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Retardo Perjudicial

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Categoría: Temas Variados

Enviado por: Ledesma 22 junio 2011

Palabras: 10871 | Páginas: 44

...

uel demandado torne de su viage.”

Para la época de la sanción del Código de 1916, la acción de jactancia había desaparecido de los ordenamientos procesales y se había establecido el principio general Nemo invitus agüere vel accusare cogatur. Sin embargo, dicho código no obstante acoger este principio, mantuvo la jactancia como excepción al mismo, en su artículo 45 que establece:

A nadie puede compelerse a comparecer en juicio como demandante, sino en los casos de retardo perjudicial, conforme a lo dispuesto en este código.

Y al regular el retardo perjudicial en el Título XI del Libro Tercero, Parte Primera, relativa a los Procedimientos Especiales Contenciosos, el artículo 672 estableció:

La demanda por retardo perjudicial procede cuando hay demora maliciosa del actor en promover su demanda. O temor fundado de que desaparezca alguna prueba promoverte.

El mencionado código distinguió dos casos de retardo perjudicial, uno que estaba contemplado en el artículo en el artículo 674, según el cual: “Caso de que la demanda sea por demora maliciosa, la solicitud se dirigirá a que se prevenga al demandado para que deduzca sus acciones dentro del término que el Juez señala, atendidas las circunstancias, so pena de no poder hacerlo sino cuando no sufra el promoverte el perjuicio que tema”; y otro en el artículo 675, según el cual: “Si la demanda se fundare en el temor de que desaparezcan algunos medios de defensa del demandante, la solicitud tendrá por objeto que se evacue inmediatamente la prueba. Respecto de este caso, las funciones del Tribunal se limitarán a practicar las diligencias promovidas, con citación de la parte contraria, la cual podrá repreguntar a los testigos, quedando al Tribunal que venga a conocer de la causa, la facultad de estimar si se han llenado las circunstancias requeridas para dar por válida la prueba anticipada.”

Desde la entrada en vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, se puede señalar que todo proceso de naturaleza civil, lo normal es que las pruebas se admitan y practiquen dentro del curso del proceso en la etapa prevista para ello, aunque existen casos específicos en que los momentos del procedimiento probatorio sufren una excepción en lo que se refiere a la oportunidad de solicitar la prueba y de practicarla.

Tal excepción es conocida como la prueba anticipada, la cual ha sido instituida por el legislador venezolano, ofreciendo la posibilidad de que la parte interesada acuda al órgano jurisdiccional para pedir y evacuar, antes del momento probatorio concebido en la ley, algún tipo de prueba específica que contribuirá al desarrollo del futuro proceso; todo dentro del marco de las garantías que otorgan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes, y fundadas en el temor de que la fuente de la prueba se pierda o desaparezca, bien sea por acción de la naturaleza o del hombre, antes de la sustanciación del proceso principal.

En lenguaje común, se dice que prueba es la comprobación de algo, de la verdad acerca de un hecho o de una proposición, y el lenguaje corriente enseña que ese término se utiliza también como equivalente a ensayo y experimento, por lo que probar significa verificar o demostrar la autenticidad de una cosa.

Así, el término prueba nos viene del latín probatio, probationis, que a su vez proviene del vocablo probus que significa bueno, por lo cual se sostiene que lo que resulta probado es bueno, se ajusta a la realidad.

En este orden de ideas, se debe definir la prueba anticipada, que según Sentis Melendo (1979), es:

Aquella que ha de practicarse antes del juicio, bien sea ordinario en el proceso civil o antes de la celebración de la audiencia oral y pública que tiene lugar en el proceso penal; el fundamento de ésta prueba, emerge por el temor fundado de que la fuente propia del mismo, se pierda haciendo imposible posteriormente aportarla o integrarla al proceso. (p. 221).

La prueba anticipada en los procesos dispositivos como el civil, mercantil, laboral, contencioso administrativo, contencioso tributario, se caracteriza por lo siguiente:

• Sólo puede ser solicitada por el futuro demandante;

• Tiene lugar siempre antes del inicio del proceso;

• Puede comprender experticias, reconocimientos, inspecciones e interrogatorios de testigos.

• Tiene siempre el carácter de prueba documental, en el proceso donde se intenta hacer valer y generalmente excluye la inmediación.

• No siempre puede ser controlada por la contraparte.

Ahora bien, la prueba anticipada se presenta en el derecho probatorio venezolano dentro del proceso civil denominada como retardo perjudicial, que no es más que un procedimiento autónomo, cuya finalidad es la comprobación de algún hecho o derecho propio del interesado, para dejar constancia del estado de las cosas, por cuanto existe el fundado temor por parte del demandante de que con el transcurso del tiempo desaparezcan las señalas o marcas que pudieran interesarle.

El retardo perjudicial, ha sido definido por Carnelutti (0000), como;

Un proceso contencioso, que nace de una acción precautelativa, cuya finalidad es solicitar al órgano jurisdiccional, que adelante un estadio de un futuro juicio, a fin de que se capturen hechos con los medios de prueba que se promueven; constituye un proceso que permite adelantar una fase de otro proceso como lo es la etapa probatoria, debido al temor fundado de que desaparezca alguna prueba. (p. 46).

Es por ello, que debido a su finalidad, la cual radica principalmente en preservar hechos o medios de prueba, se está en presencia de una acción cautelar que sólo se limita a la conservación, por ello dentro de este proceso el juez no emite sentencia alguna, como consecuencia de ello, no hay declaraciones sobre la existencia de derechos, ni condenas; sino que solo existe la constitución de una prueba simple.

Sobre ello, sostiene Cabrera Romero (1990) que:

Lo que se pretende es que un hecho, o un medio de prueba sobre el cual existe temor fundado que se pierda, se preserve. Se trata de un derecho subjetivo procesal que se pone en movimiento con miras a una futura litis y que responde a un interés actual o eventual, que debe ser afirmado. El procedimiento de evacuación anticipada de la prueba por Retardo Perjudicial tiene por objeto, capturar un medio probatorio, que por acción de la naturaleza o del hombre puede desaparecer antes de la sustanciación del proceso principal, es evidente que la idea de este procedimiento, es la de proteger la actividad probatoria de las partes para que tengan a su mano todos los elementos de convicción necesarios y que el Juez sentencie a favor de la verdad material y no de la verdad procesal. (p. 38).

En el proceso civil el retardo perjudicial es un procedimiento especial de carácter contencioso cuyo propósito es que se evacue inmediatamente una prueba conducente a un eventual juicio futuro que pudiera intentar el interesado en dicha prueba contra su futuro demandado; cuando existe temor fundado de que pudiere desaparecer o destruirse algún medio de prueba conducente a la defensa del interesado. La función del Tribunal se limita a practicar las diligencias promovidas con citación de la parte contraria, quedando en facultad del Tribunal que venga a conocer de la causa el estimar si se han llenado los requisitos exigidos para dar por válida la prueba anticipada. De lo expuesto tenemos que su tramitación es especial, y su objetivo primordial es la preconstitución de pruebas.

Esta institución se encuentra consagrada en el artículo 813 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, y nace de una acción precautelativa, cuya finalidad es solicitar al órgano jurisdiccional que adelante una etapa de un futuro juicio, a fin que se fijen unos hechos específicos con los medios de prueba que se promueven.

En este procedimiento especial contencioso por Retardo Perjudicial, es conveniente hacer algunas consideraciones:

1.- Según la terminología del código, se trata de un procedimiento especial contencioso, diferente del ordinario, que debe expresar sus fundamentos y de un juicio en el cual no se admitirá recurso de apelación a la parte contra quien se promueva (Art. 817 CPC).

Una primera observación conduce a precisar que estamos en presencia de un procedimiento y no de un proceso o juicio, por lo cual, cuando el arículo 817 del Código de Procedimiento Civil establece que:

“En los juicios de retardo perjudicial no se admitirá recurso de apelación a la parte contra quien se promuevan.”

Aquí la palabra juicio no tiene sentido propio de proceso, sino la connotación de procedimiento, porque se trata de uno especial, por oposición al contrario.

Con relación a este respecto, las palabras “Proceso” y “Procedimiento” se usan frecuentemente como sinónimas, ellas no denotan conceptos intercambiables, porque la palabra procedimiento indica más propiamente el aspecto exterior del fenómeno procesal, mientras que el proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio. En otras palabras, el procedimiento es el conjunto de reglas que determinan la secuencia del proceso; mientras que el proceso es el conjunto de actos procesales tendientes a la sentencia definitiva que pone fin al litigio.

El último Código de Procedimiento Civil siguió la tradición legislativa, que distingue el “Procedimiento Ordinario” de los “Procedimientos Especiales”. El ordinario es el procedimiento tipo o general aplicable a todas las controversias que no tengan expresamente pautado un procedimiento especial y es sabido que los actos singulares coordinados en el procedimiento, se presentan no ya como partes de un todo, sino como fases de un desarrollo, o etapas de un camino. Es así como el procedimiento ordinario, la introducción de la causa, la instrucción y la decisión de la misma, constituyen fases del procedimiento, integradas a su vez por actos singulares, coordinados éstos y aquéllas al efecto final del proceso, que es la composición jurisdiccional de la litis y la subsiguiente ejecución de la sentencia.

2.- Una segunda observación es que el objeto del procedimiento de retardo perjudicial, expresado en el artículo 815 del Código de Procedimiento Civil, es “solamente que se evacue inmediatamente la prueba” y que las funciones del Tribunal “se limitarán a practicar las diligencias promovidas…”, lo que revela que el procedimiento está limitado y circunscrito a la sola fase instructoria de un futuro o eventual proceso, y no a toda la fase sino a una reducida parte de ella, determinada por la específica o singular prueba objeto del procedimiento de retardo perjudicial. Esto lleva a precisar, que el objeto sometido a la consideración del Tribunal no es la pretensión procesal que es el objeto propio de todo proceso, el cual se define como “el acto por el cual un sujeto se afirma titular de un interés jurídico frente a otro y pide al Juez que dicte una resolución con autoridad de cosa juzgada que lo reconozca.”

La pretensión sería el objeto del futuro o eventual proceso en el cual se haría valer la prueba evacuada mediante el procedimiento de retardo perjudicial; pero aquí en este procedimiento lo que existe es una petición de la práctica anticipada de una prueba singular, por temor fundado de que desaparezca, es decir, imposible practicarla en un proceso futuro.

3.- De lo anterior se sigue, que la palabra “demanda” usada en cuatro de los seis artículos que integran el Título relativo al procedimiento de retardo perjudicial, no está usada en su sentido técnico o propio, sino en el sentido de petición o de solicitud, como sería propio en la fase o etapa de instrucción del futuro o eventual procedimiento ordinario, parte de cuya instrucción ha sido anticipada por el procedimiento de retardo perjudicial. La demanda es el acto procesal de la parte actora mediante el cual ésta ejercita la acción, dirigida al Juez para la tutela del interés colectivo en la composición de la litis y hacer valer la pretensión, dirigida a la contraparte pidiendo la satisfacción de la misma. De modo que la demanda se distingue perfectamente de la acción y de la pretensión que se hacen valer en ella y en el procedimiento de retardo perjudicial resulta evidente que la petición de la práctica anticipada de una singular prueba, no constituye una demanda.

Por otra parte, si se examinan los diversos procedimientos especiales contenciosos contemplados en el Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil, se puede observar que la mayoría son verdaderos procesos o juicios contenciosos, que comienzan naturalmente por una demanda. En los juicios ejecutivos como la vía ejecutiva, el procedimiento por intimación o monitorio, la ejecución de créditos fiscales, la ejecución de hipoteca y la ejecución de prenda y en otros juicios como el de cuentas, el juicio declarativo de prescripción, los interdictos posesorios, el deslinde de propiedades contiguas, la interdicción e inhabilitación, la privación de la patria potestad, el juicio de alimentos, el divorcio y la separación de cuerpos, la partición o división de bienes comunes, etc. En todos ellos existe una pretensión que se hace valer en la demanda, una instrucción del juicio y una sentencia que decide la controversia, más no así en el retardo perjudicial.

Si bien el procedimiento de retardo perjudicial se lleva a cabo con citación de la parte contraria (art. 815 CPC), esta citación sólo tiene por finalidad garantizar el contradictorio en la evacuación anticipada de la prueba, con el fin de que pueda tener efectividad en el proceso futuro en el cual se hará valer la prueba y no configura una contención entre partes, propia de los procedimientos en los cuales se plantea en la demanda una pretensión que es objeto del proceso y debe ser resuelta mediante sentencia por el Tribunal.

Ahora bien, cuando el legislador previno que una etapa del proceso contencioso podría ser adelantada, y por razones cautelares, creó un proceso destinado a anticipar un lapso del proceso contencioso al cual todavía no se ha llegado, necesariamente tenía que otorgar al solicitante una acción que moviera al órgano jurisdiccional en ese sentido.

Es así como se observa que el artículo 813 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Venezolano, expresa: “La demanda por retardo perjudicial procederá cuando haya temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promoverte”.

Como ejemplo de una evacuación anticipada por retardo perjudicial, se puede mencionar, la evacuación anticipada de un testigo que tenga una enfermedad terminal y por el temor que fallezca antes de entablar el juicio, se le toma su declaración antes del juicio, pues es posible que dicho testigo al momento del juicio, ya haya fallecido, y se pierda en consecuencia el medio de prueba.

Debido al principio de igualdad procesal, este procedimiento de prueba anticipada por retardo perjudicial lo pueden promover tanto el demandante en el futuro proceso como el demandado, al efecto sostiene. Cabrera, (1990), lo siguiente:

El interesado en conservar los hechos es quien intenta el Retardo Perjudicial por temor fundado. Se cree que es indiferente que sea el futuro demandante o el futuro demandado quien lo incoe. Lo realmente importante en este proceso, es que exista el temor fundado, para que una persona natural o jurídica considere que la fuente de la prueba que estime puede ayudarle en un probable juicio, puede desparecer. (p. 47).

Sobre este aspecto, el artículo 813 del Código de Procedimiento Civil (1986) expresa: “La demanda por retardo perjudicial procederá cuando haya temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente”.

Del contenido de la norma citada, se observa claramente, que el promovente de la prueba y del retardo puede ser tanto el futuro actor como el eventual demandado, ya que la norma no hace ninguna distinción y una vez que ella se ha admitido y los hechos que se quieran capturar se han capturado efectivamente, ha quedado anticipada una etapa, la probatoria.

Así mismo, el artículo 816 del Código de Procedimiento Civil (1987) señala lo siguiente: “El procedimiento de Retardo Perjudicial no será aplicable respecto de la prueba de confesión”.

A continuación se mencionarán los medios probatorios que no pueden ser evacuados por adelantado y los que se pueden evacuar anticipadamente de acuerdo al Código de Procedimiento Civil venezolano vigente:

No se pueden evacuar anticipadamente: Confesión, juramento decisorio, inspección ocular, prueba documental. Se pueden evacuar por anticipado: prueba testimonial, prueba de experticia, reconstrucción de hecho (prueba mixta contenida en el artículo 503 CPC), informe técnico (prueba mixta contenida en el artículo 504 CPC), inspección corporal prueba mixta contenida en el artículo 505 CPC), pruebas libres e innominadas.

El Juez Competente

En cuanto al juez competente, para evacuar una prueba anticipada, expresa el artículo 818 del Código de Procedimiento Civil (1987), lo siguiente:

El juez competente para conocer de estas demandas será el de Primera Instancia del domicilio del demandado, o el que haya de serlo para conocer del juicio en el cual harán valer las pruebas a elección del demandante.

No cabe lugar a dudas ante quien debe el demandante, interponer la demanda por retardo perjudicial, quien puede a su elección presentar su demanda ante el juez de Primera Instancia del domicilio del eventual demandado o el haya de serlo en el juicio futuro, en el que se hará valer el retardo promovido; quien no tiene elección alguna es el futuro demandado, quien como ya se dijo, puede por su parte presentar demanda por retardo perjudicial; en este caso el demandado no puede elegir por cuanto él no sabe ante que Tribunal lo van a demandar, debiendo presentar su demanda ante el juez de Primera Instancia del domicilio del demandado en el retardo, es decir, el domicilio de quien en un futuro será su demandante.

Objeto

El principal objeto, son los hechos sobre los cuales existe temor que desaparezcan, así como los medios de prueba que contienen esos hechos y que pueden perderse con el transcurso del tiempo. De esta manera, el aseguramiento de la prueba sirve para establecer el estado exacto de una cosa, un lugar o una persona, ya que el demandante tiene interés en dejar constancia de las circunstancias y estado visibles e invisibles de las personas, lugares, cosas o animales, para una fecha determinada, en la cual se practicó la prueba anticipada.

Forma y Contenido de la Demanda por Retardo Perjudicial

Tal como se ha venido expresado en el desarrollo de la investigación, el retardo perjudicial es un procedimiento que carece de proceso, es decir, es una demanda tendiente solo a evacuar una determinada prueba y en la cual no habrá pronunciamiento judicial alguno, pero como quiera, que la Ley adjetiva civil establece que se esté en presencia de una demanda, esta debe interponerse de conformidad con lo establecido en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, que expresa: “El procedimiento ordinario comenzará por demanda, que se propondrá por escrito en cualquier día y hora, ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez”.

Sin embargo, es menester mencionar que debido a la naturaleza especial del retardo perjudicial, algunos de los requisitos que debe exigir el escrito de demanda podrían no ser necesarios, aunque de los requisitos contenidos en dicha norma no cabe dudas que el escrito deberá contener:

• Indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.

• Nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen.

• Como no se está en presencia de una controversia, es decir, no se hace frente a una pretensión, lo único que se persigue es la evacuación de unas pruebas de manera anticipada, no hay una relación de los hechos, ni invocación del derecho en que se basa, con las conclusiones.

Ahora bien a diferencia de los ordinales 4 y 5 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, deben cumplirse en otro sentido, indicando qué medios de prueba se proponen y cual es el objeto que se quiere demostrar con cada uno de los medios promovidos, así mismo, el escrito contendrá los fundamentos en los que base la demanda, que no es otra cosa que aquellos que conforman el temor fundado de que desaparezca alguna prueba, ese es el temor que origina el proceso para anticipar las pruebas y por lo tanto debe indicarse en que consiste, de una manera clara, a fin que el juez lo entienda y pueda valorarlo.

• Es importante señalar, que como en este procedimiento no se va a declarar algún derecho, no existen instrumentos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, empero, si debe existir un instrumento fundamental, como es aquel que soporta la justificación del temor fundado actual de que puedan desaparecer las pruebas del promovente; debiendo acompañarse al escrito.

• Si se actúa mediante mandatario se debe indicar el nombre y apellido de éste, y la consignación del poder conferido.

• El objeto de la demanda de retardo es que se evacuen inmediatamente las pruebas, motivo por el cual, tal petitorio debe ser parte del contenido del escrito.

• Por último, se exige el requisito formal de la indicación de la sede o dirección de los demandantes y sus apoderados.

Por lo tanto, conjuntamente con el escrito de la demanda debe acompañarse un justificativo para preparar la demanda, lo que significa que sobre el temor fundado de la desaparición de los hechos, base de la demanda, no se requerirá plena prueba, sino una mera posibilidad, por lo que se acude a las justificaciones o justificativos; siendo que éstos pertenecen al área de las justificaciones para perpetua memoria, establecidas en los artículos 936 al 939 del Código de Procedimiento Civil (1987), al campo de las diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho a algún derecho propio del interesado.

El artículo 814 del Código de Procedimiento Civil, señala que el justificativo para preparar la demanda de retardo perjudicial debe ser instruido por el demandante ante cualquier juez. La solicitud del justificativo debe corresponder al actor o a su mandatario judicial y no a otra persona, ya que por la naturaleza preparatoria de esta diligencia, solo debe ser solicitada por el actor, si la actuación a la cual ellas van unidas como requisito previo, es una demanda, para mayor abundamiento, el interés que se necesita para demandar, se requiere también para promover la actuación previa y preparatoria, de allí que el artículo 814 del Código de Procedimiento Civil (1987) exija que sea el demandante del retardo quien lo instruya, el referido artículo expresa: “Para preparar la demanda el demandante deberá instruir justificativo ante cualquier Juez”.

En este orden de ideas, se debe indicar que el Código de Procedimiento Civil vigente, introduce algunas modificaciones significativas al tratamiento especial del retardo perjudicial; de esta manera, el artículo 813 del vigente Código ha limitado la procedencia del retardo perjudicial, al supuesto que haya temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promoverte, pues en la actualidad la demanda por retardo perjudicial, tiene como única finalidad, la de anticipar la promoción y evacuación de algunas pruebas del promovente (futuro actor o demandado) con la presencia de la futura contra - parte en juicio; y es lo que se conoce como prueba anticipada.

Entre las innovaciones con respecto al retardo perjudicial, se tiene la obligación de instruir un justificativo previo ante cualquier Juez, tal como lo establece el artículo 814 del Código de Procedimiento Civil vigente, que limita en forma obligatoria a imponer la necesidad de instruir un justificativo, sin embargo, no expresa cual debe ser el contenido de ese justificativo, no obstante, se cree que debe estar orientado al convencimiento del Juez, ante el cual se propondrá la demanda por retardo perjudicial, ante la posibilidad de que desaparezca algún medio de prueba del promovente.

Cabe destacar, que el Juez del justificativo puede ser uno distinto del que sea competente para conocer del procedimiento de retardo perjudicial, conforme a lo previsto del artículo 818 del Código Civil. En definitiva, este justificativo constituye una actividad preparatoria necesaria para iniciar el procedimiento de retardo perjudicial, siendo que el Tribunal competente para conocer de la demanda por retardo perjudicial será el de Primera Instancia del domicilio del demandado, o el que haya de serlo para conocer del juicio en el cual se harán valer las pruebas, a elección del demandante, pues este tribunal puede ser distinto de aquel ante el cual se instruyó el justificativo previo.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, la demanda por retardo perjudicial debe expresar los fundamentos de la misma, es decir, la narración de los hechos sobre los cuales versará la prueba anticipada y tendrá por objeto solamente la evacuación inmediata de las pruebas, sin contener ninguna pretensión de condena o de declaración en contra de la otra parte; debe señalar todos los datos de identificación de la parte promovente y de la parte contraria, la cual deberá ser citada para que presencie y controle las pruebas.

Así mismo, debe cumplir con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que al respecto expresa:

El libelo de la demanda deberá expresar: 1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales. 5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas. 8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.

Cabe destacar, que el artículo 815 del vigente Código se limita a exigir que la demanda fundada en el temor de que desaparezca algún medio de prueba del demandante, deberá expresar sus fundamentos y tendrá por objeto solamente que se evacue inmediatamente la prueba, en otras palabras, debe indicarse el objeto de la prueba para así cumplir con lo que dispone una recta interpretación y aplicación del principio dispositivo contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que impone la necesidad que el Juez se atenga a lo alegado y probado en autos.

La Citación del Demandado en el Juicio por Retardo Perjudicial

En atención al principio de igualdad procesal, al demandado por vía de retardo perjudicial se le debe poner en conocimiento de tal petición; siendo que la forma de citación debe realizarse mediante compulsa, con la orden de comparecencia tal como le dispone el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil para así enterar al demandado del contenido de la demanda de retardo.

Igualmente es posible aplicar en este procedimiento la citación por correo cuando se trate de una persona jurídica, pero no es posible la citación por carteles, aunque nada sobre ello se diga en la regulación del retardo perjudicial ya que el largo lapso que requiere la citación por carteles para proceder luego a la designación de un Defensor, la hace inútil, dada la naturaleza del retardo, ya que lo que se requiere es celeridad en la evacuación de las pruebas.

Ahora bien, la contención que puede darse en el procedimiento de retardo perjudicial, según Cabrera (1990);

Está limitada al control de las pruebas mediante el cual se pone de manifiesto el derecho de defensa en materia probatoria. Este control persigue que el resultado de la prueba no se reciba sin conocimiento de las partes y procura no sólo la presencia de ellas en dichos actos, sino que la recepción reúna un mínimo de garantías tendientes a que lo que incorporan las probanzas sea lo mas acorde posible con la realidad, ya que debido a la naturaleza del mismo no se puede realizar acto de impugnación o de oposición a los medios que materializan el principio de contradicción. (p. 49).

De esta manera, al quedar limitadas las funciones del Tribunal que sustancia el retardo de conformidad con el artículo 815 del Código de Procedimiento Civil, se procederá a la práctica de las diligencias promovidas con citación de la parte contraria, sin oportunidad de abrir incidencias que den lugar a decisiones del Tribunal, es necesario recalcar, que la parte contra la cual se promueven los medios de prueba no tendrá derecho a hacer oposición a los mismos, aduciendo que estos son manifiestamente ilegales o impertinentes.

En otras palabras, en el procedimiento de retardo perjudicial no se da la posibilidad de oponerse a la admisión de las pruebas, quedando diferido el principio de contradicción de la prueba para que sea ejercido por la contra parte en el juicio de cognición donde se vayan hacer valer las pruebas anticipadas y en cuya sentencia de mérito deberá estimarse si se han llenado todas las circunstancias requeridas para dar por válida la prueba anticipada.

Lapsos Procesales y Actuaciones del Tribunal

La actuación del Tribunal, tal como lo dispone el artículo 815 del Código de Procedimiento Civil, tiene como única finalidad, la evacuación de las pruebas en forma anticipada con la intervención de la parte contraria, para lo cual deberá ordenarse la citación de ésta a fin de que tenga conocimiento de las distintas oportunidades fijadas con motivo de la evacuación de las pruebas, el referido artículo expresa:

La demanda fundada en el temor de que desaparezcan algunos medios de prueba del demandante, deberá expresar sus fundamentos y tendrá por objeto solamente que se evacue inmediatamente la prueba. Las funciones del Tribunal se limitarán a practicar las diligencias promovidas con citación de la parte contraria, la cual podrá repreguntar a los testigos quedando al Tribunal que venga a conocer de la causa, la facultad de estimar si se han llenado las circunstancias requeridas para dar por válida la prueba anticipada.

De aquí que, en el trámite del retardo deben observarse los lapsos legales para la evacuación de las distintas pruebas, ya que los mismos son los que dan una verdadera garantía procesal a las partes.

Esto significa, por una parte, que el término de evacuación de las pruebas será de treinta (30) días de despacho, señalado en los artículos 392 y 400 del Código de Procedimiento Civil, el cual debe contarse a partir de la citación que se haga al demandado en el juicio de retardo; lapso éste improrrogable a menos que se produzca una causa no imputable a la parte que solicite su prórroga tal como lo dispone el artículo 202 ejusdem; nada impide que si las pruebas hubieren de practicarse fuera del lugar del juicio, se proceda a dar comisión a otro Juez territorialmente competente para la evacuación de las mismas; pues el fin de este procedimiento es la evacuación misma de las pruebas, cuya valoración definitiva corresponderá al Juez de la causa en el juicio principal en la sentencia de mérito.

Pruebas que Pueden Anticiparse

El Código de Procedimiento Civil de Venezuela, no enumera los medios de pruebas que pueden anticiparse mediante el procedimiento de retardo; pues el artículo 815 de la ley procesal se limita a expresar que se podrá demandar el retardo perjudicial por temor a que desaparezca algunos medios de pruebas del demandante, excluyendo en el artículo 816 expresamente la prueba de confesión, esta limitación debe entenderse a las posiciones juradas, al juramento decisorio y no a la confesión obtenida por otros medios.

La variedad de los medios de prueba de que pueden valerse las partes que ofrece el Código de Procedimiento Civil servirá para la obtención de la prueba de informes a que se refiere el artículo 433, de la experticia (artículo 451 y siguientes); la de inspección judicial (artículo 472 y siguientes); la de los testigos (artículo 477 y siguientes); la de reproducciones, copias y experimentos conforme a los artículos 502 y siguientes); sin embargo, se debe tener presente en que aquellas pueden estar referidas a medios probatorios o fuentes de prueba que por su naturaleza exista temor fundado de que desaparezca.

Por esta razón, la prueba documental debe estar excluida de este procedimiento especial de retardo perjudicial, más aún, cuando al referirse a documentos privados se encuentra con que en el retardo no existe oportunidad procesal alguna para que la parte contra quien se opone pueda impugnarlos, como lo es en la contestación de la demanda, si el documento fue producido con el libelo, o dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, para la parte contra quien se produzca pueda manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, tal como lo dispone el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, que expresa lo siguiente:

La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.

Los Recursos en Caso de Retardo Prejudicial

Sobre este aspecto se debe indicar que, la parte contra quien se promueve o propone el recurso, no puede apelar contra el auto del Tribunal que ordena el trámite o sustanciación de las pruebas, ya que la naturaleza de este procedimiento aconseja que las decisiones se ejecuten de inmediato, de lo contrario serían nugatorios sus efectos.

Ello es así por cuanto el articulo 817 del Código de Procedimiento Civil establece: “en los juicios de retardo perjudicial no se admitirá recurso de apelación a la parte contra quien se promueva” La parte promovente si tiene apelación contra el auto que niegue la tramitación de la prueba, ya que tal auto pudiera causarle gravamen irreparable; esta apelación será oída en un solo efecto, por lo que el trámite del juicio del retardo continua su curso y el apelante deberá señalar las copias que junto con las que indique el Tribunal del retardo se remitirán al Tribunal de alzada. Sobre esta situación, Cabrera Romero (2004), expresa que, “al no tener el demandado el derecho de apelar en el trámite del procedimiento por retardo perjudicial, será entonces en la causa principal donde expondrá y pedirá la nulidad de aquellas decisiones que lo perjudiquen”. (p. 56)

Anexos DE SENTENCIas

Como un primer aporte Jurisprudencial, se tiene la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de fecha seis de diciembre de dos mil cinco (2.005), caso D. Ribeiro en amparo, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual se concluye que será el Juez que conozca de la causa a quien le corresponderá apreciar la validez y determinar si se llenaron o no, los extremos que justifican la obtención anticipada de la prueba. Al respecto, en la referida decisión se señala, entre otros particulares, lo siguiente:

“(...omissis) Señaló el accionante que le fueron vulnerados sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por cuanto el antes identificado juzgado de primera instancia no debió admitir la demanda que por retardo perjudicial fue interpuesta en su contra, por no cumplir la misma con las formalidades que prevé el Código de Procedimiento Civil. El 9 de septiembre de 2004, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por que consideró que no hubo tal violación por cuanto el retardo perjudicial "no concluye en ninguna declaración de voluntad del Estado, capaz de producir cosa juzgada y la apreciación y la validez y determinación de sí se llenaron los extremos que justifica la obtención anticipada de la prueba, corresponde al tribunal de la causa realizar dicha valoración". De las disposiciones antes transcritas se desprende que la demanda en el procedimiento por retardo perjudicial tiene por objeto la instrucción de determinadas pruebas, antes del juicio o de la etapa probatoria en una causa en marcha, cuando haya temor fundado de que los medios de prueba o los hechos que con ellos se captarán, pueden desaparecer. Incoada la demanda de retardo perjudicial, es necesario citar a la contraparte de quien lo pide, a fin de que tenga la oportunidad de controlar las pruebas a evacuarse, sin que exista decisión del Tribunal del retardo sobre el mérito de las mismas.

Al respecto, esta Sala Constitucional en sentencia número 256 del 23 de noviembre de 2001, señaló lo siguiente:

(...) Corresponde al Juez que conocerá de los efectos probatorios del retardo perjudicial; es decir, el Juez de la causa donde esta se promueva, decidir si el Juez natural o el competente fue quien sustanció la prueba anticipada, así como admitir o negar la prueba evacuada ponderando su ilegalidad o impertinencia, e igualmente juzgar si el derecho de defensa del demandado le fue o no lesionado, caso en que el proceso de retardo sería nulo. Atendiendo a la naturaleza del retardo perjudicial por temor fundado a que desaparezcan las pruebas, no corresponde al Juez del retardo decisión de ningún tipo dentro de dicho proceso, excepto la admisión de las pruebas promovidas en la demanda y las decisiones que surgen dentro de la práctica de las probanzas, con motivo de las observaciones de la partes (...). De lo antes expuesto se desprende que bien adujo el a-quo cuando señaló que será el Juez que conozca de la causa a quien le corresponderá apreciar la validez y determinar si se llenaron o no, los extremos que justifican la obtención anticipada de la prueba. (omissis...).

En este mismo orden de ideas, la Sala Político – Administrativa del máximo Tribunal, en decisión de fecha once de enero de dos mil seis (2006), caso CADAFE contra Seguros Horizonte, C.A., con Ponencia de la Magistrado Dra. Evelyn Marrero Ortiz, se ha pronunciado sobre la tramitación de la solicitud de Retardo Perjudicial, en lo siguientes términos:

“(…omissis) Respecto a la solicitud de "Retardo Perjudicial intra-litem con solicitud subsidiaria de evacuación de prueba anticipada de inspección judicial", presentada por la apoderada judicial de la empresa Seguros ..., con el objeto "... de preservar evidencias físicas en el lugar donde ocurrió el siniestro, fundamentales para llegar a la correcta resolución de la controversia ...", pasa la Sala a realizar las siguientes consideraciones: El retardo perjudicial es un procedimiento de carácter contencioso que se inicia a través de demanda, con el fin de conservar o preservar medios de prueba que se quieren hacer valer en otro proceso (futura litis), y que se teme desaparezcan. (…) De la lectura de las normas anteriormente citadas se desprende, en primer lugar, la existencia de ciertos requisitos formales para la tramitación de la solicitud de retardo perjudicial, a saber, debe ser presentada a través de demanda previa al juicio dentro del cual se hará valer la prueba que se busca evacuar anticipadamente; en segundo lugar, dichas normas prevén como requisito de procedencia del retardo perjudicial la existencia de un temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente. En el caso de autos, se observa que el siniestro que origina la reclamación por parte de la..., (CADAFE) contra la empresa Seguros..., ocurrió el día 7 de marzo de 2003. También observa esta Sala, que la demanda por cumplimiento del Contrato de Daños Materiales Combinados presentada por la demandante fue interpuesta en fecha 25 de agosto de 2004, y que la solicitud de "Retardo perjudicial intra-litem" efectuada por la demandada fue presentada ante el Juzgado de Sustanciación de esta Sala en fecha 29 de septiembre de 2005. Es decir, que desde la ocurrencia del siniestro hasta la fecha en que fue presentada la solicitud de retardo perjudicial, transcurrieron aproximadamente dos (2) años y seis (6) meses, lo cual a juicio de esta Sala, es elemento de convicción suficiente para desechar el alegato sobre la existencia de un temor fundado de que desaparezcan las evidencias físicas en el lugar donde supuestamente ocurrió el siniestro, y en consecuencia para declarar improcedente la solicitud. Así se declara. (omissis

CONCLUSIONES

Después de haber realizado la presente investigación, la autora concluye que el tema investigado reviste una gran importancia dentro del proceso civil en Venezuela.

Lo expuesto anteriormente, se fundamenta en el hecho que las pruebas están presentes en todas las manifestaciones de la vida humana, en tal sentido, se relaciona con arias del derecho como la penal, la administrativa, laboral, mercantil, y muy especialmente en área civil.

Cabe destacar, que sin la prueba los derechos subjetivos de una persona vendrían a constituir simples apariencias, sin solidez y sin eficacia alguna diferente de la que pudiera obtenerse por propia mano, así mismo, la correcta aplicación de justicia, sería imposible sin la existencia de los medios de prueba.

De allí que, en Venezuela el régimen de la actividad probatoria se encuentra fundamentado en una serie de principios como el de la comunidad de la prueba, el de la libertad probatoria, y el de la licitud de la prueba. Así mismo, los diversos medios de prueba contemplados en el Código de Procedimiento Civil venezolano, se enmarcan desde la confesión, pasando por la prueba documental, la prueba testimonial, la experticia, hasta llegar a los indicios y presunciones y los informes.

Efectivamente, la instauración de derechos y garantías en materia procesal, tiene sus antecedentes en la Constitución Nacional de 1961, así como en las que le precedieron. Sin embargo, es en la actualidad cuando se ve perfeccionada o actualizada y puesta a tono con la legislación internacional, ello con la finalidad de ubicar a Venezuela como un país civilizado, que cree y preserva los valores fundamentales basados en la noción de los derechos humanos.

Aspecto de especial relevancia, es el concerniente al régimen de la prueba anticipada, la cual puede ser practicada, a la luz del Código de Procedimiento Civil, bajo la figura del retardo perjudicial, de conformidad con lo expuesto en el artículo 813 de este instrumento jurídico.

Surge la práctica de la prueba anticipada, cuando existe fundado temor de que desaparezca alguna prueba, siendo que ésta tiene por finalidad la de anticipar su promoción y evacuación, ello con miras a garantizar el cumplimiento de la finalidad del proceso en sus diversos ámbitos, no obstante la ejecución de la prueba anticipada puede resultar violatoria de normas y principios constitucionales.

Por lo tanto el retardo perjudicial es un procedimiento especial de carácter contencioso, cuyo objeto no es la declaración del órgano jurisdiccional sobre la existencia o inexistencia de un crédito o de alguna relación jurídica, sino el que se evacue inmediatamente una prueba conducente a un eventual juicio que pudiera intentarse contra el promovente, cuando exista temor fundado de que puede desaparecer o destruirse algún medio de prueba conducente a la defensa del interesado y el eventual demandado, en el cual la función del Tribunal está limitada a practicar la prueba promovida, con citación de la parte contraria, de modo que las providencias del Juez en este caso, no son providencias de mérito sino simplemente instructorias y de carácter cautelar que se caracterizan porque con ellas el Juez opera sobre el procedimiento para prevenir la desaparición de la prueba y no sobre la controversia, la cual podría plantearse eventualmente en el futuro y sólo el Juez que venga a conocer de la causa tiene facultad para estimar si se han llenado las circunstancias requeridas para dar por válida la prueba anticipada.

La demanda por retardo perjudicial debe cumplir los requisitos de forma exigidos en el artículo 340 del CPC en cuanto le sean aplicables, pero además, debe cumplir con requisitos de fondo que le son propios como proceso, que de ser descartados podrían arrojar como secuela que la demanda no sea admitida por auto expreso del Órgano Judicial. Entre estos requisitos tenemos el interés directo y mediato del promovente y la urgencia de evacuar la prueba anticipadamente, es decir, que exista temor fundado de que la prueba de que se trate, pueda desaparecer o perder eficacia por el solo transcurso del tiempo o por la actuación de la parte contra quien obra dicha prueba; para lo cual deben adminicularse con la solicitud las evidencias de que efectivamente existen circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueden desaparecer en un período de tiempo relativamente corto.

Por último la Sala Constitucional en sentencia del año 2.005, con ponencia del Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero estableció que:

“…la demanda en el procedimiento por Retardo Perjudicial tiene por objeto la instrucción de determinadas pruebas, antes del juicio o de la etapa probatoria en una causa en marcha, cuando haya temor fundado de que los medios de prueba o los hechos que con ellos se captarán, pueden desaparecer.”

materiales de referencia

Bello, H. (1991). La Prueba y su Técnica. Caracas: Editorial Mobil Libros.

Bello, H. (1989), Procedimiento Ordinario. Caracas: Editorial Mobil Libros.

Borjas, A. (1964). Comentario al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Caracas: Editorial Soles.

Cabrera, E. (1997), Revista de Derecho Probatorio. Caracas: Editorial Jurídica Alva, S.R.L.

Código Civil Venezuela (1982) Gaceta Oficial 2.990. (Extraordinaria). Julio 26, 1.982. Caracas.

Código de Procedimiento Civil (1986). Gaceta oficial 3.970, (Extraordinario) Marzo 13, 1.987. Caracas.

Código Orgánico Procesal Penal Venezolano. Gaceta Oficial Nº 5.558 de fecha 14 de noviembre de 2001.

Couture, E (1982) Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires.

Delgado, R. (2004), Las Pruebas en el Proceso Penal Venezolano. Caracas: Vadell Hermano Editores.

Rivera, R. (2004). Las Pruebas en el Derecho Venezolano. Caracas: Editorial Jurídica Santana.

Universidad Bicentenaria de Aragua, (2006), Guía para la Presentación del Trabajo Especial de Grado. San Joaquín de Turmero – Edo. Aragua.

www.tsj.gov.ve

repùblica bolivariana de venezuela

universidad bicentenaria de aragua

vicerrectorado acadèmico

facultad de ciencias juridicas y politicas

escuela de derecho

san joaquin de turmero-estado aragua

EL RETARDO PERJUDICIAL

Trabajo de la materia Derecho Procesal Civil IV

Autora: Liliana Vivaldi

C.I.: 12.854.632

Profesora: Dra. Ana Cristina Isiarte

Sección: “X”

San Joaquín de Turmero, 12 junio de 2009

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EL RETARDO PERJUDICIAL

Trabajo de la materia Derecho Procesal Civil IV

Autora: Liliana Vivaldi

San Joaquín de Turmero, 12 junio de 2009

ÍNDICE GENERAL

| |pp. |

|ANTECEDENTES DEL RETARDO PERJUDICIAL.............................................. |1 |

|DEFINICIÓN DE PRUEBA…………………………………………….................. |3 |

|DEFINICIÓN DE PRUEBA ANTICIPADA……………………............................. |3 |

| CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA ANTICIPADA........................................ |3 |

|RETARDO PERJUDICIAL………………………………….…………………….. |4 |

|EL JUEZ COMPETENTE ..................................................................................... |9 |

|OBJETO................................................................................................................. |9 |

|FORMA Y CONTENIDO DE LA DEMANDA POR RETARDO PERJUDICIAL……………………………………………………………………... | |

|LA CITACIÓN DEL DEMANDADO EN EL JUICIO POR RETARDO PERJUDICIAL……………………………………………………………………... |9 |

|LAPSOS PROCESALES Y ACTUACIONES DEL TRIBUNAL………………. | |

|PRUEBAS QUE PUEDEN ANTICIPARSE…………………………………….. |13 |

|LOS RECURSOS EN CASO DE RETARDO PERJUDICIAL…………………. |14 |

|ANEXOS DE ESTRACTOS DE SENTENCIAS………………...……………… |15 |

|CONCLUSIONES………………………………………………………………….. |16 |

|MATERIALES DE REFERENCIA………………………………………………... |17 |

| |20 |

| |23 |

INTRODUCCIÓN

Nada se puede discutir sobre la importancia que tiene la actividad dirigida a probar hechos dentro de un proceso judicial, de cualquier índole. Dice un viejo adagio: “tanto vale no tener un derecho cuanto no poder probarlo”, o mejor dicho, en cuanto no se tenga la prueba del hecho del que se pretenda hacer valer ese derecho y no se le acredite debidamente en un proceso, es que sin la existencia de la prueba, el orden jurídico sucumbiría ante la ley del más fuerte, dado que no sería posible la resolución de ningún conflicto en forma racional, ello lo expresa Valera, citado por Rivera (2004), en su obra Nulidades Procesales, Penales y Civiles.

En atención al planteamiento expuesto, resulta difícil imaginar un proceso en el que no haya habido actividad probatoria alguna, ello por cuanto se ha llegado a afirmar que sin pruebas no hay proceso, pues las pruebas son la vida del proceso, son el proceso mismo. En este sentido, Jeremías Bentham citado por Pérez (2001), dijo hace muchos años, que “el arte del proceso no es otra cosa que el arte de administrar las pruebas”. (p. 198).

Ahora bien, conforme al sistema jurídico vigente, en las resoluciones judiciales sólo se podrá admitir como ocurridos los hechos y circunstancias que hayan sido acreditados mediante pruebas, a menos que se trate de aquellos hechos que por ser notorios o evidentes no necesitan comprobación, lo que impide que esas resoluciones sean fundadas en elementos puramente subjetivos.

La necesidad de probar dentro y fuera del campo del derecho, así como dentro y fuera del proceso jurisdiccional, ha generado un conjunto de normas jurídicas que regulan los diversos aspectos de esa necesidad, tales como la oportunidad en qué deben presentarse las pruebas, ante quién, entre otros, siendo que ese conjunto de normas jurídicas y de principios que regulan la promoción, admisión, incorporación, práctica y valoración de los distintos tipos de medios de prueba a los efectos de hacer fe ante otros de determinados hechos, es lo que ha sido llamado derecho probatorio, visto así el concepto, resulta evidente que el derecho probatorio rebasa los marcos del proceso.

Es entonces que el tema de la pericia in futurum es uno de los más imprecisos del Derecho Procesal Civil, no sólo en sus antecedentes históricos, sino también por la diversidad terminológica y de regulaciones a que se le ha sometido en las distintas épocas y a la variedad de doctrinas y jurisprudencias relativas al tema, indistintamente de las soluciones adoptadas en los ordenamientos positivos contemporáneos.

La pericia in futurum, establece la duda de si se está en presencia de lo que algunos autores llaman una prueba anticipada y algunos ordenamientos lo califican de retardo perjudicial, colocado sistemáticamente entre los procedimientos especiales contenciosos o se está en presencia de una especie de los procedimientos no contenciosos, o de jurisdicción voluntaria. Así mismo surge la duda de si tal procedimiento debe intentarse antes del juicio ordinario en el cual se haría valer posteriormente la prueba, como sería lógico pensar tratándose de un procedimiento in futurum, o si puede intentarse estando ya propuesta la demanda en el juicio principal, pero anticipadamente al período de promoción de pruebas como aparece regulado en este procedimiento. Y finalmente dada su naturaleza, se debe identificar si se está en presencia de una diligencia provisoria, preventiva, preparatoria, conservatoria o cautelar.

En el Derecho venezolano no existe una norma que contemple específicamente la pericia in futurum, ella está comprendida en un procedimiento especial contencioso en el sistema del Código de Procedimiento Civil, el cual en el Libro Cuarto, de los Procedimientos Especiales y distingue los Procedimientos Especiales Contenciosos, contemplados en la Parte Primera, entre ellos, en el Título VII “El Retardo Perjudicial”, que es procedente “cuando haya temor fundado de que desaparezca alguna prueba del promovente”(Artículo 823 CPC).

Es entonces que dicho trabajo de investigación será desarrollado con el tema del Retardo Perjudicial, el cual será objeto de revisión de doctrinas, sentencias y jurisprudencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, así como de sentencias emitidas por otros Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela y del ordenamiento jurídico sustantivo y adjetivo civil venezolano.