Leer Ensayo Completo Visita Domiciliaria

Visita Domiciliaria

Imprimir Documento!
Suscríbase a ClubEnsayos - busque más de 2.113.000+ documentos

Categoría: Temas Variados

Enviado por: Jillian 22 abril 2011

Palabras: 8707 | Páginas: 35

...

s fiscales, estarán facultadas para:

I.- Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

IV.- Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

VI.- Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

VII.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

VIII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

2.- VISITAS DOMICILIARIAS

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

Ahora bien, el saber que la autoridad esta facultada para la comprobación fiscal de las actividades de los contribuyentes, debemos de saber quien es esa autoridad la cual estará con las facultades por ley de exigir dicha comprobación. Artículo 31 Fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes.

Esta garantía se encuentra debidamente reglamentada por los artículos 42 fracciones ll, lll y V , 38, 43, 44, 45, 46-A y 48 del CFF y art 60 fracc VIII, IX y X del RISHCP.

2.1.-Autoridad Competente

Artículo 60 Fracc. VIII, IX y X del Reglamento Interior de la SHCP que compete a la Dirección General de Fiscalización de esa Secretaría, en términos generales, la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y de los terceros ajenos a la relación tributaria en materia de impuestos y derechos salvo los aduanales, que son de la competencia de la Dirección General de Aduanas, sus accesorios y de aprovechamientos de carácter federal.

Lo anterior mencionado, puede darse cuenta que es demasiada la información asi como las actividades para que solo una autoridad se encargara de absolutamente toda la recaudación, verificación, etc. es por eso que cuenta con ayuda del órgano desconcentrado llamado SAT (Servicio de Administración Tributaria), quien a su vez de acuerdo al artículo 39 del Reglamento Interior de Servicio de Administración Tributaria estipula, tendrá a su cargo sedes de las Unidades Administrativas Regionales, en donde cada una de ellas tendrá la circunscripción territorial que se determina mediante acuerdo del presidente del Servicio de Administración Tributaria. (Administración Local de Auditoria Fiscal).

Dicha administración local de auditoria, se encuentra dividido en dos áreas de comprobación fiscal: Área de Directas y Área de Gabinete o llamado también de Escritorio. Las dos tienen la misma función, que es de realizar visitas domiciliares para comprobación de actividades fiscales lícitas y correctas de cada contribuyente.

2.2.- Visitas domiciliarias de gabinete.

Área de Gabinete se encarga de las visitas domiciliarias de gabinete para la revisión documental de los negocios, pero la diferencia es, que dentro de esta área, se solicita la documentación con anticipo mediante una requiriendo ya sea al contribuyente, responsables solidarios o terceros, informes, datos y documento de presentar, a la hora y día que se señale a las instalaciones del SAT. Según el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación,

Artículo 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del presente ordenamiento, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde éstas se encuentren.

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante.

IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario.

V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.

VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código.

VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será de dos meses, pudiendo ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente.

VIII.- Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora.

IX.- Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción.

2.3.- Visitas domiciliarias en directas.

Área de Directas, se encarga exclusivamente de la visita personal a la empresa, negocio u establecimiento comercial, ya sea para la revisión de documentación, o en su caso de las famosas sorpresas que todo comerciante conoce que son, la verificación de expedición de comprobantes fiscales.

2.4.- Fundamento Constitucional

Este tipo de visitas encuentran su fundamento Constitucional en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política del país, que establece que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse que se han cumplido con las obligaciones, y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos en leyes respectivas y a las formalidades prescritas

Y conforme al artículo 42 del CFF, que estipula las facultades que tiene la autoridad fiscal, para acreditar el cumplimiento de las disposiciones tributarias, es la de practicar visitas en el domicilio, ya sea del contribuyente en sí, de los responsables solidarios o de los terceros para revisar ahí sus libros, documentos y correspondencia que tengan relación con las obligaciones fiscales que se creen no han sido cumplidas.

2.5.- Requisitos de la orden de visita domiciliaria.

Como todo acto administrativo que deba ser notificado deberá llevar una formalidad para poderse realizar, de lo contrario sería ilegal; tiene la obligación de contener por lo menos los requisitos establecidos dentro el artículo 38 CFF, que son los siguientes:

I. Constar por escrito.

II. Señalar la autoridad que lo emite.

III. Estar fundado y motivado, y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.

IV. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este código, se deberá indicar:

I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado.

II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituídas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado.

2.6.- Personas encargadas de la visita domiciliaria

Como todo representante de la autoridad fiscal, aquellas personas encargadas a realizar la visita domiciliaria, deberá estar facultada por las autoridad correspondiente, pero sobre todo tendrá la obligación dicho personal de presentar ante quien se realiza dicha visita su identificación oficial, mediante oficio que es expedida por la misma autoridad facultada para tal ejecución de actos oficiales y que en todo momento deberá cargar con ella, al realizar la diligencia.

Tal identificación oficial expedida deberá contener los siguientes requisitos:

1. Nombre de la autoridad que autoriza.

2. Número de identificación de la autoridad.

3. Número de expediente bajo el cual está.

4. Asunto. Este puede variar ya que aunque solo es de identificación, también específica que tipo de visita esta facultado a realizar.

5. Fecha de expedición.

6. Foto de identificación.

7. Firma de la persona facultada para nombrarlo como tal.

Dentro del artículo 43, fracción II, hace mención que los visitadores pueden ser sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier momento o etapa de la visita, es por eso que el contribuyente deberá ser debidamente notificado de los cambios, levantando un acta parcial.

3.- Inicio del procedimiento de la visita.

Primeramente deberá tenerse por asegurada que la orden para realizar la visita domiciliaria, fue elaborada con los datos correctos del contribuyente a revisar, y atender los motivos programados para revisar. Pero sobre todo asignar a los visitadores que participarán en la revisión y que sus nombres indicados en la orden de visita coincidan con los que se encuentran asentados en las constancias de identificación.

Teniendo todo en orden se procede a notificar al contribuyente que se le realizará una revisión de sus estados financieros.

El acta parcial de inicio se levantará una vez que los visitadores hicieron entrega de la orden de vista y se hubiera identificado debidamente, con su correspondiente constancia de identificación ante la persona con quien se entiende la diligencia.

Dentro de esta primer acta, se desglosan todo lo acontecido desde el momento de entrada al establecimiento, empresa; presentándose uno como visitador dando los principales datos e información al contribuyente a revisar, siguiendo toda norma, requisito y ley fiscal como Constitucional para que no surgiera ningún tipo de inconveniente, o en su caso la mayoría de las veces errores que por más mínimos que son, pueden llegar a suspender provisionalmente la visita hasta la corrección total.

Durante el inicio del desarrollo de la visita los visitadores con apego al artículo 45 del Código fiscal de la Federación, a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado.

Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros.

La designación de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo.

Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. Los representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sustitución.

La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes.

Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita.

3.1.- Las actas relativas a la visita.

De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado.

3.2.- El acta parcial.

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este código.

Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita.

Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros.

3.3.- El Acta Final.

Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita.

En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad.

Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 64-a y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos tres meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del contribuyente.

Las actas parciales se entenderán que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que éste presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma.

Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden, inclusive cuando las facultades de comprobación sean para el mismo ejercicio y por las mismas contribuciones.

3.4.- La visita domiciliaria para verificar el cumplimiento de disposiciones legales en materia de comprobantes fiscales.

Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las visitas domiciliarias para verificar la expedición de comprobantes fiscales o la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, se realizarán conforme a lo siguiente:

I.- Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, puestos fijos y semifijos en la vía pública, o sucursales de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales o presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes.

II.- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del establecimiento, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección.

III.- Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección.

IV.- En toda visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales o la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, relativos a la expedición de comprobantes fiscales o a la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, en los términos de este código y su reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección.

V.- Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domiciliaria.

VI.- Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales en materia de expedición de comprobantes fiscales o presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en dicho registro, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.

4.- TERMINACION ANTICIPADA DE LA VISITA DOMICILIARIA.

Las autoridades fiscales podrán, a su juicio y apreciando discrecionalmente las circunstancias que tuvo para ordenarlas, concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado hubiere presentado dentro del plazo a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-a de este código, aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestando su deseo de optar por presentar sus estados financieros dictaminados por contador público autorizado, tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos a que se refiere el párrafo cuarto del mencionado artículo y siempre que dicho aviso haya surtido efectos de conformidad con el reglamento de este código.

En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar acta en la que se señale la razón de tal hecho.

5.-EXTINCION DE LAS FACULTADES DE REVISION FISCAL.

Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que:

I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.

II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración.

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, tratándose de la exigibilidad de fianzas a favor de la federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el registro federal de contribuyentes,

no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado o presentarlas; en este último caso el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en que se debió haber presentado la declaración del ejercicio. En los casos en que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años.

Para los efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 fracción III de este código, el plazo será de tres años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.

El plazo señalado en este artículo no esta sujeto a interrupción y solo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 42 o cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio.

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifiquen la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal.

La suspensión a que se refiere este párrafo estará condicionada a que cada seis meses se levante cuando menos un acta parcial o final, o se dicte la resolución definitiva. De no cumplirse esta condición se entenderá que no hubo suspensión.

En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias y de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, en que las mismas estén sujetas a un plazo máximo de seis meses para su conclusión y dos ampliaciones por periodos iguales, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses.

Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.

6.- RESOLUCIÓN.

La resolución no es más que la totalidad con la cual la autoridad fiscal presenta ante el contribuyente después de la revisión de la documentación, así como contribuciones que se pagan mediante la declaración periódica formulada por el mismo contribuyente o mediante dictámenes, ante la autoridad competente; por la cual fue requerida ya sea para requerir el pago de las omisiones que el particular pueda tener o que no tuvo.

7.- MEDIO DE DEFENSA ANTE RESOLUCIONES DEFINITIVAS.

Estos medios solamente son dos: Recurso de Revocación y Juicio de Nulidad, mismos que se interpondrán ante las resoluciones definitivas que haya dictado la autoridad competente, ya sea por recurrir como en primera instancia al recurso de revocación y agotando todas las instancias, o bien, presentar directamente la demanda de juicio de nulidad, siendo la que más favorezca a los intereses del individuo afectado.

Ahora bien en caso de ser violadas las garantías individuales del contribuyente durante los procedimientos anteriores, existe una tercera y última instancia, a las cual puede recurrir el afectado que es Juicio de Amparo,

7.1.- Recurso de revocación.

Este es un acto administrativo por medio del cual disponen los particulares para impugnar los actos y resoluciones definitivas dictadas u emitidas por las autoridades fiscales, que consideren ilegales.

Cabe mencionar que este recurso es de carácter optativo pues el contribuyente podrá interponerlo como primera instancia o recurrir directamente a promover el juicio de nulidad, sin tener que agotar o previamente tramitar previamente el recurso de revocación. Dentro de este proceso solamente interviene el particular afectado y directamente la autoridad que emitió la resolución.

7.2.- Plazo para interponer el recurso.

El escrito mediante el cual se interponga el recurso, deberá ser presentado dentro de los cuarenta y cinco días siguientes en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Al igual como todo escrito deberá ser satisfecho con los requisitos de formalidad del artículo 18 CFF y señalar además: la resolución o acto impugnado, los agravios que han sido a consecuencia de los actos impugnados; las pruebas y los hechos controvertido de que se trate.

El promovente también deberá acompañar al escrito los documentos que acredite personalidad, acto impugnado, constancia de notificación de acto impugnado, pruebas y dictamen pericial, si este fuese el caso. Y en su caso la autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de la interposición del recurso, ya sea personalmente, por correo ordinario, estrados, edictos o instructivo.

8.- JUICIO DE NULIDAD.

El juicio de nulidad, se interpone habiendo agotado todas las instancias o en su caso se presenta directamente ante el Tribunal como tercero en discordia, para dirimir la controversia que en su caso no pudo resolverse entre el particular y la autoridad mediante el recurso de revocación, y que de igual manera el juicio de nulidad es un medio de defensa contra acto o resolución emitido por una autoridad fiscal federal, y determinar si la actuación de ésta se ajustó o no a los lineamientos legales, y en todo caso, obtener la nulidad de los mismos. Esta instancia al ser juicio consiste en la presentación de una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

8.1.- Requisitos del juicio de nulidad

Dicha demanda al igual que recurso de revocación será presentado por escrito, directamente ante la Sala Regional competente, dentro de los 45 días siguientes en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. Teniendo de igual manera la obligación de presentar los requisitos establecidos dentro del artículo 208 CFF, que son:

1. Nombre del demandante y domicilio;

2. Resolución que lo impugna;

3. La autoridad o autoridades demandadas;

4. Los hechos que lo motivaron;

5. Pruebas que se ofrezca;

6. Conceptos de impugnación;

7. Y lo que se pida.

Además de los requisitos, dicho demandante deberá adjuntar a la demanda lo estipulado dentro del artículo 209 CFF:

1. Copia de la misma y de los documentos anexos;

2. Documento que acredite la personalidad;

3. Documento en que consiste el acto impugnado;

4. Constancia de notificación del acto impugnado;

5. Cuestionario para el desahogo de pruebas;

6. Pruebas documentales que se ofrezca.

Una vez admitida la demanda correrá traslado de ella al demandado, emplazándolo para que la conteste dentro de los cuarenta y cinco días siguientes que haya surtido efectos el emplazamiento, dentro del cual tendrá un plazo de 20 días siguientes en que haya surtido efectos la notificación para contestar.

Y es después en que se abre la instrucción para el desahogo de todo tipo de pruebas, y habiendo terminado el desahogo, se da el cierre, en donde el magistrado instructor, diez días después de que haya concluido todo, y no existiera ninguna cuestión que impida su resolución, notificará en un término de cinco días para la formulación de alegatos por escrito. Pasando los cinco días quedará cerrada la instrucción se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes del cierre la sentencia definitiva que en su caso podrá ser:

1. Reconocer la validez de la resolución impugnada.

2. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

3. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos.

9.- JUICIO DE AMPARO.

El juicio de amparo es un procedimiento de carácter jurisdiccional extraordinario, mediante la presentación de demanda ante el Tribunal, que conforme al artículo 158 de ley de Amparo y en términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en donde ya sea que se ha cometido alguna violación en contra, afectando las defensas del quejoso, dando como resultado violaciones a las garantías individuales, teniendo su fundamento dentro del artículo 1 de la Ley de Amparo.

Para que el Juicio tome su curso primeramente, ya lo mencionamos; deberá de haber una sentencia definitiva dentro del cual habrá un término de 15 días, contando desde el día siguiente en el que haya surtido efectos la notificación del quejoso de la resolución, mediante la presentación de demanda en la que se expresará:

9.1.-Requisitos de la Demanda de Amparo

1. Nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;

2. Nombre y domicilio del tercero perjudicado;

3. La autoridad o autoridades responsables;

4. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados;

5. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida;

6. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación;

7. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho.

Una vez presentada la demanda si el Tribunal no encuentra ningún motivo alguno de improcedencia, la admitirá aquélla y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo. Y es después donde se mandará turnar el expediente, dentro del término de diez días, al mismo relator que corresponda a efecto de que formule por escrito, dentro de los treinta días siguientes, el proyecto de resolución relatada en forma de sentencia, pasándose a los demás ministros, quedando para su estudio y dentro de los 15 días siguientes se dará citación para sentencia, a efecto que se pronuncie sin discusión alguna por unanimidad o mayoría de voto el resultado final.

10.- JURISPRUDENCIAS

Revisión de escritorio o gabinete

El artículo 48 del Código Fiscal de la Federación del 5 de enero de 2004, no faculta a las autoridades fiscales para requerir documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente

El citado precepto establece los requisitos a cumplir cuando la autoridad fiscal practica una revisión de escritorio o gabinete, supuesto en el cual puede requerir al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado, la contabilidad, datos, informes o documentos necesarios para el ejercicio de sus facultades de comprobación, sin que pueda entenderse incluido en ese supuesto el requerimiento de documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, ya que tal disposición no prevé una facultad general a favor de la autoridad fiscal para solicitar toda la documentación que estime necesaria para el ejercicio de sus facultades de comprobación, toda vez que la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, pues no contiene información sobre las obligaciones fiscales, sino referente a las operaciones o servicios contratados por el particular con alguna institución de crédito, como los enumerados en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, acorde con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad comprende los libros, registros contables, así como los comprobantes de cumplimiento de las disposiciones fiscales, de manera que dentro de ese tipo de documentación no puede entenderse incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. Lo razonado no significa que la autoridad fiscal estuviera imposibilitada para obtener información de esa naturaleza, ya que el propio artículo 48 señala que éstas al practicar una revisión de gabinete podrán requerir información o documentos no sólo al contribuyente, sino también a terceros y, por su parte, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que las autoridades hacendarias federales podrán solicitar información a las instituciones de crédito por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales, de donde es claro que dichas autoridades podían obtener por ese medio, información referente a los estados de cuenta bancarios de contribuyentes sujetos a una revisión de gabinete.

Jurisprudencia 85/2008

REVISION DE ESCRITORIO. EL ARTICULO 42 FRACCION II, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION QUE AUTORIZA A LAS AUTORIDADES FISCALES A REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES QUE EXHIBAN DOCUMENTACION PARA REVISARLA EN LAS OFICINAS DE LA PROPIA AUTORIDAD NO ES INCONSTITUCIONAL.

EL TERMINO "SUSTRAER" A QUE SE REFIERE LA JURISPRUDENCIA NUMERO P.XCI/92 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN LA CUAL SE DECLARO INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 45 FRACCIONES II, V Y VI DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, RESPECTO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS; IMPLICA SACAR LA DOCUMENTACION DEL CONTRIBUYENTE VISITADO FUERA DEL DOMICILIO EN QUE SE PRACTICA LA VISITA POR PARTE DE LOS AUDITORES. EN TANTO, EL ARTICULO 42 FRACCION II DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, DISPONE LA EXHIBICION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LA DOCUMENTACION FISCAL QUE LE ES SOLICITADA, Y SI BIEN ESTA DOCUMENTACION ES SUSCEPTIBLE DE SER REVISADA EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE, ESTABLECIMIENTO O EN LAS PROPIAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES, TRATANDOSE DE UNA REVISION DE ESCRITORIO, LO CIERTO ES QUE ESTO ES A VIRTUD DE UN REQUERIMIENTO HECHO AL CONTRIBUYENTE, MAS NO DE UNA SUSTRACCION DE LA DOCUMENTACION FISCAL DEL PROPIO DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE. POR ENDE, EL ARTICULO 42 FRACCION II YA MENCIONADO NO INFRINGE EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL (EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LAS VISITAS DOMICILIARIAS), YA QUE EL MISMO VERSA SOBRE UNA REVISION DE GABINETE O DE ESCRITORIO, PREVIO REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION, MAS NO SE TRATA DE UNA VISITA DOMICILIARIA, POR LO QUE NO ES INCONSTITUCIONAL.

Revisión de escritorio o gabinete

La orden para practicarla puede impugnarse en amparo indirecto

El procedimiento de revisión de escritorio o gabinete previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, inicia con la notificación de la orden respectiva y concluye con la resolución que determina las contribuciones o aprovechamientos omitidos, o con el oficio que da por concluida la revisión por falta de observaciones, por lo que la citada orden forma parte del procedimiento de fiscalización, pues con apoyo en ella las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden exigir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos, documentos y la presentación de su contabilidad, traduciéndose en un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular su persona, papeles y posesiones. En esa virtud, la orden de revisión puede impugnarse en amparo indirecto, por sí sola, dentro de los plazos legales correspondientes, independientemente de que se agote en uno o varios actos, pues de lo contrario se obligaría al gobernado a soportar hasta la conclusión del procedimiento respectivo las consecuencias de un acto que de no cumplir con los requisitos exigidos por ese precepto fundamental, esto es, constar en mandamiento escrito proveniente de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, no debió producir efecto alguno.

Jurisprudencia 63/2008

REVISIÓN DE GABINETE. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 1998, CUANDO ANTES DE QUE INICIE, EL CONTRIBUYENTE PRESENTA AVISO PARA DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO TERCER CIRCUITO.

EL TRIBUNAL COLEGIADO SUSTENTÓ COMO CRITERIO ESENCIALMENTE QUE: AÚN CUANDO LAS VISITAS EN LOS DOMICILIOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y LAS REVISIONES DE GABINETE O DE ESCRITORIO PRETENDEN EL MISMO FIN -VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES- NO EXISTE LA MISMA RAZÓN PARA CONCLUIRLAS ANTICIPADAMENTE, PUES MIENTRAS QUE LAS PRIMERAS ESTÁN VINCULADAS CON LA EXCEPCIÓN A LA INVIOLABILIDAD DOMICILIARIA, LAS REVISIONES DE GABINETE AL REALIZARLAS EN LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS NO PRODUCEN NINGUNA AFECTACIÓN A ESE DERECHO FUNDAMENTAL; POR TANTO, COMO EN EL CASO LO QUE SE REALIZÓ FUE UNA REVISIÓN DE DETERMINADA DOCUMENTACIÓN CUYA EXHIBICIÓN SE REQUIRIÓ A LA CONTRIBUYENTE, AHORA QUEJOSA, PARA SE REVISADA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA, ES DECIR, LA LLAMADA REVISIÓN DE GABINETE O DE ESCRITORIO, ES OBVIO QUE NO PROCEDÍA CONCLUIRLA ANTICIPADAMENTE, AUNQUE SE HUBIERA CUMPLIDO CON LOS DEMÁS PRESUPUESTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DE GABINETE. SU CONCLUSIÓN EXTEMPORÁNEA DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Cuando la autoridad fiscalizadora ha continuado la visita domiciliaria o la revisión de gabinete hasta dictar la resolución liquidatoria, no obstante haber concluido el procedimiento fiscalizador con infracción del artículo 46-A, primero y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, se actualiza la hipótesis de nulidad lisa y llana prevista en la fracción IV del artículo 238 de ese código, en virtud de que los hechos que motivaron la resolución constan en actuaciones emitidas en contravención a la disposición aplicada, carentes de valor. Ellos es así, en primer lugar, porque en términos del párrafo final del citado artículo 46-A, la conclusión extemporánea de la visita o revisión trae como consecuencia que en esa fecha se entienda terminada y que todo lo actuado quede insubsistente o sin valor legal alguno, es decir, como si la actuación de la autoridad no se hubiera realizado, y en segundo, porque la resolución administrativa se dictó con infracción de la facultad establecida en el primer párrafo del numeral últimamente aludido; de ahí que lo procedente es que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sus funciones de tribunal de mera anulación y de plena jurisdicción, atienda tanto al control del acto de autoridad y a la tutela del derecho objetivo, como a la protección de los derechos subjetivos del gobernado, conforme a lo cual deberá declarar la nulidad lisa y llana con fundamento en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica que la resolución administrativa quedará totalmente sin efectos, sin que sea óbice para lo anterior que no se haya resuelto el problema de fondo, que la resolución respectiva tenga su origen en el ejercicio de facultades discrecionales y que la infracción haya ocurrido dentro del procedimiento, habida cuenta que se está en presencia de la violación de una facultad reglada que provocó la afectación de los derechos sustantivos de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y papeles personales del particular, así como la insubsistencia de todo lo actuado, incluida la orden de visita o revisión.

VISITA DOMICILIARIA O REVISIÓN DEL GABINETE O DE ESCRITORIO. EL PLAZO MÁXIMO QUE ESTABLECE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU CONCLUSIÓN CONSTITUYE UN DEBER DE INELUDIBLE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de l Federación, las autoridades cuentan con facultades discrecionales para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, cumplan con sus obligaciones tributarias mediante la practica, entre otras acciones, de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete de escritorio; por sin embargo, tales actuaciones están sujetas a la garantía de inviolabilidad domiciliaria y demás formalidades que consigna el articulo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien una de las exigencias legales que deriva de dichas garantías, consiste en que las visitas domiciliares o revisiones de gabinete o de escritorio concluyan dentro del plazo máximo señalado en el primer párrafo del artículo 46-a citado Código, contado a partir que se notifique el inicio de las facultades de comprobación, advirtiéndose que dicho plazo ya no es discrecional, pues ese párrafo señala que las autoridades “deberán” concluir la visita o revisión dentro del indicado plazo, de manera que si no lo hacen, se actualizan los supuestos del párrafo último del mencionado precepto, a saber:

a) La conclusión o terminación de la visita o revisión en esa fecha.

b) Que la orden quede sin efectos, es decir, que ya no pueda producir consecuencias legales.

c) Que todo lo actuado quede insubsistente.

Precedentes: Contradicción de Tesis 56/2003-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo del mismo circuito. 13 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaría: María Dolores Omaña Ramírez.

Novena Epoca

Instancia: DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

VISITAS DOMICILIARIAS. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN DEBE REALIZARSE DE MANERA PLENA AL INICIO DE LA DILIGENCIA. La identificación del funcionario encargado de practicar una visita domiciliaria debe llevarse a cabo al inicio de la visita y de manera plena, de lo contrario la diligencia debe estimarse viciada desde su inicio, sin que pueda ser convalidada con ningún acto posterior porque el quebranto de la esfera jurídica del individuo es instantáneo, surge y se consuma en el momento mismo en que la autoridad se introduce en su domicilio sin identificarse plenamente, de tal forma que incumple las formalidades esenciales que requiere un acto de molestia de esta naturaleza y, por tanto, carece de eficacia para generar consecuencias jurídicas en contra de un particular.

Novena Epoca

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTICULO 45 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN LA PARTE EN QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES A RECOGER LA CONTABILIDAD PARA EXAMINARLA EN LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD FISCAL, ES INCONSTITUCIONAL. Las visitas domiciliarias que el artículo 16 constitucional permite efectuar a las autoridades administrativas, deben verificarse única y exclusivamente en el domicilio del visitado y la función del visitador debe limitarse a inspeccionar los papeles y libros que requiera, sin poder sustraerlos del domicilio en que se actúa, puesto que ni del texto de la disposición constitucional, ni de su interpretación jurídica, puede concluirse que dicho precepto autoriza a los visitadores a sustraer la documentación que estimen necesaria. Por tanto, el artículo 45 del Código Fiscal citado, en la parte en que autoriza a los visitadores a recoger la documentación que se inspecciona y llevarla a las oficinas fiscales, viola el artículo 16 constitucional.

11.- CONCLUCIONES

La gran mayoría de las órdenes de visita domiciliaria emitidas por el Servicio de Administración Tributaria vulneran la garantía individual constitucionalmente tutelada de la “inviolabilidad del domicilio”, toda vez que permiten a los visitadores el acceso a todo el domicilio y no solo a aquel lugar en donde el contribuyente visitado ponga su contabilidad a disposición de los auditores,

Que según a mi entender el objeto de una visita domiciliaria, para ser constitucional, debe ser que el visitado, dentro del domicilio, ponga su contabilidad a disposición de los auditores pero, una vez hecho esto, los auditores no tienen razón constitucionalmente fundamentada para acceder a otros lugares del domicilio del contribuyente visitado y si la orden de visita así lo establece, los visitadores tendrán la facultad de inspeccionar todo el domicilio, incluyendo oficinas, locales, instalaciones, bodegas, fábricas, etc., sin tener realmente una razón para ello. Recordemos que, según lo establecido por la Constitución, el único fin que pueden perseguir las autoridades administrativas tributarias es la de comprobar que las obligaciones fiscales del contribuyente hayan sido cumplidas,

por otro lado es importante recalcar que, en caso de que un contribuyente pretendiera impedir a los visitadores, en el mismo acto de la visita, el acceso a dichas otras ubicaciones dentro del domicilio, desafortunadamente los visitadores tendrían a su alcance solicitar el uso de la fuerza pública y, además, incluso, asegurar las cuentas bancarias del contribuyente de conformidad con lo establecido por el artículo 40 del Código, por lo que el contribuyente se encuentra en un evidente estado de indefensión en contra la ilegal actuación de la autoridad fiscal.

A hora bien en contra de todo lo anterior, bien procede el juicio de amparo para proteger las garantías individuales del contribuyente, pero en muchas ocasiones estos actos ocasionan un gasto adicional al contribuyente teniendo que contratar los servicios de un abogado los cuales podrían evitarse desde un principio

12.- BIBLIOGRAFÍA

• Rodriguez, Lobato Raúl. "Derecho fiscal", Colección de textos Jurídicos Universitarios, Ed. Harla, 1997.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Trillas, 2009.

Diccionario Jurídico, Software Visual, 2008

Código Fiscal 2009