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Sucesiones Testamentarias

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Categoría: Informes De Libros

Enviado por: monto2435 25 marzo 2011

Palabras: 8236 | Páginas: 33

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ficina de Registro, establecidos en el Artículo 19 del Código Civil Venezolano en su numeral 3º.

Indigno: Aquel que hubiere ofendido, conforme a los establecido en el Art. 810 C.C.; y que también le son aplicables las disposiciones de los Arts. 811, 812 y primera parte del 813 del C.C., es decir, que este puede ser redimido; está obligado a restituir los frutos de que haya gozado y no transmite su indignidad a sus descendientes, tal como lo señalan los mencionados artículos.

Tutores: El tutor no podrá aprovecharse de las disposiciones testamentarios de su pupilo que hayan sido hechas antes de la aprobación de las cuentas definitivas, aunque el testador hubiere muerto después de aprobada dicha cuenta; sin embargo, son eficaces esas disposiciones testamentarias si el tutor es ascendiente, descendiente, hermano hermana o cónyuge del pupilo (Art. 844 C.C.)

Registrador otros oficiales de registro y testigos: Las disposiciones testamentarias hechas a favor del Registrador o de cualquier otro oficial civil, militar, marino o consular que haya recibido el testamento abierto o de alguno de los testigos, no tendrán efecto (Art. 846 C.C.). Tampoco lo tendrán las instituciones y legados hechos a favor de la personas que haya escritor el testamento cerrado, a menos, en este caso, que la disposición testamentaria fuere aprobada en cláusula escrita de mano del testador, o verbalmente por éste ante el Registrador y testigos instrumentales y esa circunstancia deberá constar en el acta respectiva (Art. 847 C.C.)

Cónyuge del bínubo: Existe una incapacidad parcial a quien ha contraído segundas nupcias, luego de disuelto, por supuestos, el vínculo anterior, en el sentido de limitar su derecho a testar a favor del cónyuge; ya que no le permite instituirle por una parte superior a la que reciba el menos favorecido de los hijos del o de los matrimonios anteriores (Art. 845 C.C.); y por consiguiente, el cónyuge supérstite del bínubo, no puede recibir más de esta porción.

En todos estos casos de incapacidad parcial, es lógico admitir que el excedente de la Proción permitida, favorecerá a quienes sean llamados conjuntamente con el incapaz, cuando se dé entre ellos el derecho de acrecer; a los subtítulos si lo hubiere, o a los sucesores legítimos.

Finalmente, debemos señalar que las disposiciones testamentarias a favor de personas incapaces son nulas, aunque se les haya simulado bajo forma de contrato oneroso o se les haya otorgado mediante interpuesta persona, reputándose como tales interpuestos, al padre, la madre, los descendientes y el cónyuge del incapaz (Art. 848 C.C.)

OBJETO DEL TESTAMENTO

Tiene por objeto la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte o la declaración y cumplimiento de deberes.

El testamento transmite bienes, derechos, obligaciones, pero también tiene por objeto la declaración y cumplimiento de los deberes, como reconocer a un hijo, nombrar un tutor, entre otros.

CLASIFICACIÓN DE LOS TESTAMENTO DE

ACUERDO SUS SOLEMNIDADES.

Dentro de los testamentos tenemos:

1. Ordinarios: Cuando el testador se encuentra en circunstancias normales de vida, puede acogerse a cualquiera de las formas de testamento ordinario.

1.1. Abierto: Es aquel en el cual el testador manifiesta su ultima voluntad en presencia de las personas que deben autorizar este acto. La diferencia entre este y el cerrado, es que las personas que intervienen en el acto conocen de manera inmediata las disposiciones ordenadas por el testador.

1.1.1. Protocolizado por documento público (Art. 852 C.C.)

1.1.2. Sin protocolizar: Ante registrador y dos testigos (Arts. 853, 854, 856 y 882 C.C.)

1.1.3. Sin protocolizar, ante cinco testigos, sin la concurrencia del Registrador (Art. 853, 855,856 y 882 C.C.)

1.2. Cerrados (Arts. 857 al 860 y 882 C.C.) Es aquel en el que el testador, sin revelar su ultima voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego cerrado, que presenta no solo el testamento sino cualquier sentencia, orden especial o documento que deba abrirse y leerse en el tiempo y en las circunstancias que sean indicadas en la cubierta del mismo o en una hoja especial que lo indique.

2. Especiales: Estos testamentos son aquellos en los cuales puede recurrir un testador en casos especiales, descritos de manera taxativa en la ley, y estos casos solo pueden ser:

2.1. En lugares donde haya epidemia (Arts. 865, 866 y 882 C.C.)

2.2. A bordo de buques de marina de guerra o marina mercante (Arts. 867 al 874 y 882 C.C.)

2.3. Otorgado por militares (Arts. 875 al 878 y 882 C.C.)

3. Otorgados en el extranjero: (Arts. 879 y 881 C.C.):

TESTAMENTO DEFINICIÓN

De todos los negocios jurídicos de contenido patrimonial, es sin duda el testamento el que reviste mayor importancia, por sus efectos, por las solemnidades formales que le son inherentes, y por el cuidado especial que la Ley dedica a las declaraciones de voluntad y a la efectividad de esta.

CONDICIONES

Por ser un acto de manifestación de voluntad, el testamento se rige por las reglas comunes a los demás negocios jurídicos. Sin embargo, dado su carácter de negocio jurídico personalísimo, está sometido, además, a ciertas reglas especiales, a saber:

1. La voluntad del testador debe manifestarse directamente: Es decir, que en este acto no tiene cabida la representación. Por lo que no sería posible que una persona otorgara a otra poder especial (y menos aún general), ara que en su nombre y representación otorgara su testamento.

2. La voluntad del testador debe ser manifestada de manera inequívoca: Y por tanto carecerá de validez cualquier manifestación de voluntad hecha mediante señales o expresada en forma dudosa o indefinida.

3. La voluntad del testador debe ser consciente y libre: De tal manera que carecerá de validez la manifestación hecha por quien no se encuentre en pleno uso de sus facultades; o sea inducido a testar bajo engaño, o sometido a violencia.

4. El testador debe estar en plena capacidad para efectuar el acto: De ahí que se considere nula toda disposición testamentaria hecha por quien no reúna los requisitos de capacidad a quien hicimos referencia en el tema anterior.

CARACTERES

1. Es un acto unilateral: La única declaración válida y la única que por tanto debe aparecer en el texto del documento es la del testador; llegando al extremo de prohibirse que en el mismo acto tomen parte dos personas o más. Es así que se prohíbe el testamento recíproco. Tampoco es posible que el acto aparezca declaración alguna de aceptación por parte del heredero o legatario, ya que ello constituiría un pacto sobre sucesión futura, expresamente prohibido por nuestro Código Civil. Por último, no es posible el testamento en donde dos personas testen a favor de un tercero(testamento conjunto)

2. Es un acto de última voluntad: El testamento siempre surtirá efecto después de la muerte del testador, es decir, mortis causa, sin que por ningún concepto pueda producir efecto en vida del causante, ni siquiera con carácter preliminar. De modo que el testamento no pierde eficacia, no importa cuando sea el tiempo transcurrido entre su otorgamiento y su apertura, aunque alguno o varios de los objetos a que se refiere hayan perecido o que las disposiciones en él contenidas pierdan eficacia.

3. Es un acto esencialmente revocable: El testador puede en cualquier momento de su vida cambiar o anular las disposiciones testamentarias que haya hecho, no siendo necesario que las sustituya por otras; pues puede aún pasar que tenia hecho sin hacer uno nuevo.

4. Es un acto de disposición: El testador dispone, esencialmente, de sus bienes a favor de una o varias personas; lo que no excluyere, sin embargo, que pueda disponer de bienes que no le pertenecen (legado de una cosa ajena) y aún establecer disposiciones sobre otros aspecto no patrimoniales.

5. Es un acto formal y solemne: El testamento está rodeado de un conjunto de formalidades ad substantiam, indispensables para su validez, las cuales deben cumplirse necesariamente, de acuerdo con lo que expresamente señale la Ley.

FORMALIDADES PARA APERTURA, PUBLICACIÓN Y

PROTOCOLIZACIÓN DE TESTAMENTO CERRADO

1. El papel en que esté escrito el testamento, o por lo menos el que le sirva de cubierta, estará cerrado y sellado de manera que el testamento no pueda extraerse sin ruptura o alteración del pliego, o se hará cerrar y sellar de esta misma manera en presencia del Registrador y de tres testigos.

2. El testador, al hacer la entrega, declarará en presencia de los mismos que el contenido de aquel pliego es su testamento.

3. El testador expresará si el testamento está o no escrito y firmado por él. Si no lo firmó porque no pudo, lo declarará en el acto de la entrega.

4. El Registrador dará fe de la presentación y entrega con expresión de las formalidades requeridas en los numerales 1º, 2º y 3º, todo lo cual hará constar encima del testamento o de su cubierta, y firmarán también el testador y los testigos.

5. Si el testa no pudiere firmar en el acto en que se hace la entrega, el Registrador hará también constar en la cubierta esa circunstancia y firmará, a ruego del testador, la persona que éste designe en el mismo acto, la cual será distinta de los testigos instrumentales.

DIFERENCIAS ENTRE TESTAMENTOS ORDINARIOS Y TESTAMENTOS ESPECIALES

Los testamentos ordinarios deben cumplirse determinadas solemnidades, so pena de nulidad; en cambio en los especiales, el legislador, tomando en cuenta precisamente las circunstancias extraordinarias en que deben otorgarse, sacrifica estas formalidades para facilitar su otorgamiento. Y de ahí también otra diferencia: Los testamentos ordinarios tienen duración indefinida y sólo pueden revocarse o modificarse por el mismo testador; en tanto que los especiales tienen una duración limitada y caducan, si vive el testador, cuando vence el plazo de caducidad que ya hemos señalado en cada caso.

DISPOSICIONES COMUNES A LAS DIVERSAS

CLASES DE TESTAMENTO

Las formalidades establecidas en los artículos que venimos de comentar, para cada clase de testamento, deben observarse bajo pena de nulidad (Art. 882 C.C.). Tal sanción se aplicará tanto a los testamentos abiertos como a los cerrados; y también a los especiales en los cuales se haya omitido el cumplimiento de algún requisito esencial a su validez. Ya hemos dicho que el testamento es un acto solemne y por tanto la formalidad es esencial; y si esa formalidad ordenada por la Ley de manera imperativa, ha dejado de cumplirse, el testamento no tendrá existencia jurídica. Sin embargo, no toca pronunciar esa nulidad o inexistencia del testamento, sino al Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción, mediante sentencia. Debiendo finalmente señalar, que los testamentos especiales, además de los plazos de caducidad a que están sometidos, pueden igualmente ser calificados de nulos, como antes apuntamos, si adolecen de algún defecto sustancial.

REVOCACIÓN DE LOS TESTAMENTOS

La materia relativa a la revocación de las disposiciones testamentarias, aparece regulada en nuestro Código Civil en dos Títulos diferentes: Uno que comprende los artículos 990 a 992 y se denomina "De la revocación de los testamentos" y el otro, comprendido en los artículos 951 al 958, bajo el título: "De la revocación y de la ineficacia de las disposiciones testamentarias".

REVOCACIÓN

Siendo el testamento una manifestación voluntaria del individuo, es lógico que pueda ser revocado o cambiado también a su voluntad. Es así que el artículo 990 del C.C. señala que "Todo testamento puede ser revocado por el testador, de la misma manera y con las mismas formalidades que se requieren para testar”. Y tan esencial es este carácter, que el mismo articulo en su aparte final expresa: "Este derecho no puede renunciarse ni en forma alguna restringirse”.

La revocación testamentaria es, pues, una manifestación voluntaria del testador, que contraría una anterior y cuya eficacia dependerá de que al expresarla se cumplan las mismas formalidades exigidas para la validez de la primera.

CLASES DE REVOCACIÓN

Según abarque la totalidad del testamento anterior, o sólo una parte de él, se habla de revocación total o parcial (Art. 991 C.C.). Igualmente, se distinguen la forma expresa y la tácita.

Será expresa, cuando precisamente se señala la voluntad de revocar la totalidad de las disposiciones testamentarias o una o más de las cláusulas contenidas en el testamento. Y será tácita, cuando el documento es destruido voluntariamente dictado por él testador siendo uno nuevo en cuyas disposiciones se contrarían todas o algunas de las anteriores, aunque no se indique expresamente la voluntad de revocarlas.

Cuando la revocación se verifique por testamento posterior, sólo el último será eficaz dejando de serlo el o los anteriores; pero el testamento nulo no puede revocar uno anterior válido.

Nada impide la coexistencia de varios testamentos, mientras sus disposiciones no sean incompatibles; y cuando hubiere incompatibilidad, prevalecerá la última, sin que ello perjudique las contenidas en el testamento anterior con las cuales no exista esta incompatibilidad; pues la existencia de un testamento posterior no revoca la validez del o de los anteriores, salvo que. Así se exprese en el último; y sólo anula las disposiciones de aquellos que resulten contrarias o incompatibles con las de éste (Art. 991 C.C.).

Además de estas formas voluntarias de revocación expresa o tácita, puede tener lugar la revocación testamentaria por mandato de la Ley, interpretando lo que se presume es la voluntad del testador. Así lo señala el Artículo 951 del C.C. cuando expresa: "Los disposiciones a título universal o particular hechas por quien al tiempo de su testamento no tenía o ignoraba tener hijos o descendientes, aún solamente concebidos, son revocables por la existencia o superveniencia de un hijo descubierta aquélla o verificada ésta después de la muerte del testador, salvo que el testador haya previsto en el mismo testamento o en otro posterior o anterior, no revocado ni siquiera tácitamente, el caso de existencia o superveniencia de hijos o descendientes de éstos".

Como puede apreciarse de la norma, son dos las hipótesis en ella contempladas:

a) Que el testador ignoraba tener hijos, o descendientes, aunque fueren solamente concebidos.

b) Que luego de la muerte del testador, se verifique la existencia de hijos ignorados o la superveniencia, o nacimiento posterior a la fecha del testamento, de algún hijo o de un descendiente de éste.

Debe asimilarse a estos casos la aparición de un hijo o de un descendiente que hubiere sido declarado ausente o presunto muerto.

En los comentados casos, la ley presume que si el testador hubiese sabido de la existencia de algún hijo o hubiera previsto que los tendría, no habría dispuesto de sus bienes a favor de terceros o sólo de los hijos que sabía que tenía o que iba a tener; sino que habría tomado en cuenta también al hijo ignorado o sobrevenido. Pero como no es posible establecer por presunciones la medida en que los habría favorecido y presumiendo por otra parte que no se habría limitado a reducir sus derechos a la legítima, la Ley prefiere revocar toda la disposición para establecer la igualdad.

La acción para obtener la revocatoria a que se contrae el Artículo antes comentado, corresponde a los hijos o a sus descendientes y prescribe a los cinco años de haber ellos tenido conocimiento del testamento; pero no podrá ser intentada en ningún caso después de veinte años de la muerte del testador, salvo la suspensión de la prescripción en el caso de menores (Art. 952 C.C.).

NATURALEZA JURÍDICA DE LA REVOCACIÓN TESTAMENTARIA

Motivo de discrepancia entre los autores ha sido el establecer si la revocación del testamento es un acto ínter vivos o mortis causa, pronunciándose por la primera tesis autores como Aliara, para quien, la revocación es un acto no sometido a suspensión hasta la muerte del testador, sino de eficacia inmediata; puesto que elimina lo que antes había dispuesto el testador, destruyendo la expectativa de derecho que había creado hacia los presuntos favorecidos, y creando nuevas expectativas para quienes resulten beneficiados con la revocatoria del instrumento anterior.

En sentido contrario se pronuncia D'Avanzo, quien sostiene que para definir la revocación como un acto ínter vivos, sería necesario atribuirle eficacia inmediata y reconocer relevancia a la voluntad testamentaria antes de la muerte del testador; y puesto que ello no es así, sino que sólo surte efecto después de abierta la sucesión, in die mortis, no puede entenderse sino como un acto mortis causa la revocatoria, como lo es igualmente el testamento. En el sistema legal venezolano esta discusión carece de relevancia y la hemos traído sólo a título de breve comentario; puesto que la revocación total o parcial del testamento sólo puede hacerse mediante otro testamento, de donde resulta evidente la naturaleza de acto entre vivos.

INEFICACIA DEL TESTAMENTO

Además de las causas de revocación testamentaria que acabamos de comentar, el testamento puede ser total o parcialmente ineficaz, sea por ser nulo en todo o en parte, sea por caducidad de las disposiciones en él contenidas.

NULIDAD

Hay nulidad en sentido estricto, cuando todo el testamento o una de sus cláusulas carece de validez por faltarle un requisito esencial o por inobservancia de una norma inderogable. Es nulo el testamento que no se hace por escrito o que siendo escrito carece de las solemnidades prescritas por la Ley (Art. 882 C.C.). Lo será también si el testador es incapaz (Art. 837 C.C.).

Además de la nulidad, puede haber anulabilidad o rescindibilidad de la disposición testamentaria; porque esté afectada de algún vicio o defecto, o por inobservancia de algún precepto que, sin generar la nulidad del acto, confiera al interesado una acción para impugnarla. Debiendo a estas causas agregar aquellas que permiten la solicitud de reducción de la disposición que ya hemos comentado en otro tema. Estos casos de anulabilidad pueden subsanarse mediante la confirmación, la ratificación o el cumplimiento voluntario de la prestación que deba cumplirse por parte del heredero después de la muerte del testador.

CADUCIDAD

Cuando el testamento se hace ineficaz por una causa sobrevenida; es decir, cuando después de otorgado el instrumento surge un obstáculo que de haber existido para ese momento habría determinado su nulidad, la disposición testamentaria caduca.

Asimismo, caduca cuando se producen otros hechos de carácter diverso, que el legislador ha establecido y que examinaremos sucintamente.

1. Premoriencia o incapacidad del favorecido: "Queda sin efecto toda disposición testamentaria si el favorecido por ella no ha sobrevivido al testador o es incapaz", dice el Art. 953 del C.C.

En efecto, para adquirir es necesario existir; por lo que si no existe el favorecido o si es incapaz de adquirí? que para el caso viene a ser lo mismo, la disposición testamentaria desaparece ipsojure.

Esta regla tiene una excepción en la sucesión testamentaria, contemplada en el Art. 540 del C.C., que permite recibir por testamento a los descendientes inmediatos (hijos) de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no estén todavía concebidos. Es decir, que se puede válidamente instituir herederos o legatarios a los hijos de determinada persona, aunque éstos no fueren siquiera concebidos, siempre que dicha persona sobreviva al testador.

2. Renuncia del favorecido: "La disposición testamentaria caduca para el heredero o el legatario que renuncia a ella" (Art. 954 C.C.). Debemos, sin embargo, aclaran- que la renuncia del heredero no afecta su derecho a recibir los legados instituidos en su favor.

3. Incumplimiento de la carga o condición impuesta: Cuando el beneficiario de la liberalidad testamentaria no cumpla las cargas que le haya impuesto el testador, la disposición perece. Debiendo, distinguirse si este incumplimiento deriva de la voluntad del beneficiario o de la imposibilidad de cumplir la condición; pues en el primer caso deberá entenderse que hay una renuncia voluntaria de parte del legatario; y en el segundo, la revocatoria tácita del testador al imponer esa condición imposible.

4. Indignidad del favorecido: Cuando el beneficiario de la disposición testamentaria se ha hecho indigno, caduca su derecho al beneficio y por ende cesa para él todo derecho a reclamar participación alguna en la herencia.

5. Pérdida de la cosa legada: "El legado no tendrá efecto si la cosa legada ha perecido completamente durante la vida del testador. Tampoco lo tendrá si ha perecido después de la muerte de éste, sin intervenir hecho o culpa del heredero, aunque éste haya incurrido en mora respecto de la entrega cuando la cosa hubiere perecido igualmente en manos del legatario" (Art. 957 C.C.).

Obsérvese que el perecimiento debe tener lugar antes del fallecimiento del testador; o después, si de todas maneras hubiere perecido, aunque el heredero encargado de entregarla estuviere en mora de hacerlo. Porque si así no fuere y la cosa perece después de la apertura de la sucesión, no tiene lugar la caducidad del legado ya que el legatario se había convertido en propietario y por tanto soporta los riesgos (res perit domine: la cosa perece para su dueño).

6. Enajenación total o parcial de la cosa legada y transformación de ésta en otra distinta: Ya comentamos supra, al hablar de la revocación tácita, que estas dos situaciones hacen presumir la voluntad del testador en el sentido de hacer ineficaz la disposición testamentaria; y, por tanto, configuran igualmente una forma de caducidad.

7. No uso del derecho de retracto: Dice el Art. 956 del C.C.: "...cuando el testador haya vendido con pacto de retracto la cosa legada y se haya rescatado en vida, el legado quedará subsistente. Si no la ha rescatado, el legado valdrá únicamente respecto del derecho de rescate".

Del análisis de esta disposición legal se observa que en el caso en que la cosa legada hubiere sido vendida con pacto de retracto, el testador ha tenido la intención de rescatarla para que estuviera en su patrimonio al momento de su muerte; pero si no lo ha hecho, necesario es admitir que ello ha sido contra su voluntad; pero que en todo caso trasmite al legatario el derecho a recuperar su bien, mediante el derecho de retracto. Y caducará su derecho si no lo ejerce dentro del término acordado en el documento de venta con pacto de retracto. Y por .ende, caduca la disposición testamentaria establecida a su favor.

CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Raúl Sojo Bianco. Apuntes de derecho de familia y sucesiones, Caracas 1995

ANEXOS

ANALISÍS JURISPRUDENCIAL

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, 14 de noviembre de 2002. Años: 192º y 143º.-

En el juicio que por solicitud de aceptación de herencia a beneficio de inventario sigue el ciudadano CAMILO FERNANDO MIRANDA ROJAS, en representación de sus hijos CAMILO FERNANDO y JESÚS A. MIRANDA MATA, representados judicialmente por el abogado Hernán José Ramos Rojas, en el que intervino como tercero opositor el ciudadano JESÚS FERMÍN MATA ESPINOZA, representado judicialmente por los abogados Gonzalo Antonio Mata Espinoza y José Rafael Maestre Castro; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante sentencia de fecha 09 de agosto del año 2002, dictó sentencia en la cual declaró con lugar la solicitud y sin lugar la apelación interpuesta por el tercero opositor, confirmando así el fallo dictado por el juzgado de la causa.

Contra la referida decisión, el apoderado judicial del tercero opositor en fecha 16 de septiembre del año 2002, anunció recurso de casación el cual fue negado por auto de fecha 20 de septiembre del mismo año.

Ante la precedente negativa de alzada, el representante judicial del tercero opositor, propuso formal recurso de hecho, mediante escrito de fecha 26 de septiembre del año 2002, por lo cual fueron remitidos los recaudos originales a esta Sala de Casación Social.

Recibido el expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta del asunto en fecha 17 de octubre del año 2002 y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

Siendo la oportunidad legal para decidir, pasa esta Sala de Casación Social a hacerlo previa las siguientes consideraciones:

ÚNICO

En el caso de autos, el sentenciador de alzada fundamentó la negativa de admisión del recurso de casación anunciado por el tercero opositor , bajo los siguientes términos:

“Al respecto observa este Tribunal:

Establece el artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lo siguiente:

(omissis)

Ahora bien, el caso es que la naturaleza Sentencia (sic) contra la cual se anuncia el Recurso de Casación deriva de un procedimiento especial no contencioso, donde no procede Recurso de Casación, y así se dejó sentado en el dispositivo de la sentencia recurrida, cuando señaló: ‘Por cuanto la naturaleza de esta sentencia deriva de un procedimiento especial no contencioso, que se provocó por haber sido oída la apelación en ambos efectos, ocasionándosele perjuicios a los adolescentes al privársele de entrar en posesión de los bienes que conforman la herencia aceptada bajo el beneficio de inventario, violándose el contenido el (sic) artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, sin que la misma pueda ser objeto del Recurso de Casación, se ordena remitir el expediente respectivo al Juzgado de Origen’.

El caso sub-iúdice, se encuentra subsumido en el artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente específicamente cuando señala: ‘El recurso de Casación puede proponerse contra las sentencias que la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente dicte en materia de estado civil y de las personas, y en asuntos patrimoniales y laborales en aquellos casos en los cuales dicho recurso proceda, conforme a la ley respectiva.’ Es decir, por la sentencia recurrida un asunto patrimonial se rige por el Código de Procedimiento Civil, es decir, conforme al contenido de los artículos 312 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Siendo el presente asunto de jurisdicción voluntaria, la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal es constante en declarar que no están sujetas a casación las actuaciones del Juez en dicha materia.

La Corte Suprema de Justicia ha venido sosteniendo, en reiterada jurisprudencia, que las determinaciones dictadas en la jurisdicción voluntaria no son compatibles con los ’juicios civiles y mercantiles’ o ‘juicios especiales’ a los cuales alude el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil como requisito de admisibilidad del Recurso de Casación; por consiguiente este Tribunal Niega el Recurso de Casación interpuesto y así se decide.-” (Resaltado del Tribunal).

Se desprende del caso bajo análisis, que el sentenciador superior negó la admisión del recurso de casación en virtud de que la naturaleza del presente juicio de solicitud de aceptación de herencia a beneficio de inventario es de jurisdicción voluntaria, que deriva de un procedimiento especial no contencioso.

Ahora bien, el artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece las sentencias contra las cuales puede ser ejercido el recurso extraordinario de casación, cuando dice:

“El recurso de casación puede proponerse contra las sentencias que la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente dicte en materia de estado civil de las personas, y en asuntos patrimoniales y laborales en aquellos casos en los cuales dicho recurso proceda, conforme a la ley respectiva.”

Del contenido de la norma que antecede se desprende, que contra las sentencias dictadas por la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente en los juicios relativos al estado civil de las personas, asuntos patrimoniales y laborales, podrá proponerse el recurso de casación, sólo en aquellos casos en los cuales tal recurso extraordinario proceda de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil establece la enumeración taxativa de los actos jurisdiccionales que pueden ser susceptibles del recurso de casación, al señalar lo siguiente:

“El recurso de casación puede proponerse:

1º Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles, cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00), salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía.

2º Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00), y contra las de última instancia que se dicten en los procedimientos especiales contenciosos sobre el estado y la capacidad de las personas.

3º Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o a los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios.

4º Contra las sentencias de los Tribunales Superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00).

Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas disposiciones se hubieren agotado oportunamente todos los recursos ordinarios.

Los juicios sentenciados conforme al artículo 13 de éste Código no tienen recurso de casación.”

En este sentido, la Sala de Casación Civil de este Supremo Tribunal se ha pronunciado sobre la inadmisibilidad del recurso de casación en los procedimientos no contenciosos de aceptación de herencia a beneficio de inventario, según sentencia N° 60 de fecha 30 de marzo del año 2000, (caso Saturnina Ramona Narváez González contra Inés Guisa de Collaone viuda de Giovanny Collaone), la cual es acogida por esta Sala de Casación Social, en los siguientes términos:

“El artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, prevé en sus numerales las sentencias y autos contra los que procede el recurso de casación, y de su lectura resulta evidente que los procedimientos no contenciosos, como es la aceptación de herencia a beneficio de inventario, no están contemplados en ellos, por lo tanto estos procedimientos no gozan de este recurso extraordinario.

Por otra parte, esta Sala de Casación Civil sostiene que en los procedimientos de aceptación de beneficio de inventario, calificados por el código procesal como de jurisdicción voluntaria, por no ser de naturaleza contenciosa, al interponerse oposición o aparecer cualquier otro tipo de controversia, al juzgador no le queda otra alternativa que desestimar la solicitud misma e indicar a los intervinientes que la controversia entre ellos debe resolverse por el procedimiento ordinario, si el asunto controvertido no tiene pautado un procedimiento especial. Se ratifica la jurisprudencia que esta Sala ha establecido en numerosos fallos, acerca de la inadmisibilidad del recurso de casación en los procedimientos no contenciosos, y por aplicación de la doctrina antes expuesta, el recurso de casación anunciado contra la sentencia del juzgado superior es inadmisible, y en consecuencia, el presente recurso de hecho es improcedente. Así se declara.” (Resaltado de esta Sala).

Se desprende de lo anteriormente transcrito, que la solicitud de aceptación a beneficio de inventario constituye un procedimiento no contencioso, de jurisdicción voluntaria, por lo que considera esta Sala de Casación Social de conformidad con lo antes expuesto, que el recurso de casación anunciado es inadmisible y en consecuencia improcedente el recurso de hecho.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 20 de septiembre del año 2002 dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar el cual negó el recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 09 de agosto del año 2002 dictada por el mismo juzgado superior.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de la causa, es decir al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

El Presidente de la Sala,

________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

El Vicepresidente,

______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado-Ponente,

___________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

La Secretaria,

________________________

BIRMA I. TREJO DE ROMERO

R.C. N° AA60-S-2002-000551

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, TRÁNSITO Y MENORES

JUZGADO SUPERIOR CIVIL MERCANTIL, BANCARIO Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO, San Juan de los Morros, Catorce (14) de Julio de Dos Mil Nueve (2009).

199° Y 150°

Actuando en sede Civil

EXPEDIENTE N° 6534-09

MOTIVO: REVOCACION DE TESTAMENTO (Apelación contra sentencia que niega medida de secuestro sobre rebaño de ganado)

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana GLADYS CONCEPCION GUTIERREZ MEZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.952.307.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadana IDALIA MARTINEZ HIGUERA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 61.475.

PARTE DEMANDADA: Ciudadanas MARIA FILOMENA MATOS MATOS Y JOSEFA MERCEDES MATOS viuda de MATOS venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 5.332.635 y 147.172 respectivamente.

.I.

Sube a esta Alzada en copias fotostáticas certificadas cuaderno principal y cuaderno de medida del juicio de REVOCACION DE TESTAMENTO intentado por la ciudadana GLADYS CONCEPCIÓN GUTIERREZ MEZA, llevado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial producto del recurso de apelación ejercido por la abogada YDALIA MARTINEZ, plenamente identificada en autos contra la decisión de fecha 12 de mayo del año 2009 que negó de conformidad con el artículo 586 del Código de Procedimiento Civil la medida de secuestro solicitada sobre el rebaño de ganado vacuno de diferentes razas, sexo, tamaños y colores el cual era propiedad de su causante según documento protocolizado ante la citada Oficina de Registro, anotado bajo el N° 30 del Cuaderno de comprobantes del año 1996, el cual acompañó en copia fotostática marcada con la letra L. El Tribunal mediante auto oyó la apelación en un solo efecto la apelación y ordenó la remisión de las actas conducentes a este Tribunal Superior quien lo recibió le dio entrada y fijo lapso para que las partes presentaran sus respectivos informes.

Llegada la oportunidad para que esta Alzada se pronuncie pasa a dictar sentencia y hace los siguientes pronunciamientos:

II.

Como punto previo, observa ésta Alzada que la Acción propuesta por la Accionante, conforme a su demanda de fecha 20 de abril de 2009, se refiere a una Acción de Revocación Legal Testamentaria, consagrada en los artículos 951 y 952 del Código Civil, que constituye una manifestación de voluntad opuesta a una precedente voluntad testamentaria y que hace que ésta última quede sin efecto, muchas veces por causas sobrevenidas después de hecho el testamento; vale decir, que estamos en presencia de una acción, en principio, evidentemente civil. Sin embargo, la pretensión o contenido de la acción intentada tiene como soporte no sólo la revocatoria del testamento, sino que se le adjudique y reconozca al Actor, en plena propiedad y posesión, unos bienes destinados a la producción agrícola y pecuaria.

Esta acción, se ejerce para que se reconozca y adjudique en plena propiedad y posesión a la hija legítima, la cuota parte que le corresponde, - según expresa -, sobre el patrimonio hereditario del de cujus, que está conformado, entre otros bienes, por:

1. Un rebaño de ganado vacuno de diferentes razas, sexo, tamaños y colores marcados con el hierro quemador … el cual era propiedad de mi causante según documento protocolizado …”

2. La totalidad de los derechos equivalentes a una sexta parte del valor de los corrales y queseras en las posesiones contiguas la Peña San Miguel…”

3. Una sexta parte del valor de las queseras y corrales en el sitio San Antonio …”

4. El valor de una sexta parte sobre el potrero de piloncito …”

5. La cantidad de 268.682,14 mts2, en el fundo Meleral …”

Siendo de destacarse, que si bien es cierto, en principio, la pretensión es del conocimiento de la competencia por la materia del Tribunal Civil, tales bienes son relativos a la actividad agrícola y pecuaria, aunado al hecho de que la casi totalidad del resto de los inmuebles son extensiones de terreno de ubicación rural.

Es por ello que, visto los anteriores elementos que corren a los autos, y a los efectos de evitar, conforme a lo que la Doctrina Procesal Alemana ha dado por llamar el: “TRASPASO DE LA FRONTERA COMPETENCIAL”, ésta Alzada Civil del Estado Guárico, observa que nuestra Carta Política de 1999, específicamente en el Artículo 49, Ordinal 4°, consagra el principio de la competencia, que define qué órgano de una organización determinada, tiene atribuida una esfera propia de actuación, por lo cual, debe entenderse que la competencia regula la actividad de los Órganos Jurisdiccionales en razón de una materia determinada, siendo ésta, la expresión de una norma y, en ese sentido, la Constitución establece presupuestos claros sobre las competencias de cada uno de los Tribunales. En definitiva, la competencia es la medida de la actividad organizativa que el Estado, otorga a los Órganos Públicos, a fin de evitar arbitrariedades en su actuación; por lo cual, debe definirse al Juez Natural, como el órgano que conoce en la materia afín al caso concreto. El órgano Judicial, debe de estar investido de autoridad, vale decir, con competencia, para conocer del caso en sub - iudice.

Así, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia del 05 de Octubre del 2.002, con ponencia del Magistrado Dr. ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, ha establecido que: “El proceso sea decidido por el Juez Ordinario predeterminado en la Ley, esto es, aquel que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad”.

Es imperioso para esta Alzada Civil, traer a colación lo establecido en los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario N° 5.771 del 18 de mayo de 2005, que se refieren a la competencia de los Tribunales para conocer de los casos como el de autos:

Artículo 197. Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales.”

Artículo 208. Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: … 4. Acciones sucesorales sobre bienes afectos a la actividad agraria …”

Así mismo, en sentencia del 08 de noviembre de 2001 dictada por la Sala de Casación Civil de nuestro Supremo Tribunal (Caso: Aida Beatriz Carrizalez contra Pasquale Santambrogio y otra), ratificada por la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social de ese Alto Tribunal mediante decisión del 31 de marzo de 2004, donde se señaló lo siguiente: “ … No existe duda, que las relaciones jurídicas que tengan por objeto fundos rústicos por ser bienes afectados a la actividad agraria, constituyen materia esencialmente agraria. Tampoco existe duda en cuanto que las acciones sucesorales que versen sobre dichos bienes…”. En el caso de marras, se solicita una revocatoria legal testamentaria y la adjudicación en plena propiedad y posesión de cuotas relativas a bienes tanto agrarios como extra-agrarios, es decir, que existe una coexistencia de bienes que, atendiendo al carácter de los bienes afectados a la actividad agraria y, dada la unidad que existe en el acervo cuya adjudicación se solicita, privan las exigencias determinadas por la naturaleza de los bienes. Cuando en el acervo existan uno o más fundos rústicos o bienes destinados a la actividad agrícola o pecuaria es necesario adecuar el procedimiento de revocación testamentaria y adjudicación de bienes al proceso agrario. Tal adecuación, debe hacerla el Juez Agrario, quien está dotado de amplias facultades jurisdiccionales en razón del interés de la producción nacional y, en la búsqueda de la conservación de los recursos naturales renovables.

Bajo tal fundamento doctrinal, nuestra Carta Política de 1999 en su artículo 305, 306 y 307, despliega el concepto del desarrollo rural integral para garantizar la seguridad alimentaria, la cual constituyó el principio de orientación al promulgarse la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en Venezuela; desarrollo éste, que consiste en una actividad capaz de generar un empleo permanente, un nivel adecuado de bienestar social que permita la incorporación de la población campesina al crecimiento y evolución nacional, eliminándose el régimen latifundista, los gravámenes de las tierras ociosas y su convertibilidad en unidades productivas, el derecho de acceso a la propiedad de la tierra, la protección y promoción de las formas asociativas particulares de propiedad para garantizar la propiedad agrícola, el ordenamiento sustentable de las tierras con vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. Para ello, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece en su artículo 208 una serie de presupuestos a los efectos de otorgar la competencia por la materia a los Tribunales Agrarios para desarrollar los fines Constitucionales supra referidos.

En el caso Sub – Lite, si bien es cierto las pretensiones revisten carácter Civil, no es menos cierto que del escudriñamiento del expediente se puede observar que: los bienes sobre los cuales recaen las pretensiones están compuestos por :Un rebaño de ganado vacuno de diferentes razas, sexo, tamaños y colores marcados con el hierro quemador … el cual era propiedad de mi causante según documento protocolizado …” La totalidad de los derechos equivalentes a una sexta parte del valor de los corrales y queseras en las posesiones contiguas la Peña San Miguel…” Una sexta parte del valor de las queseras y corrales en el sitio San Antonio…” El valor de una sexta parte sobre el potrero de piloncito…” La cantidad de 268.682,14 mts2, en el fundo Meleral …”. Todo ello se desprende de las instrumentales de autos y de las propias manifestaciones de la parte Actora. Por lo que no hay duda, que los inmuebles están ubicados en su mayoría en zonas rurales y se dedican a la explotación agrícola y pecuaria, revistiendo un carácter agrario, pues a pesar que la pretensión del actor, representa una típica figura civil, los bienes que son objeto de las pretensiones, contribuyen a la actividad agrícola.

Por consiguiente, la competencia en este caso no la fija la naturaleza jurídica de la figura en que se fundamente la pretensión, sino el bien objeto de la acción. Aunado a ello, el artículo 271 eiusdem, establece la prevalencia de las disposiciones de dicho complejo normativo, sobre el resto de las normas sustantivas y adjetivas de rango legal y en tal sentido el propio artículo 208.15 ibídem, dispone, que corresponde a los tribunales de primera instancia agraria, el conocimiento general de todas las acciones y controversias entre particulares con ocasión de la actividad agraria, desarrollándose así, el principio de exclusividad agraria a tenor del cual, los órganos jurisdiccionales con competencia en la materia, tienen un fuero especial atrayente que en virtud de criterios subjetivos y, atendiendo a la naturaleza agraria de los asuntos, se extraen de la jurisdicción ordinaria (civil – mercantil) del conocimiento de los litigios con incidencia o afectación sobre actividades agrícolas para otorgárselas a los tribunales especializados en la materia.

Ello es así, pues la jurisdicción (competencia) agraria constituye un mecanismo de heterocomposición de los conflictos intersubjetivos que pudieran atentar contra el principio de la seguridad agroalimentaria, donde nuestro propio Supremo Tribunal ha señalado que los artículos 305 y 307 de la Constitución, se encuentran sometidos en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no solamente mediante una serie de medidas relacionadas directa o indirectamente con el régimen sustantivo de los derechos, sino mediante la creación de una jurisdicción especial que permite a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que están en capacidad de atender con criterios técnicos sus pretensiones tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo integral y sustentable rural, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de producción agroalimentaria.

Por ello, si bien la revocatoria legal testamentaria encuentra sus raíces en los postulados del Derecho Civil, ello no constituye obstáculo para que su tratamiento procedimental sea regulado a través de la normativa especial del Derecho Agrario, cuya regulación fue el resultado del desarrollo legislativo de los artículos 299, 305,306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello lleva a la configuración de la autonomía y especialidad del derecho agrario, cuyos principios rectores son de estricto orden público en razón de los intereses sociales y colectivos tutelados por los procedimientos previstos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

En el caso de autos, en que se acumulan pretensiones petitorias como son las revocatorias legales testamentarias, la competencia corresponde a los Juzgados agrarios; así, nuestra Sala Constitucional, en fallo del 04 de julio de 2006 (A.E Arévalo en Amparo, sentencia N° 1.311, con ponencia del Magistrado Dr. PEDRO RAFAÉL RONDÓN HAAZ), ha expresado: “… Los Jueces con competencia agraria son competentes para el conocimiento de pretensiones sucesorales, siempre que éstas recaigan sobre bienes afectos a la actividad agrícola…”. Por ello, como lo ha establecido la Sala Plena (Caso: A.J. Núñez contra Agropecuaria la Gloria; Sentencia N° 200, con ponencia del Magistrado Dr. RAFAÉL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO), la competencia que atribuye el artículo 208.15, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a los Juzgados de Primera Instancia Agraria, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria.

De acuerdo a las consideraciones anteriores y conforme a lo dispuesto en los artículos up supra transcritos, ésta Alzada estima que la presente causa debe ser conocida y decidida por la jurisdicción especial agraria, pues es ésta la que tiene facultades especiales para proteger la producción agrícola nacional. Aunado a ello, es de destacar que nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que en casos como éstos en que, en primera instancia conoció un Tribunal Civil, debe reponerse la causa, vista la contravención a la competencia detectada del juzgado A – Quo, para que éste, vista la motivación anterior, remita bajo el criterio competencial el presente expediente a la jurisdicción agraria considerada competente por ésta instancia a – quem, y así, se decide.

En consecuencia:

III.

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUÁRICO, actuando en Sede Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

ÚNICO: De conformidad con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallos de fechas 14 de abril de 2005, N° 530 y 22 de julio de 2008, N°1.195, se declara la nulidad del fallo de la recurrida Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua, de fecha 12 de mayo de 2009 en virtud de que las pretensiones del Actor se ejercen en relación a bienes rurales, con vocación agrícola, por ello, a los fines de asegurar las disposiciones Constitucionales de los artículos 49.4, referidos al Juez natural, en concordancia con los artículos 305, 306 y 307 ibídem, aunado a las disposiciones de los artículos 208.1 y 15; y 271 todos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en aras de un desarrollo rural sustentable y, vista la contravención a la competencia detectada del juzgador a – quo, bajo la motivación anterior, se ordena a la recurrida remita bajo el criterio competencial el presente expediente a la jurisdicción agraria considerada competente por ésta instancia A – Quem, específicamente al Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en la Ciudad de Valle de la Pascua y así se decide.

Vencido el lapso de dictar Sentencia, déjese transcurrir el lapso para el ejercicio del Recurso de Regulación de la Competencia, transcurrido el cual remítase al Tribunal declarado competente. Envíese copia del presente fallo al Juzgado de la Causa.

Publíquese, Regístrese y déjese copia autorizada.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en la Ciudad de San Juan de los Morros, a los Catorce (14) días del mes de Julio del año Dos Mil Nueve (2.009).- Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.-

El Juez Titular (fdo) Dr. Guillermo Blanco Vázquez, La Secretaria (fdo) Abg. Shirley Marisela El Juez Titular.

Dr. Guillermo Blanco Vázquez.

La Secretaria.

Abogado Shirley M. Corro B.

En esta misma fecha, siendo las 3:15pm, se publicó la anterior Sentencia.

La Secretaria.

GBV.