario, a menos que no se hubiere presentado oposición; en cuyo caso el proceso ejecutivo culminara sin las dilaciones a que los someten el llamado juicio cognoscitivo. Como lo determina el articulo 630 del CPC, una vez propuesta la demanda y consignado el documento, el juez luego de examinarlo cuidadosamente acordara inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas; en consecuencia; es de las peculiaridades de este proceso la decisión de dictar inmediatamente el embargo ejecutivo, por lo cual esta medida se dictara inaudita parte, sin que para ello haga falta que coste la citación del demandado y mucho menos que la demanda se hubiere contestado.

SUSPENSIÓN DEL EMBARGO.

En cualquier estado y grado de la causa se podrán suspender los embargos decretados y practicados si el deudor acredita haber cancelado la obligación o haber celebrado un acuerdo con el actor del juicio.

PROCEDIMIENTO DE EMBARGO.

Una vez decretado el embargo de los bienes, se procederá respecto de ellos con arreglos a toda la materia correspondiente a la ejecución de la sentencia, hasta el estado en que los bienes embargados puedan ser sacados a remate momento en el cual se detendrá el proceso ejecutivo hasta que en el procedimiento ordinario se produzca sentencias definitivamente firmes.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

Procedimiento ordinario, el cual se sustanciara y decidirá en cuaderno separado, que se denominara cuaderno de la demanda. En estos autos se contendrán todas las actuaciones del tribunal y de las partes, así como las decisiones definitivas e interlocutorias que se produzcan. Este proceso, conforme lo determina el articulo 637 no supondrá, ni alterara el curso ordinario de la causa, puesto que todo lo relativo al juicio ejecutivo se sustanciara en cuaderno separado que comienza con el decreto del embargo y se continuara con todas las incidencias de ejecución hasta el remate y cancelación de la acreencia, en tanto que el cuaderno de la demanda, se integrara con el libelo, sus recaudos y la admisión de la misma, continuara con todo lo que es común del juicio ordinario, hasta que se produzca la sentencia definitivamente firme en el proceso. En materia de costas, el artículo 638. Consecuente con lo dispuesto en el artículo 274 dispone que la parte totalmente vencida en la vía ejecutiva sea condenada al pago de las costas. En todo caso ha de tenerse en cuenta en esta materia las disposiciones del artículo 276 y 286 del mismo código. Al primero de ellos (276) por lo que respecta al uso o empleo de ataques o medio de defensa que no hayan tenido éxito se le impondrán a la parte que lo haya ejercido, aunque se trate del vencedor del pleito. Y el (286) se refiere alas limitaciones legales respecto de los honorarios, no obstante que los mismos quedan sujetos a retasa.

RESPONSABILIDAD DEL ACREEDOR DESPUES DE LA SENTENCIA.

Cuando en acreedor hipotecario hubiere sido pagado antes de la sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada y en dichas sentencias se resolviere que no tiene el acreedor el derecho que hizo efectivo o que se excedió en su reclamo en la misma sentencia se establecerá la responsabilidad en que hubiere incurrido, y la ejecución de la definitiva abrazara también esa responsabilidad.

PRESCIRPCION DE LA VIA EJECUTIVA.

La prescripción de la acción de la vía ejecutiva es a los diez años, sin que tal prescripción afecte la acción ordinaria que es de veinte años, es decir, lo que prescribe es la obligación, no el procedimiento que pueda activar el actor de juicio.

PROCEDIMIENTO POR INTIMACION.

Según Cabanellas “es el requerimiento formal dirigido a un deudor para que satisfaga su demanda o cumpla su obligación, con anuncios mas o menos expresos de que, en caso de negativa, se procesa contra el sin dilación y por los tramites que las leyes autorizan. En la intimación judicial de pago, si el deudor, al presentarse el auxiliar de la justicia con el mandamiento del caso, paga en la forma que se indica, evita el pleito”

El procedimiento por intimación, es un procedimiento de cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto en favor de quien tenga derechos creditorios que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Puede éste dirigirse en tal caso al Juez mediante demanda, y el Juez inaudita altera pars (sin oír a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación.

Esto se notifica al deudor, éste puede hacer oposición y surge en consecuencia un procedimiento ordinario, o no hace oposición dentro del término y el decreto pasa a ser definitivo e irrevocable con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena.

Este procedimiento, se caracteriza por ser un sistema basado en la inversión de la carga del contradictorio que se aplica ordinariamente, y en el cual el Juez no emite su decisión hasta tanto haber oído a la contraparte y encontrándose vencido el lapso probatorio; siendo la forma de este sistema emitir sin conocimiento de la otra parte, una orden de pago para que el demandado cumpla, apercibido de ejecución, y si lo cree conveniente, provocar el debate judicial formulando a tal efecto la oposición.

Es decir que, el procurar el sistema del contradictorio queda ahora a iniciativa del demandado en lo que a este procedimiento se refiere. Además de esta característica del desplazamiento de la carga del contradictorio, pudiéramos señalar tras la celeridad de este procedimiento, la amplitud documental y su limitación a las llamadas acciones de condena.

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD:

El procedimiento de intimación se aplica cuando el derecho subjetivo sustancial que se hace valer con la acción, es un derecho de crédito.

EL DERECHO DE CRÉDITO DEBE SER LÍQUIDO Y EXIGIBLE.

Puede aplicarse también el procedimiento de intimación para exigir la entrega de cierta cantidad de "Cosas fungibles" son cosas de la misma especie, las cuales pueden en los pagos ocupar las unas el lugar de las otras.

También se aplica el procedimiento de Intimación, cuando se persiga la entrega de una cosa mueble determinada, quedando excluido para los inmuebles.

COMPETENCIA.

La competencia en este procedimiento, se determina principalmente por la regla general que rige en esta materia, es decir, es competente para conocer de todas las demandas que se propongan contra una persona, el tribunal del lugar donde la misma tenga su domicilio, a menos que el conocimiento de la causa haya sido deferido exclusivamente a otro tribunal. Lo que determina esta regla, es la vinculación personal del demandado con dicha circunscripción, expresándose en el aforismo latino actor sequitur forum reí, según el cual, el actor debe seguir el fuero del demandado.

DEMANDA - REQUISITOS DE FORMA

Artículo 642. En la demanda se expresarán los requisitos exigidos en el artículo 340 de este Código. Si faltare alguno, el Juez ordenará al de-mandante la corrección, del libelo, absteniéndose entre tanto de proveer sobre lo pedido.

De esta resolución del Juez se oirá apelación libremente, la cual deberá interponerse de inmediato o dentro de los tres días siguientes. CPC. Art. 434 y 643, Ord. 2° Instrumentos fundamentales de la acción.

PRESUPUESTOS PROCESALES CAUSAS DE INADMISIBILIDAD.

Artículo 643. El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:

1°. Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640,

2°. Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega.

3°. Cuando el derecho que se alega está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación o la verificación de la condición.

PRUEBAS SUFICIENTES

Artículo 644. Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior: los instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas, admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, pagarés, cheques y cualesquiera otros documentos negociables.

ENTREGA DE COSAS FUNGIBLES.

Artículo 645. Cuando la demanda se refiere a la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles, el demandante deberá expresar en el libelo, la suma de dinero que estaría dispuesto a aceptar si no se cumpliera la prestación en especie, para la definitiva liberación de la otra parte.

En este caso, si el Juez considera desproporcionada la suma indicada, antes de proveer sobre la demanda, podrá exigir al demandante que presente un medio de prueba en que conste el justo precio o el precio corriente de la cosa. CPC. Art. 528 Cuando se ha mandado a entregar alguna cosa.

MEDIDAS CAUTELARES.

Artículo 646. Sí la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cuales- quiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas. CPC. Art. 546 De la oposición al embargo y de su suspensión.

DECRETO DE INTIMACIÓN: CONTENIDO.

Artículo 647. El decreto de intimación será motivado y expresará: El Tribunal que lo dicta, el nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado, el monto de la deuda, con los intereses reclamados, la cosa o cantidad de cosas que deben ser entregadas, la suma que a falta de prestación en especie debe pagar el intimado conforme a lo dispuesto en el articulo 645 y las costas que debe pagar; el apercibimiento de que dentro del plazo de diez días, a contar de su intimación, debe pagar o formular su oposición y que no habiendo oposición, se procederá a la ejecución forzosa.

COSTAS - LIMITACIÓN DE HONORARIOS

Articulo 648. El Juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado, pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante, una cantidad que exceda del 25 % del valor de la demanda. CPC. Art. 38 Estimación del valor de la demanda. 286 Costas de ejecución.

CITACIÓN PERSONAL

Artículo 649. El Secretario del Tribunal compulsará copia de la demanda y del decreto de intimación y la entregará al Alguacil para que practique la citación personal del demandado en la forma prevista en el artículo 218 de este Código.

CITACIÓN POR CARTELES.

Artículo 650. Si buscado el demandado no se le encontrare, el Alguacil dará cuenta al Juez, expresando las direcciones o lugares en que lo haya solicitado, y éste dispondrá, dentro del tercer día, que el Secretario del Tribunal fije en la puerta de la casa de habitación del intimado, o en la de su oficina o negocio, si fueren conocidas o aparecieren de los autos, un cartel que contenga la trascripción íntegra del decreto de intimación.

Otro cartel igual se publicará por la prensa, en un diario de los de mayor circulación, en la localidad, que indicará expresamente el Juez, durante treinta días, una vez por semana. El Secretario pondrá constancia en el expediente de todas las diligencias que se hayan practicado en virtud de las disposiciones de este artículo, y el demandante consignará en los autos los ejemplares del periódico en que hubieren aparecido los carteles.

Cumplidas las diligencias anteriores, si el demandado no compareciere a darse por notificado dentro del plazo de diez días siguientes a la última constancia que aparezca en autos de haberse cumplido las mismas, el tribunal nombrará un defensor al demandado con quien se entenderá la intimación.

OPOSICIÓN DEL INTIMADO.

Artículo 651. El intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649, a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192. En el caso del artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente indicadas.

Si el intimado o el defensor en su caso, no formulare oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Artículo 652. Formulada la oposición en tiempo oportuno por el intimado o por el Defensor, en su caso, el decreto de intimación quedará sin efecto, no podrá precederse a la ejecución forzosa y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes a cualquier hora de las indicadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, sin necesidad de la presencia del demandante, continuando el proceso por los trámites del procedimiento ordinario o del breve, según corresponda por la cuantía de la demanda.

EJECUCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES

La ejecución de créditos fiscales se encuentra contemplada en el Código de Procedimiento Civil Venezolano Libro IV De los Procedimientos especiales, Primera parte, De los Procedimientos especiales, Capitulo III, desde el artículo 653 al 659, ambos inclusive, la cual es la acción de la que puede valerse el Fisco, ya sea Nacional, Estadal o Municipal, para cobrar judicialmente lo que se le adeuda relativo al ramo pertinente que respectivamente le corresponde; pues se trata de bienes, que por cualquier titulo haya adquirido o entrado a formar parte de los respectivos patrimonios de dicha entidades, constituyendo el objeto de estas demandas, todo lo que implique reclamo de lo que constituye la Hacienda de cada una de las entidades políticas indicadas; porque Hacienda, en materia fiscal, son los bienes, rentas y deudas que forman el activo de esas entidades respectivamente, así como todos los demás bienes y rentas cuya administración les corresponda.

En este sentido, es necesario examinar la fundamentación legal respecto al artículo 653 del Código de Procedimiento Civil, que a tenor del mismo expresa lo siguiente:

“Artículo 653. Salvo lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, la ejecución de créditos fiscales se solicitará ante los Tribunales Civiles competentes según la cuantía, de conformidad con las disposiciones del presente Capítulo.”

El Código Orgánico Tributario establece en su artículo primero que Las disposiciones del presente código orgánico son aplicables a los tributos Nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de ello, con excepción de los tributos aduaneros, a los cuales sólo se aplicarán con carácter supletorio. También son aplicables a las personas de Derecho Público no estatales siempre que no existan disposiciones especiales. Las normas de este Código regirán igualmente, con carácter supletorio y en cuanto sean aplicables, a los tributos de los Estados y Municipios.

Por otra parte, el legislador Tributario estableció en los artículos 289, 291 y 294 en concordancia con el artículo 333 del Código Orgánico Tributario vigente, lo siguiente:

“Artículo 289. Los actos administrativos contentivos de obligaciones líquidas y exigibles a favor del Fisco por concepto de tributos, multas e intereses, así como las intimaciones efectuadas conforme al parágrafo único del artículo 213 de este Código, constituirán título ejecutivo, y su cobro judicial aparejará embargo de bienes, siguiendo el procedimiento previsto en este Capítulo.”

Artículo 291. La solicitud de ejecución del crédito deberá interponerse ante el Tribunal Contencioso Tributario competente.

El artículo 294 del Código Orgánico Tributario dispone:

”Admitida la demanda, se acordará la intimación del deudor para que pague o compruebe haber pagado, apercibido de ejecución, y en el lapso de cinco (05) días contados a partir de su intimación. El deudor, en el lapso concedido para pagar o comprobar haber pagado, podrá hacer oposición a la ejecución demostrando fehacientemente haber pagado el crédito fiscal, a cuyo efecto deberá consignar documento que lo compruebe. Así mismo, podrá alegar la extinción del crédito fiscal conforme a los medios de extinción previstos en este Código.

De conformidad con lo establecido en la norma citada, el requisito fundamental para que pueda ser declarada con lugar la oposición de la parte intimada en este tipo de procedimiento, es que el oponente demuestre fehacientemente haber pagado el crédito fiscal.

Artículo 333. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de este Código en la Gaceta Oficial, deberán crearse o ponerse en funcionamiento Tribunales Contenciosos Tributarios en diferentes ciudades del país, con la finalidad de garantizar la tutela judicial efectiva de las partes, y el adecuado desenvolvimiento de los procedimientos judiciales. Los tribunales de la jurisdicción civil ordinaria seguirán conociendo del juicio ejecutivo previsto en este Código, hasta tanto se creen los Tribunales Contenciosos Tributarios previstos en el encabezamiento de este artículo.

De las formulas jurídicas trascritas, se debe interpretar que para ejercer el procedimiento de ejecución de créditos fiscales o juicio ejecutivo, es obligatorio la existencia de un título ejecutivo, tal como es, verbigracia, los actos administrativos contentivos de obligaciones líquidas y exigibles a favor del fisco, provenientes de tributos, así como las multas e intereses que eventualmente pudieran derivar de dicha relación netamente tributaria; y asimismo, que la competencia para conocer y decidir la ejecución de dicho crédito fiscal sea la jurisdicción contencioso tributaria, conforme lo dispone la Resolución Nº 2003-0001 de fecha 21 de enero de 2003, (publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.622 del 31 de enero de 2003), la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, resolvió crear seis (6) Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario con sede en diversas ciudades del territorio nacional, cumpliéndose así la condición prevista en el citado artículo 333 del Código Orgánico Tributario.

EJECUCIÓN DE HIPOTECA

La Ejecución de Hipoteca se encuentra contemplada en el Código de Procedimiento Civil Venezolano Libro IV De los Procedimientos especiales, Primera parte, De los Procedimientos especiales, Capitulo IV, desde el artículo 660 al 665, ambos inclusive.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

La solicitud deberá hacerse siempre y cuando la obligación se encuentre vencida. De allí que el Legislador establezca que, "Llegado el caso de trabar ejecución sobre el inmueble ejecutado, por estar vencida la obligación garantizada por la hipoteca", según el Artículo 661 del Código de Procedimiento Civil el acreedor deberá presentar los siguientes recaudos:

1°.- El documento registrado constitutivo de dicha obligación, el cual como vemos, deberá estar debidamente registrado por la Oficina de Registro respectivo, o sea, la del sitio donde se encuentre ubicado el inmueble.

2°. - Indicara el monto del crédito con los accesorios que estén garantizados por la hipoteca.

3°. El tercero poseedor de la finca hipotecada si fuere el caso.

4°. - Igualmente, deberá presentar copia certificada expedida por el Registrador correspondiente de los gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser objeto la finca hipotecada con posterioridad al establecimiento de la hipoteca cuya ejecución se solicita.

UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD QUE DEBERÁ HACER EL JUEZ:

Siguiendo la normativa impuesta por el Artículo 661, el Juez deberá proceder de la siguiente manera:

PRIMERO: Podrá excluir de la solicitud de ejecución los accesorios que no estuvieran expresamente cubiertos por la Hipoteca.

SEGUNDO: deberá examinar cuidadosamente la solicitada los efectos de si están llenos los siguientes extremos siguientes:

A) Si el documento constitutivo de la hipo-teca esta registrado en la jurisdicción donde este situado el inmueble.

B) Si las obligaciones que ella garantiza son liquidas de plazo vencido, y no ha transcurrido el lapso de la prescripción.

C) Si las obligaciones no se encuentran sujetas a condiciones u otras modalidades.

Observamos entonces que al igual que en el procedimiento monitorio se le conceden facultades al Juez, para el caso de que no encuentren llenos los extremos legales, deseche la demanda. "Estas facultades que se conceden al Juez, y que alcanzan hasta el poder excluir de la ejecución aquellos accesorios no cubiertos con la hipoteca, dan al procedimiento desde su propio inicio una garantía de certeza y estabilidad tan descuidada en el sistema vigente, que aseguran su eficaz resultado. Obviamente, la falta de algunos requisitos hace inadmisible la solicitud de ejecución, contra lo cual cabe recurso de ambos efectos".

TERCERO: Una vez presentada la solicitud, si el Juez encontrare "llenos los extremos exigidos en los ordinales anteriores DECRETARA INMEDIATAMENTE LA PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR DEL INMUEBLE HIPOTECADO.

CUARTO: Inmediatamente lo notificara al registrador respectivo a los efectos establecidos en el Articulo 600 del mismo Código, o sea, para que el Registrador se abstenga de protocolizar ningún documento en que de alguna manera se pretenda enajenarlos o gravarlos, insertando en su oficio los datos sobre situación y linderos que constaren en la petición.

QUINTO: Intimación del deudor y el tercero poseedor para que paguen dentro de tres (3) días, apercibidos de ejecución.

SEXTO: Asimismo, si el Juez considera que de los recaudos presentados existe algún tercero poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado, procederá de oficio a intimarlo.

EL EMBARGO EJECUTIVO.

Determina el Artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, en este sentido lo siguiente; "Si al cuarto día no acreditaren el deudor o el tercero haber pagado, se procederá al embargo del inmueble, y se continuara el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el Titulo IV, Libro Segundo de este Código hasta que deba sacarse a remate el inmueble. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiere formulado oposición la oposición a que se refiere el Artículo 663.

DE LA OPOSICIÓN.

Dispone el Artículo 663 lo siguiente: "Dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se haya efectuado la intimación, mas el termino de la distancia si a el hubiere lugar, tanto el deudor como el tercero podrán hacer oposición al pago que se les intime.”

CUALES SON LOS MOTIVOS TAXATIVOS POR LOS CUALES SE PUEDE HACER LA OPOSICIÓN

Se encuentran expresamente determinados por el Artículo

663 ya citado, de la manera siguiente:

1°.- La falsedad del documento registrado presentado con la solicitud de ejecución.

2°.- El pago de la obligación cuya ejecución se solicita siempre que se consigne junto con el escrito de oposición la prueba escrita del pago. Es bueno tener presente que dicho pago deberá acreditarse mediante documento debidamente registrado.

3°.- La compensación de suma liquida y exigible, a cuyo efecto se consignara junto con el escrito de oposición la prueba escrita correspondiente.

4°.- La prorroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige, a cuyo efecto se consignara con el escrito de oposición la prueba escrita de la prorroga.

5°.- Por disconformidad con el pago establecido por el acreedor en la solicitud de ejecución, siempre que se consigna con el escrito la prueba escrita en que ella se fundamente.

6°.- Cualquier otra causa de extinción de la hipoteca de las establecidas en los Artículos 1907 y 1908 del Código Civil.

El Artículo 663 es evidentemente limitativo de las defensas que el ejecutado puede promover contra la ejecución, en beneficio de la seriedad de la oposición, y del juicio mismo. La exclusión de otro tipo de defensa previa o perentoria, impedirá oposiciones triviales o infundadas, en la mayor parte de los casos promovidas para alargar el procedimiento de ejecución". También en estos casos le corresponderá al Juez examinar los recaudos justificativos de la oposición y la apreciación, de sí esta llena los extremos legales correspondientes a los efectos de decidir si la acepta o la rechaza.

EFECTOS DE LA OPOSICIÓN.

Si la oposición es declarada sin lugar tal como lo dispone el Articulo 662 del Código de Procedimiento Civil en su único aparte, "se procederá al remate del inmueble previa la publicación de un cartel fijando el día y la hora para efectuarlo".

Si la oposición es declarada con lugar el Artículo 663 ejusdem, in fine, dispone expresamente:

"En todos los casos de los ordinales anteriores -se refiere a los motivos de oposición- el juez examinara cuidadosamente los instrumento que se le presente, y si la oposición llena los extremos exigidos en el presente Articulo, declarara el procedimiento abierto a pruebas, y la sustanciación continuara por los tramites del procedimiento ordinario hasta que deba sacarse a remate el inmueble hipotecado, procediéndose con respecto a la ejecución como se establece en el único aparte del Articulo 634".

El Juez se encuentra en la obligación de estudiar con sumo cuidado los recaudos presentados por el opositor a los efectos de determinar si se han llenado los extremos que hagan procedente la oposición o si debe rechazarla. Si efectivamente es procedente, el procedimiento lo declarara abierto a pruebas y se procederá con respecto a los bienes con arreglo a lo dispuesto por el Titulo IV, Libro Segundo, hasta el estado en que deban sacarse a remate las cosas embargadas (Arts. 634 del CPC). Igualmente se abrirá cuaderno separado para todo lo que se practicare en virtud del decreto de embargo (Art. 634 del CPC); y por otra parte, si el acreedor hipotecario hubiese sido pagado antes de la sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada y en dicha sentencia se resolviere que no tiene el acreedor el derecho que hizo efectivo, o que se excedió en su reclamación o cobro, en la misma sentencia deberá establecer la responsabilidad en que hubiere incurrido, y la ejecución de la definitiva abrazara también esa responsabilidad.

Ahora bien, puede suceder que el deudor considere que se le ocasionaron otros perjuicios distintos a los ya mencionados, el deudor podrá utilizar el procedimiento ordinario, para reclamarlos.

Expresa el Articulo 662 del Código Civil en su único aparte:

"El acreedor tiene derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia, sin esperar la sentencia definitiva en la oposici6n, siempre que de caución que llene los extremos del Articulo 590, para responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor o del tercero. El Juez será responsable si la caución que haya aceptado resultare insuficiente".

USO DE LA VÍA EJECUTIVA:

El legislador ha determinado que la ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca pero, que no llenen los requisitos requeridos en el Articulo 661 del Código de Procedimiento Civil, se llevara a efecto mediante el procedimiento de la Vía Ejecutiva.

EFECTOS DE LA HIPOTECA CON RELACIÓN A LOS TERCEROS POSEEDORES.

Este punto debe ser tenido muy presente por el lector, debido a la fundamental importancia que tiene para el ejercicio de la acción especial, de la Ejecución de Hipoteca. Los efectos de la hipoteca en relación con los terceros se encuentran regulados por el Código Civil, en sus Artículos 1899 al 1906, destacándose entre los principales, los siguientes:

Que el acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre la cosa hipotecada y hacerla rematar, aunque este poseída por terceros. El mismo legislador en este sentido aclara, que tal disposición no producirá efectos contra el tercero que haya adquirido la cosa ejecutada en remate judicial, con citación de los acreedores hipotecarios, cuyo derecho se traslada al precio del remate (Art. 1899 del C. Civil). Asimismo, el acreedor no podrá ejercer este derecho sobre el resto de los bienes muebles que son accesorios del inmueble hipotecado, que hubieren sido enajenados a titulo oneroso sin fraude de parte del adquiriente.

En cuanto al tercero poseedor de la cosa hipotecada, no podrá alegar el beneficio de exclusión, aunque se haya constituido la hipoteca por un tercero, a menos que haya pacto en contrario (Art. 1900 del Código Civil), y tampoco podrá deducir los derechos que le correspondan y aun hacer uso de los medios de que no se valió el deudor, con tal que no sean personales a este (Art. 1901 del Código Civil).

En el caso del arrendamiento, la Jurisprudencia ha resuelto que se trata de ". . . un poseedor precario, detentan la cosa en nombre de otro y, por lo tanto, no puede considerarse como un tercero en relación con el ejecutado.

¿QUIENES DEBEN SER CONSIDERADOS TERCEROS?

Ricardo Henríquez La Roche hace una interesante disertación en este sentido, al mismo tiempo que cita normas que el litigante deberá tener siempre muy presente. Respecto a la cosa hipotecada -dice- existen cuatro (4) terceros:

1°. - El simple detentador que posee por orden y cuenta del poseedor legitimo.

2°. - El poseedor precario con titulo propio para usar o usufructuar la cosa (arrendatario, comodatario, entre otros).

3°. - El que posee con titulo de dominio, por ser tercero adquiriente de la cosa que estaba ya gravada con la hipoteca (Arts. 1267 y 1877 in fine del Código Civil); Sea como causahabiente del deudor hipotecario, sea por prescripción adquisitiva u otro titulo.

4°. - El tercero dador de la hipoteca como garantía de la obligación asumida por el deudor intimado (Art. 1902 segundo aparte y Art. 1900 del Código Civil.

LA DIFERENCIA ENTRE LOS DOS ÚLTIMOS

Indica Henríquez- es exigua, puesto que en uno u otro caso se trata de un tercero extraño a la relación sustancial garantizada, o sea, de un tercero no deudor. Goza, no obstante, de una legitimación ex legue para contradecir en razón de su interés directo en la cosa afectada.

Según sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 19 de Diciembre de 1968, se deduce que debemos interpretar el Articulo 661 del Código de Procedimiento Civil - imponiendo la carga de llamar a juicio solo a los dos últimos tipos de terceros, es decir, aquellos que POSEEN LA COSA:

ANIMUS DOMINI. EL POSEEDOR PRECARIO, que posee sin animo de dueño, pero en virtud de un titulo propio, oponible incluso al ejecutado, puede hacer uso de la protección posesoria que implementa el Articulo 546 contra el embargo previsto en el Articulo 662; pero, por no tener legitimidad de la causa, no tiene que ser demandado conjuntamente con el deudor. El simple detentador, como no posee con titulo propio ni mucho menos con ánimo de dueño, carece de todo interés en intervenir de algún modo en el proceso.

Continua aclarando Henríquez que el tercero adquiriente de un inmueble ya de antes hipotecado, dispone a elección de (4) posibilidades:

la.- DEJAR QUE EL INMUEBLE SEA EJECUTADO.'

2a.- PAGAR (Art. 1283 del C.C.).

3a.- ABANDONAR (Art. 1902 C.C.).

4a.- PURGAR (Art. 1899 C.C.).

EJECUCIÓN DE LA PRENDA

La Prenda: Es un contrato de garantía mediante el cual el deudor o un tercero, entregan al acreedor una cosa mueble para responderle de un crédito, la cual se deberá restituir una vez satisfecha la obligación; en consecuencia, la prenda confiere al acreedor el derecho o privilegio de hacerse pagar con ella la obligación garantizada.

Aun cuando la ley define la prenda como garantía de un crédito, nada se opone para que ella pueda ser constituida para responder del cumplimiento de cualquier otro tipo de obligaciones, si las mismas son claramente determinadas en el instrumento.

El objeto de la prenda, son las cosas muebles, pero igualmente se puede tratar de semovientes, si se da cumplimiento a las exigencias particulares que se requieren e indican en estos casos (Art.1864 C.C).

Para asegurar la validez de esta garantía es necesario unos requisitos formales:

• Que el documento que la contenga sea, por lo menos, un instrumento de fecha cierta, en el que se contenga la determinación de la cantidad del objeto de la garantía.

• La identificación del objeto comprometido en ella, con todas sus especificaciones.

• Que la cosa objeto de la garantía se le entregue al acreedor o a un tercero escogido por las partes.

De estos requisitos relativos a la escritura y a su contenido, se exceptúa cuando el objeto no exceda de dos mil bolívares.

Es importante tener en cuenta lo que nos establece el Código Civil, en sus artículos 1369 y 1370, donde se desarrollan las formas mediante las cuales puedan los acreedores solicitar la venta judicial de la prenda.

Cuando se trate de que la prenda esté conformada por una acreencia, el acreedor prendario tiene derecho de cóbrala judicial o extrajudicialmente en ejercicio del derecho que le otorga el articulo 1847 C.C., que en el fondo, no es más que el ejercicio de la acción oblicua, Art. 1287 C.C.

Este procedimiento especial de ejecución de la prenda es esencialmente optativo, puesto que las alternativas del C.C., se encuentra vigente incluso para hacer vender judicialmente la prenda cuando haya llegado el momento deberá saldarse la obligación.

EJECUCIÓN POR VIAS PROCESAL ESPECIAL

La ejecución de la prenda se llevará a cabo conforme al procedimiento del C.C, mediante solicitud que presentará el acreedor al tribunal competente, con la cual deberá consignar, tanto documento constitutivo de la prenda, como así mismo poner a disposición del tribunal la cosa dada en prenda.

Conformada la solicitud, el documento procesal esta sujeto a revisión previa por parte del juez, quien con las facultades de intervención que se les es otorgado por el legislador, queda investido del más amplio poder del control y verificación para examinar cuidadosamente los recaudos presentados, y comprobar si se han llenado los requisitos exigidos por la ley (Art.340 cpc), en la constitución de la prenda y así mismo, las cantidades que aspira el ejecutante le sean satisfechas, son liquidas de plazo vencido es decir, exigibles y no han transcurrido el término para considerarlas prescritas.

Si todos estos extremos se corresponden favorablemente con los requerimientos legales, la demanda es precedente y así se pronunciará el tribunal en el auto de la admisión de la demanda.

El cuaderno de medida será el que contenga todas las actuaciones del procedimiento ejecutivo, con el depósito de la cosa dada en poder y con el Derecho Intimatorio al deudor y al tercero que haya constituido la prenda, para que paguen dentro de tres días siguientes, apercibidos la ejecución (Art.668 cpc), de no ser posible la intimación personal del deudor y del tercero; se procederá a la citación por carteles (Art.650 cpc).

Si al cuarto día siguiente a la intimación personal, el deudor o el tercero no acreditan por medio de “instrumento fehaciente” haber pagado, o no consignado ante el Tribunal el monto intimado el juez ordenará la venta de la cosa en pública subasta, mediante la publicación de un cartel en un periódico de la circunscripción del Tribunal (Art. 669 cpc).

JUICIO DE CUENTAS

Este procedimiento especial tiene por objeto emplazar, mediante demanda formal, al tutor, curador, socio, administrador, apoderado o encargado de intereses ajenos que se encuentren obligados de un modo auténtico a rendir cuentas de sus gestiones, especialmente relacionadas con una determinada gestión administrativa y circunscrita a un espacio de tiempo determinado, el cual pudiera encontrase expresamente determinado por el negocio cuya gestión se le encomendó al demandado o porque ella resulta determinable en razón de la actividad en que se desempeño el sujeto a quien se le solicita la indicada rendición. Este seria el objeto de la acción propuesta, y en su desarrollo procesal.

El instrumento procesal de esta acción es el documento auténtico en el que se acredita la obligación del demandado de rendir las cuentas.

Se debe satisfacer el libelo de la demanda, es decir, la determinación de los negocios a los que se refiere el pedimento, así como el periodo que debe cubrir la rendición solicitada, también debe comprender el pago que reclame el auto y/o la restitución de los bienes que señale.

Después de la verificación de estos extremos el juez ordenará la intimación (citación) del demandado para que presente las cuentas en el plazo de veinte días siguientes a la intimación, las cuales deberán presentarse en términos claros y precisos, año por año, con sus cargos y abonos cronológicos, con todos los libros, instrumentos, comprobantes y demás papeles pertenecientes a ellas.

Por el contrario si el demandado dentro de los veinte días se opone a la demanda, se suspenderá el juicio de cuentas, y se entenderán citadas las partes para la contestación de la demanda, la cual tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes, si es que para ese acto se requiera la asistencia del demandante.

De ahí en adelante el proceso continuará por los trámites del juicio ordinario.

Como quiera que después de presentada la oposición, así estructurada, el siguiente acto es el de la contestación de la demandada, se supone que en ella el demandado ratificará los términos en que planteó su oposición y añadirá cualquier otra puntualización relacionada con el alegato de oposición, pues es evidente que ya no se podrá cambiar o variar los términos de la oposición. Para el caso de no presentar el oponente prueba escrita en apoyo de la misma.

Para el caso de que el juez no la encontrare fundada, le ordenará al demandado que presente las cuentas en el plazo de treinta días, contra esa decisión se oirá apelación en un solo efecto (Art. 675cpc).

JUICIOS SOBRE PROPIEDAD Y POSESIÓN

El Juicio sobre propiedad y posesión, es una novedad en nuestra legislación procesal, todo con el fin de afianzar y consolidar los derechos de propiedad y los demás derechos reales. Para ello existe una figura jurídica muy amplia y que posee su propio procedimiento especial, como lo es la PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. El Dr. Aníbal Dominicci, citado por Humberto Guzmán, en sus comentarios al Código Civil Venezolano, conceptualiza la prescripción como “un medio de adquirir por la posesión o de librarse de una obligación por la inacción del acreedor, después de transcurrido en tiempo establecido en las Leyes”. Estamos en presencia pues, de un modo de adquirir un derecho siempre cuando se cumplan ciertas condiciones legales, y a tal sentido Nuestro Código Civil vigente, estable en su Artículo 1952 lo siguiente: “La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el tiempo y bajo la demás condiciones determinadas por la Ley”. Así también, el Art. 1903 de la misma Ley Sustantiva establece: “para adquirir por prescripción se necesita posesión legítima”. Así pues, tanto las definiciones doctrinales como normativas legales concuerdan en que la prescripción permite adquirir un derecho o liberarse de una obligación si ha transcurrido un lapso legal de tiempo. Sin embargo notemos que la prescripción origina la ADQUISICIÓN de un derecho pero también para LIBERARSE O EXTINGUIR una obligación, es decir que podemos tener la certeza que la prescripción puede ser adquisitiva o extintiva. Para la primera, el requisito indispensable para que pueda surtir efectos es la Posesión y en el segundo caso lo indispensable es que exista inactividad del titular del derecho que posee. Estos principios lo evidenciamos en la Ley Civil Sustantiva en los Artículos 1977 y 1979 que establecen lo siguiente: “Todas la acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que puedan oponerse a la prescripción la falta de titulo ni de buena fe, salvo disposición de la Ley”. Y “Quien adquiere de buena fe un inmueble o un derecho real sobre un inmueble en virtud de un título debidamente registrado y que no sea nulo por defecto de forma, prescribe la propiedad o el derecho real por diez años, a contar de la fecha del registro del título”.

Dichos principios tiene sus excepciones, pues en materia de prescripción adquisitiva, quedan excluidos quedan excluidos de esta peculiaridad y por lo consiguiente, no son usucapibles las cosas que no estén en el comercio (Art. 1959 C.C)

INTERDICTOS

Tal como lo aprecia la doctrina y nuestra legislación procesal especial interdictos es, proteger el derecho posesorio contra el desalojo, las perturbaciones, o para prevenir los daños que presumiblemente pueda causar una obra nueva o vieja; en los cuales y en atención a los agravios del agente perturbador responsable de los daños, como de los efectos que en cada caso se pueda prever para solventar la agresión. Cualquiera que sea el fundamento de la acción interdictal, que se promueva requiere que el titular de ella sea o tenga la cualidad de poseedor del bien o del derecho, cuya protección solicita. Los cuales se distinguen en dos grupos:

• INTERDICTOS POSESORIOS: el cual esta destinado a preserva la posesión de los damnificados, contra actos de despojos o perturbaciones (Art.16 C.P.C), el cual da lugar a dos tipos de interdictos.

a) Interdictos de despojo: según lo que establece el Art. 783 del C.C “Quien haya sido despojado de la posesión cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro de un año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión”. Este es el fundamento legal y procediendo de conformidad con el Art. 699 del C.P.C donde el afectado puede ocurrir ante el Juez de Primera Instancia, en lo civil del lugar donde se encuentra situada la cosa objeto del agravio, para solicitar la restitución o devolución de los bienes muebles o inmuebles sobre los cuales se hubieren afectado los actos despojatorios.

b) Interdictos de amparo: la acción interdictal consigue su fundamento legal en el Art. 782 del C.P.C “Quien encontrándose por mas de un año en la posesión legitima de un inmueble, de un derecho rea, o de una universidad de inmuebles, es perturbado en ella, puede dentro de un año, a contar desde la perturbación, pedir que se mantenga en dicha posesión” y “en caso de una posesión por menor tiempo, el poseedor no tiene esta acción, sino contra el no poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo mas breve”. Entonces encontrándonos dentro de las hipótesis que establecen estas normas, se debe considerar titular de la acción que le autoriza el Art.700 del C.P.C, para ocurrir ante el juez de Primera Instancia Civil, a los fines de solicitar se decrete a su favor el AMPARO de los actos de perturbación ejecutados, a los fines de que cesen.

• INTERDICTOS PROHIVITIVOS: los cuales están destinados a la protección de los inmuebles, derechos reales o a otros objetos con ocasión de la ejecución de alguna obra. El da lugar a dos tipos de interdictos:

a) Interdicto de obra nueva: según el Art. 785 “Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez la obra nueva con tal que no este terminada y que no haya transcurrido un año desde su principio “. Lo primero que se debe destacar es que el fundamento de la petición es una apreciación subjetiva, en que se sustenta el temor que el sujeto pueda haber albergado con ocasión de que una obra pueda causarle daño a sus viene.

b) Interdicto de obra vieja: “Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol o cualquier objeto que amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho a denunciarlo al Juez y , de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas conducentes a evitar el peligro o que se intime al interesado de dar caución por los daños posibles”. A los efectos de diseñar el proceso para encausar la denuncia del posible daño que pueda causar la edificación de edad provecta, el árbol o cualquier otro objeto, el legislador sigue la conducta desarrollada en la legislación sustantiva y que se repite en el Art. 786 del C.C y se oirá apelación en solo un efecto.

Del deslinde de propiedades contiguas

Concepto de deslinde para Cabanella, es distinción, señalamiento o determinación de los linderos de las fincas contiguas.

Procesalmente hablando, la acción de deslindar es la facultad que tiene todo propietario de determinar con precisión, los límites de su finca y al mismo tiempo, la obligación que tiene el vecino colindante de permitir que se produzca el ejercicio de tal facultad y que al mismo tiempo, también pose. Esto es lo que ha llevado a muchos autores, con razón a decir que la acción de deslinde constituye una acción doble.

Articulo 550 CC. Todo propietario puede obligar a su vecino al deslinde de las propiedades contiguas, y de acuerdo con lo que establezcan las leyes y ordenanzas locales, o en su defecto, los usos del lugar y la clase, de la propiedad a construir a expensas comunes, las obras que la separa.

PRESUPUESTO SUSTANCIALES ESTABLECIDAS POR LA NORMA.

Para que exista la posibilidad procesal de ejercer la acción de deslinde, sustantivamente el requerimiento de le pretensión de acuerdo a lo establecido por la norma, debe obedecer a los siguientes requisitos:

1. Que las propiedades a deslindar sean contiguas o colindantes

2. Que las partes intervinientes sean propietarias de los inmuebles a deslindar

3. Que los linderos sean desconocidos e inciertos.

CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE DESLINDE

A. Es de orden publico

B. Como consecuencia de la anterior, resulta que la acción de deslinde por ser de orden publico, es irrenunciable

C. Es imprescriptible-

D. Objeto de la acción de deslinde.

El objeto principal de la acción de deslinde es determinar separar los puntos cuyos linderos estuviesen confundidos. Exige, desde luego, dicha operación un examen y estudio de los títulos referidos a la situación de los lugares, mensuras y apreciaciones y juicios, en lo cual son susceptibles los jueces en incurrir, tanto de apreciación como materiales. No es extraño, pues, que tocándole al juez ante quien promoviere dicha acción la fijación el lindero provisional, incurra este en tales juicios o errores y haya tal desacuerdo entre lo que estime como linderos y las partes interesadas, que ambas manifiesten su oposición a la fijación provisional.

EL PROCEDIMIENTO.

Este procedimiento especial ha sido concebido y planteado para que se resuelva sin contención, salvo que surja oposición al deslinde, caso en el cual se arbitrará una solución temporal y no definitiva, mientras se decide en otra instancia el contradictorio surgido. En este sentido, dispone el articulo 720 C.P.C que el deslinde judicial se propondrá por solicitud en que las partes deben cumplirse con los requisitos del articulo 340, por lo que esta diferencia determina que no se trata de una simple solicitud, sino de una demanda con todas las formalidades que e instrumento procesal debe contener. En ella además de los requisitos del 340, o más bien en cumplimiento expreso del ordinal 4 de ese articulo, se le impone al demandante la obligación de puntualizar de manera pormenorizada, los puntos por donde a su juicio deba pasar la línea divisoria. Con la demanda debe acompañar el titulo de propiedad del inmueble, aunque en este procedimiento no se adversa el tema de la propiedad ello es una exigencia que se corresponde con la cualidad procesal que se deriva del articulo 550 C.C., además de permitir el cotejo linderal contenido tanto en la escritura de propiedad como en el petitorio de la demanda.

Por esta razón se le permite también consignar otros recaudos que pueda servir para el esclarecimiento de los linderos. Por otra parte, la presentación del titulo, garantiza la cualidad activa del proponente del deslinde.

TRIBUNAL COMPETENTE.

En este proceso, la determinación del Tribunal de Distrito o Departamento hoy (Municipio) del lugar donde se encuentre ubicados los inmuebles cuyo deslinde se solicite, en el entendido que ellos abarquen dos o mas municipios, puede solicitarse el deslinde ante cualquier tribunal. Para este caso que se produjeran acciones linderales simultáneas, la competencia se determinara por la prevención. Con respecto a la competencia territorial y a la manera como resuelve el legislador, lo único que tenemos que aclarar con respecto

1. Que el fundo del querellante ocupe territorialmente dos o más de las dependencias indicadas, en cuyo caso la demanda se pueda proponer válidamente en cualquiera de los tribunales es esas dependencias.

2. Si el fundo del querellante se encuentre en municipios diferentes y el del querellado en otro tribunal competente de municipio.

3. En cuanto al privilegio del tribunal que haya prevenido primero cuando se hubiera presentado peticiones simultaneas, ello significa, no la circunstancia de que una situación del demandado por cuanto es este acto procesal el que le imparte validez al juicio Art., 251.c.p.c.

CITACION

Conforme al articulo 722, el tribunal deberá emplazar a las partes que concurran al sitio o lugar que se indique, en el día hora que también se fijara , dentro de los cinco días siguientes a la ultima citación que se practique.

1. De conformidad con el artículo 191 C.P.C, los actos correspondientes a los asuntos de competencia del tribunal, solo deben efectuarse en la sede de ellos, salvo las excepciones previstas en esa misma norma. Y este caso, por supuesto, el propio articulo 722, prevé esa modalidad, la cual es una plausible innovación de la comisión Redactora, toda vez que tratándose de una actuación que implica señalización en el terreno, no tendría mucho sentido la citación para el despacho del tribunal, para luego trasladarse al sitio del deslinde, como ocurría en el derogado.

2. El termino para la celebración de este acto es de fijación potestativa del juez, y que será uno cualquiera de los cinco días siguientes a la citación del demandado o del ultimo de ellos si fuere varios, a la hora que también se les indique

3. El objeto del emplazamiento es para que el demandado o los demandados concurran a la operación del deslinde, la cual pudiera o no efectuarse según las alternativas procesales que se puedan presentar en este acto.

3.1. Que el demandado, debidamente citado conforme a cualquiera de las modalidades previstas para ello, no concurran al acto de deslinde. En este caso y puesto que no hay oposición, contradicción u observaciones un pedimento del solicitante, el juez tendrá que fijar los linderos como se le indican en la demanda, si ellos se corresponden con los que figuran en el documento de propiedad o en otros recaudos que le merezcan de y confiabilidad.

3.2. Que el demandado debidamente citado concurra al acto u operación de deslinde y en él, no se oponga, no contradiga el pedimento del actor ni formule observaciones. En este sentido el juez tendrá que proceder como en el caso anterior.

3.3. Si efectuados esos actos de la manera que se plantean en los anteriores supuestos, y no se ejercieran contra la decisión linderal del juez los recursos permitidos por la ley, el deslinde quedara firme y habrá concluido el procedimiento.

3.4. Para el caso abierto como se indica en el articulo 727, C.P.C , el demandado o algunos de los demandados difiere el procedimiento linderal a que se aspira el actor del juicio o formulara oposición al procedimiento, la situación tomara diferentes vertientes

3.5. si se trata de un solo demandado y este formulare oposición tanto por inconformidad con el lindero fijado por el tribunal, o su oposición tuviere otros fundamentos, el lindero fijado por el tribunal tendrá carácter de lindero provisional y se pasan los autos al juzgado de primera instancia en lo civil, ante quien continuará la causa por el procedimiento ordinario, entendiéndose abierta a pruebas al día siguiente del recibo el expediente, por considerarse que la oposición formulada es equivalente a la contestación de la demanda.

3.6. Si fueren varios los demandados, que por supuesto tienen interés distintos, ya que cada uno se les demanda el deslinde con relación a los puntos de coincidencia de cada uno de estos fundos con el del demandante, es obvio que cada uno de ellos tiene la capacidad de actuar individuamente y según convenga a sus particulares intereses, por lo que en consecuencia las actuaciones de cada uno de ellos, tendrán en el proceso el merito y conducta procesal que corresponda según su pasividad o importancia en la oportunidad de practicar el deslinde, por lo cual, para algunos el juicio habrá terminado y para los oponentes continuará

APELACION

La decisión que dicte Primera instancia sobre la oposición o inconformidad alegada por el demandado y resuelta en el procedimiento ordinario tiene carácter de sentencia definitiva, por lo cual puede ser objeto de apelación en ambos efectos, contra la cual no es procedente alegar que con ella se estaría validando una tercera instancia, pues el Tribunal de Distrito (municipio) si bien es cierto que admitió la solicitud de deslinde y trato de practicar el deslinde pero al momento de producirse la oposición , pierde el conocimiento del asunto y sin decisión sobre el contradictorio remite todo el expediente a Primera Instancia y solo por razones de paz social provisional un alinderamiento temporal y por supuesto no definitivo

En un proceso donde se ha pedido deslinde a tres vecinos y habiéndoseles citado formalmente, en el acto de la práctica del mismo ocurre lo siguiente:

1. El colindante A, no concurre al acto, por lo cual, el juez, con vista a la solicitud del actor, la indicación linderal contenida en el libelo, los documentos que este presento y las recomendaciones del practico, fijara en forma definitiva la demarcación linderal con este vecino.

2. El colindante B, que si concurre al acto, no se opone la aspiración linderal solicitada por el actor, y además, teniendo alguna diferencia logra convertirla, por lo cual no hace oposición. se procederá, como el caso anterior, o conforme lo convenido, también de manera definitiva.

3. El colindante C, objeta la aspiración del actor y además se opone al deslinde. En este caso el juez, practicara un deslinde provisional con el fundo de este colindante y remitirá el expediente a Primera Instancia donde el juicio seguirá por los tramites del procedimiento.